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Legitimidad de anular

Escrito en 24/03/2022. Publicado en Análisis, Coyuntura.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

No encuentro razones ideológicas, programáticas, legales ni éticas para votar por alguno de los candidatos en esta segunda vuelta.

Tanto Figueres Olsen como Chaves Robles son hijos ideológicos de un fenómeno político-económico mundial gestado en la década de los años ochenta del siglo pasado. A partir de la era Reagan-Thatcher y el llamado Consenso de Washington, se abre paso al desmantelamiento del modelo de Estado Benefactor y su expresión jurídica, el Estado de Derecho. Ya no habrá tanto la necesidad de golpes de estado militares, bastará con la dictadura del mercado impuesta a través de la libérrima competencia, privatización de los servicios públicos, reducción al mínimo de instituciones y el debilitamiento máximo del Estado y su función contralora/reguladora. Al mismo tiempo, se “flexibilizan” las leyes y derechos laborales y se promete, en vano, ingresar a una era de prosperidad y desarrollo de la que todos se beneficiarían. Ya Figueres, dos décadas atrás, nos dio testimonio de ser alumno aplicado en materia de cerrar instituciones y servicios públicos, favorecer la concentración de riqueza y debilitar un aparato estatal con muy poca capacidad de administrar y controlar los excesos de las élites económico-políticas. Por su parte, Chaves es un funcionario internacional de carrera en el Banco Mundial, es decir, un burócrata encargado, por varias décadas, de aplicar aquellas mismas recetas, patentemente fracasadas, en los países en vías de desarrollo.

Cuarenta años después de emprender estos caminos, los resultados son evidentes. Sin necesidad de entrar en detalles, tanto en los Estados Unidos de América como en Inglaterra, el empobrecimiento generalizado, el ensanchamiento de la brecha económica y la reducción efectiva de los derechos fundamentales de grandes mayorías, se consolidan en toda su brutalidad. En el caso latinoamericano, el buque insignia de estas políticas, la república de Chile, se debate hoy en la urgencia de cambiar de rumbo ante los resultados desastrosos del modelo. En el caso costarricense, esta ruta nos ha llevado de ser una de las tres naciones con mejor índice de equidad, a convertirnos en una de las diez más inequitativas de la región.

Por esto, gane quien gane el próximo 3 de abril, en lo esencial, el modelo económico a seguir, no tendrá grandes diferencias. Será más de lo mismo, incluidos desdichadamente las concesiones del PAC en los últimos años. Seguirá creciendo la inequidad en la sociedad costarricense, un porcentaje cada vez menor de familias concentrarán un porcentaje cada vez mayor de la riqueza y, a la inversa, las clases bajas y medias se tendrán que contentar con las migajas que queden. He aquí la razón de la sinrazón de una fobia incontrolable contra todo lo que huela a organizaciones y causas populares, a solidaridad social, a institucionalidad contralora, a pensamiento crítico universitario o a independencia judicial y de otras instituciones autónomas.

¿Puede caber duda al servicio de quiénes gobernarán ambos candidatos? Menciono sólo dos eventos muy recientes, en pleno curso de la segunda ronda, para ejemplificar lo que afirmamos. Figueres recibe en donación, de un magnate amigo, el vuelo privado para reunirse con la élite económica de República Dominicana, embarcada como pocas naciones en la deriva neoliberal. Dejemos de lado la clandestinidad del viaje y si fue para recaudar dinero, para arreglar el mundo o para hablar sobre la guerra en Ucrania. Lo cierto es que este movimiento lo retrata de cuerpo entero. Desnuda quiénes son sus más cercanos aliados y quiénes serán su prioridad en un eventual gobierno suyo. Lejos están los tiempos en que República Dominicana envidiaba a Costa Rica, su modelo socialdemócrata de desarrollo y la calidad de sus instituciones. Ahora parece que vamos a la cola de las autocracias del libre mercado. Figueres Ferrer y Juan Bosch estarán revolcándose en sus tumbas. Del otro lado, Chaves, el hombre que regresa a su país más empujado por las circunstancias que por voluntad propia, es en realidad un perfecto desconocido. El tema de los acosos contra mujeres y las sanciones que se le impusieron en el Banco Mundial, han tenido el efecto secundario de no poder conocer otra serie de aspectos esenciales de su persona, como para depositar o no confianza en su candidatura. A estas alturas hay evidencia de la financiación irregular y oscura de su campaña, no sabemos al día de hoy cuánta financiación ha recibido ni de quiénes. Esto puede ser catastrófico cuando se hace política en tiempos del narco. Menudas sorpresas nos podremos llevar en el próximo cuatrienio.

En lo programático, es un hecho que el PLN se ha cuidado de articular una propuesta elaborada y hasta progresista. Muy diferente al libelo improvisado, mínimo y superficial del PPSD. Pero no tenemos razón alguna para creer lo que ha sido puesto sobre el papel. Ya son muchas las veces que Figueres, entre desesperado e incoherente, ha asumido posiciones contrarias a su programa y ha tenido que desdecirse una y otra vez. A Chaves Robles, peor aún, le interesa muy poco tener un programa. Lo suyo son las consignas y frases huecas canalizadoras del descontento popular. Quizá esto explique por qué no hay verdadero debate de ideas, sino acusaciones sucias acerca de quién es más sucio. Esta es una hora lamentable para la democracia más antigua del continente iberoamericano.

Desde el punto estrictamente legal, en Costa Rica abstenerse de votar no ha tenido consecuencias. Anular el voto está taxativamente previsto como posibilidad, sobre todo en el artículo 194 de Código Electoral. También es posible dejar en blanco la papeleta. Por viejos antecedentes jurisprudenciales del TSE, los votos nulos y en blanco se agrupan y contabilizan por separado, no se suman a ninguna de las otras opciones y su efecto, sobre todo para las primeras rondas, tiene que ver con la cifra de votos válidamente emitidos y si superan o no el 40% de ley para decidir una contienda en primera instancia. Anular el voto es una posibilidad legalmente prevista por el ordenamiento jurídico, y tan legítima desde el punto de vista cívico, como lo es el apoyo a cualquier candidatura.

De modo que la voluntad del elector-ciudadano en nuestro país puede ser legítimamente abstenerse de votar, votar nulo o dejar la papeleta en blanco. Y en las actuales circunstancias, quienes estimamos que ninguno de los dos candidatos en la contienda merece nuestro apoyo, con total legitimidad podemos así manifestarlo. No hay derecho de reclamar a quienes decidamos expresar de estas maneras nuestra libre voluntad, a acusarnos de estar haciéndole el juego a uno u otro de los competidores por la sencilla razón de que no hemos sido parte de las “minorías mayoritarias” que nos metieron en esta encrucijada; tampoco se nos puede señalar irresponsabilidad alguna porque muchos de nosotros no estamos dejándonos llevar por la irreflexión, la mera subjetividad o la desidia. Todo lo contrario, estamos mandando el mensaje, a cualquiera de los dos postulantes que gane, que lo hace con el mínimo de los apoyos y para que pongan su barba en remojo. Ya los neoliberales chilenos, con Sebastián Piñera a la cabeza, acaban de ser debidamente rasurados por el pueblo en las calles y en las urnas. Es una tendencia universal que busca poner freno a la teología del libre mercado, sus falsos profetas y su inalcanzable tierra prometida.

Es más, no votar, anular o dejar en blanco la papeleta, no sólo son decisiones que pueden expresar un profundo malestar ciudadano, sino también puede constituir un legítimo gesto de integridad moral y claridad mental. En su novela Ensayo sobre la lucidez, el Premio Novel José Saramago, teje una aleccionadora trama en torno al tema que estamos tratando. En su ficción, un 83% del electorado decide votar en blanco. El sistema entra en crisis, pero ese alto porcentaje lo hace en razón del hartazgo popular por los abusos de la clase política, por el divorcio abismal entre los representantes y los representados, por la corrupción estructural que convierte la política en una forma más de hacer negocios particulares, y por la distancia entre una democracia meramente formal frente a una democracia real y participativa. ¿Nos suena conocido? A ver si la literatura universal nos ayuda a salir del atolladero en que estamos. Este es el tópico que abre el campo de la ética pública en el ejercicio de los derechos ciudadanos y la necesidad de exigir cambios profundos en quienes se postulan para conducir el destino de todas y todos.

Por último, ciertamente considero de gran importancia acudir a los recintos electorales como gesto de respeto por la institucionalidad democrática y el costo humano –incluso cruento- que el sufragio universal ha tenido a lo largo de la historio. Pero acudir a esta cita, en mi caso, será para anular el voto y ayudar a construir tiempos mejores.

¿Desmantelar el Estado de Derecho para hacer el bien?

Escrito en 12/02/2022. Publicado en Coyuntura, Derechos.

Oscar Madrigal

La campaña de Rodrigo Chaves en esta segunda vuelta se centra en aparecer como el adalid de la lucha contra los odiosos privilegios que los costarricenses detestamos; se propone su eliminación, lo cual es muy bueno y deseable. Sin embargo, él propone hacer eso desmantelando el Estado de Derecho. Pongamos un ejemplo.

Eliminar las pensiones de lujo ha sido una lucha de hace varios años. Chaves propone recortarlas hasta un mínimum que no explica. Propone para ello un referéndum. Asumamos que lo puede hacer.

Dicho referéndum no será para derogar las leyes que dieron origen a esas pensiones porque todas ellas están derogadas, por lo cual ya ningún trabajador puede ingresar a ninguno de esos regímenes.

El referéndum será entonces para quitarle a esos pensionados, las pensiones que reciben. Tendrá, entonces, que proponer que las nuevas leyes tengan carácter retroactivo, con lo cual variarían las condiciones con las cuales se pensionaron esas personas. Para ello, habría que eliminar un fundamento esencial del Estado de Derecho que dice que “las leyes no tienen carácter retroactivo”, con lo cual no habría seguridad sobre los derechos y obligaciones que las personas hayan adquirido con fundamento en el bloque de legalidad existente en determinado momento, por ejemplo, de firmar un contrato. Nadie podría estar seguro de nada.

Se derogaría, en consecuencia, el principio de “seguridad jurídica” basamento del Estado de Derecho, que garantiza a todo individuo la certeza de que su situación jurídica solo podrá ser modificada por procedimientos establecido previamente, lo cual da confianza de que podrá vivir con cierta tranquilidad. Dejarían de existir las certezas jurídicas. El Estado de Derecho queda castrado de uno de sus principios fundamentales.

