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Etiqueta: exoneraciones

Situación fiscal a octubre del año 2024

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía de la Universidad Nacional

Con la actualización más reciente de las cifras fiscales, según el Ministerio de Hacienda, el Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la UNA, presenta esta actualización del análisis de la situación fiscal del país, en seguimiento de los Análisis de la Coyuntura Fiscal que se han hecho públicos en otros momentos del año 2024, a fin de contribuir a la discusión de la coyuntura fiscal y del estado de la economía de Costa Rica. Algunas variables han evolucionado de forma distinta a octubre, con respecto a meses previos, habiendo más ingresos con respecto al PIB, pero también un mayor crecimiento del gasto, lo que redundará en un cierre del 2024 muy similar al anteriormente proyectado.

En el caso de los ingresos públicos, su comportamiento, expresado como porcentaje del PIB, es el siguiente al concluir el mes de octubre para el caso de los años mostrados:

Cuadro 1

Ingresos del gobierno central con respecto al PIB, 2021-2024, acumulados a octubre

 

2021

2022

2023

2024

INGRESOS TOTALES

12,50%

13,36%

12,42%

12,34%

Ingresos Tributarios

10,92%

11,37%

11,11%

10,92%

Impuesto a los ingresos y utilidades

4,20%

4,49%

4,35%

4,02%

Sobre importaciones

0,36%

0,30%

0,29%

0,31%

Sobre exportaciones

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

IVA

4,07%

4,00%

4,03%

4,08%

   Interno

2,43%

2,48%

2,52%

2,55%

   Aduanas

1,65%

1,52%

1,50%

1,53%

Selectivo de Consumo

0,41%

0,38%

0,48%

0,55%

   Interno

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

   Aduanas

0,39%

0,36%

0,46%

0,53%

Otros ingresos tributarios

1,87%

1,78%

1,95%

1,95%

Contribuciones sociales

0,97%

0,95%

0,98%

1,00%

Ingresos no tributarios

0,30%

0,55%

0,28%

0,32%

Transferencias

0,30%

0,48%

0,03%

0,09%

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

Los ingresos totales presentan una reducción al décimo mes del 2024, con relación a los tres años precedentes, explicado por una caída de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB (un 0,09% menos) con respecto al mismo periodo del año 2023, una caída menor que la que se contabilizaba a agosto del 2024, con respecto al PIB. En cuanto al comportamiento por rubro de ingreso, en el caso del impuesto a los ingresos y utilidades (renta) a octubre hay una reducción del 0,19% del PIB con respecto al comportamiento del mismo periodo del año 2023, que se recupera con respecto a la reducción en la recaudación del impuesto sobre la renta observada a agosto, pasando de una caída de 0,29% del PIB a una caída del 0,19% del PIB. La menor caída se produce como consecuencia del mejor comportamiento del impuesto sobre la renta a personas físicas, producto de los ajustes retroactivos pagados a lo largo del presente año en el sector público.

En el caso del impuesto al valor agregado, al mes de octubre también mejora la recaudación, incrementándose un 0,05% del PIB, con una mejora tanto en el impuesto recaudado a lo interno como en el IVA recaudado en aduanas. En el caso del impuesto selectivo de consumo también presenta un mejor desempeño, sumando un crecimiento de 0,07% del PIB con respecto a lo recaudado a octubre del 2023, lo que compensa la caída de los ingresos del impuesto sobre la renta. En el rubro de otros ingresos tributarios, en el que Hacienda clasifica varios impuestos menores y dentro de los que se incluye el impuesto único a los combustibles (el más grande de todos en esta clasificación) y el impuesto a la propiedad de vehículos, la recaudación se mantuvo sin cambios con respecto al PIB, explicado por el crecimiento de 14,7% en el impuesto único a los combustibles, a pesar de la caída en otros rubros.

GASTO PÚBLICO

En cuanto al gasto público, los primeros diez meses del 2024 suman un mayor gasto con respecto al mismo periodo del 2023, un 0,34% del PIB más, explicándose este aumento como consecuencia de un mayor gasto en remuneraciones, que aumenta este año con relación al PIB luego de varios años de disminuir y de un mayor gasto de capital. El gasto en intereses se mantiene casi sin cambios en su total, apenas un 0,01% del PIB más en octubre del 2024 con respecto a octubre del 2023, aunque sí hay un cambio en su composición, pues hay menos gasto en intereses de deuda interna y más gasto en intereses de deuda externa.

En el caso del gasto en remuneraciones con respecto al PIB, a octubre del presente año el porcentaje aumentó con respecto al mismo periodo del año 2023, explicado por el pago del ajuste retroactivo pendiente, creciendo un 0,11% del PIB. La partida de transferencias corrientes también se mantiene sin cambios significativos, aunque con una disminución en las transferencias corrientes al sector privado, que reflejan principalmente el gasto del gobierno en el pago de pensiones con cargo al presupuesto nacional y que se redujeron un 0,07% del PIB, mientras que las transferencias corrientes al sector público crecen un 0,06% del PIB.

En cuanto al gasto de capital, a octubre del 2024 creció con respecto al PIB, con relación al mismo periodo del 2022 y del 2023, a pesar de presentar variaciones importantes en su tasa de crecimiento a lo largo del 2024. A octubre del 2024 el gasto de capital con respecto al PIB alcanza un 1,07%, mientras en el mismo periodo del 2023 fue de 0,92% del PIB y en el 2022 fue de 0,93% del PIB.

Cuadro 2

Gastos del gobierno central con respecto al PIB, 2021-2024, acumulados a agosto

 

2021

2022

2023

2024

GASTOS TOTALES

16,31%

15,16%

14,88%

15,22%

Gastos totales sin intereses

12,22%

11,10%

10,68%

11,01%

Gastos corrientes

15,26%

14,22%

13,95%

14,08%

Remuneraciones

5,09%

4,61%

4,46%

4,57%

Bienes y Servicios

0,56%

0,54%

0,49%

0,49%

Intereses    

4,09%

4,06%

4,20%

4,21%

         Deuda Interna

3,48%

3,42%

3,40%

3,29%

         Deuda externa

0,61%

0,64%

0,80%

0,92%

Transferencias

5,51%

5,02%

4,80%

4,81%

         Sector Privado

1,85%

1,71%

1,66%

1,59%

         Sector Publico

3,60%

3,29%

3,08%

3,14%

         Sector Externo

0,02%

0,02%

0,02%

0,01%

Gastos de Capital

1,04%

0,93%

0,92%

1,07%

         Inversión

0,45%

0,34%

0,41%

0,39%

        Transferencias

0,59%

0,59%

0,51%

0,68%

        Transferencias con recurso externo

0,09%

0,13%

0,03%

0,11%

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

RESULTADO FISCAL

Al mes de octubre del 2024 el país presenta un superávit primario que se reduce con respecto a lo observado en el mismo periodo del 2023. En los primeros diez meses del año el superávit primario alcanzó un 1,33% del PIB, para el mismo periodo del 2023 el superávit primario fue de 1,75%, la reducción se explica por la caída en los ingresos totales y el repunte del gasto en remuneraciones y del gasto de capital, cuya combinación (menos ingresos y más gasto) impactó el resultado primario. En cuanto al resultado financiero, el déficit a octubre del 2024 fue de 2,88% del PIB, mayor al déficit a octubre del 2023 que fue de 2,45% del PIB.

