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Etiqueta: energía eléctrica

FECON: Paran “Armonización” de electricidad por miedo electoral

  • Nada garantiza que no impulsarán nuevos proyectos contra el ICE.

La decisión de parar la discusión del proyecto de Ley de “Armonización”, 23.414, no elimina los riesgos de la privatización de la electricidad pública de Costa Rica.

Nuestra prioridad es seguir trabajando para repensar el ICE y el modelo de electricidad empezando por y el carácter de lo público, el respeto y la protección de los derechos de los ecosistemas y de las comunidades y definir qué haremos con el negocio privado de la electricidad. Otro tema que es extremadamente prioritario es la discusión sobre cuál es la transición energética que nuestro país y en general las sociedades necesitamos: ¿una orientada por los negocios, amparada en la falacia de “verde” y “sostenible” como discurso, o una verdaderamente adecuada a las energías como un derecho fundamental de todas las personas?

Un modelo de electricidad incluyente obliga a incluir las organizaciones sociales y las comunidades en el debate, pero también sumar elementos hasta ahora descuidados u olvidados como los derechos jurídicos de los ríos y los ecosistemas.

Sabemos y es evidente que esta tregua electoral es totalmente insuficiente y que vendrán uno o muchos más proyectos en la misma dirección nefasta de desaparecer el modelo eléctrico público que tenemos. Ahora «paran» por cálculo electoral, pero nuestra pregunta es si el PLN, como dice, quiere un diálogo con otros actores sociales o si, como ha sido por décadas, pactará con ACOPE y las Cámaras empresariales otro texto que por el fondo avance en la privatización en favor de los negocios que benefician directamente las empresas de sus integrantes.

Las organizaciones ecologistas y sindicales que desde hace años insistimos y empezamos a reunirnos en distintas comunidades del país y en la Asamblea Legislativa con la diputada Sofía Guillén y otras del FA, reconocemos que este momento de triunfo parcial y temporal en la defensa del ICE más bien nos compromete y obliga a mantenernos alertas permanentemente en defensa del modelo eléctrico público justo y solidario que la sociedad costarricense requiere y que ha sido deteriorado con todas las acciones de privatización a medias que ya sufre la electricidad en Costa Rica.

Convocan a movimientos sociales por lucha contra proyecto eléctrico – 27 de marzo a las 7:30 am

Diversas organizaciones sociales y ambientales convocan a las barras del público de la Asamblea Legislativa para estar presentes en un momento crucial para el Proyecto 23.414 «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional».

La Comisión de Energía decidirá la continuidad o suspensión de la discusión del mencionado proyecto, por lo que se invita a los movimientos sociales a participar.

El encuentro está programado para el jueves 27 de marzo a las 7:30 de la mañana en las barras de la Asamblea Legislativa.

Entre las organizaciones convocantes se encuentran Fecon, Ríos Vivos, Proal, Comunidades ECOlogistas La Ceiba, Acotel, Bloque Verde y Bloque Azul, FEUCR, y Talamanca Siempre Verde.

La “tregua” no alcanza: proyecto de ley que destruirá al ICE debe desecharse

  • El PLN debe ser coherente con su aporte en la creación del ICE y archivar el proyecto de ley 23.414.

  • La electricidad pública de Costa Rica seguirá en peligro mientras esté en la corriente legislativa el proyecto de Ley de “Armonización”.

El expediente legislativo 23.414, que pretende profundizar la privatización de la electricidad pública del país sigue su curso en la Asamblea Legislativa, gracias a un texto sustitutivo del PLN. Ese texto fue aplaudido y acogido por el oficialismo chavista y el PUSC, y mantiene todos los peores objetivos de las versiones originales como desmantelar el sistema de planificación ordenada y centralizada, crear un mercado de subastas para someter la generación a la competencia y permitir la exportación de electricidad privada usando todas las redes del ICE.

De aprobarse, ese proyecto pondrá en riesgo todos los ecosistemas, empezando por los ríos para construir muchas más represas hidroeléctricas privadas y destruirá el modelo eléctrico público con sentido solidario para atender zonas remotas y a precio justo. En resumen, es sustituir un modelo universal por otro que garantizará los negocios privados a costa del servicio social de la electricidad. Con ese nefasto objetivo es que, en vísperas de la convención electoral verdiblanca la bancada del PLN y el chavismo se dan la mano.

