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Etiqueta: explotación sexual

¡NO! A la explotación sexual en Costa Rica

MSc. Anais Patricia Quirós Fernández
Especialista en la Enseñanza del Idioma Inglés
Estudios en Género, Diversidad y Derechos Humanos
Diplomada en Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo de Desastres
Secretaría de la Mujer, Genero, Equidad y Movimiento LGTBQI
Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN

La explotación sexual en Costa Rica, como en muchos otros países, es un problema complejo y arraigado que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Aunque es difícil precisar una fecha exacta de su inicio, es claro que el fenómeno ha estado presente desde los primeros desarrollos urbanos y económicos del país. Los esfuerzos para combatirlo han aumentado en las últimas décadas, pero sigue siendo un desafío significativo que requiere una acción continua y coordinada.

La explotación sexual tiene consecuencias devastadoras para las víctimas, incluye daños físicos, emocionales y psicológicos afectando la autoestima, degradando y lesionando al individuo en sus diferentes etapas de vida, a su vez desestabiliza familias y comunidades, corrompe los valores sociales y éticos. Perpetúa la desigualdad de género y tiene un impacto negativo a nivel global representando una violación grave de los derechos humanos.

Un tema que lamentablemente, aún tiene sus vacíos en cuanto a la implementación y ejecución de las leyes.

La pregunta es… ¿Necesitamos una ley para evitar que hoy sigan los clientes de explotación sexual buscando servicios sexuales?

¡POR FAVOR NO JUGUEMOS DE IGNORANTES! Están en todas partes.

En diferentes regiones de nuestro país, las fuentes de trabajo son escasas, con un bajo ingreso económico, lo cual obliga el desplazamiento de personas con necesidades laborales, a zonas centrales o a provincias que ofrezcan un mercado laboral alimentado por el turismo y por fuentes de trabajos informales. Aquí la vulnerabilidad de caer en ambientes de explotación sexual donde la edad nunca es factor de impedimento.

La explotación sexual es una forma de abuso en la que una persona utiliza a otra para obtener beneficios sexuales o económicos a través de actos sexuales no consensuados o pagados en diferentes formas: favores, dinero, droga, invitaciones, alojamiento o cualquier otro tipo de beneficio. También una forma de violencia y violación de los derechos humanos, ya que priva a las personas de su dignidad, autonomía y libertad sexual. Es un problema grave que afecta a personas de todas las edades, géneros y contextos socioeconómicos en todo el mundo.

Esta explotación puede manifestarse de varias maneras donde las víctimas son forzadas, engañadas o coaccionadas para realizar actos sexuales. Normalmente en condiciones de esclavitud o servidumbre, violencia o manipulación psicológica, producción, distribución y posesión de material pornográfico, que algunas veces involucra incluso a menores de edad, siendo esta una de las formas de explotación sexual más grave, castigada en Costa Rica por la LEY 7899 CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD.

Combatir la explotación sexual requiere de la colaboración de gobiernos que incluyan leyes fuertes, apoyo a las víctimas, esfuerzos concertados de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general para proteger a las víctimas en vulnerabilidad y perseguir a los responsables de este tipo de abuso. Por lo que combatir la explotación sexual requiere de esfuerzos a nivel legal, social y educativo. Cambiar las actitudes sociales hacia la explotación y la violencia, castigando a los perpetradores para prevenir este tipo de abusos.

¿ES ESTO POSIBLE? Entendamos algo; en la conducta humana…

¿Cuáles son algunas de las razones por las cuáles un hombre o mujer paga por sexo?

Las razones pueden variar ampliamente y estar influenciadas por una combinación de factores psicológicos, sociales y circunstanciales. A continuación, se presentan algunas de las razones más comunes:

  • Falta de relaciones íntimas.
  • Falta de tiempo o conveniencia.
  • Deseos específicos, (fetiches sexuales).
  • Problemas emocionales o psicológicos, (limitaciones biológicas).
  • Exploración sexual.
  • Falta de compromiso.
  • Normas culturales y sociales. Entre otras.

