Skip to main content

Etiqueta: energía

Exposición «Nikola Tesla: energía para el futuro»

La Embajada de la República de Serbia en México, el Consulado de la República de Serbia en Costa Rica, el Museo Nikola Tesla de Belgrado y el Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional se complacen en invitarle a la inauguración de la exposición Nikola Tesla: energía para el futuro sobre Nikola Tesla y el desarrollo de la energía hidroeléctrica. La exposición fue producida por el Dr. Branimir Jovanovic y el Museo Nikola Tesla de Belgrado.

La inauguración se realizará el jueves 30 de enero a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica.

La exposición estará abierta al público del 30 de enero al 27 febrero 2025, de lunes a viernes de 8 a.m. a 6:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional.

Privatización del sistema eléctrico nacional sería un error en materia de cambio climático

Comunicado de FECON

  • Organizaciones y expertos en cambio climático ven con preocupación avance en la Asamblea Legislativa del proyecto n°23414 “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”. Representantes de organizaciones ambientales de todo el país se dan cita para debatir en torno a las oportunidades y desafíos que tiene el país en materia de cambio climático y de transición justa. El Programa Estado de la Nación y la Federación Ecologista han organizado un evento este 15 de octubre, con el fin de analizar en conjunto el camino que debe de seguir Costa Rica en materia de energía y cambio climático para lograr una transición justa hacia modelos energéticos más sostenibles.

Una serie de expertos y representantes de comunidades dan contenido al encuentro denominado “Diálogo multisectorial: transición energía justa en Costa Rica”.

Entre los obstáculos y preocupaciones más importantes para logar la justicia energética y la transición justa se encuentra el proyecto de ley n°23414 “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional” impulsado por el Ejecutivo. Osvaldo Durán integrante de la FECON señaló que: “vemos con entera preocupación el curso del proyecto en la Asamblea legislativa y el adverso contexto nacional en favor de la privatización del servicio público de electricidad y el desmantelamiento del ICE. Dialogamos sobre la alianza entre los sindicatos del ICE, diputados y diputadas del Frente Amplio y nuestras organizaciones sociales, con la urgencia de reforzar la organización, movilización y capacidad de propuesta política y técnica para la defensa de la electricidad pública, los ríos y los ecosistemas, ante las propuestas de privatización y desnacionalización.”

El proyecto de ley n°23414 propone debilitar la institucionalidad pública en la administración de la energía eléctrica a nivel nacional, dando paso a un nuevo proceso de privatización, donde empresas privadas, que ya participan de la generación de electricidad, tengan más poder y control sobre la energía de este país. Lo cual hace que el sistema eléctrico pase de ser uno basado en los principios de solidaridad, universalidad y de funcionamiento al costo, para pasar a ser un sistema basado en la especulación, el mercado, el lucro. La energía en Costa Rica dejaría de ser un bien del que goza la gran mayoría de la población, a ser un recurso acaparado por unos cuantos. «A nivel global, la mayoría de los países entienden el tema energético con una cuestión de seguridad nacional, y de un tiempo para acá, un tema de seguridad climática. Es claro que los sistemas públicos de producción y distribución de electricidad públicos son más eficientes y resilientes ante los embates del cambio climático. Sacarlo de la esfera pública es impensable en otras geografías, pero en Costa Rica esta propuesta está movida por el afán de enriquecimiento a costa de la seguridad energética nacional.

Enlace al panel.

Alerta sobre la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

El Movimiento de Resistencia y Formación (MORFO), compuesto por diversas organizaciones comunitarias y defensoras de los territorios, lanza una alerta a la población sobre los impactos de la propuesta Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Esta ley busca privatizar el mercado eléctrico en Costa Rica, generando una serie de preocupaciones y posibles consecuencias que afectan a las comunidades, al medioambiente y a la sostenibilidad del país.

Puntos clave del análisis

  1. Conflictos socioambientales: La construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos y la privatización podrían generar conflictos, afectando los recursos hídricos y la integridad de las comunidades locales.
  2. Impacto en comunidades: Se teme que las empresas privadas muestren desinterés en invertir en comunidades pequeñas, priorizando grandes clientes y exportaciones, lo que podría aumentar las tarifas eléctricas y afectar a las comunidades más vulnerables.
  3. Regulación y transparencia: No se especifica quién regularía las tarifas ni los precios del mercado, lo que genera incertidumbre sobre el acceso y el costo de la electricidad, dejando en duda el futuro de la protección de los bienes comunes.
  4. Medioambiente y “sostenibilidad”: Aunque se presenta el proyecto como beneficioso para las comunidades, en realidad prioriza el lucro sobre el bienestar social y ambiental, promoviendo la explotación de recursos naturales y afectando la sostenibilidad.

Te invitamos a ver la infografía para más detalles y un análisis profundo sobre las implicaciones de este proyecto. ¡Es momento de actuar!

¿Para quién trabaja don Rodrigo Chaves?