Tanto en el resultado primario como en el resultado financiero, hay un deterioro de poco más de 0,30% del PIB, que mejora con respecto a agosto, cuando el deterioro en relación al mismo periodo del 2023 era de un 0,40% del PIB. Para el cierre del año la pérdida de recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos podría disminuir con respecto a lo recaudado en el 2023, volviendo a complicar el panorama fiscal, mientras que una menor dinámica económica en la segunda mitad del presente año podría afectar la mejora en la recaudación del IVA. El Observatorio Económico y Social, con los datos a octubre del presente año, prevé los siguientes resultados para el 2024:

  1. El déficit financiero del 2024 se ubicaría en un 3,8% del PIB.
  2. El resultado primario se ubicaría entre un 1,1% del PIB.
  3. El gasto en intereses sería de un 4,9% del PIB.
  4. La deuda del gobierno central se mantendría alrededor del 62% (+/- 0,5%) del PIB, suponiendo que el crecimiento del 2024 se mantiene en el nivel previsto por el Banco Central, que no hay variaciones importantes en el tipo de cambio y que no hay un cambio brusco de tendencia en la inflación al cierre del 2024.

Las anteriores proyecciones se hacen considerando que cualquier cambio en las variables señaladas, vendría a modificar dichas proyecciones. El Observatorio presentará un nuevo análisis de coyuntura fiscal con la información del cierre fiscal del 2024, a fin de analizar lo sucedido en este año y confirmar las proyecciones hechas.

Reiteramos que la posibilidad de hacer ajuste fiscal por el lado del gasto se acabó, muchos rubros de gasto urgen de una mayor asignación de recursos, mientras hacemos un respetuoso llamado a evitar un debilitamiento adicional del sistema tributario, con reducciones de impuestos o incorporaciones de nuevas exoneraciones, tal y como se hizo el año anterior con el impuesto a la propiedad de vehículos, la pérdida de potestades de la administración tributaria en la última reforma del impuesto sobre la renta o las reformas recientes en el IVA. Recuperar los espacios de gasto perdidos requerirá de más ingresos tributarios y la discusión sobre cómo hacer eso deberá empezar pronto.

Insistimos en la necesidad de impulsar una política pública que reduzca el costo del financiamiento de la deuda pública, a fin de reducir el pago de intereses, que para este año incluso alcanzaría un 4,9% del PIB. Parte de los recursos pagados en intereses podrían ser utilizados en la atención de necesidades apremiantes de la población, de ahí la urgencia de plantear medidas para reducir el pago de intereses en próximos años.

Finalmente, considerando que se prevé que la deuda se mantendrá por encima del 60% del PIB en el 2024 y en el 2025, la aplicación de las restricciones sobre los ajustes salariales y la inversión pública seguirán vigentes, incluso todavía en el 2025. Urge una revisión de la eficacia y la aplicación de la regla fiscal, aún y cuando se deje atrás la parte más restrictiva de la misma, a fin de solventar problemas de la legislación que crea ese mecanismo de control del gasto, además de evitar que se exacerben otros problemas que incluso hoy se están presentando, como la extensión indefinida del congelamiento salarial en la remuneración de los funcionarios públicos.

Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA
17 de diciembre de 2024

El contrato de ALCOA- cincuenta y un años de una protesta que no ha perdido vigencia

Escrito en . Publicado en Derechos, Formación.

Fernando Cruz Castro*

La protesta del veinticuatro de abril de 1970 es sólo la manifestación visible de un malestar que siempre requiere algo más que la rebelión ciudadana, en este caso, existían razones importantes para objetar el Contrato Ley. Los argumentos que fundaban el criterio de los opositores, siguen resonando en el escenario de la historia, que no debe archivarse, que no debe olvidarse. El 24 de abril de 1970 se produjo una violenta protesta por la aprobación del contrato ley con la transnacional Alcoa. El Contrato Ley era una expresión genuina de la asimetría que existe entre el norte y el sur, para decirlo de alguna manera. Se aprobaba una ley especial para establecer un régimen de privilegio entre la empresa y el Estado. Doce diputados votaron en contra del contrato, entre ellos, don Rodrigo Carazo, don Armando Arauz, don Fernando Volio, don Jorge Luis Villanueva y otros siete diputados disidentes. Dato interesante, porque la disidencia dentro de las fracciones parlamentarias, casi ha desaparecido. Los contratos leyes tuvieron vigencia en Costa Rica hasta mediados de la década del setenta del siglo pasado, en que se reformó la Constitución. Hay algunas similitudes entre esos contratos y los tratados de Libre Comercio, contienen regímenes de privilegio, imponen restricciones al poder del Estado y le dan un trato privilegiado al inversionista.

En muchos casos el formato jurídico ignora la desigualdad entre las partes, algo que parece obvio, pero que se invisibiliza. Es cierto que el contrato ley, fue derogado, pero la esencia de su contenido, aparece ahora con otros formatos, especialmente en el régimen de exoneraciones, que se extienden como manchas de aceite. La Constitución establece la obligación, para todos, de contribuir a los gastos del Estado, pero en esta globalización y sus inequidades, hay empresas y empresarios que no pagan tributos, lo mismo que ocurría con los contratos leyes. Ahora hay regímenes de arbitraje privilegiados, como ocurría con el formato del contrato ley. Eso pasa, cambian las formas, sobreviven las asimetrías, las desigualdades aprobadas en el marco constitucional.

Como telón de fondo encontramos el tema de la inversión extranjera, tan necesaria para los países poco desarrollados. Sin embargo, el problema es determinar el precio que se paga por el ingreso de tal inversión. Es un drama para los países con menos recursos. En el caso del contrato de Alcoa, lo más importante no fue la protesta ciudadana, que tuvo excesos, lo que tuvo relevancia fue la discusión previa, analizando las ventajas y amenazas de este contrato. Hubo mucha discusión ciudadana, realmente la jornada cívica relevante fue la participación de todos los sectores de la población en la discusión. En el año sesenta y nueve la Federación de Estudiantes Universitarios, organizó un seminario en el que se discutió el contenido y las consecuencias del Contrato con Alcoa. El presbítero Benjamín Núñez asumió un papel destacado como opositor al contrato; fue muy activo como formador de opinión, curiosamente, don José Figueres Ferrer, no se opuso al contrato.