Entonces, deberíamos preguntarnos ¿cuál de estas situaciones mueve a una persona a realizar tales actos sin tomar en cuenta las afectaciones que ello conlleva? En Costa Rica como a nivel mundial; la prostitución es un tema de no acabar. Esta aparece en varios tipos, según diferentes criterios: el entorno en el que ocurre, la modalidad de operación y la naturaleza de las relaciones involucradas.

Podríamos incluir el tema de valores humanos, donde se comete un delito no solo castigado por las leyes de un país sino también mencionar las diferentes afectaciones que podría conllevar si uno de estos actos se da dentro de: lugares de trabajo, instituciones públicas, instituciones educativas, entornos de servicios públicos o privados, espacios digitales, domésticos como lugares públicos y comunitarios o sector turismo entre muchos más. Provocando afectaciones familiares, sociales, éticas y morales, tanto en forma individual como social.

A continuación, se describen algunos de los tipos más comunes de prostitución según el entorno: la prostitución callejera, la prostitución en burdeles, prostitución de acompañamiento, prostitución en clubes y bares. De acuerdo con la modalidad se encuentra la prostitución independiente, o prostitución con proxeneta, pero según la naturaleza de las relaciones involucradas vemos que existe la prostitución de lujo, la prostitución forzada, y entre otras la prostitución en línea. Cada tipo de estas tiene sus propias dinámicas, riesgos y desafíos, tanto para las personas involucradas como para las políticas públicas y los esfuerzos de regulación y protección de derechos, cada una juega con oferta y demanda.

¿Quienes pagan por servicios sexuales? ¿Cuál son las razones que originan involucrarse en estas actividades? ¿Cuál es la relación familiar, social o emocional de cada individuo? ¿Tiene esta persona un hogar, una esposa, una familia, hijas e hijos?

Queda un sin sabor…saber que el taladro de la corrupción traspasa las paredes y deja al descubierto toda una aberración moral y social llena de acciones inmorales e inapropiadas, con desviaciones de normas y valores sociales. Estos valores que guían el comportamiento de las personas dentro del actuar colectivo y que establecen un marco ético que influirá en todas las interacciones sociales, personales y hasta organizacionales.

No podemos percibir los valores sociales como principios estáticos; ya que el tiempo, los cambios de la globalización, los avances tecnológicos, los movimientos sociales y las transformaciones económicas, los modifican. Aun así, debemos respetarlos ya que son fundamentales para la estructura y el funcionamiento de cualquier comunidad. Estos nos proporcionan un sentido de dirección y propósito compartido, contribuyendo a la armonía y al desarrollo de los grupos sociales.

En diferentes oportunidades las redes sociales y medios de comunicación en nuestro país declaran y exponen escándalos de este tipo en diferentes instituciones y organizaciones públicas. Por lo que es necesario conocer que posición tiene la Legislación y Protocolos en Costa Rica respecto al tema. Que dice textualmente;

Costa Rica cuenta con leyes y protocolos específicos para manejar casos de acoso y extorsión sexual. La Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (Ley N° 7476) establece procedimientos y sanciones para estos casos. Además, el Código Penal de Costa Rica contempla delitos relacionados con la extorsión y el abuso sexual.

En resumen, un empleado público en Costa Rica involucrado en un escándalo de extorsión sexual enfrentaría una serie de consecuencias legales, administrativas y sociales. Las autoridades llevarían a cabo las investigaciones necesarias y, si se determina culpabilidad, el individuo podría enfrentar sanciones penales, disciplinarias y un daño significativo a su reputación y carrera. Pero surge la pregunta… ¿realmente se está combatiendo y denunciado estos casos o simplemente se hace caso omiso de ellos? ¿Por qué no son denunciados?

¿Estamos acaso, siendo parte de esta red, que como una epidemia silenciosa crea una ceguera desde el punto de vista legal, administrativo y social dentro de las organizaciones?