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Obviamente es el empleado de más alto rango que pagamos todos los costarricenses. Sin embargo, atendiendo a sus principales políticas y acciones pareciera más bien que continúa trabajando para el Banco Mundial, y ahora también para el Fondo Monetario Internacional.

La agenda de este gobierno es la misma que han venido promoviendo e impulsando estos organismos financieros internacionales desde hace cuatro décadas. Es decir, la que plantea la privatización de las instituciones estatales, dedicadas a los negocios más rentables, como energía, agua, educación y salud.

La tan mentada reforma del estado, que en buena lid buscaba ordenar mejor la casa de todos, ahora se ha convertido en una suerte de desmantelamiento de la institucionalidad social, con reducciones presupuestarias significativas, para hacerla aparecer como ineficiente y onerosa, y así justificar su privatización. Una vez más, como en los casos de las constructoras H Solís y MECO, ahora con la contratación de servicios de la Caja a algunas cooperativas, se pone en evidencia que los benditos convenios público-privados son solo una mampara con la que se busca ocultar el propósito real, que es servir a intereses privados; es la relación incestuosa entre lo público y lo privado, donde se ha venido dando una tendencia a favorecer a las grandes empresas privadas.

Y a estas alturas de su gestión gubernamental, no vemos señales de rectificación en ninguna dirección, que nos permitan vislumbrar un avance significativo en aspectos sustantivos como reducción de la pobreza y la desigualdad. Se continúa apostando tercamente ´por las fracasadas políticas fondomonetaristas, que no hacen otra cosa más que endeudar a todos los costarricenses y trasladar los servicios que brinda la institucionalidad social a los grandes negocios privados, encareciéndolos y profundizando, así, el ciclo de la pobreza y la desigualdad.

Bueno, a decir verdad, don Rodrigo no es el único gobernante que ha trabajado para los organismos financieros internacionales, poniéndose el doble sombrero (el brent black y el chonete), sin embargo, lo ha venido haciendo con tal fidelidad a sus mandatos, que nos resulta paradigmático. En este sentido, el gobernante aparece como dócil y condescendiente hacia afuera y arrogante y autoritario hacia adentro. ¿A quién sirve don Rodrigo?

Tenemos un país que merece ser gobernado desde, para y por Costa Rica. Un gobernante con alma de tico, “porque lleva a Costa Rica en las entrañas”, como dice la canción “soy tico” de nuestro insigne cantautor Carlos Guzmán. Y lo merece porque sí hemos tenido gobernantes estadistas patrióticos que hicieron mucho para heredarnos un país con una institucionalidad democrática y social fuerte, con una riqueza ecológica envidiable, con una tradición de paz social también ejemplar, con universidades públicas de alto nivel, con un sistema de salud de los mejores de América, sin ejército, con una red de carreteras que cruzan todo el país, con electrificación de amplia cobertura, con un buen servicio de agua potable, entre tantas otras conquistas.

La patria puede concebirse en un doble sentido, decía nuestro insigne maestro, Omar Dengo, como territorio y como espíritu, y un territorio estéril y un espíritu poseído de odios son cosas que no están destinadas a permanecer. Lamentablemente, el presidente Chaves al servicio de los organismos financieros internacionales y sus esterilizantes políticas economicistas, así como con un discurso polarizador y confrontativo que contribuye a levantar los muros del odio, como bien señala el maestro Dengo, nos está legando una patria sin futuro.

El presidente Chaves llegó al poder aduciendo que se pondría la camiseta para trabajar con alma y corazón por Costa Rica. Pero rápidamente se la quitó para ponerse un traje a la medida de los poderes fácticos económicos y geopolíticos foráneos. No logró calar en el alma costarricense, y gobernar desde y para Costa Rica.

La biomasa o los desechos de la ganadería ofrecen soluciones ambientales y ahorros económicos

Gloria Gavioli

Aprovechando la larga carta pública dirigida al ministro de Ambiente y Energía, me gustaría hacer un comentario.

No hay duda de que la situación de nuestra Costa Ruca es muy preocupante en relación con la cantidad enorme de basura que todos producimos, pero en varios países, como Alemania, por ejemplo, unos pueblos aprovechan sus desechos para producir gas natural que es 5 veces más abundante de lo que se necesita y lo que sobra, lo venden.

Uno de estos pueblos se llama Wildpoldsried. y la información la pueden encontrar en internet.

Existen alternativas, la biomasa o los desechos de la ganadería son fuentes naturales que ofrecen soluciones ambientales y ahorros económicos.

Costa Rica, conocida mundialmente como país verde, podría copiar y disfrutar de los mismos beneficios.

 

Imagen con fines ilustrativos: https://natuyser.es

CONCEVERDE denuncia violación de zona inalienable con alta vulnerabilidad y recarga acuífera

El 28 de abril del presente año José Francisco Alfaro Carvajal a nombre del colectivo ciudadano de San Rafael de Heredia CONCEVERDE, le escribe mediante un correo electrónico tanto a Franz Tattenbach Capra Ministro de Ambiente y Energía como a David José Chavarría Morales Director Ejecutivo del SINAC, esto para denunciar la violación de la zona inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888, esto ya que se han realizado construcciones o habilitaciones de camino en esta zona; se destaca que es un sector de alta vulnerabilidad e imporante recarga acuífera.

