Después de revisar propuestas y planes de gobierno, descubrimos que caminar entre sus nociones de “naturaleza”, “recursos” o “desarrollo” fue casi como atravesar Mordor e Isengard: promesas verdes que se derriten, extractivismos disfrazados, silencios sobre comunidades y territorios que casi nadie menciona.
Preparamos un cuaderno de estudio para leer críticamente el debate ambiental electoral en Costa Rica:
– ¿Cómo se nombra la naturaleza?
– ¿Qué ideas se repiten en todos los colores políticos?
– ¿Qué megaproyectos avanzan sin discusión?
– ¿Dónde quedan los bienes comunes, las comunidades y la vida?
– ¿Qué tensiones muestra el país cuando se mira más allá del discurso?
No es para promover partidos, sino para pensar, contrastar e interpelar lo que se nos presenta como “desarrollo”.
Mientras el río se debilita por la extracción de material y se levantan proyectos en zonas de riesgo, la comunidad vive con la inseguridad permanente de quedar aislada cada vez que llueve y de enfrentar nuevas inundaciones sin una ruta segura de salida.
Este caso revela cómo las desigualdades socioambientales se sienten en el cuerpo y cómo las decisiones (y las omisiones) institucionales aumentan la vulnerabilidad de las personas.
Leé la nota completa del Observatorio de Bienes Comunes y conocé por qué este no es solo un problema local, sino un síntoma de un modelo que construye “desarrollo” a cualquier precio.
Lunes 8 de diciembre – 10:00 a.m. Conector Biológico, antiguo parqueo de Ingeniería, junto a la Biblioteca Carlos Monge
En 2024, la Rectoría y el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, a solicitud del Programa Kioscos Socioambientales y otras instancias universitarias, con el acompañamiento de familiares y activistas, aprobaron el acuerdo institucional CU-19-2024, que establece que cada 7 de diciembre se realizarán actividades para honrar a las personas asesinadas por defender el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
La fecha fue seleccionada en memoria de los ecologistas Óscar Fallas Baldí, Jaime Bustamante Montaño y María del Mar Cordero Fernández, asesinados el 7 de diciembre de 1994 en un contexto de amenazas y violencia vinculada a la defensa del Golfo Dulce frente a la industrialización impulsada por la transnacional Stone Container.
La UCR ha señalado: “La Universidad reconoce que, a pesar del prestigio internacional de nuestro país por promover la sostenibilidad y la conservación del ambiente, las personas defensoras de los derechos humanos ambientales están expuestas a riesgos como amenazas, hostigamiento, persecución, estigmatización, aislamiento social, violencia física o política, e incluso la muerte”.
El año pasado, la Universidad colocó placas conmemorativas en honor a 12 personas defensoras del territorio, activistas, ecologistas e indígenas que perdieron la vida. Sus ausencias siguen siendo una herida en la memoria colectiva y un recordatorio del alto costo que implica proteger los territorios y los bienes comunes.
Este año, la UCR quiere reconocer a quienes continúan defendiendo la vida, enfrentando actualmente amenazas, criminalización y persecución derivadas de proyectos extractivistas y políticas de despojo. Son personas cuyo trabajo cotidiano sostiene luchas por el bien común, muchas veces sin reconocimiento público, pero con un impacto profundo en sus comunidades y ecosistemas.
Este acto busca renovar el compromiso institucional con la justicia, la memoria y la defensa de los derechos humanos, honrando a quienes resisten y cuidan los territorios.
Para el Programa Kioscos Socioambientales «es urgente que la sociedad costarricense reconozca estas violencias, se posicione frente a ellas y reivindique la importancia de las acciones de defensa que hoy sostienen muchas comunidades».
La actividad es abierta al público y contará con el acompañamiento de las autoridades universitarias, oficina Nacional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y personas homenajeadas.
FECON hace un llamado a votar con conciencia social, ambiental y en defensa de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía, la salud; en defensa de la democracia y contra el autoritarismo.
(1 de diciembre 2025) La especialista en justicia climática Mariana Porras Rozas es la nueva presidenta de esta plataforma de articulación de organizaciones ecologistas de todo el país denominado Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON). La Federación que acoge a una decena de organizaciones ambientales y desde el año 1989 tiene la finalidad de ser una plataforma que lucha por la justicia ambiental.
Comunidades Ecologista La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica (CoecoCeiba-AT) es la organización de base de Mariana Porras Rozas. Ella proviene de los Guidos de Desamparados y desde niña sus padres la incluyeron actividades de juventudes impulsados por la extinta Asociación Ecologista Costarricense (AECO) en los años 90’s. Por lo cual, Porras acumula más de 30 años de formación y trabajo ecologista; lo que la han llevado también a liderar espacios dentro de Amigos de la Tierra América Latina (ATALC) y representar a Costa Rica en la Federación de Amigos de la Tierra Internacional.
La asamblea ecologista se desarrolló el pasado 29 de noviembre, la sede de este evento fue la Asociación. para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE) parte de la membresía de FECON desde sus inicios. Adicional a la asamblea FECON organizó un espacio de discusión con otras 16 organizaciones aliadas invitadas para discutir el panorama político-ambiental a escasos dos meses de la primera ronda electoral. Algunos puntos claves de la discusión fueron:
Costa Rica atraviesa una coyuntura especialmente delicada caracterizada por el recrudecimiento de tendencias autoritarias, el avance del crimen organizado dentro de múltiples esferas del poder político, empresarial y estatal; el desmantelamiento acelerado de la institucionalidad pública y el fortalecimiento de un modelo extractivista que profundiza desigualdades sociales, de género, territoriales y ambientales. Sumado a esto el ataque a las personas periodista y los medios de comunicación son síntomas de la deriva autoritaria y anti-democrática que vive el país. La combinación de estos factores conforma un escenario que impacta directamente las luchas por la justicia ambiental, la defensa de los territorios y la protección de los bienes comunes.