Abordar la extorsión sexual requiere un enfoque multifacético que involucre a la sociedad, desde los gobiernos y las instituciones hasta las organizaciones comunitarias. Fortalecer el marco legal, educar y sensibilizar a la población, como también implementar y hacer cumplir políticas claras y preventivas en los lugares de trabajo contra la extorsión sexual en las organizaciones e instituciones, requiere un esfuerzo coordinado y continuo en todos los niveles de la sociedad, desde el personal hasta el institucional y legal para así combatir eficazmente esta enfermedad social.  

Reflexionemos… ¡Las personas no son objetos ni cosas! ¡Denunciemos la explotación sexual!

Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Costa Rica – Comité contra la Tortura

SURCOS comparte la versión de avance no editada del documento con las observaciones finales sobre el tercer informe periódico del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, para el caso de Costa Rica.

Invitamos a descargar el documento para conocer el detalle de las observaciones.

En una de sus secciones se indica:

El Comité valora los esfuerzos realizados por el Estado parte para luchar contra la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. En particular, toma nota del trabajo que lleva a cabo el Equipo de Respuesta Inmediata, así como de la celebración de acuerdos binacionales orientados a promover flujos migratorios laborales seguros, así como las labores de inteligencia con finalidad de prevenir estos actos. El Comité lamenta, no obstante, las deficiencias señaladas en varios informes en la identificación de las víctimas de la trata, especialmente entre las personas migrantes, y mayor incidencia de estos casos detectados de personas en situación vulnerable, incluidos los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero. Además, se observa que el número de casos de trata investigados y enjuiciados es muy reducido en comparación con la incidencia de este fenómeno en el Estado parte. Finalmente, el Comité expresa su preocupación ante las informaciones que indican una reducción de las partidas presupuestarias para programas de prevención de la trata y acompañamiento a las víctimas como consecuencia de las medidas de austeridad financiera en vigor desde el 2020.

Más adelante dice:

“El Comité mantiene su preocupación ante las informaciones que documentan actos de hostigamiento y atentados contra la vida o la integridad física de las personas pertenecientes a pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y activistas medioambientales ocurridos durante el período objeto de examen. Aunque toma nota de la información facilitada por la delegación del Estado parte sobre sus esfuerzos en la materia, incluido el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, así como el enjuiciamiento del asesinato del líder indígena Jehry Rivera, el Comité observa con preocupación que, conforme a diversas fuentes, otras agresiones y asesinatos, como el atentado contra la vida del líder indígena Sergio Rojas en 2019 habrían quedado sobreseídos o no resueltos”.

Puede descargar el documento desde este enlace.

 

Imagen: https://spanish.vlexblog.com

Encuesta destaca conocimiento de la población en trata de personas y migrantes

El Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA), presentó los resultados de la encuesta nacional: “Percepción sobre la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes”.

La encuesta se realizó en el Centro Tecnológico de Investigación Social (CETIS) del IDESPO, del 14 al 22 de abril 2023, abarcando una población de 910 personas, con un 3,2% de error de muestreo y un 95% de confianza. La muestra se ajusta por la no respuesta con base en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En esta ocasión el ajuste se realizó con la distribución por sexo, edad y educación de la ENAHO 2022.

“El objetivo de esta encuesta fue conocer las percepciones que tenía la población costarricense acerca del delito internacional de trata de personas, y de forma específica retratar las vías en que se acceso a dicho conocimiento, identificación de vulnerabilidades, características y finalmente relacionar cuáles factores estructurales inciden para que se den situaciones de trata de personas”, indicó la coordinadora del Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades del IDESPO, Dra. Cynthia Mora Izaguirre.

Dentro de los principales hallazgos, en cuanto a la trata de personas, se observó que gran parte de la población encuestada, 77,6% tiene una acertada percepción del concepto, el cual se definió como el comercio de personas para la explotación sexual y laboral e incluso para el tráfico de órganos. De la población encuestada el 16,9% no sabe qué es y lo confunde con otro concepto el 5,5%.

Por otra parte, la gran mayoría (87,2%) estuvo de acuerdo en que las personas con mayor riesgo a ser tratadas son los menores de edad; seguidos por las personas menores de 35 años (66,2%). Otros grupos poblaciones que se identificaron que también corren riesgo son los migrantes (89%), las personas con bajo nivel educativo (81,2%) y las desempleadas (73,4%). Y con respecto al sexo, se consideró que son las mujeres a quienes les afecta más esta situación con un 67,9%.

