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Etiqueta: estado de derecho

¿Cómo entender la Póliza que el Gobierno quiere recetarse?

Vladimir de la Cruz

Las pólizas son documentos en los que se establecen condiciones generales y específicas de contratos de seguro, de obligaciones y derechos de las personas aseguradas y de la compañía que les brinda el seguro, o el servicio de protegerlos de esa forma.

Son seguros de protección que adquieren las personas, los profesionales de distintas disciplinas o actividades laborales para cubrir aspectos relacionados con su práctica laboral o profesional, en casos de que en ellas se cometan faltas, malas praxis, y por resultado de ellas responsabilidades que se deben cubrir pecuniariamente con los afectados de esos trabajos o labores.

Los médicos, por ejemplo, especialmente los especialistas, adquieren esas pólizas para cubrir resultados negativos de sus trabajos, o demandas que puedan sufrir por la insatisfacción del trabajo médico quirúrgico hecho.

Así, la póliza protege al asegurado sobre los riesgos previstos en el contrato de seguro, en la póliza, en la posibilidad de que se produzcan resultados dañinos resultado de su trabajo, por el que deban afrontar una demanda de gastos por el daño o incidentes causados.

Es usual en Costa Rica tomar obligadamente pólizas sobre créditos bancarios o financieros, con las cuales los bancos obligan a los que reciben esos préstamos a tomar una póliza a favor del banco, y del crédito mismo, en caso de que no se pueda cubrir por alguna situación, durante el tiempo fijado o determinado de vigencia de esa póliza.

Las pólizas tienden a producir seguridad y tranquilidad para cubrir posibles riesgos. Así la persona asegurada puede presentar la reclamación para recibir la inmunización acordada en la póliza.

Hay pólizas de muchos tipos, de gastos médicos, de autos, de vida, de estudiantes, para flotillas de autos, las colectivas de vida.

Póliza y seguro son conceptos que se relacionan. El contrato de seguro es el acuerdo que se establece entre el asegurador y el cliente asegurado. La póliza refiere al documento donde se establecen los datos, coberturas y condiciones que se pactan.

Todas las pólizas tienen lo que se llama un saldo, que es un porcentaje de lo pactado que siempre se lo deja el asegurador, una vez descontado de lo que se cubrirá al asegurado. De manera que si se toma una póliza, por ejemplo, de 300 millones de colones y el saldo que se deja la empresa aseguradora es de un 10%, la empresa se deja 30 millones, sea la empresa o quien dentro de la empresa realiza el contrato de seguro o la póliza pactada como pago de comisión por el contrato hecho. Así, cuando desde el gobierno se impulsa un proyecto de tomar una póliza para cubrir actos de ciertos funcionarios, del más alto nivel, bien podrían estarse negociando aspectos relacionados con esos porcentajes, de a quien le quedan. Todas las pólizas tienen gastos por tipos de interés y de comisión.

En teoría, las pólizas ayudan a aclarar y reforzar los niveles que se esperan de los empleados en todas sus relaciones profesionales o laborales. Igualmente, se deduce de esto que los empleadores que gestionan, al personal asegurado por la póliza, pueden ejercer un control más directo y eficaz sobre lo que se acepta o no de su trabajo.

Los gobernantes, por el principio de representatividad política, son mandatarios del poder soberano del pueblo, son depositarios de un mandato, que resulta del voto de los ciudadanos, en cuyo nombre ejercen el gobierno de la República.

El pueblo en general y los votantes en particular son los mandantes de los mandatarios. El pueblo en general y los votantes en particular pueden exigir cuentas, ejercer control político directo. Pueden pedir incluso, en la teoría política, la destitución, la renuncia o pueden proceder a remover al mandatario que se aparte del poder de sus mandantes, exigiendo que gobiernen bien, a favor del pueblo.

Los mandatarios, llámense presidente, vicepresidentes, o funcionarios que resulten electos por votación popular, o aquellos que sean nombrados por estas autoridades, como los ministros, viceministros, presidentes ejecutivos, NO pueden actuar en contra del pueblo o los mandantes. NO pueden abusar del pueblo. NO pueden excederse de su ejercicio de gobierno. NO pueden producir actos de corrupción, de deshonestidad, de extralimitarse sobre todo de manera dolosa, alevosa o criminosa. NO pueden justificar o tratar de cubrirse, por medio de una póliza, de actos que presumiblemente valoran en posibilidad de que les califiquen de corruptos que puedan realizar, o de actos dañinos que puedan ejecutar contra el interés público, el medio ambiente, los derechos y libertades, o incluso contra la misma alteración del Estado de Derecho.

Es justamente este Estado de Derecho el que obliga al mandatario, al presidente y sus colaboradores, a actuar en el marco de las leyes y de la Constitución Política, sabiendo que solo pueden realizar, hacer o ejecutar lo que las leyes y la Constitución Política les permite. NO pueden salirse de ese marco normativo alegando que no les dejan gobernar.

Los gobernantes, sea como se llamen, están limitados por las leyes. Los ciudadanos a diferencia de ellos están gobernados por las libertades y derechos que disfrutan constitucional y legalmente establecidas. Para los ciudadanos las libertades y derechos no están limitados porque no serían libertades y derechos. Se ejercen en el ámbito del disfrute colectivo de las mismas libertades y derechos respetuosos para los ciudadanos.

Los dictadores, los tiranos, los déspotas, los gobernantes autoritarios, los gobernantes militaristas justamente se distinguen por no someterse a las limitaciones de las leyes y de la Constitución en su actuar gubernativo. Se distinguen también cuando dolosa y alevosamente las violan, las incumplen, las desconocen y rechazan con sus actos, o cuando en procura de sus malas actuaciones, conscientes y previsibles, tratan de cubrirse de demandas civiles y penales que puedan causar sus políticas, y personales actuaciones, en ejercicio del cargo que desempeñan, incluso prolongando esa protección más allá de su mandato funcional.

En materia de seguros se dice que las pólizas sirven para brindar cobertura total o parcial al asegurado ante un siniestro, de un acto que obligadamente se tenga que indemnizar, por el conjunto de daños que puedan producirse de esas actuaciones.

