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Etiqueta: Estado

Encuentro por la Defensa de la Seguridad Social – FRENASS

El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), celebró el pasado sábado 25 de junio, el Encuentro por la Defensa de la Seguridad Social, un espacio de participación de líderes y lideresas sociales que reflexionan, debaten y proponen alternativas e iniciativas de lucha, contra las políticas e iniciativas neoliberales que atentan contra el modelo de seguridad social y la CCSS.

Con el aporte de las personas presentes se recogen una serie de insumos e ideas, que se van a estructurar para continuar construyendo tejido social sobre el tema de la defensa de nuestro sistema de Seguridad Social y modelo de Salud Pública brindado por la benemérita Caja Costarricense de Seguro Social.

El lema del Encuentro dice:

¡LA CCSS NO SE VENDE! 

¡LA CCSS SE DEFIENDE!

El FRENASS continúa con su esfuerzo articulador para las luchas que se avecinan con la “reforma del Estado”.

Le inviamos a ver algunas fotos del encuentro:

Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.

Las múltiples cabezas de la hidra

Manuel Delgado

El capitalismo produce riqueza en uno de sus polos, en el polo minoritario de los grandes propietarios, pero produce pobreza y miseria en el otro, el de los trabajadores asalariados. Es el resultado normal, natural, de su funcionamiento.

En 1820, cuando la revolución industrial era una señora de setenta años de vida, casi el 90% de la población vivía todavía en la pobreza extrema, según datos del Banco Mundial (para esta entidad, están en pobreza extrema aquellos que reciben por día un dólar y medio, llevado a valor presente).

Ese régimen se basaba en un sistema de libre empresa y libre mercado, y se inspiraba en una filosofía llamada liberalismo. Según el liberalismo, el mercado se regía por leyes naturales y sus formas de desarrollo estaban determinadas por lo que llamaron la “ libre mercado ”. Cualquier intervención que corrigiera los mandatos de esa “mano invisible” era inaceptable. Se suele identificar el liberalismo decimonónico con la frase francesa “Laisser faire, laisser passer”, que quiere decir: “Dejar hacer, dejar pasar”. Y añadían: “Que el mundo marcha por sí solo”.

Fue la libre mercado , sus sindicatos y sus partidos la que logró volcar esa mano invisible y conquistar mejoras en la condición de vida de los asalariados.

En los años siguientes muchos millones salieron de la pobreza extrema y se sumaron al ejército de los pobres no extremos. En 1820, estos sumaban 117 millones. En 1859, ya eran 164 millones. En 1910, 445 millones. En todo este tiempo, sin embargo, el número de pobres extremos siguió creciendo.

Esas espantosas cifras de pobreza, que se mantenían en momentos enorme crecimiento económico, tenían que ser subsanadas, aliviadas, para impedir estallidos sociales que ya se habían producido a montones, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que ponían en peligro la existencia misma del capitalismo. Pero para subsanar esos extremos del capitalismo no bastaba el libre juego del mercado. Había que introducir correctivos desde fuera de la economía, desde la política y la lucha social. Es decir, eran correctivos extraeconómicos.

Así fue como tomaron auge las doctrinas reformistas procedentes de las iglesias y de los partidos reformistas, entre ellos los partidos socialdemócratas.

En Estados Unidos, esas reformas las introdujo el presidente Franklin Delano Roosevelt y su New Deal, un plan de reforma de la economía basada en las doctrinas económicas de keynesianismo (llamadas así porque estaban inspiradas en la teoría del economista británico John M. Keynes).

En contra de la doctrina liberal que abogaba por la no intervención del estado en la producción, el New Deal inyectó sumas gigantescas a la economía para crear fuentes de empleo que la empresa privada no podía o no quería abrir. Con ese método, el desempleo se redujo del 25% al 10%.

Además, este plan elevó los salarios de los trabajadores; fortaleció los sindicatos obreros; creó un sistema de seguro de desempleo; creó un sistema de ayuda médica para la población más pobre; favoreció la educación; creó normas de protección al consumidor; protegió la agricultura; impuso severos controles a la banca.

En 1934, Roosevelt y sus diputados aprobaron una ley subiendo el impuesto de la renta al 79% para las fortunas más elevadas y del 70% para las grandes herencias.

El New Deal comenzó a aplicarse en 1933 y ya para 1950 el porcentaje de pobreza se había reducido en el país al 30%. En los siguientes 15 años, la pobreza se redujo al 15%. Curiosamente aún hoy se mantiene en esa cifra porcentual.

Esta experiencia fue muy similar a la vivida por los países capitalistas de Europa. También allí las cifras de pobreza descendieron en proporciones similares. Los detalles de ese proceso no son el tema de este material.

El capitalismo se mantuvo así hasta los años setenta y ochenta del siglo pasado y, de nuevo, son las dos principales escuelas económicas, la norteamericana y la británica, los que crean un nuevo concepto de economía. Este nuevo concepto se llama neoliberalismo.

¿Cuál es el nervio teórico del neoliberalismo? Pues volver a la economía liberal de comienzos y mediado del siglo XIX, es decir, eliminar las “distorsiones” extraeconómicas que afectaban el mercado, volviendo hacer que reinara el “laisser faire, laisser passer”.

El neoliberalismo, aparecido en textos teóricos de mediados del siglo XX, no era nada novedoso ni revolucionario. Es la teoría más conservadora, una momia del siglo XIX. Es una teoría que, en esencia, se propuso hacer retroceder las cosas al estado en que se hallaban antes de la introducción de las reformas arriba descritas. Era la época de Reagan y Thatcher, los dos líderes del reaccionarismo mundial.

Para lograrlo los grupos dirigentes recurrieron a todas las medidas. En las ideológicas, por ejemplo, pusieron las universidades a formar líderes de opinión afines, y separaron de los puestos directivos y académicos a los intelectuales que no estaban de acuerdo. En nuestra región jugó un importante papel el INCAE, creado por Kennedy para otra cosa, fue copado por gente de esta ideología para formar los cuadros que hoy son los que dirigen el estado, los centros de investigación, los grupos empresariales y los partidos políticos.

Pero su carácter antipopular, esta teoría solo podía ponerse en práctica por la fuerza, con la persecución y la represión de los grupos progresistas y los sindicatos en las esas dos naciones, y mediante las dictaduras sangrientas en América Latina. Aquí se empezó con Pinochet, se pasó luego a las dictaduras del cono sur y luego lo extendieron por todo el continente.

Los resultados no pudieron ser más devastadores. Después de 1965 la pobreza en Estados Unidos había descendido aún más, colocándose cerca del 10%. Subió otra vez al 15% en 1983, producto de la crisis de los mercados mundiales. A partir de ese comento comenzó el ataque neoliberal y hoy la pobreza ha subido. Antes de la pandemia de la covid se había posicionado en 14,8%. Pero el número absoluto de pobres sí creció, pasando de 40 millones en 1983 a más de 47 millones antes de la pandemia. Ahora ha crecido mucho más.

Según fuentes cercanas al Banco Mundial, pobreza extrema ascendía, antes de la pandemia, a 20,5 millones, lo que obligaba a 39,5 millones de personas a recibir estampilla de comida, es decir, a vivir de la ayuda social.