El referéndum para quitar esas pensiones también tendría que eliminar otro principio de Derecho, los llamados “derechos adquiridos”, sea aquel derecho que la persona ha obtenido en firme por la vigencia de una ley o contrato, laudo o convenio internacional, aunque se haya derogado esa ley, pero el derecho seguirá existiendo porque ya el derecho se ha incorporado al patrimonio del ciudadano. De manera que este principio desaparecería, con lo cual ningún derecho producto de ley o contrato estaría seguro, pudiendo eliminarse o cambiarse a criterio del legislador o de referéndum. Sería un verdadero caos esa sociedad. Además, derechos adquiridos pueden ser el salario, las vacaciones, el aguinaldo, etc., que podrían ser sujetos a modificación o hasta eliminados al someterlos a referéndum.

Con el criterio esbozado por Chaves para eliminar las pensiones de lujo habría que desaparecer otro principio de Derecho, el de NO confiscación, que sería la posibilidad de darle al Ejecutivo el poder de incautar posesiones o bienes sin ninguna compensación. En Costa Rica a los pensionados de lujo les rebajan de la pensión hasta un 50% de su monto; un porcentaje superior sería confiscar un patrimonio lo cual no es permitido actualmente. Pero Chaves desea confiscar esa parte de la pensión, eliminando ese principio, con lo cual todas otras pensiones, la casa de habitación, la finca o la fábrica podrían ser tomadas por el Estado.

Además, habría que salir de los convenios internacionales, por ejemplo, el de la OIT sobre pertenencia a regímenes de pensiones y muchos otros, aislando al país del progreso social del mundo.

No sé si el grupo que asesora a Chaves habrá pensado en las consecuencias de sus planteamiento y si lo que desea es un Estado al margen del Derecho, sin seguridad jurídica, derechos adquiridos, irretroactividad de la ley y con confiscación de patrimonios.

La lucha contra los odiosos privilegios, que todos pedimos eliminar en todos los campos, no puede hacerse desapareciendo el Estado de Derecho.

Chaves propone además un referéndum sobre el aborto y la eutanasia. Luego podría ser otro sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, luego sobre el divorcio y cuantas cosas se quiera más. Los empresarios también exigirán un referéndum sobre las cargas sociales a la Caja porque les restan competitividad o eliminar el aguinaldo para poder competir con otros países. Se abre la Caja de Pandora y no se sabe dónde terminará y con quién, porque los Derechos Humanos estarían al vaivén de los votos.

Esta posición tiene su correlato con lo expresado por Rodrigo Chaves respecto a la Asamblea Legislativa. Más o menos dijo que si la Asamblea (el Parlamento) no se alineaba con sus políticas, gobernaría a puro referéndum. A buen entendedor pocas palabras.

Estas posiciones de Chaves van más allá del neoliberalismo.

(Por cualquier duda, aclaro que soy pensionado de la Caja, del régimen del IVM y me pensioné a los 68 años de edad).

Urrú

Escrito en 19/11/2021. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En el diccionario de costarriqueñismos de Carlos Gagini aparece el vocablo «urrú» con las acepciones de podrido, carcomido y apolillado. Se utiliza este calificativo para definir la condición de un árbol, que ya sea por la edad o por que le atacó una plaga, está podrido. Así aunque en muchas ocasiones el tronco todavía luce bien y conserva su corteza, su parte interna está descompuesta mientras bacterias, hongos e insectos hacen de las suyas.

Valga este símil para caracterizar al Estado y algunos estamentos de la sociedad costarricense, en este lóbrego bicentenario, por su profundo deterioro ético y moral, que se manifiesta en los múltiples actos de corrupción que involucran tanto a actores públicos como privados.

Lo que se ha estado dando a conocer a través de las declaraciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), forma parte de un cadena de actos y procesos, que con certeza no muestra toda la dimensión de la corrupción en el país. Cochinilla, Azteca y Diamante son manifestaciones de una grave enfermedad –económica, política y social– que expresan el alcance de un fenómeno estructural.

Es seguro que emergerán más escándalos de corrupción ya sea en las municipalidades como otras entidades públicas, donde funcionarios corruptos se ponen de acuerdo con agentes privados, para obtener pingües ganancias. Se trata de perniciosas sociedades donde el corrupto y el corruptor le roban al erario público, de manera inescrupulosa.

El daño que ocasionan las acciones de corrupción son enormes tanto en el campo económico como en la lógica desconfianza que generan en el pueblo y que lo hacen concluir que no existe honradez ni probidad en las acciones y responsabilidades de los funcionarios públicos.

La podredumbre del Estado en materia de corrupción nos viene de lejos: Caja-Fischel, Alcatel, la Trocha, el Cementazo… Pero también es corrupción –como muy bien lo manifestó recientemente el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la ONU– el esconder las riquezas en paraísos fiscales (como lo muestran los Papeles de Panamá y los de Pandora), para evitar las responsabilidades fiscales, éticas y sociales, del pago de impuestos.

Mediante las distintas formas de corrupción, los funcionarios públicos corruptos y los corruptores privados han venido saqueando las finanzas del Estado en cifras que ya suman muchos ceros. Se trata de millones de colones y dólares que han encarecido obras públicas, las han atrasado, han afectado su calidad y el tiempo razonable de utilidad, han afectado programas sociales; entre otros perjuicios ocasionados. O dicho de otro modo: Han venido atrasando el desarrollo nacional y erosionado la democracia como un cáncer que hace metástasis tanto en el tronco como en distintas ramas del Estado costarricense.

La corrupción es una manifestación del egoísmo humano que se orienta por la premisa de primero yo, después yo y por último yo. La corrupción posibilita obtener dinero y riquezas, con facilidad y sin que lo que se obtiene sea fruto del esfuerzo y el trabajo productivo. Son acciones ilícitas que son contrarias a la solidaridad y a la responsabilidad social inspirada en el bien común.

En el presente, la corrupción en sus múltiples manifestaciones que tocan la estructura medular del Estado y la sociedad, son la expresión de la prevalencia de una doctrina económica y social, en la que se ha exacerbado el individualismo como nunca antes. El “sálvese quien pueda» que orienta el neo-liberalismo ha creado las condiciones idóneas para que se multipliquen los actos de corrupción, pequeños, medianos, grandes y gigantes.

Este aserto no significa que en el pasado no se hubieran dado actos de corrupción. Ahí donde se junta poder político, ambición individualista y posibilidades de dinero fácil, puede aparecer el acto de corrupción. Pero se manifestaban como acciones aisladas. Mientras tanto en el presente neo-liberal son tan numerosas y sistémicas, que el urrú es la condición dominante del árbol estatal del país.

La pregunta que surge es cómo combatir esta grave enfermedad que daña al Estado de Derecho y la democracia costarricense.

En primera instancia, es encomiar la labor de la Fiscalía Anti-Corrupción y el OIJ es sus labores escarmenadoras. Es seguro que tendrán mucho trabajo por delante.

Lo otro es el escarnio público y el repudio social a los corruptos. Obviamente que debe existir respeto ante el debido proceso; sin embargo, cuando el cinismo y el engaño salen de la boca de los corruptos y sus defensores de oficio, el rechazo social por el daño ocasionado debe emerger de inmediato.

La lucha contra la corrupción debe asimismo contar como antídoto con el fortalecimiento de las responsabilidades y labores de fiscalización en la administración de los recursos públicos y en la rendición de cuentas de las distintas instituciones, sean del gobierno central, entidades autónomas, Asamblea Legislativa y Poder Judicial. Del mismo modo es necesario generar normas que permitan la confiscación de bienes de actores privados que se han enriquecido, de manera ilícita, con recursos públicos.

Esta lucha debe contar con un frente estratégico que es hacer efectiva la democracia participativa –como lo establece el artículo 9 de la Constitución– para que el pueblo costarricense, se convierta en el mejor vigilante del mejor manejo de los recursos públicos.

Los recientes escándalos de corrupción y los que le precedieron obligan a situar este tema en el debate electoral. Muchos candidatos han sido salpicados de muchas maneras y quieren quitarse el lodo con frases efectistas y prefabricadas. Es necesario dar un seguimiento riguroso y atento a sus respuestas. Es un deber cívico aplicar el voto-castigo a los candidatos corruptos así como el voto-premio a quienes tienen techo de acero y una trayectoria limpia.

Cabe aquí recordar y hacer efectiva esta frase lapidaria, en nuestra lucha permanente contra la corrupción, del prócer José Martí: «Quien presencia un crimen en silencio, lo comete».

(18 de noviembre, 2021)

Aplicación de un Nuevo Concepto de “Destino Manifiesto” y “Enclave” en Honduras

Escrito en 25/06/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Marlin Óscar Ávila
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25 de junio de 2021

Hasta ahora los pueblos y gobiernos de América Latina han derramado sangre defendiendo los territorios donde nacieron; cada metro cuadrado del país ha sido defendido con mucho coraje, patriotismo y gallardía. No obstante, últimamente las fuerzas internacionales del obscurantismo neoliberal están experimentando con uno de los países más pobres y gobernado por narco traficantes tan corruptos, como traidores a su patria, la entrega de un tercio o más del territorio a fuerzas empresariales extranjeras. Todo con la mirada indiferente de sus “gloriosas Fuerzas Armadas”.

Contexto

Honduras “ocupa el segundo lugar en extensión territorial, después de Nicaragua, en Centroamérica con un perímetro de 2401 km y una extensión de 112.492 km²”[1] (61,392 km2 más que Costa Rica), es considerado por muchos peyorativamente, a nivel internacional, como “Banana Republic”, con un territorio de 112.492 km².

Los servicios básicos de energía y agua están privatizados, así como los servicios de educación y salud, se ha llegado a su privatización en un muy alto porcentaje. Asistir a un centro de salud clínica u hospital públicos, es apenas para atención médica, donde los insumos (medicinas e insumos), los debe comprar el paciente. El transporte público es privado en su totalidad y las principales carreteras del país han sido concesionadas, predominando compañías colombianas. En ese, naturalmente rico territorio de Honduras, hay una población mayor a los 9.5 millones de habitantes^[2]. Más del 70% vive bajo la línea de la pobreza y arriba del 53.4% de ésta se encuentra en la miseria. Hay una considerable brecha entre ricos y pobres, la clase media tiende a desaparecer y un reducido porcentaje logra pasar la educación superior. El 55% de la oferta en educación superior, en 2018, era del sector público y un 1.7 del total era para sacar doctorado,^[3] lo que seguramente se ha reducido en este período de la plandemia SARS-CO2. De la considerada población con ingresos medios (clase madia para muchos), ha sufrido un proceso de pauperización en los últimos dos años que se llega a confundir con el sector que vive bajo la línea de la pobreza, aun con su esfuerzo de aparentar estar en una escala superior.