Siniestro implica mala intención. Si el gobierno está tratando de cubrirse con una póliza hay que entender que tienen, en el gobierno, malas intenciones en el ejercicio de los cargos que desempeñan quienes así quieren cubrirse y protegerse, del mal ejercicio de su obligación laboral y directora institucional. El malintencionado es un malvado. Malvados son los miembros del gobierno que están impulsando la cobertura de la póliza para sus malvadas intenciones de actuación pública, sin importarles si violan o no las leyes y la Constitución, si con la póliza pueden protegerse de actos que están realizándose, o que se tiene planeado realizar o impulsar.

El siniestro es también una destrucción total o parcial de los bienes sobre los que recae el interés asegurado. Esto significa que estamos ante la destrucción total o parcial del país y del Estado costarricense por quienes están gobernando Costa Rica, y quieren protegerse a cuenta de una póliza de una entidad estatal de lo mal que pretenden administrar el país en los pocos meses que le quedan. En el reino animal, que puede ser el del jaguar, es depredar el ecosistema, degradarlo. En lo política equivaldría a depredar y degradar la democracia como sistema, como el inquilino de Zapote lo está haciendo cotidianamente.

Siniestro significa también maldad, daño y peligro. La póliza que se está tratando de justificar desde la guarida del Jaguar de Zapote nos está advirtiendo de la maldad, del daño y del peligro que significa para el país la continuidad del mandato que está depositado en ese jaguar, sus jaguaras y sus cachorros.

Sicológicamente, siguiendo a Freud, lo siniestro se evidencia en la persona que se encuentra desconcertada y perdida. Entendido así, hay que comprender que el presidente está perdido y desconcertado; es decir, y es evidente con lo que llevamos de gobierno, que no sabe para donde ir, que no tiene ruta, ni velas, ni brújula, ni sextante, ni astrolabio. Como diríamos en lenguaje popular costarricense: el presidente se encuentra más perdido que el niño de la Llorona…

En general, las pólizas obligan a ambas partes, al que la da y al que la recibe. En los anuncios de la póliza, que es como un manto protector de tortas, de mala praxis, de mala praxis gubernativa, no se ha dicho a qué se compromete la cuadrilla de trabajadores que se quieren cubrir con esa póliza estatal, que la pagan todos los costarricenses.

Por las leyes laborales del país, las de la seguridad social y las de seguridad e higiene ocupacional, la Casa Presidencial está cubierta para todos sus funcionarios sin necesidad de brindarles una cobertura especial adicional. Si tiene una caída, una enfermedad o un accidente están cubiertos como cualquier otro trabajador, siempre y cuando sean ocurrido como resultado de su actividad laboral, no de sus intenciones de realizar trabajos riesgosos, peligrosos, dañinos, que pueden tener efectos sobre los ciudadanos, sobre la sociedad, sobre bienes públicos, sobre el medio ambiente.

La póliza que el gobierno gestiona no es como las de la ley de Tránsito que protegen, en caso de lesión y muerte, a las víctimas exista o no culpa del conductor. Tampoco son pólizas por incapacidad laboral, que le dan un subsidio al trabajador.

Las pólizas que se quieren recetar en el Gobierno es una manera disfrazada, lo que se llama un fraude de ley, de aumentarse el salario mensual de los funcionarios, de aumentarse el aguinaldo y lo que les pueda aumentar en sus futuras pensiones. Es contrario este aumento a la legislación que se ha venido aprobando en contra de todos los trabajadores. Es también fraudulento el proceso de enriquecerse con los fondos públicos, de esa manera, para tener un ingreso adicional disfrazado mediante la póliza.

Por otra parte, si las autoridades de gobierno quieren recetarse esta protección y este aumento de salario solapado, ¿por qué no extender la protección de la póliza, del presidente y sus amigos, a todas las autoridades municipales, al alcalde, a los vicealcaldes, a miembros de los concejos municipales y aquellos funcionarios que tengan responsabilidades en la toma de decisiones, en la misma proporción que las autoridades que rodean al presidente? ¿Acaso no son lo mismo a nivel de los gobiernos locales? Ahí tenemos 84 pequeños gobiernos. ¿qué espera la Unión de Gobiernos Locales y el Instituto de Fomento de Ayuda Municipal para sumarse a la gestión de Zapote. Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, dice el refrán popular. Igual para todos los funcionarios: que los jerarcas se cubran por indemnizaciones, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas y hasta los gastos para PROTEGER SU REPUTACION y COSTEAR ASESORAMIENTOS DE RELACIONES PUBLICAS. Este último aspecto muy importante ante las próximas elecciones, en catorce meses, para mejorar imagen de posibles candidatos. La protección de la póliza cubre sobre actuaciones ejercidas durante el período en que ocupó el puesto mientras la póliza se encuentra en vigencia.

¡Qué rico gobernar así!, casi sin responsabilidades. Con posibilidades abiertas de cometer cualquier acto ilegal, inconstitucional, dolosa y alevosamente si fuera del caso…

La realidad que ha puesto a la vista el presidente con esta gestión en estudio, de la póliza que disfraza el aumento de salario y protege de cualquier torta, es que estamos a las puertas de la asunción celestial, en cuerpo y alma, de un equipo de Gobierno Absoluto de la Corrupción Nacional, sin descuidar la mala fama internacional que el gobierno ha adquirido y goza de tener un narco Estado en el país, bajo su administración.

Compartido con SURCOS por el autor.

Campaña en defensa del Estado de Derecho de Costa Rica – para firmar

Comunicado de grupo de personas de diversas creencias políticas y ocupaciones

Frente al montaje de hechos falsos, para intentar coaccionar al fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz Sánchez, firmamos este manifiesto.

Costa Rica es la democracia más antigua de América Latina y uno de sus pilares fundamentales ha sido el Estado de Derecho, construido a lo largo de muchas generaciones, que hoy día se ve acosado por los ataques y mentiras de un Poder Ejecutivo, con oscuros propósitos.

Como parte del ataque a nuestra democracia y a la división de poderes, el fiscal general está siendo objeto de amenazas y calumnias que buscan intimidarlo para que la fiscalía no proceda con la función encomendada por el Estado y la Constitución Política en el combate a la corrupción y los delitos contra la hacienda pública.

La fiscalía no ha actuado de oficio en este caso llamado “barrenador” (los EBAIS concedidos a algunas cooperativas y asociaciones privadas por la junta directiva de la CCSS), lo hace obligada por una denuncia de la auditoría interna de la CCSS, que la compromete, por ley a intervenir para esclarecer si hubo o no delito.