Dicha denuncia se tramitaría y posteriormente, el lunes 13 de mayo, el despacho del ministro de ambiente y energía y la  dirección ejecutiva SINAC envían un informe acerca de la denuncia. Ante la información presentada, el Licenciado José Francisco Alfaro Carvajal denota inconsistencias y falencias en el informe por lo que procede a redactar una réplica en la cual señala dichas inconsistencias y falencias. Compartimos el documento.

Declaratoria de Longo Maï – ríos y energía no son mercancías

Representantes de organizaciones y comunidades de Costa Rica, reunidas el 26 de agosto 2023, para dialogar sobre el futuro del sistema eléctrico del país, MANIFESTAMOS:

  1. Los ríos son ecosistemas integrales que incluyen el agua y todas las expresiones de vida presentes en ella, pero además todos los elementos que conviven en las cuencas hidrográficas. Los ríos deben ser reconocidos jurídicamente como sujetos con derechos propios para asegurar su existencia y su uso regulado, respetuoso y limitado, según necesidades ecosistémicas y sociales colectivas y solidarias. En esta tarea Costa Rica debe aprender de los avances de otros países orientados a ese reconocimiento.
  2. Los usos prioritarios del agua y otros elementos de la biodiversidad deben ser definidos colectivamente y la protección de los ecosistemas debe ser el primero, seguido del agua para consumo humano, la soberanía alimentaria y posteriormente los fines comerciales y energéticos, regulados y limitados de acuerdo con estudios científicos de calidad y disponibilidad. En estas definiciones es indispensable reconocer el papel fundamental de las mujeres y de los Pueblos originarios de todo el mundo en el uso y protección del agua, lo mismo que las innumerables dificultades para asegurar el acceso a ésta.  En esta misma línea rechazamos la negociación de futuros del agua en la bolsa de New York bajo el código “Agua-NQH2O” y cualquier otra vía de privatización y exclusión de la gente más pobre.
  3. Nos solidarizamos con los pueblos en México, Chile, Perú y otros países, que mantienen cruentas y desiguales luchas en defensa del agua por su explotación comercial en aguacate y arándanos, que sumados a otros monocultivos han secado y desparecido los ríos y dejado sin agua a pueblos enteros.
  4. Las comunidades y organizaciones sociales exigimos espacios efectivos de participación en la definición de las políticas energéticas y eléctricas, pues hasta ahora esas definiciones han sido exclusivas de instancias técnicas y políticas con exclusión total de los pueblos impactados negativamente. Reiteramos que todos los proyectos, sin importar su tamaño y condiciones, deben ser efectivamente consultados con las comunidades en las cuales se pretenden instalar, y que los criterios de éstas deben ser respetados.
  5. El consumo de la energía indispensable para tener mejor calidad de vida, debe ser un derecho fundamental de los pueblos a precio justo y bajo principios de solidaridad, y esto demanda reconocer la incompatibilidad entre energía como derecho de la gente y energía como mercancía. Costa Rica debe enfilarse hacia su seguridad y soberanía energéticas asegurando el uso responsable de todos los ecosistemas. Esto demanda, de manea indispensable, incorporar en todos los proyectos el principio “indubio pro-natura” presente en la Ley de biodiversidad y convenios internacionales firmados por Costa Rica.  
  6. Nos solidarizamos y unimos a la lucha del Grupo ecologista León Cortés, la Asociación PROAL, ASADAS, Asociaciones de desarrollo y muchas más organizaciones de la zona Los Santos, para que el alcalde y el Consejo municipal, obedezcan a la población y aprueben “declarar León Cortés permanentemente libre de co-incineración de residuos sólidos y prohibir la instalación y contratación de cualquier servicio asociado con la co-incineración”.
  7. Con la mayor vehemencia, instamos a los y las diputadas a impedir los gravísimos impactos sociales y ecológicos que tendrían en el país los proyectos de ley expedientes #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”, #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos” y #22.561 “Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional”. En el debate de este último expediente hemos seguido con extrema preocupación la falta de argumentación técnica, social y ecológica con que está siendo defendido.  Por esto le exigimos a los y las diputadas, estudiar, consultar, asumir responsabilidad e impedir su aprobación porque debilitan de forma irreversible el sistema público de electricidad, su condición como derecho de la gente y lo convierten en un sistema de lucho privado.  En paralelo, y como lo hemos reiterado por más de 30 años, exigimos la derogatoria de leyes 7.200 y 7.508 porque siguen siendo un deleznable medio de lucro para un grupo de empresas privadas nacionales y transnacionales.
  8. Nos comprometemos a fortalecer la unión de organizaciones sociales del país integrantes de la “Coalición por la defensa del modelo eléctrico solidario para Costa Rica”, que bajo la consigna “Electricidad justa y solidaria para Costa Rica”, está orientada a la defensa del servicio social, público y solidario de electricidad que sólo ha sido posible por la existencia del Instituto costarricense de electricidad, ICE. En la tarea de resguardar de nuestra institucionalidad, nos sumamos al “Frente nacional en defensa del estado de bienestar costarricense”, para salvar nuestro sistema de salud y en particular la Caja costarricense de seguro social, la educación, la seguridad y soberanía alimentarias y las garantías laborales, que siguen sufriendo los embates del modelo de sociedad antisolidario y orientado a favorecer fines privados.
  9. Instamos al gobierno de Costa Rica, instituciones, empresas y a la población en general, a asumir con respeto irrestricto, la existencia y derechos reconocidos nacional e internacionalmente de los Pueblos originarios, y en particular su derecho a la Tierra que les ha sido usurpada, y sus formas propias de organización y autogobierno según las leyes vigentes. En particular, rechazamos el eventual relanzamiento de la hidroeléctrica Diquís (646 megavatios), incluido en el plan de expansión eléctrico del actual gobierno.