Poco se analizó el tema del impacto al ambiente que provocaría esta actividad minera, aunque hubo intervenciones muy bien fundadas del ingeniero agrónomo, Ricardo Orozco, quien destacaba los peligros y costos medioambientales que provocaría la actividad. Esa discusión fue mucho más rica en el caso de la mina Crucitas.

Esta página de Alcoa no se ha pasado, los mismos temas que se discutieron en su momento, siguen pendientes, mantienen actualidad. El papel de la inversión extranjera, el poder de las transnacionales, el marco jurídico y sus deformaciones y desigualdades, el balance real que dejará la inversión una vez que abandone la producción y otros puntos, siguen pendientes, porque las limitaciones al desarrollo, no han cambiado en su esencia, porque la injusticia también tiene dimensiones planetarias. Aquí no es tema de optimistas o pesimistas, arriesgados o contenidos, es el tema de la justicia que en las relaciones internacionales tiende a imponer la ley del más fuerte, del poderoso. Y la justicia, el discurso jurídico, siempre encuentra un buen traje, para disimular la desigualdad y la inequidad.

Buenos recuerdos de aquella jornada, pero hay que identificar las raíces de una asimetría, una dependencia, que sigue vigente, muy parecida a la que se respiraba el 24 de abril de 1970. El poder global de las corporaciones y sus rostros que se pierden en la opacidad, asi imponen su ley muchos de los poderes reales que definen el futuro de la humanidad y de nuestro país.

Debo rescatar los nombres de los doce diputados de Liberación Nacional y Unificación Nacional, que expresaron su disidencia, votando en contra de la aprobación del contrato. Los opositores fueron:

Armando Arauz
Arnulfo Carmona Benavides
Cecilia González
Fernando Gutiérrez Benavides
Fernando Guzmán Mata
Fernando Volio Jiménez
Jorge Luis Villanueva Badilla
José Antonio Bolaños
José Hine García
Matilde Marín Chinchilla
Rodrigo Carazo Odio
Uriel Arrieta Salas

Estos ciudadanos expresaron su criterio, a pesar de que no era lo políticamente correcto. Ahora los destaco, para recordarlos, porque pasaron a la historia, a pesar de ser minoría. La democracia, se fortalece en la disidencia…… las preguntas de la dependencia, de la injusticia internacional en las relaciones económicas, las desigualdades, siguen sin respuesta.

Debemos aceptar la realidad con esos disfraces jurídicos que disimulan la desigualdad y la
inhumanidad. Así seguimos, con la mente crítica, la disidencia, asumiendo el destino de las minorías. Algo cambió con la derogatoria de los contratos leyes, pero la esencia de la desigualdad, de la opacidad y los regímenes tributarios de privilegio, siguen vigentes, ahora como moneda de curso legal en nuestro régimen jurídico.

* Reproducido por SURCOS, tomado de https://www.facebook.com/100000595279450/posts/5647553855274401/?sfnsn=mo

El emblemático ministro Garnier

Escrito en . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

El ministro André Garnier pertenece al grupo empresarial más poderoso del país y está en el Gobierno de Alvarado para representar y defender directamente sus intereses. Garnier es el prototipo del Gran Empresariado Costarricense agrupado ya no en Cámaras sino en asociaciones, fundaciones o grupos donde solo están los verdaderamente ricos. André Garnier resume en sí mismo las principales características de ese grupo.

1-. Son reacios a pagar impuestos. El canon por las “casas de lujo” al decir del director de Tributación es de los más difíciles de cobrar. Se acogen a recursos, interpretaciones con tal de disminuir o eludir el pago de impuestos de cualquier naturaleza. Por esta razón es que la elusión y evasión es mayor a un 4% del PIB, según cifras oficiales.

2-. Tratan de pagar salarios muy bajos. Como lo dijo Garnier el salario mínimo en Costa Rica es muy alto. Su objetivo es pagar los salarios más bajos que sea posible y para ello recurren a la tercerización de tareas como la forma más efectiva de acrecentar sus patrimonios o a la flexibilización laboral.

3-. Manejan sus patrimonios fuera del país. El ministro Garnier reconoció sin enojo alguno que buena parte de sus recursos patrimoniales están colocados fuera del país. Los papeles de Panamá evidenciaron esa realidad para todo un grupo grande y poderoso que ubican su riqueza en paraísos fiscales. De esta manera no pagan los impuestos que deberían al fisco costarricense y tampoco cuando repatrían esas ganancias.

4-. Critican al Estado, pero viven a su sombra. Este poderoso empresariado son críticos del Estado cuando se habla de un Estado solidario o de bienestar, pero siempre están usufructuando de él que les da o ha dado subsidios para amansar sus grandes fortunas a través de contrataciones millonarias, licitaciones, subsidios al turismo, a la banca, a los bananeros, piñeros, exoneraciones a las de zonas francas o la construcción de infraestructura al servicio de sus negocios.

5-. Adoran el mercado libre, pero odian la competencia. Hablan mucho de las bondades de la competencia, pero controlan sus negocios de manera monopólica u oligopólica, ahogando a los potenciales competentes.

El ministro Garnier recoge en su persona las principales características de este grupo que son los verdaderos privilegiados del país.

El asunto se redondea sabiendo que son insaciables cuando se trata de concentrar riqueza y que ello siempre será a costa de otros.

Representan a ese 1% costarricense.

Se nos fue el 2020 y nos quedan retos para el 2021

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Lic. Miguel Ureña Cascante*

Se nos fue el 2020, año del COVID y con él se puso en evidencia de manera más clara los mega negocios producto de una administración deficitaria en planificación, controles. La ciencia de la administración y los grandes tratadistas en esta área, en este periodo; pudieron quizás demostrar sus teorías.

El “Principio de Peter” queda en evidencia, ante un grupo de connotados académicos que nos demostraron quizás que la teoría y la práctica son cosas diferentes, como dirían los abuelos, “no es lo mismo verla venir, que bailar con ella”, esto no justifica que una pandemia llega sin avisar, pero deja en evidencia, que los sectores sociales de este país siempre estuvieron bien orientados, tuvieron la razón, siempre promovieron que el Estado, centralizado en Hacienda, tuviera los recursos económicos necesarios para la pandemia fiscal, siempre latente en la espaldas del pueblo, pero resolviéndola de manera equitativa, justa y progresiva, que paliaran cualquier déficit financiero responsablemente.