Por las evidencias existentes, no solamente el gobierno central del poder Ejecutivo ha sido calificado como de mayor corrupción de su historia, pero todo el andamiaje institucional del Estado, junto a sus tres poderes e instituciones descentralizadas, con la complicidad de las elites de los cuerpos armados. Esto se agrava con los resultados de las investigaciones jurídicas realizadas por la Corte Suprema de Justicia de los EUA, donde se ha confirmado el involucramiento de un numeroso grupo de funcionarios de alto nivel en el tráfico de estupefacientes y lavado de activos, logrando que el Congreso dominado por el Partido Nacional, blinde a los corruptos y narcotraficantes con leyes y reformas constitucionales, acrecentando los niveles de impunidad y el cinismo sin precedentes. La desconfianza popular ha ido creciendo constantemente, sin dejar un área e institución pública en donde se llegue a considerar como viable para algo de gobernabilidad. Concluido el segundo período continuo del actual presidente, pero el tercero del Partido Nacional, se prepara las elecciones para noviembre próximo.

Los Enclaves

Luego de la implantación desde finales del siglo XIX al XXI, de una economía de enclave^[4] por empresarios estadounidenses. Para el hondureño común, ese período fue de un auge económico que únicamente y parcialmente se puede comparar, posteriormente, con la industria vinculada a la textilería e industria para prendas de vestir y de partes de autos que ha predominado desde la década de los ochentas, principalmente en la zona norte del país. Algunos historiadores piensan que la industria minera también ha utilizado el modelo de “enclave”, más que todo por la compañía Rosario.

Fue a partir de estos enclaves que surgen nuevos ricos, muchos de origen turco, árabe e israelita, y se establecen algunas empresas industriales, como las azucareras, de bebidas (ejem. Cervecería Nacional Hondureña) y financieras como los bancos Atlántida y FICOHSA. Los enclaves bananeros y mineros provocaron la reestructuración de las propiedades de tierra, pequeños y medianos propietarios desaparecieron, como en su momento sucedió con el cultivo y la industria del aceite de palma africana en la zona Atlántida, en el período de la década de los setenta, subsidiado por el gobierno de turno (gobiernos militares). A excepción de los enclaves mineros, el auge de las economías citadas, se han asentado, principalmente en la zona del litoral Atlántico hondureño (671 Km de longitud), que inicia en la frontera con Guatemala y termina en la frontera con Nicaragua, pasando por el gran valle de Sula que cubre 17 municipios, en una extensión territorial de 7,384.6 km2 de adonde se extrae el 63% del PIB nacional y habita un 27% de toda la población[5]. Además, es donde se considera que está la mayor reserva de petróleo aun sin explotar[6].

Sabemos que los enclaves modernos tienen nuevas exigencias y características. La índole de su inversión es diversificada, incluye diferentes compañías y empresas, como su mercado es diversificado. Todo lo que se produce y procesa es para los mercados extranjeros. Sus inversores y empleados no tienen ningún interés en la población que habita en su entorno, excepto por su fuerza laboral. Es una población que no tiene arraigo alguno en los territorios que ocupan. Son tratados como extraños o extranjeros, con la única función de servir a la empresa que lo contrata, bajo condiciones establecidas por los dueños del enclave, sin intermediación de un gobierno o agencia defensora de los derechos laborales. Los enclaves son completamente comandados por sus dueños.

Las ZEDES en Honduras

La oposición política está bastante fraccionada, luchando sin estrategia unificada, en los últimos once años y medio. El Partido Nacional (que de nacionalista no tiene más que el nombre) quiere continuar gobernando después de estar en el poder por los últimos once años[7]. En caso de fracasar en sus pretensiones, sea que gane o pierda, el grupo gobernante tiene una cuartada para seguir enriqueciéndose con la explosión de los recursos del país mediante el proyecto de ZEDES (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico). Proyecto que ha gestado desde la sombra durante todos esos años, presentándolo ocasionalmente a la asamblea de diputados para reformas jurídicas y aprobaciones, últimamente por parte de la Corte Suprema de Justicia, a conveniencia de sus beneficiarios. A diferencia de las Zonas Libres de impuestos, para la inversión extranjera en áreas industriales establecidas en la década de los noventas, cubriendo áreas de hasta 15 hectáreas de terreno, las ZEDES son áreas territoriales de varios miles de hectáreas del territorio nacional donde se pueden instalar diversas compañías para explotar todos los recursos naturales, fuerza laboral, infraestructura e instituciones públicas y privadas con autonomía política, jurídica, de seguridad, libre de impuestos, con manejo fiscal y comercial autónomo, estableciendo y utilizando los medios de comunicación y transporte que mejor les convenga. Esos territorios pueden estar ocupados por poblaciones y asentamientos humanos originarios, pueden incluir zonas urbanas y rurales, las que pueden ser expropiadas por los nuevos inversionistas. Las políticas de contratación, administración y gestión de negocios serán establecidas por los inversionistas. Estas ZEDES, hasta ahora están definidas para cubrir una tercera parte del espacio territorial hondureño, particularmente adonde están los espacios con mayor potencial económico como son las costas del Atlántico y del Pacífico, formando una especie de encierro geográfico a los territorios que, por el momento, no están en oferta, ubicadas en la zona central o, interior del país, sin que eso pueda asegurárseles ser intocables en el futuro.

Esos espacios geográficos que hasta el momento tienen divisiones políticas denominados departamentos y municipios, estructura y jurisdicción definidas en la Constitución, cubre 39 mil 331 kilómetros cuadrados. La compra venta de estos espacios territoriales ya entraron al mercado y desde ahora se inicia la expropiación de sus dueños hondureños para ser transferidos a los nuevos dueños extranjeros y nacionales que hayan decidido invertir en ellos. Para los procedimientos el gobierno actual ha permitido el formal establecimiento de una nueva “constitución” con la normativa y reglamentación en cienes de páginas escritas, firmadas y selladas por los tres poderes de la República de Honduras.

Es algo así como ha venido ocurriéndole a Palestina, donde los israelitas sionistas han ido ocupando su territorio paulatinamente, sin importar quienes habitaron y compraron o se establecieron en esos bienes raises por décadas anteriores. Solamente que, en Honduras, es el mismo gobierno o Estado quien ha gestionado la entrega en venta a firmas y personas extranjeras con algunas nacionales particularmente a empresas con orientación muy conservadora.

Mientras escribimos este artículo, una comisión del gobierno, que incluye a lideres religiosos evangélicos, esta en visita oficial en Israel. Todas las señales nos dicen que detrás de este proyecto ha estado la asesoría constante del gobierno sionista de Israel. Y, coincidiendo con esto, podemos notar el apoyo del gobierno de los EUA, desde el golpe de estado al expresidente Manuel Zelaya Rosales, en 2009, pasando los años del gobierno de Trump, hasta el actual de Joe Biden. Ya es sabido que el actual presidente Joe Biden se declaró sionista en noviembre de 2016, cuando en Nueva York afirmo: “Soy sionista, pero para esto no hace falta ser judío”[8]

El Concepto “Destino Manifiesto” y Grandes Conflictos por Territorialidad

Lo que actualmente ocurre en Honduras, puede llevarnos a recordar el “origen del concepto del «Destino Manifiesto» [el cual] se podría remontar a la época en que comenzaron a llegar los primeros colonos y granjeros desde Inglaterra y Escocia al territorio de lo que más tarde serían los Estados Unidos” [de Norte América]. Bajo ese concepto se justificaba el uso de cualquier medio para alcanzar este objetivo, desde la adquisición por compra, hasta la vía militar.¹⁶ Fue así que el filibustero estadounidense, William Walker, médico y abogado, armó a un grupo de reclutas conocidos como «Los Inmortales», para invadir, en 1855, Centro América, tomándose por las armas a Nicaragua y luego, invadió la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, de donde fuera expulsado. Más tarde es aprendido y fusilado en Trujillo, Honduras, el 12 de septiembre de 1860.[9]

En nuestra historia es casi inexistente un país de América Latina que no haya tenido o no tenga conflictos fronterizos por la delimitación fronteriza y no haya defendido hasta con los dientes su territorio usurpado por terceros países, normalmente vecinos. Para ejemplo, los más mencionados en este tiempo son Bolivia con su acceso al mar y sus derechos en disputas con Chile por décadas. También están los conflictos entre Paraguay y Brasil en las riberas del río Paraná.

En el siglo XIX, entre 1846 y 1848, cuando las tropas estadounidenses entraron a la ciudad de México, hasta la formalización de la cesión por medio del Tratado de Guadalupe Hidalgo, suscrito el 2 de febrero de 1848, cuando México traspasó el 119% de su territorio actual a los EUA.[10]

Afuera de nuestro continente, se distingue el caso de Palestina. Cada año, a partir de 1948, Israel ha venido ocupando, contra la voluntad de Palestina, más y más territorio de su país, con centenas de muertos en un conflicto que la misma ONU no ha sido capaz de intermediar adecuadamente, porque el lobby israelita sionista en Washington es tan fuerte que EUA siempre ha vetado las decisiones del Consejo de Seguridad para favorecer a Israel.^[11]

Las preguntas obligadas ahora son:

¿Está y, ha estado, el sionismo israelita detrás de las autoridades y algunos empresarios hondureños?
¿La tolerancia de la administración de la Casa Blanca ante los abusos de autoridad, crimen organizado, lavado de activos, violación constante de los derechos humanos y destrucción del Estado de Derecho por parte del gobierno de Honduras durante la última década, se debe al padrinazgo sionista y al uso de su territorio como plataforma contra otros países de América del Sur?
¿La compraventa de buena parte de Honduras en pedazos bajo el título de ZEDES, obedece a una estrategia de posesionar a las grandes corporaciones de territorios dentro de un Estado constituido como el hondureño, aun violentando su Constitución, para luego de aprender de este experimento, pasar luego a otros países bajo el principio ya actualizado de “Destino Manifiesto”?

