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Etiqueta: equidad

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social: Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) ha experimentado una pérdida considerable de valor adquisitivo desde 2010

En la información compartida con SURCOS por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) se señala que el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) ha experimentado una pérdida considerable de valor adquisitivo desde 2010.

En una nota enviada al Ministro de Trabajo y al Gerente de Pensiones de la CCSS, se solicita atender el asunto con fundamento en los artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política de Costa Rica y en la Ley de Regulación del Derecho de Petición.

La nota presenta una solicitud formal respaldada por un oficio firmado digitalmente por cinco miembros de la ACSS, solicitando un acuse de recibo. Se destaca la estructura clara y respetuosa de la comunicación, el respaldo legal de la petición y la importancia de asegurar una respuesta oficial.

El correo enviado es el siguiente: 

Lic. Andrés Romero Rodríguez, Ministro
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Gobierno de la República de Costa Rica

Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente.
Gerencia de Pensiones
Caja Costarricense de Seguro Social

Estimados señores,

Sirva la presente para saludarlos y hacerles la siguiente petición de conformidad con los artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política y la Ley de Regulación del Derecho de Petición.

Se adjunta oficio ACSS-007-2024 firmado digitalmente por cinco miembros de la ACSS.

Favor enviarnos acuse de recibo.

Saludos cordiales.

Por ACSS

Att. Rodrigo Arias López

Análisis del documento firmado.

El régimen no contributivo de pensiones (RNC) en Costa Rica ha experimentado una pérdida considerable de valor adquisitivo desde 2010. En enero de ese año, el monto de la pensión bajo el RNC era de ¢70.125. Al ajustar este monto según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que pasó de 75,10 en 2010 a 109,57 en julio de 2024, el valor equivalente de esa pensión hoy sería de ¢102.383. Sin embargo, el monto actual de la pensión es de solo ¢82.000, cifra que se ha mantenido sin reajuste desde junio de 2019, lo que implica una devaluación del 25%. Para restablecer el poder adquisitivo de la pensión, sería necesario un incremento mensual de ¢20.383, llevando el total a ¢102.500. Esto afecta a más de 142.571 personas pensionadas bajo la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N° 5662 de 1974.

La «Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935» de 1999 establece, en sus artículos 1 y 3, el derecho de las personas mayores a una vida digna, incluyendo el acceso a pensiones que cubran sus necesidades fundamentales. Este principio se refuerza por el Convenio C128 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual estipula que las prestaciones monetarias deben ajustarse cuando se producen variaciones notables en el costo de la vida. La pérdida de valor de la pensión del RNC en un 25% se encuentra claramente enmarcada en este concepto de variación notable y debería ser revisada conforme a lo establecido en el artículo 29 de dicho convenio.

El Cuadro N° 1 proporciona una visión detallada del estado de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) en Costa Rica, desglosadas por tipo de beneficiario y monto de la pensión a junio de 2024. A continuación se presenta un análisis de los datos:

En el cuadro se observa que la mayoría de las pensiones bajo el RNC tienen un monto de ¢82.000 mensuales, lo cual afecta a 142.571 beneficiarios. Este grupo incluye a personas en diversas categorías como indigentes, personas con invalidez, orfandad, vejez y viudez. La mayor proporción de pensionados corresponde a la categoría de vejez con 93.322 beneficiarios, lo que subraya la importancia de este segmento de la población dentro del sistema de pensiones no contributivo.

Por otro lado, hay un grupo específico de pensionados que reciben una pensión más alta, de ¢352.164,91 mensuales. Este grupo se compone de 5.330 personas y se desglosa en tres categorías principales: aquellos con parálisis cerebral profunda (PCP), autismo, mielomeningocele, y otras condiciones neurológicas equiparables a PCP. La ley que regula estas pensiones establece que el monto debe ser equivalente al salario mínimo legal, el cual se ajusta de forma periódica. Sin embargo, como se mencionó en el análisis anterior, el monto pagado en junio de 2024 corresponde al salario mínimo de 2023, lo que ha generado una diferencia acumulada no pagada a los beneficiarios.

El número de pensionados por PCP (2.769 personas) es significativamente mayor que el de aquellos con autismo (1.433 personas) o mielomeningocele (325 personas). Además, 803 personas reciben pensiones bajo la categoría de «otras equiparables a PCP», lo que indica que existen otras condiciones neurológicas graves que también son consideradas dentro del mismo marco legal.

En total, el RNC cubre a 147.901 personas, de las cuales 142.571 reciben la pensión básica de ¢82.000 mensuales, mientras que 5.330 perciben una pensión mayor debido a sus condiciones de salud severas. Esto pone de relieve la gran diferencia en el monto de las pensiones, que depende en gran medida del tipo de discapacidad o condición médica que padezca el beneficiario.

El desglose del cuadro refleja la cobertura significativa que ofrece el RNC, especialmente en la categoría de vejez, aunque la falta de ajustes por inflación para la mayoría de los beneficiarios y las demoras en el ajuste de pensiones mayores constituyen un problema que debe abordarse para garantizar el bienestar económico de las personas más vulnerables.