En el tema de acceso a la información sobre este delito, un 66,5% mencionó que sí ha tenido acceso a ella, y es la televisión el principal medio por el cual la gente se informa sobre esta temática (90,9%), seguido por las redes sociales (80,7%).

Los factores determinantes de la trata de personas mostraron que la población consultada es bastante pesimista y reconoce que en el país se dan diversas formas de explotación (doméstica, agrícola, infantil con fines sexuales, sexual por medio de redes de prostitución).

Los encuestados consideraron que hay una serie de situaciones que requieren atención urgente por parte del Gobierno de la República en el siguiente orden de relevancia: tráfico y venta de drogas, delincuencia organizada, inseguridad, violencia de cualquier tipo, pobreza, desempleo, personas que piden en las calles, migración de extranjeros, ofertas de trabajo engañosas, turismo sexual y trabajo infantil. Es decir, que más allá de la trata de personas, el país es propenso para que se cometa casi cualquier delito y es urgente que el gobierno intervenga ya que se considera que todos los días en Costa Rica se dan sucesos violentos, crimen organizado, tráfico de armas, coyotaje y trata de personas.

Otro dato importante, es que casi una cuarta parte de la población encuestada no tiene claro que es tráfico ilícito de migrantes o coyotaje, de estas personas, la mayoría lo confunde con el concepto de trata.

También, respecto al tema de los derechos humanos, se asocia más con igualdad y el respeto de los derechos de las personas y que se les garantice un mínimo de recursos para la subsistencia.

Por último, como conclusiones se recomienda volver a implementar campañas estatales, especialmente a la luz de un alto tráfico de personas atravesando nuestro país rumbo a los Estados Unidos, índices de desempleo e informalidad tan altos, hace imperativo que el Gobierno de la República invierta en posicionar el tema para su prevención y denuncia.

Además, es fundamental también el papel del Estado en cuanto a políticas públicas enfocadas a la prevención, así como de proveer y garantizar a las personas el acceso a una educación de calidad y mejores condiciones laborales, pues estos condicionantes sirvan para repeler los engaños de los que son objeto las personas por parte de los tratantes. La inversión social es la más poderosa herramienta que puede contribuir a luchar contra este flagelo.

Pueden ver la presentación completa aquí:

Compartimos el informe:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Cero trata de personas: «Somos partes del problema, seamos parte de la solución»

SURCOS comparte la siguiente información:

El pasado 23 de setiembre se llevó a cabo el Día internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niños y Niñas. A propósito de esta fecha en el canal de Youtube de Los Dioses están locos, se publicó un video que expone cómo la trata y explotación sexual son una de las más terribles violaciones a los derechos humanos, y cómo nosotros como sociedad estamos siendo parte del problema. Plantea la reflexión sobre la oportunidad que tenemos para ser parte de la solución a esta situación. 

Le invitamos a reproducir el video y conocer más de este tema:

Enviado a SURCOS por Carlos Tamez.

UCR: La trata de personas extiende sus tentáculos en Costa Rica

La UCR brinda un curso formativo para organizaciones que atienden esta problemática en el país

Según la ONU, a diferencia de otras regiones, las niñas centroamericanas y caribeñas son sometidas, principalmente, al comercio sexual por parte de redes criminales. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

En este momento, millones de personas viven atrapadas en lo que hoy se conoce como la esclavitud del siglo XXI: la trata de personas. Son víctimas de explotación sexual, laboral, de extracción de órganos, de servidumbre doméstica, de mendicidad, de adopciones ilegales.

Y en medio de la pandemia mundial provocada por el COVID-19 las redes criminales se han fortalecido ante el desvío de las fuerzas de seguridad estatales para atenderla, la reducción de servicios sociales y el desempleo. Todos estos factores impiden que las víctimas de la trata de personas tengan cada vez menos posibilidades de escapar estas redes criminales y pedir ayuda para su protección.