Se consolidan señales preocupantes de autoritarismo: ataques recurrentes de la Administración Rodrigo Chaves hacia otros poderes, instituciones y organizaciones. Discursos estigmatizantes contra sindicatos, universidades públicas, prensa, organizaciones sociales, ambientalistas, mujeres y comunidades indígenas, además del uso creciente de narrativas de criminalización.
Esta clausura democrática se expresan también en flexibilización de regulaciones ambientales, debilitamiento de comisiones técnicas, avance del monocultivo intensivo, turismo inmobiliario agresivo, gentrificación de territorios, y apertura de megaconstrucciones y privatización de áreas de alto valor ecosistémico, que evidencian procesos de despojo territorial, captura del Estado y presión sobre los bienes comunes, mientras comunidades y organizaciones locales cargan con la defensa cotidiana del agua, los bosques y la biodiversidad.
Un eje central de esta coyuntura es el debilitamiento estructural de la participación social en asuntos ambientales. La actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad es solo un ejemplo dentro de una tendencia más amplia: participación simbólica, acelerada y sin incorporación real de las voces territoriales.
La presión creciente de gentrificación, y un modelo de atracción de inversión sólo sabe avanzar erosionado derechos laborales, precarizando la vida rural y expandiéndose en forma de enclaves turísticos. Todo esto impacta directamente los ecosistemas, el acceso al agua, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y la soberanía alimentaria, al mismo tiempo que profundiza la desigualdad territorial y fractura comunidades enteras.
Esta coyuntura crítica afecta de manera diferenciada a mujeres rurales, juventudes, defensoras ambientales, pueblos originarios y comunidades empobrecidas, que sostienen la economía del cuidado, la producción de alimentos y la defensa de los territorios. Los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, la violencia patriarcal, el aumento del feminicidio y la criminalización de la protesta agravan la situación para quienes encabezan luchas territoriales y ambientales en condiciones de riesgo.
El desafío inmediato para el movimiento ecologista y para espacios como FECON consiste en comprender y combatir esta coyuntura como un fenómeno sistémico, fortalecer la articulación comunitaria y territorial, producir pensamiento crítico propio, y defender de manera integral la justicia ambiental, climática, territorial, económica, social y de género.
Por último, la Federación hace un llamado a votar con conciencia social, ambiental y en defensa de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía, la salud; en defensa de la democracia y el autoritarismo. No es posible defender la biodiversidad, el agua y los bosques sin inconstitucionalidad democrática y derechos plenos para todas las personas.
La Fundación Heinrich Böll Centroamérica y la Federación Ecologista (FECON) invitan a la presentación en línea de la investigación “La multinacional del oro que le abrió las puertas a la minería ilegal en tierras protegidas de Costa Rica”, publicada el pasado 23 de noviembre por Revista RAYA y desarrollada por los periodistas Edinson Arley Bolaños y Camilo Ubaque Calixto.
El reportaje expone cómo una empresa minera transnacional proporcionó información estratégica —incluyendo rutas y coordenadas— que posteriormente facilitó la expansión de la minería ilegal en áreas protegidas, en particular en la región de Crucitas, una zona de alta relevancia ecológica. La investigación documenta además impactos ambientales y sociales, el uso de mercurio, redes de tráfico de minerales y vacíos en la gobernanza ambiental del país.
Ingrid Hausinger – Directora, Fundación Heinrich Böll Centroamérica
Edinson Arley Bolaños – Director, Revista RAYA (Colombia)
Amaru Ruiz – Presidente, Fundación del Río (Nicaragua)
Henry Picado – Miembro de FECON y Red de Biodiversidad (Costa Rica)
Según las organizaciones convocantes, el encuentro abrirá un espacio para profundizar en los hallazgos del reportaje, analizar sus implicaciones regionales y dialogar sobre los desafíos que la minería ilegal plantea para Costa Rica, Nicaragua y otros territorios mesoamericanos.
1 Me desempeño como Agricultor Orgánico desde el 2019 (actualmente en un proyecto propio llamado “Finca Macambo”) y en términos académicos tengo un grado de licenciatura en Pedagogía con énfasis en Didáctica.
Las últimas décadas han estado marcadas por la implementación discursiva de lo que llaman “IV Revolución Industrial” esto, desde el discurso dominante, se debe a la necesidad de “modernizar”, aún más, algunos sectores de la economía. Sin embargo, lo que realmente arrastra este discurso es la necesidad por parte de la clase en el poder de hacerle frente a la crisis de mercados, abrir nichos de consumo y encontrar fuentes para movilizar el capital; esto, abonado a otros aspectos, son muestras de las contradicciones sistémicas y una crisis objetiva que se agrava cada día más.
Esta crisis objetiva es una sola con la crisis subjetiva de la gran burguesía y es que como clase dominante y dirección del mundo está con el pasar del tiempo cada vez más desacreditada y, además, las vestimentas “democráticas” se empiezan a caer y se hace más visible la verdadera cara del sistema capitalista.
¿Qué tiene que ver esto con la Agricultura? Está íntimamente relacionada. Este aspecto es lo que se pretende explicar o por lo menos tener un acercamiento al tema debido a que la agricultura ha presentado y presenta una gran oportunidad en dos aspectos de suma importancia: el primero como mercado residual de las guerras y los conflictos y el segundo en términos de la utilización de esta para utilizar y seguir imponiendo el discurso de la necesidad de “modernización” en un campo que “no se ha adaptado aún a las nuevas necesidades y tiempos”. Esto no es algo nuevo ya que con la Revolución Verde lo han impuesto, pero que los términos actuales de esta visibilizan una Re-Revolución Verde ahora recargada y con tecnología de punta.