Si exceptuamos los altos salarios de los ejecutivos de las grandes compañías, los salarios reales en EEUU se han reducido a la mitad entre 1993 y 2003, un descenso de alrededor de 0,75% por año.

En Europa las cosas son similares. Antes de la pandemia era pobre el 12% de la población. Ahora se habla de 120 millones de pobres, que corresponde al 25% de la población. En España son el 27%. La Unión Europea había creado el concepto de privación severa, que afectaba al 45,1% de la población en el 2010.

Si quisiéramos seguir, veríamos que las tendencias se repiten por todo el mundo.

Lo que no cesa de crecer es la riqueza. Hoy el 1% de la población adulta mundial es dueña del 51% de la riqueza mundial. El 10% de la población mundial es dueña del 89% de toda la riqueza. Mientras tanto solo una centésima parte de esa riqueza llega al 50% de la población. Lo anterior es un estudio del Credit Suisse Bank.

¿Qué se propuso y se propone el neoliberalismo? ¿Cuál es su programa? Hagamos un breve resumen.

-1. La fuerza de trabajo, es decir, la mano de obra, es una mercancía y su precio, el salario, lo fijan las leyes de la oferta y la demanda. Para corregir las injusticias provocadas por la “mano invisible” se crearon leyes, procedimientos y organismos de defensa de trabajador. Entre ellos cabe citar las leyes de protección del trabajo, los salarios mínimos, la jornada de ocho horas, las leyes de protección de los menores y las mujeres trabajadoras, los derechos a huelga y a contraer contratos colectivos de trabajo, así como una serie de formas del salario no monetario, como son la escuela gratuita, los seguros de salud y los regímenes de pensiones subvencionados por el estado.

El neoliberalismo cree que esa “intervenciones extraeconómicas” deben desaparecer y han estado trabajando para eliminarlas.

Dado que a veces no es fácil eliminar, por ejemplo, los salarios mínimos o las convenciones colectivas de trabajo, se legisla para hacer esos derechos o inaplicables o inservibles. En relación con los salarios mínimos, su propósito es bajarlo a tales niveles que simplemente sería una norma irrelevante, dejando el precio de la fuerza de trabajo por la libre. En el caso de las convenciones colectivas la ley ya aprobada hace el proceso tan engorroso que las hacen casi inaplicables.

Una parte esencial de este punto es que el neoliberalismo pretende eliminar la organización sindical, criminalizarla y reducirla a la mínima expresión. En esta tarea han avanzado mucho en nuestro país y en todo el mundo.

-2. Uno de los puntos esenciales de esta filosofía es reducir el tamaño del estado y sus funciones, privatizando la mayor parte de los servicios que presta. Para ello han levantado una gigantesca labor ideológica haciendo que la población reniegue del estado. Esa campaña va a acompañada de una labor de zapa consistente en empeorar los servicios para lograr el apoyo de la población a sus propósitos.

El programa privatizador tiene varias vertientes:

a.- Una es vender simple y llanamente. Aquí esa propuesta no ha sido efectiva por la oposición de los trabajadores y usuarios, pero también porque a la burguesía le conviene que el estado le brinde servicios eficientes y baratos, como lo hace el ICE con la producción y distribución de la electricidad, el AyA con el suministro de agua, Recope con la distribución de los combustibles, y otros.

b.- Una segunda forma es colocar al lado de las instituciones existentes empresas privadas que venden esos mismos servicios, pero exigiendo ventajas de parte de las entidades estales. Así ha ocurrido con la cogeneración eléctrica, la educación superior, la banca, los seguros, la infraestructura y la salud

c.- La tercera fórmula es la tercerización de servicios, de la que son testigos, principalmente, los servicios de salud.

3.- El país realizó grandes avances en materia social, una gran parte de ellos financiados con el dinero de los mismos usuarios o trabajadores, otros cubiertos por el fisco. Independientemente que los que han gobernado, muchos de ellos neoliberales convencidos, han utilizados esos recursos para la corrupción y la politiquería, lo cierto es que buena parte de la población más pobre se ha visto beneficiada por muchas décadas.

El plan neoliberal contiene propósitos muy claros de eliminar eso que llamó “estado de bienestar social” o “estado solidario”. Su meta más importante y ambiciosa es acabar con el sistema de salud, parte del cual ya han tercerizado, a veces con pésimos resultados, pero que se plantean reducir a los servicios básicos, dejando a las grandes empresas de la salud el ejercicio (y lucro) que representan los servicios y procedimiento más complejos.

Lo mismo ocurre con las pensiones, parte de las cuales se han privatizado por la vía de los sistemas de pensión complementaria que, aunque a veces en manos en entidades estatales, actúan como bancos privados de capitalización individual que favorecen en muy poco la población más pobre, que paga proporcionalmente mucho por esos ahorros.

En estos dos rubros el plan es ir reduciendo servicios, bajando su calidad y obligando a los trabajadores mejor remunerados a recurrir a los servicios privados.

Más o menos lo mismo ocurre con la educación. Hoy en día la educación superior estatal recibe a una minoría de los graduados de secundaria y la mayoría de los profesionales son graduados por las universidades privadas y carecen casi totalmente de control estatal.

4.- El neoliberalismo es inseparable de los programas fiscales regresivos e injustos. Ese fue uno de los mayores “logros” de Reagan: reducir a casi nada los impuestos a las grandes fortunas que habían sido creados por el programa de Roosevelt, y que mencionamos arriba.

Impedir toda ley o procedimiento que pretenda hacer tributar a los grandes ricos y las compañías extranjeras y, por el contrario, estrujar fiscalmente cada vez más a las clases medias, esa ha sido la política aplicada en nuestro país y en todo el mundo.

5.- La desregularización de la producción es otra de las vertientes de esa filosofía. El país ha hecho un enorme y sostenido esfuerzo por proteger el medioambiente y el entorno social y eso molesta a las grandes compañías, que siguen adueñándose de nuestras playas en contra de la ley y siguen aplicando sistemas productivos que dañan el ambiente, agotan o contaminan las fuentes de agua, deforestan y dañan nuestra fauna. Acabar con las leyes de protección de la salud y el medioambiente es parte de la política del neoliberalismo.

Pese a la enorme campaña ideológica de los medios de comunicación, las cámaras patronales y los partidos políticos, nuestro pueblo rechaza esta ideología y sus políticas. Desdichadamente esa es la ideología de los partidos más grandes del país, de Liberación Nacional, el PUSC, los religiosos fundamentalistas y, en buena medida, el saliente PAC. Lo candidatos de esta segunda vuelta no dan trazas de querer darle vuelta a las cosas. O más o menos palabras, insisten en la receta que ellos mismo generaron desde el gobierno del país y desde el Banco Mundial.

La justicia social, la erradicación de la explotación y la libertad y democracia verdaderas solo se pueden alcanzar en otro tipo de sociedad, la sociedad socialista. Pero la unión del pueblo y su lucha pueden hacer avanzar la sociedad hacia una relación más igualitaria, más justa, más responsable con el medioambiente y, sobre todo, una sociedad que preserve y mejore los logros del pasado, esa aspiración, digo, no es ilusoria. Tenemos derecho a pensar en un mundo mejor todos nosotros, los que creemos en una sociedad distinta del capitalismo, pero también los que creen que en capitalismo es viable, o irremediable o incluso defendible. Muchos cabemos en esa bandera que tiene como centro el humanismo.

