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Etiqueta: estado de derecho

Notas sobre el gobierno Chaves Robles (2)

Escrito en . Publicado en Coyuntura.

Walter Antillón

Este escrito consta de tres partes: 1) Magia, saber y poder político; 2) El presidente Chaves y su modo de gobernar (pendiente); y 3) Los delitos del presidente Chaves.

III. Los delitos atribuidos al presidente Chaves

Existe algo que podría llamarse “síndrome de impunidad”, muy frecuente en las cúpulas políticas y funcionariales y endémico en la alta burguesía. Otorga al afectado la sensación de que bien puede permitirse ciertas transgresiones sin sufrir consecuencias desagradables. Conocí hace años la historia de un joven de ‘buena familia’ que se vio envuelto en un asunto dudoso y, lleno de temor, acudió al consejo de un expresidente, quien lo tranquilizó diciéndole: “personas como Usted y como yo no deben inquietarse por esas cosas”. Al final el asunto no terminó bien, gracias a que en Costa Rica, a pesar de la Corte y muchas circunstancias obstaculizadoras y frustrantes, al día de hoy parece que hemos superado la plaga de los fiscales amigables, de modo que subsisten cuerpos del Ministerio Público, de la Judicatura y de la Policía Judicial que conservan la mística de la justicia.

Pienso que el presidente Chaves ha estado aquejado del síndrome de impunidad desde hace años, inoculado durante su larga exposición a la influencia del alto funcionariado internacional. Muestra de ello fue, sin duda, su desafortunado conflicto con algunas excompañeras, que lo llevó a su condena y su salida del Banco Mundial. Sin embargo, ya de regreso en Costa Rica parece que las cosas no han mejorado.

Frecuente uso arbitrario y antijurídico del poder

Todos sabemos que cada presidente de Costa Rica, por mesiánico que pueda sentirse, debe mantener sus actuaciones dentro de los límites de la Constitución y la Ley: las potestades presidenciales, aún las discrecionales, no son legibus soluta; al contrario, caen enteramente bajo el principio de legalidad.

¿No es lamentable comprobar que el presidente Chaves, desde su candidatura, se ha ido hundiendo en el ilícito?

El régimen normativo e institucional de un Estado de Derecho se aviene mal con la investidura mesiánica, y el actual titular del alto cargo, haciendo gala de la inteligencia de un jaguar, parece que no ha conseguido digerirlo:

ya desde la campaña electoral, pero sobre todo una vez electo, el presidente Chaves ha asumido una pose de supremacía más allá de los límites normativos de su cargo; ha pretendido mano libre en sus designios, como si fuera un dueño de empresa; y por ese camino ha ido incurriendo en actitudes aberrantes y ha tomado decisiones inadecuadas que han tenido consecuencias.

En efecto, una abundancia de actitudes violatorias de límites y prohibiciones legales y reglamentarios de parte del presidente (en solitario, o en compañía de sus ministros) han provocado una avalancha de denuncias que el Ministerio Público está investigando, y que, hasta donde conozco, son alrededor de 70:

12 por incumplimiento de deberes

9 por tráfico de influencias

4 por nombramientos ilegales

4 por prevaricato

3 por abuso de autoridad

2 por influencia contra la Hacienda Pública

1 por financiamiento privado de la campaña electoral

1 por desobediencia

1 por fraude de ley

1 por legitimación de capitales

1 por coacción

1 por penalidad del corruptor, etc.

Lo anterior, sin contar con las numerosas causas pendientes contra ministros y otros personeros del Gobierno. Se trata de una cifra escandalosa, sin parangón en la historia Patria. ¿Cómo llegamos a este grado de litigiosidad penal?

Según el Gobierno Jaguar y sus seguidores la responsabilidad por la situación recae espectacularmente en el fiscal general y su equipo del Ministerio Público; en la Corte Suprema y en los partidos, los diputados y la prensa canalla. Pero lo que la masa chavista generalmente no sabe es que el Ministerio Público sólo actúa por denuncia proveniente de otras autoridades, o de personas o grupos privados.

Y entonces ¿quiénes son las decenas de denunciantes del presidente Chaves y sus colaboradores ante el Ministerio Público? No la Corte Suprema ni los jueces, sino funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos y mucha gente integrante de la sociedad civil: sindicalistas, empresarios, maestros, miembros de las directivas de las instituciones, funcionarios subalternos de los ministerios, antiguos personeros del propio Gobierno que, en un cierto momento, entraron en pugna con el presidente o sus ministros: fueron despedidos o renunciaron a sus cargos, etc.

Por mucho que se admire al presidente Chaves, es insensato seguir aferrados al prejuicio de que todo se trata de injustas persecuciones; que los grandes burócratas de la vieja guardia, como la Contralora General, los Procuradores, la Defensora de los Habitantes conspiran contra el presidente porque temen ser descubiertas sus fechorías y no quieren perder sus supuestas prebendas, etc. No: muchas de esas causas penales serán desestimadas, y lo están siendo ahora; también habrá sentencias absolutorias; pero es muy posible que en algunos casos el ciudadano Rodrigo Chaves Robles y algunos de sus ministros resulten justamente condenados; y lo serán, con toda probabilidad, por jueces independientes e imparciales.

Los casos

Mostraré los datos de algunas de las causas pendientes, por vía de ilustración:

1.- Cause seguida por llevar adelante el candidato Chaves, junto con un grupo de sus partidarios, la trama del financiamiento paralelo de la campaña, a pesar de la prohibición legal contenida en los artículos 273, 274 y 275 del Código Electoral. Dicha trama ha sido investigada por el Tribunal Supremo de Elecciones desde 2022, y culminó con la acción penal del Ministerio Público que dio lugar al Expediente Judicial 22-000210-0276-PE. En materia judicial nadie es dueño de la verdad, y la suerte de los procesos es incierta (habent sua sidera lites, decían los antiguos), pero la documentación de la causa es abundante y, francamente, no tiene un buen pronóstico.

ARTÍCULO 274.- Delitos sobre las contribuciones privadas

Se impondrá pena de prisión de dos a cuatro años: a) A quien, en nombre y por cuenta de una persona jurídica nacional o extranjera, o persona física extranjera, contribuya, done o realice aportes, en dinero o en especie, a favor de un partido político. b) Al extranjero(a) que contribuya, done o realice aportes, en dinero o en especie, a favor de un partido político, excepto cuando se trate de lo establecido en el artículo 124 de este Código. c) Al extranjero(a) o representante legal de persona jurídica extranjera que adquiera bonos o realice otras operaciones financieras relacionadas con los partidos políticos. d) A quien realice contribuciones, donaciones o aportes directamente a favor de tendencias, candidatos o precandidatos oficializados por el partido político, evadiendo los controles de las finanzas partidarias. e) A quien contribuya, done o entregue cualquier otro tipo de aporte, en dinero o en especie, a favor de un partido político por medio de terceras personas, grupos u organizaciones paralelas o mediante la utilización de mecanismos de gestión o recaudación que no estén previamente autorizados por el comité ejecutivo superior del partido.

En estos días la Corte Plena ha pedido a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero constitucional del presidente y demás funcionarios imputados en esta causa.

2.- Por afectar los derechos políticos fundamentales del ciudadano Claudio Alpízar, el Tribunal Supremo de Elecciones acogió un recurso de amparo contra el presidente Chaves, quien además resultó condenado en costas, daños y perjuicios (Resolución del TSE número 4259-E1-2025, emitida el 24 de junio pasado). Un presidente no puede abusar de su alto sitial para tratar de destruir políticamente a un ciudadano. Esto, en Costa Rica, no es un acto típico penal, pero sin duda es un ilícito y una inmoralidad.

3.- Por solicitar el presidente Chaves un beneficio patrimonial indebido (“un cariñito”) a favor de su colaborador Federico Cruz Saravanja, en el marco del contrato con la empresa RMC Productora S.A., con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Previa denuncia, el hecho fue investigado por el Ministerio Público como configurador del delito de concusión descrito en el artículo 355 del Código Penal, y dio lugar al expediente judicial número 25-000019-0033-PE. También en relación con esta causa, la Corte ha pedido levantar el fuero de inmunidad del presidente.

El citado artículo 355 dice: “se impondrá prisión de dos a ocho años, al funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”

Nota al margen: El delito de concusión es una práctica arraigada en muchos gobiernos. En Nicaragua lo practicaban sistemáticamente los Somoza; en Costa Rica lo practicó, comprobadamente, Daniel Oduber. En el apogeo de la corrupción de la Democracia Cristiana en Italia, este país fue llamado ‘Tangentopoli’: “País de la concusión”. La operación ‘manos limpias’ ejecutada por los jueces y los fiscales a fines del siglo XX, acabó con la concusión en Italia … por un tiempo.

4.- Por ofrecer el presidente Chaves los votos de su bancada al diputado Rodrigo Arias, a cambio de que se archive la causa 22-000210-0276-PE por financiamiento paralelo. Se trata del llamado delito de “penalidad del corruptor” (tal vez mejor llamarlo delito ‘de oferta ilegal’) descrito en el artículo 345 del Código penal. Con la noticia del hecho, el Ministerio Público promovió, a su vez, la causa penal a que se refiere el expediente 24-000031-0033-PE.

El artículo 345 del Código Penal dice: Las penas establecidas en los cinco artículos anteriores (modalidades de cohecho) serán aplicables al que dé, ofrezca o prometa a un funcionario público una dádiva o ventaja indebida.

Nota: lo escrito entre paréntesis no corresponde al texto original del artículo.

5.- Al disponer, perniciosa y arbitrariamente, que La Rueda de la Fortuna (programa de la Junta de Protección Social de San José) pasara de Canal 7, donde siempre disfrutó de un público masivo, al Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) con audiencia muy reducida, el Presidente incurrió en el delito de tráfico de influencias, previsto y sancionado por el artículo 52 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. La denuncia dio lugar al expediente judicial número 23-000082-0033-PE.

Dispone el citado artículo 52:

“Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro (. . .) Con igual pena se sancionará a quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior (. . .) Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán en un tercio, cuando la influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los Supremos Poderes, o del Tribunal Supremo de Elecciones, del contralor o el subcontralor generales de la República; del procurador general o del procurador general adjunto de la República, del fiscal general de la República, del defensor o el defensor adjunto de los habitantes, del superior quien debe resolver o de miembros de los partidos políticos que ocupen cargos de dirección a nivel nacional.”

6.- El presidente Chaves hizo sendos nombramientos ilegales en las personas de Cindy Quesada Hernández y Erika Nahrgang Rodríguez, y como ministro de Hacienda en el Gobierno Alvarado, había hecho lo propio con Jacqueline Soto Rivel. Expediente judicial número 22-000052-0033 PE.

ARTÍCULO 337.- Será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurrieren los requisitos legales.

7.- En suma, desde el inicio del Gobierno del presidente Chaves se ha observado en el presidente, en su Consejo de Gobierno y en varios de sus ministros una actitud desafiante ante el bloque de legalidad del País:

A) como fue el caso de la suspensión ilegal de algunos directivos de la Caja en 2022, que fueron reinstalados por la Sala Constitucional en 2023;

B) la misma Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia «en defensa de la libertad de prensa», anuló el abuso palmario de poder constituido por la orden de cierre emitida por el Gobierno contra el centro de eventos Parque Viva, propiedad del Grupo Nación y condenó al Ejecutivo al pago de daños y perjuicios;

C) miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional, fueron destituidos arbitrariamente en mayo de este año, violando autonomías garantizadas en la Constitución y en las leyes, tal como lo tiene establecido reiteradamente la Sala Constitucional. Se trata, como el anterior, de una clara desviación de poder, y su destino más que probable es la anulación.

Como consecuencia de la transgresión constante y el discurso disolvente e intransigente de don Rodrigo, el escenario actual es de odio, de confrontación y de zozobra; y estoy seguro de que él está consciente de ello. Y entonces, ante la inevitabilidad de su condena en algunas de las decenas de causas penales pendientes en su contra ¿qué hará?

¿Extremará su esfuerzo carismático apostando a un triunfo aplastante en las próximas elecciones, a fin de tratar de influir a posteriori en el destino de tantos procesos? Pero no cuente con ello, si Costa Rica mantiene la institucionalidad del Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

¿Tentará entonces el camino de la sedición, como algunas veces lo ha dejado entender? ¿se arriesgará al golpe de Estado, confiando en una supuesta lealtad de la Policía Administrativa, o en la remota posibilidad de ayuda militar de un país extranjero?

Ni el auténtico pueblo costarricense ni el orden jurídico interamericano lo permitirían; y nuestra Policía Administrativa conoce la Constitución. Y, por último, sería cruelmente irónico que una persona que vio transcurrir la vida fuera de la patria, regrese a hundirla en el caos de la reyerta fratricida, asegurándose con ello un lugar en el estercolero de la Historia, un piso por debajo de los Tinoco.