El discurso de la “Agricultura 4.0”, de la “Agricultura de precisión” trae consigo la práctica de llevar al campo a fondo la alta tecnología utilizada en las guerras, así como los venenos tuvieron su auge luego de que fueran utilizados en la primera y segunda guerra mundial para asesinar al enemigo. Hoy, está el agravante, de que esta alta tecnología, a modo de laboratorio, está siendo utilizada para aniquilar a un pueblo entero: el pueblo palestino. Mientras drones asesinos, alta tecnología represiva, máquinas “ultra-inteligentes” son utilizadas en aspectos genocidas, también se va creando la necesidad de “modernizar” el campo.
Lo anterior, no es resignifcar lo que ya venía sucediendo en la ruralidad, es llevar al paroxismo la tarea de socavar el suelo, imponerse o borrar la pequeña agricultura, y seguir profundizando un modelo que llevó a la quiebra a la pequeña producción agrícola donde le hicieron utilizar su parcela como laboratorio para el uso de venenos, le empeñaron su relación con la tierra y convirtieron al pequeño campesino en un asalariado más, lo que Marx plantea como un efecto de “proletarización creciente”1.
El despojo de la riqueza biológica 2 fue y es el despojo de la riqueza existencial y esto se ve más que reflejado en la lejanía cada vez mayor con la actividad base para sobrevivencia de la especie: la agricultura (entendiendo a esta como la propia palabra lo describe la cultura y la cercanía con la tierra). El gran capital agrícola (Agromafia) y el gran capital tecnológico son, hoy más que nunca, uno solo y justifican su necesidad de movilizar y realización del capital por medio de la Re-Revolución Verde, la IV Revolución Industrial llevada a la agricultura o lo poco que queda de esta. El propio Bill Gates (fundador y dueño de Microsoft) habla de la necesidad de invertir en el campo agrícola, y esta es la tendencia de la gran burguesía mundial. “Si la ciencia y la tecnología no son independientes de consideraciones políticas, tampoco lo son sus respuestas al problema de agotamiento de la biodiversidad domesticada y silvestre”3.
Estamos, por lo tanto, ante una “agricultura”4 genocida y no solo por ser mercado residual del genocidio al pueblo palestino, también porque se une a la alta gama de venenos que asesinan toda la micro y macrofauna, sobreexplotando tanto el suelo como a la población africana para fabricar todo lo que gira alrededor de la alta tecnología. Generando así un combo aún mayor de una actividad que se sustenta bajo el sufijo de muerte (-cida) solo que ahora maquillada de tecnológica y avanzada (caso similar a lo que pasaba con la gran maquinaria agrícola en los comienzos de la Revolución Verde).
Ahora bien, y como dice el refrán popular, “al que no quiere caldo dos tazas”. La agresión al campo con énfasis en la pequeña agricultura no queda ahí, el gran capital agrotecnológico no puede dejar cabos sueltos y responde también al crecimiento de actividades agrícolas alternativas traficando la tecnología como forma de generar “sostenibilidad” cosa imposible sabiendo el origen de la alta tecnología que como planteaba el párrafo anterior se sustenta en una actividad extractivista y sobreexplotadora. Esto último le ha servido para blanquear su imagen por los crímenes que llevan a cabo y presentarse como la cabeza de la “agricultura verde” y la “salvación del campo”. Hoy en día ya hay universidades que han metido en su currículo aspectos de la llamada “Agricultura 4.0” y están por profundizar en esta área, una vez más la corroboración de su influencia y quienes realmente tienen el poder.
En conclusión, se está imponiendo una “agricultura” donde se sigue viendo el suelo como mina por lo que se socava la base de la vida, se rompe con el metabolismo material con la naturaleza5, justificadora y perpetuadora de la actividad guerrerista y genocida, la re-imposición de la dependencia del pequeño agricultor a insumos (¡y ahora a tecnología!) externos, el blanqueamiento del exterminio a un pueblo entero bajo el discurso falaz de la “sostenibilidad”, volcar instituciones estatales enteras hacia el proyecto de la “Agricultura 4.0”, y utilizar a las naciones y sus suelos para ver como subsanan la crisis que ellos mismos generaron, subsanar en el sentido de clase: abrir nuevos mercados, continuar explotando el suelo y revertir el fenómeno de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia6.
La “Agricultura 4.0” es el proyecto del gran capital sionista genocida y fiel reflejo de un sistema que pone por encima el capital a la vida, un sistema capitalista cada día más barbárico.
1 Marx, K. 1970. Ideología Alemanda. Editorial Progreso
2 Rodríguez, S. 2013. El despojo de la riqueza biológica. EUNA
4 De ahora en adelante si la palabra aparece entrecomillada se hace en el sentido de recuperar su concepto, de ser un concepto en disputa. Entrecomillada para diferenciar entre la agricultura que queremos y pretendemos rescatar, y la concepción e imposición del gran capital en el área agrícola.
5 Saito, K. 2017. La naturaleza contra el capital. Bellatera Edicions.
6 Roberts, M. 2024. La ley de rentabilidad de Marx: aún más evidencia. Extraído de https://braveneweurope.com/michael-roberts-marxs-law-of-profitability-yet-more-evidence
Más de 50 organizaciones y personas alertan sobre proyecto de ley N.º 24.932
La norma permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas, sin trazabilidad verificable.
El Gobierno y los diputados han favorecido sistemáticamente la actividad minera, sin atender los constantes indicios de ilegalidades, delitos y vínculos con el crimen organizado.
Este posicionamiento busca alertar sobre los riesgos que encierra la aprobación de una norma con ambigüedades y mecanismos permisivos. Se presenta un recuento de hechos documentados que evidencian cómo, en la práctica, Abangares ha operado como un espacio de legitimación de oro de origen cuestionable, amparado por leyes permisivas. Asimismo, se formulan exigencias técnicas, jurídicas y sociales, con el fin de que el Estado y la Asamblea Legislativa legislen en favor del bien común, y no en contra de este.