La cultura costarricense desde el Estado

Adriano Corrales Arias*

CULTURA es uno de los términos que más acepciones tiene. Es un concepto polisémico y dinámico. Sus abordajes han sido diversos y complementarios a través de la historia, por esa razón debería considerársele desde la interdisciplinariedad, para así lograr una integralidad semántica.

En general, podría definírsele como “el conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad, una determinada época o un grupo social”. En todo caso, cuando hablamos de cultura, nos referimos a creencias, normas, valores, lenguaje, símbolos, tecnología, patrimonio, identidad. En otras palabras, hablamos de la actividad humana en su conjunto y de sus relaciones con la naturaleza y el cosmos, sobre todo de la producción simbólica a través del tiempo en espacios geográficos y socioeconómicos diferenciados.

En nuestro país la visión estatal de la cultura ha sido excluyente y elitista. Desde el “Olimpo” de los liberales, hasta el nacimiento del Ministerio de Cultura (PLN), se le concibe como la promoción de las “Bellas Artes”, las cuales deberían extenderse al pueblo para “culturalizarlo”, “cultivarlo”. Los liberales la concebían mancomunada con el sistema educativo, cual actividad “civilizatoria” que pretendía homogenizar su visión de mundo, es decir, privilegiaban su intención ideológica.

El dispositivo creado por el PLN en los años setenta del siglo pasado, ha sido vallecentrista y eurocéntrico, léase, colonial, salvo esfuerzos aislados y fallidos de regionalización con débiles discursos antropológicos sobre las culturas populares o “vivas”. Esa visón paternalista todavía subsiste. De allí la gran confusión en muchos artistas, quienes confunden el amplio concepto etnográfico con el de “arte” o “gestión cultural”. Por ello, se habla de un “sector cultura” difuso y asimétrico, el cual no sabemos si se define por su producción, su gremialismo o su filiación con el estado y su políticas, mejor dicho, la ausencia de ellas.

El neoliberalismo que lidera la contrarreforma con el afán del desmantelamiento del Estado Social de Derecho, erigido desde los años cuarenta del siglo pasado, le ha entregado esas tareas a las industrias culturales. Los últimos gobiernos del PLUSPAC así lo han venido haciendo y, el Ministerio de Cultura y Juventud (vaya híbrido), a pesar de su ingente labor en sus instituciones adscritas y en el apoyo a algunos productores artísticos, ha devenido en un cascarón desfinanciado y en una suerte de gran agencia de producción festivalera.

Las declaraciones de un candidato ultra conservador y de su escudera (diputada electa) han puesto el dedo en la llaga al gritar a los cuatro vientos, sin inmutarse, lo que otros quieren pero callan desde hace rato: cancelar el MCJ por ineficiente y burocrático (tiene menos del 1% del presupuesto nacional). Es decir, privatizar sus órganos desconcentrados y asignarle a las industrias culturales el resto. De allí a un Hollywood o Disney ticos no estaríamos tan lejos. Quizás ello quiso decir la señora escudera del enviado de los organismos financieros internacionales, quien bien podría convertirse en presidente de esta res ya no tan pública.

El día en que la CULTURA se convierta en el centro de una propuesta política al interior de un robusto proyecto país, tal y como corresponde, estaríamos hablando de inclusión, equidad, justicia social, defensa de los patrimonios tangibles e intangibles, de soberanía tecnológica y alimentaria y de las diversas identidades y expresiones simbólicas de quienes ocupamos este pequeño y bendito territorio. Es decir, estaríamos ante una auténtica acción sociocultural, corazón de toda actividad política.

Sin embargo, por ahora, sepamos que la CULTURA, desde la contrarreforma neoliberal, está clausurada. Aunque sigue viva y resistiendo en nuestras comunidades, en nuestros quehaceres, en nuestros sueños, en nuestras memorias.

*Escritor.

Rutas de Recuperación Justa. Boletín 5. Participación social en decisiones públicas

La participación social en decisiones públicas es uno de los indicadores de democracia participativa que tenemos para medirnos como sociedad. En Costa Rica existen diversos espacios de participación desde el nivel local hasta el institucional, pero en general se perciben problemas sistemáticos en la efectividad y calidad de la participación en este tipo de espacios.

En este boletín se encontrará información sobre la participación social en las decisiones de carácter público, haciendo énfasis en la defensa de la comunidad y el territorio, que son las bases fundamentales para el desarrollo del movimiento ecologista costarricense. La transformación de los moldes que impiden el desarrollo de una participación plena es el gran desafío para las organizaciones sociales.

El contenido se orienta por las reflexiones del Diálogo Virtual realizado en agosto sobre la temática, con las presentaciones de Héctor Ferlini Salazar, representando a Confluencia Solidaria, Dylanna Rodríguez Muñoz por Kioscos Socio-Ambientales y Erlinda Quesada Angulo de AMUDA y FECON.

Se adjunta PDF

Apelaciones político-religiosas en las elecciones presidenciales en Costa Rica: un estudio de caso

El pasado jueves 20 de enero, la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Sociología y el Posgrado en Sociología realizaron la presentación de resultados de la investigación: Apelaciones político-religiosas en las elecciones presidenciales en Costa Rica: un estudio de caso.

En ese espacio se conversó acerca del caso de las elecciones presidenciales de Costa Rica en el año 2018, y se contó con la participación de:

  • Dr. Randall Blanco Lizano, profesor e investigador de la Escuela de Sociología

Asimismo, como comentaristas participaron:

  • Msc. Argentina Artavia, docente de la Escuela de Ciencias Políticas.
  • Dr. Rotsay Rosales, docente de la Escuela de Ciencias Políticas.

Compartimos la transmisión completa:

La democracia en peligro

Dr. Juan Jaramillo Antillón

Hace 2.500 años, el filósofo griego Platón señalaba: “El Estado es lo que es porque sus ciudadanos son lo que son. Por lo tanto, ni esperemos siquiera tener mejores Estados, mientras no tengamos mejores hombres”. “Un problema de la democracia es que no existe igualdad perfecta de oportunidades en ella “. “Además, es muy difícil lograr en una población la suficiente educación en la mayoría de las gentes para desempeñar adecuadamente cargos públicos, y por ello solo aquellos que habían demostrado tener sabiduría, capacidad y honestidad en su labor diaria deberían ser elegidos para gobernar”. Por supuesto Platón sabía que eso era solo un sueño.

La utopía de un gobierno perfecto no se ha logrado y creo que no es realizable con excepción de lo logrado en algunos países nórdicos, a la cabeza en ese sentido. La razón de esto es, la característica propia del ser humano por ser imperfecto en muchos aspectos tanto físico como mentalmente, a lo que se suma el hecho de si a los niños en el hogar, sus padres no les enseñan las diferencias entre el bien y el mal, y si le agregamos que el niño pequeño asimila mucho lo que ve (ejemplos), y si estos no son buenos, ahí se inicia la deformación en la formación de su carácter y futura conducta.