Conscientes de eso y también de la necesaria independencia, libre de presiones o amenazas en su actuar, es que damos nuestro indiscutible apoyo a las funciones que realiza la fiscalía, sobre todo en este caso que es objeto de chantaje para intentar obstruir su accionar por parte del Poder Ejecutivo.

La campaña ya cuenta con más de 1200 firmas, si desea agregar la suya siga este enlace.

Un año de barbarie

Oscar Madrigal

Desde el inicio de nuestra lucha entendimos que el terrorismo no era una forma revolucionaria de acercar a las masas al socialismo.

Las acciones terroristas con ejecutadas, por lo general, por un pequeño grupo clandestino que ejecuta acciones pequeñas para asesinar a miembros del ejército o políticos, con el fin de provocar miedo en la población. Desde esta perspectiva, las luchas de masas, las luchas populares no son terrorismo, aunque en ese combate se puedan producir explosiones o ajusticiamiento de esbirros y saboteadores. Las acciones de violencia política no pueden catalogarse de terrorismo.

Sin embargo, su uso se generalizó desde el 11 de setiembre de 2001 y se aplica -según los intereses de los estados- a muchas acciones que son resistencia y lucha política de los pueblos oprimidos.

Por otra parte, el terrorismo más peligroso y letal es actualmente el Terrorismo de Estado. Tan condenable como el de pequeños grupos, el terrorismo de estado es más brutal porque se ejerce generalmente como defensa nacional o defensa del estado por lo que se legitiman la tortura, las desapariciones, el espionaje colectivo o la eliminación selectiva de todos aquellos que puedan ser considerados enemigos del Estado.

En los juicios contra la dictadura de los militares argentinos, éstos argumentaron que la brutal represión se hizo para defender al Estado de las acciones de los subversivos o guerrilleros; la justicia argentina condenó a la cúpula militar argumentando que el Estado no tiene el derecho de actuar ilegalmente, aunque sea para defender la legalidad. El Estado no puede violar los derechos humanos para defenderlos, el Estado de Derecho se defiende conforme a las leyes y la constitución.

Este día se cumple un año de barbarie, de un genocidio pocas veces visto en las últimas décadas de historia. Me llama la atención que los bombardeos y ataques que realizan los que la prensa llama grupos terroristas están dirigidos contra las bases militares e infraestructura militar de Israel, mientas que los bombardeos de Israel -que supuestamente no es terrorista- se dirigen contra hospitales, escuelas, barrios, fábricas, carreteras, de manera indiscriminada y sin importar lo que ellos llaman daños colaterales. El resultado hasta hoy es de 45.000 muertos, 10.000 desaparecidos, en su mayoría niños, niñas y mujeres en Gaza y varios miles de muertos ahora en Líbano.

La guerra de Israel está dirigida por Netanyahu, con orden de captura internacional por la Corte Internacional de Justicia, que es un corrupto condenado por la propia justicia israelí, junto a una camarilla de ultraderecha, ultra nacionalista y racista que ha perdido todo sentido de la razón y los límites. Una camarilla, que, por mantener su impunidad, está acabando con el mismo pueblo israelí, alejando sus fuentes productivas y sembrando traumas de guerra que dejarán solo mentes enfermas dentro de los jóvenes y del pueblo de Israel.

Netanyahu y su camarilla están desquiciados y totalmente fuera de control. Ese engendro se le escapó de las manos a EEUU y la OTAN.

A ningún país le sirve o interesa que esa zona del Cercano Oriente se convierta en un conflicto generalizado solo porque la camarilla de Israel esté interesada en llegar hasta su propia inmolación. Las consecuencias serían desastrosas, no solo por el petróleo sino por el comercio mundial en general.

Según parece el mundo se está hartando de Netanyahu y su camarilla racista. Ya empezó Macron negándose a entregarle más armas a Israel y el gobierno de Biden y Harris parece endurecer sus posiciones.

¿Está pensando EEUU y la OTAN en un recambio en la cúpula israelí?

Netanyahu y su grupo manifestaron que en 4 semanas acabarían con Hamás en Gaza, pero ya pasó un año y la guerra se ha extendido a otras regiones. El pueblo palestino no desaparecerá, al contrario, la solidaridad y el apoyo de todo el mundo lo ha respaldado.

Palestina será libre, y ello cada vez está más cerca.

8 % ya

Manuel Hernández

1.- El ordenamiento político-constitucional de Costa Rica está sostenido en tres pilares: Estado de Derecho, democracia y Derechos Humanos.

La convergencia de los tres pilares se resume en la fórmula del Estado Social Democrático.

Además de los derechos y libertades individuales, ese modelo de Estado está configurado por los derechos sociales y los derechos fundamentales de última generación.

Los derechos fundamentales están interrelacionados y son indivisibles.

2.- El derecho a la educación es un derecho social, preeminente en nuestro ordenamiento, que se refleja en la protección que le garantizan múltiples reformas constitucionales, tendientes al fortalecimiento de la educación pública.

No es una simple abstracción jurídica.

Es un derecho subjetivo, cuya infracción es exigible judicialmente.

3.- El legislador constituyente no se limitó a reconocerlo como tal, es decir, como derecho subjetivo, sino que también estableció un dispositivo presupuestario para garantizar su efectividad.

Ese dispositivo está contemplado en el artículo 78 constitucional.

El precepto le asegura a la educación pública, una asignación presupuestaria, mínima, del 8% de PIB.

4.- Lamentablemente esa norma se ha convertido en una cláusula fallida, inútil, a merced de su constante e impune incumplimiento.

La norma constitucional constituye un mandato imperativo.

La imperatividad implica, por un lado, la obligatoriedad que tiene el Ministerio de Hacienda de incluir en el proyecto de ley de presupuesto de la República esa asignación mínima, y por otro lado, correlativamente la obligación de la Asamblea Legislativa de aprobarla.

Así lo determinó, de manera contundente, el Voto 12803- 2016 de la Sala Constitucional, que tiene un carácter vinculante, erga omnes.

5.- Cualquier propuesta presupuestaria que esté por debajo de ese estándar mínimo vulnera la Constitución.

6.- Mucho menos los actores sociales pueden proponer una mora de cinco años, en el cumplimiento de esa obligación, para que ilusoriamente se haga efectiva hasta la próxima década.