La intención de consolidar un modelo ambiental sin industrias extractivas contaminantes enfrenta un momento crítico. Por un lado, se impulsa la apertura minera en Cutris, y por otro, se busca consolidar la minería “artesanal” en Abangares, territorio históricamente asociado a la extracción de oro, con profundas consecuencias para el ambiente, la salud y la gobernanza territorial.
El proyecto de ley N.º 24.932 pretende institucionalizar y proteger la minería en esa zona, en un contexto de legislación débil, incumplida, sostenida mediante transitorios y vacíos de control normativo. El proyecto, tal como está planteado actualmente, no representa una regulación responsable ni una vía hacia la formalización segura de la minería artesanal. Los interesados en exportar oro desde Abangares, así como el propio Estado, han tenido catorce años para regularizar su operación, obtener concesiones vigentes y contar con estudios de impacto ambiental. Sin embargo, a pesar de las ganancias exorbitantes, ha resultado más fácil para ambos actores permitir una operación opaca, sin licencias ambientales ni cumplimiento del Convenio de Minamata.
El Gobierno y los diputados han favorecido sistemáticamente la actividad minera, sin atender los constantes indicios de ilegalidades, delitos y vínculos con el crimen organizado. Este proyecto no corrige esa tendencia; al contrario, institucionaliza la excepción, amplía los portillos normativos y favorece prácticas ilegales camufladas. Si se aprueba sin transformaciones profundas, Costa Rica podría consolidar la exportación de oro ilegal, con consecuencias reputacionales, sociales, ambientales y fiscales irreversibles.
Hechos críticos e irregularidades asociadas al proyecto:
• Marco legislativo capturado por incumplimiento y excepciones. Desde la Ley 8904 (2010) hasta las más recientes 9662, 10132 y 10375, las normas específicas que anteceden al proyecto actual han servido para prolongar concesiones, flexibilizar controles ambientales y permitir que la minería funcione bajo un régimen de desregulación continua. En la práctica, se ha incentivado la minería ilegal en Crucitas, Abangares y otros sitios donde se procesa material sin control. Estas extensiones han convertido la normativa en un mecanismo permisivo e ineficaz, alejado de una regulación transparente y estructural.
• Opacidad y riesgo de lavado de oro ilegal. La norma de permisividad -que este proyecto busca volver permanente- permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas, sin trazabilidad verificable. Investigaciones periodísticas han documentado que este mecanismo se utiliza para legitimar oro proveniente de zonas como Crucitas o incluso posiblemente de Nicaragua. Según estos reportajes, Costa Rica habría exportado más de 280 millones de dólares en oro entre 2010 y 2020 sin recibir ingresos fiscales ni certificar su origen.
• Delitos conexos y crimen organizado. La minería ilegal no opera de forma aislada: converge con otras actividades criminales. Se han detectado vínculos con lavado de dinero, tráfico de material en bruto o minerales, contrabando y uso descontrolado de cianuro y mercurio, incluso con dinámicas asociadas al narcotráfico en zonas fronterizas. La Fiscalía Ambiental ha advertido sobre la presencia de “patrocinadores” que financian operaciones con insumos peligrosos, infraestructura y logística para encubrir el lavado de activos.
• Impactos ambientales, sociales y en salud pública. Los riesgos documentados incluyen la contaminación de aguas superficiales y subterráneas con cianuro y mercurio, afectaciones neurológicas y respiratorias en las poblaciones locales, inseguridad laboral con muertes y accidentes en túneles artesanales, y ausencia de controles oficiales. En muchos casos, la minería se realiza dentro de viviendas o parcelas comunitarias, en condiciones precarias y con sustancias altamente tóxicas. Muchos de estos impactos se dan en Abangares, Crucitas, Corcovado y la rica zona protegida de Indio Maíz en Nicaragua.
• Debilidad institucional y falta de control estatal. La Dirección de Geología y Minas (DGM), el MINAE, la SETENA y otras autoridades han mostrado una débil capacidad regulatoria frente al volumen real de actividad minera, tanto legal como ilegal. La ausencia de concesiones formales, la falta de licencias ambientales previas y el uso de declaraciones juradas como trazabilidad debilitan al Estado como garante del patrimonio natural.
• Simulación de minería artesanal. Por la escala del volumen exportado, las ganancias obtenidas y los impactos generados, resulta evidente que en Abangares no se trata de minería a pequeña escala, sino del uso instrumental -e incluso simulado- de la figura de minería artesanal y cooperativa para encubrir una actividad de mediana o gran escala que opera al margen de la regulación. Este esquema de desregulación y flexibilización pretende ahora volverse permanente con el proyecto de ley.
Ante estos hechos exigimos:
• Trazabilidad robusta y verificable. Eliminar la exportación bajo declaración jurada. Establecer un sistema digital de registro con autenticación y certificación de origen verificable y mecanismos cruzados que integren a Geología, Aduanas, Ambiente, Municipalidad y asociaciones comunales.
• Auditoría socioambiental en Abangares. Convocar de inmediato una auditoría socioambiental con participación del MINAE, Ministerio de Salud, la DGM, la Escuela de Geología (UCR), organizaciones socioambientales y comunitarias. Esta debe cuantificar los impactos acumulados en suelo, agua, salud y biodiversidad, y generar información para un análisis costo-beneficio de la actividad.
• Licencia ambiental previa obligatoria. Toda solicitud de explotación minera debe estar sujeta a la aprobación de un estudio de impacto ambiental por parte de la SETENA, y posteriormente, a la concesión otorgada por la DGM. La exportación de oro debe contar con control cruzado de varias instituciones del Estado. No pueden admitirse excepciones que omitan esta evaluación básica.