Poder Judicial: luces y sombras frente al abismo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rosaura Chinchilla Calderón
Abogada y docente en ejercicio de sus derechos convencionales

En 2021 se dictó una conferencia en el aniversario de la muerte de Ernesto Sábato que recoge parte del título de este artículo. Tanto los subtemas sobre los que discurrió la actividad (el mal, la libertad, la verdad y la crisis de la Modernidad) como las obras examinadas (El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abaddón el exterminador) nos remiten a los síntomas y efectos de la crisis de las democracias republicanas modernas: la incomunicación generada por polarización y la erosión del debate público ante la desinformación y los algoritmos; la identidad histórica fracturada generada por la desigualdad social, la exclusión y la corrupción; y el apocalipsis o implosión de modelos ante las guerras culturas, el populismo y los autoritarismos. En Costa Rica vivimos esa crisis y parte de ella toca al Poder Judicial y a quienes eligen a las magistraturas, es decir al Poder legislativo.

De la interrelación de tres trabajos recientemente presentados al público es posible desprender cómo, si bien el Poder Judicial costarricense es teóricamente una de las instituciones idóneas para contener el autoritarismo, las autocracias, los populismos y la corrupción, no se encuentra exenta de vicios estructurales que, como lastres, arrastra desde sus orígenes y se manifiestan en la politización histórica del gobierno judicial originada en compromisos partidarios y la captura de sectores que condicionaron su autonomía real y han erosionado la confianza ciudadana en una gestión independiente; la desconexión con las necesidades sociales manifestada en la mora y burocratización judicial y la falla sistemática en la tutela efectiva de los derechos de la población, en especial, de la más vulnerabilizada (migrantes, mujeres, niñez, población LGBTIQ+, personas con alguna condición de discapacidad, pueblos originarios, etc.). Me refiero al V Informe del Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación y los libros del sociólogo Manuel Solís Avendaño ¿Sin propósito de enmienda?: El vaciado de la legitimidad democrática y la investigación La formación del Poder Judicial en Costa Rica (1821-1892): autoritarismo, fragmentación y compromisos políticos y del historiador Carlos Humberto Cascante Segura, Premio Nacional de Investigación Cultural 2024.

Poco, realmente poco (“luces”), se ha hecho desde las fuerzas políticas democráticas nacionales para fortalecer desde fuera la estructura del Poder Judicial. Menos aún se ha efectuado a lo interno del Poder Judicial quien, ocho años después de su más visible y aguda crisis —que implicó la destitución de una de sus magistraturas y la sanción de otras—, ni siquiera ha podido gestionar el envío, a corriente legislativa, de alguna iniciativa de las entonces catalogadas como “urgentes” y menos ponerse de acuerdo para recibir en una sesión a una Relatoría para la Independencia Judicial de la ONU. Y, sin embargo, desde dentro y fuera, como la avestruz, se sigue haciendo lo de siempre, pese a que “Abaddón el exterminador” (la crisis de la civilidad) ya está entre nosotros y la democracia republicana está a punto de estallar en mil pedazos con la complicidad de quienes, desde el ejercicio del poder, pretenden mantener el status quo que les ha beneficiado creyendo que el estado de cosas actual es coyuntural (“sombras”).

Dentro de las luces, tal vez lo más significativa, haya sido el acuerdo legislativo N° 6933-22-23 con el que modificó su Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para transparentar las sesiones y votaciones, incluyendo las relacionadas con la designación y el régimen disciplinario de las magistraturas. También la aprobación de cambios legales para implementar la transparencia en el seno del Poder Judicial prevista por los artículos 11 y 27 de la Constitución Política y desarrollada en los votos 2003-2120 y 11750-2020 de la Sala Constitucional. Se trata de verdaderos faros que impiden pactos y componendas o, al menos, las exhiben y permiten sentar responsabilidades.

Sin embargo, la intensidad del halo de luz es insuficiente y persisten sombras en las esquinas, por ejemplo, en la permanente manipulación de los criterios de elección para designar a las magistraturas como anillo al dedo o traje para el emperador. Cada legislatura modifica las reglas a su antojo, cada Comisión de Nombramientos establece sus criterios y eso deja entrever el perfil de la candidatura que se aspira a promover: que si la entrevista vale 0, 20, 50 o 100; que si solo doctores de la ley; que si solo hombres o unas cuantas mujeres para adornar; que si recién salido de la universidad o con 20 años de experiencia o más, etc. Las reglas son caprichosas y, cuando la ciudadanía se descuida, las puertas giratorias de otrora (cuando se buscaba pasar de la diputación o de la asesoría parlamentaria o de políticos a la magistratura) inician su movimiento. No hay perfiles previos para cada puesto ni criterios invariables pese a que la Constitución Política alude a idoneidad comprobada (artículo 192) y a que el Estado ha suscrito tratados vinculantes de derechos humanos que obligan a adoptar políticas públicas para eliminar discriminaciones estructurales (por género, etnia, condición de discapacidad, etc.).

Se necesita una reforma al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa para establecer esos criterios con mayores niveles de rigurosidad y rigidez y que soporten los vientos interesados de turno, pero también son precisos cambios constitucionales, con reserva de ley incluida, para elevar los requisitos de aspiración, pues no basta hoy la misma edad y la mínima referencia a la experiencia y ocupación de hace dos siglos, cuando la esperanza de vida y el acceso a la educación han variado significativamente. También debe, el Legislativo, modificar la Carta Magna y la Ley Orgánica del Poder Judicial para suprimir de la competencia de la Corte Suprema de Justicia la casi totalidad de funciones ajenas a la jurisdiccional, con el fin de reforzar esta pues para la elección solo se toma en cuenta el perfil jurisdiccional que es el que, ¡vaya ironía!, menos aplican en su praxis muchas magistraturas, dada la cantidad de comisiones a las que deben dedicar su tiempo.

Dentro del Poder Judicial destellean muchas luces en la inmensa noche que vive el país, como el reciente voto de la Sala Constitucional relativo a la protección de los derechos de las personas migrantes expulsadas de Estados Unidos o el trabajo tesonero de cientos de funcionarios y funcionarias para atender los conflictos que se les someten a su conocimiento con la mayor prontitud y esmero. Empero, también se transita entre tinieblas en ciertos espacios o momentos. La luz del Derecho parece funcionar intermitentemente en ocasiones. Votos contradictorios sobre un mismo tema en una misma sala o entre salas de diversa materia; creación jurisprudencial, sin base legal, de criterios de admisibilidad en algunas de las salas; cambios de criterio en votos vía adiciones y aclaraciones (que teóricamente no permiten hacer tal cambio); oposiciones a proyectos de ley aludiendo a normas inexistentes o a criterios emitidos en otros momentos históricos; promoción de proyectos de ley que han requerido múltiples ajustes legales posteriores ante los errores internos y la falta de diálogo; decisiones que inobservan prueba; procesos disciplinarios ante la crítica fundamentada efectuada hacia ciertos liderazgos, son solo algunos de los ejemplos documentados.

Sin embargo, la resistencia al cambio es quizá, el síntoma más persistente y se manifiesta haciendo “como siempre” lo que, por haberse aprobado nuevas normas, obliga a hacer las cosas de otro modo. Veamos un ejemplo. Como se dijo, el Poder Legislativo aprobó, durante el presente cuatrienio, con mayoría calificada por afectar al Poder Judicial y con un amplio consenso de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, cambios a diferentes normativas para hacer realidad los principios constitucionales de rendición de cuentas y transparencia previamente reconocidos como tales por reiterada jurisprudencia constitucional y que, por ende, podían ser aplicados directamente si se hubiera querido, lo que no siempre se quiso. Fue así como emitieron dos reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ):

i) ley de “Publicidad e idoneidad en el proceso de elección del Fiscal o Fiscala General de la República”, N° 10401 del 14-11-2023, vigente desde el 30 de ese mes y año, con el que se reforman los artículos 15 y 23 de la LOPJ. Valga indicar que, sin esa ley, en una oportunidad se hizo la elección de ese cargo mediante votación pública a lo interno de la Corte Plena pero, luego, se puso como excusa “cumplir la ley” (y no la Constitución ni la jurisprudencia constitucional de mayor jerarquía) y fue ese cambio de criterio de las magistraturas lo que hizo necesaria la reforma legal.

ii) la “Ley para garantizar transparencia en las votaciones del Poder Judicial” No. 10325 de 09-11-2022, vigente desde el 11 de ese mes y año. Su emisión se dio luego de que, para que 12 magistraturas costarricenses (de un total de 22) eligieran a la actual Presidencia de la CSJ, en setiembre de 2022, se requirieran 19 rondas de votaciones a lo largo de dos meses. Si se tiene en cuenta que Robert Francis Prevost fue designado como papa León XIV con solo cuatro rondas en que intervinieron 133 cardenales electores de 70 países ubicados en los cinco continentes —ergo, con diferentes culturas e idiomas que, pese a ello llegaron rápidamente a una decisión— se evidencia la magnitud del entrabamiento burocrático de nuestro máximo tribunal. Esta ley reforma los artículos 5, 58 y 59 de la LOPJ. El numeral 58, en sus párrafos 7 a 9 indica, refiriéndose a la Corte Suprema de Justicia:

«Las sesiones y votaciones serán públicas a menos que por moción debidamente fundamentada y razonada, aprobada con el voto de al menos dos terceras partes del total de integrantes de la Corte Plena, se disponga que serán privadas.

Esta disposición procederá solo cuando exista una excepción calificada a los principios de transparencia y publicidad y, por ende, de aplicación e interpretación restrictiva, por lo que procederá únicamente para casos en los que la información que allí se discuta tenga naturaleza de secreto de Estado o de información de confidencialidad de terceros conforme a la ley.

De la sesión privada se levantará un acta de conocimiento público, de la cual solo se omitirán aquellas intervenciones o datos que no se pueden divulgar porque el ordenamiento jurídico así lo prohíba, según lo establecido en la moción aprobada al efecto.» (El destacado es agregado).

Del examen del texto legal aprobado y vigente se desprende lo siguiente:

1)- La norma no distingue si Corte Plena actúa como órgano administrativo, de gobierno, órgano administrativo decisor o tribunal jurisdiccional. Se refiere a toda vez que tenga que sesionar. No puede distinguirse donde la ley no lo hace y menos cuando la misma ley establece, expresamente, que deben interpretarse restrictivamente las excepciones que ella regula.

2)- La regla, entonces, es la publicidad tanto de la sesión como de la votación. Sesión y votación no son sinónimos, sino actos separados. Uno no implica el otro. Si se decide sesionar en privado se puede votar en público; si se decide sesionar en público se puede votar en privado; también se puede sesionar y votar en público o sesionar y votar en privado.

3)- La excepción a la regla de la publicidad, es decir la privacidad, debe acordarse de previo a sesionar o votar de forma privada. Debe especificarse si la moción es para la votación, para la votación o para ambas y debe cumplirse con varios requisitos:

3.1 ha de existir una moción previa (que se sesiona y vota en público por ser la regla), que alguna magistratura debe presentar y suscribir, en la cual debe especificar si se refiere a la sesión, a la votación o a ambas;

3.2 la votación de esa moción (para sesionar o votar en privado) debe ser aprobada con mayoría calificada de la totalidad de la magistratura, es decir con 12 de 22 votos;

3.3 la decisión que apruebe la moción de sesión o de votación privada debe estar motivada o fundamentada;

3.4 la decisión de privacidad de la sesión, de la votación, o de ambas, solo puede basarse en:

3.4.1 declaratoria de secreto de Estado (regulado, entre otros, en el artículo 30 párrafo segundo de la Constitución Política y los numerales 16 de la Ley General de Policía No. 7410 del 26 de mayo de 1994, 273 inciso 1 de la Ley General de Administración Pública; 293 del Código Penal y 303 de la Ley General de Aviación Civil) y,

3.4.2 confidencialidad de terceros (tal el caso de los actos en perjuicio de personas menores de edad según la Convención de los Derechos de los Niños y la Ley de Justicia Penal Juvenil; de actos sexuales en perjuicio de mujeres según el CPP, etc.).

En ambos casos (secreto de Estado y confidencialidad de terceros), debe existir reserva de ley que regule tales supuestos (en el mismo sentido el artículo 19 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública).

3.5 esa regla de privacidad debe interpretarse restrictivamente.

Pese a lo antes indicado, el 30 de junio y el 01 de julio, ambos de 2025 la Corte Suprema de Justicia acordó por mayoría (en el primer caso de 17 votos a favor y 5 en contra y, en el segundo, de 15 a 7) solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero de improcedibilidad penal (conocido como inmunidad) a varias autoridades del Poder Ejecutivo: en el primer supuesto al ministro de justicia y gracia y, en el segundo, al Presidente de la República y al ministro de cultura, juventud y deportes. En ambos supuestos ya había una acusación presentada por el Ministerio Público contra ellos.