Según el presidente del PLN “Cualquier proyecto de ley que genere conflictos entre sectores sociales y productivos puede afectar la credibilidad de nuestro partido en un momento tan sensible como este”. Para FECON ese cálculo político revela que el PLN olvidó su aporte en la creación del ICE, y niega que al menos dos expresidentes han disfrutado de negocios con la electricidad privada.

Si el PLN pretende tener alguna credibilidad lo que debe hacer es ayudarnos a eliminar el proyecto que pactó con Rodrigo Chaves para destrozar el ICE. Al PLN y a su presidente, señor Ricardo Sancho, les decimos que el país no necesita ninguna “tregua” ni negociar otro texto privatizador, si no el archivo definitivo del expediente 23.414. Les exigimos que dejen en paz al ICE y al servicio público de electricidad y de paso que recuperen algo de su memoria histórica

Para nuestras organizaciones y comunidades es urgente reforzar la organización, movilización e incidencia política ante el proyecto 23.414 que de aprobarse destruirá al ICE. En esa dirección hemos organizado el encuentro de organizaciones sociales y ecologistas¿”ARMONIZAR” O DESMANTELAR EL MODELO ELÉCTRICO PÚBLICO DE COSTA RICA?, que se realizará el próximo 5 de abril de 2025.

FECON, Federación Ecologista de Costa Rica.

Ciudadanos: Pretenden estafarnos con precios más altos

Gerardo Fumero Paniagua

El ICE Telecomunicaciones cuenta hoy con 200 radio bases Huawei para el servicio 4G, con lo cual bastaría solicitar una licencia a esa fábrica y hacer algunos ajustes en los equipos, para brindar servicios 5G. De esta forma se aprovecharía una inversión de unos 200 millones de dólares que el país ha venido haciendo para el desarrollo de la red 4G que hoy tenemos.

Aprovechar esa infraestructura para implementar 5G, aunque con algunas limitaciones, evitaría cambiar todos los equipos en operación, lo que sería mucho más rápido de implementar y, sobre todo, requeriría una ínfima parte de la inversión que conllevaría una nueva plataforma. Esta alternativa ha sido utilizada en muchos otros países y constituye la evolución lógica y natural para aprovechar al máximo las inversiones ya realizadas y buscar el máximo provecho y rentabilidad del negocio.

Tal solución ha sido recomendada por todas las dependencias del ICE -relacionadas con el tema-, por ejemplo, la Gerencia de Finanzas y la Gerencia de Telecomunicaciones. Pero en vez de atender los criterios técnicos, el presidente ejecutivo del ICE, Ing. Marco Acuña, -puesto ahí para hacer ejecutar la voluntad del presidente Rodrigo Chaves en el ICE-, despidió al Gerente de Telecomunicaciones que hizo la recomendación, Ing. Luis Diego Abarca, el 29 de mayo del 2024.

En su lugar, el ICE y Radiográfica Costarricense S. A., Racsa, en un contubernio para complacer al gobierno y olvidándose de los costos y la rentabilidad del negocio, planean implementar una solución que saldría un 400% más cara, que la opción más barata de la licitación emitida en agosto de 2024 para estos mismos fines, hoy suspendida.

La opción de Racsa propone alquilar al ICE los equipos que compraría, para que este pueda brindar el servicio 5G a 600 mil usuarios, en la banda de 3.5 GHz. Según el ingeniero Carlos Stradi, del ICE: “Con esta contratación se está llevando al ICE a realizar una inversión doble en redes 4G/5G, condición que impactará negativamente la rentabilidad del negocio de telecomunicaciones y su competitividad. Además, esta ‘iniciativa’ tomará su tiempo para implementarla y, mientras tanto, la competencia ya tiene lista su salida masiva en 5G en el cortísimo plazo”.

Según Stradi, “… la solución de Racsa amarra al ICE a un contrato de 10 años, como mínimo, con un costo mensual de $539.205. Al final del contrato, el ICE pagaría un total de $64,7 millones por el alquiler de los equipos, al menos un 404,17% más caro que la solución a través de Huawei”.