Por otro lado, la Ley N° 7125, promulgada en 1989 y modificada en 2009, establece un régimen de pensión vitalicia para personas con parálisis cerebral profunda, autismo y mielomeningocele, siempre que estas condiciones se manifiesten durante la primera infancia y las personas afectadas se encuentren en estado de pobreza o abandono. A junio de 2024, había 5.330 pensionados bajo esta ley. La ley establece que el monto de la pensión debe ser equivalente al salario mínimo mensual legal fijado por el Poder Ejecutivo, el cual, a partir de enero de 2024, es de ¢358.609,5. Sin embargo, se ha detectado que estos pensionados continúan recibiendo el salario mínimo de 2023, que era de ¢352.164,91. Esta diferencia de ¢6.444,59 mensuales se ha acumulado durante ocho meses, lo que representa un total de ¢51.556,72 no pagados a cada pensionado. La omisión en el ajuste corresponde a un aumento del 1,83%, que es el incremento del salario mínimo en 2024.

La Ley N° 7125 es un mecanismo que beneficia a personas con condiciones neurológicas graves desde la primera infancia, pero excluye a quienes desarrollan estas afecciones después de esta etapa. Esta exclusión es vista como discriminatoria y carece de sustento constitucional. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha emitido resoluciones en las que se pone en duda la razonabilidad de esta distinción. Las condiciones de pobreza y las enfermedades neurológicas graves deberían ser el criterio principal para otorgar la pensión, independientemente de cuándo se manifiesten los síntomas.

Además, hay una falta de claridad sobre cómo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) clasifica a los pensionados bajo el régimen del RNC por invalidez. La CCSS incluye a beneficiarios con diferentes condiciones neurológicas severas, pero no existe una lista pública que detalle las enfermedades con manifestaciones neurológicas equiparables en severidad, lo que dificulta a los potenciales beneficiarios conocer si pueden acogerse a la Ley N° 7125.

El cuadro presentado detalla la cantidad de pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) bajo la categoría de «Invalidez RNC/PCP» según la fecha de vigencia de las pensiones. Los datos muestran una distinción entre las pensiones otorgadas antes y después del 24 de enero de 1989, fecha en la que entró en vigor la Ley Pensión Vitalicia para Personas con Parálisis Profunda N° 7125.

Antes del 24 de enero de 1989, se registran 1.575 pensiones, lo que indica que estas fueron concedidas bajo un marco legal diferente o posiblemente bajo criterios previos a la ley mencionada.

A partir del 24 de enero de 1989, con la implementación de la Ley N° 7125, el número de pensiones bajo esta categoría aumentó considerablemente, llegando a 42.843. Esto refleja la expansión del sistema de pensiones no contributivo para incluir a personas con parálisis profunda, autismo y otras discapacidades graves que cumplan con los criterios establecidos en la ley.

En total, el RNC administra 44.418 pensiones bajo la categoría «Invalidez RNC/PCP», lo que subraya la importancia de este régimen para proteger a las personas en situación de invalidez severa. La mayoría de estas pensiones fueron otorgadas después de 1989, lo que puede interpretarse como un reflejo de la efectividad de la ley para ampliar la cobertura y el acceso a beneficios para quienes padecen estas condiciones.

Por lo tanto, se solicita un reajuste del 25% en las pensiones otorgadas bajo la Ley N° 5662, llevándolas a ¢102.500 mensuales. Asimismo, se exige que las pensiones bajo la Ley N° 7125 se actualicen conforme al salario mínimo de 2024, y se cancele la diferencia acumulada desde enero de ese año. También se requiere un archivo en formato Excel con los datos de las pensiones del RNC a junio de 2024 y la lista de enfermedades neurológicas consideradas equiparables por la CCSS para la correcta aplicación de la Ley N° 7125. 

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El documento está firmado por los siguientes integrantes de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social: 

Lic. Carlos Eduardo González Arroyo.

Dr. Alfredo Ramírez Montero. 

Lic. Jorge Manuel García Araya. 

MBA. Juan Carlos Aguilar Zamora.

M.Sc. Rodrigo Arias López.

Firmado digitalmente por: 

Dr Alfredo Ramírez Montero. 

M.Sc. Rodrigo Arias López.

Referencia 

Romero Rodríguez, A., & Barrantes Espinoza, J. (2024). Petición de conformidad con los artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política y la Ley de Regulación del Derecho de Petición (Oficio ACSS-007-2024). Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Gobierno de la República de Costa Rica, & Gerencia de Pensiones, Caja Costarricense de Seguro Social.

Para pensar en un nuevo sistema tributario

Fernando Rodríguez Garro.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social, Universidad Nacional

En los últimos días se han escuchado voces pidiendo una revisión profunda de nuestro sistema tributario. Totalmente de acuerdo con eso, no solo porque arrastramos una agenda pendiente en la definición de nuestra estructura tributaria, sino porque enfrentamos retos futuros que debemos abordarlos desde ya en nuestra política fiscal, para evitar entrar a la discusión de una reforma fiscal más adelante como un mero parche para alcanzar la estabilidad macroeconómica, sin ver la contribución de la política tributaria a la equidad y al crecimiento.

A fin de contribuir a esa discusión quisiera aportar un elemento fundamental, que rara vez se discute en una reforma de estas: el para qué. ¿Qué papel queremos que juegue el sistema tributario, qué tipo de sistema tributario necesitamos en función de las responsabilidades que creemos debe asumir el Estado?