Hemos aprendido que, así como la democracia nos depara libertad y supuestamente igualdad de oportunidades debido a nuestra preparación, sin embargo, también nos muestra sus fallas, entre ellas permitir “la incompetencia e irresponsabilidad” en la función pública algo bastante generalizado. Además, hay otro aspecto que debilita la imagen de la democracia, como es la “corrupción”, la cual se da por avaricia y deshonestidad de muchos gobernantes, que, al tener el poder, creen tener el derecho a usufructuar las ventajas en su beneficio y no en las del pueblo que lo eligió.

La responsabilidad de actuar bien, de parte del empleado público, desde el más alto puesto como es la presidencia, al más simple trabajador estatal, es un “sine qua non” para que la democracia funcione. El problema es que grupos de empresarios privados de todo nivel, buscan cómo lograr beneficios económicos ilegítimos y logran esto con ayuda del corrupto empleado público; los ejemplos que la prensa nos muestra de los alcaldes y de lo sucedido en la Caja Costarricense de Seguro Social son pequeños ejemplos de lo que nos está pasando y sucede en todo el mundo, agregado a esto el narcotráfico cuya influencia y poder están destruyendo a los gobiernos de cualquier ideología.

Una de las más grandes ventajas de la democracia es la libertad de opinión y el derecho que tenemos todos de expresar nuestro malestar o disgusto ante hechos que nos parecen incorrectos en todas las actividades de la vida. Para que esto se dé se requiere la existencia en el país de una prensa libre independiente y honesta. La libertad de opinar y sobre todo la de actuar, no puede ser irrestricta, ya que sabemos que nuestros derechos acaban donde comienzan los de los demás; o para decirlo mejor, la seguridad de la sociedad vale más que el individuo, aunque con esto el individualismo del liberalismo, deba ceder paso al socialismo democrático.

Esa libertad es a la vez una debilidad y también, una forma de autocorrección que no existe en otro tipo de gobierno como son las dictaduras de izquierda o derecha cuando llegan al poder. La debilidad se genera cuando, al existir un hecho doloso en el gobierno, la prensa en libertad para informar, con razón lo muestra a la población; como las fallas son constantes y a todo nivel, así va creciendo la desilusión de los ciudadanos sobre si la democracia es un gobierno adecuado para avanzar hacia un mejor desarrollo social y económico.

Las deficiencias generan desconfianza y pérdida de la credibilidad en los partidos políticos tradicionales y en sus candidatos, entonces el ciudadano comienza a preguntarse y hasta aceptar la idea de “una mano fuerte para gobernar”. Así es como las democracias ceden paso al totalitarismo.

El problema es que, no puede existir una sociedad democrática sin el derecho a un cuestionamiento cívico de los sucesos de su gobierno. En el momento que se pierda la libertad de opinar abiertamente, la democracia comienza a sucumbir. Los ciudadanos deben aceptar que la democracia más que una meta, es en realidad un largo camino, que se va perfeccionando con los años y las correcciones que le hagamos. En ciencias a eso se le llama “la prueba y el error” y es así como esta avanza, aunque no le agrade a más de uno, pero es con este tipo de ciencia que hemos logrado los progresos y avances de la sociedad.

Aceptamos que, al no haber seres perfectos, debemos elegir para gobernarnos a personas honestas, que ofrezcan programas realizables para los recursos que poseemos, y sobre todo que tengan una clara visión de nuestras limitaciones y de los valores que se deben proteger.

TODOS somos responsables en menor o mayor grado por la elección de las personas a puestos políticos, y por ello, hay que tener el máximo cuidado al elegir al que consideremos el mejor posible si es que lo hay, y si no, aunque cueste decirlo, al menos malo. Esto último sucede, porque precisamente el pueblo (hombres y mujeres) mayores de edad, honestos y trabajadores no suelen participar en la formación de los partidos, en las campañas políticas e incluso en ocupar cargos públicos, dejando entonces que, el oportunista político sea al final elegido, aunque esté lleno de defectos.

Aristóteles decía: “el hombre no actúa movido por ideales éticos, es preciso coaccionar su voluntad por medio de la ley para que haga lo correcto”. “Con la ley, el hombre es el ser más perfecto, sin ella es el más salvaje. Por eso precisa de una buena organización social, el Estado, el cuál mediante leyes, lo obliga a obrar rectamente”.

La democracia a pesar de su imperfección contribuye a que el Estado creado dentro de ese sistema, sea el mejor posible para los ciudadanos. Por eso debemos contribuir a mejorarla no a destruirla.

Cinco razones por las que las elecciones en Nicaragua no garantizan derechos humanos

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa publicado en CEJIL:

El 7 de noviembre de 2021 se celebrarán elecciones generales en Nicaragua en un contexto de agravamiento de la crisis de derechos humanos iniciada con la represión de las protestas en abril de 2018.  Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por las graves violaciones de derechos humanos que continúan ocurriendo y su reciente escalada. A continuación, exponemos cinco razones que revelan que las próximas elecciones generales se realizarán en un contexto de graves restricciones de las libertades civiles y políticas.

Mientras el Presidente Daniel Ortega va en búsqueda de su cuarto mandato consecutivo, la represión gubernamental en contra de críticos y de la oposición política ha recrudecido. Este deterioro cada vez más alarmante incluye violaciones a la libertad e integridad personal, la libertad de expresión y asociación, la libertad de prensa, así como también otras restricciones al ejercicio de derechos civiles y políticos. Estas violaciones de derechos humanos han afectado a diversos grupos en situación de vulnerabilidad, incluidas las mujeres, respecto de quienes se ha reportado un impacto diferenciado.

Desde fines de mayo, el gobierno de Nicaragua ha detenido a 39 personas identificadas como opositoras al gobierno, incluidos 7 candidatos presidenciales. Algunas de estas personas fueron víctimas de desapariciones forzadas durante meses y semanas. Estos abusos señalan el comienzo de una nueva etapa de la campaña de represión y criminalización de voces disidentes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos,  facilitada por la falta de independencia judicial y  por el control del ejecutivo de la Asamblea Nacional, que ha sancionado leyes que violan los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, y a votar y postularse para cargos públicos en elecciones libres y justas. 

Es claro que en estos momentos en Nicaragua no existen condiciones para que se puedan realizar elecciones que garanticen el ejercicio de derechos, por lo cual, llamamos a la comunidad internacional, organismos multilaterales y organismos internacionales de derechos humanos a que redoblen sus esfuerzos para poner fin a la  crisis de derechos humanos.

DETENCIONES ARBITRARIAS Y DESAPARICIONES FORZADAS

Desde el 28 de mayo de 2021, el gobierno de Daniel Ortega ha detenido a 39 personas identificadas como opositoras al gobierno, incluyendo candidatos presidenciales, figuras públicas de la política, líderes estudiantiles, activistas, representantes campesinos, abogados defensores y periodistas. Algunos estuvieron en situación de desaparición forzada por semanas y meses antes de que las autoridades brindaran información sobre su paradero. Muchos han sido sujetos a interrogatorios constantes en condiciones abusivas de detención, incluyendo aislamiento prolongado y alimentación insuficiente, lo cual puede constituir tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante conforme al derecho internacional. Las recientes detenciones se suman a las más de 100 personas percibidas como críticas que permanecen detenidas arbitrariamente desde hace tiempo en el marco de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. 