Quedó en evidencia, que las “luminarias” que ocuparon los puestos principales de batalla ante el COVID, no pueden comprar mascarillas de óptima calidad, las compran a sobreprecios o simplemente no les importa pagar $46 USA por una vacuna, que en apariencia la empresa fabricante, la vende a 12 euros, situación que debe denunciarse; eso no se puede convalidar con un silencio de la contraparte.

A pesar de que el sector sindical tenía una plaza en un puesto de control adecuado, faltó más eco de esas luchas o denuncias que de ahí surgieron.

El blindaje al sector financiero y empresarial fue connotado con leyes de usura reformadas en tiempo récord, leyes de moratoria fiscal, ley de suspensión de contratos laborales, pero en nada se evidenció el interés para atacar el fraude, el contrabando, o la evasión.

Nuestros padres de la patria se tiraron al piso, por no decir quizás, en forma despectiva, se “bajaron los pantalones”, ante la cantidad de demandas promovidas por un sector golpeado ciertamente, necesarísimo para la economía misma, como es el sector privado y productivo, pero maltrecho por la voracidad de sectores privilegiados, como el turismo, el sector salud dentro del campo de la medicina privada y agropecuario entre otros, que aprovechando la poca cantidad de ojos humanos, utilizaron “los vivillos” esa debilidad, para mandar a USA y a EUROPA algunas frutas alteradas y conteniendo premios a actividades delictivas.

El sector privado es necesario y hay que fortalecerlo, sin afectación al consumo producto de una disminución de la capacidad de compra del consumidor final, el cambio de leyes como el ROP y el FCL contribuirían notablemente a mejorar la demanda, pero no se vale que PAPÁ ESTADO asuma las consecuencias del COVID nos gastemos recursos públicos en Bonos Proteger, cuando la empresa privada misma, en su contabilidad año a año, inserta la provisión de derechos laborales como un escudo en materia fiscal.

Quizás una ley de dotación del 50% de los derechos laborales sea necesaria, ante el galopante incremento de ingresos que muchos empresarios a pesar de la pandemia continuaron acumulando, entre ellos el sector médico, el sector financiero y el agrícola, con las bondades de estos últimos como la piña, cuyo nivel de PH ayudaba a la salud humana ante la pandemia, pero por falta de control algunas contenían un químico nocivo.

Se nos va el 2020, con una declarada división entre el sector sindical, con luchas aisladas, donde pareciera hasta bien planificado, con el hecho de generar protesta social, pero sin un pensamiento quizás de unión e integración, cada uno de sus grandes líderes, muy respetables al fin, pero con un nivel quizás de terquedad, cuyo actuar hace que persista la oportunidad de la contrapartes o tesis de “en rio revuelto, ganancia de pescadores”, sabiéndose que los pescadores son los poderosos de este país, tejiendo sus redes y como la “pesca de arrastre” llevan al trabajador a que nos pasen por la sartén y nos coman. Esto podría ser, por la falta de integración y deponer posiciones sectarias en beneficio de una convención o puesto, mientras otros, también no menos inocentes, siguen sin delegar ese liderazgo, sin pasar el relevo porque se afanan con el trono del poder interno en sus Mega Sindicatos, situación quizás que promueve un debilitamiento del movimiento y evita una oxigenación con el significado mismo de organizaciones de los trabajadores, para los trabajadores, y por los trabajadores.

Se nos fue el 2020 con cientos de héroes muertos en batalla, porque no tuvimos el conocimiento preciso de la actuación dolosa de nuestros Ministros o Presidentes Ejecutivos, actores quizás tildados de corruptos en actos lamiendo grandes fortunas salariales y protegiéndose con el infortunio de una pandemia, actores políticos decisivos para brindar el equipo adecuado a galenos e inocentes enfermeros, los que hoy al final del año, su esposa, sus hijos, sean los únicos que lleven flores a sus sepulturas, y mientras, un Ministerio Publico, tal cual semejanza con Keylor Navas , evita los goles de las persecuciones penales contra los “Dioses del Olimpo” , y ninguna agrupación sindical, con excepción de SITRAHSAN han solicitado su actuación en fechas pasadas, como la pérdida millonaria en inversiones, y la actuación de SINAE recientemente promovida.

Se nos va en el 2020, la urgencia de recordarle al Gobierno que baje los gastos en asesorías, en sistemas digitales onerosos, con la estrategia de centralizar administrativamente funciones tributarias, cuando la legislación es clara, las competencias son claras, la materia especial es clara, lo que no resulta nada claro, es la millonada que se pretenden “embuchar” algunos proveedores de licencias, sistemas o “tarros”, como sucedió con Tributación Digital.

Ciento cincuenta y seis millones de dólares, no se los brincan con garrocha.

Gastos es alquileres, mientras decenas de hectáreas propiedad del mimo gobierno encharraladas por falta de uso y millonarios pagos de alquileres a empresas de políticos reconocidos. Algunos terrenos que lejos de promover cultura, proveen espacios para el consumo de drogas, facilitando la construcción de tugurios como bunker.

Se nos viene un 2021 con una serie de amenazas que de continuar como el 2020, pasarán sin mayor conflicto todo el filtro legislativo, y aún no decidimos entrar a la corriente legislativa a defender desde una o varias curules los derechos de los trabajadores, único escenario por ocupar, ya que la “democracia de las calles”, es evidente, a nadie le trae beneficios y por el contrario, causa más división social al traerle malestar al trabajador de a pie.

Continuamos en el 2021 con la esperanza de un bloque sindical y social, firme en la lucha, con una visión individualizada de cada evento, pero globalizada, respetable y bien considerada por la colectividad.

Que el 2021 traiga lo que deba venir, pero; que el trabajador comprenda que tiene un grupo de compañeros que lo representan en cada actuar de manera adecuada y al nivel esperado.

* Licenciado en Derecho; licenciado en Administración; Contador Privado; Secretario General SITRAHSAN 2018-2020; exdirectivo SINDHAC; miembro fundador de la Asociación de Profesionales de Tributación Directa, TFA y Aduana; miembro fundador de la Asociación de Profesionales de Aduanas; membro junta directiva FENOTRAP; miembro activo CMTC; docente universitario, trabajador de toda la vida.

SITRAHSAN hace propuesta ante crisis fiscal

Escrito en . Publicado en Derechos.

Reciban un saludo de SITRAHSAN, un sindicato el cual defendemos los derechos de los trabajadores, creemos en la institucionalidad y queremos nuestra patria, a la vez como funcionarios del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional, externamos nuestra gran preocupación por la situación de crisis fiscal; jamás se le puede achacar al tema de salud con el tema de la pandemia, ya que es algo que se viene arrastrando desde mucho antes.