He insistido, desde hace tiempo, que la definición de la política fiscal pasa primeramente por tener claro el papel que vamos a otorgarle al Estado en una sociedad moderna. Ese papel incluye algunas funciones elementales:

  1. La provisión de bienes públicos, según lo entendemos los economistas. Aquellos bienes y servicios que no tienen mercado y que, por lo tanto, deben ser prestados por un Estado que garantice su disponibilidad. La seguridad pública, por ejemplo.
  2. Servicios estratégicos, cuya provisión nos permite garantizar el acceso a derechos fundamentales y a una sociedad más equitativa. La educación y la salud pública, por ejemplo.
  3. El otorgamiento de ayudas a personas y familias en condición de pobreza y vulnerabilidad, a fin de darles la oportunidad de tener una vida digna y mejorar su condición económica futura.
  4. La protección de los recursos comunes, a fin de garantizar su existencia en el tiempo y un uso adecuado por las distintas generaciones.
  5. La protección de otros derechos fundamentales.
  6. La intervención en actividades económicas, a fin de impulsar transformaciones en el modo de producción, sobre todo en épocas de transición tecnológica o de crisis económica.
  7. Otras funciones que quieran otorgarle al Estado.

Una vez definido lo anterior, sabremos con certeza el tamaño de la tarea. El tamaño del sistema tributario, entonces, corresponderá a las funciones que queremos desempeñe el Estado. Luego de definir esto, tocará definir qué instrumentos usaremos para financiarnos, o sea, cuáles impuestos escogeremos, sobre quiénes los aplicaremos y qué tasas estableceremos. Entrar a hacer una reforma tributaria sin tener eso claro, nos puede llevar a seguir arrastrando agendas pendientes en próximos años, por insuficiencia del sistema impositivo frente a la tarea definida. Además, sería reiterar un error muy común, de poner el sistema tributario como fin último y no como un medio, lo que tiende a provocar que la tendencia en la aplicación de la política fiscal, sea a ajustar el gasto a los recursos financieros disponibles y no al contrario, lo que implicaría garantizar los ingresos tributarios necesarios para alcanzar nuestras aspiraciones como sociedad.

En el caso costarricense se vislumbran algunas tareas importantes, pensando en la corrección de reformas anteriores que no se han hecho completas, pero en retos futuros de la política fiscal. Por ejemplo, y solo para citar unos:

  1. Seguimos con una ley de impuesto sobre la renta de 1988, mientras el planeta ha profundizado su integración global y la capacidad, cada vez mayor, de movilización de capitales por el planeta. Una modificación profunda de esta legislación, que además incorpore lo último en herramientas legales para evitar el traslado de beneficios y la erosión de la base imponible, sigue siendo un imperativo.
  2. Las nuevas herramientas de pago en sustitución del uso de efectivo y que compiten con las tarjetas de crédito y débito, están erosionando la recaudación del IVA, obligando a que eventualmente se incorporen nuevas formas de control para evitar la evasión por esta vía.
  3. Nuestra carga tributaria es baja, lo que ha dejado una brecha importante en el financiamiento de las actividades que históricamente hemos pretendido que asuma el Estado. Eso dio pie a centrar el ajuste en el lado del gasto, lo que está generando una reducción significativa en la capacidad de atender las demandas de la población. Revertir eso tendrá un costo importante, eso sí, pues en la actualidad la política fiscal sigue siendo deficitaria. Pasar del nivel actual de gasto en educación, por ejemplo, a lo indicado por la Constitución Política, nos obligará a un esfuerzo fiscal de casi 3% del PIB, que hoy no tiene una fuente de financiamiento definida.
  4. La descarbonización de la economía, una aspiración del país de cara al año 2050, reducirá el consumo de combustibles y con ello erosionará la tercera fuente de ingresos tributarios del país, la que deberá ser sustituida por otra fuente de ingresos.
  5. La transición tecnológica y energética, que el cambio climático y la descarbonización traen aparejados, hacen necesario pensar en el uso de mecanismos de incentivo para impulsar una nueva economía y nuevas formas de movilidad, por ejemplo. Pero el país ha abusado de la exoneración como forma de incentivo, lo que tiene consecuencias fiscales indeseadas y tiende a ser una figura regresiva. Debemos plantearnos el uso de subsidios dirigidos y que estos sean valorados periódicamente, lo cual también nos debería obligar a pensar en una fuente de recursos con ese fin.
  6. Costa Rica adolece de una enorme dispersión en las tareas de cobrar impuestos, delegadas en varias instituciones que hacen funciones de administración tributaria, sin que esa sea su actividad principal. Un ejemplo de esto: el Teatro Nacional, al que la ley le delegó la responsabilidad de cobrar el impuesto a los espectáculos públicos. Esto reduce la efectividad de las medidas de cobro, distrae recursos que debería dedicarse al “core business” de las instituciones públicas y facilita la evasión. Concentrar las funciones de cobro en la Dirección General de Tributación debería ser una decisión en próximos años, a fin de corregir esto.

Esta lista no agota los temas a valorar, pero es una muestra de lo complejo de la tarea, a la que, sin embargo, debemos entrarle pronto y empezar a señalarle a la clase política los múltiples riesgos que corremos a futuro, si no nos abocamos en esta discusión lo antes posible.

Liderazgos de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo manifiestan su respaldo al modelo cooperativo

Liderazgos de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo manifiestan su respaldo al modelo cooperativo y reiteran su vigencia y vocación de generador de oportunidades y equidad social

Las cooperativas forman parte importante de la economía del pueblo costarricense y además, del ecosistema social a nivel nacional. Las cooperativas buscan dinamizar la economía para lograr el bienestar integral y equitativo de las personas asociadas y las comunidades en general. También, buscan cumplir metas, crecimiento social, económico y ambiental de las regiones que impactan.

