Ir al contenido principal

Etiqueta: estado social

Atroz idea del Gobierno: privatizar y desnacionalizar la electricidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Regresión de más de un siglo

¡Aberrante! Pocas veces esta palabra puede ser usada con tanta precisión, como en este caso para referirnos al “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, expediente legislativo n° 22.601, que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta, encabezada por el Presidente de la República, remataría el modelo público de carácter social y solidario, y su institución rectora, el ICE, pues se orienta exactamente a favorecer la inversión privada de empresas generadoras tanto nacionales como externas. El proyecto además coloca al Gobierno de rodillas, como súbdito obediente, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este texto explicamos por qué el proyecto es un retroceso histórico de más de un siglo, y algunas de sus múltiples debilidades. Una revisión de algunos proyectos de privatización impulsados en anteriores administraciones y la complacencia del gobierno actual con la OECD, los revisamos en el artículo “Gobierno se somete a generadores privados de electricidad y a la OECD”, de próxima publicación.

La esencia del proyecto está explícita en el escrito del Gobierno: “El presente proyecto de ley se presenta ante la Asamblea Legislativa con el fin de eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico, al no existir una justificación ligada a esta restricción para la actividad económica atendida bajo la modalidad de servicio público”, y agrega que “la eliminación de esta restricción busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan” (negrillas ODC).

Ese proyecto constituye un retroceso histórico inaudito que borraría uno de los avances sobresalientes de la sociedad costarricense, como fue la nacionalización de la electricidad y la posterior creación del ICE. De aprobarse, convertiría el mercado eléctrico nacional en un campo de competencia privada ya no sólo entre nacionales, y de éstos con el ICE, si no para favorecer directamente las inversiones transnacionales con plena igualdad de derechos al ICE, y obligando a la entidad estatal a comprar la electricidad que generen. Es decir, se perdería cualquier condición asociada a la nacionalización de la electricidad y su carácter de servicio social, para convertirla en un servicio público regido por la competencia privada, aunque el ICE siga presente como intermediario obligado entre los generadores y los consumidores finales, ya sea dentro del país o en el mercado regional, al que también los privados siguen presionando por incursionar.

Este tipo de apertura ilimitada es otro mecanismo o vía de privatización, prestación y venta de servicios públicos en favor del capital privado y desnacionalización, que se ha usado en paralelo a las concesiones de obra pública y las alianzas público-privadas. Todas conllevan el riesgo asociado de ampliar el tablero de corrupción, como ha ocurrido en muchísimos países del mundo, incluida Costa Rica. Con este proyecto el Gobierno abona directamente a la liberalización de la economía nacional entregando el servicio de electricidad al capital privado, lo cual será una pérdida para toda la sociedad costarricense.

Es una aberración que en Costa Rica el Gobierno acelere en reversa en tiempos en que urge proteger los beneficios colectivos y las economías nacionales, tal y como pide el Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. Aunque no nos detendremos en esa historia, vale decir que todos los componentes de los “modelos económicos fallidos” que vivimos hoy en el mundo, incluyeron, e incluyen, medidas de privatización y desnacionalización como las contenidas en el expediente n° 22.601 del Poder Ejecutivo. Debería el Gobierno recordar, o más bien conocer, lo que en el 2003 dijo Joseph Stiglitz, que fue jefe de economistas del Banco Mundial: “A todos aquellos que viven en México, Indonesia, Brasil, la India y otros mercados emergentes se les debería dar una consigna diferente: no luchen por la mítica economía de libre mercado, que nunca existió”. Lo que incomoda es que Stiglitz nunca lo expresara cuando él mismo impulsaba las políticas que empobrecieron y siguen llevando al hambre a millones de personas en todo el planeta.

“Ley Alvarado” para privatizar y desnacionalizar

El expediente n° 22.601 de la Administración Alvarado es mucho más intrépido que cualquiera de los intentos precedentes de privatización de la electricidad en Costa Rica. Suma un componente de desnacionalización que en aquellas propuestas no había sido expuesto de manera tan explícita con el objetivo de reafirmar los beneficios para el segmento de la élite nacional e inversionistas externos, que hasta ahora se han beneficiado con la generación privada de electricidad. La propuesta desconoce más de un siglo de avances sociales y colectivos en cuanto al servicio de electricidad frente a los intereses privados. Nos devuelve al año 1900 cuando la empresa The Costa Rica Electric Light & Traction Co., empezó a concentrar el servicio eléctrico de Costa Rica; aunque esta misma empresa fue desplazada por la American & Foreign Power Co., que concentró prácticamente todo el mercado. Esta propuesta de “ley Alvarado” desconoce la historia de luchas sociales para la nacionalización de la electricidad en Costa Rica, de fortalecimiento del servicio de electricidad con la creación de Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 1941, pero sobre todo aniquila el Decreto Ley No. 449 del 08 de abril de 1949 que creó al ICE, del que cualquier gobernante, medianamente sensato, debería sentirse orgulloso y ser defensor.

Se podría decir incluso que la iniciativa pone en riesgo a las cooperativas y empresas de servicio público de electricidad, que contribuyeron, al menos en parte, a fortalecer el mercado eléctrico con sentido nacionalista y ampliando la cobertura a más regiones del país. (El principio de “solidaridad” en el caso de las empresas con formato cooperativo, habría que analizarlo a partir de los precios al consumidor final y del uso y reparto de sus excedentes). Digo que esas empresas reforzaron “en parte” el servicio público, pues hace años la Contraloría General de la República en un informe sobre “la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, advirtió “que los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, son en su mayoría superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA)” (CGR, 2016, p. 2). En esa misma línea, otro dato que debería revisarse con todo cuidado y seriedad es que, según explicó la Contraloría en el mismo documento sobre la eficiencia de proyectos: “no son competitivos Eólico Valle Central de la CNFL, S.A. y Los Santos de Coopesantos R.L, cuyos costos nivelados de la energía de 18,38 y 16,33 c$/kWh están muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento” (CGR, p.10).

Toda la argumentación del proyecto presentado por el Ejecutivo se subsume en un artículo que, aunque pareciera inofensivo, es la propuesta más regresiva que hayamos enfrentado desde 1990, cuando entró en vigencia la Ley 7.200 para favorecer a los generadores privados. Dice el “ARTICULO ÚNICO. – Refórmese el Artículo 3 de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, cuyo texto dirá: “Artículo 3.- Interés público. Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas, que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales” (Negrillas ODC).

Las debilidades y imprecisiones de este proyecto en general (que revisaremos en un próximo texto), y particularmente del texto del nuevo artículo, hacen que no soporte el mínimo escrutinio técnico. Alguna de esas carencias las revisamos en seguida:

  1. Declarar de “interés público” la compra de electricidad generada por cualquier oferente privado, nacional o extranjero, colocaría al ICE en una condición peor que la que tiene hoy comprando y pagando electricidad de acuerdo con las obligaciones que le imponen las leyes 7.200 y 7.508 aunque no sea requerida por la sociedad costarricense. La determinación del interés público no debe reducirse a un antojo político y comercial. Debe responder a un proceso técnico para definir la necesidad para el país de cada proyecto en particular. Esto está asociado con la relación oferta-demanda, y es bien sabido que el país cuenta con una capacidad instalada y de generación que duplica y más la demanda nacional. Además, esa generalidad flexibiliza la rigurosidad para concluir sobre la viabilidad social y ecológica y la factibilidad económica, que debe establecerse científica y socialmente, también para cada uno de los proyectos.
  2. Esa idea general de “interés público” está copiada del proyecto “Ley General de Electricidad”, expediente No. 17.812, de los Gobiernos Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, cuyo artículo 11 indicaba: “Se declaran de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que desarrolle cualquier agente del mercado eléctrico nacional”. Para facilitar aún más la construcción de nuevas plantas generadoras, el proyecto proponía que “…los órganos e instancias del Estado y los gobiernos locales otorgarán trato prioritario sobre otros proyectos, a los trámites y gestiones necesarios para el desarrollo acelerado de estos proyectos. Los plazos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo”. Ese proyecto de 2009 buscaba la igualdad de condiciones para la competencia entre el ICE y privados en el mercado eléctrico, y esta nueva iniciativa avanza sustancialmente promoviendo “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”.
  3. Declarar de “interés público la compra de electricidad” es otro mecanismo legal que obligará al ICE a adquirir la electricidad de cualquier competidor privado, aspecto que hace menos de un año se mostró espinoso cuando el ICE decidió no renovar algunos contratos de generadores privados por ser innecesarios para atender demanda nacional de electricidad. El pago a generadores privados llegó a 3.141 millones de dólares entre 1989 y 2021, según datos del ICE publicados por el Semanario Universidad. Aunque la amenaza de debilitamiento del ICE es el problema principal en este proceso, la misma institución ha tenido un papel destacado. De acuerdo con Mauricio Álvarez “El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW)”.
  4. A la ausencia de definiciones y numerosas imprecisiones se suma la de que la compra se hará a “centrales eléctricas de capacidad limitada”. Esa es una ligereza insalvable que le resta el mínimo rigor al proyecto. No es lo mismo capacidad limitada en Noruega que en China, pues cada país establece sus propios estándares, como incluso ocurre en Costa Rica. Retomemos como ejemplo lo ya sabido y señalado: los proyectos con la Ley 7.200 no pueden superar los 20.000 kW (20 MW) y los contratos bajo la Ley 7.500 tienen un tope de 50.000 kW (50 MW) gracias a la (capítulo II de la 7.200), entre ambas modalidades el tope de generación es el 30% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. Independientemente del uso que se le ha dado a esas leyes, establecen límites y cantidades claras. Y este proyecto adolece del todo de esas precisiones elementales.
  5. Cualquiera que revise el proyecto y lea que el ICE deberá comprar la electricidad de “fuentes de energía que no sean convencionales”, lo primero que se pregunta es ¿Cuáles son esas fuentes? En el mercado eléctrico de Costa Rica podemos anotar como convencionales la hidroelectricidad, térmica, geotérmica, hasta la eólica y la generada con biomasa, si consideramos que ya tienen bastantes años de ser parte de la oferta nacional. ¿A qué se refieren con “no sean convencionales”?
  6. La misma finalidad del proyecto “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico” es otra imprecisión inaceptable, pues no define condiciones para ejecutarla. Dada esa generalidad, el término “eliminar” permitiría eventualmente una apertura indiscriminada que sería imposible subsanar, corregir o definir por medio de un reglamento. De hecho, es común que muchos ajustes legales para favorecer la generación privada, hasta ahora, se hayan hecho por medio de decretos y directrices ministeriales, pero en este caso, es imposible determinar cómo se dará esa eliminación de barreras a la inversión privada, y sobre todo cuáles serán sus impactos en el mercado eléctrico y para la sociedad costarricense que finalmente deberá consumir esa electricidad a precios de mercado privado. Por eso el texto implica un conjunto de amenazas que ameritan su rechazo absoluto.