• Sanciones efectivas y mecanismos de disuasión. El proyecto debe incorporar sanciones penales, civiles y administrativas estrictas. Las cooperativas, comercializadores o exportadores que introduzcan oro ilegal deben perder inmediatamente su concesión y estatus en los registros mineros y enfrentar sanciones proporcionales.
• Impuesto a la exportación y redistribución justa. Dado el carácter estratégico del oro como patrimonio nacional, debe establecerse un impuesto a la exportación que redistribuya beneficios hacia las comunidades afectadas y fortalezca la fiscalización estatal.
• Coordinación interinstitucional y cooperación internacional. La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Fiscal y las autoridades ambientales deben actuar de manera conjunta. Se recomienda también recurrir a la cooperación con países que tienen experiencia en trazabilidad y combate a la minería ilegal (como Colombia, Perú y Ecuador) para adaptar buenas prácticas al contexto nacional.
Llamado a la adhesión y movilización
Invitamos a instancias académicas, organizaciones comunitarias, indígenas, estudiantiles, sociales y sindicales a sumarse a este pronunciamiento (mediante el enlace que está al inicio de esta nota).
Juntos y juntas podemos evitar que este debate quede capturado por intereses particulares y lograr que las decisiones legislativas respondan realmente al interés público. Instamos a la Asamblea Legislativa a no avanzar con el proyecto de ley N.º 24.932 en sus condiciones actuales, y a abrir un proceso de discusión pública, con enmiendas sustanciales y la incorporación de mecanismos que garanticen transparencia, justicia ambiental y respeto a los derechos de las comunidades.
Organizaciones:
Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre Colectivo Ecologista Liberiano Organización Regenerativa Matzú Insigne Fundación Promar Comité de Enlace Sociedad Civil con Foro INAMU Comité Directivo Territorial INDER #4 Heredia Crea AREMA Centro de Sostenibilidad de Costa Rica COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica Eco Comunidad por la Justicia y la Paz Justa Arte para la Tierra Bloque Verde JPIC – Justicia, Paz e Integridad de la Creación Defensores de la Casa Común UBL (Universidad Bíblica Latinoamericana) Causa Sur – Pérez Zeledón Teatro MileCima IDELA – Universidad Nacional CICDE – UNED Comité Punta Pelencho Casa Aiko Coordinadora Ni Una Sola Mina Centro de Amigos para la Paz Asociación Civil Pro Natura Paralela Personas: Ligia Barrantes Cartín – San Pedro de Pérez Zeledón Flora María Calvo Abarca Óscar Esteban Vindas Alfaro – Santa Bárbara Giselle Arce Fonseca – Paso Canoas Franco Zúñiga Sequeira – San Pedro de Turrubares María Hernández – Concepción, San Isidro de Heredia María Eugenia Delgado Marín – Talamanca, Limón Juan Robles Felipe Coto – Escazú José Pablo González Rojas – Playa Negra, Santa Cruz, Guanacaste Anacristina Rossi – San Antonio de Escazú Silvia Matamoros Pacheco – Salitral de Santa Ana Travis Robert Britzke Bonneville – Tinamaste, Barú, Pérez Zeledón Lilliam Mena Araya Alexander Pérez Gutiérrez Víctor Madrigal Sánchez – Pueblo Nuevo, Garabito Rafael Ángel Sánchez Rojas – Heredia Mónica Alvarado Barzuna – Copey Marvin Amador Guzmán – UCR Luis Carlos Bonilla Soto – Esparza, Puntarenas Asdrúbal Rivera Villanueva – Térraba Wilson Arroyo Oconitrillo – Músico Wilber Cortés Rodríguez Gloriana Araya Campos
Ver análisis completo elaborado por: M.Sc Mauricio Álvarez Mora del Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, de la Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica y del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS-UCR).
Programa Kioscos Socioambientales Universidad de Costa Rica
Por una política global al servicio de la vida; la justicia climática; la paz; la pluriculturalidad originaria y afro; la equidad de género; el derecho a migrar y ser protegido y una tecnología al servicio de los pueblos
Resumen
Hoy, más que nunca, nos debatimos entre dos polos: el de la vida y el de la muerte. Quienes creemos en el derecho a existir denunciamos que ese derecho está siendo violado por los poderosos de cada país, que destruyen la casa común, militarizan el planeta y mercantilizan la tecnología.
Nos resistimos al negacionismo climático, al extractivismo voraz, a la violencia patriarcal y al uso de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta de control, guerra y exclusión.
Desde nuestras siete comisiones de CONVIDA20:
Tecnología de la información / Techo, Tierra, Trabajo y Trascendencia / Paz, No Violencia y Anti-militarización / Pueblos Originarios y Afrodescendientes / Equidad de Género / Crisis Climática / Crisis Migratoria, elevamos esta declaración ante la COP30 en Belém Do Pará, Brasil.
Lo hacemos desde los pueblos de América Latina y el Caribe, desde las comunidades campesinas, rivereñas, indígenas, afrodescendientes, urbanas y populares, desde las espiritualidades vivas que resisten y sueñan.
Esta declaración también recoge el eco de la peregrinación continental de la copresidenta de SICSAL-Mons. Oscar Arnulfo Romero e integrante de nuestra coordinación, Emilie Teresa Smith, quien, desde Vancouver, Canadá, ha recorrido el continente escuchando, conviviendo y recogiendo testimonios de mujeres y hombres defensoras y defensores de los territorios, que enfrentan múltiples violencias, especialmente la institucional, el saqueo de los bienes comunes y la destrucción ambiental con coraje, poesía y organización. Su caminar ha sido un acto de escucha radical, de acompañamiento espiritual y de denuncia profética.