Ninguna de las sesiones fue transmitida por streaming ni la prensa o el público tuvo acceso. Luego de ello se emitieron comunicados oficiales de prensa dando cuenta de la votación, aunque sin indicación de los nombres y el sentido en que cada magistratura votó. Tampoco se tuvo acceso, hasta donde tengo conocimiento, a la sesión y votación en que se presentó y votó la supuesta moción previa de privacidad y sus fundamentos.

Valga indicar que no conozco alguna ley que decrete la privacidad de las sesiones o de la votación cuando la Corte Suprema de Justicia, actuando como órgano jurisdiccional, resuelve un levantamiento de fuero de improcedibilidad penal, que es el argumento que la prensa manejó. La ley No. 10325 no distingue el tipo de actuación que genere la intervención de la “Corte Suprema de Justicia”. En el Código Procesal Penal (en adelante CPP, vigente desde 1998), se establece la privacidad solo para:

1.- La etapa de investigación o preparatoria (arts. 289, 295 y 296 CPP) que, según el espíritu legislativo, tiene como fin proteger la investigación en curso. Esta etapa de investigación finaliza con la presentación de una acusación como acto conclusivo (arts. 299, 303 y 310 del CPP). En los casos supra referidos, al ya haber acusación presentada, había fenecido la fase preparatoria y no aplicaba esa norma.

2.- La realización de la audiencia preliminar (art. 316 del CPP) fase a la que aún no se llega en tales asuntos.

3.- En la fase de juicio si se afecta la vida privada o integridad física de intervinientes; la seguridad del Estado; si peligra un secreto oficial, comercial o industrial; si se recibe a una persona menor de edad o testimonios de víctimas o testigos protegidos u otros casos dispuestos en la ley (art. 330 CPP) fase a la que aún no se llega.

4.- La deliberación una vez cerrado el debate (artículo 360 del CPP). Nótese que no se trata de otras deliberaciones sino solo la que sigue al juicio oral y público. Si alguna duda cabe, la regla de la ley No. 10325 es la interpretación restrictiva: donde dice “debate” solo puede entenderse eso. Ergo, no cabe la privacidad de la deliberación para otros actos procesales previos al juicio, como el levantamiento de la “inmunidad” en la que cada magistratura, al tenor de lo estipulado en el numeral 395 del CPP, solo puede votar por:

  1. rechazar la solicitud, si la persona acusada no tiene derecho de antejuicio;
  2. desestimar la acusación, si los hechos acusados no constituyen delito. Aunque este artículo, del CPP aprobado en 1996 alude a la Corte Plena, el numeral 56 inciso 2 de la LOPJ (reformado por ley No. 7728 de 15 de diciembre de 1997, es decir, ley posterior), estableció que esta competencia la ejerce solo la Sala Tercera y,
  3. trasladar la solicitud a la Asamblea Legislativa, sin emitir criterio de fondo porque, de hacerlo, adelantaría criterio y afectaría la imparcialidad de sus integrantes ya sea de Sala III (que juzgarán) o del pleno (que conocerían apelación o casación).

Según comunicados de prensa oficiales que replicaron varios medios, algunas magistraturas habrían votado “…por devolver el expediente al Ministerio Público consideraron que con la prueba que consta en el proceso, no es posible realizar el juicio de probabilidad sobre la comisión del delito que, a su criterio, exige la ley” (Cfr. Delfino) y ante ello saltan muchas preguntas que quedan, por ahora, sin respuesta:

  • ¿por qué hubo sesión y votación privada en la CSJ? ¿quién mocionó y cómo se votó tal cosa? ¿en qué norma se basó y si se interpretó restrictivamente? O, en su defecto ¿por qué no se aplicó la ley No. 10325?

  • ¿con fundamentó en qué norma las magistraturas que salvaron el voto analizaron el fondo de cada asunto? ¿adelantaron criterio? ¿se inhibirán de conocer el juzgamiento?

Reforzar la aplicación y explicación de criterios jurídicos y no discrecionales es parte de la tarea pendiente del Poder Judicial porque sus máximos órganos tienen, también, una misión de pedagogía jurídica y de orientación jurídica. Si no se tiene conciencia de esa responsabilidad y si no se actúa en consecuencia la furia ciudadana terminará, como ya lo han experimentado otros países, con reformas que se basen en juicios populares, aunque en el ínterin estos (como en el proceso del Jesús histórico o en la II Guerra Mundial) violen derechos humanos.

La labor por terminar de la actual Asamblea Legislativa es regular, de mejor manera, más objetiva y estandarizada conforme a pautas internacionales, el nombramiento de las magistraturas para crear ya no pequeñas lámparas sino reflectores plenos que alumbren y fortalezcan las competencias constitucionales del Poder Judicial.

Se trata, en definitiva, de seguir en la lucha contra las inmunidades del poder de que hablaba el autor español García de Enterría y no de apagar la luz de la democracia, la República y la independencia judicial la cual solo tiene razón de ser con su contracara de la responsabilidad en el ejercicio del cargo y no cuando se separa del Derecho.

La sombra que avanza: populismo y riesgos institucionales en la democracia costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por JoseSo
Analista Político

Costa Rica ha sido durante décadas un faro de estabilidad democrática en América Latina. Su sólida institucionalidad, su tradición de alternancia pacífica, la abolición del ejército y su apego al Estado de Derecho le valieron el reconocimiento como una «Democracia Plena» por índices internacionales, un título que pocas naciones en el mundo ostentan. Sin embargo, en los últimos tiempos, la retórica y algunas acciones del presidente Rodrigo Chaves Robles proyectan una inquietante sombra sobre este legado, encendiendo alarmas sobre los peligros del populismo y la insidiosa erosión de las instituciones democráticas.

El populismo, en su esencia, construye una narrativa maniquea: «el pueblo virtuoso» contra «las élites corruptas». Es una herramienta poderosa para movilizar apoyos, pero su lógica inherentemente confrontacional y antipluralista es incompatible con la democracia liberal, que se basa en pesos y contrapesos, en el respeto a las minorías y en la independencia de las instituciones. La retórica del presidente Chaves Robles contiene elementos preocupantemente alineados con este manual: ataques constantes y descalificaciones genéricas contra la prensa («prensa canalla»), contra el poder judicial (acusándolo de politizado o lento sin pruebas concretas), contra la Asamblea Legislativa (deslegitimándola como «disfuncional y corrupta») y contra órganos de control como la Contraloría General de la República. Este discurso no busca la crítica constructiva; busca minar la credibilidad de todo contrapoder, presentándolo como un enemigo del «verdadero pueblo» que él dice encarnar.

El paralelo latinoamericano: De la erosión a la autocracia, un espejo que nos negamos a ver nuestro reflejo

La historia reciente de América Latina ofrece ejemplos dolorosos de cómo este guión puede desembocar en tragedia democrática.

El Brasil en tiempos de Bolsonaro supuso el ataque a la legitimidad. Jair Bolsonaro ejemplificó la retórica agresiva y confrontacional contra las instituciones. Cuestionó sistemáticamente la independencia del poder judicial (especialmente el Supremo Tribunal Federal), atacó a la prensa («periodistas corruptos»), promovió teorías conspirativas y sembró dudas sobre la integridad del sistema electoral sin pruebas, culminando en el asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023. El patrón de deslegitimación constante de Chaves contra la Asamblea Legislativa y la prensa tiene ecos del estilo Bolsonaro.

La Nicaragua de Ortega de Revolucionario a Dictador: Daniel Ortega, una vez símbolo de lucha del pueblo nicaragüense desde el movimiento revolucionario legítimo de Augusto Cesar Sandino, contra la dictadura, ha construido una férrea autocracia. Eliminó la alternancia mediante reformas constitucionales, reprimió brutalmente la protesta social, encarceló a candidatos opositores, clausuró medios de comunicación críticos y ONGs, y anuló toda independencia institucional. Es un recordatorio sombrío de cómo figuras que llegan al poder por la vía electoral pueden, mediante el control progresivo de las instituciones, destruir la democracia desde dentro.

Más allá de la región: El resurgir global del autoritarismo

El fenómeno no es exclusivo de América Latina. En Hungría, Viktor Orbán ha construido una «democracia iliberal» debilitando el poder judicial, controlando los medios y cambiando leyes electorales para perpetuarse. En Turquía, Recep Tayyip Erdoğan ha concentrado poder de manera alarmante. En Estados Unidos, el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 fue el clímax de una campaña de deslegitimación constante de las instituciones electorales por parte de Donald Trump. Estos ejemplos demuestran que las democracias, incluso las consolidadas, no son inmunes a la erosión populista y autoritaria.

Costa Rica: La fragilidad de lo sólido

La gran fortaleza de Costa Rica ha sido precisamente la solidez y el prestigio de sus instituciones. La Sala Constitucional («Sala IV»), la Contraloría, el TSE, la prensa libre, son pilares que han garantizado el equilibrio. El peligro de la retórica de Chaves Robles no es que vaya a instaurar una dictadura mañana.

El peligro es más insidioso: la normalización del ataque a las instituciones. Cada descalificación infundada, cada intento de socavar su autoridad, cada intento de concentrar poder o de presentar los controles democráticos como obstáculos, debilita la cultura de respeto institucional que sostiene la democracia. Es la erosión lenta, la grieta que se agranda con cada embate retórico.

Defender la Casa Común

La democracia costarricense no es invulnerable. Su fortaleza histórica no garantiza su futuro inmutable. La retórica populista y con rasgos fascistizantes (simplificación extrema, enemigo interno, ataque a la pluralidad) del presidente Chaves Robles representa un riesgo claro para su institucionalidad. Las comparaciones con Venezuela, Brasil, Argentina, Nicaragua y otros ejemplos globales no son alarmismo infundado; son advertencias basadas en patrones observables. Son lecciones de cómo comienza el declive democrático: con palabras que dividen, que deslegitiman, que siembran desconfianza en los pilares que sostienen la república.

La defensa de la democracia plena costarricense no es tarea solo de políticos o jueces. Es responsabilidad de toda la ciudadanía, de la prensa independiente, de la academia, de la sociedad civil organizada. Requiere vigilancia activa, rechazo firme a la retórica divisionista y autoritaria, y un compromiso inquebrantable con la defensa de las instituciones que, aunque perfectibles, son el escudo que ha protegido a Costa Rica de los abismos que han sufrido otros. Que el faro costarricense no se apague por la complacencia o el miedo a señalar los peligros.

La democracia centenaria merece y exige este debate.

Reo político… pabellón oeste

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

El miércoles 14 de mayo no lo olvidaré. En su habitual conferencia de prensa, convertida en el podio desde donde el oráculo presidencial del odio, esparce esparciendo el contenido de su cicuta verbal para envenenar el alma de los costarricenses, no solo amenazó con enfrentar a la Guardia Civil con la policía del OIJ, como si fuera un redondel de pelea de gallos, sino que también hizo una referencia a la Guerra Civil del 48, nuevamente haciendo gala de su supina ignorancia sobre la realidad socio política de aquel momento y las fuerzas en disputa; pero ya sabemos que la ignorancia es atrevida y si se utiliza desde el poder, se vuelve también, irresponsable.

Pues bien, esa referencia me hizo sacar de mi biblioteca un libro: “Niñas y Niños del 48 Escriben”, una bella colección de narraciones escritas por los que, en aquel momento, éramos los güilas que habíamos visto aquellos hechos y lo que sucedía a nuestro alrededor, con nuestros ojos asustados, incrédulos, llorosos y angustiados. En ese libro de relatos en dos tomos, recopilados por la Dra. Mercedes Muñoz como editora y publicado por la UCR, junto con decenas de ellos conté lo sucedido a mi familia con la captura y encarcelamiento injusto de mi padre, en un artículo que se titula Reo político…pabellón oeste.

Esa era la dirección que, con el nombre de papá, se debía poner en el sobre con las cartas que aún conservo, los encargos y los medicamentos que él requería cuando estuvo preso por envidias y “ser mariachi” en la Penitenciaría Central o La Peni. Horas, días, semanas muy amargas en la memoria de aquel carajillo de un poco más de cinco años que, si bien no entendía todo el intrincado de lo que sucedía, ni las carreras de mi hermano mayor José Francisco y mi Tío Paco en el ir y venir de la cárcel o en busca de ayuda, o las lágrimas de mi madre y hermanas, sentía el profundo dolor y la angustia de la familia por la terrible ausencia de mi padre a quien adoraba y adoro todavía.

Pues bien, como dije antes, junto a mi relato hay decenas contados por “los niños y niñas del 48; los hay de todos los bandos, ganadores y perdedores, ya fueran mariachis, figueristas, ulatistas, comunistas, católicos o ateos, pero en todos ellos hay un hilo en común que los une: el dolor, la pena, el sufrimiento. No importa el bando, todos sufrimos de mil formas, no importaba el color, pero si el dolor que tocó las puertas de los hogares de aquellos 800.000 costarricenses que por entonces vivíamos; la familia costarricense se dividió por años, las consecuencias fueron muchas y diversas; pero poco a poco sanamos heridas, olvidamos rencores, recobrando la tranquilidad.