Es importante mencionar que el cooperativismo se crea con un sentido social y económico para que de esta manera se logre combatir la pobreza y la desigualdad social. Las cooperativas cuentan con una serie de valores que los caracterizan tales como: solidaridad, equidad e igualdad.

Se les hace una invitación a ver el video y escuchar sobre el importante trabajo que realizan las personas asociadas a las cooperativas y la importancia que tienen a nivel nacional.

Nombres y cargos de las personas que hablan en el video:

  • José Oviedo Chavez/ secretario general UNAG
  • Johanna Quintanilla Hernandez/ activista rural Sarapiquí
  • Hazel Hernández Coronado/ secretaria general SITRAPEQUIA
  • Óscar Abellan Villegas/ gerente general coopesiba R.L
  • Yorgina Alvarado Díaz/ secretaria general SEC

37 años de MUSADE: Desde la comunidad construyendo justicia e igualdad

Podcast

Cambie el rollo y póngase la camiseta por los derechos de las Mujeres. 

Tema: Femicidio

MUSADE les invita a escuchar los podcast 2024

En el episodio 1 trata sobre femicidio y en este contamos con la voz experta de la abogada y ex jueza de familia Ruth Morera Barboza, además, escuchamos diferentes voces comunales ante el femicidio de Floribeth Monge Anchia ocurrido en Palmares de Alajuela en 2024.

Pueden escucharlo en Spotify en el siguiente enlace: https://open.spotify.com/episode/4BLcOQwY8LZwvZ4MD67Wyk?si=d74f4214f20a43ad

En YouTube:

Fundación Belén También: ¡Un faro de esperanza para la Neurodivergencia!

Adriana Chaverri Ruphuy

La Fundación Belén También, inaugurada en 2023, es un proyecto que nació del esfuerzo y dedicación de Cindy Quirós Sequeira, una apasionada neuroeducadora, quien, inspirada en su hija neurodivergente, decidió crear un espacio seguro y gratuito para apoyar a personas con diferentes condiciones neurodivergentes. Su misión es proporcionar herramientas y recursos necesarios para que estas personas puedan desarrollarse adecuadamente en un entorno inclusivo y comprensivo.

Actualmente la Fundación atiende a más de 32 personas y sus familias, ofreciendo lecciones personalizadas que se adaptan a las necesidades individuales de cada uno. Además, organiza actividades recreativas que fomentan el desarrollo de habilidades sociales y proporciona charlas educativas para los cuidadores, facilitando así un soporte integral. Los programas de la Fundación abarcan desde el abordaje terapéutico hasta la intervención temprana para infantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), promoviendo la justicia social y la equidad de oportunidades.

A pesar de su reciente apertura, la Fundación Belén También ha logrado avances significativos. Se cuenta con el reconocimiento y el apoyo de la comunidad local, y se ha establecido una red de voluntarios y profesionales comprometidos con la causa. La Fundación se sitúa como un referente en el tratamiento y apoyo a personas con condiciones neurodivergentes, destacándose por su enfoque inclusivo y personalizado.

Actualmente, la Fundación enfrenta desafíos en relación con su sede; sin embargo, gracias al apoyo de la Comisión de Accesibilidad de la Municipalidad de San José, que ha abierto sus puertas, brindado un espacio físico y ofrecido todo su compromiso y apoyo, estos desafíos se están superando. Cindy Quirós continúa trabajando con la esperanza de que este nuevo espacio permita a la Fundación operar sin costos de alquiler y ofrecer servicios esenciales a la comunidad de manera gratuita.

De cara al futuro, la Fundación Belén También desea expandir sus servicios y llegar a más personas que los necesiten, creando un impacto positivo y duradero en la sociedad. Además, su fin primordial es continuar su labor de apoyo al desarrollo de las personas neurodivergentes, a fin de que tengan las oportunidades y recursos necesarios para prosperar.

La violencia económica

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Cuando se aborda el tema de la violencia se tiende a pasar por alto que buena parte de la misma, en sus diversas expresiones: psicológica, política, simbólica y física, tiene como una de sus causas fundamentales a la violencia económica, que ejercen los poderes fácticos globales con la complacencia de los gobiernos y estados nacionales, cada vez menos soberanos y más sometidos a sus mandatos.

Es tal el grado de violencia económica, que un ínfimo porcentaje del 1% concentra más del 80% de la riqueza del mundo. Cuando los niveles de desigualdad y pobreza crecen exponencialmente, estamos ante el fenómeno de una “pandemia económica”. Y mientras las pandemias menores, como la del Covid 19, tienen efectos epidérmicos sobre el tejido social, la económica hace metástasis.

Dadas estas condiciones, el sistema requiere cirugía mayor y de urgencia, tanto en los niveles de la gobernanza global como local. Sin embargo, con poquísimas excepciones, se continúa aplicando medidas paliativas, apelando al altruismo de los superricos, propiciando el libertinaje del mercado y la privatización de la institucionalidad social pública. Es decir, contradictoriamente, se continúa apostando por las mismas políticas económicas neoliberales que son las principales responsables de generar la violencia económica.