Nosotros como funcionarios y ciudadanos comprometidos con nuestra patria, nos dimos a la tarea de elaborar una serie de puntos que se pueden aplicar para corregir la crisis fiscal provocada por los malos manejos de nuestros gobiernos, estamos inmersos en las labores fiscales que le competen al Ministerio de Hacienda, estamos en el terreno de juego, por lo tanto, podemos dar recomendaciones bien acertadas, qué de tomarse en cuenta, pueden tener la seguridad que habrán cambios sustanciales en la economía de nuestro país.

A continuación, con el mayor respeto detallamos:

  1. Pago de alquileres: Es una de las mayores fugas del Presupuesto Nacional, el pago de alquileres en el aparato estatal.

Solución: Por medio de fideicomisos con los Bancos del estado, cada ministerio puede llegar a tener su propio edificio, donde lo que se va a pagar de intereses queda en los mismos bancos del estado y, con el pasar de los años los edificios pasan a ser propios de cada Ministerio.

  1. Asesorías: de una vez por todas acabar con los pagos de las mal llamadas asesorías, en las cuales el estado gasta millones de colones cada año, las Universidades y muchos ciudadanos, que quieren nuestro país, pensamos que estarían anuentes a colaborar sin cobrar un cinco, además tenemos personal muy capacitado y, que día a día, ha vivido la situación del Ministerio, tiene más conocimiento para brindar asesoramiento. Solo el exministro Zúñiga acudió a nuestro personal para que lo asesorara.
  2. Salarios de lujo: que se ponga un tope máximo a todos los altos puestos en las instituciones autónoma, semiautónomas y demás instituciones del estado, incluyendo embajadas, consideramos un máximo de 5 millones.
  3. Pensiones de lujo: Investigar cada pensión de lujo en disfrute, porque pareciera que eso es como una piñata, se murió el beneficiario y pareciera que luego dicha pensión pareciera que va dando tumbos, donde otros familiares la van heredando, de comprobarse un caso en esas condiciones, aplicar todo el peso de la ley para que devuelvan lo que han recibido, incluso incautándole sus bienes para que respondan, y de una vez por todas acabar con las pensiones de lujo.
  4. Exoneraciones: Acabar con la gran alcahuetería de aplicación de las mismas a grandes mega empresas, como la Dos Pinos y otras empresas, con lo cual nuestro estado deja de percibir cualquier cantidad de millones al año.
  5. Acabar con la impunidad política de este país, donde a los cuellos blancos se les da un trato desigual que a los demás ciudadanos, cosa que no debe de ser, porque según nuestra Constitución indica que la ley debe ser pronta y cumplida e igualitaria para todos los ciudadanos, de tal forma que si cualquier político y empresario incurre en cualquier delito que afecte el erario público, debe ir en forma inmediata a la cárcel como cualquier ciudadano sin recibir trato diferenciado como ha sido costumbre, además que se le incauten sus bienes y la de sus familiares allegados en primer grado de consanguinidad, para que con eso el estado pueda recuperar la afectación económica.
  6. Impuestos: Eliminar la exoneración a los vehículos eléctricos, realizar un incremento en los impuestos de los carros y casas de lujo, alimentos y utensilios finos de alto costo, que solo los ricos pueden comprar; investigar y denunciar penalmente y públicamente las empresas y personas que defraudan al fisco, poner impuesto a las transacciones mayores a los 500 millones.
  7. Investigar: Empresas, cuando reportan de pago desde antes a la municipalidad, aumentarles el impuesto por frecuencias y su margen de ganancia, averigüen cuánto vale un anuncio en esa televisora enemiga de los trabajadores del estado.
  8. Brindar financiamiento con un tipo de interés blando, mínimo a los pequeños agricultores y pequeños empresarios, para reactivar nuestra economía, brindarles seguros de cosechas, eliminar los intermediarios, para que la ganancia no se la lleven los intermediarios sino más bien se refleje en beneficio e incentivos, para aumentar la producción nacional con lo cual generaría mayor empleo.

Costa Rica: un pueblo sin miedo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Una diputada, de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo que “la clase política no le tiene miedo al pueblo”, pues ahora es el pueblo quien no le tiene miedo a la clase política, al gobierno y a aquellos diputados y diputadas que están apoyando una negociación con el FMI, al estilo pordiosero, convirtiendo de nuevo al país en una “república bananera”, como en los tiempos de León Cortés – “cortés con los ricos y león con los pobres”.

Postrado, como un “siervo menguado”, este gobierno se deja imponer una agenda por parte del FMI, que crea las condiciones para el desmantelamiento institucional de la seguridad y bienestar social, que se ha obtenido a lo largo de nuestra historia republicana. Una afrenta a la celebración del Bicentenario de la Independencia.

Como en los tiempos del “Combo del ICE”, cuando el bipartidismo cerró filas para apoyar la privatización de esa insigne institución, hoy el pueblo se ha levantado y bloqueado puertos y ciudades, para decirle NO al servilismo y al sometimiento a los intereses privatizadores, que son los intereses más espurios y perversos de quienes solo piensan desde la billetera y no desde el corazón de la patria.

Este gobierno ha elegido el camino fácil de hipotecar el país, para que las nuevas generaciones tengan que cargar con su irresponsabilidad histórica de no propiciar salidas dignas, solidarias y justas a la crisis que estamos viviendo. O sea, sigue pateando la bola para no tener que asumir la responsabilidad histórica que le compete: pensar en el bien común y dejar de proteger a los sectores económicamente más poderosos de este país.

Para el presidente, según declaraciones dadas en Puntarenas este 30 de setiembre, solo hay dos alternativas: vender activos o poner más impuestos. Y como, supuestamente por ahora no se van a vender activos “rentables”, si no se aumentan los impuestos habría que sacrificar el empleo público, despidiendo trabajadores. Y el Ministro de la Presidencia, por su parte, aduce que la propuesta de impuestos pone a tributar a los que más tienen.

Ambos argumentos resultan una ofensa a la inteligencia y el sentido común. El ministro de Hacienda ha señalado que el impuesto a las transacciones bancarias significa el equivalente a un 20% del IVA, entonces se trata de un IVA con otro nombre, que lo tendrán que pagar todos los costarricenses. Lo mismo con el impuesto a los salarios y a las propiedades. Nuevamente, evade el gobierno la responsabilidad de poner a tributar a los que más tienen y cerrar la llave de la evasión, la elusión y las exoneraciones.