La Inteligencia Artificial, la guerra, el extractivismo, la migración forzada y la crisis climática no son fenómenos aislados: son expresiones de un mismo modelo que pone el lucro, la codicia, por encima de la vida. Frente a ese modelo, proponemos otro horizonte: una humanidad reconciliada con la tierra, con el trabajo digno, con la hospitalidad y la justicia.
No venimos a pedir permiso. Venimos a anunciar que otro mundo está en marcha.
Que los pueblos que migran, las mujeres que cuidan, las juventudes que sueñan y los pueblos originarios y afrodescendientes que resisten ya están construyendo alternativas.
La Alianza Global CONVIDA20 reafirma su compromiso indeclinable con la defensa de la vida en todas sus formas, con la justicia climática, la dignidad de las personas migrantes y refugiadas, las mayorías empobrecidas, la equidad de género, la paz y la espiritualidad encarnada en los pueblos.
Reafirmamos que no habrá justicia ambiental sin justicia social, ni justicia social sin acogida y reconocimiento del otro y la otra. Nos convocamos a seguir tejiendo redes de solidaridad continental, a cuidar los territorios y los cuerpos amenazados, a acompañar a quienes migran por hambre, guerra o sequía, y a construir, desde la ternura de los pueblos y la resistencia, un futuro donde ninguna persona sea descartada ni expulsada de la casa común. Nuestra esperanza es activa, nuestra fe se hace acción y nuestro horizonte es la vida plena para todos los pueblos y todas las criaturas de la tierra.
Vemos, juzgamos y actuamos
Porque no estamos ante una simple coyuntura técnica ni una crisis pasajera.
Estamos frente a una encrucijada histórica que interpela nuestra conciencia, nuestra espiritualidad y nuestra acción política.
Este método —nacido en la juventud obrera católica de Bélgica y asumido por las luchas populares, la teología de la liberación, la pedagogía crítica y los movimientos sociales latinoamericanos— nos permite mirar la realidad con ojos abiertos, corazón sensible y voluntad transformadora.
Ver es dejarse afectar por lo que ocurre: reconocer las heridas del planeta, los rostros de los excluidos, los mecanismos de poder que destruyen la vida.
Juzgar es discernir desde una ética de la vida, confrontando los hechos con los principios de justicia, dignidad, solidaridad y cuidado.
Actuar es comprometerse, construir alternativas y transformar estructuras.
Vemos que:
La crisis climática no solo destruye ecosistemas: también expulsa pueblos enteros de sus territorios, provocando que millones de personas abandonen sus hogares por sequías, inundaciones o aumento del nivel del mar. Se prevé que en 2050 sean más de 250 millones las personas refugiadas climáticas que se verán forzadas a dejar sus hogares por los efectos del calentamiento global: sequías prolongadas, desertificación, pérdida de cultivos, tormentas extremas, saqueo y expoliación de tierras cultivables.
Aunque el término “refugiado” sugiere protección internacional, no existe aún reconocimiento legal bajo la Convención de Ginebra de 1951. Por eso, quienes huyen del colapso ambiental son personas invisibilizadas, criminalizadas o reducidas a cifras, sin protección jurídica ni humanitaria efectiva.
En Europa y en las fronteras de Estados Unidos, la llegada de personas afectadas por crisis ambientales crece cada día más. Proceden de África, de Oriente Medio, de Asia meridional y de América Latina, y el Caribe donde los impactos del cambio climático agravan la pobreza, los conflictos y la inseguridad alimentaria.
El Mediterráneo se ha convertido en una fosa común, y los muros, centros de detención y políticas xenófobas son el rostro más cruel de una civilización que ha perdido su humanidad.
Las guerras, además, contaminan el aire, la tierra y el agua, obligando a poblaciones enteras a migrar incluso después de los conflictos. La migración forzada es hoy el rostro humano del colapso climático y la expresión más extrema de la injusticia ambiental global.
La militarización global representa entre el 5 y el 6% de las emisiones de carbono. Los países que fabrican y exportan armas concentran el 82% del gasto militar mundial y el 67,1% de las emisiones de CO₂. La guerra contamina, deforesta, desplaza y destruye ecosistemas.
Los países del sur global arrastran deudas externas impuestas por organismos financieros internacionales que condicionan sus economías y limitan su desarrollo. Mientras destinan enormes recursos al pago de intereses, millones de personas carecen de salud, educación, tierra, trabajo y techo digno.
La transición energética, basada en el litio y otros minerales raros, está afectando directamente a comunidades que habitan los territorios. En Ecuador, el pueblo Kichwa ha sufrido represión, invasión de tierras y asesinatos por resistir al extractivismo. En México, Guatemala, Colombia y Honduras, mujeres defensoras enfrentan amenazas constantes por proteger el agua, los bosques y la biodiversidad.
Las mujeres —especialmente indígenas, afrodescendientes y campesinas— enfrentan violencias múltiples: patriarcales, extractivistas, racistas. Son ellas quienes sostienen la vida, defienden los territorios, custodian las semillas, y, sin embargo, siguen siendo invisibilizadas, criminalizadas y asesinadas. Su trabajo cotidiano, muchas veces invisible, es esencial para el sostenimiento de la vida y la resistencia comunitaria.
La lucha feminista en este contexto debe ser transversal a la COP30, mirando la realidad desde la desigualdad estructural que viven las mujeres. Esta mirada no es un añadido: es una clave para desmontar las violencias y construir justicia ambiental, social y tecnológica.
La IA ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una fuerza que transforma radicalmente la economía, la política, la naturaleza y la guerra. Su uso masivo genera impactos ecológicos alarmantes: consumo energético desmedido, uso intensivo de agua y minerales críticos, expansión de la huella ecológica de las grandes empresas tecnológicas y atenta contra el pensamiento crítico y la construcción de conocimiento.