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Honduras

[2] https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-pobreza_la-pobreza-en-honduras-subi%C3%B3-a-70—en-2020-por-culpa-de-eta–iota-y-la-covid/46581382

[3] https://des.unah.edu.hn/servicio-al-usuario/estadisticas

[4] Desde el concepto más tradicional de monocultivo para exportación, además de control territorial, el poder político interno y administrativo, sin generar beneficios económicos nacionales, más que la mano de obra barata y alguna infraestructura residual Marlin Oscar Avila

[5] https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Sula

[6] https://criterio.hn/en-honduras-hay-petroleo-pero-el-gobierno-mantiene-el-tema-en-secreto/

[7] http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/16510.pdf

[8] ” https://www.hispantv.com/noticias/opinion/493847/coalicion-netanyahu-israel-gabinete

[9] https://es.wikipedia.org/wiki/William_Walker

[10] https://es.wikipedia.org/wiki/Cesi%C3%B3n_mexicana

[11] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54162476

¿Por qué es inconstitucional el proyecto de Ley Marco de Empleo Público?

Escrito en 17/06/2021. Publicado en Análisis, Derechos.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Múltiples entidades de carácter técnico o político han hecho serias objeciones al Proyecto de Ley Marco de Empleo Público. En este sentido podemos mencionar al propio Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría y hasta la Contraloría General de la República. También hay pronunciamientos fundados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Universitario de la UCR en tanto instituciones directamente afectadas. Por último, muchas voces especializadas de profesionales y organizaciones de la sociedad civil también han señalado las inconsistencias e inconstitucionalidades del texto legislativo en discusión.

Todo parece inútil frente a la insistencia del Poder Ejecutivo de impulsar esta iniciativa y la determinación, de una aparente mayoría parlamentaria, de aprobar esta legislación estratégica en un tema de gran trascendencia para la estabilidad democrática y la real vigencia del estado de derecho en Costa Rica.

La naturaleza de este artículo no me permitirá abundar en citas de documentos, resoluciones administrativas, informes oficiales, normas o sentencias judiciales, pero todas pueden ser consultadas en el expediente legislativo que se analiza.

De esta manera, un estudio objetivo de todas estas fuentes nos permite concluir que el mencionado proyecto acusa abiertos y profundos roces con la Constitución Política vigente y que, a pesar de las enmiendas y remiendos de las primeras versiones, se mantienen decisiones legislativas que violentan normas y principios constitucionales.

Me refiero a los aspectos de mayor relevancia:

Crear un único sistema para regular el empleo público, con pretensiones de universalidad que abarca todos los poderes de la república, las universidades públicas, las municipalidades y otros entes descentralizados resulta una propuesta fallida. El problema esencial en este punto es que la norma constitucional en la que dice apoyarse, ha sido interpretada incluso por la jurisprudencia de la Sala IV de manera evolutiva, advirtiendo que en el país se han desarrollado varios estatutos que regulan diversos sectores del ámbito público en tanto debe respetarse la especialización, complejidad y amplitud de estos sectores, y la necesidad de darles un tratamiento separado. Por lo demás, el proyecto se encarga de hacer excepciones de aplicación que claramente contradicen su propósito de uniformidad y universalidad, lo cual resulta una contradicción insalvable que debilita su justificación y necesidad.
El proyecto desconoce las diversas formas de independencia o autonomía de otros poderes de la república, el sistema universitario público, el régimen municipal y demás entidades autónomas. Sobre todo, al poner en la rectoría del sistema a MIDEPLAN, se genera una especie de búsqueda de la cuadratura del círculo, una centralización inadmisible, puesto que la Constitución Política es contundente al dar independencia funcional, organizativa y de autogobierno a esas instituciones, lo que deviene en la imposibilidad de que un órgano del Poder Ejecutivo, pueda dictar lineamientos y directrices de carácter específico que resulten de acatamiento obligatorio para estas instituciones.
Derivado de este nudo problemático principal, es el hecho de que la propuesta legislativa mantiene, como parte fundamental del “sistema único”, la obligada coordinación de los departamentos de recursos humanos de estas entidades, con mecanismos de definición en manos, en última instancia, de MIDEPLAN. Aspectos esenciales del funcionamiento y cometido institucional como el régimen y escalas salariales, los parámetros de selección y reclutamiento, los sistemas de evaluación de desempeño y de régimen disciplinario, entran todos en el riesgo de que una entidad ejecutiva, a cargo del gobierno de turno, metan mano indebidamente.
¿Alguien puede imaginar siquiera a funcionarios de la administración central definiendo y opinando sobre quiénes son los profesores universitarios necesarios, útiles y competentes? ¿Alguien puede imaginar siquiera que esta misma dinámica se imponga en la adjudicación de plazas para jueces o juezas? Pero es que además ni MIDEPLAN ni el Servicio Civil tienen los recursos humanos ni la capacidad técnica para llevar adelante con un mínimo de responsabilidad estas tareas.
Otra cuestión no menos importante tiene que ver con la propuesta de salario global y los mecanismos previstos para igualar o uniformar el ingreso medio que deben tener todos los funcionarios públicos. Sin duda esta es una tarea que el Estado costarricense tiene que resolver y deben superarse las diferencias y asimetrías existentes. Pero la solución a un problema que lleva décadas, quizá siglos, no puede darse de golpe y porrazo. No puede pasarse por encima de los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas por una mera disposición legislativa. Habrá que idear un procedimiento que, aunque más lento, mantenga vigente el respeto a los principios y derechos fundamentales de las personas.

En conclusión, la iniciativa para una Ley Marco de Empleo Público, si bien aborda una serie de problemas reales de la organización y funcionamiento del Estado costarricense, no puede imponerse al calor de necesidades fiscales o por la urgencia de firmar un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Ni la sanidad de las cuentas públicas, ni la necesidad de una estabilidad macroeconómica, pueden justificar arrasar con valores esenciales de la convivencia democrática y el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y sus derechos. Ni siquiera cambiando la Constitución podría colarse un proyecto como el que está siendo discutido. No pueden borrarse de un plumazo garantías constitucionales, décadas de jurisprudencia del más alto tribunal en la materia y decenas de leyes que han regulado un tema tan complejo, diverso y especializado como el empleo público. Habría que imaginar un régimen político-jurídico que ya nada tendría que ver con un auténtico estado de derecho.

Foro de Justicia se pronuncia ante visita (virtual) del relator especial de la ONU sobre “independencia de magistrados y abogados a la Corte Suprema de Justicia”

Escrito en 24/05/2021. Publicado en Derechos.

PRONUNCIAMIENTO DEL FORO DE JUSTICIA ANTE LA VISITA (VIRTUAL) DEL RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA INDEPENDENCIA DE MAGISTRADOS Y ABOGADOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA

TENIENDO EN CUENTA QUE:

I.- Costa Rica, como signatario original de la Carta de las Naciones Unidas forma parte del sistema de Naciones Unidas el cual, para el cumplimiento de sus objetivos de defensa de las garantías democráticas, posee una amplia cantidad de órganos de verificación, entre los que se encuentra la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados (sic), creada desde el año 1994, cuyo mandato, según resolución 26/7 del 10 de julio de 2014, se origina en la convicción de que “la independencia e imparcialidad del poder judicial, la independencia de los profesionales del derecho, la objetividad e imparcialidad de fiscales capaces de desempeñar debidamente su cometido y la integridad del sistema judicial son requisitos esenciales para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la aplicación de la legislación propia de un estado de derecho, y para asegurar que los juicios sean imparciales y se celebren al margen de cualquier discriminación”. En dicho cargo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas designó, desde 2017, a quien fuera juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dos períodos consecutivos (2008-2013) el Dr. Diego García-Sayán.

II.- La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial de los magistrados y abogados, mediante nota diplomática remitió a Costa Rica la OL CRI 3/2019 de fecha 12 de julio de 2019 en la cual, entre otras cosas, estipuló la necesidad de “Adoptar y aplicar las medidas necesarias para garantizar que el proceso de selección y nombramiento de las altas magistraturas esté basado exclusivamente en criterios objetivos y transparentes y que tengan por objetivo asegurar la integridad, idoneidad y la formación o calificación idónea de las personas seleccionadas. Dicho proceso ha de adecuarse a los estándares y principios internacionales de la independencia judicial.”

III.- La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial de los magistrados y abogados, mediante la OL CRI 3/2020 de fecha 27 de octubre de 2020 recomendó a Costa Rica lo siguiente: “2. Que se impulsen los esfuerzos necesarios para cesar las amenazas a la independencia judicial causadas por intromisión en la autogestión del poder judicial, la regresividad de derechos sociales y económicos y que se adopten las medidas de derecho interno que sean necesarias para dejar sin efecto, y haciendo cesar, los actos causantes de las violaciones a la independencia judicial aquí establecidas. 3. Exhortar al Estado de Costa Rica a adecuar su legislación a los principios y garantías de la independencia judicial consagrados internacionalmente y resolver lo antes posible las acciones constitucionales que ponen en entredicho ciertas leyes”.

IV.- Que en fecha 24 de marzo de 2016 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llamó la atención a Costa Rica sobre el tema de independencia judicial interna por procesos disciplinarios seguidos en la Corte Suprema de Justicia a un juez por aplicar criterios de convencionalidad e insto a que “asegurar y proteger la independencia e imparcialidad de los jueces y garantizar que la toma de decisiones judiciales esté libre de todo tipo presiones e injerencias”.

V.- Que los estándares internacionales relacionados con la elección de magistraturas se derivan de las obligaciones internacionales del Estado costarricense y se encuentran desarrollados ampliamente en diversos documentos como los siguientes: Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre garantías para la independencia judicial; Informe del ex Relator Especial de la ONU Leandro Despouy sobre garantías internas y externas a la independencia judicial; Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura ONU; y diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre las que destacan los casos Reverón Trujillo Vs. Venezuela y Quintana Coello vs. Ecuador.

VI.- Que existe una “invitación abierta a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas”, según fue indicado mediante nota DM-1830-2019 por la ministra a.i. de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Lorena Aguilar Revelo, y que, específicamente, mediante oficio DGPE-838-2019 del 29 de agosto de 2019 la señora Adriana Bolaños Argueta, Directora General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, realizó una invitación formal al señor Diego García Sayán Larrabure, Relator Especial para la independencia judicial de las Naciones Unidas.