No es transigible ni renunciable la observancia del precepto constitucional.

6.- La sostenibilidad del presupuesto que constitucionalmente debe destinarse a la educación pública, no puede quedar a la suerte de promesas políticas o propuestas “razonables” de algunos sectores sociales y universitarios, las cuales deben confrontarse con los mecanismos de exigibilidad jurídica dispuestos en la Constitución.

7.-Mucho menos a expensas de la Regla Fiscal se puede vaciar de contenido el artículo 78 constitucional, salvo que se violente el principio de supremacía constitucional.

La crisis fiscal, que no ha sido causada por la clase trabajadora, no puede traducirse en una reducción de los derechos sociales reconocidos en la Norma Suprema.

8.- La Asamblea Legislativa tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional, ahora más que nunca que la educación pública se la trajeron al suelo.

9.- Los actores sociales y universitarios del Pacto de la Educación, que se dejaron seducir por la “flexibilización” de la aplicación de la norma fundamental, tienen que revisar su posición “conciliadora” y demandar, sin tanto doblez, el respeto de la ordenanza constitucional.

¡8 % ya!

Presentación del libro «Libertad de Expresión y Estado de Derecho»

Fecha: jueves 5 de septiembre de 2024. 

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Auditorio del Colegio de Periodistas. 

El próximo jueves 5 de septiembre de 2024, a las 10:00 a.m., se llevará a cabo la presentación del libro titulado «Libertad de Expresión y Estado de Derecho». El evento tendrá lugar en el auditorio del Colegio de Periodistas.

Este evento es organizado por el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) y el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI). La presentación promete ser una oportunidad única para reflexionar sobre temas cruciales como la libertad de expresión y su relación con el estado de derecho en la sociedad actual.

Se invita a estudiantes, académicos, periodistas y al público en general a asistir a esta actividad, la cual busca fomentar el diálogo y el entendimiento sobre los desafíos y las responsabilidades que enfrenta la libertad de expresión en el contexto contemporáneo.

Defensoría ante resolución de la Sala Constitucional sobre Ley Jaguar

El respeto a las resoluciones de la Sala Constitucional es fundamental para la estabilidad democrática y la paz social. Insta a defender los cimientos del Estado de Derecho

La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a respetar las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional, en tanto constituyen un cimiento fundamental del Estado de Derecho y de la convivencia democrática.

El acatamiento de lo resuelto por dicho órgano jurisdiccional ante los asuntos sometidos a su conocimiento es necesario para la seguridad jurídica del país, indistintamente de las posiciones particulares de las partes involucradas.

La Defensoría de los Habitantes considera esencial que las controversias se canalicen a través de los mecanismos existentes, en apego al ordenamiento jurídico.

El respeto y equilibrio entre los Poderes de la República es indispensable para que Costa Rica camine por la vía democrática. Toda sociedad puede decidir los cambios que se necesitan sin debilitar los controles que garanticen la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos. En una democracia como la costarricense, todas y todos debemos velar porque se garantice la independencia en la actuación de las instituciones del Estado, así como el adecuado funcionamiento de los contrapesos en el ejercicio del poder público.

Como Institución Nacional de Derechos Humanos, desde la Defensoría de los Habitantes seremos absolutamente respetuosos de las resoluciones que emita la Sala IV, siendo que sus fallos se basan a lo establecido en nuestra Constitución Política y que, las personas que somos funcionarias y funcionarios públicos, juramos respetar y defender.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

¿Crisis o tragedia?

Por Arnoldo Mora

Arnoldo Mora

Bien hacen los que, en gesto patriótico, desenmascaran a quienes, desde el poder, atropellan las instituciones democráticas que sustentan nuestro Estado de Derecho. Los apoyo de corazón. Pero esto no basta. La tragedia que Costa Rica, estupefacta, está viviendo ante los desmanes del actual residente de Zapote – el apelativo honroso de “presidente” de una nación democrática, le queda muy pero muy grande a este improvisado que hoy (des)gobierna a nuestra querida Patria – debe ser analizada a la luz de nuestra historia. Eso da para escribir un libro entero; aquí tan sólo pretendo esbozar sus grandes líneas.

La forja de una nación se da en tres etapas. Nace como “pueblo”, se desarrolla como “nación” y se institucionaliza formalmente con la creación del Estado Nacional. Con una madurez impresionante, Costa Rica lo logró antes que otras naciones del entorno y por medios – lo cual es aún más impactante- eminentemente políticos, es decir, con un mínimo de derramamiento de sangre fratricida. Veamos. En el s. XVII gracias al mestizaje, nacimos como pueblo (el homo sapiens es una especie de mamíferos que vive en manada). En las décadas finales del s. XVIII e inicios del XIX, bajo la influencia de las reformas borbónicas impulsadas por Carlos III, nos convertimos en “nación”, es decir, adquirimos conciencia de nuestra identidad colectiva; este proceso fue hegemonizado por las nacientes ciudades del occidental del Valle Central, San José y Alajuela, triunfadores de la Batalla de Ochomogo (1823) que creará la Costa Rica liberal y republicana. En el siglo XIX, luego de nuestra independencia, forjamos el Estado Nación, gracias al espíritu visionario de Braulio Carrillo, al heroísmo patriótico de Juanito Mora y a la firmeza de los liberales de la década de los 80. Con la reforma de la educación de D. Mauro Fernández, se pusieron las bases de lo que será lo que los costarricenses entendemos por “democracia”, el Estado social de derecho. Esa fue la labor del siglo XX, llevada a cabo en tres etapas. La creación del Estado de derecho fue liderada por la generación del Olimpo, en especial por ese gran político que fue Ricardo Jiménez. En la década de los 40 se forja el Estado Social; fue una década especialmente violenta que culminará con la guerra civil de 1948 y el nacimiento de la Costa Rica contemporánea. Allí se da un pacto social entre los diversos sectores sociales con un protagonismo de los nacientes sectores medios, liderados por el recién creado Partido Liberación Nacional; todo en búsqueda de la trasformación del país gracias a un proceso de modernización, iniciado en el gobierno de Francisco J. Orlich (1962-66).