El pueblo haciendo uso de su sabiduría ha tomado la antorcha libertaria y se ha lanzado a las calles desafiando al COVID 19 y al gobierno. Son campesinas y campesinos, pescadoras y pescadores, entre muchos otros sectores.

Ellas y ellos, nos merecen el más digno reconocimiento y respeto. El movimiento social crítico y propositivo de este país, de mujeres y hombres libres, debería cerrar filas hoy alrededor de este movimiento, como se hizo en los tiempos del “Combo”.

 

Enviado por el autor.

Negociar primero con los acreedores, después con el FMI

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Gilberto Lopes
Sep 2020

Reducir el gasto público, vender empresas del Estado y aumentar los impuestos: básicamente, son las tres recetas que el gobierno sugiere para negociar un préstamo con el FMI.

Quisiéramos sugerir que las dos primeras podrían ser desastrosas y la tercera debería ser revisada, entre otras cosas para eliminar exoneraciones a sectores como las zonas francas y normas que permiten a grandes empresas ocultar sus ganancias y no pagar nada al fisco.

Un estudio de la OCDE sobre la economía de Costa Rica (siempre lleno de generalidades y sesgos ideológicos), de junio pasado, señala que, como resultado de la pandemia el Producto Interno Bruto (PIB) podría reducirse un 22% este año: el turismo ha colapsado; la tasa de desempleo está aumentando; alrededor de 7100 empresas, que emplean a más del 8% de todos los trabajadores, han solicitado ser incluidas en el régimen temporal de trabajo que les permite reducir las horas de trabajo y los salarios. El estudio reconoce también que la demanda interna se debilitará, ya que las medidas para controlar la pandemia impactan el consumo y la inversión.

Reducir el gasto público

En ese contexto, ¿qué sentido tiene reducir el gasto público?

Como los efectos de la Covid 19 en la economía mundial (y en la nuestra también) durará un tiempo largo, difícil aun de precisar, es necesario que los gastos reflejen nuestras prioridades para hacer frente a este desafío.

La crisis de la Covid 19 y la recesión ofrece una oportunidad única para repensar el papel del Estado, tanto sobre sus relaciones con las empresas privadas como con los empleados públicos y con las personas a las que ofrece todo tipo de servicios.

La vieja creencia de que el gobierno es una carga para la economía de mercado ha perdido toda credibilidad, señalaron recientemente dos economistas destacados, Mariana Mazzucato y Antonio Andreoni. La reciente revelación de cómo los dineros de la CCSS se destinaron a financiar La Nación son una muestra contundente de cómo el sector privado depende del público.

Si no se compensa con dinero efectivo a empresas, trabajadores autónomos y asalariados, mientras no tengan ingresos, la economía irá directamente a la catástrofe; se dispararán la pobreza y todo tipo de problemas sociales, dijo el economista español Juan Torres. Se refería a la situación de su país (por cierto mucho más endeudado que el nuestro), pero no hay razón para pensar que la recomendación no se aplica también aquí. Pero nos quieren convencer de lo contrario.

Los salarios del sector público son casi un 50% más altos que los del sector privado en Costa Rica, como lo reconoce la OCDE. Parecería sensato, en las actuales circunstancias, pensar que es indispensable mejorar las condiciones de trabajo en el sector privado. Pero no es así.

El pasado 28 de septiembre un economista costarricense publicaba en La República un artículo en el que señalaba, en tono crítico, que los “Salarios de empleados público son el doble de alto que en empresas privadas”. Reconoce también que si bien el salario promedio del sector público cae un 6,2% con respecto a marzo, como consecuencia de la pandemia, los privados caen un 9%, mientras los del gobierno central aumentan un 1,7%.

Dejemos por ahora de lado observaciones sobre el estudio de ese economista, naturalmente sesgado en cifras y conclusiones. Para el autor, de lo que se trata (también lo propone la OCDE) es de promover de forma urgente una “verdadera ley de empleo público que ordene el sistema salarial del sector, pasando a todos los funcionarios a un esquema de salario único para acabar con la perversidad de los pluses o incentivos salariales».

Es evidente la conveniencia de ordenar al régimen salarial del sector público que, con el tiempo, fue generando distorsiones entre las diversas instituciones. Pero la idea de esa “ley de empleo público”, tal como planteada, es llevar el sector al nivel del sector privado. En opinión de la ministra de Planificación y Coordinadora del Equipo Económico, Pilar Garrido, un sistema de salario único “permitiría al Estado un ahorro de 243 mil millones de colones al año”.

¿Tiene sentido esto? ¿El Estado ahorra 243 mil millones de colones a costa de los costarricenses, propuesta hecha cuando lo que hace falta es garantizar ingresos suficientes a todos e inyectar recursos a la economía para evitar que colapse? Ese “ahorro” es dinero que Garrido propone sacar del bolsillo de los costarricenses, probablemente para pagar intereses de la deuda o –quien sabe– financiar proyectos “público-privados” cuyo costo para el Estado y para los costarricenses termina siendo desmesurado.

Esa visión miope y mezquina está detrás de todo el paquete económico propuesto por el gobierno. Quieren reducir el sector público, Pretenden cobrar impuesto al aguinaldo, acabar indefinidamente con los reajustes cuando la deuda supere el 50% del PIB. Una condición que la OCDE sueña con que la incorporemos a nuestra Constitución y que se hará eterna –como lo saben bien quienes hicieron una norma– pues difícilmente el país logrará rebajar su deuda a ese nivel en un tiempo previsible. Para tener una idea de lo que esa meta representa vale recordar que a finales de 2019, la deuda pública en la OCDE representaba 72,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países miembros.

Consideraciones todas que nos llevan a la conclusión de que el gasto público debe incrementarse y mejorarse.

Vender empresas del Estado

También ha propuesto el gobierno vender empresas públicas.

El nuevo presidente de la Unión de Cámaras (UCCAEP), Álvaro Jenckins, empresario de la caña con empresas en zonas francas, –también miembro del grupo empresarial Horizonte Positivo, que hoy le habla al oído al presidente Alvarado–, no solo defiende el modelo sino que tiene interés en comprar Fanal, que el gobierno quiere privatizar.

En reciente entrevista Jenckins recordó los primeros contactos con Alvarado, cuando este era funcionario del IMAS en el gobierno de Luis Guillermo Solís y se creó Horizonte Positivo.

Calculan el precio de venta de Fanal en doce mil millones de colones; pero la empresa aporta once mil millones a las arcas del Estado por año. Cosa similar ocurre con Bicsa, la otra empresa que quieren privatizar, con el argumento de que, con esos recursos, se reducirá la deuda pública.