El Estado nicaragüense debe acabar con la práctica de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas y poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas injustamente por ejercer sus derechos. Esto es indispensable para que se restablezca el pleno goce de todos sus derechos, incluyendo el derecho a votar, a postularse y a ocupar cargos públicos, en condiciones generales de igualdad.

FALTA DE INDEPENDENCIA JUDICIAL Y VIOLACIONES AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

Las autoridades siguen utilizando el sistema judicial penal, aprovechando la falta de independencia judicial, para encarcelar a personas percibidas como opositoras en procesos arbitrarios. Frecuentemente, las violaciones a las garantías del debido proceso y a un juicio justo incluyen violaciones a la presunción de inocencia, el requerimiento de presentar una orden judicial al momento de la detención, el derecho a ser juzgado ante un juez independiente e imparcial, el derecho a acceder a información detallada sobre la acusación formulada en su contra, el derecho a la defensa legal y a la comunicación libre y privada con un abogado o abogada de su elección. La falta de independencia del poder judicial en Nicaragua significa, además, que quienes se encuentran amenazados no tienen acceso a ninguna autoridad imparcial a la cual acudir para realizar una denuncia o solicitar protección.

Asimismo, las autoridades han incumplido con las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, obstaculizando el ejercicio de los derechos fundamentales. 

El Estado nicaragüense debe garantizar a la población el acceso a la justicia, la verdad y la reparación por crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos (como la desaparición forzada, la tortura o la detención arbitraria) cometidas antes y durante el contexto electoral.

VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA

Las autoridades persiguen a personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, y personas disidentes o percibidas como opositoras sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Como parte de esta táctica represiva, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley para la Regulación de Agentes Extranjeros” y la “Ley Especial de Ciberdelitos” en octubre de 2020, que restringen severamente la libertad de expresión y de asociación. 

Entre julio y agosto de 2021, las autoridades han ordenado el cierre de 45 organizaciones no gubernamentales, incluyendo asociaciones de mujeres, organizaciones internacionales humanitarias, y varias asociaciones médicas. Otras 10 organizaciones han sido cerradas desde 2018.

Además, el gobierno sigue incurriendo en una serie de ataques y restricciones indebidas a medios independientes y trabajadores de la comunicación, así como a organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, incluyendo investigaciones administrativas y penales, la detención de periodistas, y el allanamiento de oficinas de medios de prensa e incautación de sus bienes. En este preocupante escenario, no sólo se violan los derechos de los profesionales y medios atacados, sino que también se ve limitado el acceso a la información de la población en general, lo cual es clave para el adecuado ejercicio de los derechos políticos. 

El Estado nicaragüense debe proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de prensa, que es esencial para el acceso a la información y el debate plural en un contexto electoral. Además, debe detener el hostigamiento, estigmatización y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, y personas disidentes o percibidas como opositoras, sólo por expresar sus críticas a las políticas del Estado. 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS POLÍTICOS

El gobierno ha tratado de eliminar y desincentivar la competencia electoral a través de la detención arbitraria y el enjuiciamiento de opositores y candidatos presidenciales con la consecuente cancelación de sus derechos políticos. A su vez, ha cancelado la personería jurídica de los principales partidos de oposición, impidiéndoles participar de las elecciones. 

En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, y la Autodeterminación para la Paz”, que ha sido utilizada para abrir investigaciones penales contra muchas de las personas detenidas desde fines de mayo. Esta ley incluye disposiciones amplias e imprecisas que restringen el derecho a postularse para cargos públicos. 

Organizaciones locales ya han señalado que, en estas condiciones, el proceso electoral no garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos.

El pueblo nicaragüense tiene el derecho de ejercer su derecho al voto libremente, sin intimidaciones, y el derecho a postularse y ocupar cargos públicos en condiciones generales de igualdad. Para el ejercicio efectivo y pleno de estos derechos, es fundamental que se garantice la libertad de expresión, la de reunión y la de asociación.

El Estado nicaragüense debe garantizar las condiciones necesarias para que la población ejerza satisfactoriamente su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.

FALTA DE GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN PACÍFICA 

En respuesta a las protestas de 2018, agentes del Estado hicieron un uso excesivo, desproporcionado y, con frecuencia, innecesario de la fuerza contra las personas que se manifestaban exigiendo sus derechos. De acuerdo con un grupo de expertos independientes, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la policía y grupos armados partidarios del gobierno, con el apoyo del gobierno de Nicaragua, cometieron abusos generalizados en contra de manifestantes que, en gran medida, se encontraban desarmados, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. La impunidad por graves abusos durante las protestas de 2018 ha sido la norma. 

A pesar del escrutinio internacional, la respuesta represiva contra quienes se manifiestan y promueven el respeto a los derechos humanos ha continuado.  

El reciente recrudecimiento de la represión y hostigamiento a voces disidentes permite concluir que el Estado no garantizará el derecho a la reunión pacífica en el caso de que ocurran nuevas manifestaciones en el contexto electoral.

El Estado nicaragüense debe garantizar la libertad de reunión pacífica antes, durante y después del proceso electoral.

FIRMAN

Amnistía Internacional

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

CIVICUS

Human Rights Watch

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Organización Mundial Contra la Tortura

People in Need

Red Internacional de Derechos Humanos

Women’s Link Worldwide

 

Enviado a SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

La regla fiscal: un fundamentalismo financiero que se debe eliminar

Francisco Esquivel. Economista.

El diccionario de la Real Academia Española define fundamentalismo como “exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida”. La regla fiscal es eso exactamente. Es una limitación del gasto público aplicada férreamente sin importar las consecuencias de tal restricción. No importa si los niños pobres se quedan sin alimentos, o los ancianos pobres sin su pensión no contributiva, o si los acueductos rurales se paralizan. Incluso, si el país se queda sin censo y sin el servicio 911, tampoco es relevante para esta regla. Lo que vale es detener al “enemigo” de la economía: el gasto público. Es el neoliberalismo en su pura esencia.

Para la visión liberal el Estado es un obstáculo. Si el libre funcionamiento de los individuos produce el mejor resultado posible, ¿para qué queremos que el Estado intervenga en la economía? Por el contrario, la intervención del Estado, según este enfoque, producirá una distorsión en el funcionamiento de los mercados porque no dejará que los individuos actúen libremente, lo que se traducirá en un resultado no óptimo del mercado. Al respecto, el Estado estrujaría al individuo, cobrándole impuestos para desarrollar una intervención ineficiente. Si se eliminan los impuestos, el ingreso quedará disponible para el libre uso de los individuos, los que deberían producir lo mejor para la economía mediante los mercados libres.