En adición, la solución de Racsa implicaría un menor alcance que con las bandas de frecuencias en propiedad del ICE, que no se podrían utilizar en este caso y solo tendría el potencial de servir a unos 600 mil usuarios móviles, mientras que la implementación propia del ICE podría servir a 1,8 millones de usuarios.

Costarricenses, de nuevo, un puñado de bribones pretenden encarecer los precios de los servicios celulares del ICE, para complacer intereses extranjeros y obtener millonarias comisiones, comprando equipos 4 veces más caros. Lo cual, aunado al proyecto de ley No. 23414, Ley de Armonización Eléctrica, -actualmente se discute en la Asamblea Legislativa-, que también encarecería enormemente los precios de la energía eléctrica, terminaría de agravar la condición ya deteriorada del resto de los servicios públicos de este país: salud, educación y seguridad.

Llamado desde la Liga Cívica Nacional:

1) Alertamos a la ciudadanía de las afectaciones del proyecto de «armonización» al exitoso modelo eléctrico costarricense.

2) Expresamos nuestra preocupación que incluyan el expediente 23.414 con una vía rápida como parte de las componendas para elegir el próximo directorio legislativo.

3) Llamamos al movimiento social a tomar postura y organizarse.

Por favor comparta este video y espere nuestro siguiente comunicado . . . seguiremos informando.

Liga Cívica Nacional.

Las incongruencias del proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

Gerardo Fumero Paniagua

PRIMERA PARTE: Se discute en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley No. 23.414, irónicamente llamado de Armonización, cuando debiera de llamarse de Destrucción del ICE. Por supuesto que para nada se expresa tal intención, no serían tan ingenuos sus autores para decirlo, pero si lo suficientemente perversos para establecerlo en un proyecto. Veamos solo algunos detalles, de los muchos que el proyecto tiene y que insisto, terminarían destruyendo -literalmente- al ICE.

En el Artículo 11 se establece: “La planificación de la expansión del SEM (Sistema Eléctrico Nacional) seguirá los siguientes pasos; 1. Será responsabilidad del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), elaborar el Plan de Expansión de la Generación. Este plan será desarrollado en consulta con los agentes del sector e interesados.” Nótese que de un plumazo le cercenan al ICE lo que mejor ha hecho desde su fundación, la planificación del Sistema Eléctrico Nacional.

En el Artículo 19, se establece “Serán funciones del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN): 1. Operar el Sistema Eléctrico Nacional al mínimo costo, cumpliendo los requerimientos de calidad, seguridad y desempeño.” Nótese que de otro plumazo le cercenan al ICE el Centro de Control de Energía, el cerebro del sistema eléctrico nacional y en el cual el ICE ha invertido millones de dólares.

En el Artículo 20, Fuentes de Financiamiento del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), se estableceEl Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN) tendrá exclusivamente financiamiento del canon de energía que esta ley establece para los agentes de los mercados eléctricos.” Nótese que este canon se refiere al costo que pagarían los agentes de energía eléctrica que el proyecto crea (definidas como personas físicas o jurídicas que se dediquen total o parcialmente a las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización, agregación y grandes consumidores de electricidad), como derecho de paso para trasegar la energía por las redes eléctricas del ICE, principalmente.

En el Artículo 24, Canon de energía eléctrica, se estableceLos agentes del mercado eléctrico nacional integrantes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN) están obligados al pago del canon de energía eléctrica el cual será recaudado por el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN). Dicho canon se destinará a financiar el presupuesto aprobado para el ECOSEN. El canon será pagado por todos los agentes nacionales, según las transacciones de energía ejecutadas en el Mercado Eléctrico Nacional.” Nótese la ironía y el descaro, que no pueden ser mayores, se le quita la planificación nacional al ICE, se le cercena el Centro de Control de Energía al ICE, se le obliga a disponer sus redes eléctricas para el servicio de los agentes del mercado eléctrico, y como si fuera poco, se establece un Canon sobre esas redes del ICE, para financiar el Ecosen. ¡Así hasta yo!, como alguien dijo alguna vez (Semanario Universidad, 02/10/2024).

SEGUNDA PARTE: Analicemos hoy otro de los aspectos del proyecto de ley No. 23414, que destruiría nuestro Sistema Eléctrico Nacional actual, antes que Armonizarlo, proyecto al que hicimos referencia en un artículo anterior, por este mismo medio, el 2/10/2024.