Forzar la Constitución para desnacionalizar

La otra línea de justificación, a la cual se le dedica la mayor parte del proyecto, es un conjunto rebuscado de argumentos para forzar la conclusión de que actualmente la inversión privada está poco menos que imposibilitada en Costa Rica. Estirando las ligas al extremo, el proyecto funde el argumento de la OECD -eliminar barreras de inversión privada- con una interpretación de la Constitución Política y de jurisprudencia constitucional de manera más que rebuscada. Dice el Gobierno que “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”, “Es una recomendación (de la OECD) que se relaciona con el principio constitucional de igualdad, en términos generales y de igualdad entre los nacionales y extranjeros, en términos específicos, y conlleva que no se discrimine entre unos y otros, salvo las excepciones y limitaciones que la Constitución y el ordenamiento establezcan. También se relaciona con la libertad constitucional de empresa o de ejercicio de la actividad comercial”.

Esa interpretación no sólo se usa para promover la privatización del servicio público de la generación, compra, distribución y consumo de electricidad, si no que busca desnacionalizarlo. Por eso hablamos de una regresión hasta antes del 8 de abril de 1949 e incluso hasta 1900 a tiempos del mercado eléctrico controlado desde el sector privado nacional y transnacional.

Este proyecto es un gesto de genuflexión ante el empresariado privado, y en el ámbito global, una reverencia neocolonial ante la OECD. Nadie antes, ni con los proyectos de ley de los partidos más antiguos y tradicionales como Liberación nacional y la Unidad socialcristiana, se llegó al extremo de buscar “el principio constitucional de igualdad…entre los nacionales y extranjeros” para que no se “discrimine entre unos y otros”. Siendo la nacionalización de la electricidad y la creación del ICE insignias notables del Estado social de Costa Rica, es imposible aceptar lo que proponen estos gobernantes, como la idea de no discriminar y de procurar “igualdad entre los nacionales y extranjeros” en el control de una actividad económica verdaderamente crucial para la sociedad costarricense, como es la electricidad. Si se piensa en los costos de la cobertura en regiones de difícil acceso, de nuevo cobra más que pertinencia la necesidad de fortalecer al ICE como entidad de servicio social, y preguntarse si los privados, como nunca ha sido hasta ahora, prestarían el servicio en cualquier región del país.

Cierto es que para algunas empresas privadas del sector eléctrico la apertura indiscriminada podría ser una buena oportunidad para aliarse con foráneos, como ya ocurre con los proyectos (BOT sigla en inglés) Construcción, Operación y Transferencia de la ley 7.508, pero en un escenario de competencia abierta hasta las demás empresas, como las cooperativas, podrían ser disminuidas, parcialmente absorbidas y hasta eliminadas del mercado. No es que los empresarios nacionales de la electricidad privada ameriten defensa, pues ya hemos documentado cómo han hecho fortunas vendiendo electricidad cara e innecesaria. Se trata de que la soberanía, como condición fundamental de un país y de una nación, debe considerar como principio la defensa de “lo nacional” ante la invasión de capitales foráneos, sobre todo en la prestación de cualquier servicio social prioritario, como es la electricidad.

El proyecto no establece ningún límite de inversión para el capital externo. No señala plazos ni condiciones de inversión y venta de la electricidad. No justifica, ni remotamente, que esta apertura se fundamente en una necesidad nacional de electricidad y además, como hemos demostrado, en Costa Rica no falta ni un peso de inversión privada para atender la demanda de electricidad.

Como ciudadanía, este proyecto nos debería regresar a los primeros años del siglo pasado, pero para emular los movimientos sociales que iniciaron la nacionalización la electricidad en Costa Rica con la dirección de la Liga Cívica Nacional, lo cual se logró en 1948 tras décadas de lucha social.

Carlos Alvarado Quesada, Presidente, Rolando Castro Córdoba, Ministro a.i. de Ambiente y Energía y Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda, deben pasar a la historia como destacados peones de la destrucción del Estado social costarricense, y del ICE en particular. Deberían ser recordados por promover la apertura del mercado eléctrico para su privatización y transnacionalización, devolviéndonos a los peores tiempos de vasallaje en las relaciones entre países.

La extinción de una democracia inacabada

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo

La democracia que se reconoce oficialmente es el resultado de un proceso electoral, a través de la emisión del voto individual de las personas con derecho. El acto de votar o el tomar en cuenta la voluntad de cada persona, fue una conquista de las colectividades y pueblos del mundo, en distintas épocas de la historia, ante las tiranías que se arrogaban la capacidad para imponer sus intereses a las personas y pueblos bajo su dominio.

Indudablemente las elecciones fue un logro de cada sociedad y tiempo particular, fue una ruptura significativa, no obstante, sabemos que no existen verdades eternas, lo bueno del pasado, no lo son necesariamente para el presente, por el cambio de las condiciones que rodean e implican los conocimientos que se validaron en otros tiempos.

Así, en la actualidad hay una necesidad urgente de reflexionar sobre las elecciones y la democracia, que nacían contra las tiranías, pero se han convertido, en casos, en legitimadoras de dictaduras autocráticas, lo que relativiza la significación política de las elecciones, que descalifican y caricaturizan la significación de la democracia. Es antagónico a la democracia hacen de los procesos electorales, actos para designar a quien supuestamente decidirá por todos, mientras se les niega la facultad de decidir y participar directamente por un destino común.

El voto individual ciudadano plasmado en las elecciones, no representa el interés común de una sociedad heterogénea y desigual como la costarricense, menos aún, cuando solo se funda en el conocimiento, criterio o creencia individual, la cual puede estar influida por la publicidad parcializada de los medios mercantilizados y las ideologías, así como por tradiciones, incluso por influencias corruptas o fraudes. No obstante, la democracia no es un asunto individualizado ni está relacionado con la sumatoria de votos de la heterogénea preferencia de las personas, por el contrario, la democracia no es una magnitud, es la voluntad, decisión y acción colectiva de la sociedad civil sobre el devenir de asuntos que son públicos o común a todos.

Las elecciones solo son actos administrativos y técnicos, que no son neutrales, que condicionan el proceso electoral, aun cuando la democracia trasciende dicho proceso. En nuestra realidad las elecciones no son actos democráticos, se les valida por intereses generalmente relacionados con una gestión oficial comprometida, con disposiciones administrativas y legales, sin participación ciudadana. Los resultados electorales inesperados ante los compromisos sociales y políticos con las poblaciones pobres, han resultado verdaderas conmociones políticas y mediáticas de los poderes prevalecientes en algunas sociedades latinoamericanas, como ocurrió en Bolivia y recientemente en el Perú, porque son cuestionamientos al orden elitista y racista de los dueños de negocios y gobernantes que se imaginan pertenecer a una casta política o monarquía.

En Costa Rica elegimos a un Presidente de la República de un partido, que designó ministros y autoridades liberales de otros partidos políticos; un elegido que incumple las promesas de campaña; que traiciona los principios, derechos y reivindicaciones de los trabajadores; que gobierna para los empresarios, que miente con aparentes prácticas participativas que cínica e inmoralmente irrespeta; que expresa la ignorancia de su función e ignora lo que es democracia.