Por otra parte, campea un discurso político, con la fuerza retórica propia de un populismo de rasgos autoritarios y neofascistas, que buscan culpar de la violencia al delincuente y al sicario callejeros, esos que “se matan entre ellos”, sin considerar que en muchos casos se trata de jóvenes a quienes se les han negado oportunidades para el estudio y para un empleo digno. En este sentido, es la violencia económica, que empobrece y precariza a la sociedad, la responsable principal de este otro tipo de violencia. Efectivamente, el país ha venido devaluando el papel de la institucionalidad social, particularmente en salud y educación, que son las vías fundamentales para la movilidad social.

El desafío es construir una sociedad global y local sobre una nueva política económica al servicio de la vida, es decir, que propicie una mejor distribución de la riqueza, niveles más elevados de equidad, solidaridad y de afectividad, así como el respeto a los derechos de la naturaleza. Lamentablemente, ya hace bastante tiempo venimos aceptando como inevitable y natural la muerte por hambre, guerras, desastres naturales, racismo, machismo y discriminaciones de todo tipo. No podemos permitirnos continuar legitimando la violencia bajo ninguna de sus formas.

Frente a esta realidad Raimon Panikkar, plantea que “hoy las alternativas son ineludibles: o bien la humanidad arriba a una nueva fase y la abraza, una fase a la que podríamos llamar posthistórica y que supone una mutación de ser humanos mismo, o bien una minoría de la especie humana continúa destruyendo la Tierra, provocando finalmente un aborto cósmico que malogrará por completo cualquier posibilidad de que la vida prospere en este planeta”.

Costa Rica, a diferencia de países que se dejaron avasallar por las políticas privatizadoras de los “vendedores de prosperidad” (Paul Krugman), ha logrado preservar conquistas sociales fundamentales que contribuyen a la paz social.

Cuando la violencia económica se ha convertido en más que una amenaza para la paz social, debemos prestarle más atención, si es que pretendemos enfrentar y contrarrestar las diversas formas de violencia que sufrimos hoy.

UCR: Mujeres docentes de la UCR tendrán apoyo permanente para realizar publicaciones

En este momento 12 docentes se encuentran en el proceso de escritura. Son la cuarta generación de PUBLICARE (de arriba a abajo y de izquierda a derecha): María Melissa Rojas Downing Escuela de Ingeniería de Biosistemas, Paola Montero Sánchez de la Sede del Pacífico, Tatiana Zúñiga Salas de Artes Plásticas,Eugenia Gallardo Allen de Estadística, Zuiri Méndez Benavides de Sociología y de Ciencias Políticas, María del Milagro Granados Montero de Escuela de Agronomía, Mariángel Sánchez Alvarado de Trabajo Social, Jeannette Aguilar Villamariona de Psicología, María del Carmen Acuña Rodríguez de la Sede del Atlántico, Andrea Vincent Rossi de Biología, Ana Marcela Montenegro Sánchez de la Sede Guanacaste, Iria Briceño Álvarez de Bibliotecología y Ciencias de la Información.

Convocatoria está abierta hasta el 13 de junio de 2024

Más de 80 artículos y capítulos de libros se han enviado gracias al apoyo que PUBLICARE ha brindado a 48 investigadoras

La Universidad de Costa Rica, por medio de una Resolución de la Vicerrectoría de Docencia, estableció de manera permanente el espacio PUBLICARE; un programa que apoya a las académicas para que puedan escribir y publicar resultados de investigaciones, proyectos de docencia o acción social o tesis de maestría y doctorado, defendidas en los últimos tres años.

Luego de dos años de apertura del espacio y gracias a los resultados positivos y al esfuerzo de las participantes, se decidió establecer como un espacio fijo en la institución. A la fecha, se han desarrollado y enviado a publicar 85 artículos y capítulos de libro por parte de las cuatro generaciones de académicas beneficiadas por esta iniciativa.

“El espacio para formarse en estrategias de escritura académica ha evolucionado para disminuir los tiempos de envío de manuscritos a las revistas. Sin embargo, el principal aporte detectado por las académicas ha sido la formación de una estructura de apoyo. Es decir, incluso cuando se ha finalizado la participación directa en el espacio, las docentes e investigadoras continúan vinculadas para continuar escribiendo trabajos que desean publicar y fortaleciendo su identidad como escritoras académicas”, explica la Dra. Tatiana Aguiar Montealegre, directora de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente RIFED, instancia de la VD que lidera la iniciativa.

Para el segundo ciclo de este año 12 mujeres, en propiedad e interinas, podrán postular sus iniciativas para tener apoyo de la Vicerrectoría de Docencia. La postulación tiene como fecha límite el 13 de junio y se realiza por medio de este formulario.

Para elegir a las nuevas participantes, se evaluará el tiempo servido en la institución, área académica, cantidad de publicaciones, idioma de las publicaciones que se trabajarán, nivel de avance de los capítulos o artículos y nivel de impacto de las dos publicaciones.

PUBLICARE ha buscado darle apoyo tanto a mujeres en propiedad que buscan ascender en Régimen Académico como a las que se encuentran en condición de interinazgo. Actualmente, docentes en ambas condiciones pueden postularse para formar parte de este apoyo.

En detalle

PUBLICARE inició en el 2022 como un espacio colaborativo y cuenta con una guía de especialistas que desarrollan un proceso formativo sobre publicación académica, con sesiones periódicas y el acompañamiento de la Dra. Tatiana Aguiar. De ahora en adelante la convocatoria se realizará semestralmente, y se asignará un cuarto de tiempo o 10 horas de apoyo de personas asistentes para seis académicas en propiedad y otras seis interinas.