¡Agua, ríos y ecosistemas para la vida!

Nuevo “combo” atiza privatización del ICE

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

El gobierno del presidente Chaves Robles ha retomado proyectos de ley de las administraciones anteriores contra el ICE.  Uno de ésos es el expediente legislativo N° 21.670 “Ley para el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas”. Este proyecto, sumado a otros 6 conocidos en diferentes momentos, son un nuevo “combo” contra el ICE, porque pondría en manos del reducido grupo de directivos nombrados políticamente que conforman el Concejo Directivo del ICE, la decisión de debilitar, reducir, vender y hasta desaparecer, si lo desean, una de las instituciones más importantes para el bienestar colectivo de la sociedad costarricense.

Argumentar y usar las deudas del ICE como justificantes para deshacerse de los activos del ente estatal, es decir, para privatizarlo, es desleal con el Estado social costarricense.  En ese aspecto el proyecto de ley resulta completamente contrario a la realidad integral con que se debe analizar el problema. Dice el proyecto de ley que “Reducir las deudas del ICE es una necesidad urgente y por ello las decisiones de ventas de activos es una acción que el ICE tiene que considerar para lo cual se quiere ratificar que se puede proceder con un acuerdo del propio Concejo Directivo del ICE” (Expediente n° 21.670, p. 7).   Esta pretensión se expone en concreto así: “Artículo 3- El Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas.  La venta de acciones de cualquier empresa del ICE deberá ser autorizada mediante Acuerdo el Concejo Directivo del ICE, el cual deberá ser ratificado por el Consejo de Gobierno.  La venta de activos de cualquier empresa del ICE se podrá autorizar mediante Acuerdo el Consejo Directivo del ICE” (Expediente n° 21.670, p. 9). Sólo este artículo debería movilizar a la sociedad costarricense para frenar este proyecto. 

El proyecto se fundamenta en un secuencia expositiva muy elemental, según la cual “el costo de la energía eléctrica ha venido aumentando de forma significativa en lo que llevamos de este Siglo XXI generando un impacto económico en las familias, comercios e industrias…” (Expediente n° 21.670, p. 2).  Señala el texto que “La disminución del consumo eléctrico genera disminución de ingresos, pero no conlleva una disminución de costos, dado que la mayoría de costos del ICE en dicha área son costos fijos que tiene que seguirse pagando” (Expediente n° 21.670, p. 2).  Indica también que “…el aumento de tarifa reduce el consumo, la reducción del consumo reduce los ingresos, la reducción de los ingresos hace que el pago de los costos fijos genere un aumento de la tarifa, lo que termina nuevamente bajando el consumo y los ingresos del ICE”. (Expediente n° 21.670, p. 3).  

La respuesta a esa “espiral” de variables de economía de manual, es elevar exponencialmente la participación privada en el mercado eléctrico, olvidando, o negando, lo que está demostrado por entidades nacionales como la Contraloría General de la República, e internacionales, como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Caribe: que los costos de la electricidad privada generada en Costa Rica son muchísimo más elevados que los del ICE, y que Costa Rica no tiene los precios de venta más altos de la región; 2 falacias que insistentemente repiten quienes pujan por privatizar el mercado eléctrico nacional y que más adelante detallamos.  En resumen, el proyecto de ley utiliza argumentos que los datos de entidades reconocidas desmienten.

En la justificación se dice que los proyectos BOT (Construir, Operar y Transferir) “…se crearon en el Capítulo II de la Ley 7200 como un mecanismo especial de financiamiento del ICE”, lo cual es absolutamente falso y crea confusión, pues como está más que demostrado, los pagos a los privados siempre fueron una sangría para el ICE y la sociedad costarricense:  23.9 millones de dólares sólo entre 2017 y 2019 fueron el exceso pagado a los privados, y en general US$ 3.141 millones entre 1989 y 2021.  Lejos de orientar al ICE a su recuperación y fortalecimiento real de sus finanzas, el proyecto de ley profundiza los problemas pidiendo doblar el plazo de vigencia de estos proyectos privados de 20 a 40 años.  En el artículo 4 propone una reforma al artículo 22 de la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, ley 7200, del 18 de octubre de 1990, que en adelante diría: “Artículo 22- Vigencia de los contratos.  Los contratos de compraventa de electricidad podrán tener una vigencia de hasta cuarenta años, definiéndose el plazo del contrato en función de la vida útil de tipo de generación de que se trate, y los activos de la planta eléctrica en operación deberán ser traspasados, libres de costo y gravámenes, al ICE al finalizar el plazo del contrato”. (Expediente n° 21.670, p. 10).