En el Artículo 3, Inciso b) se define el Agregador de recursos en la demanda: “Es la persona física o jurídica legalmente autorizado por la ARESEP como un agente económico independiente. Es una entidad o empresa que actúa como intermediario entre los consumidores y el mercado nacional.”

En el Artículo 3, Inciso m) se define el “Gran consumidor de energía eléctrica: persona física o jurídica que cumple con … que le permita ser agente del mercado mayorista.”

En el Artículo 31 se crean los Agentes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN).Son Agentes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN) las personas físicas o jurídicas que se dediquen total o parcialmente a las actividades de generación, agregación, transmisión, distribución, y comercialización, así como los grandes consumidores indistintamente de su naturaleza pública, privada o mixta, … los propietarios u operadores de recursos energéticos distribuidos con capacidad instalada mayor a un mega vatio…”.

En el Artículo 37 se autoriza a los Agentes a “poner a disposición la oferta o demanda de energía y sus excedentes en el Mercado Eléctrico Nacional, igualmente podrán ofertar la energía para ser negociada, comercializada y transada en el Mercado Eléctrico Regional.”

Y en el Artículo 38Se habilitan como agentes del Mercado Eléctrico Nacional y del Mercado Eléctrico Regional a las empresas privadas de generación de electricidad que han contado con una concesión de generación de electricidad bajo los términos de la Ley No. 7200 y sus reformas en sus actividades de generación.”

De aprobarse este proyecto, convertiría el mercado eléctrico nacional en un mercado persa. Cualquiera que genere más de un MW de potencia o bien sea un gran consumidor (73 son hoy), podría hacer de todo en el marcado eléctrico nacional: generar, distribuir, comercializar, importar y exportar energía.

Si consideramos la creación del Centro de Control de Energía, ECOSEN, a expensas del ICE -como ya vimos en el artículo anterior-, y se habilita la cantidad de agentes de mercado que podrían comerciar con la energía, (según los artículos arriba transcritos), que alguien me explique: ¿cómo si creamos más burocracia estatal y un centenar de nuevos intermediarios, podrían bajar los precios?

Lo que sí es clarísimo es que esos 73 grandes clientes y todos los generadores, tendrían la libertad de negociar los mejores precios, en el mercado nacional y centroamericano, no así todos los demás. Cuando el ICE, la CNFL, las empresas Municipales y las Cooperativas actuales, pierdan esos grandes clientes, deberán de soportar el mismo nivel de gasto y endeudamiento que ya tienen, y por pura regla de tres, quebrarían como empresas o se verían obligados a subir las tarifas al resto, 1.9 millones de medianos y pequeños clientes, que no tendrían el derecho ni el músculo empresarial para hacer lo que los grandes.

Es la eterna historia del burro amarrado contra el tigre suelto. Sería otro duro golpe al sistema solidario de que tanto nos preciamos, amparado en principios constitucionales, consagrados en los artículos 50 y 74 de nuestra Constitución Política,1 los cuales pasarían a ser un saludo a la bandera -en este campo-, principios ya de por si debilitados por la Ley 72002, pero que ahora terminarían de vaciarse de contenido. Todo gracias a algunos “padres de la patria”, que más bien se comportan como “destructores de la patria” (Semanario Universidad, 23/10/2024).

TERCERA PARTE: En esta tercera parte del análisis, desearía valorar la normativa que conforma nuestro marco legal, y la nueva, de ser aprobado el proyecto de ley No. 23414. Tal y como hemos visto, ésta provocaría enormes pérdidas al ICE (Primera publicación) y aumentos en las tarifas de los pequeños y medianos usuarios, mientras las disminuiría para los grandes (Segunda publicación).

El Dictamen AL-DEST- IJU- 332 – 2022, del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa sobre este proyecto de ley, refiriéndose al marco legal actual, informa de: “… la existencia de 31 leyes relacionadas con el marco regulatorio o general, razón por la cual el modelo regulatorio se puede calificar como disperso…”. A ese marco legal, este proyecto agregaría una ley más, la que transformaría por completo nuestro modelo de desarrollo eléctrico y crearía más burocracia -el ECOSEN-, según el Artículo 17 y más intermediarios –los Agentes de Mercado-, según el Artículo 37.