El gobierno de todos para todos, solo representa a pocos empresarios para despreciar a muchos trabajadores y pobres. Hoy, los mismos de siempre, conservan privilegios, que sobreexplotan y despiden trabajadores con el amparo estatal y ahora incluso son quienes deciden las medidas genocidas de sanidad pública y de las teatrales y risibles restricciones preventivas con la absurda e inexplicable anuencia de las autoridades sanitarias.

El Presidente electo liquidó las políticas públicas, lo que no lograron los liberales con los programas de ajustes estructurales ni el tratado de libre comercio, una traición a las conquistas logradas en nuestro pasado que inauguró en Estado Social, para instaurar ahora un Estado privativo de empresarios y financistas. El uso político de la pandemia es evidente, porque con el miedo a la enfermedad y muerte, se ha eliminado las protestas ciudadanas ante las diversas transgresiones contra la población vulnerable, además de haberla usado como medio para desmantelar la institucionalidad pública y hacer de la atención sanitaria pública un negocio privado para los mercaderes de la salud.

El Fondo Monetario Internacional, una vez más, el ente representante internacional del liberalismo, acompaña al gobierno financiando y chantajeando por la privatización de la función pública y la destrucción de los resquicios del Estado Social.

Este gobierno ha empobrecido a los pobres y sectores medios del país, con medidas económicas directas de hambre y muerte contra la población trabajadora. Las elecciones eligieron a una persona que engañó, corrompió y traicionó a la ciudadanía, con una institucionalidad estatal cómplice en razón de intereses privativos propios y ajenos, inmunes e impunes, pero nunca públicos ni democráticos.

Acuerdo con el FMI: apuntes para un posible «plan B»

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista
Director a.i. CICDE-UNED

Escribo estos rápidos apuntes, incentivado por la solicitud que recibí de un político nacional, que me pidió mi criterio en relación con un artículo titulado “Un plan B para el acuerdo con el FMI”, del colega economista Francisco Esquivel, el cual fue publicado en el Semanario Universidad el 2 de julio de 2021.

1) Estoy de acuerdo con todo lo que plantea Francisco, pero creo que se queda corto.

2) La situación de relativa sostenibilidad o mejora fiscal que se registra en los primeros meses de este año, podría no ser perdurable. Puede que haya efectos de incrementos en los ingresos por IVA, e influidos por este último, de incremento en los impuestos sobre ingresos y utilidades, que podrían no repetirse en el futuro. Incluso con tales incrementos, la tasa de tributación sigue siendo baja (en el orden del 15% del PIB, aproximadamente, con un PIB que todavía no recupera sus niveles de 2019).

3) Estoy completamente de acuerdo en lo que Francisco plantea en materia tributaria.

4) Pero creo que deberíamos atrevernos a dar un paso más allá mediante la tributación progresiva sobre rentas y ganancias de capital y sobre grandes patrimonios. En el primer caso, la tasa plana penaliza más fuertemente al pequeño ahorrante, al pequeño propietario o, en fin, al pequeño rentista. En el segundo caso, la idea sería ampliar lo que ya existe en relación con casas de lujo, para incluir las otras formas de patrimonio personal o familiar, pero hacerlo con base en tasas progresivas y con un umbral exento suficientemente alto

5) Si ya lo anterior (bien lo sé) es políticamente delicado, lo que enseguida diré quizá lo es más, pero aun así lo creo necesario: la tributación progresiva sobre herencias y sucesiones, como un mecanismo necesario para romper la transmisión intergeneracional de las desigualdades (en la línea de ideas propuestas por Piketty, esto podría alimentar un fondo que, a su vez, permita asignar una dote de capital a cada persona, la cual podría ser entregada a cada muchacho y muchacha, cuando lleguen a su mayoría de edad, o, quizá, a los 21 años).

6) Esquivel plantea en su artículo, ideas valiosas en la línea de una reforma administrativa, que propicie más eficiencia y productividad en el sector público. Está bien, pero no es suficiente. Tendríamos que ambicionar más. Por ejemplo, mediante una mejor articulación y coordinación, que permita eliminar duplicidades y despilfarros. Hay que pensar en lograrlo sobre una base dialógica y respetuosa, sin generar más polarización y conflicto del que ya existe. Una reforma a los regímenes de empleo público, igualmente construida de forma dialogada y con pleno respeto a la Constitución, sigue siendo necesaria (no el esperpento que está siendo propuesto), para corregir incoherencias en las remuneraciones (puestos con funciones y responsabilidades muy similares, a veces idénticas, con salarios muy distintos en distintas instituciones), evitar en el futuro salarios excesivamente altos; garantizar mejora real de los salarios a lo largo del tiempo, pero de forma financieramente sostenible.

7) El aspecto clave, sin el cual nada de lo anterior tiene mucho sentido, tiene que ver con la reactivación de la economía y el incremento sustancial en la capacidad de generación de empleos. Al respecto es importante considerar:

  • Pasarán varios años antes que el turismo tenga una plena recuperación. Lo que por ese lado pueda lograrse es limitado.
  • Las exportaciones de zona franca claramente no son una respuesta. En el último año han crecido a un ritmo espectacular, sin que el resto de la economía (o sea, el 95% de las personas trabajadoras) apenas se enteren.
  • Las exportaciones que no son de zona franca, desde hace algunos años (o sea, desde antes de la pandemia) manifiestan un dinamismo más bien contenido. La recuperación en los países ricos del norte, contribuirá a reanimarlas, pero no será suficiente.
  • Es urgente promover una reactivación con efectos en plazos lo más corto posibles, y que se sienta significativamente en el empleo.
  • En el momento actual ello solo es posible mediante el empuje desde el Estado, a través de un programa de inversiones públicas que sean de rápida y fácil ejecución, y que se diseñen de forma que generen muchos empleos, incluyendo muchos empleos para las mujeres.
  • Esto último debería ser parte, de un amplio programa de inversiones públicas, con proyección a mediano y largo plazo, que enfatice ámbitos como los siguientes: sanidad, educación y cuido; energías limpias; transporte público; ciencia y tecnología; agua; vivienda popular, entre otros.
  • El endeudamiento externo que el país obtenga debería destinarse a financiar estos programas de inversión pública, para generar la necesaria capacidad de pago futura. Hoy se destina a sustituir deuda interna “cara” por deuda externa “barata”. A la larga, ello puede significar que el caldo salga más caro que los huevos, puesto que se descuida el aspecto clave: modernizar la economía y elevar su productividad, para que, en el futuro, podamos afrontar estas deudas sin que ello nos genere nuevos problemas.

8) Claro que es necesario avanzar en la renegociación de la deuda pública, por lo menos el componente interno de ésta. Esta, junto a otras medidas (incluso una intervención más directa del Banco Central), debería propiciar una reducción significativa en los pagos por intereses.

9) El crédito accesible y barato o, en general, una política monetaria que propicie la baja en las tasas de interés, solo puede cumplir una función complementaria, no puede ser el centro de la estrategia. Es que el crédito se mueve a partir de la demanda, no de la oferta. O sea: el crédito se reactiva cuando la economía se reactiva, no a la inversa. Enfatizar la generación de empleo, la modernización de la economía y la elevación de la productividad, así como el desarrollo regional equilibrado, la equidad de género y la democratización en la distribución de la riqueza, son objetivos que deberían guiar la asignación del crédito.

10) Desde luego que hay que avanzar seriamente en simplificación de trámites, siempre que ello no implique sacrificar objetivos ambientales, de protección de los derechos laborales y de los derechos humanos en general, o la protección de la salud. Pero tengamos claro que simplificar trámites es un paliativo y un complemento, no una medida estructural significativa.

11) Cualquier propuesta en materia de reducción de cuotas de seguridad social debería garantizar que habrá fuentes alternativas de financiamiento o, en último término, deberían garantizar que no se dañará financieramente ni a la Caja ni a otras instituciones de seguridad social.

12) En todo caso, no debemos olvidar que las cuotas de seguridad social son “altas” no tanto en términos absolutos, cuando principalmente en términos relativos, es decir, son altas relativamente a la productividad de nuestros trabajadores y trabajadoras. Las soluciones deberían concentrarse en lo segundo, más que en lo primero, y eso es lo que anima, en general, las ideas que aquí propongo.

 

Información e imagen tomada del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

Las paradojas de la democracia costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rafael Ángel Ugalde Quirós*

Sí bien es cierto durante más de dos meses faltaron manos para vacunar contra la COVID19 a casi cinco millones de costarricenses, también debe reconocerse que la pandemia en este pequeño país afloró importantes paradojas sociales, económicas y morales, excelentemente blindadas hasta entonces por las “castas” gobernantes.

Una reciente protesta de médicos que buscaban campos clínicos en los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), no solo puso en entredicho las bondades oficiales de la sanidad costarricense, sino el bien resguardado embudo con que los galenos locales cuidan la profesión de Hipócrates, en todo el sistema asistencial. Durante la breve transmisión por la televisión se vieron a decenas de jóvenes vistiendo “gabachas blancas” en plena calle y pidiendo un lugar en los hospitales, en tanto con pancartas improvisadas expresaban su deseo de ayudar a combatir la crisis sanitaria, traducida ya en más de tres mil muertos, hasta mediados del mes de mayo.