El déficit fiscal de Costa Rica es importante. Amerita un programa urgente que combine equilibradamente el control riguroso del gasto y las acciones firmes para incrementar el ingreso. Sin embargo, cuando el enfoque liberal orienta la política fiscal, la disminución del gasto predomina sobre el incremento del ingreso. La experiencia reciente lo demuestra: se están impulsando acciones para aumentar la carga tributaria de los grupos de ingreso medio y bajo; sin afectar significativamente a los segmentos de ingreso alto. Así, el incremento de los ingresos será limitado. Por lo tanto, dominando la visión liberal, el equilibrio en las finanzas públicas se pierde, y la obsesión por reducir el gasto impide una acción integral de la política fiscal. En ese sentido, la gestión fiscal se reduce a perseguir partidas: salarios, compra de insumos, transferencias para la población pobre, pensiones, etc. Se recortan indiscriminadamente las partidas, sin considerar la importancia estratégica de los ministerios ni de los programas respectivos. La regla fiscal es la “fórmula operativa” de la persecución de partidas. El mecanismo es muy sencillo: se establece un nivel máximo de la deuda del Gobierno que se calcula como porcentaje respecto al Producto Interno Bruto (PIB). La política fiscal actual lo define como el 60% respecto al PIB. Si el monto de la deuda sobrepasa ese nivel, se activa un freno: se aplica un porcentaje reducido de crecimiento del gasto y el resto se acomoda a ese límite. En este momento, ese indicador sobrepasa levemente el 70%. ¿Cómo se definió ese porcentaje crítico de la deuda? Arbitrariamente. ¿Por qué no un 80%, o un 40%? En Japón ese indicador llega a 256%. En Estados Unidos el indicador asciende a 133%, mientras en Canadá equivale al 116%. Estos países aplican políticas de ingreso y de gasto para reducir los déficits; pero no se amarran a la rigidez de una regla fiscal como la costarricense, que opera en función del porcentaje de la deuda respecto al PIB.

El “truco” de la regla fiscal es condicionar el crecimiento del gasto al nivel de dicho indicador. En la situación fiscal actual, bajar el indicador desde el 70% al 60% tomará varios años; tal vez muchos. Eso dará una excusa para reducir el nivel del gasto hasta niveles insospechados. Cuando el indicador vuelva a su “nivel normal” del 60% será tarde: varias, o muchas funciones habrán sido desmanteladas. Incluso, podría suceder que el déficit fiscal se elimine en unos 3 o 4 años, pero el nivel de la deuda todavía supere el fatídico 60%. En consecuencia, tendríamos el absurdo de que el gasto se sigue recortando, aunque ya no habría déficit. El próximo gobierno, aunque intente modificar la política fiscal, no podrá hacer nada para detener la regla fiscal. La única solución es derogarla. Hay intentos por introducir excepciones; sin embargo, esas iniciativas no captan la esencia del problema: el enfoque liberal no admite parches. Por lo tanto, habrá una oposición obstinada a las excepciones porque “quebrarían” la disciplina. No se puede tapar el sol con un dedo, hay que cambiar la regla fiscal y aplicar un método diferente de control del gasto.

La persecución de partidas contiene errores metodológicos serios. En primer lugar, la regla se aplica, de manera general, al Gobierno Central (es decir, al presupuesto de los ministerios y de los otros Poderes del República) y a las entidades autónomas. Sin embargo, el déficit está en el Gobierno Central. Las instituciones autónomas tienen sus propios ingresos y normalmente no tienen déficit. Entonces, ¿por qué amarrar a las autónomas con la regla fiscal? Por ejemplo, el AyA no puede financiar adecuadamente con sus propios ingresos a las ASADAS, que administran acueductos comunales, porque “se pasa” del límite de gasto impuesto por la regla fiscal. ¡Notable ejemplo del enfoque anti estatista de la política fiscal¡: la regla fiscal se convierte en un pretexto para desmantelar las funciones básicas del Estado, en su acción descentralizada. Si las entidades autónomas no tienen déficit, ¿por qué están sujetas a la regla fiscal? No hay justificación; prevalece el prejuicio ideológico contra la acción del Estado.

Además de lo anterior, hay un defecto metodológico más grave. Antes de recortar una partida del presupuesto público, es necesario evaluar el impacto, la eficiencia y la calidad del gasto que se piensa reducir. Cualquier partida puede ser un problema, pero no de manera general. No es que, por ejemplo, los salarios, la compra de insumos o las transferencias sean malos, en sí mismos, sino que el recurso que se contrata con ese gasto se podría usar de manera ineficiente, o ser de mala calidad. La regla fiscal no evalúa el impacto, la eficiencia y la calidad del gasto; simplemente, aplica el bisturí porque el gasto público es “malo para la economía”. Lamentablemente, la regla fiscal olvida lo establecido en la ley 8131, que establece el marco operativo que se debe aplicar para obtener el máximo provecho de los presupuestos. El artículo 52 establece la obligación de los ministerios de Hacienda y de Planificación Nacional y Política Económica de velar por la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto, aportando “los elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos”. Nada de esto se encuentra en la regla fiscal.

La regla fiscal está generando daños que justifican su eliminación. Cercena áreas importantes de la gestión pública, de manera arbitraria, obedeciendo al dogma anti estatal. Y lo hace sin evaluar lo básico: la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto. Por lo tanto, debe sustituirse por un riguroso control del gasto, orientado por la ley 8131, sin los defectos metodológicos citados.

Ley 9796: cuando la política tergiversa lo técnico, sale un proyecto irresponsable y sin visión

Virginia Sánchez Molina
Jorge García Hidalgo
Hernán Alvarado Ugarte
Francisco Esquivel Villegas

En el tema de pensiones abundan los errores de bulto. So pretexto de unas cuantas pensiones altas que algunos obtuvieron aprovechando portillos legales, la legislación reciente atropella derechos fundamentales y patrimoniales adquiridos y garantizados legalmente de miles de personas que cotizaron toda su vida para obtener una pensión digna.

Con la excusa del déficit fiscal ahora el Estado pretende brincar la Constitución y las leyes específicas antes acordadas y aprobadas, afectando severamente el proyecto de vida de quienes siempre han pagado puntualmente sus impuestos y todos sus demás deberes. O sea, se legisló, una vez más, a favor del más fuerte e irresponsable, tal como se demuestra a continuación.

Los graves incumplimientos del Estado

Los errores de la legislación se multiplican cada vez que la «política» pasa por encima de lo técnico y que lo fiscal se usa como pretexto para evadir deberes irrenunciables del Estado. Nada puede estar por encima de la Constitución que representa hoy el pacto de concordia de 1949. Pero así sucede con la ley 9796, que se contradice a sí misma, de fondo y propósito.

Según el artículo 73 de nuestra Constitución Política, todo seguro social debe estar regulado “por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores”, como se estableció con la ley 2248 que creó el Régimen de Jubilaciones del Magisterio Nacional en 1958. Sin embargo, ese sistema tripartito no se cumplió; porque los educadores aportaron, pero el Estado no, ni como tal ni como patrón. Este doble incumplimiento generó fracturas financieras que condenaron a una parte importante de las pensiones del Magisterio al déficit estructural.

En efecto, el Estado nunca puso ninguna de las dos partes que le tocaba para crear el Fondo que mandó la ley 2248 y que debía administrar la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio. El Fondo se había previsto para pagar de manera solidaria la pensión de los educadores, causando así una primera fractura. Las cuotas pagadas por los educadores tampoco se utilizaron para constituirlo. El Estado las desvió para financiar otros gastos de operación, violando flagrantemente el artículo 73. Ese desfalco de cuotas ajenas produjo la segunda fractura en el régimen del Magisterio Nacional.