Las mujeres académicas aceptadas dentro del apoyo se comprometen a participar en un proceso virtual de 16 semanas sobre publicación académica, y a cumplir con la culminación de al menos dos artículos o capítulos de libros que deben ser enviados a revistas indexadas con arbitraje o editoriales para ser sometidos a revisión.

La selección de los proyectos cuenta con la participación y el aval de las Vicerrectorías de Docencia, Investigación y Acción Social, así como del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente. Para mayor información sobre los requisitos, puede revisar la Resolución

Bárbara Ocampo Hernández
Periodista, Vicerrectoría de Docencia y Rifed, UCR

San José Obrero

Mons. José Rafael Quirós
Arzobispo Metropolitano de San José

La figura del carpintero de Nazareth ha de inspirar y animar a todos los trabajadores en las distintas ocupaciones, a realizar bien lo que se les encomienda, por su parte los patronos han de dar el trato humano requerido y cumplir también lo establecido en la legislación laboral. En lo que toca a los gobernantes, en palabras del Papa Francisco: “… deben dar a todos la posibilidad de ganarse el pan, ya que esta ganancia les da dignidad. El trabajo es una unción de dignidad, y esto es importante.”

En orden a la dignificación del trabajo de los sencillos, qué importante es contar con una política impregnada de justicia hacia a los pequeños y medianos productores agrícolas. No es justa la medición desde ganadores y perdedores, sino colocar la dignidad de nuestros hermanos en el centro de atención. Trabajar la tierra siempre ha sido exigente y duro, y hoy todavía más en las actuales condiciones económicas y climáticas. No es posible volver la mirada hacia otro lado, se trata de personas en medio de sus angustias que no pueden decir hoy, mañana tomo una computadora en mis manos y cambio de trabajo.

Todos somos hermanos, con la misma dignidad de hijos del mismo Padre. El pequeño productor agroalimentario merece cercanía, acompañamiento, respeto y no ser explotado. Requerimos encaminarnos hacia políticas públicas para el agro, que favorezcan una economía social solidaria, donde la riqueza de nuestros campos se distribuya equitativamente. Es fundamental dar herramientas, insumos y asistencia técnica a los productores nacionales para asegurar nuestros propios alimentos. También, fortalecer las líneas de comercialización en las Ferias del Agricultor, el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del Consejo Nacional de Producción, el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA) y otros, eliminando las distorsiones que no permiten alcanzar los fines para los cuales fueron creados.

La producción cooperativa ha sido exitosa, pero requiere de un apoyo decidido de quienes corresponda desde el ámbito gubernamental. Se debe pensar en el productor nacional, asegurando el mercado justo para lo que produce, que garantice precios justos a sus cosechas y la reactivación de sus actividades, que procure la seguridad alimentaria de la población con éstos, y otros productos básicos. En consecuencia, que las importaciones respondan a las exigencias de justicia efectiva para todos.

Dígase lo mismo con relación a las empresas agroexportadoras, que esperan una política cambiaria que no afecte sus actividades productivas y así poder seguir ofreciendo fuentes de empleo a numerosas familias trabajadoras de zonas rurales.

Por tanto, en San José Obrero, evocamos la figura de la persona trabajadora que con su labor contribuye con Dios en la obra creadora, y es también sujeto en la construcción de la paz social y de la justicia. Esa paz social que se construye desde el desarrollo humano integral.

Cambios en la regionalización por un verdadero desarrollo territorial

Los cambios en la regionalización del país; hacia un reordenamiento o remozamiento del esquema de regionalización o en procura de un verdadero desarrollo territorial equitativo y sostenible.

German Masís Morales

Recientemente hemos conocido la información de que Costa Rica redibujará el mapa de sus regiones, luego de 49 años sin cambios. Se argumenta que el mapa político del país basado en provincias con criterios un tanto desfasados, había sido modificado hace casi medio siglo cuando se emprendió el criterio de las regiones de planificación.

Esa modificación ocurrida en 1975, con la ley de Planificación Nacional, generó un nuevo mapa del país, pero ahora marcado por elementos socioeconómicos con la intención de dar un mejor abordaje de las políticas públicas, con un enfoque más local. Fue así como nacieron las regiones: Central, Chorotega, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico Central y Brunca

Se afirma que luego de casi medio siglo los criterios que se usaron para esa repartición han cambiado y tocará hacer un remozamiento del esquema de regionalización de Costa Rica. La labor de replanteamiento de las regiones estará a cargo del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN).

Para evidenciar la incoherencia que existe entre lugares de diferentes provincias del país, las autoridades de MIDEPLAN brindaron algunos ejemplos, como que San Vito de Coto Brus tiene poco en común con las Islas del Golfo de Nicoya, pero ambos pertenecen a la provincia de Puntarenas. Lo mismo ocurre entre la zona de residenciales de La Guácima con los pueblos de Los Chiles que limitan con Nicaragua, tienen poco en común, pero ambos son de Alajuela. Otro ejemplo surge al comparar las áreas más rurales de la Zona de Los Santos con la alta densidad de población de Tibás, nada en común, pero ambos están en San José. (ElObservador.com,29-4-2024)

En una situación similar, se presenta con las diferencias de las áreas urbanas de Heredia, como Belén; San Joaquín y Santo Domingo y las diferencias con las condiciones del cantón de Sarapiquí, aunque ambas pertenecen a la provincia de Heredia.