El modelo actual, tendiente a convertir todo en negocio, mientras no se demuestre su ilegalidad, o se cometa un error grueso ostentando una “american life”, en el mercado todo es válido. El norte es crear empleo a como haya lugar por una especie de “Estado” privado, enemigo jurado del otro Estado; el que usted y yo conocíamos y nos dio obras de infraestructuras que aún se mantienen, eliminó de nuestras casas las “canfineras”, nos brindó educación gratuita, salud con dignidad, justicia pronta y cumplida, etc. Aunque, a decir verdad, nadie sigue sin explicar cómo se crea empleo sin consumo.

Sin embargo, un Estado Social cada vez más debilitado y chueco, es más fácil de controlar y, consecuentemente, las actividades más importantes, reducidas ahora a negocio privado, resultan absolutamente necesarias para el cerrado grupo de cámaras, federaciones o foros profesionales. Aunque, sea, por tanto falso, el paradigma aquel del “rebalse de la riqueza” para “Edmundo y todo el mundo”.

De esta manera, aunque quiera negarse o produzca escozor entre quienes defienden a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), se dieron los primeros pasos hacia la medicina privada, ganando terreno las clínicas y los hospitales privados, deteriorándose a la vez la atención de la población en el Seguro Social. Muere aquel o éste; solo uno de los dos modelos sobrevivirá. Citando a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la periodista Angela Ávalos (La Nación 1/12/ 2017) reveló que el 80% del gasto para servicios de salud particulares se destina a citas médicas y compra de medicinas. Dicha investigación señala que entre el 2000 y el 2014 hubo un incremento en el gasto de los costarricenses en centros médicos particulares. Este pasó de representar el 18,7% de los ingresos totales del sistema general de salud del país (incluye servicios públicos y privados) a un 24,9%. Se evidencia en el estudio que un 30% de la población usó servicios privados al menos una vez al año, un 60% de encuestados en 2009 reconoció preferir proveedores particulares a la Caja, el 50% de la población pensaba, para esa fecha, que se debería permitir dejar de contribuir a la Caja para hacerlo a un seguro privado, un 80% del gasto de bolsillo se destina a consultas médicas y compra de fármacos.

La paradoja es que, en pleno pico de la pandemia, con hospitales repletos de enfermos de Covid 19, limitaciones de camas para atender infectados y personal sanitario agotado por extenuantes jornadas laborales, el pequeño grupo de galenos “especializados” rechazó la posibilidad de pedir ayuda internacional para que doctores, que no sean ellos, auxilien a los costarricenses. Alegó que a ellos también los golpea el desempleo en el sector. Así lo dio a conocer el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) ante la propuesta de un grupo de exdiputados, quienes pidieron al presidente de la República, Carlos Alvarado, activar un convenio internacional con Cuba, para solicitar la llegada de sus especialistas. Entre los países que recibieron ayuda humanitaria cubana por la pandemia están Italia, Andorra, Francia (para sus territorios de ultramar en el Caribe), Jamaica, Barbados, Venezuela, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Catar y Angola, entre otros. La ínsula figura además como el primer país del continente americano con una vacuna contra la pandemia desarrollada de forma independiente a la gran metrópoli controladora de la mayor parte de la ciencia y la tecnología. Se trata del inmunizante “Soberana 02” aplicada masivamente a la población, sin reacciones adversas, según las autoridades médicas de la isla.

Un reporte de la cadena estadounidense CNN en español (Patrick Oppmann; 07:52 GMT 1/4/ 2021), dio cuenta que el país caribeño tiene cinco candidatos vacunales. Se trata de la Mambisa, suministrada por vía nasal, y Abdala, que esperan producirla en forma industrial y desarrolladas ambas por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB); en tanto Soberana 01, Soberana 02 y Soberana PLUS son generadas por el Instituto Finlay de vacunas.

El reportaje de la cadena estadounidense reflejó las difíciles condiciones en que la ciencia médica cubana combate la plaga de Covid. El noticiero Rusia Today (RT), por su parte, citando a altas autoridades de la isla, acaba de informar que la educación y la salud están entre los más golpeados por el bloqueo estadounidense, que ya dura más de medio siglo.

Desde el anuncio en Washington que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, haría su primer viaje a Latinoamérica, se conoció que entre los temas en portafolio traía lo que los norteamericanos consideran “la construcción de un hemisferio más democrático, próspero y seguro para todos”, tuiteó. Por lo tanto, de seguro -aunque no necesariamente trascienda- atajar la influencia rusa y china en la región en un mundo cada vez más multipolar estará a la orden del día cuando visite nuestro país; así como cerrar fila obligatoriamente con la Casa Blanca en los asuntos sensibles para la administración Biden en la ONU y en los intentos de independencia de los pueblos en Bolivia, Nicaragua, Venezuela o Cuba.

En este sentido, la Red en Defensa de la Humanidad (REDH), que aglutina alrededor del mundo a destacadas personalidades preocupadas por los derechos humanos y las injusticias sociales, pidió a la Asamblea General de la ONU condene nuevamente el bloqueo contra el pueblo cubano. En un documento en poder de “Surcos”, firmado por personalidades de 46 naciones, se califica de “criminal” la política estadounidense contra Cuba. Entre los firmantes están el influyente investigador norteamericano, Noam Chomsky, el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales, José Mujica y Fernando Lugo, el excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño, los líderes políticos venezolanos Adán Chávez Frías y Ernesto Villegas Poljak, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el profesor y fundador de la REDH Pablo González Casanova, los escritores e investigadores mexicanos Elena Poniatowska y Héctor Díaz Polanco, el historiador indio Vijay Prashad, los intelectuales brasileños Leonardo Boff y Frei Betto, los académicos e investigadores argentinos Atilio Borón y Stella Calloni, entre otros.

El “arte” de hacer dinero

La otra paradoja innegable de la democracia tica es la capacidad de controlar las contradicciones flotantes, a raíz de la actual pandemia, así como la inteligencia con que actúa para que los privilegios de sus élites queden inmunes o sufran mínimos daños colaterales. Aunque la Constitución Política es clara, en cuanto garantizaba a los trabajadores un “salario mínimo” inembargable, los bancos lograron por la vía del tribunal constitucional, quedar autorizados para dejar a cualquier asalariado sin sustento, así como a su familia, en caso de retenciones por deudas. Unos 30 mil costarricenses, cuyo salario es insuficiente y recurren a endeudarse para atender las necesidades básicas, quedan excluidos de la “salvaguarda” del salario mínimo ideada por el legislador constituyente. Ahora bajo un argumento jurídico de “avanzada” no deben negárseles créditos, aunque queden sin un centavo el fin de mes.

El nombramiento de los magistrados y la posible influencia en ello de los bancos y otros consorcios, aunque se quisiese disimular, sigue siendo un tema que “se las trae”, cuando abordamos el asunto de la “independencia” real del Poder Judicial, cuyas magistraturas son nombradas por los legisladores que siguen línea de partido. Formalmente, el poder judicial es independiente; sin embargo, el público “lobby” que hacen los candidatos a jueces para que se les nombre en un alto puesto judicial, hace dudar a miles de ticos sobre esta metodología. Es notorio, además – no hay medio de comunicación que no se haya ocupado del tema- que quienes controlan el negocio de los partidos políticos exigen altas sumas de dinero a quien aspire a un alto puesto político. Es decir, la “inversión” a largo plazo de esta “industria” de las agrupaciones electorales (con el perdón de los industriales sanitos), resta credibilidad a estos elegidos, pues difícilmente alguien saca de su patrimonio 20 o 29 millones de colones, si no tiene certeza de recuperarlos.

 Por eso, el tema del nombramiento de magistraturas no pierde relevancia en el país, estese en campaña electoral o en pleno cobro de la deuda política, ante el Tribunal Supremo de Elecciones. El asunto quedó en evidencia hace pocos días cuando la Corte Plena no recibió al relator de la Naciones Unidas, el peruano Diego García Sayan, para conocer un informe, precisamente, sobre la elección de magistrados. Los juristas, por amplia mayoría, calificaron de “injerencia” este informe especializado. Este calificado juez suramericano ha presentado dos informes muy críticos sobre el proceso de elección de magistraturas en Costa Rica.