Juzgamos que:
La crisis climática es también una crisis ética y espiritual: sin sentido, sin comunidad y sin trascendencia, no hay futuro sostenible. La espiritualidad es el alma de la ecología integral.
Del mismo modo, la crisis migratoria es un espejo moral del mundo. Negar el reconocimiento a las personas desplazadas por causas ambientales es perpetuar un modelo de muerte. Reconocerlas y protegerlas es un deber moral y político. La indiferencia de los estados y las corporaciones, ante el sufrimiento de millones de personas migrantes y refugiadas climáticas constituye una violación estructural de los derechos humanos.
Denunciamos las políticas racistas, xenófobas, aporofóbicas y patriarcales del Norte Global, que levantan muros mientras destruyen ecosistemas ajenos. Denunciamos también la corrupción de muchos gobiernos del Sur, que anteponen el lucro al bienestar de sus pueblos, permitiendo el saqueo extractivista de sus tierras.
Como han afirmado los Papas Francisco y León XIV los cuatro verbos que deben guiar toda política migratoria: acoger, proteger, promover e integrar. Estos principios son también una brújula para la justicia climática.
Acoger a las personas desplazadas es reconocer la interdependencia de la vida; protegerlas es garantizar sus derechos; promoverlas es acompañar su desarrollo humano integral; integrarlas es crear sociedades interculturales y solidarias.
La migración no es un problema: es una consecuencia de las injusticias globales y una oportunidad para reconfigurar el pacto humano desde la fraternidad universal.
Los pueblos originarios y afrodescendientes no son víctimas pasivas: son portadores de soluciones vivas, saberes milenarios y alternativas concretas. Ante cualquier proyecto gubernamental que tenga que ver con la madre naturaleza la consulta a los pueblos es prioritaria y obligatoria.
Las deudas externas y ecológicas son injustas y contrarias al bien común. Las deudas, muchas veces ilegítimas o heredadas de dictaduras, perpetúan la dependencia y el control de los poderosos sobre los pueblos. No se puede exigir a las naciones pobres pagar con el hambre de su gente lo que fue impuesto bajo mecanismos de dominación económica.ç
La IA no es neutral: su desarrollo está guiado por intereses corporativos y militares.
La militarización no garantiza seguridad: la verdadera seguridad es humana y comunitaria: Implica salud, educación, vivienda, trabajo digno y paz.
Actuamos así:
Reclamamos una transición ecológica justa, que respete los territorios y los derechos de los pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes.
Nos sumamos a las acciones por la suscripción del protocolo de no proliferación de combustibles fósiles; también a la exigencia de canje de deuda por acción climática; presión por el aumento del fondo de los países ricos, que sea justo, equitativo y ético, para la mitigación de las pérdidas y daños causados por la crisis climática. De igual manera, cualquier acción de transición energética, ecológica, integral y justa, respetando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos lo que requiere inclusión de garantías a los derechos humanos en las acciones que surjan de la COP30 de Belem do Pará, en Brasil.
Apoyamos la exigencia de auditorías éticas y transparentes de las deudas, promovemos sus condonaciones cuando sean ilegítimas y trabajamos por un nuevo orden financiero internacional basado en la justicia, la solidaridad y la soberanía de los pueblos. Sólo así las economías podrán liberarse de las cadenas que impiden su desarrollo humano integral.
Exigimos la reconstrucción ética de las políticas migratorias globales, con base en el respeto a la dignidad humana y en la responsabilidad compartida ante el cambio climático. Así mismo, promovemos la adopción de marcos jurídicos internacionales que reconozcan el status de “refugiado climático”.
Exigimos que ningún ser humano sea considerado ilegal y que se garantice el acceso universal a educación, salud y seguridad social para todas las personas migrantes. También denunciamos la criminalización de quienes acompañan o defienden los derechos de las personas migrantes, los crímenes de los defensores ambientales y exigimos justicia por los asesinatos, desapariciones y estigmatizaciones.
Apoyamos las redes de solidaridad que, en Europa, América, África, Asia-Pacífico practican los principios de acoger, proteger, promover e integrar, resistiendo a la ultraderecha.
Reclamamos presupuestos públicos para el cuidado comunitario de bosques, ríos, semillas y saberes; para la acogida de personas desplazadas y para políticas de integración que fortalezcan la convivencia intercultural.
Reconocemos y celebramos las identidades, las diversidades sociales y étnicas porque en su expresión se refleja la dignidad y la riqueza de lo humano.
Denunciamos el patriarcado digital que se disfraza de modernidad mientras reproduce las viejas jerarquías del poder: algoritmos que invisibilizan a las mujeres, redes que premian la violencia simbólica y plataformas que lucran con la exposición del cuerpo femenino. Detrás de cada “like” o comentario misógino hay un sistema que perpetúa la desigualdad en el espacio virtual.
Proponemos como alternativa construir una cultura digital feminista, donde la tecnología sea herramienta de emancipación y no de control. Un internet diverso, ético y comunitario, que promueva la voz de quienes fueron silenciadas, y que use la inteligencia colectiva para tejer redes de cuidado, educación y justicia.
Exigimos protección integral para las defensoras de la vida —mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y migrantes— que enfrentan amenazas y violencia.
Apoyamos la regulación y el control democrático de la IA al servicio del bien común y exigimos políticas públicas de alfabetización tecno-política y rechazamos el uso de la IA con fines geopolíticos y militares, de vigilancia o manipulación.
Apoyamos la Campaña Global contra el Gasto Militar, y nos pronunciamos contra las bases militares de EE. UU. y la OTAN en nuestro continente que han ocupado, invadido, y dominado nuestros territorios ricos en bienes naturales y biodiversidad. Igualmente, nos hemos pronunciado contra el entrenamiento y ejercicios militares orientados a prepararse para la guerra y que se realizan cada año generando, al mismo tiempo, contaminación y daño ambiental.