VII.- Que la intervención —anunciada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) — del Dr. Diego García-Sayán en la sesión de la Corte Suprema de Justicia el 24 de mayo de 2021, ocurre en su condición de experto independiente y Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial, lo cual es parte de su mandato.

VIII.- Que en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de fecha 23 de julio de 2020, este órgano intergubernamental instó “a todos los Gobiernos a cooperar con el Relator Especial y a prestarle asistencia en el desempeño de su cometido, a facilitarle toda la información necesaria que solicite, a responder sin dilaciones indebidas a las comunicaciones que les haga llegar, y a considerar la posibilidad de acceder a sus solicitudes para visitar sus países y de poner en práctica sus recomendaciones”.

IX.- Que la crisis institucional del Poder Judicial costarricense de 2018, generó una pérdida de legitimidad de la ciudadanía costarricense en el Poder Judicial y evidenció la necesidad de reformas profundas, que a la fecha no se han producido por falta de voluntad política de los diferentes sectores involucrados, lo que implica un debilitamiento de la institucionalidad del país.

X.- Que los diferentes informes y visitas de los distintos mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas son un medio para fortalecer el cumplimiento de los Derechos Humanos y consolidar el respeto al Estado Constitucional y Democrático de Derecho, siendo que Costa Rica se ha destacado por ser un país respetuoso del Derecho Internacional Público y aliado de los órganos internacionales.

INSTA RESPETUOSAMENTE:

1.- A los señores magistrados y magistradas del Poder Judicial costarricense a que, siguiendo las mejores tradiciones cívicas y democráticas que les han precedido, escuchen el mensaje del experto independiente de las Naciones Unidas y, en el marco de sus competencias, avancen las reformas necesarias para ajustar la situación nacional a los estándares internacionales.

2.- A la ciudadanía, sociedad civil y prensa nacional e internacional a que, den seguimiento a las reformas pendientes que tienen como objetivo fortalecer la independencia judicial, algunas de las cuales se encuentran a la espera de aprobación por parte de la Corte Suprema de Justicia.

3.- A la Asamblea Legislativa de Costa Rica a que se inviten a las diferentes oficinas especializadas de las Naciones Unidas para que coadyuven en el diseño de las reformas necesarias adecuadas a la tradición de civilidad y juridicidad del país, a fin de que se asegure la independencia interna y externa de cada juez o jueza de la República, y se garantice la vigencia de los derechos humanos de toda la población.

4.- A la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de los Magistrados y Abogados, y a la OACNUDH, a que, en el marco de sus competencias, contribuyan con el fortalecimiento de la independencia judicial en Costa Rica.

5.- Invitamos a toda la ciudadanía a seguir con atención la sesión de la Corte Suprema de Justicia del lunes 24 de mayo de 2021 a las 09:00, a través del enlace https://livestream.com/poderjudicial-costarica.

El Foro de Justicia es un espacio de diálogo, sin fines de lucro, compuesto por organizaciones de distintas orientaciones y disciplinas cuyo objetivo consiste en proponer reformas para lograr una justicia independiente, pronta, cumplida e igual para todas las personas. El Foro de Justicia está conformado por la Asociación Americana de Juristas rama Costa Rica, la Asociación Costa Rica integra (CRI), la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad De La Salle, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, el Programa Estado de la Nación/CONARE (PEN) y por personas expertas independientes. Para consultas o colaboraciones al Foro de Justicia puede escribir a los correos: mesoamerica@cejil.org; forodejusticiacr@gmail.com.

Walter Antillón Montealegre

Asociación Americana De Juristas – Rama Costa Rica

Adriana Orocú Chavarría

Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD)

Lorena González Pinto

Cátedra Unesco de Derechos Humanos Universidad De La Salle

Evelyn Villarreal Fernández

Programa Estado de la Nación-PEN CONARE

Claudia Paz y Paz Bailey

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Alfredo Chirino Sánchez

Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (FD-UCR)

Rosaura Chinchilla Calderón

Integrante independiente

Marcia Aguiluz Soto

Integrante independiente

Fraya Corrales Gómez

Asociación CR Íntegra (CRI)

Luis Antonio González Jiménez, Integrante independiente

Respuestas a Preguntas que no se Creen sobre Venezuela, ¿Por qué? (II)

Escrito en 08/05/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

17-4-2021

Nosotros/as nos fastidiamos hasta el cansancio tratando que la gente crea y tome conciencia sobre la verdad de Venezuela, y los medios opositores no, además que dicen una mentira y la creen, que increíble.

Sin embargo, no debemos ni cansarnos ni fastidiarnos, hay que seguir con la batalla de las ideas y no desistir, sino como sabemos hacerlo seguir resistiendo. Veamos las preguntas y re – respondamos nuevamente hasta el cansancio:

¿Hay Democracia en Venezuela? ¿Las Elecciones son Arregladas? ¿Hay Dictadura en Venezuela? ¿Nicolás Maduro es un Dictador? ¿Hay Crisis Económica en Venezuela? ¿Hay Migración y Exiliados Políticos? ¿Hay Denuncias de otros Países contra Venezuela? ¿Hay Populismo, Fascismo, Mesianismo en Venezuela? ¿Hay Estado de Derecho en Venezuela? ¿Hay Libertad de Prensa en Venezuela? ¿Hay Respeto a los Derechos Humanos? ¿Se han Cercenado las Libertades e Irrespetado las Instituciones del Estado venezolano? ¿Por qué Rusia y China intervienen a favor de Venezuela? Y tantas otras… Veamos…

*¿Hay Crisis Económica en Venezuela?

Sí, pero hay que diferenciar las crisis generadas por los propios gobiernos (como el del presidente argentino Mauricio Macri y su política neoliberal que solo beneficia al sistema financiero), de las crisis inducidas, por sectores financieros nacionales e internacionales dirigidos por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela a través de: congelamiento de cuentas, sabotaje a la tasa de cambio, extracción del papel moneda, acaparamiento, desabastecimiento y guerra mediática.

A pesar de los efectos de cinco años guerra económica, el gobierno bolivariano implementa acciones para garantizar la estabilidad y la paz del país: aumento del salario mínimo integral cada dos meses, incremento permanente de la inversión social, tres millones de viviendas construidas y entregadas a familias de los sectores más vulnerables. Entrega directa de alimentos a más de 6.000.000 millones de familias a través del programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Lanzamiento del sistema de criptomonedas Petro con respaldo en activos reales de las reservas petroleras.

Si hay crisis económica, pero no es cierto que la situación en Venezuela sea catastrófica y mucho menos de tragedia humanitaria. Si es cierto que tenemos problemas económicos y políticos, pero que no rayan en el caos ni en la tragedia, aclarando que estos problemas son causados por los empresarios venezolanos que boicotean la economía escondiendo sus productos y bajando la producción de alimentos, además como ya mencionamos, de estar acompañados por la política injerencista, guerrerista, colonialista de Estados Unidos. Ante esta política de la oposición política, el gobierno bolivariano ha incrementado políticas contrarrevolucionarias, que han surtido el efecto necesario, tales como: incremento de salarios, proveyendo cajas con alimentos subsidiados a las comunidades del país, entre otras, como igualmente ya indicamos arriba.

*¿Hay Migración en Venezuela?

Producto de las condiciones a las que la guerra económica somete al pueblo venezolano, muchos y muchas han decidido probar suerte buscando trabajo temporal fuera de su país, tal como ha sucedido con millones de compatriotas centroamericanos, de la región andina y de sur américa, que durante décadas han migrado de sus países.

Pero se ha construido un discurso desde los sectores antichavistas de que la de Venezuela es una catástrofe porque gobierna “el populismo” y “el comunismo”.

Ahora bien: ¿Qué podemos decir de México, con sus 41 millones de mexicanos/as que viven en los Estados Unidos? ¿Qué podemos decir de Colombia? Se calcula que casi cinco millones de colombianos/as viven en Venezuela, un millón en los Estados Unidos y 135 mil en España. Se calcula que en Argentina viven unos 38 mil venezolanos/as mientras que existen 87.574 peticiones de residencia de ciudadanos/as colombianos/as entre temporal y permanente.

El éxodo de venezolanos al exterior, ¿por qué salen?

Se ha hablado mucho y demasiado sobre el fenómeno migratorio de venezolanos al exterior. La oposición al gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado, las redes sociales y otros medios, para desinformar e involucrar hechos políticos y económicos, para de una manera justificar el éxodo de venezolanos al exterior, pero el fenómeno migratorio va mucho más allá al supuesto rechazo del gobierno de Nicolás Maduro, si lo midiéramos por allí, Nicolás Maduro saldría fortalecido, ya que son más los venezolanos que se quedan, que los que se van, no todos los que parten son opositores.

Entonces el análisis no puede ser únicamente político. Existen muchos factores para que una persona busque nuevos y lejanos derroteros.

Veamos algunos datos: Según las ONU existen alrededor de 250 millones de personas en el mundo, que no viven en su lugar de origen. Solo empezando por allí, nuestra diáspora es insignificante ante el total mundial.

La diáspora venezolana no es tan numerosa como nos quieren hacer ver la oposición y medios de comunicación, internacionales y nacionales. A lo sumo existen 1,5 millones de compatriotas viviendo en el exterior (no más de 400 mil en USA, 250 mil en España, países que albergan más venezolanos) los demás diseminados en el mundo.

Aunque sea cierto que en estos últimos tiempos, se ha incrementado la migración sobre todo, de jóvenes venezolanos, hacia otros países, también es cierto, que la justificación de este incremento es el mismo de otros ciudadanos del mundo (250 millones) que deciden emigrar: 1) Factores económicos, 2) Posibilidades de conseguir empleo y aumentar los ingresos familiares 3) Inseguridad. 4) Obtener una mejor calidad de vida. 5) Continuar estudios y especializaciones entre otras. Estas son variables comunes en casi todo el mundo que busca emigrar, algunos lo consiguen otros no, irremediablemente deben volver a sus lugares de origen.

Un elemento a señalar es que el estándar de vida del venezolano, era más elevado que el de Estados Unidos. Y nos acostumbramos al consumo en exceso. Al surgir, la Guerra Económica, la cual desean desconocer e invisibilizar, causada por los empresarios venezolanos y extranjeros, el venezolano no es capaz de soportarla y el camino más expedito es huir hacia afuera, alimentado por los medios y su maquinaria opositora.

Continuemos escarbando sobre la problemática venezolana. Y ojalá, estos mitos y mentiras, no nos lleven a una salida bélica a la situación. Confiemos que no, en realidad el pueblo venezolano, no sabe lo que es una guerra.