Esta especie de “verónica” – como dicen en la “fiesta brava”- con que la “bicentenaria” democracia “sortea” las profundas contradicciones sociales, así como el marcado proceso de desmoralización en casi todos los poderes de la república, bien merece un reconocimiento con caro champagne, a nombre de todos estos abnegados defensores de las poderosas élites. Por menos, en Colombia, una reforma tributaria – los cambios en cada nación son pocos, sí se comparan con la uniformidad dada por los banqueros a los gobiernos satélites- se perdió ya la cuenta de “desaparecidos” y dejó más de medio centenar de muertos, cuando el presidente Iván Duque dio trato “de guerra” a la protesta. En Chile, un alza en los pasajes del transporte del Metro desembocará, quieran o no dichas élites gobernantes, en una nueva Constitución, luego que el gobierno del conservador Sebastián Piñera también dio trato de guerra a las protestas del pueblo y los carabineros dejaran ciegos a un montón de chilenos, que siguen apareciendo con disparos en los ojos. En Bolivia, ahora se conoce, que el poder detrás del trono durante el golpe de estado instalado en la nación andina con el beneplácito de la OEA, el exministro Arturo Murillo, no solo dio también trato de guerra a las protestas en nombre de la “democracia”, como si estuviéramos nuevamente ante una nueva doctrina de seguridad nacional como fue el “Plan Cóndor” para la región, sino que se embuchacó $800 mil por sobreprecio a pertrechos para reprimir gente comprados a Brasil

En nuestro país el desempleo alcanzó 18,5%, equivalente a 452 mil personas sin trabajo, según la Encuesta Continua de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entre diciembre del 2020 – enero y febrero 2021; el hambre atormentó a 220 mil ticos – el 4,4% de la población- en el trienio de 2015-2017, según dio a conocer en noviembre pasado el periódico digital “ El Mundo” (https://www.elmundo.cr/costa-rica/220-mil-costarricenses-padecen-de-hambre-mientras-que-la-obesidad-y-el-sobrepeso-aumentan/). Sin embargo, sí algo siguen sin “driblar” – no se pueden ocultar los contraste sociales, aunque culpen de todo a la pandemia- son los altos niveles de corrupción salidos a flote en las altas esferas. Sobre precios de mascarillas en la CCSS, obras de infraestructura que alcanzan dos y tres veces el valor original, infiltración del narcotráfico, evasión de impuestos, contrabandos, etc.

Según la prensa, para citar el caso más reciente, una banda de supuestos traficantes de droga “importaban” directamente cocaína desde Colombia para luego “exportarla” en contenedores hacia Europa. Lo singular del caso es que dos de los investigados entraban al congreso como “Pedro por su casa” para sostener reuniones y conversaciones con los “padres” de la patria sobre futuras inversiones en el campo turístico e inmobiliario. Durante la estadía de los legisladores en el viejo edificio de la Asamblea Legislativa restringieron la presencia de público a las barras diputadiles, pues el ruido de las protestas los desconcentraba en su noble servicio a la patria; cuando tuvieron edificio nuevo los diputados por largo tiempo estuvieron largo del pueblo, gracias a unas láminas de zinc que impedían el acceso al lujoso edificio.

Con antelación a estos inversionistas que ahora son investigados por problemas con droga, un alcalde y otro joven diputado de la zona sur fueron vinculados con otra banda de presuntos narcos. Se supo además que uno de los investigados por tráfico de drogas hasta fue fiscal electoral en Limón.

¡Cosa más grande¡; diría Tres Patines.

 

(*) Periodista, abogado y notario por la U.C.R

Sobre lo esencial, un apunte breve

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En el año 2019 fui invitado al XV Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango, Guatemala. Año con año, este Festival lleva poesía y reflexión a distintos rincones de la geografía guatemalteca. Escuelas, colegios, teatros, comunidades, cárceles, hospitales y albergues son sedes donde se recrea la palabra y su magnífico acto transformador.

En sus últimas ediciones, conscientes del potencial comunicativo de la actividad en una sociedad como la guatemalteca, seleccionaron temas profundos como las desapariciones forzadas, las migraciones de niños y niñas y mujeres y los procesos de desplazamientos forzados, para hacerlas visibles desde la actividad creativa y liberadora de la poesía.

Cada inicio de los recitales poéticos que convocan escritores y escritoras internacionales, se daba lectura a un texto manifiesto que ubica a las personas asistentes en el contexto temático del momento.

Ese año junto a Lucy Chau (Panamá) Negma Coy (Guatemala) y Chary Gumeta (México) fui asignado a una lectura en uno de los denominados Hogares Seguros, sitios donde se albergan y resguardan niñas que han experimentado todo tipo de violencias.

La lectura de esa tarde transcurrió en medio de un absoluto silencio y atención dispuesta por las niñas. Dediqué un rato a observar sus caras. Vi niñas madres, niñas tristes, niñas llenas de furia y de ternura. Estaba frente a un escenario que esta misma sociedad violenta y agresora ha generado, en múltiples dimensiones. Y lo estábamos revistiendo con palabras dulces como la de Chary, melodiosas y musicales en la ocarina poética de Negma y sentidas y profundas en la voz de Lucy.

Al finalizar las lecturas generalmente se abre un conversatorio que incluye intercambios y preguntas sobre el oficio de escribir. En esas actividades los niños y niñas suelen ser los más directos y honestos con sus preguntas. Esa tarde una niña de la cual no retengo su nombre ahora (Ana, María, quizá Daniela, no lo sé) nos interpeló y nos hizo conocer la dimensión del dolor y la esperanza por partes iguales.

Nos interrogó sobre nuestro primer libro, nuestra poesía preferida, como escribíamos y por qué. Ya en un pequeño refrigerio nos mostró su realidad directa, pura y violenta. Una niña que a lo sumo tendría 14 años contaba ya con cerca de 20 marcas de intento de suicidio en sus brazos. Mientras nos percatábamos de su historia, nos mostraba su amor por los dibujos y la pintura.

Su destreza artística la salva una y otra vez del desenlace final al que ha intentado llegar como consecuencia de la violencia que vive en su hogar. Por eso su interés por la poesía que le llevamos y compartimos.

Ya hemos dicho en otros momentos que creemos profundamente en el potencial transformador, movilizador y vital del arte y la cultura en todas sus variantes. En contextos tan complejos y desiguales como los nuestros, es necesario el arte como recurso y herramienta y no solo (pero también) como propuesta estética. Es una actividad esencial, como la vida misma.

En los últimos días, consecuentes con una estrategia política y simbólica de aniquilamiento del estado social en Costa Rica, surgió una propuesta en el seno del sector empresarial costarricense para cerrar instituciones dedicadas a la cultura, la investigación social y la educación.

La propuesta emanada por un grupo feligrés empresarial surgido en los años setenta en Costa Rica llamado ANFE (Asociación Nacional de Fomento Económico) muestra un enfoque abiertamente inhumano basado en la premisa de que la economía es lo principal y que lo demás sobra.

Mostrando un absoluto desprecio por la vida y en tono irónico, lanzan la idea que estas actividades no son «esenciales» y que deben sacrificarse por el bien colectivo ahorrándose con ello presupuesto que, aducen, sería destinado a combatir la pandemia. Han recibido resonancia en medios hegemónicos, pero también han encontrado espacio en una gestión gubernamental absolutamente alineada con los intereses corporativos. Alguien les dejó la puerta abierta y entraron.

He pensado en la niña del Hogar Seguro de Quetzaltenango en estos días. Rememoro su profunda relación con el arte como recurso para resistir y la contrapongo a estas voces recortistas y retrógradas ya recurrentes en una sociedad como la costarricense.

Pienso que es la hora de la disputa semántica, discursiva y política con quienes intentan silenciar la expresión y la investigación social en nuestros países. Es importante reivindicar el significado de lo esencial para darle su contenido real. La tarea es hoy.

 

Foto Semanario Universidad.

La Metamorfosis. Cuando la Constitución deviene «leyenda urbana»

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista, director a.i. CICDE-UNED

Me refiero aquí al artículo de Rubén Hernández Valle, titulado “La burguesía salarial y la autonomía universitaria” (La Nación, 5 de marzo de 2021).

El escrito transmite claramente la impresión de que el distinguido jurista da por bueno que a las universidades se les aplique una versión parcialmente modificada de la ley del empleo público. Ello podría incomodar a La Nación, medio que, con infinita largueza y generosidad, le concede a Hernández Valle, tarima y altavoces para difundir sus ideas. Es que, como es público y notorio, ese medio se ha dedicado a satanizar cualquier posible trato diferenciado a las universidades.

O sea, pareciera que Hernández Valle contradice la ortodoxia establecida, puesto que admite que para el personal académico de las universidades rija una especie de sistema paralelo de remuneración o premio, que se entregaría de forma casuística. Ilustremos el punto. Dígase que este año Paquita publicó un par de artículos científicos y Remigio un libro. Entonces les dan un bono (o varios bonos, no lo sé), como recompensa. Claro, ello no se incorpora a sus salarios, pero sí aporta un “plus” para el año o temporada en que les fue concedido, con la posibilidad de que esos “pluses” se repitan cada vez que Paquita y Remigio publican algo.