De modo que, si el marco legal era ya disperso y complejo, se volvería aún más confuso con una nueva ley, que provocaría profundos cambios, potenciaría posibles traslapes legales y crearía nuevas fronteras de responsabilidad al establecer una nueva institución, lo que lejos de contribuir a la seguridad jurídica, agregaría más caos y confusión.

De modo que este proyecto en nada hace honor a su nombre (Armonización del Sistema Eléctrico Nacional), todo lo contrario, mantendría un marco legal aprobado en el transcurso de más de 80 años, pues alguna de las leyes data de 1941. Cierto es que un marco tan complejo ameritaría una verdadera modernización y armonización, pero este proyecto más bien lo complica y enreda aún más.

Me cuestiono ¿cuál sería el objetivo de los ingenieros que diseñaron esta nueva arquitectura para nuestro sistema eléctrico?, (con un mercado de subastas, docenas de agentes de mercado, creación de más burocracia, libertad y abaratamiento de los costos para los grandes clientes y encarecimiento de los precios para todos los demás), si la ingeniería construye para mejorar y buscar mayor eficiencia. ¿O será que se copió algún modelo de un país hermano? Copiar es siempre más fácil, el único cuidado es copiar solo lo bueno, aunque también es cierto que dependiendo de a quién se quiera favorecer con el cambio, se pueden copiar otras cosas.

Me cuestiono ¿en qué pensarían los abogados que dispusieron crear más legislación y burocracia?, y que, en contraste, agregaron una mayor injerencia política en la operación y administración del sistema eléctrico, en contradicción con la técnica que una materia tan especializada amerita. Cuando más bien están llamados a simplificar, transparentar y ordenar el Estado y a garantizar la primacía de la técnica en procesos altamente complejos. ¿O será que se dejaron llevar por el mismo interés detrás del diseño ingenieril?

Me cuestiono ¿qué motivará a los diputados que apoyan este proyecto, que terminaría de debilitar al ICE, encarecería los precios de las tarifas eléctricas a 1.9 millones de costarricenses y en cambio los abarataría para no más de un centenar de grandes consumidores?

Desearía poder entender finalmente ¿cómo este proyecto pretende “impulsar la modernización del Sistema Eléctrico Nacional, buscar la eficiencia del sistema y su sostenibilidad, garantizar confiabilidad, calidad y el menor costo posible para los consumidores finales de energía y promover el aprovechamiento de las nuevas tecnologías”? retóricos objetivos que se establecen en su Artículo 1.

Si, por el contrario, parece que lograría todo lo opuesto, según lo que hemos analizado en estos tres breves artículos. De lo que sí no tengo duda es de que auguraría el principio del fin del ICE (lo que persiguen desde el Combo Eléctrico) y garantizaría el encarecimiento de los precios para casi la totalidad de los usuarios, en beneficio de unos pocos, acelerando la desigualdad y la inequidad en el país y contraviniendo importantes principios constitucionales (Semanario Universidad, 22/01/2025).

1 Artículo 50: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. Artículo 74: “Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional”.

2 La Ley 7200 ha garantizado sobre precios para los generadores privados durante 24 años, por ejemplo, “La CGR estimó que las sumas estimadas giradas de más por compra de energía a privados a mayo de 2019 eran de $23,8 millones solo entre 2017 y 2019.” Fuente: https://semanariouniversidad.com/pais/ice-ha-pagado-casi-%C2%A21-9-billones-a-generadores-privados-por-compras-de-electricidad/#:~:text=Entre%201989%20y%202021%20el,a%20estas%20empresas%20y%20cooperativas.

Sobre apagones

Rodrigo Cabezas Moya.

Rodrigo Cabezas Moya

Este jueves 9, sin que fuera más caliente que otros días, misteriosamente subió la demanda eléctrica y hubo apagones en lugares tan diversos como Alajuela, Liberia y Escazú.

En el gobierno anterior se producía la energía eléctrica con fuentes renovables en un 99% y se exportaba a otros países.