*¿Hay Denuncias de otros Países contra Venezuela?

Si, veamos algunos países y sus gobiernos latinoamericanos, en su momento, cuyas políticas internacionales se basaron en denunciar exclusivamente a Venezuela:

México

Con 1.035 periodistas asesinados en los últimos 15 años, más de 50 solo en 2017, es el país con mayor cantidad de muertes intencionadas para acallar investigaciones.

La llamada “Guerra contra las drogas” no ha surtido efecto ya que La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito alertó que México lidera el mercado de exportación de metanfetaminas y opio en América; además el cultivo de amapola creció un 60 por ciento en los últimos seis años en el país. En vidas humanas, tenemos unas 23 mil muertes al año por causas asociadas solo a esta “guerra” y que contabiliza más de 200 mil desde que se inició hace 12 años con el gobierno de Felipe Calderón.

Colombia

Además de los exiliados al exterior hay que contar los desplazamientos internos causados por el terror paramilitar y la represión del ejército colombiano, se calcula unos siete millones de desplazados por esta causa. El gobierno colombiano tan preocupado por Venezuela no logra evitar que en su territorio asesinen a, por ejemplo, más de 80 activistas sociales y sindicalistas en lo que va de 2018 y que los acuerdos de paz firmados en 2016 solo hayan sido cumplidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia mientras el Estado ha incumplido el 85 por ciento.

Brasil

El gobierno de Michel Temer surge a partir del golpe de estado a la presidenta Dilma Rousseff que fue disfrazado de juicio político sobre una causa sin evidencias. La supuesta corrupción que sirvió para sacar a Rousseff no parece ser tan grave como para que continúen Temer y sus aliados con cero votos para ser presidente pero con cientos de procesos judiciales por corrupción (hasta un video recibiendo coima).

Es el Brasil que puso de moda la reforma laboral, que destruye todo derecho laboral como en el sistema esclavista; donde asesinan a concejales de la oposición como Marielle Franco y detienen ilegalmente al candidato con mayor intención de votos de cara (Luiz Inacio “Lula” da Silva) a las próximas elecciones presidenciales.

Argentina

El gobierno de Macri asumió la bandera del antimadurismo desde su campaña electoral de 2015. Justo el gobierno de los tarifazos, del no aumento de sueldo, de los despidos, del ajuste sobre el ajuste, de la entrega de la soberanía política al Fondo Monetario Internacional. El mismo gobierno que no escuche a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la gravedad de tener presos y presas políticos/as sin un debido proceso, el mismo que reprime toda protesta contra el ajuste y que cuenta con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Un gobierno que justifica el asesinato por la espalda de niños de 11 años (como Camila Borda) se jacta de decirle a otro como debe “respetarse” la ley internacional que él mismo no respeta.

*¿Hay Estado de Derecho en Venezuela?

El Estado de Derecho, definición corta: “Estado cuyo poder y cuya actividad están regulados y garantizados por ley”.

Cuáles son sus características:

División de Poderes: en el Estado de Derecho, el ejercicio del poder se divide entre los diversos organismos de poder público.

Control y Fiscalización de los Poderes Públicos: en el Estado de Derecho, los ciudadanos están facultados para vigilar y supervisar la labor de las entidades públicas.

¿Qué es vivir en un Estado de Derecho?: “Significa vivir en un estado donde hay leyes que se cumplen y protegen a los ciudadanos de un país”. (La mejor respuesta) “Significa que se vive en un país que rige su vida diaria y sus interrelaciones mediante el uso de la Constitución Política, Leyes, Reglamentos, Normas y Códigos.

Durante el periodo de gobierno del Presidente Hugo Chávez (1999-2012), y del Presidente Nicolás Maduro, es el tiempo donde se han elaborado y puesto en ejecútese, las más diversas y cuantiosas Leyes de la Republica, para el beneficio del pueblo en general, y esto ha significado la mayor transferencia de poder político al pueblo que se haya conocido jamás en Venezuela, la construcción de un Estado Social de Derecho y de Justicia, el rescate de la dignidad de las venezolanas y venezolanos garantizando sus derechos a través de las misiones sociales, favoreciendo el acceso a la salud, seguridad social, alimentación, vivienda, educación y trabajo entre otras.

En la Revolución Bolivariana, se está haciendo énfasis en la promoción de la participación directa de las comunidades en las decisiones sobre las políticas de Estado, en el ejercicio de la Contraloría Social y la obligatoria corresponsabilidad del pueblo en el diseño, elaboración y aprobación de Leyes (el Pueblo Legislador) en la vigilancia de su aplicación y oportuna transformación.

Pasar de la democracia representativa, la cual limitaba la participación del pueblo al sufragio (Derechos civiles y políticos con restricciones), dando paso “a la refundación de la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones”. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999).

Al inicio de la Revolución Bolivariana, se crearon las llamadas Misiones Sociales, que con el tiempo se materializaron en Leyes para el pueblo, estas Misiones nacen como instrumento efectivo dirigidas a solventar la deuda social; deuda que recoge el deterioro acumulado durante los últimos 30 años en que se vinieron dejando de lado los objetivos de desarrollo en Venezuela. Una brecha que habla de inmensos contingentes de personas sometida a una atroz exclusión social, política y económica a lo largo de muchas décadas.

Es así, como las misiones entonces, constituyen un conjunto de estrategias para la universalización de los derechos contenidos y expresados en la Constitución de 1999, produciendo acciones que al mismo tiempo garanticen los derechos sociales, permitan la inclusión, en la producción y en el trabajo, y también la inclusión política, garantizando organización, participación y protagonismo en los asuntos públicos del Estado.

Una de estas Misiones, posteriormente Ley de la República, es la Gran Misión Vivienda Venezuela nació producto de la imperiosa necesidad del Estado venezolano por dar respuesta más efectiva al problema de la vivienda. Esta misión, coadyuvó igualmente, a revalorizar el sistema socio-productivo nacional. El Gobierno del Comandante Chávez se fijó como meta la construcción de dos millones de viviendas en seis años, lo cual desde el punto de vista humano, necesitó una mano de obra importante, en su primer año 2011, se construyeron 147.000 viviendas. A enero de este año 2020, la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) llegó a un total de 3.079.033 hogares entregados en todo el país. Mencionando además, la rehabilitación de 1.432.699 viviendas-hogares en los 250 corredores activados en el territorio nacional.

*¿Hay Libertad de Prensa en Venezuela?

En el Gobierno Bolivariano se ha democratizado el espectro radioeléctrico en señal abierta. Es decir, en el año 1998 existían 40 televisoras, en la actualidad, por lo menos, Venezuela tiene 111 concesiones en televisión abierta, de las cuales 61 son privadas, 13 del Estado y 37 comunitarias. En cuanto a radio, en 1998 había 342 concesiones, ahora hay 466 privadas, 82 operadas por el Estado y 243 comunitarias.

En televisión, es diferente, el 80 % del espectro era privado, sin embargo, observamos un proceso en que predomina un nuevo factor, el de los medios comunitarios y alternativos, que hoy ocupa 33 % del espectro en televisión versus 13 % de los medios públicos; pero aun así hay una hegemonía, sobre casi 60 % de las concesiones en televisión que siguen en manos privadas.

*¿Hay Respeto a los Derechos Humanos en Venezuela?

Con la Constitución venezolana de 1999, se transformó el Estado venezolano permitiendo garantizar los Derechos Humanos de los sectores vulnerables en el país. Los Derechos Humanos son el resultado de luchas históricas y sociales por parte de aquellos grupos vulnerables por las grandes élites dominantes que controlan el poder económico y político en Venezuela. Con el triunfo y la llegada al poder de Hugo Chávez se inició un proceso Constituyente para adecuar el Marco Constitucional e Institucional y transformar el Estado y dar origen a una Constitución que consagró la preeminencia de los Derechos Humanos.

La Constitución de 1999 marcó el inicio -de forma legal- de la Revolución Bolivariana, y a través de ella se impulsó el Socialismo del siglo XXI, que renovó la manera de gobernar en América Latina y dignificó a los sectores menos favorecidos, históricamente ignorados y oprimidos por la extrema derecha.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contempla en su título III, los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes, que de acuerdo a expertos, responde al más grande avance progresivo y moderno de los Derechos Humanos.

El texto Constitucional concibe una Estructura de cinco Poderes Públicos, entre ellos el Poder Ciudadano integrado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.

El actual Presidente Nicolás Maduro, sigue abogando por una Plena Garantía de Derechos y por el Dialogo en Venezuela.

*¿Se Han Cercenado las Libertades e Irrespetado las Instituciones del Estado Venezolano?

No es cierto que se hayan cercenado las libertades y violentado o irrespetado las instituciones del Estado. El caso de la Asamblea Nacional opositora, es un caso donde ella misma entro en desacato al no cumplir una orden del Tribunal Supremo de Justicia; quien debía desincorporar tres diputados que no fueron electos legalmente.

La oposición decidió por su propia cuenta no participar en la Asamblea Nacional Constituyente, y por ende, no postulo candidatos y candidatas a la misma.

La mayoría de las personas muertas en las revueltas patrocinadas por la oposición, fueron causadas por ella misma, y si es cierto, en algunos casos, por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes fueron puestos a la orden de la justicia.

Es cierto que, la Constituyente es una vía para superar tantos problemas creados e inducidos por la oposición venezolana, una vía para buscar la paz, una vía para afianzar los Derechos que hasta ahora, se han logrado en Revolución, así como para reforzar la Constitución vigente y lograr más beneficios para el pueblo.

El llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro, a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, es totalmente constitucional basado en los artículos 347, 348, 349 de la Carta Magna venezolana. Al respecto, hay muchas interpretaciones sesgadas y mal intencionadas, pero lo cierto es que la Constituyente es lo más democrático que hay.

Lo cierto es que, votaron la Constituyente 8 millones de personas, dejando de votar 2 millones, por obstáculos, amenazas u otra suerte de impedimentos contra los que deseaban votar, coartando así el derecho al voto, que en nuestro caso es un derecho humano.

Un dato interesante es que, la mayoría de las iglesias evangélicas apoyan el gobierno revolucionario, al constatar que es un gobierno humanista, que apoya los sectores más desposeídos, que permite una libertad de culto total, que tiene una política de atención a la familia, a los jóvenes, a las mujeres, a los ancianos, a las personas con discapacidad, entre otros. Así mismo, hubo varios candidatos religiosos que aportaran a la redacción de la nueva Carta Magna.