La crisis que hoy vive Costa Rica proviene de la obsolescencia que, de ese modelo de nación, como lo prueba la decadencia (¿irreversible?) del partido que hegemonizó la vida política del país durante toda la mitad del siglo pasado, Liberación Nacional. Se ha creado con ello un vacío de poder en un país que, como en todos los países de cultura latina, urge de un caudillo como en el pasado fueron Juanito Mora, Ricardo Jiménez, Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora y José Figueres. Hoy ya no basta administrar el Estado para, introduciendo algunas reformas, mantener el statu quo. El proceso burgués de modernización ha traído como consecuencia el debilitamiento de los sectores agrícolas y el surgimiento de sectores urbanos que hoy constituyen la mayoría política, económica y cultural de la población. Actualmente nuestra economía se basa no en la producción agraria, sino en la exportación de artefactos, hechos por profesionales salidos de nuestras universidades, empleados de las grandes empresas transnacionales instaladas en las zonas francas en constante crecimiento. En segundo lugar, nuestra economía se basa en el turismo, el cual está llamado a convertirse en el primer factor de producción de nuestras riquezas a mediano plazo. Costa Rica no tiene productos estratégicos para insertarse en el mercado mundial, como es el petróleo como materia prima y fuente de la energía que mueve a la economía mundial, o los cereales en el campo agrícola, para suministrar alimentos a una población de 8 mil millones de seres humanos. La riqueza de Costa Rica está en su biodiversidad, cuyo disfrute posibilita el desarrollo del turismo, el cual se nutre de nuestras bellezas naturales y de la gentileza de nuestras gentes. Pero el turismo requiere de paz local, lo cual sólo se logra gracias a un Estado que aplique la justicia en los tribunales, a una policía que dé seguridad ciudadana y a un sistema político basado en la justicia social; ya que los pueblo sólo son felices si tienen un presente que les garantice seguridad económica y un futuro para sus hijos gracias a una excelente educación, todo sustentado en un sistema de servicios baratos que provea de salud a toda la población. Motor de este proceso es el avance en el desarrollo científico-tecnológico, que sólo se logra gracias a la consolidación de una educación superior pública que promueva la investigación de punta, puesta al servicio de las mejores causas.

Lo dicho sólo se logrará cuando el pueblo tome conciencia de su condición de sujeto de su propio destino y se organice políticamente para lograrlo. La crisis ha sido agravada por el actual gobierno, si bien se ha venido sistemáticamente incubando desde décadas atrás, debido a que gobiernos anteriores debilitaron el Estado Social de Derecho. Pero hay que enfatizar que esta crisis debe ser vista, no como una tragedia irremediable sino como una crisis que anuncia una nueva etapa de nuestra hermosa historia patria, gracias a un pueblo que, en sus momentos más álgidos, ha dado muestras de una impresionante madurez política. La crisis de los partidos políticos debe servir para dar el salto de una democracia representativa a una democracia directa y popular, sin por ello debilitar la institucionalidad democrática vigente. Todo lo cual sólo se logrará por etapas, como todo en la vida individual y de los pueblos. En concreto, debemos aprovechar las próximas elecciones, cuyos aires ya han comenzado a soplar en el ambiente político doméstico, para debatir sobre estos temas. Por ahora, no nos preocupemos por forjar líderes; esto se los dará el propio pueblo cuando la coyuntura política lo requiera. De nosotros depende que la crisis actual no degenere en tragedia.

En 1948 se estableció que se podía anular la nacionalidad del naturalizado

Vladimir de la Cruz

Hace casi exactamente 76 años, la Junta Fundadora de la Segunda República, el 20 de julio de 1948, en el Decreto Ley No. 106, discutió sobre la ciudadanía. La consideró “un derecho substancial que corresponde, de modo indiscutible, tanto a las personas nacidas en el territorio de la República de padres extranjeros como a los nacidos en el extranjero de padres costarricenses.”

Sobre este considerando señaló que la ciudadanía emanaba de esas circunstancias, por lo que “no debe tener otras limitaciones que la voluntad del interesado o de sus padres, en su minoridad, y las demás de carácter puramente formal que la ley establece”.

En ese sentido rectificó “el párrafo primero del artículo 9º de la ley No. 25 de 13 de mayo de 1889, reformada por la No. 207 de 26 de agosto de 1944, suprimiendo el impedimento que contempla en relación con la opción de la ciudadanía”, e introdujo al citado artículo 9º una reforma que le permitía al Poder Ejecutivo “previo examen de las condiciones personales del solicitante, conceder la carta de naturalización a los ciudadanos o súbditos de las naciones con las que Costa Rica hubiere estado en guerra, aun cuando no se haya firmado el correspondiente tratado de paz, siempre que los antecedentes, hábitos y procederes de quien la pidan, lo hagan digno, a juicio del Poder Ejecutivo, de ser costarricense.” Obvio era que, en 1944, la situación internacional en el marco de la II guerra Mundial, y la declaración de guerra que había establecido Costa Rica contra el imperio japonés, la Alemania Nazi y la Italia fascista, en diciembre de 1941, conducía a considerar la naturalización o adquisición de la ciudadanía costarricense para personas de países con los cuales estuviéramos en guerra o no hubiéramos firmado la paz.

Superado ese trance, con la victoria sobre el eje nazi fascista, en mayo de 1945, en Europa, y en setiembre, sobre el Japón imperial, ya en el marco inicial de la Guerra Fría, surgida desde esa finalización de la guerra en 1945, la Junta de Gobierno, sobre la consideración del artículo 9 de la ley No. 25 de 13 de mayo de 1889, reformada por la ley No. 207 de 26 de agosto de 1944, dispuso, en un solo artículo, por este Decreto No. 106, que el artículo 9 se leyera así:

“Artículo 9º. – No se concederá carta de naturalización a los ciudadanos súbditos de Nación con la que Costa Rica se halle en estado de guerra, ni los declarados judicialmente en otros países piratas, traficantes en esclavos, incendiarios, modernos falsos o falsificadores de billetes de banco u otros documentos de crédito público, ni a los asesinos, plagiarios o ladrones.