Lo de “plus”, bien lo sabemos, es palabra maldita, ominosa, peligrosísima. Ninguna persona que no desee caer en desgracia con los grandes poderes que rigen a nuestro país, debiera jamás pronunciarla. Y, claro está, Hernández Valle no la menciona. Su heterodoxia no da para tanto. Lo de “plus” lo digo yo, que de todos modos soy parte del grupo de forajidos, que aquellos poderes ha declarado culpables de todos los males que aquejan a Costa Rica. Pero, en fin, es rigurosamente cierto que Hernández Valle mete por la ventana de atrás, este otro tipo de “plus”, acaso confiado a que La Nación no se entere. No vaya a salir regañado.

Eso sí, ni Paquita ni Remigio tendrán una trayectoria académica que exhibir y de la cual ufanarse, para al cabo de los años decir: “soy catedrática”, “soy catedrático”. A los 60 serán el mismo profesor y profesora que eran a los 22 ¿O será que en la versión de Hernández Valle es posible conceder este tipo de estímulos morales a modo de pluses simbólicos? No lo sé, y el famoso jurista no lo aclara.

Por otra parte, nos alecciona Hernández Valle en el sentido de que las universidades, dotadas de “autonomía administrativa”, pueden “administrar su personal (nombrarlo, sancionarlo, despedirlo, etc.)”. Y, sin embargo, el proyecto de empleo público dice que es un órgano externo a las universidades el que reglamentará todo eso ¿Realmente las universidades estarían “administrando su personal” cuando es una instancia externa la que formula y aprueba los reglamentos que regulan esos menesteres? No creo que Hernández Valle sea tan ingenuo como para tomarse en serio tal cosa, aunque sí pareciera lo suficientemente arrogante como para creer que los demás somos tan idiotas como para admitir tamaño desatino. Lo más que podríamos decir es que las universidades aplicarán las reglas que alguien más formuló, con un agravante: ese ente externo posiblemente no tiene ni idea de cómo funcionan las universidades públicas costarricenses.

Podemos ilustrar el punto así: supóngase que Hernández Valle tiene un muy exclusivo bufete de abogados (es solo un decir, ignoro si lo tiene). Pues resulta que una empresa que se dedica a la fabricación de inodoros se encarga de formular los reglamentos en materia de personal del bufete de nuestro distinguido jurista ¿podemos confiar que lo harán bien y a satisfacción de tan reputado abogado?

Hernández Valle nos habla asimismo de la “autonomía académica” y de la “autonomía financiera”. En relación con esta última menciona el “numeral 85 de la carta política”, y, en gesto de inusitada magnanimidad, reconoce que depender en materia de financiamiento “de los humores del Ejecutivo o del Legislativo”, impediría ejercer “a cabalidad” la autonomía académica. Aquí de nuevo, el señor jurista arriesga ganarse una reprimenda por parte de los mandamases. Baste recordar que La Nación misma ha presionado reiteradamente para que los “humores del Ejecutivo o del Legislativo” metan mano en los presupuestos universitarios, y cuando lo han hecho -porque recientemente lo han hecho- lo han aplaudido de pie y a rabiar.

En relación con esto último, y como para apaciguar la ira que sus heterodoxias y veleidades pudiesen provocar, Hernández Valle enfatiza que las universidades están obligadas a observar una “sujeción estricta a la regla fiscal”. Cae entonces la pregunta: y si la regla fiscal de alguna manera entrase en conflicto con el “numeral 85 de la carta política” ¿cuál prevalecería? Se supone -entiendo que todavía el orden institucional de Costa Rica funciona de esa forma- que una norma constitucional es superior a una ley. Y la regla fiscal -no lo olvidemos- nace de la ley 9635.

Pero hay algo más que, no obstante la infinitud de su sapiencia, Hernández Valle deja pasar desapercibido: el artículo 78 de la Constitución. Este ordena que a la educación (incluidas las universidades) se destinará un financiamiento total, no inferior al 8% del PIB. Supuesta una “sujeción estricta a la regla fiscal” ¿sabe usted que ocurriría con los presupuestos para educación (la totalidad de éstos, no solo los de las universidades)? Sencillo: el porcentaje con respecto al PIB irá disminuyendo con el paso del tiempo. Es un resultado inexorable que deriva del diseño de la regla fiscal y de la aritmética que le es propia. Mientras la deuda pública exceda del 30% como porcentaje del PIB, el gasto en educación estará forzado a crecer menos que el PIB, y, por lo tanto, el porcentaje entre ese gasto en educación y el propio PIB, irá en descenso año con año. Y si hoy la deuda ronda el 70% del PIB ¡haga usted cálculos para cuándo se logrará que descienda por debajo del 30%! De aquí a ese momento -acaso yo no vea la aurora de tan venturoso día- el porcentaje que los presupuestos de la educación representen en el PIB, habrán caído lejos, muy lejos del 8%.

Ya para entonces, el artículo 78 constitucional habrá pasado a ser, por mérito propio, una “leyenda urbana”, muy de acuerdo, por cierto, con la estética literaria tan del gusto de nuestro afamado jurisconsulto. Y, entonces, ¿mantenemos apego al mandato de “sujeción estricta a la regla fiscal”?

Y en cuanto a la “autonomía académica”, hay hilos que el señor abogado no enhebra. Dejarlos sueltos es peligroso. Esa autonomía no solo requiere, para hacerse efectiva, de la autonomía financiera, de forma que, en materia de dineros, las universidades no queden sometidas a “los humores del Ejecutivo o del Legislativo”. Es que la autonomía académica se concreta en la libertad de cátedra, y ésta última es mucho más que un principio abstracto que flota en el éter de las ideas. La libertad de cátedra se hace efectiva, se encarna y materializa, cuando los académicos y las académicas la ejercitan: en la docencia, la investigación o la extensión o acción social. La cosa se enturbia cuando el nombramiento, evaluación, despido, etc. de ese personal queda sujeto a reglamentaciones influidas por “los humores del Ejecutivo o del Legislativo”, que es, exactamente, lo que ocurre en este caso.

También nos habla Hernández Valle de las convenciones o negociones colectivas. Se abstiene de repetir su tan entrañable pero vulgar falacia en relación con el artículo 6 del Convenio 98 de la OIT, pero igual insiste en la prohibición. Ello convierte en “leyenda urbana”, no solo el artículo 62 de nuestra Constitución, sino también el propio Convenio 98, como también el Convenio 154 de la OIT.

Pero, en fin, creo que de eso se trata justamente. Es decir, las realidades políticas en Costa Rica han evolucionado hacia el imperio incontestable de ciertos intereses y, respectivamente, de la ideología propicia a esos intereses. Esa hegemonía es a tal punto asfixiante, que inclusive están reescribiendo la Constitución y reescribiendo las obligaciones internacionales del país. Todo aquello que no se ajuste a esos intereses y esa ideología va metamorfoseándose en “leyenda urbana”.

En el cierre de su artículo, tal y como ya lo había hecho en el título de éste, Hernández Valle opta por curarse en salud, recurriendo a la descalificación a priori en contra de quienes opinen diferente a él. Sé que mucha gente que lea esto, recurrirá al mismo sucio y vil procedimiento. Me tiene sin cuidado. A mis 63 años, con mi derecho jubilación mediante el sistema IVM de la Caja debidamente consolidado, y habiendo renunciado a cualquier figuración política, puesto que Costa Rica jamás me consideró merecedor de alcanzar ninguna, no tengo ya ningún interés personal que defender. Lo dejo dicho, pero sin esperar que haya ninguna comprensión sobre mi decir.

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

El Estado y los millonarios, ¿a quienes engañan?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.

Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.

Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.

La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.

Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.

La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.

Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.

¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?

Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.

Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando inéditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.

[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD).

El Estado y los millonarios, ¿a quienes engañan?

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.

Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.

Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.

La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.

Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.

La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.

Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.

¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?

Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.

Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando ineditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.

[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD)

Cierre de las jornadas del seminario CICDE estuvo a cargo de las temáticas de seguridad social, convivencia urbana y sistemas de cuido

Escrito en . Publicado en Derechos.

Con la jornada “Estado social y políticas públicas” se dio por concluidas las 4 jornadas programas durante el mes de octubre del seminario “Crisis de la democracia en los tiempos del COVID-19. Crítica y propuesta”, que inició el miércoles 7 de octubre.

Esta jornada estuvo compuesta por tres ponencias elaboradas por investigadoras e investigadores del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), las cuales abordaron las temáticas de seguridad social, convivencia urbana y sistemas de cuido. Las palabras de bienvenidas estuvieron a cargo de Luis Paulino Vargas Solís, director del CICDE, y de Paulo Coto Murillo, investigador del centro y moderador de la actividad.

Vargas Solís, acotó la importancia de la realización de estas cuatro jornadas ya que permite mostrar al público parte del trabajo que se ha venido de realizando a través de los años desde el CICDE, asimismo hacer una rendición de cuentas a la sociedad por los recursos brindados al centro. Por parte de Coto Murillo hizo un repaso de las tres anteriores sesiones y recalcó la importancia de los tres temas de las ponencias en esta sesión.

La exposición inicial estuvo a cargo del investigador Andrej Badilla Solano, titulada “Renta básica universal en Costa Rica: un barco en el que cabemos todos”, en la que el investigador inicia su exposición haciendo una comparación entre la exploración espacial como un de los logros de nuestra era y la renta básica universal. La metáfora utilizada por el investigador señala argumentos comunes como: el alto costo asociado de un ideal utópico y sin embargo hoy son el ejemplo de dos actividades humanas a nuestro alcance, explicó Badilla Solano.