Nos convencimos de que solo en paz lograríamos salir adelante, que nada valía más que la sangre de un costarricense y los errores cometidos, que los hubo, no debían repetirse, que las diferencias se arreglarían por medio del diálogo y del consenso que habíamos heredado, como rico patrimonio y herencia histórica marcada en nuestro ADN cultural, desde aquel año1821 y el Pacto de Concordia. En estos 77 años transcurridos desde 1948 claro que nos hemos equivocado y cometido errores, muchos se han corregido, otros evitado, quedan otros por enmendar y revisar el rumbo del timón de esta barca en que navegamos todos, seres humanos susceptibles de equivocarse, pero capaces de corregir dentro de la institucionalidad; por eso, lo que nos está pasando no lo podemos permitir.

Nadie, absolutamente nadie, ningún presidente, gabinete y allegados pueden pretender saltarse la Constitución y las leyes. Todos ellos nacieron después del 48 y los güilas de aquellos años, ya viejos ochentones los que aun quedamos, les reclamamos y exigimos respeto. Ninguno de los que exhiben su prepotencia, arrogancia, ignorancia o mala fe, en las conferencias de prensa, tarimas arrabaleras de pueblo en pueblo o curules trastocadas en albañal del lenguaje, deben olvidar que son funcionarios públicos a nuestro servicio y no focas nombradas para aplaudir al presidente; jamás deben olvidar que, mientras esté vigente nuestro Estado de Derecho, los ciudadanos conscientes de esa herencia democrática, haremos el máximo esfuerzo para que prevalezca la ley contra aquellos que pretenden corromperla e ignorarla. Los compatriotas que, a Dios gracias, no tuvieron que pasar por ese dolor y angustia de una guerra civil, y por el contrario heredaron este país con un ICE, una CCSS, las Garantías Sociales y tantas instituciones logradas en democracia, tienen la obligación es defenderla con la mejor de las armas que brinda el sistema de libertad que nos quieren robar: el voto, eso sí, meditado e inteligentemente utilizado.

Guardo la esperanza que muchos vamos a seguir los pasos que señala la ley y la justicia para defender nuestro estado social de derecho y, a lo mejor, muchos temen que a las cartas se le cambie la dirección: para x, reo corrupto, … máxima seguridad.

La jornada esclavista de 12 horas de trabajo a discusión amplia, en la Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El expediente legislativo de la jornada esclavista que quiere establecer jornadas de trabajo de 12 horas diarias, sin pago de horas extras, con reducción proporcional del aguinaldo y de las futuras pensiones que los trabajadores podrían llegar a tener, se rechazó para ser discutido en el trámite parlamentario, bajo la modalidad de “trámite rápido”.

Este trámite permite discutir el expediente del proyecto de ley en trámite de una manera muy rápida, de allí su nombre, “trámite rápido”. De esa manera se reduce el tiempo de discusión de las mociones, y del mismo proyecto de ley, a fracciones ridículas de tiempo reloj de los diputados que quieran opinar sobre el Proyecto de Ley. Pero, especialmente, el «trámite rápido” está hecho para limitar el tiempo y reducirlo de los que se oponen al proyecto de ley bajo esa modalidad de discusión. En la práctica es para aprobarlo sin discusión.

Para establecer el trámite rápido de discusión se requiere una votación calificada de 38 diputados. Es natural que así sea por la importancia de reducir el tiempo y calidad de discusión del proyecto sometido a este trámite, de un tema tan sensible como es el establecimiento de jornadas de trabajo de 12 horas diarias.

El lunes pasado en la Asamblea Legislativa votaron en contra de la aplicación del trámite rápido nueve diputados del Partido Liberación Nacional, Dinorah Barquero, Oscar Izquierdo, Alejandra Larios, Luis Fernando Mendoza, Katherine Moreira, Rosaura Méndez, Francisco Nicolás, Pedro Rojas y Monserrat Ruiz, los cinco diputados Jonathan Acuña, Sofía Guillén, Antonio Ortega, Priscila Vindas y Rocío Alfaro del Frente Amplio y los diputados Gloria Navas, Kattia Cambronero, Cynthia Córdoba, Johana Obando, considerados “independientes”, además de Luz Mary Alpízar, presidenta del Partido Progresista Social Demócrata.

De estos diputados, Johana Obando, Cynthia Córdoba y Kattia Cambronero, a pesar de estar a favor del proyecto de la jornada de 12 horas, votaron en contra del trámite rápido porque responsable y conscientemente consideraron que por la importancia de la discusión el trámite debe ser el ordinario, con una discusión amplia, profunda, más seria, por la importancia de lo que se quiere aprobar. Bien hicieron estos diputados a favor de la democracia nacional y parlamentaria, de darle más pensamiento a este Proyecto de Ley. Además, señalaron estos diputados que se necesitaba que en el Proyecto de Ley de las 12 horas de trabajo diario, se establecieran propuestas que reforzaran la inspección laboral, las redes de cuido, las situaciones particulares de los trabajadores independientes, y negociaciones que incluyeran a otros sectores y actores sociales.

No es un problema de creer o no creer en el Proyecto, como el diputado Daniel Vargas señaló. Es un asunto que debe aprobarse no por creencias favorables, sino por datos que así confirmen y justifiquen la necesidad y bondad de la jornada de 12 horas diarias. En el mundo, en Europa particularmente, en los países de la OCDE, organización de la cual formamos parte, la tendencia es a reducir el tiempo de trabajo semanal a 36 horas o menos, y de rebajar la jornada diaria a 6 horas sin disminución del salario. Esto sí garantiza mayores oportunidades a más trabajadores. Esto sí garantiza turnos de trabajo con mayor contratación de trabajadores, mayor calidad en el trabajo y menor cantidad de accidentes de trabajo que se producen por el estrés de la extensión de las jornadas, como por las malas condiciones de seguridad e higiene ocupacional. En Costa Rica el promedio anual de accidentes de trabajo, atendidos por el Instituto Nacional de Seguros y su maravilloso Hospital del Trauma, atiende más de 110.000 (ciento diez mil) trabajadores, personas atendidas, por accidentes bajo la modalidad de jornadas de ocho horas. ¿Qué tal sería con jornadas esclavistas, extenuantes de 12 horas de trabajo, con menos horas garantizadas para el descanso diario?

El expediente legislativo de la jornada esclavista se discute en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Actualmente tiene alrededor de 200 mociones presentadas para ser conocidas. Con el trámite rápido pudieron haberse cortado. Sin el trámite rápido pueden aumentarse las mociones de discusión, alargando su discusión a varios meses que se mezclarían con los meses del proceso electoral, lo que no quieren los representantes de los esclavistas en la Asamblea Legislativa, que así se mezcle. Recordemos una situación parecida, la discusión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

El Tratado había sido negociado por los gobiernos socialcristianos de Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco. En diciembre del 2004 el presidente Pacheco firmó el Tratado, que se discute entre gobiernos, a nivel de los Poderes Ejecutivos. El trámite que seguía era presentarlo a los diputados para que le dieran el aval respectivo en el año 2005. Pero, el año 2005 era, como ahora, 2025, un año electoral. Las elecciones serían en febrero del 2006, como serán en el 2026.

Inteligentemente, Abel Pacheco, y los sectores que le apoyaban en ese Tratado, entendieron que no era un tema de discusión parlamentaria en período electoral. Así, Abel Pacheco le dio el trámite legislativo al Tratado en diciembre del 2005 que era, en ese tiempo, período de sesiones extraordinarias, que estaba suspendido por las elecciones. De esa manera, el Tratado iniciaría su discusión parlamentaria en febrero, pasadas las elecciones, ganara quien ganara, fuera Oscar Arias u Ottón Solís, finalistas principales de ese proceso electoral, con Ottón Solís, quien tenía una posición floja de oposición al Tratado, que terminó discutiéndose, con un amplio debate nacional durante el 2006 y 2007, cuando se resolvió su aprobación por la convocatoria de un Referéndum Nacional, en el gobierno de Oscar Arias, quien se impuso en las elecciones.

En mi opinión esto es lo que más le conviene a la discusión del proyecto de ley de la jornada esclavista de 12 horas diarias. Que se discuta en el 2026, pasadas las elecciones, con el nuevo gobierno y la nueva Asamblea Legislativa.

Si el actual gobierno de Rodrigo Chaves se siente afectado por el trámite ordinario y no rápido que se aprobó el lunes, no tiene nada que perder porque está confiado, el presidente Rodrigo Chaves, de que la próxima Asamblea Legislativa tendrá un mínimo de 38 diputados a su favor, que continuarán su obra de gobierno, y con ellos podría aprobar esa jornada de trabajo, si así de fácil fuera.

La decisión de los diputados del lunes pasado puso en evidencia algunas cuestiones políticamente importantes.

1.- El candidato presidencial del partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, se opuso al trámite rápido. No se ha opuesto de manera definitiva al fondo de la Ley, pero ya es algo. Hizo bien Álvaro Ramos de oponerse al trámite rápido. No fue suficiente su posición para haber logrado mayor cohesión en la fracción de diputados de ese partido, que solo puso nueve diputados de los 18 que tiene en contra del trámite rápido. Evidencia en cierta forma su débil candidatura, no tan consolidada como líder político interno en ese partido. ¿O, jugaron las dos cartas, a favor y en contra? Solo ellos, como partido lo saben. Liberación Nacional, con su tradición social demócrata, debió estar defendiendo la jornada de ocho horas diarias, así lograda desde 1920, fortalecida en 1943 y 1949, y respetada desde entonces en los nueve gobiernos que tuvo Liberación Nacional desde 1953 hasta el 2014.

Ninguno de los ministros de Trabajo de Liberación Nacional alzó su voz o se hicieron sentir en la actual discusión para imponer la jornada esclavista de 12 horas.

Liberación Nacional ha bajado sus banderas laborales, de defensa y de representación de sectores laborales. No tiene la influencia que antaño tenía en sindicatos, ¿o la tendrá negativamente, en el momento actual, haciendo que los sectores laborales organizados que se identifican con ellos no se pronuncien en contra de la jornada de 12 horas y de otros temas sensibles, como la defensa de los salarios y pensiones?

2.- El partido Unidad Social Cristiana con ocho de sus diputados, Horacio Alvarado, Melina Ajoy, Leslye Bojorges, María Marta Carballo, Carlos Felipe García, Carlos Robles, Alejandro Pacheco y Daniela Rojas, se abanderaron con el proyecto de las jornadas esclavistas. Con ellos estaban igualmente abrazados los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón Fournier, y el hasta ahora candidato presidencial de ese partido, Juan Carlos Hidalgo. Grave error político.

La Reforma Social más importante del país, la lograda en 1943, fue hecha en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, en alianza con la Iglesia Católica, dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria, y con el Partido Comunista, dirigido por Manuel Mora Valverde.

Pilar esencial de la Costa Rica democrática a partir de la segunda mitad del siglo XX. La Reforma Social, en este campo fue respetada por el jefe y presidente de la Junta de Gobierno, José Figueres, lo que se materializó en la Constitución actual de 1949. Allí también quedaron inscritas, entre otras cosas, en letra de oro, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, instituciones atacadas a muerte por el actual gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

El Partido Unidad Social Cristiano, impulsado por Rafael Ángel Calderón Fournier, hijo del caudillo de la Reforma Social, ha claudicado de la Reforma Social. Se ha empeñado con sus diputados en venir acompañando todas las políticas anti sociales, anti Reforma Social, que se han venido implementando desde 1990.

El Partido Unidad Social Cristiano que se decía el heredero de esa Reforma Social ya no existe. De hecho, ha eliminado su adjetivo de socialcristiano. Sus principales dirigentes son neoliberales en todas sus concepciones políticas y económicas. Cuando desde el 2012 Rafael Ángel Calderón Fournier y otros dirigentes de la Unidad Social Cristiana, iniciaron procesos de coalición, con sectores derechistas y neoliberales, echaron por la borda las banderas social cristianas de la Reforma Social, y borraron de la memoria histórica la figura de Rafael Ángel Calderón Guardia.

En las elecciones del 2014 la ruptura de Rafael Ángel Calderón Fournier con la Unidad Social Cristiana impulsando al Dr. Rodolfo Hernández, quien renunció a su candidatura, a pocos días del cierre de inscripción de candidato ante el TSE, les llevó a formar el partido Republicano Social Cristiano, que trataba de reivindicar para sí la figura de Rafael Ángel Calderón Guardia sin éxito alguno, al punto de que este partido ya ni existe ni sus dirigentes opinan de nada, relacionado con la defensa de los temas sociales de la Reforma Social de 1943. Rafael Ángel Calderón Guardia está casi convertido en un recuerdo antediluviano, que las lluvias del tiempo han ido borrando.