El golpe de gracia

Cuando este déficit causado por el mismo Estado fue evidente se aplicaron algunos correctivos que resultaron insuficientes. El cambio más importante fue la ley 7531 de 1995. Esa reforma repartió a los trabajadores de la educación en dos grupos. En el primero, se ubicó a los educadores más antiguos, creándose el régimen transitorio de reparto (RTR). En el segundo, se ubicó a los restantes, estableciéndose el régimen de capitalización colectiva (RCC). Esa división del régimen inicial generó la tercera fractura financiera porque redujo la base contributiva del RTR, el cual perdió miles de cotizantes que pasaron al RCC. Eso disminuyó sus ingresos, dándole el golpe de gracia que se sumó a las dos fracturas anteriores. Además, esta ley eliminó la mención al Fondo establecido por la ley 2248 dejando sin sustento el artículo 73 de la Constitución.

La irracionalidad, desproporción y regresividad de la ley

El RTR arrastró ese vacío legal causado por la ley 7531, así como las fracturas mencionadas, por 25 años. Pero en vez de asumir responsablemente y resolver eficazmente el problema, en noviembre del año pasado se aprobó la ley 9796. Con ella se hace más rigurosa la cotización solidaria, establecida originalmente en la ley 7531. Para eso, se cambió el límite mínimo a partir del cual se aplica la contribución. Éste pasó de 4 millones a 2,2 millones, lo que significa una reducción antojadiza del 45%. Es un cambio exagerado que no se fundamentó técnicamente.

Por otro lado, la improvisación de esa ley fue tal, que sólo es aplicable a las pensiones intermedias, mientras se vendió la idea de que reduciría las pensiones más altas. En efecto, una combinación de factores legales, hacen que la “fórmula” de la ley recaiga sobre las pensiones intermedias (entre 2,2 y 5 millones). Se produce así una aberración que se muestra en la siguiente figura. Dicha ilustración indica que la ley 9796 generará una “curva de regresividad”. Ahí se puede observar que las pensiones menores a 5 millones (barras amarillas) pagarán una cotización creciente. Las que superan ese monto y hasta 9 millones (barras celestes) aportarán, pero decrecientemente. Mientras que las pensiones superiores a los 9 millones (barras rojas) el aporte resulta negativo, es decir, más bien aumentan. Parece extraño, pero es consecuencia de ese adefesio jurídico que contradice sus propios objetivos y fines; absurdo que niega los principios de equidad, proporcionalidad y progresividad. Afirmar que esta ley combate las pensiones altas es un error, por el contrario, las hace más altas. El presidente, los diputados y muchos periodistas le deben una explicación a su auditorio.

Todo por un pellizco

La ley 9796 tomó un camino equivocado que fue advertido oportunamente por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. La ley no soluciona la falta del Fondo de Pensiones, pero causa una debacle financiera en miles de hogares costarricenses, al reducir arbitrariamente, sin estudios actuariales, las pensiones intermedias, de 2,2 a 5 millones, afectando de manera perversa el patrimonio de los jubilados.

Pero lo más grave es que el impacto de la ley no es significativo. Así fue ratificado por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) cuando envió su opinión a la Comisión Legislativa que estudió el proyecto de ley. En ese documento, la SUPEN reconoce que el “ahorro” sería absolutamente irrelevante en cuanto a la proyección del gasto en pensiones del régimen de reparto, hasta el año 2106. O sea, en 85 años las finanzas del RTR no tendrán impacto relevante alguno derivado de la ley 9796.

En suma, se ha afectado gravemente los derechos de los pensionados del RTR para generar un resultado fiscal insignificante. Y quienes se habían creído el cuento de que se recortarían las pensiones altas pueden sentirse defraudados. No se produjo eso, pero se afectó sensiblemente las pensiones intermedias, menores a 5 millones.

Imagen de cabecera tomada de https://cambiopolitico.com/el-autogol-politico-9796-pensiones/129090/

Pandemia y reactivación de la economía: una ocasión para un proyecto país

  1. La pandemia y su doble crisis, sanitaria y económica.

La crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19 ha profundizado la crisis económica que venía desde antes, reflejada en el estancamiento del crecimiento económico del país en los últimos años. Por ejemplo, en el decenio transcurrido entre 2001 y 2010, la tasa de crecimiento real promedio de la economía de Costa Rica fue de 4,33%, mientras que en el decenio 2011-2020 la tasa de crecimiento real promedio fue de 2,70%. En el desempleo igualmente se venía de una situación compleja, que se agudizó en medio de la pandemia, pues desde la crisis económica del 2008-2009 el desempleo había llegado a los 2 dígitos y con la pandemia subió por encima del 20%, situación que, además, ha afectado en mayor proporción a las mujeres, a los jóvenes y a los habitantes de las regiones Chorotega, Pacífico Central y Brunca.

Además de las pérdidas lamentables de seres queridos, que se cuentan por miles en el país y por millones en el mundo, la pandemia ha dejado muchas personas con consecuencias en su salud, que requerirán atención permanente y apoyo social para retomar sus vidas. No podemos dejarlos solos, el Estado debe procurar los medios para atender a estas personas que sufrirán consecuencias en sus vidas una vez que la pandemia haya terminado. Pero también debemos buscar la manera de fortalecer financieramente la atención médica del país, que ha sufrido presiones enormes en medio de la crisis, debido a la caída en los ingresos de la CCSS y a una mayor demanda de los servicios de salud, que han llegado casi al límite de su capacidad.

  1. Una crisis siempre nos afecta y de ella nunca salimos igual, salimos peores o mejores.

El papa Francisco nos lo ha recordado con frecuencia, planteándonos el reto histórico de salir mejores. La crisis que estamos viviendo nos enseñó que una situación de estas requiere de la acción de todos, que solo con la ayuda de todos podemos salir adelante, que el apoyo para las personas más afectadas es esencial y que las acciones colectivas son fundamentales para sobrellevar los efectos de la crisis. El amor al prójimo debe reflejarse en el respeto a las medidas sanitarias que protegen a los demás, así como la disposición a construir soluciones en conjunto.

  1. Es importante hacer énfasis en la búsqueda de una solución para las personas más afectadas por el impacto económico de la pandemia

Debemos plantearnos como objetivo fundamental poder otorgar un ingreso vital mínimo para las personas que viven en pobreza, para que puedan vivir con dignidad, así como garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna, a la salud, a una educación de calidad, al acceso a agua potable y a un ambiente sano.

La sociedad post pandémica debe plantearse como objetivo fundamental una sociedad más equitativa, también debemos tomar medidas para distribuir la inequidad en la distribución del ingreso. Evitar el deterioro de los salarios reales, reducir la informalidad y la precariedad laboral e impulsar un sistema tributario más progresivo, deben ser objetivos de la sociedad como un todo.

  1. De la crisis sanitaria la impresión generalizada es que estamos saliendo o vamos a salir relativamente pronto.

Poco a poco se empieza a ver la luz al final del túnel, aunque todavía nos falta caminar un trecho importante y empiezan a surgir nuevos retos. El mundo observa con preocupación cómo la variante Delta se vuelve la variante dominante del virus en muchos países, siendo esta variante más contagiosa que las otras, incluso que la variante original que presuntamente salió de Wuhan, China. Costa Rica ya registra la presencia de la variante Delta en el país, así como de la variante Lambda, ambas variantes de preocupación, según la OMS. Se suma a lo anterior, que existen personas en el país que se resisten a vacunarse, lo que ha frenado el avance inmunitario y el logro efectivo de la inmunidad de rebaño. En el interín tenemos que atender el llamado a seguir colaborando entre todos, mantener la vigilancia, el uso adecuado de mascarillas, a evitar actividades públicas masivas en lugares cerrados.