No existe relación directa entre un plazo de 40 años en favor de los privados y la posibilidad real de bajar los costos de generación y las tarifas para los consumidores finales.  Y ya dijimos que tampoco es cierto que la electricidad privada de Costa Rica es más barata que la pública, y que la electricidad en general es la más cara en la región centroamericana.  Hay contundente información que demuestra que el ICE es la empresa con costos más bajos en el negocio de la generación de electricidad en el país.  Ni siquiera las empresas con formato legal de cooperativa son más baratas que el ICE.  Coopesantos, por ejemplo, es la tercera empresa más cara en el país, sólo superada por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la JASEC.  Estos datos son más que reveladores, porque demuestran que esas empresas son incluso más costosas que cada uno de los 41 proyectos privados amparados en las leyes 7.200 y 7.508, que fueron analizados por la Contraloría General de la República en 2019.   Argumentar en general que el precio de la electricidad es alto, sin exponer estos datos y sin revisar con detalle el costo de todas las empresas privadas de todo tipo, frente a los costos de producción del ICE, equivale a negar información sin la cual no se pueden adoptar medidas que realmente permitan bajar el costo de la electricidad.

Es indispensable recordar además que otro factor que juega en favor de los nunca demostrados precios más bajos de los privados, es que las “empresas distribuidoras (privadas) no asumen directamente los costos de respaldo ni regulación de frecuencia”, servicios que “son proporcionados por el ICE a las empresas distribuidoras, mediante sus plantas hidroeléctricas con embalse y plantas térmicas”.  Por tanto “el costo de estos servicios es asumido por el ICE y las distribuidoras en proporción a la energía comprada al ICE generación, sin que se cobre a estas últimas como parte del costo de la energía que producen las plantas de su propiedad”, como lo ha reiterado la Contraloría General de la Repúbica.

La inclusión de ARESEP en el proyecto de ley para favorecer a los privados, únicamente reitera que ponen al lobo a cuidar las cabritas o al ratón a cuidar el queso.  El proyecto de ley confía a ARESEP cambios para favorecer el control y hasta eventual exportación privada de electricidad,  cuando ARESEP ha sido una entidad negligente en tanto que no ha hecho caso de las recomendaciones de la CGR de revisar, cambiar y ajustar las tarifas de renovación de contratos y compra a los generadores privados, con el fin de “resolver acerca de la metodología tarifaria que permita cobrar a cada empresa distribuidora los servicios de respaldo energético y regulación de frecuencia”. 

El único transitorio del proyecto ordena que “La ARESEP deberá modificar en un plazo de seis meses a partir de la vigencia de ésta Ley, las metodologías tarifarias de energía eléctrica, a efectos de que el aumento de los plazos de financiamiento de los activos tenga un efecto en las tarifas de electricidad en beneficio de los usuarios (Expediente n° 21.670, p. 10).  El texto del proyecto resulta necio argumentando el “beneficio de los usuarios”, pero sin precisar cómo se logrará.  No cabe duda que reducir tarifas en general, pero en particular para la gente de menos ingresos, sería de total beneficio, pero es claro que doblando el plazo de vigencia de los contratos BOT, más bien se se refuerza régimen de pagos obligados a los generadores privados por parte del ICE y toda la sociedad. 

La Contraloría General de la República en su “INFORME N.° DFOE-AE-IF-00009-2019. Informe de Auditoría de carácter especial acerca del proceso instaurado por el ICE y la ARESP para la concesión de la generación y compra de energía eléctrica a privados. 16 de setiembre, 2019”, dio a conocer con detalle las pérdidas cargadas al ICE por sobrepagos a los generadores privados, pero además, giró una serie de órdenes a diferentes entidades, incluida la ARESEP, pidiéndole “proponer las acciones que permitan resarcir los montos determinados y remitirlas a la Junta Directiva para lo de su competencia. Enviar a la Contraloría General una certificación en la cual consten los montos determinados y el envío de la propuesta de acciones para el resarcimiento de estos montos a la Junta Directiva, a más tardar el 29 de noviembre de 2019; así como, dos informes de avance semestrales acerca de la implementación de las acciones a partir del día hábil siguiente a la formalización de estas por parte de la Junta Directiva”.  Si hasta ahora las órdenes de la Contraloría han sido desatendidas por el ente regulador, por qué el proyecto de ley pide que “…ARESEP ajuste sus metodologías tarifarias, a efectos de que el aumento en los plazos de los financiamientos de los activos, genere un beneficio tarifario a los usuarios…” (Expediente n° 21.670, p. 8). En otras palabras, el historial de ARESEP se ha inclinado a favorecer a los generadores privados y la pretensión del proyecto es reafirmar esa tendencia.