La renta básica universal (RBU) corresponde a una transferencia de dinero que el Estado realiza hacia una población, una especie de dividendo ciudadano de la riqueza socialmente construida, que no depende la condición laboral o nivel de ingresos de la población beneficiaria, en este sentido la renta básica universal tiene como características principales que es individual, regular, suficiente, permanente, incondicional y universal. El investigador señala además el rol que tendría la RBU en la lucha contra la pobreza extrema y la desigualdad. Por otra parte, si bien el autor señala posibles fuentes de financiamiento, es enfático al señalar que hace falta investigación experimental para poder determinar las formas más eficientes para su puesta en práctica.

Las investigadoras Natalia Dobles Trejos y Marcela Pérez Rodríguez presentaron el trabajo “Una aproximación al cuido en tiempos de COVID-19: una mirada desde adentro”, la cual estuvo divido en dos partes.

En la primera parte Dobles Tejos trató el tema de la situación de la mujer, la maternidad, cuidado y como la pandemia del COVID-19 vino a profundizar la violencia estructural sobre el cuerpo de las mujeres. “En el caso de Costa Rica con la pandemia se profundiza mucho la situación de recargo de las tareas domésticas en el caso de las mujeres, dedicando un aproximado de 35.49 horas por semana a las tareas domésticas más el trabajo, a las que se dedican al teletrabajo o trabajo fuera del hogar, y los hombres solo representan un 13.42 horas, con relación al trabajo de las mujeres”.

Además, la investigadora plantea que debe haber una educación en el tema del cuido y así esa tarea será más equilibrada para las mujeres. En el caso de reeducar en «corresponsabilidad social» para tener más equilibrio en las tareas de cuidados y también mencionar que el concepto de cuidados es un concepto político en el cual se llevan a cabo relaciones de poder y una separación marcada entre lo público y privado, sobre todo desde la concepción neoliberal que promueve el individualismo. Al mismo tiempo, este concepto debe ser universal a toda la sociedad, ya que cambiar hacia una visión más democrática de los cuidados permite equilibrar las relaciones sociales y económicas dentro de las democracias porque todo es un tejido social, el cual está entretejido entre las relaciones de cuidados porque somos interdependientes.

Marcela Pérez Rodríguez enfatizó su exposición en las personas adultas mayores, derechos humanos y acceso a cuidados, aprovechando que octubre es el mes de las personas adultas. Indicó que las personas adultas mayores son una responsabilidad de todos y todas y que esta población va en aumento rápidamente, según como lo indica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se proyecta que para el 2050 existan 1 262 253 personas adultas mayores.

También explicó que la pandemia del COVID-19 ha afectado en mayor parte a esta población: “El 12 de agosto del 2020, mediante un comunicado de prensa el Dr. Daniel Salas, Ministro de Salud, informó que el 66.3 % de las personas fallecidas por esta enfermedad corresponden a este grupo etario. Éste presenta una tasa de letalidad del 12.1%, calculado con el porcentaje de las personas fallecidas afectadas por el virus.” Además, expresó que en Costa Rica se ha avanzado en el fortalecimiento del cuidado de esta población. Por ejemplo, en junio del presente año se aprobó la ley 9857 en la que se penaliza el abandono de las personas adultas mayores. Según CONAPAM, a junio del presente año se habían registrado 537denuncias relacionadas violencia psicológica, patrimonial y violencia física. En este momento, el Estado social no puede cubrir todas demandas específicas de las personas adultas mayores, de ahí la importancia de reconocer los tejidos, a veces invisibles del cuidado. Esto permitiría reducir las cargas de las personas cuidadoras (la mayoría mujeres) y fortalecer las políticas sociales.

El distanciamiento social, es parte de la trama del cuidado, son estrategias de protección y prevención ante el contagio de virus COVID-19, pero, esta medida agudiza los problemas de salud mental como es la percepción de soledad, depresión y desvinculación de las redes de apoyo formales e informales.

Pérez propone que estas políticas de cuidado, tendrían que formularse con una visión ética y, de solidaridad intergeneracional. La solidaridad intergeneracional no se puede visualizar desde una perspectiva dualista, competitiva, personas jóvenes-adultos mayores, sino comprende todos los grupos etarios, todas las personas diversas, sujetas de derecho, que conviven y están vinculadas por diferentes circunstancias, sean éstas, redes de apoyo formales e informales. Las redes de cuidado no solo hay que visualizarlas como soporte social para aquellas personas adultas mayores con situación de dependencia crítica, sino también, tendrían que estar dirigidas a personas sanas con edades avanzadas que aportan y contribuyen a la sociedad como personas activas y con derechos.

El cierre de las exposiciones fue con el investigador Julio Solís Moreira y la exposición titulada “Desventajas sociales y segregación territorial en el Área Metropolitana de San José (AMSJ). Sus efectos en la participación ciudadana.”

Mediante la utilización de diferentes mapas y gráficos, Solís Moreira abordó de forma puntual los cambios que se han dado desde 1960 en la distribución urbana y la población rural, y como en 1990 pasamos a ser una sociedad urbana. En este contexto, el investigador expuso como se fue dando un crecimiento de la ciudad mediante ensanches y ampliación en términos de densidad y edificación urbana.

Asimismo, señaló como el COVID-19 vino demostrar y poner en evidencia las zonas de vulnerabilidad y desigual social, debido a que es en esas zonas donde se encuentran los mayores focos de contagios del virus, donde hay mayor hacinamiento y segregación socio-habitacional.

El acto de clausura será el jueves 19 de noviembre, a las 2 p.m., con la conferencia internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19”, en la cual contará con la participación de Ricardo Sáenz de Tejeda, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Ana Lucia Álvarez Vijil, de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, y Álvaro Artiga González, Universidad Centroamericana de El Salvador.

Compartimos el video de la jordana.

 

Enviado por Lic. Megan López La Touche, UNED.

Préstamo del FMI agravará la crisis social de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Osvaldo Durán Castro, Sociólogo/Profesor ITCR – FECON

La esencia del “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia. PROPUESTA PARA NEGOCIAR CON EL FMI. CONSEJO ECONÓMICO”, es la consolidación del modelo de desigualdad social con más políticas económicas restrictivas y de “disciplina fiscal”, que no servirán para sacarnos de la crisis. Que el Estado está en crisis o incluso a punto de quiebra es un hecho. Pero lo que debería estar en discusión con participación efectiva/democrática de toda la sociedad costarricense, y no lo está, es cuáles con las acciones que nos permitirán enfrentar la crisis sin profundizar la pobreza y la inequidad general.

Estos comentarios son una primera reacción ante la propuesta para el FMI, o más bien del FMI y el Gobierno, para no pecar de ingenuos, pues sabemos que están “dialogando” desde hace tiempo.

El punto de partida ante esta propuesta es que Costa Rica puede y debe prescindir de este convenio con le FMI. El país tiene condiciones financieras para atender la crisis con parte de las reservas del BCCR; pero no aplicando salvamentos a los bancos y capitales privados, como ya anunció el Ministro de Hacienda, si no orientando acciones de política económica incluyentes y solidarias. La propuesta que desde hace meses hizo el exgerente del Banco Central de Costa Rica, William Hayden es clara y posible de ejecutar: “El Banco Central tiene US$8.000 millones de Reservas Monetarias Internacionales invertidos en el exterior, la mayor parte en títulos valores a tasas de interés en dólares. Como medida de emergencia propongo que el Gobierno emita Bonos Emergentes Covid-19 en dólares por la suma de US$ 1.000 millones a un año plazo al 3.5% de interés y que los adquiera el Banco Central” (https://www.elmundo.cr/economia-y-negocios/william-hayden-propone-alternativa-para-que-el-gobierno-no-recurra-a-impuestos-solidarios/).

Debemos aceptar que la crisis es real, pero que no la generó la pandemia del CV19 y que la salida ya no debe ser el ajuste restrictivo en contra de la clase trabajadora. Entendemos y aceptamos, como debe ser, que los aportes desde los salarios públicos y privdos y los ingresos por el trabajo independiente o cuenta propia en todos los campos, deben planificarse de acuerdo con el poder adquisitivo y los ingresos de los diferentes segmentos, revisando salarios altos, pensiones de lujo, incluso anualidades, y otros componentes de los salarios y los ingresos. Pero el Gobierno reitera su fijación de ataque “al trabajo” y la población en general. Pareciera que su meta es desaparecer lo que sobrevive de los segmentos de medianos ingresos y elevar la pobreza.