Hace 30 años –dijo Ottón Solís, economista y fundador del PAC– “se demostró que la opción del efímero y falso heroísmo ante una aguda crisis fiscal, sólo conduce a convertir en inevitables reformas estructurales”, en larga nota en la que defiende las iniciativas del gobierno.

Pero lo cierto es que, en estas materias, no hay nada “inevitable”. Lo ocurrido hace 40 años (no 30), en el gobierno de Rodrigo Carazo, no tuvo nada de “falso heroísmo”. Como tampoco la crisis fue resultado inevitable de los esfuerzos hechos entonces por el gobierno para enfrentar el déficit fiscal y los compromisos de la deuda sin afectar los servicios públicos, como los de salud y educación.

Que las políticas de Carazo no fueron la causa de la crisis lo demuestra la situación del país hoy donde, 40 años después y de una continuada aplicación de políticas contrarias, estamos frente a los mismos (o peores) desafíos que los de entonces.

Hoy se conoce bien los intereses que estaban detrás de los esfuerzos por ahogar las políticas del gobierno de Carazo. Se trataba de iniciar un proceso de ajuste estructural, de asalto al sector público y de privatizaciones, particularmente el del sector bancario, que se inició entonces con recursos de la AID norteamericana.

No se trató de generosas concesiones de los Estados Unidos, en el escenario de su lucha contra el gobierno sandinista en Nicaragua, como sugiere Solís. Se trató de una política despiadada, con recursos de la AID que significaron una severa carga para el país –obligado a recibirlos y depositarlos en una cuenta del Banco Central; pagar intereses de 21% por ese dinero, que el Banco Central se obligaba a prestar a prácticamente nulos intereses para comprar productos norteamericanos. Además de préstamos por cerca de 200 millones de dólares para crear una banca privada, contribuyendo a desarmar las bases del Estado Social en Costa Rica y avanzar en las privatizaciones, comenzando por el sector bancario.

Desde entonces no han cesado en esa lucha, fundamento de toda política neoliberal, de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad, que está en la base de la crisis política y económica que la Covid 19 solo contribuyó a desnudar y acelerar.

Tal como en los 80, cuando los intereses más conservadores se aprovecharon de la crisis para adelantar sus intereses, el modelo se repite ahora, en este nuevo escenario.

Vendiendo empresas públicas para pagar deudas, a la larga solo tendremos cada vez menos recursos y más deudas, como ha ocurrido en estos 40 años. El desafío es desarrollar empresas para ganar dinero y, además, pagar deudas. Pero parece eso demasiado pedir para políticos de visión corta y empresarios de ambiciones desmedidas.

Aumentar impuestos

Aumentar impuestos: ¡sí, claro! Pero revisemos los hechos.

La reciente reforma fiscal condonó multas e intereses a empresas como la Standard Fruit Company, Durman Esquivel, Veinsa, Florida, Café El Rey por 194 mil millones de colones, gracias a la amnistía tributaria incluida en la reforma fiscal del año pasado.

Según Procomer, 375 empresas de zona franca tuvieron exoneraciones de impuestos estimadas en 953 millones de dólares, o sea, 575.612 millones de colones al tipo de cambio del 31 diciembre 2018, casi un 55% de los 1.750 millones de dólares que el gobierno quiere negociar con el FMI.

Entre las exoneraciones es particularmente incomprensible las que disfrutan, por ejemplo, los casinos y las empresas de apuestas electrónicas que mueven $4 mil millones de dólares al año. O empresas piñeras y bananeras, que exportan al costo a Panamá y, por lo tanto, no pagan impuesto. Luego reexportan desde Panamá, donde tampoco pagan, porque no son productos producidos allá.

Volvamos al documento de la OCDE, que sugiere “comenzar a gravar los ingresos de las cooperativas, que siguen estando exentas a pesar de que algunas de estas disfrutan de condiciones monopólicas en mercados clave y se benefician de la protección comercial”. Y agregan: “También debe darse prioridad a la eliminación de exenciones fiscales que benefician a los hogares de altos ingresos”. Para la OCDE esto incluye gravar el aguinaldo, “que actualmente está exento del impuesto sobre la renta”, pero no dice ni una palabra sobre las zonas francas.

Una reforma a la ley el año pasado le permitió a las empresas de zona franca vender en el mercado interno, algo que les estaba prohibido. Esto les ha dado una condición privilegiada en el mercado nacional, pero ha facilitado también a empresas instaladas fuera de zona franca crear mecanismos para ocultar ganancias y no pagar impuestos.

El mecanismo lo explicó el economista Daniel Vartanian: una empresa que está instalada en Costa Rica le compra –a precios particularmente elevados– servicios a una empresa de su mismo grupo inscrita en zona franca. Servicios como administración de personal, contratación de artistas y realización de grandes conciertos; display en las góndolas (en el caso de un supermercado), entre muchos otros.

El resultado es que la empresa que está en el mercado local no tiene ganancias y, por lo tanto, no tributa. La que esta en zona franca tampoco tributa porque las de zona franca están exentas. Walmart, o Credomatic, son empresas que operan con mecanismos de este tipo.

No deja se ser particularmente irritante que empresarios de zonas francas, hoy instalados en puestos clave del gobierno, argumenten que francas no se les puede cobrar impuestos porque se irían del país, argumento que –como es obvio– no se sustenta, conociendo ese vínculo entre las del mercado interno y las de zona franca.

En el caso de las zonas francas se agrega otra medida, también del todo inconveniente. Se trata de la reciente exoneración de los impuestos a bienes inmuebles que antes pagaban.

“Lo más paradójico es que hace dos meses exoneraron a las zonas francas del pago del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, que siempre habían pagado. Mientras a las empresas más grandes se les quita el pago, ahora quieren triplicárselo a la gente. Esta situación es insostenible”, expresó el alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler.

El documento de la OCDE al que hemos hecho reiteradas referencias afirma también que, según la experiencia de Colombia, “reducir las contribuciones a la seguridad social puede ayudar a reducir la informalidad”.

Dice también que “trasladar gradualmente carga impositiva desde las contribuciones a la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad ayudaría a reducir la informalidad y la desigualdad”. Una falacia, en el fondo y en la forma, un argumento para el que el documento no aporta evidencia alguna.

Un lenguaje avieso para proponer lo que he llamado la “economía mágica”. Una economía sin sustento en los hechos, ideología pura que apenas esconde una voracidad perversa. Argumentos todos que ilustran bien la naturaleza de las decisiones sobre estas materias y hacia qué lado inclinan la balanza las propuestas del gobierno.

Negociar primero con los acreedores

El tema de la deuda pública es extenso y complejo. Se han multiplicado los análisis que desnudan los intereses que se esconden detrás de las diversas propuestas del largo documento donde el gobierno expone sus propuestas al FMI.