También existen diferencias importantes entre cantones ubicados en una región y pertenecientes a diferentes provincias, como el caso de Pérez Zeledón que pertenece a San José y los demás cantones de la región Brunca a la provincia de Puntarenas, donde muchas veces sus habitantes han dicho “yo me siento de todo lado menos de San José, o me siento de todo lado menos de la Zona Sur,” explorar esas dinámicas y construir un documento de esquema de regionalización que permita adecuar y actualizar esas nuevas dinámicas que hay en nuestro país que son muy distintas a las de 1975, son los propósitos de MIDEPLAN.

Lo mismo ocurre, como el caso de San Carlos y sus diferencias con los demás cantones de la región Huetar Norte, de Upala, Guatuso y los Chiles o la ubicación del cantón de Río Cuarto en la región Norte, todos pertenecientes a la provincia de Alajuela.

Disparidades regionales, se pueden constatar en la misma región Central, con la coexistencia de cantones de alto desarrollo como Escazú y Santa Ana y su proximidad con cantones rurales y de bajo desarrollo como Mora, Puriscal, Acosta y Turrubares, pertenecientes a lo que se conoce como la región Central Sur.

El Ministerio de Planificación, ha confirmado que la división política del país no va acorde a las verdaderas realidades que enfrentan diferentes lugares, lo que genera la necesidad de focalizar esfuerzos según las necesidades más locales.

Entre los parámetros a revisar estarían las condiciones sociales, las áreas de conservación, las áreas fronterizas, las áreas costeras o los territorios indígenas.

No obstante, la validez de esta iniciativa de MIDEPLAN, en pleno siglo XXI para ajustar o adecuar la conformación de las regiones del país, ésta debe trascender el enfoque de regiones administrativas hacia el enfoque de desarrollo territorial, donde las características de los territorios desde el punto de vista geográfico, histórico, demográfico y socioeconómico sean las que definan la afinidad, interrelación y conformación geosociohistórica de los territorios regionales.

Junto a la incorporación de las características multidimensionales de los territorios, es imperativo proponer una nueva organización territorial dirigida a superar las brechas regionales existentes entre la Gran Área Metropolitana(GAM) y las regiones periféricas rurales, costeras y fronterizas y los desequilibrios al interior de las mismas regiones periféricas, entre sus zonas centrales y ciudades más desarrolladas(como Liberia, San Carlos y Pérez Zeledón) y las zonas rurales y costeras circundantes.

Hemos sostenido en este espacio, que en Costa Rica se ha configurado un desarrollo regional desigual que evidencia que la actividad económica y los frutos del desarrollo económico no se han distribuido equitativamente entre las regiones, situación que no puede postergarse por más tiempo.

Se ha insistido en que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha reproducido por más de 5 décadas en las 4 provincias centrales, limitando la integración de las regiones periféricas y prácticamente excluyéndolas del desarrollo nacional.

Así mismo, varios análisis del desarrollo nacional, han expuesto reiteradamente que este desarrollo desigual e inequitativo es insostenible, el Informe del Estado de la Nación 2020 señala que la red productiva nacional es altamente dependiente de la región Central-GAM y del sector comercio y transporte y que urge atender la desconexión entre ésta y las regiones fuera de aquella región, (así como) fortalecer las interacciones para fomentar la actividad económica en ambos casos.(InformeEstadodelaNación,2020,p.29).

Por su parte, el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica en el 2021, había señalado que, en nuestro país, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

De acuerdo a ese estudio se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

La actividad de manufactura está concentrada en los cantones de la GAM, donde Alajuela, San José, Heredia, Cartago son las principales áreas, junto a cantones como Desamparados, Goicoechea, Grecia y la Unión. De las regiones periféricas sólo Puntarenas y San Carlos tienen alguna importancia en esta actividad.

Mientras que las actividades como la agricultura, producción de energía y suministro de aguas y minería se desarrollan primordialmente fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).

Específicamente, la agricultura está dominada por San Carlos, Pococí, Matina, Limón, Siquirres, Sarapiquí, Guácimo, con cerca de un 45 % de la producción nacional, todos ellos cantones de las regiones Periféricas y en su mayoría dedicada a los monocultivos del banano, la piña y la ganadería;

Por su parte, el Índice de Competitividad Nacional (ICN, mostró que un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

La medición de ICN evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021)

Las barreras en materias como el acceso a la tecnología y la educación, así como el deficiente desarrollo en la infraestructura que enfrentan los cantones más alejados de la región central, asfixian sus niveles de competitividad en comparación con los territorios ubicados en el interior.

Diversos índices de desarrollo cantonal han permitido constatar las desigualdades y desequilibrios socioeconómicos existentes, así el Índice de Desarrollo Humano Cantonal 2021 reveló como los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano

Así en lo que respeta al Índice de Desarrollo Humano por Desigualdad, los 10 cantones con los indicadores más bajos son Matina, Talamanca, Buenos Aires, León Cortés, La Cruz, Los Chiles, Tarrazú, Hojancha y Dota, de los cuales 3 son costeros, 3 son fronterizos y 4 son rurales.