La Unidad Social Cristiana ante las próximas elecciones iza las peores banderas, las políticamente antisociales. Se alía y casa con el actual gobierno antidemocrático, autoritario, despótico, antisistema de Rodrigo Chaves. En nada se distingue de este gobierno. Están como si fueran el furgón de cola del gobierno. El expresidente Miguel Ángel Rodríguez avalando la jornada de 12 horas empieza a borrar la importante reforma laboral de su gobierno a favor de los trabajadores.

3.- El partido Nueva República, con sus diputados Rosalía Brown, Olga Morera, David Segura, José Pablo Jiménez y su candidato presidencial Fabricio Alvarado, estuvieron, como han estado de furgón de cola del actual gobierno de Rodrigo Chaves, apoyando las jornadas, nada cristianas y esclavistas de 12 horas de trabajo diario.

4.- Tres diputados del partido Liberal Progresista, Gilberto Campos, Luis Diego Vargas, y su candidato presidencial Eliécer Feinzaig, de igual modo se montaron en el tren antisocial del gobierno chavista.

Contradictorio comportamiento cuando al mismo tiempo Eliécer Feinzaig, y sus diputados, acusan al presidente de la República, ante la Fiscalía General de la República, por sus aviesas y perversas amenazas directas a la democracia, al sistema democrático, al Estado de Derecho y a la paz social.

5.- Los diputados del Frente Amplio, Jonathan Acuña, Sofía Guillén, Antonio Ortega, Priscila Vindas y Rocío Alfaro, hicieron honor a su trabajo parlamentario y a la defensa que han mantenido de los temas sociales. La única fracción parlamentaria que ha sido consecuente en esta lucha y con estas banderas.

Este fue el escenario político de la sesión parlamentaria del lunes. ¿Qué sigue? La lucha sostenida contra la Jornada esclavista de trabajo de las 12 horas diarias. El apoyo a los diputados que se oponen a ella. Llevar esta discusión hasta el nivel de las elecciones que se aproximan obligando a que los candidatos presidenciales y a diputados se pronuncien sobre este tema. Obligar a que los partidos políticos que participarán en las elecciones digan con claridad de qué lado están, del lado de las jornadas esclavistas o en contra de ellas. Hacer de la discusión de las jornadas esclavistas una jornada de lucha similar a la de la oposición contra el Tratado de Libre Comercio y del Referéndum.

6.- El Proyecto de Ley de la Jornada esclavista de 12 horas ya había sido aprobado en el 2023, pero fue rechazado por la Sala Constitucional, que lo anuló por vicios en el trámite de su aprobación legislativo.

7.- Ninguno de los partidos que ya están inscritos en el proceso electoral próximo, se ha pronunciado sobre este régimen de jornadas de trabajo. Por ahora siguen siendo partidos mudos, ciegos y sordos frente a la discusión de los grandes temas nacionales. ¿Qué esperan de los electores? ¿Qué ofrecen a los electores?

8.- La ley de 12 horas que se pretende imponer es violatoria de Tratados Internacionales, de Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, aprobados por Costa Rica, de Tratados que tienen que ver con Derechos Humanos y con la propia Constitución Política nacional.

Compartido con SURCOS por el autor.

La oposición política en el nuevo Directorio Legislativo. Una ligera radiografía de su integración

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El pasado 1º de mayo se eligió el Directorio Legislativo, para la Cuarta Legislatura, que va desde ese primero de mayo hasta el 30 de abril del año próximo.

Para descalificarlo se ha afirmado que es un Directorio de Oposición Política. Pero ¿qué se esperaba?, si el gobierno no tiene mayoría de diputados propios, y los 8 diputados, que tiene, carecen de capacidad de negociación, lo que no les ha permitido, que al menos por “cortesía”, le dieran la posibilidad de que un diputado afín al gobierno presidiera la Asamblea Legislativa. Además, en este último año el presidente Chaves ha arreciado violentamente su discurso contra los poderes públicos y, especialmente, contra la Asamblea Legislativa y contra todos los diputados que no son afines al gobierno, o que no se someten a sus dictados y órdenes como trata de hacerlo, y los ha tratado como la escoria política nacional y como delincuentes.

En los dos gobiernos anteriores, del Partido Acción Ciudadana, con no más de 13 diputados electos, se le dio la posibilidad de que ejerciera la Presidencia de la Asamblea Legislativa. Hubo en ese sentido gobiernos respetuosos de la independencia de los Poderes públicos y capacidad de negociación para lograr esa presidencia legislativa. Fueron presidentes legislativos del Partido Acción Ciudadana, Henry Mora Jiménez del 2014 al 2015 y Carolina Hidalgo Herrera, del 2018 al 2019.

Las elecciones nacionales, las que se realizan para elegir presidente y vicepresidentes de la República, y los diputados del Poder Legislativo, son dos mundos aparte, son dos escenarios diferentes, son dos procesos en los cuales el pueblo electoral, los electores, los ciudadanos, el SOBERANO, como encarnación del PUEBLO, se divide en su votación y en sus resultados.

Por un lado, se elige al presidente y por otro a los diputados. La práctica histórica nos enseña que al elegir a los diputados NO SIEMPRE los votantes que le dan la mayoría al presidente, se la dan también con mayoría de diputados. Al contrario, dan PODER LEGISLATIVO a los otros partidos para que desde la Asamblea Legislativa CONTROLEN al presidente y a sus funcionarios de gobierno. Ese CONTROL POLITICO es un instrumento del equilibrio democrático que surge del mismo proceso electoral y de la existencia misma del Estado de Derecho en la constitución de sus Poderes Públicos, con funciones propias, exclusivas e indelegables.

Un presidente tiene que saber lidiar con esta situación si desea que su gobierno resulte airoso en sus proyectos y acciones políticas. Para ello, el presidente DEBE TENER capacidad enorme de negociación, de tolerancia política y de convencimiento para trazar líneas nacionales que puedan ser avaladas por los diputados de “oposición”, como “visión país”, en el que todos están interesados. Para eso surgió la figura del ministro de la Presidencia, para colaborar en la cogestión del gobierno entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, por lo que se escoge para ministro de la Presidencia a personas de extrema confianza del presidente, al punto que cuando el ministro de la Presidencia habla o se pronuncia, se entiende que habla o se pronuncia el presidente de la República. Un ministro de la Presidencia sin esa fuerza y relación es como un cuadro colgado en una pared. Es un puesto que equivale a un Jefe de Gabinete o un primer ministro, como se nombra en otros países.

El Ministerio de la Presidencia se estableció en 1961, empezando en 1962 con Mario Quirós Sasso, como su primer ministro, en el gobierno de Francisco Orlich. Las funciones que se le dieron fueron de coordinar las labores interinstitucionales e interministeriales, ser interlocutor entre el presidente y los Poderes públicos, el Legislativo, el Judicial y el Electoral. De allí el error político garrafal que ha manifestado el presidente Rodrigo Chaves de amenazar y de chantajear a la Asamblea Legislativa de no nombrar ministro de la Presidencia si se elegía, especialmente al frente de la misma, al diputado Rodrigo Arias Sánchez, sobre todo cuando durante los meses de mayo, junio y julio se está en Sesiones Extraordinarias, que son las que trabajan contra la presentación de Proyectos de Ley por parte del Poder Ejecutivo.

Quienes critican que el Directorio es de oposición no entienden la realidad del electorado que eligió una Asamblea Legislativa para que ejerciera control ciudadano y político sobre la gestión pública y gubernativa.

Esto ha sido así siempre en los procesos electorales. Una breve revisión histórica así lo comprueba.

En la experiencia histórica que ha tenido Costa Rica, durante el período de la Segunda República, 1948-2025, hubo años, 1948-1969, en que no se permitió participar a costarricenses con partidos propios. Sin haberles eliminado su condición de electores, se les prohibió votar por ellos mismos, por los candidatos que ellos querían. Así sucedió por el Decreto No. 105 de la Junta de Gobierno, de julio de 1948, y por el Segundo párrafo del Artículo 98 de la Constitución Política, que se aprobó el 7 de noviembre de 1949, que puso fuera de la ley al Partido Comunista de Costa Rica, a Partido Vanguardia Popular y a otros partidos, cuando aparecieran miembros de ese partido en algún trámite de inscripción de partidos, lo que permitía que por ello se impugnara su inscripción. Los excluidos, los proscritos sin partido, se veían obligados a votar por la opción política que consideraran más democrática o menos conservadora de lo que se ofrecía a los votantes. Así, por ejemplo, la izquierda comunista en las elecciones de 1953 llamó a votar por Fernando Castro Cervantes, en 1958 por Mario Echandi y en 1966 llamó a votar por Daniel Oduber contra José Joaquín Trejos. Esta es la Historia Política nacional, sin edulcorantes. ¿Por qué ponerse, por parte de algunas personas de izquierda, más papistas que el Papa cuando no encuentran o no tienen un partido por el qué votar? ¡Si lo tienen, a votar por él!

Lo que se define en esta decisión, en el momento actual de Costa Rica, es lo que se juega en el proceso electoral próximo, inmediato. MAS democracia o MENOS democracia, MAS Estado de Derecho o MENOS estado de Derecho. ¡Cuidado!, MAS libertades y derechos ciudadanos o MENOS libertades y derechos ciudadanos. ¡CUIDADO MAYOR!: la entronización de un gobierno más autoritario, avanzando hacia un gobierno dictatorial, tiránico, de tipo fascista…

En el período de la Junta de Gobierno, 1948-1949, hubo dos elecciones. La que se hizo para integrar la Asamblea Constituyente, que funcionó durante el año 1949, y la elección de diputados en 1949, para darle una Asamblea Legislativa, debidamente integrada a Otilio Ulate, a quien se le reconoció la Presidencia de la República, anulada en marzo de 1948, que empezó a ejercer el 9 de noviembre de 1949. Esto por cuanto la Asamblea Legislativa electa en 1948 fue anulada.

El grupo militar triunfante en la guerra civil de 1948 actuó como
Ejército de Liberación Nacional, lo que motivó en 1951, que José Figueres Ferrer y su grupo constituyeran, con ese nombre, el Partido Liberación Nacional el 12 de octubre de ese año, para seguir participando en las elecciones en el juego electoral democrático, pudiendo quedarse como grupo militar dominante por más años en el Gobierno y en el Poder. Desde entonces existe el Partido Liberación Nacional, siendo el más viejo de los actuales partidos de este período republicano.

De los sucesos de 1948 sobrevivieron solapadamente los grupos que fueron derrotados, excepto los comunistas que sí estaban bien identificados y debidamente proscritos.

De las fuerzas que se movieron con el figuerismo, en su lucha armada, los seguidores de Ulate y los seguidores de Mario Echandi Jiménez, se fueron distanciando del figuerismo y le ofrecieron resistencia electoral, junto a los calderonistas que empezaron a manifestarse electoralmente a partir de 1953.

Durante los procesos electorales de 1949, 1953 y 1958 la Asamblea Legislativa eligió 45 diputados. A partir de 1962 se estableció la cantidad de 57 diputados.

En la trayectoria parlamentaria no siempre el partido político que ganaba la presidencia de la República ganaba la mayoría de diputados.

En los procesos electorales de 1953 y 1958 Liberación Nacional dominó mayoritariamente la Asamblea Legislativa con 20 diputados en las dos ocasiones.

En las elecciones de 1953 participaron a nivel presidencial dos partidos, Liberación Nacional que impuso el primer gobierno constitucional de José Figueres. Su opositor fue Fernando Castro Cervantes, que movilizó, con el partido Demócrata, a seguidores de Ulate, de Mario Echandi que le inhabilitaron su participación electoral, a calderonistas, y a comunistas, opositores de Figueres. Los republicanos y comunistas no pudieron participar.

En esta elección de 1953 Liberación Nacional obtuvo 30 diputados de 45.

En 1958, con la candidatura de Mario Echandi, su partido Unión Nacional, derrotó a Liberación Nacional. También participó el partido Republicano que recogía el calderonismo sobreviviente del 48. En esta ocasión el figuerismo había tenido una ruptura, una separación, que llevó a Jorge Rossi Chavarría a separarse de Liberación Nacional, y participar con partido propio, que incluyó a Miguel Brenes Gutiérrez, como segundo vicepresidente, persona de confianza de las fuerzas calderonistas y comunistas antes de 1948.

El grupo de Echandi incluyó a Rafael Ángel Calderón Guardia como candidato a diputado, lo que facilitó su regreso del exilio forzado que tenía en México. El partido Liberación Nacional ganó la mayoría de los diputados, 20, de 45 diputados, el echandismo sacó 10 diputados, el partido calderonista 11 diputados y 4 diputados fueron electos por otros dos partidos. Así Echandi gobernó con una Asamblea Legislativa sin mayoría parlamentaria, y con un partido, Liberación Nacional, que prácticamente duplicaba los otros diputados. En esas condiciones Mario Echandi gobernó, vetando leyes que no le parecían y la Asamblea Legislativa resellándoselas, como era el camino constitucional establecido y respetado. Para la posteridad histórica, Mario Echandi elegantemente recogió en un libro todos sus Vetos presidenciales.