Es nula de pleno derecho la naturalización que fraudulentamente haya obtenido el extranjero en violación de la ley o de los reglamentos; y, en consecuencia, en cualquier momento en que se compruebe que al solicitar u obtener la carta, un individuo naturalizado dio algún dato falso, o que fue condenado antes por un delito que merezca pena de presidio, o que se ha valido de su calidad de costarricense naturalizado con posterioridad a su obtención, para propagandas contrarias al orden público o social en el interior o exterior del país, el Poder Ejecutivo podrá revocar el acuerdo que le concedió la nacionalidad costarricense y declarar nula la respectiva carta. La revocatoria se hará en resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se publicará en La Gaceta oficial y se comunicará al Registro Cívico para su anotación. Estos preceptos regirán en cuanto a las opciones de nacionalidad.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, el Poder Ejecutivo podrá conceder carta de naturalización a los ciudadanos o súbditos de las Naciones con las que Costa Rica haya estado en guerra, aun cuando no se haya firmado el correspondiente tratado de paz, si previo examen de las condiciones del solicitante, como antecedentes, vinculaciones, tiempo de permanencia en el país, hábitos y procederes, es digno de ser costarricense”.

Más claro no canta un gallo. La nacionalidad adquirida por nacionalización, por naturalización solicitada por un extranjero, ante la institucionalidad del Poder Ejecutivo, y del Estado de Derecho costarricense, podía ser revocada si caía en las causales señaladas. En esa época no existían las calificaciones de organizaciones criminales, de narcotráfico, de terroristas, que hoy existen, ni las condiciones de desarrollo de narco estados o estados fallidos por la presencia de este tipo de organizaciones, ni existían los carteles mafiosos internacionales como hoy se expresan. Ni tampoco sucedía la búsqueda de nacionalidades, a modo de escudos de protección, para líderes de esas organizaciones, mediando diversos ardides, entre ellos matrimonio con nacionales, como ocurre con casi 40 personas detectadas en el país que abusan de esta condición para no ser extraditadas a sus países originarios, o a terceros países, que los persiguen por participar en estas redes internacionales de criminalidad que afecta a esos países.

La nulidad de la naturalización así adquirida, mediante fraude o dolo, se podía realizar como un acto legítimo de todo derecho por el Poder Ejecutivo. En este sentido es que la Asamblea Legislativa podría modificar las disposiciones legales para anular la naturalización, o la carta de ciudadanía, de aquel extranjero, que caiga en esas categorías criminales y haya ocultado su participación o vínculo, para obtener la nacionalidad costarricense. Esta extradición solo afectaría a naturalizados, que perderían la nacionalidad costarricense, pues al quitarles la nacionalidad costarricense, quedan con la propia permitiría expulsarlos del país o extraditarlos, al país que los demande.

A los costarricenses de nacimiento no se les puede expulsar del territorio nacional ni se les puede extraditar, de acuerdo a nuestra Constitución Política.

Así, la discusión legislativa de extradición de mafiosos naturalizados y de posibles costarricenses que hubieren cometido delitos en otros países, por los que son requeridos, es claro que no está cubierta por la disposición constitucional del artículo 31 que señala expresamente que “nunca procederá en casos de delitos políticos o conexos con ellos, según la calificación costarricense”, si fueran razones políticas las que causan su solicitud de extradición. Pero, quedan a descubierto de la persecución de delitos comunes y de las nuevas formas delictivas de las organizaciones criminales, anulándoles la nacionalidad, lo cual sí procedería.

La extradición tal como se discute en la Asamblea Legislativa debería concentrarse en la extradición de extranjeros que adquirieron dolosa o fraudulentamente la nacionalidad o la naturalización, y si carecen de medios de vida que se puedan constatar, por lo menos, por la Caja Costarricense del Seguro Social o por la Tributación Directa y el Ministerio de Hacienda. Si así operan, que se les cancele o anule la nacionalidad costarricense.

La extradición en Costa Rica en su momento final es una decisión del Poder Judicial, de conformidad al conocimiento que se tenga del requerido para ser extraditado.

El Poder Ejecutivo podría anular la nacionalidad del naturalizado, si esa anulación o cancelación se justifica legalmente, que es lo que procede realizar, modificar la ley advirtiendo a los extranjeros que quieren optar por la nacionalidad costarricense de las causales que les puede anular esta nacionalidad.

Los miembros de la Junta de Gobierno que tomaron la decisión de anular la naturalización adquirida, mediante fraude o dolo, fueron, aquel 20 de julio de 1948, José Figueres, Benjamín Odio Odio, Fernando Valverde Vega, Uladislao Gámez Solano, Bruce Masis Diviasi, Benjamín Núñez Vargas, Gonzalo Facio Segreda, Alberto Martén Chavarría, Francisco José Orlich Bolmarcich, Raúl Blanco Cervantes y Edgar Cardona Quirós.

Compartido con SURCOS por el autor.

El referéndum del jaguar de Zapote

Vladimir de la Cruz

Fue muy claro, en la sesión parlamentaria que recibió al inquilino de Zapote, para que rindiera cuentas como es su deber constitucional, que el jaguar de Zapote, como se presentó, no tenía idea de lo qué es convocar a un Referéndum, como consulta ciudadana, y más, como lo expresó provocativamente, como un enfrentamiento de los ciudadanos con los diputados, para lo que había que sustituir a los diputados, por los ciudadanos, tomando decisiones de aprobación o no aprobación de proyectos de ley en trámite.

La referencia que hizo fue más una amenaza que una propuesta que procurara buscar salidas legislativas a proyectos de ley que el Ejecutivo Nacional quisiera aprobar, de esa manera.

La forma directa como lo señaló fue: o aprueban mis proyectos de ley o convoco al Referéndum. Evidentemente era un ataque directo al sentido común de los diputados.

Es claro que el presidente puede decir lo que le dé la gana. Lo lamentable de sus expresiones grotescas, vulgares, siempre amenazantes e intimidantes, es que afecta la imagen de la investidura del cargo que tiene.

Lo que se asocia con él, en ese cargo, es el matón de barrio, de pueblo; el bravucón, el gritón, el malandro social, el antisocial, de malos procederes, que no teniendo argumentos ni razonamientos convincentes, ni una actitud de diálogo, acude a la fuerza verbal, a la prepotencia que siente que le da la silla presidencial, al estilo de los dictadores, tiranos, sátrapas, gobernantes autoritarios y militarotes, de la región y de Latinoamérica; al temor reverencial de su figura, lo que no debería de ser.