La presencia de los cantones costeros, fronterizos y rurales, también se confirma en el Índice de Pobreza Multidimensional, en donde los cantones con el índice más alto de pobreza son Los Chiles, Talamanca, Upala, La Cruz, Coto Brus, Buenos Aires, Guatuso, Turrialba, Sarapiquí y Osa, de los cuales 5 son fronterizos, 2 costeros y 3 rurales.

Se incluyen entre los 25 con el índice más alto de IPM, Matina, Golfito, Siquirres, Limón, San Carlos, Corredores, Bagaces, León Cortés, Aguirre, Dota, Pococí, Puntarenas, Nicoya, Nandayure y Parrita, de los que 10 son costeros, 7 fronterizos y 8 rurales. (SurcosDigital.com,2022)

Igualmente, algunos intelectuales han reafirmado la existencia de dos Costa Ricas ya que sigue vigente, “una especie de geografía del desarrollo que parte el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia (ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza. (Esquivel, F.,2021, p.222).

De acuerdo con lo anterior, los cambios en la regionalización del país no se deben reducir a un reordenamiento geográfico o a la redefinición de las regiones para que se fortalezca la presencia de las instituciones en cada región y al decir de MIDEPLAN trabajar mejor las políticas públicas y descentralizar los presupuestos para dar los financiamientos más adecuados.

Ya existen acciones favorables a lograr el replanteamiento de la mencionada regionalización, tales como la aprobación de la Ley de Desarrollo Regional del 2021, que tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, en un contexto de participación democrática. Asimismo, reducir progresivamente los desequilibrios regionales mediante el diseño y la implementación de políticas públicas diferenciadas e incluyentes.

Así mismo como la ley para ampliar la operación de las zonas francas en algunas zonas fuera de la GAM, impulsada en los últimos años y que ha dado lugar a la creación de estos centros industriales y de servicios, en lugares como Grecia, Orotina y Esparza.

Estas iniciativas, aducen que se pueden mejorar las condiciones de crecimiento, competitividad e innovación en las diversas regiones del país, para garantizar el cierre de brechas estructurales que afectan negativamente la calidad de vida y el arraigo de sus habitantes.

Sin embargo, su mayor carencia es la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J.et al,Rimisp,2015).

La realidad de brechas y desigualdades territoriales demanda una perspectiva de desarrollo autocentrado en las características territoriales, con un carácter endógeno y participativo que permita que los distintos actores sociales, económicos, públicos o privados definan las acciones necesarias para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto.

Es imperativo la generación de opciones productivas, empleos de calidad, infraestructura y servicios en territorios periféricos, los cuales han estado concentrados en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.

Ante el escenario de desigualdades regionales, el rezago y marginación social, MIDEPLAN debe avanzar a la definición de una estrategia de desarrollo territorial centrada en los recursos y potencialidades de los territorios y regiones periféricas.

Dicha estrategia supone una nueva ruta para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de dinamizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.

El abordaje de las desigualdades territoriales y el impulso de políticas para revertirlas debe tener como objetivo primario avanzar hacia un desarrollo territorial más sostenible, equitativo e incluyente, como una verdadera política de Estado o un proyecto país de transformación territorial.

Imagen UCR.

Las cooperativas impulsan el progreso social y productivo de la sociedad

Conmemoración de la Semana del Cooperativismo 2024

Vivian Rodríguez Araya
Líder Movimiento Cooperativo

22 abril, 2024

El movimiento cooperativo es un propulsor de oportunidades reales de impacto económico y social, su auténtica contribución en la generación de esenciales beneficios para la productividad y la creación de empleos dignos, son gracias a que las cooperativas son constituidas bajo los más significativos valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, modelo asociativo que sigue siendo hoy honesto, efectivo y garante de resultados visibles hacia la responsabilidad del bien social y productivo.

Es satisfactorio observar el crecimiento que ha tenido la constitución de nuevas cooperativas a lo largo y ancho de Costa Rica, proyectos productivos y servicios de innovación que representan un impacto legítimo de las empresas cooperativas, así como la evolución de insignes cooperativas que hoy son un ejemplo autentico del modelo asociativo cooperativo dentro y fuera del país. El impulso político de leyes que promueven hoy la reducción de personas necesarias para constituir cooperativas viene a estimular el avance progresivo en la creación de más empresas cooperativas, siendo un aliciente para la economía de las personas y la productividad del país.

Uno de los desafíos y retos en la esfera social y económica sigue siendo reducir las brechas de la desigualdad, el desempleo, la pobreza y la discriminación, no obstante, el modelo empresarial cooperativo concibe incrementar la real participación del liderazgo de hombres y mujeres en las que buscan dar respuestas a sus necesidades en las esferas sociales y económicas. Hoy el cooperativismo visibiliza y apoya a las mujeres dentro del movimiento cooperativo, creyendo en el valor de las cooperativas como impulsoras de la equidad.

La posibilidad de independencia económica y de cooperación en el ejercicio colectivo que ofrecen las cooperativas beneficia a las mujeres y a toda la comunidad en general, de modo que estas acciones logran transformar la capacidad colectiva y trascender en las generaciones futuras.

La niñez y la juventud, resurgiendo como agentes de cambio que alimentados de la doctrina cooperativa serán los nuevos líderes encomendados de difundir y fomentar los extraordinarios valores y principios del modelo empresarial cooperativo, para promover el bienestar social y mejoramiento de las condiciones de vida propia, la de sus familias y de la sociedad.