A partir de las elecciones de 1962 la cantidad de diputados que se elige es de 57, siendo la mayoría parlamentaria de 29 diputados.

De todas las 18 Asambleas Legislativas electas desde 1953 hasta el 2022, Liberación Nacional ha tenido 14 veces la mayoría de los diputados desde 17 hasta 33 diputados electos. La Coalición Unidad que eligió a Rodrigo Carazo tuvo la mayoría legislativa con 27 diputados en 1978 y fue la segunda fracción más grandes en 1982 con 18 diputados. La Unidad Social Cristiana tuvo la mayoría legislativa en 1998, con 27 diputados siendo la segunda Liberación Nacional, con 23, y en el 2002 la Unidad Social Cristiana logró 19 diputados, Liberación Nacional 17 y Acción Ciudadana, que surgía en ese momento, tuvo 14 diputados.

No se ha superado la cifra de 33 diputados para un partido político en la Asamblea Legislativa. El presidente Rodrigo Chaves, en su campaña abiertamente contra todos los partidos políticos existentes, y contra los que están en la Asamblea Legislativa, en sus tribunas políticas y beligerantes de los miércoles, ante cualquier micrófono y medio de comunicación que se le presente, como el pasado 5 de mayo, en la Asamblea Legislativa, ha venido insistiendo que SU MOVIMIENTO DE JAGUARES, debe sacar 40 diputados en el 2026.

En su perorata del 5 de mayo bajó la cifra a 38 diputados, que es el límite de la mayoría calificada de los 38 diputados importante para hacer grandes reformas institucionales.

En las elecciones del 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022 Liberación Nacional mantuvo la mayoría de los diputados en 25, 24, 18, 17 y 19 correspondientemente.

En las elecciones del 2010 Acción Ciudadana obtuvo 11 diputados, el Movimiento Libertario 11 diputados y la Unidad Social Cristiana 6 diputados. En la elección de 2014 Acción Ciudadana, que era partido gobernante, obtuvo 13 diputados y en el 2018, que también fue partido gobernante, tuvo 10 diputados y la Unidad Social Cristiana tuvo 9 diputados.

En la elección del 2022, el Partido Progreso Social Democrático, que es el partido que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia obtuvo 9 diputados, al igual que la Unidad Social Cristiana. Los otros partidos obtuvieron 6 diputados cada uno.

En 1962, con Francisco Orlich, Liberación Nacional ganó la presidencia y la mayoría de 29 diputados, de los 57 que constituían la Asamblea, como es hasta hoy su integración parlamentaria. El resto se lo repartieron tres partidos, entre ellos el Republicano Nacional con 18 diputados.

En 1966, bajo el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, que ganó con una coalición contra Liberación Nacional, se impuso una mayoría legislativa de Liberación Nacional de 29 diputados, y el resto se repartió entre tres partidos. De ellos, 26 de la Coalición Unidad.

En la elección de 1970, José Figueres se impuso y Liberación Nacional logró 32 diputados, la Unidad Nacional logró 22 y tres diputados más entre dos partidos. Dos de estos diputados abrían el camino de la participación de la izquierda en las elecciones, a partir de entonces, con la elección de Manuel Mora Valverde y Marcial Aguiluz Orellana.

En la elección de 1974, con Daniel Oduber, Liberación Nacional sacó 27 diputados y el resto se repartió entre siete partidos políticos, entre ellos Unidad Nacional con 16 diputados y 14 diputados repartidos entre seis partidos.

La elección de 1978 que ganó Rodrigo Carazo, con una coalición obtuvo 27 diputados, Liberación Nacional 25 y tres partidos más lograron el resto de 5 diputados. El gobierno de Carazo tuvo oposición mayoritaria legislativa.

La elección de 1982 impuso la presidencia de Luis Alberto Monge con 33 diputados. Los restantes se dividieron entre cuatro partidos, la Coalición Unidad tuvo 18 diputados.

La elección de 1986 que llevó a la primera presidencia a Oscar Arias, Liberación Nacional logró la mayoría de 29 diputados y los restantes 28 se los distribuyeron cuatro partidos.

La elección de 1990, que la ganó por primera vez la Unidad Social Cristiana con Rafael Ángel Calderón, también le dio la mayoría de 29 diputados al PUSC, y los restantes diputados se los distribuyeron cuatro partidos. Liberación obtuvo 25 diputados.

En la elección de 1994 que ganó José María Figueres Olsen, Liberación Nacional logró 28 diputados, el PUSC eligió 25 y cuatro partidos lograron 4 diputados.

En las elecciones de 1998 la presidencia la logra Miguel Ángel Rodríguez con 27 diputados, Liberación Nacional con 23 y cinco partidos logran 7 diputados.

A partir de las elecciones nacionales del 2002 surgen las segundas rondas electorales para definir la presidencia de la República. Pero, en cada una de esas elecciones se definieron desde las elecciones de febrero, en las primeras rondas, la composición de la Asamblea Legislativa.

Elecciones con segunda ronda electoral fueron la del 2002, 2014, 2018 y 2022.

La elección del 2002 la gana Abel Pacheco, con el PUSC, que logra 19 diputados, Liberación Nacional obtiene 17 diputados, y el Partido Acción Ciudadana, que participa por primera vez, logra 14 diputados. Otros 7 diputados se distribuyeron entre dos partidos.

La elección del 2006 condujo a Oscar Arias a su segunda presidencia constitucional, sin segunda ronda, en la cual Liberación Nacional logra 25 diputados, el partido Acción Ciudadana 17 diputados y seis partidos se distribuyen 15 diputados, entre ellos la Unidad Social Cristiana con 5 cinco diputados.

La elección del 2010 elige por primera vez a una mujer en la Presidencia de la República, a Laura Chinchilla Miranda del partido Liberación Nacional, que logra 24 diputados, el partido Acción Ciudadana 11, y 22 diputados se los distribuyeron seis partidos.

La elección del 2014, con segunda ronda, con un candidato presidencial de Liberación Nacional, Johnny Araya Monge, que públicamente rehusó participar en la segunda ronda, sin poderse retirar oficialmente, llevó a la presidencia de la República a Luis Guillermo Solís, candidato del partido Acción Ciudadana, momento histórico en que se superaba el tradicional bipartidismo presidencial entre Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

Hasta este momento la historia de las elecciones presidenciales había girado entre Liberación Nacional y sus opositores históricos que culminaron en la Unidad Social Cristiana. Se iniciaba la época del tripartidismo, cuando tres partidos políticos obtenían la Presidencia de la República.

La elección del 2014 impuso una mayoría parlamentaria de Liberación Nacional de 18 diputados, 13 de Acción Ciudadana, 9 del Frente Amplio, 8 de PUSC y 9 diputados de otros 5 partidos.

La elección del 2018, en segunda ronda electoral, de nuevo lleva al partido Acción Ciudadana al gobierno. Una elección muy reñida en la cual Liberación Nacional no quedó como alternativa final de las elecciones, siéndolo el partido Restauración Nacional que postuló a Fabricio Alvarado.

Por primera vez, en su historia Liberación Nacional no llegó a gobierno ni a finalista de una segunda ronda. La Unidad Social Cristiana ya estaba ausente de estas posibilidades desde la elección del 2006.

En la elección del 2018 Liberación Nacional logró 17 diputados, el partido Restauración Nacional 14, Acción Ciudadana 10, la Unidad Social Cristiana 9 y 7 diputados se los distribuyeron 3 partidos.

La elección del 2022 quebró la tradición. Impuso un nuevo partido político, recién hecho para esa elección, Partido Progreso Social Democrático, que llevó en una segunda ronda a Rodrigo Chaves Robles a la Presidencia, que se le termina en mayo del 2026, y sacó del escenario electoral al partido Acción Ciudadana, que no obtuvo ni siquiera un diputado, luego de tener dos gobiernos seguidos. Con Rodrigo Chaves inauguramos el tetrapartidismo en el gobierno: cuatro partidos han ejercido el gobierno de la República.

¿Iremos en la próxima elección, de febrero del 2026, a un pentapartidismo, a otro partido nuevo en el gobierno de la República, a uno de los jaguares que impulsa el presidente Chaves? Como posibilidad esto puede darse. No hay que dormirse si no queremos que esto suceda.

El comportamiento del electorado en las últimas dos elecciones es interesante. En la del 2018 en la primera ronda hizo surgir peligrosamente como primer finalista a Fabricio Alvarado con una bandera muy anti derechos humanos, y a Carlos Alvarado por el contrario, como el abanderado defensor de los derechos humanos. La segunda ronda se definió en un esfuerzo muy apretado a favor de Carlos Alvarado, que estaba en el segundo lugar finalista.

La elección del 2022 llevó a la segunda ronda a José María Figueres de Liberación Nacional, como primer finalista y, sorpresivamente, a Rodrigo Chaves como segundo finalista, triunfando Chaves en la segunda vuelta, con una desmovilización y abstencionismo grande en contra de Figueres y de Liberación Nacional, que fue lo que resultó electoralmente.

¿Se repetirá algo así, en el próximo proceso electoral, frente a una opción emergente, nueva, que enfrente en el leguaje beligerante del presidente Chaves a todos los partidos políticos, especialmente a los tradicionales, a todos los que han tenido diputados en el pasado y en esta Asamblea Legislativa?

Esto es parte de lo que está en juego en estas elecciones. La ciudadanía activa, consciente y preocupada por el devenir de la Patria debe poner las barbas en remojo.

El nuevo Directorio legislativo es lo mejor que le ha ocurrido a la Asamblea Legislativa, para su última Legislatura.

Presidencia: Rodrigo Arias Sánchez (PLN),

Vicepresidencia: Vanessa Castro (PUSC),

Primera secretaria: Carlos Felipe García (PUSC),

Segunda secretaría: Gloria Navas (independiente),

Primera prosecretaría: Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático),

Segunda prosecretaría: Geison Valverde (PLN).

El oficialismo, con sus diputados independientes, intentó entrar en este Directorio. La presidenta del Progreso Social Democrático, Luz Mary Alpízar fue electa sin ser candidata oficial del grupo de diputados que constituye el apéndice legislativo del presidente Rodrigo Chaves.

La Presidencia en la figura del diputado Rodrigo Arias Sánchez se lució en el reconocimiento que le dieron los diputados en su nombramiento. Más se distinguió, y fue el ejemplo claro de la importancia de su nombramiento, cuando tuvo que contestar, el 5 de mayo, el discurso de plaza pública, de carácter electoral, que hizo el presidente Rodrigo Chaves, atacando a los diputados y a los poderes públicos, desmintiéndole y confrontando elegantemente su perorata, que no tenía nada de “relativo a los diversos asuntos de la Administración y al estado político de la República y en el cual deberá, además, proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del Gobierno, y el progreso y bienestar de la Nación”, como establece su obligación constitucional de hacer.

Rodrigo Arias volvió a mostrar su Señorío, su Don de gentes, su cultura y educación que le caracterizan, su capacidad discursiva respetuosa, pero firme, sin dobleces, con la frente en alto y con la energía que le da el ser el Representante más distinguido del pueblo costarricense que dirige la Asamblea Legislativa.

Rodrigo Arias se levantó orgullosamente como el gran defensor del Estado de Derecho y de las libertades y derechos amenazados por el inquilino de Zapote.

Compartido con SURCOS por el autor.

¿Quo vadis, Costa Rica? Un país a la deriva

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gerardo Castillo Hernández*

Después de más de dos siglos de vida independiente y más de setenta años de democracia continua, Costa Rica atraviesa una de sus peores crisis de confianza política y social. El deterioro del Estado social, la degradación institucional y la desorientación ideológica del actual gobierno dibujan un país confuso, fragmentado y carente de liderazgo con visión.

Las señales son múltiples: la inseguridad ciudadana que desborda barrios y comunidades, el crecimiento de la pobreza estructural, el desencanto con los partidos tradicionales y la improvisación tecnocrática del poder actual. A esto se suma una creciente polarización que intoxica la discusión pública. El país, como en el antiguo interrogante romano, parece preguntarse a sí mismo: ¿Quo vadis, Costa Rica?

Balance: ¿Dónde está la verdad?

Ante un clima social tan polarizado, urge acudir a la evidencia y el análisis crítico. A continuación, se abordan algunas de las preguntas más candentes del debate público, con datos y perspectiva.

¿Está quebrada la CCSS?

No. A pesar de sus dificultades financieras y estructurales, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no está quebrada. Tiene problemas de liquidez, rezago tecnológico, presión por envejecimiento poblacional y evasión patronal, pero también posee un sólido patrimonio, infraestructura extendida y una base de cotizantes que aún la sostiene. Decir que está quebrada es una afirmación alarmista que no resiste el análisis técnico. Lo que necesita es reforma, no demolición.

¿La prensa miente y es canalla contra el gobierno?