Los intereses que el país paga por su deuda llegaron a más del 4% del PIB a fines de 2019. De modo que es conveniente renegociarla, teniendo en cuenta la necesidad de aumentar el gasto público, como consecuencia de la Covid 19.

Pero, además de lo que propone el gobierno, no hay en el documento ninguna propuesta de renegociar la deuda –como hizo ya en dos ocasiones, por ejemplo, con mucho éxito, el gobierno argentino– reduciendo montos, mejorando plazos y tasas de interés. El gobierno de Alvarado no ha propuesto nada de eso, un aspecto indispensable en cualquier iniciativa seria de renegociación de la deuda.

Gran parte de la deuda pública de Costa Rica –al contrario de la de otros países– está en manos de acreedores nacionales. Como lo indica el gráfico de la OCDE, a fines de julio casi 78% de la deuda era interna y cerca de 22%, externa. Hay que negociar primero con los tenedores de esa deuda, antes de acudir al FMI, donde se debe llegar con un escenario más claro y menos demandante, si se logra una renegociación favorable.

El gobierno, además de no haber hecho ninguna propuesta de renegociación a los acreedores, tampoco ha hecho referencia alguna a otras diversas propuestas, como las de utilizar las reservas del Banco Central para hacer frente a los mayores gastos provocados por la pandemia que, como lo han demostrado economistas y banqueros nacionales, podrían hacer inclusive innecesario cualquier negociación con el FMI.

Queda en evidencia así que no se trata del problema de la deuda, ni del gasto público, sino de una nueva ofensiva para ordenar el país de acuerdo a un modelo que no solo no va a permitir reducir la deuda, sino que va a agravar las disparidades sociales que se han acentuado en los últimos 40 años, caldo de cultivo para la miseria insultante que la Covid 19 dejó en evidencia en todo el país.

Una alternativa política

Ante esta realidad –y esta es mi propuesta– habiendo surgido innumerables voces que, bien informadas, sugieren caminos más razonables y justos, sería oportuno que se reuniesen y, agrupados detrás de estas sugerencias, la transformen en el programa de un conjunto de personas dispuestas a conformar una importante fracción parlamentaria en las próximas elecciones, en un esfuerzo no solo por detener y revertir estas políticas conservadoras, sino también por recuperar un indispensable nivel político en una Asamblea Legislativa que hoy, con contadas excepciones, da vergüenza.

Evitemos tocar fondo

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

            A las políticas neoliberales que han incrementado la desigualdad y la pobreza en este país, desde la aplicación de las recetas “mágicas” del FMI en la “década perdida” de 1980, simplemente hay que decirles NO por sentido común.

            Han probado hasta la saciedad ser el camino equivocado para el verdadero desarrollo con justicia y paz social. Han contribuido a desmantelar el Estado Social de Derecho. Y, como si fuera poco, han inducido a la quiebra en que se encuentra el Estado.

            Los señores y señoras del FMI, entre otros organismos, como ha señalado recientemente el presidente de México, “deberían ofrecer disculpas” por tan “grave daño” causado al pueblo.

            Nuestra clase política, por su parte, continúa desfasada. Aprueba un Plan Fiscal regresivo, donde los ricos pagan impuestos como pobres y los pobres como ricos. Y ahora va por el mismo camino con su propuesta para la negociación con el FMI. Solo el ser humano es el animal que cae dos veces en el mismo “hueco”. Sin duda, una propuesta para tocar fondo.

            ¿Por qué no atacar de raíz el problema de la evasión, la elusión y las exoneraciones y, de una vez por todas, poner a tributar con justicia? ¿Por qué no poner a tributar a las zonas francas que hacen clavos de oro con el recurso humano calificado de alto nivel que ofrece este país? ¿Por qué no utilizar reservas del Banco Central para paliar temporalmente los efectos de la pandemia? ¿Por qué no renegociar la deuda interna y externa, y en última instancia declarar una moratoria de su pago mientras azote la pandemia? ¿Por qué no gravar las grandes transacciones bancarias y no las de pulpería? ¿Por qué no aumentar el impuesto a la gran propiedad y no a las casas modestas de clase media? ¿Por qué no intervenir al Ministerio de Hacienda para que deje de tratar con manos de seda a las grandes empresas y pagar alquileres millonarios, como lo ha denunciado el ex ministro Rodrigo Chaves?

            La clase política solo atisba a buscar salidas milagrosas que vengan de afuera. Y desconfía de la imaginación y voluntad de los costarricenses para ganarle la batalla a la pandemia y la guerra a la crisis económica y social que arrastramos por varias décadas. Por eso, se resiste al diálogo y a la concertación social.

            No es necesario tocar fondo, tratando con tanta generosidad al FMI. Esta crisis de muchos rostros nos sigue convocando a sacar lo mejor de nuestras capacidades y voluntades. No se trata de andar regateando préstamos como pordioseros en un mar de riquezas concentradas. Para situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias.

            Se trata de levantar la frente y reconocernos como una nación, aunque pequeña en territorio y población, de espíritu grande y valeroso. Hay que apelar a la reserva de solidaridad de nuestro país. Hay señales de voluntad de diversos sectores, para encontrar salidas alternativas.

            Estamos en la encrucijada entre la mesa de negociación intersectorial o el estallido social desde las calles. El gobierno tiene que aceptar que no hay una tercera vía, como pretende. Evitemos tocar fondo.

Manuel Delgado expone implicaciones de la negociación Gobierno – FMI

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

La seccional en el Hospital Nacional Psiquiátrico de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) invitó al periodista y filosofo Manuel Delgado Cascante, a comentar las implicaciones de la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el programa de opinión y formación Más que Una Opinión de UNDECA – Hospital Nacional Psiquiátrico, el analista detalla los efectos que tendría este pacto promovido por el gobierno y sectores afines. Le invitamos a escuchar la exposición.

Nota del expositor:

Hay en mi exposición un error de expresión que se me escapó y es que las exoneraciones en el país son del orden del 6% del PIB (eso está bien), pero el gobierno pretende reducirlas en un 0,52%, es decir, quedarían algo así como en un 5,48%. Es decir, las reducen en una cantidad ridícula. Perdonen que no me haya podido expresar bien. Vamos a hacer una edición escrita de la que luego les estaré hablando y voy a corregir. Agradezco todas las observaciones críticas que me ayuden a mejorar ese texto. Gracias.

Nota editorial: Las observaciones para el analista Manuel Delgado Cascante pueden enviarse al correo periodico.surcos@surcosdigital.com y con gusto se las haremos llegar.