Ninguno de los gobernantes desde 1949 hasta el 2022, bajo el sello de la Segunda República, ha tenido un comportamiento público tan bajo, despreciable, indigno al ejercicio del cargo de presidente de la República. Su ejercicio que, en estos dos años, ha contribuido a deslustrar, marchitar, estropear, desacreditar o desprestigiar el solio presidencial.

En las encuestas no se valora esto. Es en el alma nacional, en el sentimiento democrático que se vive cuando resultado de sus actos, los valores democráticos institucionales, y el Estado de Derecho, se devalúan, se cuestionan y se trata de alterar para gobernar sin poderes públicos, por la fuerza, de manera directa.

Lejos de ser un amigo del pueblo, se presenta como el enemigo del pueblo, representado mayoritariamente a su investidura, que se manifiesta con los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.

Igualmente, pone en evidencia su ignorancia política y constitucional, de entender que en ese acto del 1 de mayo, cuando tiene que entregar ante la Asamblea Legislativa su informe anual de labores, a modo de rendición de cuentas ante el pueblo representado por los Diputados, y del 2 de mayo, cuando en la formalidad del acto, de la entrega de esa Rendición de cuentas lo hace, a viva voz, en el recinto parlamentario, frente a toda la comunidad política nacional, representada con las autoridades de instituciones y de los poderes públicos, y también frente a la comunidad internacional con la cual tenemos relaciones diplomáticas, representadas con la presencia del cuerpo diplomático, que asisten a ese acto. Además, ante el mismo pueblo que sigue el evento por los medios electrónicos que lo transmiten al instante.

El presidente entró arrechado al recinto legislativo. Llegó furioso, retador, iracundo, sin el control mental que el acto exigía.

Aparte de su comportamiento de pachuco presidencial, demostró tener un desconocimiento constitucional asombroso en el reto principal que impuso, el de la aprobación de las leyes o la convocatoria al Referéndum.

Primero, por la forma: se le aprueban las leyes o convoca al referéndum; si los diputados no aprueban leyes, el pueblo de manera directa lo hará, fue lo que dijo.

Segundo, de la lista de posibles leyes que mencionó, para someter a Referéndum, habló de algunas que la misma Ley de Referéndum excluye de esa posibilidad de aprobación, como es el caso de las pensiones, que resultan, no del capricho ni la corrupción de quienes la reciben, sino que son resultado de los años de servicio, de los salarios que devengaron y del sistema de pensiones que las define, las regula y las otorga.

Tercero, porque desconoció, en ese momento, lo que significa convocar un Referéndum, que es un proceso relativamente complejo, que exige trámites, plazos y formalidades procesales, legales y constitucionales.

Obviamente, en la forma que lo hizo, fue una embarcada que le dieron los hacedores de su perorata parlamentaria, la oficina de información y comunicación y los asesores jurídicos de su palacio presidencial.

Anteayer empezó a tratar de enderezar los dolores del entuerto político que le produjo su mal parto de ideas, expuestas el 2 de mayo, en el quirófano parlamentario, donde no pudo parir su Referéndum.

Para ello ha convocado urgentemente un pequeño cónclave, a modo de cardenales, y una Junta de Juristas, a modo de Junta Médica, para ver como salvan esa criatura que el presidente jaguar llamó Referéndum. A propósito, los jaguares, según los estudios, en sus partos solo producen un máximo de dos crías. ¿Cómo el jaguar presidente pretende parir a la vez 14 leyes? Haciéndole un esfuercito biológico lo más de dos leyes en su parto del referéndum es a lo que debería aspirar. No se haga ilusiones de sus capacidades de padrote político vía referéndum. Las demás las puede dejar apuntadas…y tal vez, preñadas, para el parto legislativo correspondiente.

Lo que propuso el inquilino de Zapote tenía, de origen, malformaciones congénitas, que pueden hacer que su adorable propuesta, del Referéndum, no nazca correctamente, que se frustre en el parto final.

Aun cuando su criatura, en el vientre presidencial, siga incubándose, su parto necesitará ser asistido para ver si ese bebé político puede salir de la vía de la convocatoria para su segura realización.

Para ello va a necesitar fórceps médicos, no para guiar la cabeza del bebé referéndum hacia el parto, sino para guiar la cabeza del presidente, en su sesión de parto mental, para que pueda concretar al menos un proyecto de ley, de la lista que quiere someter a la decisión ciudadana.

En el parto real es la madre la que empuja al bebé hacia afuera del trayecto vaginal. En el parto mental del referéndum del presidente, pareciera que hay un grupo empujando la masa encefálica del jaguar zapoteño hacia el despeñadero, a la democracia nacional. La masa encefálica compuesta de tres cerebros, el cerebro humano, el cerebro mamífero hormonal y el cerebro instintivo, deben estar bien integrados para sus múltiples funciones, más cuando se trata de impulsar tantos referéndums, uno por cada proyecto de ley que quiere consultar.

Sus asesores de Santa Ana y de México, y financistas, según se rumora, son los interesados en crear el estado de inestabilidad política y social, que el presidente ha venido provocando con los ataques a la institucionalidad nacional, a los poderes públicos, al descrédito de los partidos políticos al que constantemente acude, tratando de crear el ambiente hacia un estado de excepción, de fuerza, que suspenda las garantías individuales, que le permita extender su gobierno; o por un gobierno de fuerza, o a la fuerza hacer las reformas jurídicas que quiere impulsar.

Esto está cada vez más claro. Esto no se puede hacer si no se cuenta, por lo menos, con el ministro de Seguridad, que es el de las arnas, y el de la posible represión, a su favor.

Espero que en el actual ministro de seguridad prevalezca su tradición histórica, política y democrática, de su vida en el país, y de su trayectoria en otros partidos políticos y gobiernos que se han caracterizado por valores democráticos. Recordemos que el presidente ha vivido 36 años fuera de Costa Rica, trabajando en países que no tienen la tradición democrática costarricense. Pero, a como el presidente cambia funcionarios de su gabinete, y de las juntas directivas institucionales, habría que preocuparse si se le ocurre cambiar al actual ministro de seguridad, como tocan tambores en seguridad, por uno más gorilesco, menos democrático, más afín a acompañarle en esa aventura de la desestabilización nacional, hacia el estado de excepción.

Por ahora, su engendro de referéndum está en sufrimiento fetal. Su parturiento progenitor se puede cansar de empujar con eficacia, para acudir al empuje violento y final del nacimiento, porque su parto puede prolongarse por los trámites legales y constitucionales que pueden hacer viable ese parto.