No. La prensa tiene fallas, como en cualquier democracia, pero en Costa Rica sigue siendo un contrapeso legítimo al poder político. Las acusaciones de “prensa canalla” desde el Poder Ejecutivo forman parte de una estrategia internacional de desprestigio mediático usada por liderazgos populistas de derecha y de izquierda. Los medios, a pesar de sus intereses empresariales, han visibilizado actos de corrupción, contradicciones del gabinete y decisiones poco transparentes. El periodismo crítico no es enemigo de la democracia, sino su garantía.

¿La oposición exagera cuando dice que Chaves no respeta el Estado de derecho?

No exagera. El presidente ha demostrado en múltiples ocasiones una actitud autoritaria, desde la confrontación directa con la Sala Constitucional hasta los vetos o amenazas públicas a diputados y órganos autónomos. La desinstitucionalización y el debilitamiento de los controles republicanos son hechos concretos. Su forma de gobierno se basa más en la lógica del “gerente supremo” que en la del estadista dialogante. Respetar el Estado de derecho implica reconocer límites, algo que el actual mandatario ha desafiado constantemente.

¿El tono del presidente es respetuoso o soez?

Es sistemáticamente soez y confrontativo. Sus comparecencias públicas están marcadas por la burla, el doble sentido, el sarcasmo y un tono que raya en la humillación. Este tipo de discurso presidencial no solo empobrece el debate político, sino que instala una cultura de la agresión como método de liderazgo. El lenguaje de un jefe de Estado importa; configura el clima democrático, y en este caso, lo erosiona.

¿Se usan correctamente las redes sociales en política?

No. Las redes sociales han sido utilizadas por el gobierno más como herramienta de propaganda y control narrativo que como canal de diálogo ciudadano. Se promueve el culto a la personalidad del mandatario, se bloquean voces críticas y se fomenta la polarización a través de ataques digitales. Esta forma de usar las plataformas digitales distorsiona la esfera pública y refuerza la desinformación, debilitando la democracia deliberativa.

¿Ha sido productiva la Asamblea Legislativa durante este período?

La Asamblea ha tenido avances en algunas materias, pero ha funcionado bajo tensión permanente con el Ejecutivo. El oficialismo, sin bancada propia sólida, ha recurrido a alianzas coyunturales, vetos y presiones externas para gobernar. El Ejecutivo, por su parte, ha descalificado frecuentemente el trabajo legislativo, debilitando la legitimidad de un poder que representa la pluralidad política nacional. La falta de diálogo institucional ha afectado la gobernabilidad democrática.

¿Hacia dónde vamos?

Costa Rica se encuentra ante una disyuntiva histórica. Seguir profundizando el deterioro del Estado social, debilitando sus instituciones y empobreciendo el debate público, o reconstruir una visión colectiva de futuro basada en el respeto, la equidad y la participación.

El cambio que el país necesita no vendrá de una figura mesiánica, sino de una ciudadanía crítica, movilizada y consciente del valor de sus instituciones. Costa Rica no está perdida, pero necesita urgentemente reencontrar su rumbo.

San José, 6 mayo 2025

*Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE).

¿Qué hacer? Una reflexión sobre la izquierda política hoy

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Considerando a la izquierda política como aquellos movimientos sociales, o partidos políticos, que de una u otra manera se autoproclaman representantes de los sectores populares, frente a los sectores oligárquicos o políticamente dominantes, en el contexto de una sociedad política, y económicamente dividida en clases sociales, se puede afirmar que la izquierda costarricense surgió a finales del siglo XIX, al calor también de la influencia que empezó a tener la información sobre los movimientos anarquistas, socialistas y comunistas que estaban surgiendo internacionalmente, de lo que se tenía noticia, así como de las luchas sociales y populares del movimiento obrero y sindical organizado, que también empezó a repercutir en el país.

La clave de la definición de la izquierda fue la lucha por el poder popular, por el poder político en manos de la clase obrera, en su versión más clásica, y la instauración de un sistema político superior al capitalismo, llamado socialismo, como antesala al comunismo o la sociedad comunista. Para lograr este objetivo todo espacio político era aprovechable, especialmente la lucha organizada de la clase trabajadora y los espacios parlamentarios que se pudieran obtener.

La izquierda costarricense históricamente así la podemos representar, en distintas etapas o momentos históricos, y desde distintos ángulos de análisis.

Así, durante el período liberal, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la izquierda se puede representar, en el plano político, en la figura de Félix Arcadio Montero, el último Rector de la Universidad de Santo Tomás, que hacia 1886, frente al movimiento liberal, que hacía que sus miembros se identificaran con el “partido liberal”, cuando aún no habían surgido los partidos políticos, impulsó un partido de obreros, trabajadores y artesanos, distinguiendo de esa manera los dos grandes grupos sociales, y políticos, de la sociedad costarricense, al tiempo en que ya se habían desarrollado, desde 1874, las Sociedades de Artesanos, Sociedades de Trabajadores y Sociedades de Obreros, que eran claramente clasistas en las cuales solo podían organizarse Artesanos, Trabajadores y Obreros, período en el que empezó a surgir con una intensa prensa social una clara “conciencia social de clase”.

A partir de 1890 cuando surgieron los partidos políticos, tal y como los conocemos hoy, y mediante los cuales solo por medio de ellos se podía aspirar a puestos de elección popular, Félix Arcadio Montero organizó el Partido Independiente Demócrata, con una definición más clasista, convocando a sus filas a los chaquetas, descamisados y descalzos, obligando a que los partidos oligárquicos de esos años crearan, bajo sus banderas, Clubes de Obreros, Clubes de Artesanos y Clubes de Trabajadores, con el propósito de atraer sus filas a los trabajadores, obreros y artesanos.

En ese final de siglo los trabajadores eligieron diputados que se identificaban con ellos en general. Así fueron electos Félix Arcadio Montero, Faustino Montes de Oca, ambos por el Partido Independiente Demócrata y Víctor Gólcher, por uno de los partidos liberales.

Su planteamiento político descansaba en que desde el Congreso se podían hacer leyes que beneficiaran a los trabajadores en general. No había una clara concepción de la toma del poder para la clase trabajadora. Su preocupación fue elegir diputados.

Esta tesis se conoce como la lucha política parlamentarista, donde se concentra toda la atención en el papel de los discursos parlamentarios promoviendo leyes o enfrentando posiciones, sin vincular esa acción legislativa a la lucha por el poder político para la clase o clases trabajadoras.

A principios del siglo XX surgieron las ligas de obreros y los sindicatos, tal y como los conocemos hoy. Huelgas se dieron en el siglo XIX y desde principios del siglo XX.

En la década de 1910 hubo diputados representantes de los trabajadores como Aristides Montero Segura, hijo de Félix Arcadio Montero. En 1905 se fundó la primera Federación de Trabajadores y, en 1913, la primera Confederación General de Trabajadores, impulsando niveles más altos de organización y de lucha. El Centro de Estudios Germinal, impulsado por Omar Dengo, Joaquín García Monge, Carmen Lyra, José María Zeledón Brenes fue clave en este fortalecimiento del movimiento obrero, que ese mismo año, 1913, empezó a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo, a la par de la celebración de la rendición de William Walker, que originaba el día feriado.

La sociedad costarricense se había transformado. Había un desarrollo urbano pujante y un desarrollo industrial que marcaba el inicio del capitalismo en el país, a la par de un capitalismo agrario en marcha con las inversiones extranjeras en banano especialmente. Era el inicio de la época del imperialismo y de la política del Gran Garrote de los Estados Unidos.

Para las elecciones de 1913 participaron tres partidos obreros, el partido Obrero en Limón, el partido Obrero en Grecia y el partido Obrero en San José. Estas tres ciudades concentraban importantes grupos de obreros y trabajadores, agrícolas e industriales.

Las ideas anarquistas, socialistas y comunistas habían llegado a Costa Rica desde finales del siglo XIX. Las socialcristianas también con la Encíclica Rerum Novarum. Hasta aquí no había un planteamiento local de la toma del poder para la clase trabajadora.

Fue el Dr. Aniceto Montero, quien había estudiado en Europa y se había ligado a la Asociación Internacional de Trabajadores, la II Internacional, y al movimiento político de los bolcheviques dirigido por Lenin, quien a partir de 1917 intenta fundar un partido Socialista leninista, impulsor de la lucha de clases sosteniendo que la clase obrera debía gobernar y dirigir el país, y propiciando como modelo de nueva democracia y más amplia la Dictadura del Proletariado. Aniceto fue el antecedente político más importante al Partido Comunista, que se funda en 1931.

En el período legislativo 1920-1924 uno de los fundadores del Centro Germinal, José María Zeledón fue diputado.

Durante esos años hasta la muerte de Lenin en 1924, impulsó las ideas comunistas y la idea de la Dictadura del Proletariado como un concepto de una democracia superior a la existente, en tanto representaba más ampliamente a la sociedad costarricense en todos sus trabajadores, mientras para él los gobiernos hasta entonces existentes era de grupos oligárquicos.

En esos días Farabundo Martí, que había pasado por Costa Rica, en 1919, funda el partido Comunista de Centro América, en 1920. La Revolución Rusa provocaba en Europa levantamientos populares en distintos países y regiones.

Frente al movimiento Socialista del Dr. Aniceto Montero surgió el Partido Reformista de Jorge Volio, que lo eligió diputado, junto a Julio Padilla, en la década de 1920 y con ellos se logró materializar la lucha de la Ley de Accidentes de Trabajo en 1925, que se venía luchando desde 1908. En 1922 Vicente Sáenz fundó un Partido llamado Progresista, y en 1935 el Partido Socialista Costarricense. Otras expresiones partidarias a finales de la década de 1920 fueron la sección costarricense del APRA, “Alianza Popular Revolucionarias Americana”, de Víctor Raúl Haya de la Torre. Igualmente importantes fueron la Confederación Obrera Centroamericana desde 1914, la Confederación Obrera Panamericana, en cuya fundación en 1919 estuvo Joaquín García Monge, representando al movimiento obrero costarricense. Se intentó fundar el Partido de Unión de Centro y Sur América y las Antillas, en 1927. En ese período había fuertes movimiento unionistas centroamericanos.

En el segundo lustro de la década de 1920, en los años de 1925 a 1930, se dieron diversos grupos y movimientos políticos de izquierda que no participaron en elecciones, hasta que en las elecciones de medio período, de 1930, se inscribió el Partido Alianza de Obreros, Campesinos e Intelectuales que impulsó sin éxito electoral la candidatura a diputado de Joaquín García Monge, la de Ricardo Moreno Cañas y la de Alejandro Montero Segura, hijo de Félix Arcadio, entre otras candidaturas.

En junio de 1931, en medio de la crisis de la gran depresión se fundó el Partido Comunista de Costa Rica que, a partir de ese año hasta 1948, pasó a representar a la clase trabajadora nacional y a hacerse abanderado de la lucha por el socialismo y comunismo en el país, con gran sentido de la realidad, entendiendo que eso no era posible hasta que en la mayoría de los países del mundo y en las sociedades avanzadas, como la de Estados Unidos, ese proceso no estuviera en marcha, lo que se ha llamado el “comunismo a la tica”, que impulsó el Partido Comunista de Costa Rica, con su principal líder Manuel Mora Valverde.

Su preocupación política fundamental, desde entonces fue, al igual que los partidos políticos que levantaron la representación popular, fue meramente parlamentarista, es decir llegar con diputados al Congreso o a la Asamblea Legislativa, para desde allí impulsar o contribuir a impulsar legislación social, y reformas sociales y políticas avanzadas para el Estado y a sociedad costarricense. Ir avanzando en un fuerte conciencia social y política. No hubo en términos reales una propuesta de toma del poder para la clase trabajadora, ni siquiera como lucha política, más allá de así declararlo en determinados documentos políticos.

El Partido Comunista se hizo heredero directo de las luchas obreras y sus organizaciones sociales, especialmente de la Unión General de Trabajadores, que le sirvió de base de crecimiento en el período de la Gran Depresión, 1931-1934 y hasta 1938.

A partir de 1934 hasta 1948 el Partido Comunista eligió sus diputados. En la elección de 1939 se constituyó en la segunda fuerza política electoral, con un 9% de votación a su favor. El éxito de su crecimiento, entre otros elementos estaba que alrededor de las luchas parlamentarias movilizaban sectores populares en su apoyo. Los años duros de la II Guerra Mundial facilitaron la alianza en el gobierno del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, del gobierno, la Iglesia Católica encabezada por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y el Partido Comunista, dirigido por Manuel Mora Valverde, alianza que condujo al cambio de nombre del Partido Comunista por Partido Vanguardia Popular y a la Coalición política Bloque de la Victoria, para las elecciones de 1944 entre estas fuerzas postulando a Teodoro Picado Michalski a la Presidencia de la República, sin que Vanguardia Popular tuviera un solo ministerio en su gabinete.