*¿Por qué Rusia y China Intervienen a Favor de Venezuela?

Las relaciones con otros países, sea Venezuela u otro país, son parte de la cotidianidad. En el caso venezolano se manejan como Alianzas Estratégicas y no solo es con Rusia y China, sino con otras potencias como Turquía, Irán, India, entre otras, con la finalidad de diversificar la economía y brindar oportunidades laborales, especialmente a la juventud, así como en las áreas de tecnología, minería, alimentos, medicinas, en temas petroleros, económicos, defensa militar, energía, turismo, comercio, fiscal, marítima y política, a favor de los venezolanos. En ningún momento, es una relación de subordinación a ningún Imperio.

Así mismo, estos países también han sufrido los embates de las élites capitalistas occidentales en su casi enfermizo afán de mantenerse como clase dominante a nivel planetario. Estos países al igual que la Venezuela Bolivariana han venido sufriendo del mismo asedio económico y militar.

La imposición de “sanciones” para entorpecer el libre comercio internacional al que cualquier país tiene derecho, es al parecer, “el caballito de batalla”, que usa la economía occidental, para doblegar cualquier intento de superación que desborde los límites que ellos mismos han impuesto, para desmontar cualquier intento de superación que ponga en peligro una hegemonía que pierden cada minuto que pasa.

Por otro lado, desde la llegada del Presidente Chávez al poder, la visión geopolítica de las relaciones exteriores fueron basadas en la ruptura de la hegemonía estadounidense y la apertura de nuestras políticas y mercados a las llamadas economías emergentes, como Rusia y China, con los cuales se ha abierto el camino a la consolidación del mundo multicéntrico y multipolar.

Hasta aquí, algunas preguntas y respuestas, ojala sirvan para esclarecer la matriz mediática que quiere imponer a Venezuela de no dejar que sea libre y tome sus propias decisiones. La pregunta del título y su respuesta la dejo a criterio de los lectores. Las respuestas son claras y sin mentiras, no es práctica revolucionaria mentir, más bien hacer que la gente tome conciencia a través de la lectura, el estudio y el debate de ideas.

Respuestas a Preguntas que no se Creen sobre Venezuela, ¿Por qué? (I)

Escrito en 07/05/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

17-4-2021

Nosotros/as nos fastidiamos hasta el cansancio, tratando que la gente crea y tome conciencia sobre la verdad de Venezuela, y los medios opositores no, además que dicen una mentira y la creen, que increíble.

*¿Hay Democracia en Venezuela?

Para los que la democracia es sinónimo de Elecciones, les informamos que en Venezuela, se han realizado, al menos, 23 elecciones desde 1998, año en que Hugo Chávez fue electo Presidente e inició un proceso de democratización de los poderes del Estado con altos niveles de participación del pueblo en las decisiones que hacen a su vida política, económica, cultural y organizativa. A esto se le llama Democracia Participativa y Protagónica.

Además en Venezuela el voto no es obligatorio, y aun así el porcentaje de participación de las últimas dos décadas está por arriba del 70 por ciento, mayor que lo que sucede en los Estados Unidos, España, Colombia, Perú o Chile. Desde hace, al menos 11 años, Venezuela emplea el voto electrónico o automatizado, que permite agilizar el proceso de sufragio y blindar los resultados.

Además, adelantamos desde ya, que el Presidente Nicolás Maduro, ha sido reiterado como tal, por medio de los votos del pueblo, en elecciones libres, soberanas y democráticas, y avalado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Aprovechamos para resaltar algunos aspectos positivos de la Revolución Bolivariana con su Democracia Participativa y Protagónica de todo el pueblo, y no con populismo ni fascismo, ha tenido logros extraordinarios para esa misma población: erradicación del analfabetismo, inclusión en todas las etapas del sistema educativo, estamos en el 5° lugar del mundo en matrícula universitaria, sistema de salud universal y gratuito, reducción de la pobreza en más del 50%, reducción de la mortalidad infantil y de la desnutrición infantil, entre muchos otros.

Hay que precisar en torno a los aspectos básicos de alimentación, medicinas, ataque a la moneda nacional, transporte-gasolina, y muchos otros, que se han visto disminuidos, por el bloqueo feroz de USA y sus aliados internos y externos. Esto ha servido como propaganda de la oposición, para vender la idea que el Gobierno Revolucionario no atiende estos aspectos de la vida diaria de los venezolanos. Es ya conocido, que la Revolución Bolivariana, tiene en cuenta a la población y de alguna manera, una de las medidas son: las cajas CLAP, (cajas con alimentos básicos) los bonos en dinero en efectivo, y el apoyo a la salud y educación al ser totalmente gratuitas.

Hemos logrado buena parte de las metas del Milenio, como la cobertura de agua potable y saneamiento, la reducción de la pobreza, el acceso a una alimentación balanceada, la inclusión en la educación y en el trabajo sin discriminación por género, entre otras.

En conclusión, el triunfo de la Revolución Bolivariana, con su Democracia Participativa y Protagónica, es el triunfo de las mayorías, de los excluidos y las excluidas, de los invisibilizados y las invisibilizadas, de los obreros, de las obreras, los campesinos y las campesinas, sobre la alianza de los partidos de la burguesía y las oligarquías existentes sumisas, durante décadas, al imperialismo. Y contra esto, no hay Populismo ni Fascismo que valga!

*¿Las Elecciones en Venezuela son Arregladas?

El Poder Público Nacional venezolano, se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral, es decir que, a diferencia de Argentina (solo hay tres poderes) en donde los procesos electorales son organizados por el Ministerio del Interior (poder que depende del Presidente), en Venezuela existe un poder diferenciado del ejecutivo que asume los procesos electivos. El sistema electoral venezolano ha sido reconocido por observadores internacionales, como la Unión de Naciones Suramericanas y el Centro Carter (del ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter), en distintos procesos comiciales como uno de los más confiables y modernos del mundo.

Deseamos recordar y poner como ejemplo, las supuestas “irregularidades” de las elecciones del 20 de mayo 2018, aduciendo que solo dos partidos participaron y toda una suerte de señalamientos de fraude.

Deseamos señalar que estas elecciones tienen una historia larga, con muchos acontecimientos y circunstancias coyunturales. Invito a buscar en Internet, todo lo referente a estas elecciones, donde hay abundante información. No obstante, tratare de ser lo más preciso posible.

¿Quiénes participaron en estas elecciones?

El grupo de los partidos políticos que participaron formalmente en las elecciones del 20MAY2018, fueron: Avanzada Progresista (AP), Copei, Movimiento al Socialismo (MAS) que apoyaron al candidato Henri Falcón.

A su vez, los partidos políticos, Esperanza por el Cambio de Javier Bertucci, y UPP89 de Reinaldo Quijada. Y por supuesto el partido político PSUV cuyo candidato fue Nicolás Maduro Moros.

¿Quiénes no participaron en estas elecciones?

El grupo de la llamada MUD, Mesa de la Unidad Democrática, cuyo bastión importante lo agrupan organizaciones como Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular Activistas (VPA), Un Nuevo Tiempo (UNT), Alianza Bravo Pueblo (ABP), Vente Venezuela (VV), Proyecto Venezuela (PRVZLA), Convergencia, Causa R, Bandera Roja (BR), entre otras.

Quienes, como en otra ocasión, apostaron a la no participación electoral, a fin de generar las condiciones para reactivar una agenda violenta, como desenlace a la actual coyuntura política en el país.

Dicha agenda violenta pudiera constituirse en una desobediencia civil, un Golpe Militar tradicional, Guerra Civil, una intervención militar internacional o la combinación de todos los escenarios anteriores.

*¿Hay Dictadura en Venezuela? ¿Nicolás Maduro es un Dictador?

No es cierto que el gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro, sea una dictadura. Precisemos que un dictador no respeta o irrespeta su propia Constitución, este no es el caso de Nicolás Maduro, quien en todos sus actos, siempre actúa velando por la constitucionalidad de sus políticas. En 18 y más años, de gobierno revolucionario, nunca SE HA ROTO EL HILO CONSTITUCIONAL. Las protestas de la oposición, han sido contenidas, utilizando solo agua y gases, nunca reprimidas, como se hace en otros países.

Hay toda una campaña mediática de la oposición venezolana, hacia el exterior e interior de Venezuela, enfatizando que en el país hay un dictador, una dictadura ejercida por el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, Y MAS AUN, A PARTIR QUE EL MANDATARIO VENEZOLANO HAYA ACTIVADO EL PODER ORIGINARIO DEL PUEBLO, AL PROPONER UNA Asamblea Nacional Constituyente, deseamos precisar algunas ideas en torno a las Dictaduras, sin hacer juicios de valor, solo precisarlas, para que se vean sus postulados principales.

La dictadura es un sistema de gobierno o régimen gubernamental donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. El dictador no permite la oposición a sus acciones y a sus ideas, tiene poder y autoridad absolutos. Se trata de un régimen no democrático, antidemocrático y autocrático, donde no existe la participación del pueblo.

Existen varios tipos de Dictaduras, a saber:

Dictadura Fascista: El concepto de régimen fascista puede aplicarse a algunos regímenes políticos dictatoriales, ya fueran totalitarios o autoritarios de la Europa de entreguerras y a prácticamente todos los que se impusieron por las potencias, durante su ocupación del continente durante la Segunda Guerra Mundial.

De un modo destacado, y en primer lugar, a la Italia de Benito Mussolini (1922) que inaugura el modelo y acuña el término; seguida por la Alemania de Adolf Hitler (1933) que lo lleva a sus últimas consecuencias; y la España de Francisco Franco que se prolonga mucho más tiempo y evoluciona fuera del periodo (desde 1939 hasta 1975). Las diferencias de planteamientos ideológicos y trayectorias históricas entre cada uno de estos regímenes son notables.

Dictaduras Autoritarias: El término autoritarismo, no tiene una ideología tan elaborada, el ensalzamiento del líder se hace de forma meramente propagandística. No busca el apoyo de las masas, sólo someterlas. Su meta última no es realizar grandes cambios en la sociedad sino únicamente imponer su poder sobre la misma. El autoritarismo busca acallar a los disidentes y evitar sus expresiones en público.