La trata de personas sigue siendo un reto en todos los países. En la mayoría de ocasiones, son abordados como casos de prostitución, proxenetismo o estados migratorios irregulares, explicó la magister Mónica Sancho Rueda, coordinadora del cursoApoyo a la sensibilización y capacitación de la comunidad universitaria y nacional en la temática de la Trata de Personas” (ED-3006), ejecutado desde el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM-UCR). “Y con la pandemia sanitaria, las personas se ven muy vulnerabilizadas por sus patronos, eso hace que sean de fácil captura o engaño por parte de tratantes, y se vuelven en víctimas potenciales. En los casos de los que se ha tenido conocimiento, ha habido un alza importante en este tipo de explotación”, comentó Sancho.

Como parte del compromiso del CIEM en la prevención para la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres, desde el año 2013 se impulsó este proyecto de acción social. Ha tenido mucho éxito, de manera que el mismo día que se abre la inscripción, queda satisfecha y con muchas personas en lista de espera; que deben esperar al próximo periodo para recibir la capacitación”, acotó Sancho.

Cada año, el ED-3006 convoca a personas profesionales y estudiantes universitarios con segundo año de carrera concluido, a participar en este curso libre y gratuito. El próximo iniciará matrícula entre los días lunes 19 y miércoles 21 de de abril, mediante el correo matriculatrata.ciem@gmail.com . Los requisitos incluyen el envío de la copia de la cédula de identidad por ambos lados, expediente académico en caso de personas estudiantes, copia de los títulos universitarios y completar el formulario de inscripción.

Sancho mencionó que dadas las restricciones de presencialidad, el curso se impartirá por la plataforma UCR Global y Zoom, lo que permitirá que personas de las Sedes Regionales de las universidades participen de esta modalidad de educación continua.

El curso tiene un cupo máximo de 30 personas, a quienes obtengan una nota superior a 70% y cumplan con la asistencia se les extenderá un certificado de aprovechamiento.

Como ahondar en el tema, este año el CIEM-UCR inscribió un proyecto de investigación denominado “Apoyo a la investigación para la efectiva sanción al delito de Trata de personas, especialmente en mujeres y niñas, en Costa Rica”. El año pasado la UCR tuvo la coordinación del Observatorio Latinoamericano contra la Trata y Tráfico de Personas, capítulo Costa Rica.

Vacíos imperdonables

“Este curso es un espacio muy importante por las falencias en las facultades, salir una como abogada y no tener idea de cómo funciona la trata de personas, la normativa y cómo tratar a las víctimas es terrible”, dijo María Fernanda Valverde Díaz, graduada de la Facultad de Derecho de la UCR.

Según Valverde, actualmente coordinadora de capacitació e investigació de la Fundación Justicia y Género, aseguró que entre su gremio predomina la desinformación, no solo sobre trata de personas, sino sobre derechos humanos en general. “Me parece que tiene que ver con el perfil de la Facultad de Derecho que es muy cuadrado, donde cualquier cosa nueva es difícil que cale, ni siquiera se habla de género en el derecho, menos de los derechos de las mujeres”, criticó.

Igualmente, Amanda Segura Salazar, abogada penalista y funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres, recalcó que “este es un fenómeno que no hemos enfrentado como sociedad, lo creemos muy ajeno, pensamos que no nos atañe como sociedad. Además, es un tema que se ha feminizado en el conocimiento y mucho menos hay posibilidad de abordarlo en una academia tan masculinizada”.

El curso con sus contenidos le mueve a una el piso, hay ejemplos que se comparten en clase que una ni se imagina. Ahora no puedo quedarme tranquila cuando una mujer está desaparecida por meses porque hay casos que terminan en su muerte. Creo que deben incluirse espacios formativos desde los Estudios Generales y en las Ciencias Sociales se tienen introducir contenidos necesariamente”, acotó Segura.

Para la penalista, sería ideal impartir una segunda parte del curso, llegar a personas de otras regiones no urbanas, ya sea mediante capacitación presencial o pensar en la posibilidad virtual.