Por décadas se le ha mentido a la gente al no darle la información completa sobre el “subsidio” del ICE a los privados, lo cual constituye una de las razones del supuesto menor costo de la electricidad privada.  El proyecto de ley N° 21.670, reitera esa condición de falacia, pues únicamente se detiene a exponer sobre la crisis financiera del ICE, pero sin exponer sus causas, una de las cuales es, precisamente, tener que soportar, por las leyes 7.200 y 7.508, los millonarios pagos a los generadores privados.

En cuanto al costo comparado de la electricidad en la región centroamericana, los datos oficiales de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Caribe,  en diciembre de 2017, colocaban a Costa Rica en el puesto 6 con la electricidad más barata entre los países Centroamérica y República Dominicana”, como lo hemos explicado con detalle en texto previos:  “Mientras el costo en dólares por megavatio hora era en Nicaragua de 190,68, en Guatemala 185,50, en Belice 183,94 y en República Dominicana 179,57, en Costa Rica llegaba a 160,62.   Esta comparación es relevante toda vez que los generadores privados siguen buscando la manera de incursionar en la exportación de electricidad para ampliar su plaza mercantil”.

Adicionalmente, este proyecto de ley retoma de manera acrítica el discurso sobre la electricidad como energía limpia.  Indica el texto que “El segundo aspecto sobre la matriz eléctrica renovable, en Costa Rica se genera la electricidad a partir de fuentes renovables en un 98,60%. Se trata de un logro ambiental motivo de orgullo y debemos agradecerlo a quienes desde los orígenes del ICE tuvieron la visión de construir fuentes de generación renovable aprovechando las riquezas de nuestros recursos naturales”. (Expediente n° 21.670, p. 2).  Insiste, como todos los discursos oficiales y el cabildeo corporativo transnacional, en presentar la hidroelectricidad como “energía renovable” o “sostenible” haciendo caso omiso de la evidencia científica que lo desdice.  Con esto se “ajustan” a los estándares definidos en las cumbres climáticas cuyos diagnósticos no se han traducido en acciones contundentes para frenar las causas que corresponden a los sistemas de crecimiento económico ilimitado y la destrucción de los ecosistemas.  Ya se han realizado 26 cumbres climáticas, incluida la última de Glasgow 2021, y éstas no pasan de ser un escaparate para el mundo corporativo y los gobiernos que remozan sus diagnósticos y no se obligan a acciones contundentes.  A esto se suma que su concepto de “sostenible” es perfectamente compatible con la creciente exclusión social en todo el planeta.

En resumen, el Expediente N° 21.670 “Ley para el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas”, no debe ser aprobado porque:

  1. reafirma que el nuevo gobierno tiene la misma visión mercantilista de la electricidad que los anteriores, ya que retoma un proyecto que es un paso más en el proceso de privatización de ese servicio social.
  2. La ampliación de los contratos BOT de 20 a 40 años permitiría que un reducido grupo empresarial se siga beneficiando gracias a la obligatoriedad de que el ICE compre la electricidad que generan de acuerdo con la legislación vigente, pero además abre nuevas opciones de exportación.
  3. Permitirá la venta de activos del ICE, es decir del patrimonio público de la institución, con un simple acuerdo del Concejo directivo, lo cual constituye una vía rápida de privatización. Como ya indicamos, esto es gravísimo en tanto que se le da a un grupo de mandos altos, nombrados políticamente, decidir sobre una de las instituciones más importantes para el bienestar colectivo de la sociedad costarricense.
  4. Reafirma la falacia de la hidroelectricidad como “energía renovable” o “sostenible”, lo cual ya resulta un lugar común y una irresponsabilidad en todo el mundo, en tanto que desconocen u ocultan deliberadamente todas la evidencias que certifican lo contrario.
  5. Se aleja completamente del objetivo que hemos formulado desde hace décadas organizaciones comunitarias y ecologistas de muchísimos países, de revisar, reconstruir, crear e implementar matrices energéticas y, en particular modelos de electricidad, que respeten a la gente y a las comunidades, y sobre todo a los pueblos originarios asediados, desplazados y hasta masacrados por miles de hidroeléctricas en todo el mundo. En la “Movida global” realizada en Costa Rica en el segundo semestre del 2021, explicamos desde muchos países y con todo detalle, los letales impactos de las hidroeléctricas.
  6. Finalmente, decimos que se trata de un nuevo “combo” contra el ICE porque este proyecto se une a otros 6 que han desfilado por la Asamblea Legislativa; como parte de un conjunto de cambios legales propuestos para desestatizar, privatizar y desnacionalizar el servicio eléctrico.   Los otros proyectos son:
  • expediente legislativo n° 22.601 “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, 
  • expediente n.° 21.606 “Proyecto de ley para una efectiva integración de Costa Rica al   mercado   eléctrico   regional” (archivado), 
  • expediente n.° 22.989 “Proyecto de ley modificación al artículo 2 de la ley 10.086 promoción y regulación de los recursos energéticos distribuidos”, 
  • expediente nº 22.561. Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional,
  • expediente nº 22701. Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales, y,
  • expediente n° 23.071. Ley del centro nacional de control de energía eléctrica (CENCE) para generar prosperidad para todos y una mejora en la competitividad del país