Por otra parte, se ha producido el acaparamiento de vacunas por parte de los países más ricos, al punto que se está llegando a la posibilidad de que muchas vacunas en poder de países desarrollados lleguen a alcanzar su fecha de vencimiento sin haber sido utilizadas. La tan deseada inmunidad de rebaño es global, no local, estamos conectados y este egoísmo y falta de solidaridad, y hasta engaño, atrasó toda proyección de mejora conjunta en el manejo de la crisis; ahí ya, empezamos a fallar en grande. Se difundieron además y con amplitud algunas de las dificultades que han ralentizado el sistema COVAX, un esfuerzo multinacional de acopio y distribución de vacunas contra el COVID-19. Así las cosas, el egoísmo con el que se ha manejado el tema de la vacunación mundialmente, está atrasando la salida del problema y provocando más enfermedad, una extensión de la crisis y más sufrimiento.

  1. Por ello, a nivel de países desarrollados y en vías de desarrollo, en lo que ya desde hace un tiempo se viene pensando es en la reactivación de la economía.

No cabe duda de que la reactivación económica es una necesidad, que la pandemia se ha convertido en un problema, simultáneamente, local y global. Pero una reactivación de la economía en términos de una superación de la crisis provocada por la pandemia, como una vuelta al pasado, manteniendo el mismo sistema económico y las formas insostenibles de relacionamiento con el ambiente, con la avidez de recuperación que lo caracteriza y de la que tecnológicamente hoy día es tan capaz, sería radicalmente insuficiente. ¿Cómo sería una reactivación pensada en términos de abandonar el uso de energías fósiles y optar por energías y tecnologías amigables con la naturaleza, objetivos hacia los que como un máximo pareciera ya se están dando pasos?

Este cambio es importante como necesario, pero es insuficiente. Recordemos que el Papa Francisco ya estaba escribiendo su carta Fratelli Tutti cuando sobrevino la pandemia, denunciando la naturaleza tan poco humana y fraterna inherente al sistema económico, financiero y comercial actual, que incluso la escribió años después (3/10/2020) de la Laudato Si’ (4/05/2015) sobre la imperiosa necesidad del cuidado del planeta, nuestra casa común. En otras palabras, la necesidad de concebir y crear otra economía es anterior y superior a reactivarla e incluso a hacerla más amigable con la naturaleza. Hay que hacerla humana. Tiene que ser una economía en función del ser humano. El ser humano todo y todos los seres humanos tienen que ser el centro de la economía.

En Costa Rica no concretamos una estrategia de reactivación efectiva y, más bien, nos hemos sumido en un proceso de ajuste fiscal centrado en recortes de gasto, que provocarán más problemas para llevar la economía costarricense a una senda sostenible de recuperación económica y atrasarán la necesaria reducción del desempleo.

  1. Conocedores, expertos y decisores en el campo de las tecnologías, sobre todo de la tecnología informática, ya nos están presentando la digitalización como la base cultural de la nueva forma de vida y cómo la tecnología será capaz de activarla.

Tecnológicamente hablando puede ser cierto. Pero el problema que enfrentamos, anterior a la emergencia de la pandemia, es humano, cultural y social, no meramente tecnológico, que en absoluto se va a resolver con el desarrollo de nuevas tecnologías y la intensificación de la globalización, al contrario, se va a agravar, con sus efectos ya presentes de concentración de riqueza, desigualdad, discriminación y exclusión, empobrecimiento y migraciones. El ser humano y su entorno, deben ser el centro de las políticas públicas, que busquen el bienestar general como objetivo final. La salida de la pandemia debe centrarse en esa premisa básica, o seguiremos tropezándonos con “las mismas piedras” que antes de la crisis del COVID-19. No podemos volver a la “normalidad” pre pandémica.

  1. La digitalización va a generar la pérdida de empleos, cantidad de puestos están siendo sustituidos por tecnologías que hacen el trabajo de otros y otras

La superación de la pandemia y la necesidad de reactivar la economía, deben ser ocasión para concebir, formular, proyectar y poner las bases progresivas de un proyecto país profundamente fraterno y solidario. Desde ya cada proyecto y política pública nuevos deben pensarse en esta nueva dirección, como pasos hacia la misma y de la misma, una comunidad nacional y global profundamente humana, fraterna y solidaria donde todos podamos desarrollarnos lo más humanamente posible. En ningún proyecto de los que se discuten en la Asamblea hay un énfasis en el reentrenamiento del personal. A este aspecto hay que darle mucho énfasis dadas las proyecciones futuras de un mundo más digitalizado, virtualizado y automatizado.

  1. En este sentido hay que retomar la parábola del buen samaritano, donde están los criterios para organizar el mundo tomando como centro al ser humano.

La inclusión o exclusión de las personas que sufren define los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Cada día enfrentamos la opción de ser el Buen Samaritano y para reconstruir el mundo es necesario tener los criterios de la parábola del Buen Samaritano. Reconocer y superar la tentación que nos circunda, somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles.

Solo hay dos tipos de personas, los que se hacen cargo del dolor y los que pasan de largo. El creer en Dios no garantiza el vivir como a Dios le agrada. Hay que ver al Señor en el hermano, esto es un reto. Vivimos en un mundo donde se menciona al Señor, pero no nos apropiamos de Él…creemos que debe ser Él el que haga, que a nosotros no nos toca hacerlo.

  1. En este nuevo marco deben inscribirse leyes como las de reformas y proyectos de ley, como el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, y por supuesto todos los proyectos y políticas tendientes a la reactivación económica.

Es importante el orden de una materia fundamental como el empleo público, pero esto no puede ser llevado adelante con criterios fiscalistas como norte, que no piensen en las condiciones de trabajo de miles de funcionarios públicos que aportan a la construcción del país. Es importante que se exija eficiencia en sus funciones y responsabilidad por sus actos, pero esto debe hacerse con políticas que promuevan mejores prácticas de trabajo y no castiguen la remuneración salarial en general, como parte de políticas de austeridad que han comprobado su falencia en otros países.

  1. Hay que hacer un diagnóstico del país que necesitamos.

Debemos plantear un modelo económico que nos permite alcanzar el máximo bienestar por medio del bien común y escoger proyectos y políticas que nos conduzcan al mismo. Se trata de un proyecto país, con la participación de toda la ciudadanía, resultado de un consenso nacional, que atraviesa organizaciones sociales, empresarios, partidos y gobiernos. La responsabilidad es de los políticos con la participación crítica de la ciudadanía.

“Es posible comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de Samaría tuvo por cada llaga del herido. Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano.”

Encíclica Fratelli Tutti

José Amando Robles Robles, céd. 800520054
Carlos Pentzke Pierson, céd. 800750461
Natalia Jiménez Carvajal, céd. 106200962
Arturo Córdoba Sequeira, céd. 108060635
Axel Fernández Fajardo, céd. 800490514
Deyanira Sequeira Ortíz, céd. 102480675
Virginia Hernández Esquivel, céd. 400970377
Fernando Rodríguez Garro, céd. 401650895
Del grupo Maestro Eckhart.