En Las Dictaduras Totalitarias, la concentración de poder está en una sola persona o grupo muy reducido, usualmente un partido político o movimiento, que puede incluso conducir al culto a la personalidad del líder. Se justifica la actuación política mediante una doctrina global que se manifiesta en todas las esferas de la actuación humana: economía, cultura, familia, religión. Se emplea sistemáticamente el terror, por medio de policías y ejércitos para eliminar a la disidencia u oposición. Se utilizan los campos de concentración para aislar a la oposición y enemigos del régimen. Busca no solo acallar sino también extirpar las formas de pensamiento opuestas, mediante el adoctrinamiento y la remodelación de las mentalidades.

Se han desarrollado también una especie de Dictaduras llamadas Modernas, en las cuales, los dictadores también pueden llegar al poder siendo elegidos en votaciones populares, designados por un partido único o jerarquía dominante de cualquier signo, o heredar el poder tras el fallecimiento del pariente que lo ostentaba. Guarda conexión con los totalitarismos a través de la implantación de un sistema de legitimación del poder público mediante un sistema político de fuerza y jerarquía; y mediante la ideología del movimiento o partido.

A su vez, La Dictadura Constitucional es la forma de gobierno en la que, aunque aparentemente se respeta la Constitución, en realidad el poder se concentra de manera absoluta en las manos de un dictador (y en ocasiones, en las manos de sus cómplices), controlando éste, directa o indirectamente, los Poderes. El mecanismo mediante el cual se mantiene el aparente respeto a la Constitución se denomina fraude constitucional: un ejemplo es el fraude electoral.

Todos estos tipos de dictaduras tienen un componente militar que las caracteriza. Que en algunos casos se implementan a través de los llamados Golpe de Estado, y que es una forma de gobierno donde el poder está completamente controlado por los militares.

Veamos algunas características de las Dictaduras:

Poder sin límites. En las dictaduras no existen control ni límites a las determinaciones que tome el dictador. De este modo a lo largo de la historia estos dictadores autoritarios han cruzado barreras morales y jurídicas sin presentar siquiera argumentos lógicos que sustenten sus acciones. De este modo se han cometido asesinatos masivos, privación de la libertad, encarcelamientos injustificados, otras.

No hay Leyes Constitucionales. Dado que no existe la división de poderes en las dictaduras, las leyes que se sancionan son directamente propuestas por la figura monárquica de quien está al mando. Los ciudadanos no poseen leyes que los amparen ya que, en el mejor de los casos, la constitución es adaptada a las necesidades del dictador y del grupo al que pertenece y representa.

Intromisión en la vida privada de las personas. Generalmente, en las dictaduras, las fuerzas armadas tienen la capacidad de privar de su libertad a cualquier ciudadano si así lo consideran necesario. También pueden solicitar datos, objetos personales e incluso irrumpir en propiedades privadas.

Desvanecimiento de la figura del Presidente. Dado que este término describe a la figura máxima dentro de un gobierno democrático (opuesto a los gobiernos de facto) existe un desvanecimiento de la figura del Presidente como tal. Aunque también en ciertas dictaduras el dictador al mando se ha dado en llamar Presidente, sólo conserva su nombre dada la ausencia del aparato democrático que lo sustenta detrás.

Control de los medios de comunicación masivos. Todas las dictaduras supervisan el contenido de los medios de comunicación así como también a sus periodistas y trabajadores. De esta forma tienen bajo su control y dominio los medios y persuaden a la población. Generalmente se utilizan estos medios interviniéndolos e inculcándole a la población características positivas del líder dictador al mando. Esto, a menudo, coloca al dictador en una figura de padre protector y benefactor del pueblo.

Violación de los Derechos Humanos. Durante los gobiernos de facto, existe una ausencia total de los derechos del pueblo y los derechos humanos no son una excepción. Durante este tipo de gobiernos se pueden llegar a hacer uso de guerras o batallas (internas o externas) para justificar actos de violación de los derechos humanos ya sea hacia su pueblo o hacia otros países.

Control a través del miedo. Todas las dictaduras han dominado y controlado a sus ciudadanos a través del miedo. Ellos generan y fomentan en el pueblo el terror a ser perseguidos, torturados y asesinados sino se acatan las órdenes estrictas de la dictadura.

La Iglesia como medio de dominación. Comúnmente las dictaduras necesitaron tener el aval espiritual. De esta forma se les otorgó un poder desmedido a la iglesia (mayoritariamente este poder se le dio al a iglesia católica) quienes eran los encargados de «encauzar» las almas de aquellos que se habían desviado del camino espiritual. De este modo, las dictaduras podían justificar moralmente su repudio hacia los homosexuales, negros o personas que no compartían esta religión.

Errores comunes de las dictaduras. Dado que infunden miedo no solo en el pueblo si no en todos los que rodean al dictador, los ayudantes de éste evitan expresar críticas u opiniones diferentes a las que propone dicho dictador. Por esta razón se genera un ambiente donde los errores son frecuentes y, en ciertos casos, pueden llegar a terminar con el régimen.

Diferencia entre Democracia y Dictadura: Son de hecho dos extremos opuestos, y también de las formas de gobierno más comunes hoy en día. La democracia es, según traducción literal de su voluntad, el gobierno del pueblo por el pueblo. Es decir, que son los ciudadanos quienes deciden las leyes, quiénes son los representantes para gobernar.

Estas decisiones en democracia pueden realizarse de forma directa mediante elecciones de diverso tipo (nacionales, autonómicas, u otras) o bien de forma indirecta, cediendo el poder a representantes con el fin de agilizar la aprobación de leyes, por ejemplo.

La democracia es el sistema de gobierno más extendido, sobre todo en la sociedad occidental, a pesar de que ha sido duramente criticada por ciertas debilidades, así como en ocasiones por esconder en la práctica una dictadura no reconocida.

Democracia: El gobierno es de todos. Existen elecciones, libres y periódicas. El mandato de los líderes es por consenso de los gobernados. Los líderes políticos son responsables de las acciones del pueblo. El poder se halla concentrado en la Constitución. La parte oponente, la oposición, tiene acceso a los medios de comunicación. Se permite la crítica. Se protege las libertades civiles. Se respeta el derecho de las minorías. Se considera como oponentes a quien están en contra del grupo político que se encuentra en el poder.

Dictadura: El gobierno es de uno solo. No existe la libre elección. El dictador manda sin el consenso de los gobernados. Los líderes responsabilizan al pueblo por sus acciones. No hay constitución vigente. Los medios de comunicación son controlados. Se prohíbe la crítica. Se prohíbe las libertades civiles. Se ignora por completo el derecho de las minorías. Se considera como enemigos a quienes están en contra del que se encuentra en el poder.

Continuará…

Secretaría Seguridad Social CTRN: Sobre la acción de inconstitucionalidad a la ley 9808

Escrito en 23/04/2021. Publicado en Trabajo.

Juan Carlos Durán Castro, secretario de Seguridad social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, presenta la posición política respecto a la relación a la noticia expuesta por la dirigencia de la ANEP, sobre la acción de inconstitucionalidad referida a la ley 9808 y su vínculo directo con el derecho humano y fundamental de huelga:

Celebramos esta noticia e instamos a todas las organizaciones sindicales y sociales a que se apersonen a la instancia requerida y con sólidos argumentos constitucionales coadyuven reforzando esta acción que ha sido acogida por la Sala Constitucional.

Hacerlo es POLÍTICAMENTE LO CORRECTO y sería una señal de que se hacen a un lado los egoísmos corporativos y se piensa en la colectividad de cara a la lucha social nacional en un contexto hiper adverso que en buena parte es el resultado de yerros sindicales que se deben aceptar y asumir con meridiana humildad.

Pero más allá de lo dicho al final del párrafo anterior, sin duda alguna desde nuestra humilde mirada, la tarea de RECONFIGURAR el derecho de huelga en lo particular y el derecho a la protesta social en general, entendiendo toda acción como un paso de lucha por la despenalización de la protesta social en una Costa Rica que camina hacia un totalitarismo peligroso es lo correcto.

Así las cosas, aspirar a modificar los enormes yerros legales y constitucionales de la ley 9808, constituye empezar a dar los pasos en la dirección correcta de cara a darle un nuevo aliento a la lucha política nacional, pensando además en la defensa de una nueva institucionalidad humanizada y modernizada que permita visualizar un nuevo Estado Social de Derecho que aspire a descarrilar el tren del desempleo y la pobreza.

Ese tipo de sindicalismo que trascienda es el que demanda la coyuntura política nacional y esa es una tarea urgente para el país, esperamos entonces que prive la madurez política y que cada quien haga la tarea que le toca pensando en las mayorías.

Información compartida con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro, Secretario de Seguridad Social CTRN.

Propuesta de líneas políticas en Salud Nacional

Escrito en 11/03/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Marlin Óscar Ávila Henríquez

«Este trabajo ha sido elaborado con la esperanza que un nuevo poder político lo trate de utilizar en un Estado de Derecho, con un gobierno elegido en las próximas elecciones que se efectuarían en noviembre del presente año en Honduras. Si no, cuando llegue a existir.

Sin lugar a dudas, su aplicación enfrentaría obstáculos fuertes, aun en un Estado de Derecho. Irónicamente el sector que puede obstaculizarlo bastante será el mismo gremio de los galenos integrados en el Colegio Médico de Honduras (CMH). Sabemos bien que el sistema del libre mercado o neocapitalismo, ha tenido existo en conquistar a los médicos a su favor. Las significativas prebendas que reciben de las grandes farmacéuticas; las ventajas y privilegios en ingresos al ser contratados por centros privados, hospitales, y demás servicios privatizados en el sistema de salud, les ha hecho olvidar su ética médica y su juramento Hipocrático e inclinarse más por privilegiar sus ingresos económicos y mercantiles frente a lo humano y el salvar vidas. Así como ocurre ahora en Bolivia, donde el gobierno declaró en emergencia sanitaria y, muchos médicos se han opuesto porque les afecta sus bolsillos, declarando paro general, el gremio de médicos favorecido con la privatización, allí, como en otros países, sin excluir a Honduras, son capaces de incumplir con sus juramentos, de dejar morir pacientes en significativas cantidades, si se les presenta la opción de elegir entre mantener sus privilegios o servir al pueblo.

Marlin Óscar Ávila».

SURCOS comparte el documento para su lectura completa:

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Etiqueta: estado de derecho

Por Marlin Óscar Ávila1 de 225 de junio de 2021

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