Pero se sabía que el fenómeno de El Niño iniciaría por estas fechas, las autoridades del ICE conocían sus implicaciones y de hecho quien hoy lo dirige era Gerente de Electricidad. No solo no se hizo nada, sino que se desmantelaron plantas térmicas que se tendrían que estar usando.

El nuevo gobierno populista bajó las tarifas eléctricas mediante la disminución en el monto de sus deudas gracias a la devaluación del tipo de cambio del dólar, moneda usada para sus préstamos.

La Planta Arenal está cerca de su nivel más bajo crítico y sigue trabajando lo cual podría causar daños importantes a sus turbinas.

Pareciera que estamos ante una maniobra premeditada para cumplir el sueño de muchos de privatizar el ICE que tantos beneficios ha aportado a Costa Rica.

Justicia Climática en deterioro en Costa Rica – Invitación a foro

Impacto de los proyectos de ley expedientes 23.414, 22.561 y 21.606 sobre el sistema de generación de energía eléctrica y el desempeño climático costarricense

El dominio por parte de las empresas públicas de la energía en Costa Rica es un factor determinante para un modelo que se plantea como meta facilitar el acceso universal, solidario y democrático a la energía eléctrica en a la gran mayoría de personas. El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con un componente público aún muy importante (tanto en la generación como en la transmisión y la distribución) es clave para la construcción de la justicia climática. El control de la generación y la distribución cuenta con la certeza de estar en manos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entidad estatal que goza de relativa autonomía política y financiera a nivel constitucional, pero que distintos proyectos de ley amenazan por completo su integridad.

Aunque desde hacer años el modelo solidario se encuentra en franco deterioro debido a los privilegios otorgados a las empresas privadas mediante normativas y reformas leoninas, el sistema público sigue siendo la base sobre la cual se sustenta el hito de que en 2021 el 99,92% de la electricidad suministrada a hogares, instituciones, industrias provenía de fuentes consideradas renovables. En este sentido, al menos un 70% de esta energía provenía de empresas públicas con costos de generación bajos. Este sistema goza del prestigio a nivel internacional debido a que el 74,05% de la energía eléctrica en 2021 fue hidráulica, seguida por un 12% de eólica, un 12% de geotérmica, y apenas un 0,02% de térmica (proveniente de hidrocarburos).

Por otro lado, el sector privado ha vendido electricidad al ICE que no necesita, incluso son sobreprecios ilegales, consecuencia de las leyes n° 7200 y 7.508 que han posibilitado la expansión de proyectos hidroeléctricos que generan grandes conflictos comunitarios y por eso han encontrado mucha oposición social en distintas partes del país debido a los graves impactos que generarían.

La expansión de proyectos de hidroelectricidad por lo general hace que los impactos negativos los sufran comunidades que ni siquiera van a gozar de la electricidad generada. Por ello, entre otras cosas, son injustos social y ambientalmente.

En la Asamblea Legislativa alistan más injusticia climática

En el primer poder de la República está en trámite el Proyecto 23.414 «Armonización del Sistema Eléctrico Nacional» que fue presentado en octubre de 2022 por la bancada oficialista del presidente Rodrigo Chaves. El cual busca reafirma el papel de los mercados privados en materia eléctrica y concentra todo el poder de decisión en el en el MINAE. Volviendo designaciones técnicas en materia de energía en tranzas políticas manejadas por jerarcas con nula experiencia en el ramo.

Por otro lado, las generadoras privadas buscan mayor participación dentro del Mercado Eléctrico Regional con el proyecto n°22.561 denominado “Ley para la Autorización de las Empresas Privadas de Generación de Electricidad para la Venta de Excedentes de Energía en el Mercado Eléctrico Regional”. Desplazando así al ICE en la venta de energía fuera de las fronteras ticas.

Pero además el proyecto n°21.670 “Ley para el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas” que busca permitir la venta los activos de cualquier empresa del ICE y ampliación de los contratos de compraventa de electricidad que las plantas eléctricas privadas ofrecen al ICE por hasta 40 años, cuando ahora el máximo es de 20 años.

Panel:

  • Sofía Guillen. Diputada de la República
  • Osvaldo Duran. Docente investigador de Instituto Tecnológico de Costa Rica
  • Mariana Porras Rozas. Asociación de Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica

Modera:

  • Henry Picado Cerdas. Red de Coordinación en Biodiversidad

Lugar: Asamblea Legislativa. Sala de Conferencia en el nivel 3.