Los fórceps políticos que necesita el presidente pueden ocurrir también si en este proceso sufre alguna alteración en su masa cerebral, y la de sus asesores, o le surgen problemas cardiacos de funcionamiento para poder parir su referéndum.

Cuando hay un parto difícil los médicos pueden acudir a hacer un corte en la abertura vaginal y el ano, que se llama episiotomía. En esa zona del perineo legislativo no se puede hacer esa incisión. El presidente tiene que someterse a lo que está establecido para el trámite de proyectos de ley. De esto se trata… por la ley y sus trámites o por la fuerza, la salida zapoteña.

El Referéndum pone a discusión un proyecto de ley que está en trámite legislativo. El referéndum no puede poner a votación una lista de proyectos que el presidente quiere tramitar, sin presentación para el trámite legislativo, que es lo que el presidente promueve. Algunos de los acólitos, diáconos y monaguillos presidenciales, defensores a ciegas, de su referéndum promueven, como una simple lista de ideas que se deben aprobar en la consulta popular del Referéndum. Error garrafal y engaño directo a quienes les oyen, y a los fanáticos que se mueven con los tambores y rugidos de guerra del Jaguar de Zapote.

Un Referéndum legislativo se hace sobre un proyecto de ley en trámite. A votación se pone solo un proyecto de ley. Si el presidente quiere que en el referéndum se traten 14 leyes, debe entender que son 14 consultas las que deben hacerse en el referéndum. Son separadas todas ellas. Son 14 referéndums los que deben o estarían convocándose. Son 14 votaciones diferenciadas entre sí. NO se pueden votar en paquete. No es como darle palo a una piñata. Así lo entiende el presidente y sus asesores presidenciales. Pero, así no está establecido en la ley ni en la Constitución Política.

Si la junta de juristas que ha convocado el presidente es seria tiene que advertirle de este simple procedimiento, y de las posibilidades temporales que tiene para empezar a recoger las firmas, porque debe recoger 210.000 firmas para cada proyecto de ley que se quiera llevar a referéndum. Debe recoger, si quisiera ganar tiempo, por lo menos 210.000 firmas por cada proyecto que quiere someter a la consulta ciudadana. Por lo menos un 10% o un 15% de firmas de más, para asegurar el mínimo que se necesita por proyecto de ley, el 5% del padrón electoral, cerca de las 175.000 firmas, porque si no son correctas o están mal recogidas el Tribunal Supremo de Elecciones las puede anular, y aunque dé plazo breve para corregir la recogida de firmas puede no dar tiempo para hacerlo, y le puede resultar un no nato, un no nacido, un “expulsado” del claustro legislativo, el que tampoco puede salvarse por una cesárea política, una intervención quirúrgica de última hora. Por ahora la idea del referéndum del jaguar de Zapote es tan solo un concebido proyecto de Referéndum y no un nacido Referéndum.

En esta perspectiva puede quedarse como gran distractor político nacional, para ocultar la incapacidad de gobierno, y desviar la atención, de los grandes temas nacionales que urge atender con alianzas estratégicas y con acuerdos políticos, con los distintos actores de la vida nacional.

Para recoger las firmas del Referéndum no es cualquier lugar donde se recogen. Son los lugares que el Tribunal Supremo de Elecciones autorice.

Para recoger las firmas no es cualquier papel u hoja que se puede usar. Son las que autorice el Tribunal Supremo de Elecciones, que llevan su sello, y tienen el encabezado correspondiente para justificar la solicitud de firmas. En este caso, tantas hojas como proyectos de ley en posibilidad de consultarse popularmente. Si son 14 proyectos de ley, son14 hojas distintas para recoger sus respectivas firmas.

No hay que preocuparse del financiamiento del Referéndum. Ese dinero el Tribunal Supremo de Elecciones lo tiene garantizado y presupuestado anualmente.

La Asamblea Legislativa no busca ni tiene excusas para enfrentar los posibles proyectos de ley que el presidente quiera someter a referéndum. El presidente es el que tiene la bola en el área de penal. Si mete el gol, o no, es culpa de él. Dice el presidente que el zorro, él, y la gallina, la Asamblea Legislativa, no pueden negociar constructivamente. Añadió que el zorro siempre quiere comerse la gallina y toda la mesa. En este caso, es claro, que el zorro quiere comerse la gallina con todos sus huevos, los 14 o más proyectos de ley, que no ha anunciado claramente cuáles son, algunos que por ahora solo están en el imaginario político del presidente. Están en la etapa de “nasciturus”, como se dice en la jerga jurídica, “el que va a nacer”, y puede que no nazca.

Cuando el presidente valoró la posibilidad de convocar el referéndum analizó que por sí la Asamblea Legislativa no lo haría, se requeriría la convocatoria por 38 diputados, para lo cual no hay consenso. Si es por la convocatoria del presidente aliado a 29 diputados, de pronto podría el presidente no conseguir los 29 diputados que le apoyen. Por eso acudió a amenazar a la convocatoria directa por la vía de recoger las 180.000-200.000 firmas por cada consulta que quiera poner en votación popular. Es un camino muy difícil de lograr.

El escenario que sigue a la propuesta vinculada a la convocatoria que quiere hacer del Referéndum, sabiendo que tiene muy pocas posibilidades de realizarlo son las elecciones nacionales del 2026. Casi me atrevo a asegurar que el Referéndum, como se quiere convocar, no va. Es más un show político distractor del Jaguar zapoteño

Hacia allí está planteado en Referéndum. Para el Jaguar de Zapote su estrategia se define así: no me dejan gobernar, no me dejan legislar, apoyen al partido y al candidato que voy a promover, junto con mis asesores políticos y financieros, hacia las elecciones del 2026, para darle continuidad a mi gobierno. Para eso necesito que ese partido y ese candidato, que ya lo anunciaré, escogido con apoyo de Santa Ana y México, tenga mayoría parlamentaria para poder hacer todo, desde el gobierno, al estilo Bukele, que es para todos los efectos un gobierno legítimo, surgido de las urnas. Todo esto si se llega a las urnas…

El camino que también se piensa es el de la fuerza, el del estado de excepción, el de crear un nivel de ingobernabilidad y de inseguridad ciudadana que justifique su imposición. Eso es lo que hay que evitar.

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