La izquierda socialista, así puesto, no ha tenido experiencia de ejercer gobierno. Ha tenido la experiencia de participar en procesos electorales, especialmente desde 1934 hasta 1948 y partir de 1970.

En el período de la Segunda República hasta 1975 el Partido Comunista, o Vanguardia Popular, estuvo formalmente ilegalizado, sin posibilidad de participar directamente en elecciones. En 1962 apoyó al Partido Acción Democrática Popular que eligió a Julio Suñol Leal. A partir de 1970 eligió a Manuel Mora Valverde y a Marcial Aguiluz Orellana, momento a partir del cual se crearon las condiciones para eliminar las restricciones constitucionales y legales que existían sobre su participación electoral. Para este momento, habían surgido en el país otras fuerzas políticas de izquierda, el Partido Revolucionario Auténtico, el Movimiento Revolucionario del Pueblo y el Partido Socialista Costarricense, que empezaron a participar en elecciones. En 1974 el Partido Socialista lanzó su consigna “¡El pueblo al poder! ¡Tiemblen ricos! Ese año bajo el liderazgo de Rodolfo Cerdas Cruz, un excomunista, se fundó el Frente Popular que lo llevó a la Asamblea Legislativa. Y en 1978 estas fuerzas se coaligaron con Vanguardia Popular en Pueblo Unido, llegando a elegir en 1982 a cuatro diputados. Pueblo Unido fue un esfuerzo muy importante de unidad política, que quiso ampliarse a sectores progresistas e independientes de la social democracia y el socialcristianismo.

Las elecciones, como mecanismo de participación popular, solo conducen a la toma del gobierno y a la representación parlamentaria y municipal. No estrictamente a la toma del poder político como palanca del poder estatal.

Ni siquiera en la alianza política de 1943 para impulsar y aprobar la Reforma Social de la Garantías Sociales y del Código de Trabajo, se logró que el Partido Comunista, ya llamado Vanguardia Popular, como resultado de esa alianza, obtuviera un Ministerio, en el final del gobierno de Calderón Guardia, 1943-1944, o en el de Teodoro Picado, 1944-1948, que resultó de la coalición Bloque de la Victoria, en 1944, ni siquiera para dirigir la Secretaría de Trabajo.

Cuando ha habido ministros de izquierda o de tradición comunista en el período posterior de 1948, como fue el Dr. Arnoldo Mora Rodríguez, quien había sido militante del Partido Socialista Costarricense, Ministro de Cultura del Gobierno de José María Figueres, 1994-1998, o de Patricia Mora Castellanos, militante de Vanguardia Popular, de Fuerza Democrática y del Frente Amplio, que fue Ministra de la Mujer, en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022, ninguno de ellos resultó de una alianza política de sus Partidos con los partidos gobernantes, Liberación Nacional o Acción Ciudadana. Fueron escogidos literalmente a dedo, por méritos personales o reconocimientos políticos pero no por pactos o alianzas estratégicas de los partidos políticos. Fueron circunstancias particulares que los llevaron a esas alturas del poder políticos expresado en el Gobierno. Arnoldo Mora fue ministro los cuatro años de gobierno. Patricia Mora ministra casi tres años de gobierno porque renunció al mismo con motivo de las reformas retrógradas que impulsaba el gobierno de Carlos Alvarado, con las cuales no estaba de acuerdo.

Los partidos de izquierda, el Socialista Costarricense había sufrido una crisis divisoria a finales de la década de 1970 que se agudizó a inicios de la década de 1980, provocando su desaparición. El Movimiento Revolucionario del Pueblo igualmente desapareció en esta década. El Partido Vanguardia Popular tuvo su dramática crisis divisoria a mediados de la década de 1980, divisiones que afectaron a todos los movimientos sociales y sindicales del país, provocando en mucho su debilitamiento actual.

Las grandes luchas populares de 1970, contra la ALCOA, contra el Combo del ICE en el año 2000 o contra el TLC, en el 2006 y 2007 tuvieron otros resortes, que contribuyeron a las grandes movilizaciones, que a su alrededor se realizaron. En las tres luchas había diputados activos que se convertían en los elementos aglutinadores de las movilizaciones populares que se hacían a favor de las luchas que ellos daban en la Asamblea Legislativa. Ese fue un factor determinante. Había movimientos estudiantiles activos, que se movilizaban políticamente desde la izquierda. Había sindicatos con importante influencia de la izquierda que también se movilizaron. Hoy, por ejemplo, los sindicatos del ICE, de la CCSS, del INS, del BPDC, del sector bancario y de las instituciones públicas casi no se sienten frente a las amenazas que existen contra esas instituciones y contra sus sectores laborales, por los despidos que se están realizando. Los sindicatos magisteriales han perdido mucho su capacidad de combate, ni siquiera en defensa de su sistema de pensiones. Los sindicatos no se sienten frente al congelamiento de salarios de casi cinco años que existe proyectado para los próximos cuatro años. Ninguna lucha social, después de TLC, se ha realizado apoyando gestión legislativa alguna.

Electoralmente ha habido un ciclo de subibajas parlamentarias, especialmente con la participación del Frente Amplio desde el 2006, sin que alrededor de sus diputados igualmente se haya hecho alguna movilización popular trascendente. El Partido Acción Ciudadana tampoco sirvió para fortalecer parlamentariamente luchas o movilizaciones. Su segundo gobierno fue un retroceso institucional en el país. Los diputados de estos partidos en estos años poca memoria afirmaron en el colectivo social. Los actuales diputados del Frente Amplio se distinguen como parlamentarios, pero sin arraigo fuera del recinto parlamentario. Con simpatías políticas sobre su ejercicio parlamentario, pero sin luchas alrededor de las cuales se les aglutinen sectores movilizados. Los grupos de orientación trotskista se mantienen activos, pero alejados de la organización y las luchas populares, con un visión de poder político sin ningún planteamiento real y posible de alianzas con otros grupos.

Frente a la elecciones próximas, las de febrero del próximo año, la militancia histórica de lo que fue la izquierda carece de una alternativa política real y posible. Hay discusiones de exmilitantes de aquellos partidos en que se plantean la posibilidad, que ya no existe, de formar un partido político. El escenario electoral ya está marcado. No hay posibilidad alguna de impulsar la inscripción de otro partido. Todavía no se ha señalado por el Tribunal Supremo de Elecciones cuáles son en definitiva los partidos inscritos. Parte de esta izquierda, sin militancia partidaria, discute si votar por el Frente Amplio o por el esfuerzo que está haciendo Acción Ciudadana de lanzar candidata presidencial. Con grandes dudas se realiza este debate y sin precisión de candidatos.

¿Frente a las elecciones próximas qué es lo que se está jugando? Esta es la pregunta principal. ¿La posibilidad de que el gobierno de Rodrigo Chaves Robles continúe con otro candidato y otro partido político? Este es el principal reto político nacional que existe. Esta es la realidad que no se está apreciando bien por esta izquierda política.

Frente a este peligro real el escenario que se está levantado es con los candidatos Álvaro Ramos de Liberación Nacional, de Claudio Alpízar de Esperanza Nacional, de Juan Carlos Hidalgo de la Unidad Social Cristiana, de Eli Feinzaig del Liberal Progresista, de Fabricio Alvarado de Nueva República. Por ahora no hay otros candidatos ni otras alternativas políticas, que permitan ir viendo hacia dónde van las procesiones de febrero.

Frente a las elecciones de febrero se juega la democracia política, la democracia institucional, el Estado de Derecho y la división de poderes, el Estado Social de Derecho, las Garantías Sociales a las que les quieren aplicar la guillotina, la jornada de trabajo 4-3, los sistemas de pensiones, el aumento de la edad de retiro para pensionarse, el traslado del pago del ROP hasta la edad de 115 años lo cual es un absurdo y un sin sentido, el debilitamiento mayor de la educación y salud pública, el aumento del desempleo, del trabajo informal, de los bajos salarios, el mayor incremento de la criminalidad, del narco estado y del narco gobierno de continuar el actual. Se juega la Soberanía Nacional, la Independencia Nacional y el régimen de libertades y derechos de los costarricenses. Esta es la realidad.

Frente a las elecciones de febrero próximo ya no hay posibilidad de realizar coaliciones políticas electorales. Todos los partidos van por la libre. Todos los ciudadanos “al garete”, a la deriva, sin control ni orientación política, lo que conduce a fortalecer el caos y desorden de la proyección posible del actual gobierno.

Recordemos que en Costa Rica no se puede reelegir un presidente. El presidente Chaves no se puede reelegir. Pero sí se puede reelegir un partido político. Se han reelecto los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana. En el ambiente político actual bien puede elegirse el candidato al que el presidente Rodrigo Chaves le dé el visto bueno y lo apoye para su elección. Esta es una realidad. No hay que engañarse, ni hacer la del avestruz.

Rodrigo Chaves, que había quedado de segundo en las elecciones de febrero del 2022, ganó porque electorado no votó por Liberación Nacional y especialmente por José María Figueres. Apostaron a una nueva cara y a un discurso que se ha afirmado más en la gestión de gobierno de Rodrigo Chaves, que es el discurso antisistema, anti todos los partidos políticos, anti todos los políticos, anti todos los que ha gobernado, anti todos los diputados actuales exceptuando a los que apoyan el presidente Chaves, el discurso de hacerse ver como el presidente de todos los costarricenses, de todos los trabajadores, de todos los excluidos y marginados socialmente, que todas esas fuerzas no lo dejan gobernar. Este discurso en Chaves sigue siendo válido. Lo recoge en cierta forma la simpatía y reconocimiento que tiene en las encuestas, que sus opositores, líderes y partidos no quieren ver bien ni analizar correctamente.

¿Y si como puede suceder Rodrigo Chaves se lanza a diputado en agosto? El escenario político va a cambiar. La lucha por las diputaciones va a ser lo más importante. Rodrigo Chaves candidato a diputado va a tener su propia fuerza. El partido que lo postule va a sacar sus diputados, no los 40 que Chaves dice que deben nombrarse nuevos, pero sí una importante mayoría. El partido que postule a Chaves tendrá igualmente mayor posibilidad de ir a finales en caso de una segunda ronda.

La izquierda debe recordar que en determinados escenarios hay que tomar decisiones importantes. Sin alternativa electoral, el partido Vanguardia Popular, en 1958 llamó a votar por Mario Echandi, bajo el concepto de “la oposición triunfará”, y en 1966 llamó a votar por Daniel Oduber de Liberación Nacional, que los había puesto fuera de la Ley y que en el gobierno de Francisco Orlich ilegalizó el Semanario Adelante.

El gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, apoyado por Liberación Nacional y José Figueres, nombraron a Manuel Mora Agente Comercial de Costa Rica para vender café y azúcar en los países socialistas, ante la crisis que tenía el país, lo que facilitó a pesar de la ilegalidad electoral al Bloque de Obreros en 1969, de la participación electoral del Partido Acción Socialista en 1970 que eligió a Manuel Mora y a Marcial Aguiluz, y la apertura de relaciones diplomáticas en el gobierno de Figueres, 1970-1974, con los países socialistas. Esta es la realidad política.

El partido Liberación Nacional especialmente tenía en su seno “sectores” de izquierda, progresistas y democráticos. También los había en otros partidos, así como había “independientes” de izquierda. Hoy estos “sectores” de izquierda no se tienen con claridad en esos partidos. ¿Pero los hay todavía democráticos? Esa es una lucha que no se da abiertamente en esos partidos. Pareciera que predominan los sectores conservadores y de la derecha política, alineados con la situación internacional dominante. La “izquierda” hoy es más variada y poco definida.

Para mí, la lucha electoral del 2026, de los próximos diez meses, estará centrada en la necesidad de preservar el desarrollo democrático nacional e institucional y los derechos sociales y laborales. Esta es la clave para definir el rumbo para ir a votar.

Escudo Democrático convoca «Marcha de Juan Santamaría por la Democracia en Costa Rica»

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Con el apoyo de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo el colectivo Escudo Democrático ha convocado la «Marcha de Juan Santamaría por la Democracia en Costa Rica». Esta actividad se realizará este viernes 11 de abril a las 7:00 de la mañana, con inicio en el edificio de los Tribunales de Justicia de Alajuela.

De acuerdo con la información compartida, la marcha tiene diversos objetivos, entre ellos la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, así como la independencia de los Poderes de la República y el respeto a la Constitución.

Las personas participantes también manifestarán su respaldo a una Caja Costarricense de Seguro Social pública, fuerte y solidaria, además de defender instituciones estratégicas como el ICE, el AyA y el INA.

Entre otras reivindicaciones se encuentran la educación crítica, libre y universal; la libertad de prensa y el derecho a disentir; los derechos laborales, ambientales y sociales; la agroindustria; y el derecho a organizarse, protestar y exigir rendición de cuentas.

La convocatoria está dirigida a la ciudadanía interesada en participar en esta manifestación por la democracia costarricense.