“El desconocimiento es una de las mayores problemáticas. Mientras la delincuencia organizada envuelta en esta dinámica evoluciona y crea nuevos métodos para llevar a cabo sus propósitos, las instituciones y personas en general aún desconocen sobre el tema”, concluyó la magister Sancho.

La trata de personas es un delito de carácter global que victimiza principalmente a las mujeres y niñas. Pero con la pandemia provocada por el COVID-19 se incrementó los casos de trata de personas con fines de explotación laboral. Foto: Karla Richmond, UCR.

Un delito internacional

Según la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (UNODC), el 7% de las víctimas detectadas son mujeres y niñas. En América Central y el Caribe hay más niñas que son objeto de trata con fines de explotación sexual que en otras latitudes, llegando a un 40% de todos los casos reportados en esta región.

De acuerdo a ese ente internacional, las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre y la pandemia del coronavirus podría sumar unos 130 millones de personas más a las que estarían en riesgo de padecer hambre severa a finales de 2020. Esta es uno de los factores de los que las redes criminales se aprovechan para sus actividades ilícitas. Los beneficios económicos obtenidos por estas redes superan los $32 mil millones anuales, solo precedida por el narcotráfico y el comercio de armas.

El Instituto Nacional de las Mujeres ha señalado que Costa Rica es un país de origen, tránsito y destino de trata. Costarricenses víctimas de este delito han sido localizadas en Estados Unidos, México, Guatemala, Canadá, España y Bahamas. En el país se han rescatado a personas provenientes de países como Perú, China, Cuba, Haití, Filipinas, Sudáfrica y Rusia, entre otras nacionalidades.

Entre los desafíos pendientes están la erradicación de los estigmas y los prejuicios sociales, que responsabilizan a las víctimas de su situación. Incluso, hay personas que no saben que están siendo víctimas de trata y menos conocen que existen formas para denunciar, explicó Sancho.

Algunos factores detonantes de la trata de personas son la pobreza, las crisis políticas y migratorias, las emergencias naturales, el desempleo y la violencia doméstica. Afecta a personas de todas las edades, en condiciones de discapacidad, poblaciones indígenas y en especial a latinoamericanos, asiáticos y africanos.

Desde el 2013 Costa Rica regula este delito mediante la Ley N°9095 y su reglamento. Actualmente, el país es parte del Protocolo para Prevenir, Suprimir y Sancionar la Trata de Personas, un instrumento legal internacional que lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

La UCR frente a la trata de personas

Marta María Artavia Alpízar
Estudiante de Enseñanza de la Psicología

A lo largo de los años la UCR se ha caracterizado por enfocarse en generar un impacto positivo en la sociedad formando profesionales de calidad; pero también al brindar servicios a poblaciones en condición de vulnerabilidad mediante sus programas de Acción Social. A pesar de este valioso aporte, la UCR ha generado pocos espacios de formación sobre la trata de personas. Al no visibilizarla no se puede trabajar preventivamente y mucho menos atender oportunamente, lo cual aumenta los factores de riesgo para las personas en condición de vulnerabilidad y propicia un contexto óptimo para la captación de nuevas víctimas.

A pesar de esto, el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer (CIEM) realiza grandes esfuerzos de capacitación mediante su curso sobre Trata de Personas. Lamentablemente esto no es suficiente, es necesario un mayor aporte de la Universidad. Un único curso es insuficiente para atender adecuadamente a dicha población, hace falta más práctica o campos de aplicación que permitan generar un impacto inmediato en comunidades, por ejemplo, a nivel preventivo. Pero esto no se ha dado, no sólo por la falta de recursos económicos, sino también por la ausencia de conexiones entre las distintas carreras, escuelas y facultades para así preparar a profesionales sensibles a esta problemática.

Creo que es necesario crear redes entre las distintas carreras para generar espacios formativos, informativos y de intervención que faciliten el desarrollo de herramientas para prevenir la trata de personas en las comunidades. Así, este delito dejaría de verse como un hecho aislado y sería reconocido como otro tipo de violencia que sucede más cerca de lo que pensamos.

 

Eduardo Muñoz Sequeira
Periodista, Vicerrectoría de Acción Social