Fecha: miércoles 19 de abril. 5:30 p.m. hasta 8:00 p.m.

https://forms.gle/PCgZTYHjJeoHR1xx9

Formulario de asistencia al Foro Justicia Climática y Generación de Electricidad en Costa Rica: Impacto de los proyectos de ley expedientes 23.414, 22.561 y 21.606 sobre el sistema de generación de energía eléctrica y el desempeño climático costarricense.

MÁS ESTADO SOCIAL, NUNCA MENOS

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Los logros y avances de la Costa Rica de la segunda mitad del Siglo XX, que la llegaron a colocar entre los punteros en desarrollo humano, social y sostenible en América Latina, fueron el resultado de apostar siempre por más Estado Social y nunca por menos.

Cuatro iniciativas fueron claves y determinantes para que el país se catapultara como uno de los más avanzados del continente: la apuesta por las garantías sociales de los años 1940; por la educación, la energía eléctrica, las telecomunicaciones y los acueductos de los años 1950; y por la conservación y la sostenibilidad de los años 1960. De ahí, nuestras grandes fortalezas: salud, educación, seguridad socio-laboral, electricidad, agua potable y sostenibilidad eco-ambiental. Todo ello, como resultado de un Estado Social innovador, regulador y solidario.

Inducidos por la crisis energética de los países del mundo rico, que se trasladó como crisis de la deuda a los países pobres y de ingreso medio, se asumió a partir de los años 1980, por mandato de los organismos financieros internacionales, la consigna neoliberal de menos Estado social y más mercado. Perdimos el rumbo y caímos en picada en el abismo de la desigualdad y la pobreza, en buena medida, hoy convertida en miseria. Involucionamos, así, de la sociedad de perfil de clase media hacia la de perfil medieval de ricos y pordioseros.

En la actualidad, además de ser azotados por la Pandemia del Covid 19, estamos siendo azotados por las propuestas y acciones contra el Estado Social. Se pretende solucionar los graves problemas de la crisis fiscal y la deuda pública con medidas simplistas y sesgadas, como la regla fiscal indiscriminada, la política de salarios decrecientes en el sector público, la reducción y fusión de la institucionalidad social, entre otras. Todo ello, para no tener que volver sobre la impostergable tarea de propiciar acciones y medidas para contener la evasión fiscal e impulsar un adecuado sistema de recaudación y una mayor justicia tributaria.

Quienes hoy plantean la necesidad de un modelo de Estado eficiente y moderno, solo piensan en menos Estado Social. No en cómo construir un país con una economía social y solidaria robusta, y que contribuya a un uso equilibrado y sostenible de los recursos naturales y ambientales del país, es decir, donde su norte no sea el simple crecimiento económico al servicio de los grandes negocios nacionales y extranjeros.

El país tiene el gran desafío de retomar el rumbo por la “vía costarricense”, que siempre ha implicado más Estado Social y nunca menos. Lamentablemente, éste es cada vez más socialmente anémico y con una tendencia que favorece la oligarquización de la sociedad. Es decir, un Estado al servicio de grupos de gran poder económico y político. Transitamos, así, del Estado Social al Estado Oligárquico.

La actual Asamblea Legislativa apresura su agenda, pretendiendo dejar un legado en materia de “reactivación económica”, con una fórmula que se plantea como casi milagrosa: la descentralización de las zonas francas, para llevarlas a las regiones periféricas, económica y socialmente más deprimidas del país. Se sigue apostando al modelo de “zonas de enclave” de limitados impactos sociolaborales, como se ha mostrado también en el caso de la Gran Área Metropolitana. No se vislumbran esfuerzos significativos que potencien las condiciones y capacidades locales y regionales para impulsar y fortalecer iniciativas de pequeños y medianos emprendimientos con impactos sociolaborales sustantivos.

Para heredar a las nuevas generaciones, una Costa Rica donde la salud, la educación, el trabajo “decente” y la vivienda digna, entre otros, sean derechos garantizados para todos sus habitantes, necesitamos apostar por más Estado Social, nunca por menos.

 

Enviado a SURCOS por el autor.