Con esta propuesta para el FMI, le siguen cobrando al Estado social y a los y las trabajadoras del sector público, la factura del desfinanciamiento del Estado. En la propuesta se indica: “Empleo público. El tema de empleo público fue objeto de un conjunto de propuestas, desde una reforma estructural al empleo público hasta algunas más puntuales de recortes a los pluses salariales, la eliminación y congelamiento de las anualidades, así como una evaluación de desempeño por resultados más efectiva y rigurosa” (p. 27). Pero, más allá de esas declaraciones, las medidas dejan claro que la evasión, elusión y exoneraciones para el capital privado, tiene su contraparte en las restricciones, las regulaciones y las limitaciones de las condiciones laborales, salariales y, en general, el deterioro de la calidad de vida de la gente trabajadora.

Esta dirección queda expuesta en el enunciado “Acciones permanentes para reducir y contener el gasto público”, punto “2. La reforma al empleo público mediante la aprobación del expediente legislativo N° 21.336 Ley Marco de Empleo Público” (p.38). Lo fundamental de esta propuesta es “…la necesidad de contar con nuevas modalidades de jornadas laborales para permitir mayor flexibilidad y un mejor acoplamiento a las necesidades del mercado, (que) se ha impulsado el Proyecto de Ley N° 21.182 de jornadas excepcionales de trabajo, el cual busca establecer la modalidad de doce horas y jornada anualizada” (p. 56). Igual se enfilan ataques contra el aguinaldo, el salario escolar y otros “privilegios” que de hecho son pagados por cada trabajador/a y no por el capital privado y el Estado. Lo que en el mundo entero ha permitido tal “flexibilidad”, es crear nuevas condiciones para que se eleve el lucro privado de las empresas tanto locales como extranjeras, a costa de la pérdida de condiciones laborales, cuyos impactos más negativos son acumulativos de plazo indefinido. Gran parte de la actual y de las nuevas generaciones de trabajadore.as, vivirán el deterioro directo y pérdida de la calidad de sus empleos, de sus ingresos, del nivel de vida de sus familias, de sus seguros de salud y hasta de sus pensiones, entre otros impactos negativos.

Si bien muchos componentes de los salarios y los ingresos que se pueden revisar, las medidas propuestas llevarán a deteriorar los salarios de miles de trabajadores y trabajadoras del país, cuyo ingreso es apenas suficiente para atender sus obligaciones. Por ejemplo, el Gobierno puede revisar los rubros de erogaciones por salarios y pensiones superiores a los 3 millones de colones y fijar impuestos de al menos entre el 20% y el 80% y hasta mucho más a las 523 pensiones que en junio del 2020 iban desde los ₡5 000 477,06 hasta los ₡14 446 858,00 (montos que resultan ofensivos). En 2018, el Ministerio de trabajo indicó que “un total de 325 personas pensionadas bajo este régimen no están pagando la contribución especial solidaria contemplada en la ley 7531. Según la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, si se aplicara el levantamiento de esta exoneración a estos casos, se lograría un ahorro aproximado de ¢1.794 millones anuales”. MTSS (2018).

Esta propuesta para el FMI es una versión extendida del Plan fiscal que todos los análisis advirtieron como regresivo, injusto y antisolidario, lo cual sigue quedando de manifiesto. Igual que con la Ley 9635 (antes “Combo fiscal”), con la propuesta para el FMI, se obliga a nuevos tributos a la gente asalariada y más pobre, y se consolidan los privilegios de la gente más rica. La esencia de la propuesta para el FMI se puede resumir con los datos que aparecen en el “Cuadro 4. MEDIDAS PERMANENTES: Impacto fiscal en ingresos y gastos. Porcentaje del PIB. 2021-2024” (p. 41). La evasión fiscal, la elusión y las exoneraciones quedan intactas. El rubro “Lucha contra la Evasión (Hacienda digital)” aportaría tan soló el 0,25% del PIB y hasta los años 2023 y 2024. Ni siquiera se aplicaría de inmediato, a partir del 2021, como todas las demás medidas, si no que lo harían hasta el 2023, asegurando un margen de consolidación de esos privilegios.

Los privilegios de la élite costarricense siguen intactos; inalterados con esta propuesta de acciones para el préstamo del FMI. Mientras que países como Argentina renegocian su deuda, Costa Rica le brinda al FMI, que no es otra cosa que una extensión del mundo corporativo, y antes el mecanismo sustituto de los golpes de Estado en América Latina, la oportunidad de imponer al pueblo de Costa Rica nuevas ataduras sociales en todos los campos. No es necesario “El ladrillo” de los Chicago Boys de la dictadura de Pinochet para continuar hundiendo a la clase trabajadora y a la sociedad en general, incluidas las nuevas generaciones, a los dictados de la economía corporativa. Los contribuyentes, los asalariados, los deudores, que son en su mayoría la clase trabajadora, subsidian a los bancos privados y en general a la economía privada y corporativa que no asume su carga de responsabilidad. Además de la baja de los salarios y los ingresos en general por medio del congelamiento de aumentos salariales y eliminación de anualidades, entre otras disposiciones, es la gente trabajadora la que asume, en el largo plazo, el pago de la deuda que adquiere el Gobierno en nombre “del país”.

El Gobierno asumió de la manera más unilateral posible y en alianza con la élite que lo controla, la formulación de esa propuesta. Mientras se desarrollaba el proceso “Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga. Acuerdo con el FMI”, se redactaba el documento para el FMI. Muy “a lo tico”, en ese documento se hace referencia a las propuestas de esos encuentros intentando dar una visión de “consensos”, pero el documento para el FMI no las retoma como medidas concretas. Se despreció por completo la solidez de los argumentos y más allá las buenas intenciones de quienes participaron en ese proceso, queda demostrado que las negociaciones reales tenían lugar en otras oficinas, en la Asamblea Legislativa con las fracciones alineadas al Gobierno y en el Ejecutivo, sin olvidar a la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) y la Asociación Horizonte Positivo. Esta colusión también reafirma lo que desde hace muchos años definimos como el “Estado secuestrado”, ahora con la complacencia total del Poder ejecutivo. El mito o falacia del diálogo nacional y el consenso se demostró una vez más. Esa es la lección que deberíamos asimilar todos los actores sociales excluidos, y hacer un esfuerzo extremo de articulación y acciones ante el Gobierno y el FMI.

Si se hiciera un ejercicio de información, explicación y consulta efectiva y democrática de esta propuesta y sobre todas las alternativas posibles, es seguro que la población sobre concluiría que no quiere asumir deudas de largo plazo con el FMI. Es seguro que con información veraz y completa se exigiría al Gobierno actuar para la gente y el beneficio del país y no para la élite que lo guía. Pero bajo un régimen de desinformación bien articulado e impuesto como el que vivimos, es natural que un segmento de la gente piense que el crédito con el FMI es necesario para salir e la crisis, cuando la verdad es que es la propuesta más regresiva que hemos visto en mucho tiempo. Como ya dijimos, es una extensión del “combo fiscal”.

Si revisamos todos los rubros de la propuesta concluimos que se enfila contra la sociedad en general y el mundo del trabajo en especial, pues se incluyen medidas como imponer cargas a las transacciones mínimas en un cajero automático, un “Impuesto 25% premios de lotería”, eliminar la “exoneración salario escolar” que es un ahorro de cada trabajador/a, etc. Otra línea confirmada es que el Gobierno atenta contra el Estado, y contra el Estado social en particular. Las proyecciones de “Recortes al presupuesto/Regla fiscal”, se estiman en 0,76%-0,78%-0,82% y 0,96% desde 2021 hasta el 2024, montos que triplican y hasta casi cuadruplican la irrisible suma que en 2 años (2023 y 2024) se recuperaría con los ajustes mínimos propuestos para disminuir la evasión y elución fiscal. Justificar el recorte del “gasto” o inversión del Estado por falta de ingresos/déficit, es un sinsentido cuando el mismo Estado se inmola en favor de una élite privilegiada.

Hay que repetirlo: la esencia de la propuesta es que el rubro “Lucha contra la Evasión (Hacienda digital)” asegura los privilegios del empresariado; del capital. Ni siquiera entraría a regir el próximo año, si no hasta el 2023 y con un aporte de apenas del 0,25% del PIB mientras otros rubros, como “Aumento del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles (en 0,50 pp)”, desde el 2021 aportaría 0,56% del PIB anual, mucho más del doble que las empresas que disfrutan del no pago de impuestos.

En dirección de hacer que Costa Rica sea un país con mayor justicia social, NO SE JUSTIFICA FIRMAR UN NUEVO CONVENIO CON EL FMI. Lo que se debe hacer prioritariamente es aplicar mecanismos eficientes y eficaces contra la evasión, elusión y exoneraciones fiscales, y recurrir a las reservas financieras del BCCR, que no implican condicionar la política económica del país ni empobrecer a más personas. Cualquier evaluación del Gobierno de Costa Rica corroboraría que es un Gobierno ineficiente e ineficaz, porque sabe exactamente a quiénes y cuánto cobrar, pero no lo hace. Los ingresos y ahorro proyectados por Gobierno Central son insignificantes comparados con lo que el Estado podría recibir si al menos iniciara el cobro de impuestos a las empresas y capitales privados que siguen amparados en los beneficios, la impunidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades del Gobierno.