Asegurar flujos permanentes de recursos del ICE a los generadores privados jamás será un mecanismo que permita “contribuir a que las tarifas no sigan subiendo y proteger el patrimonio del ICE” (Expediente n° p. 8).  Por el contrario, de aprobarse este proyecto de ley la sociedad costarricense deberá seguir subsidiando y agrandando la fortuna de un grupo de empresas privadas que no contribuyen al bienestar social por cuando su negocio no es imprescindible para el país.

23.991.456 millones de dólares entre 2017 y 2019 como exceso por falta de regulaciones y controles eficientes y en general US$3.141 millones entre 1989 y 2021 pagados a los privados, son cifras que deberían obligar a la Administración del ICE a rendir cuentas sobre los negocios realizados con los generadores privados y, de manera urgente, exigir que ARESEP responda por sus deficientes actuaciones, en lugar de confiarle un nuevo capítulo del negocio de la electricidad privada que inició el 18 de octubre de 1990 con la ley N° 7200.  El ICE, aún con sus debilidades, sigue siendo una empresa estatal de muy buen desempeño,  y si la evaluamos por su aporte a la calidad de vida como parte del Estado social, es sin duda mucho mejor.

El desafío agroecológico

Gerardo Cerdas Vega

Por Dr. Gerardo Cerdas Vega,
Sociólogo, profesor de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional (ECA/UNA)

La actual coyuntura internacional derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha encendido todas las alarmas a nivel global sobre la inminente crisis alimentaria, asociada por un lado al incremento desbordado en el precio de la energía y los fertilizantes y, por otro, a problemas de logística global surgidos en el marco de la pandemia de COVID-19 (la así llamada “crisis de los contenedores”), en un contexto marcado por la multiplicación de eventos climáticos extremos, que ya de por sí afectan la seguridad alimentaria mundial, con mayor gravedad en algunas regiones y países.

No obstante, aunque parece que solo nos damos cuenta de la fragilidad del sistema agroalimentario globalizado en el pico de una coyuntura crítica, la situación actual se viene formando desde hace mucho tiempo atrás. No solo por la difusión, desde los años 1940, de un modelo de agricultura altamente contaminante y dependiente de los combustibles fósiles (la “Revolución Verde”), sino por la imposición, desde los años 1980, de constantes oleadas de ajustes neoliberales que arruinaron la agricultura campesina, volcada para el mercado interno, en prácticamente todos los países del mundo.

Efectivamente, desde los años 1980 se ha venido impulsando una agenda de destrucción de las economías agrarias de base local, al tiempo que se abría la brecha para que grandes corporaciones del agronegocio dominasen el mercado mundial de alimentos, semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola, avanzando los intereses de las potencias hegemónicas, en especial de los Estados Unidos. Un mercado altamente lucrativo, oligopolizado y destructor, propulsado por la liberalización del mercado mundial de productos agrícolas a partir de 1995 (negociaciones de la OMC y tratados de libre comercio impuestos por Estados Unidos, Unión Europea y más recientemente, China).

En el caso de Costa Rica, hemos visto una aplicación progresiva de este ideario al mundo rural y a la producción agrícola, con nefastas consecuencias para la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país y para la viabilidad económica de la agricultura campesina. Durante cuatro décadas (cómo no recordar el tristemente famoso lema “Volvamos a la tierra” del plan de gobierno de Luis Alberto Monge y la aplicación sucesiva de los Programas de Ajuste Estructural), se nos ha dicho hasta el cansancio que es más barato importar, que teníamos que “reconvertir” la agricultura, integrarnos a las cadenas globales de valor. Producir, siempre producir, a todo costo, los viejos y nuevos productos que el mercado global demanda, no importa si ello implica devastar la tierra, los ríos, la trama de la vida. Pagar millones de dólares a las corporaciones que controlan semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola. Dejar al agronegocio y a los grandes importadores por la libre y a los pequeños frijoleros, maiceros, arroceros y en general a las familias rurales, integrarse a la “agricultura de cambio” o emigrar a la ciudad / al extranjero para no morir de hambre.

Bueno, ahí tenemos el resultado. Hoy por hoy, Costa Rica es un país extremadamente vulnerable desde el punto de la seguridad alimentaria y sin ninguna soberanía alimentaria efectiva, tal como lo revela la publicación del Semanario Universidad del día 30/03/2022[1]. ¿Cuánto durarán los estoques de alimentos en caso de un corte abrupto en los flujos de importación? ¿Por cuánto tiempo podrán los productores agrícolas seguir costeando el alza en el precio de los insumos? De acuerdo con diversos analistas y fuentes, es muy probable que este año vamos a tener la subida más alta de los precios de los alimentos en toda la historia, más que en 2008, pero con un escenario de mayor precarización social y laboral a nivel mundial sin precedentes, como resultado de la pandemia (que aún no acaba, dicho sea de paso).

Cabe anotar, adicionalmente, que el informe de la FAO sobre seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y El Caribe 2020, apunta que, en Costa Rica, para el periodo 2017-2019, la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave afectó al 5,4% y la inseguridad alimentaria moderada al 25,5% de la población nacional (datos prepandemia). Año con año, se reduce el área destinada a productos como arroz, maíz, frijol al tiempo que disparan las importaciones. Producimos cada vez más piña, palma, banano, café (estos cuatro productos concentran el 70% de la superficie agrícola), pero se reduce la producción de géneros alimenticios indispensables para la dieta nacional. Todo ello sin hablar de la utilización masiva de fertilizantes y pesticidas químicos (hoy a precios estratosféricos) que contaminan la tierra, el agua y los propios alimentos, enfermando a quienes los producen y a quienes los consumen.

En este contexto, el desafío que se coloca con urgencia es el de una transformación del régimen agroalimentario en la dirección de una verdadera sustentabilidad (ambiental, alimentaria, social, económica, cultural). Y ese desafío es lo que llamo el desafío agroecológico: producir alimentos sobre una base ecológicamente saludable, con viabilidad económica, respeto y fomento de la agricultura campesina, agrobiodiversidad, igualdad/equidad de género, soberanía alimentaria y apoyo de la sociedad (inclusive a través de políticas públicas costeadas por el contribuyente), para disputar verdaderamente el perverso control corporativo sobre aquello que comemos y la forma como lo producimos.

América Latina y El Caribe son el epicentro de una verdadera revolución agroecológica, que hoy se extiende por todo el globo (aunque esto no salga en el noticiero). En esta región (y en todo el mundo), abundan los ejemplos de que otra agricultura es posible, una agricultura con cara campesina, indígena, negra, de comunidades de pescadores, de mujeres rurales pero también de colectivos urbanos que se organizan para producir alimentos en las ciudades, o bien que tejen redes para poner en contacto a los productores y productoras agroecológicos con los mercados citadinos y organizan circuitos cortos de comercialización para darle salida a la producción local a precio justo y sin el desigual tratamiento que dan los intermediarios a quienes que  producen la comida que comemos. Entre 15 y 20% de los alimentos en el mundo se producen en las ciudades, donde más de 300 millones de personas practican agricultura urbana.

La agroecología es entendida como un movimiento social, como una ciencia y como un conjunto de prácticas ecológicas para el manejo a nivel de finca. Es intensiva en conocimiento local puesto que integra en su seno el saber de las productoras y productores campesinos/as, negras e indígenas (entre otros), así como el apoyo de universidades, ONG comprometidas con las luchas sociales, investigadores/as y activistas en busca de una nueva forma de producir y comercializar alimentos que, por otra parte, se entiende como parte de una ancestralidad, espiritualidad y una conexión íntima con la tierra que son indispensables para superar la actual y las futuras crisis alimentarias, sociales y climáticas. La defensa de las semillas criollas es una de sus bases fundamentales, tal como lo afirma La Vía Campesina.

Así, es urgente que comencemos a discutir, a nivel país, pero sobre todo a nivel local, una salida al laberinto en que nos encontramos. El desafío agroecológico nos llama con más fuerza que nunca. Tal vez la única “virtud” de esta guerra y de esta crisis multidimensional que atravesamos como humanidad, es que ha abierto una ventana de oportunidad para que miremos a fondo la complejísima situación que estamos enfrentando y discutamos los caminos posibles para transformar nuestra relación con los alimentos, lo que conlleva replantearnos por completo nuestra relación con la Tierra y sus ciclos vitales, que no son, precisamente, los de la ganancia corporativa.

En Costa Rica, al igual que en muchos otros países, la política de acabar con la agricultura campesina hizo grandes estragos, pero no acabó por completo con la resistencia local. Hay diversas y ricas experiencias agroecológicas locales que permanecen dispersas, así como un creciente número de personas en el campo y la ciudad que están preocupadas por la calidad de los alimentos que producen y consumen y por las consecuencias medioambientales de todo ello. En función de lo anterior y en el marco de esta coyuntura nacional e internacional, necesitamos con urgencia reconocernos, encontrarnos, nombrarnos y movilizarnos como parte de una transición y una transformación en curso donde la alimentación ocupe un lugar destacado en la agenda pública y nuevas prácticas y alternativas sean construidas desde abajo, desde los territorios y con apoyo de diversos actores comprometidos con un diálogo de saberes horizontal y participativo, que busque sacar a los alimentos de la lógica de la acumulación de capital y los devuelva a las lógicas de existencia de los pueblos.

[1] MAG y agricultores advierten: el país está a las puertas de una caída en la producción de alimentos • Semanario Universidad