Escuchen el clamor de la tierra.
Escuchen el clamor de los pueblos desplazados.
Escuchen el clamor de las mujeres migrantes que defienden sus cuerpos y territorios.
Porque la vida no se negocia.
Porque la justicia no se posterga.
Porque la paz no se militariza.
Porque la tierra no se vende.
Porque el futuro se construye hoy.
Alianza global CONVIDA20 está integrada por organizaciones y personas de América Latina, El Caribe, Canadá, Estados Unidos, Europa y Asía Pacífico
Conectando la marcha del 8 de noviembre en San José, Costa Rica, para proteger las instituciones públicas, y la política climática en vísperas de la Conferencia Climática de las Naciones Unidas (COP3)
Estimadas y Estimados:
Les escribimos en vísperas de ambas la marcha programada para el 8 de noviembre en San José, Costa Rica, en defensa de las instituciones públicas costarricenses, y la Conferencia Climática de las Naciones Unidas, COP30.
En este momento sin precedente, cuando el planeta está cruzando múltiples limites críticos ecológicos, destacamos la urgencia de resaltar el liderazgo del sector público en enfrentarla emergencia climática.
La narrativa y política climáticas oficiales, sin embargo y como saben, de no solamente esta COP30, sino de los espacios en general donde se elaboran planes para enfrentar la emergencia climática, cada vez más promueven y consolidan como protagonista el sector privado.
Este cambio en liderazgo desde lo público hacia el privado en la política global climática tiene efectos profundos. Sobre todo, en este momento precisamente cuando tenemos que abandonar las industrias extractivistas, y la economía neoliberal que representan—no hay agua ni tierra suficiente para ellas—una política climática privatizada consolida las estructuras de poder corporativo que causan tanto daño ambiental, social, y económico.
Dado que nuestro país tiene un rol casi singular en influir debates sobre el ambiente, les pedimos, sobre todo, resaltar en este momento una visión pública y auténtica para enfrentar las múltiples crisis relacionadas que vivimos.
Desde afuera de los cuartos cerrados donde se forman estos acuerdos, es imposible aun para las personas que cuidadosamente las estudian poder entenderlos. Y sin duda, COP30 producirá otros.
Pero lo que es fácil entender es un lenguaje y una ética en ellos cada vez más ligados al mercado, que nos alejan del bien común, promueven la captura corporativa de la agenda global ambiental, y en esta forma sepultan las conversaciones urgentes que el momento demanda. Estas incluyen:
• Impuestos para las corporaciones y para la 1% de la población más rica
• Impuestos para las industrias extractivas
• Perdonar la deuda en el Sur Global
• Utilizar los presupuestos militares y carcelarios para una transición justa autentica
Lo que urge sobre todo es promover otra conversación, otra mentalidad y espíritu moral, honestos en cuestionar públicamente y con transparencia cuales son los verdaderos costos-beneficios de promover el liderazgo privado en este momento.
Este sábado 8 de noviembre, marchamos para abrir este tipo de conversación auténtica. El modelo neoliberal, y las relaciones e industrias extractivistas que implica, es una sola raíz de los múltiples problemas que vivimos.
Pedimos que ustedes, en los múltiples espacios privados en COP30 donde estarán estas semanas en Brasil y en las conversaciones que sigan, demuestran un liderazgo autentico y exijan este mismo dialogo, asegurando que las entidades causando tanto daño no se enriquecen aún más, y que los ríos, suelos, ecosistemas, comunidades y generaciones futuras, sobrevivamos.
Salimos 9 am, del Parque La Merced hasta la Plaza de las Garantías Sociales.
“Vinieron buscando El Dorado y dejaron desiertos donde había pueblos enteros.” Fray Bartolomé de las Casas
España llegó al Nuevo Mundo no guiada por la ciencia ni por la fe, sino por la desesperación. Europa se moría de hambre, la monarquía estaba endeudada y el oro era la única salida.
Entre 1500 y 1820, los galeones transportaron 180 000 toneladas de plata y 3 500 toneladas de oro, equivalentes a más de 2 billones de dólares actuales, desde los Andes y Mesoamérica hasta Sevilla y Amberes.
El llamado “descubrimiento” fue, en realidad, un asalto sistemático contra civilizaciones que sabían contar el tiempo por las estrellas, construir ciudades flotantes y honrar la tierra como madre. No trajeron el progreso. Trajeron el látigo, la cruz y el hambre. La evangelización fue el disfraz de la codicia. “La cruz fue la coartada, el oro la razón, la esclavitud el método.”
En la Parte 1/2 analizamos los siguientes bloques
Colón y el inicio del saqueo
México, el corazón perforado
Colombia, la ruta del oro y las perlas
Venezuela, la fiebre de las perlas y el cacao
Ecuador, la cruz y la espada
Perú, el oro de los dioses y la sed del imperio
Bolivia, el cerro que lloró sangre
Chile, la frontera del silencio
Seguimos con la Parte 2
Argentina, la conquista del sur
En el extremo austral del continente la conquista se vistió de república, pero mantuvo el alma del imperio. Argentina llevó a cabo uno de los procesos más sistemáticos de exterminio indígena del siglo XIX. La llamada Campaña del Desierto, entre 1878 y 1885, no fue una campaña militar, fue una operación de limpieza étnica planificada por el Estado. Su objetivo declarado era “llevar el progreso” a la Patagonia. En la práctica significó la aniquilación de los pueblos pampas, tehuelches y mapuches, que habitaban esas tierras desde hacía miles de años.
Antes de la llegada masiva de colonos y del avance militar, la población indígena del territorio argentino superaba los 300 000 habitantes, distribuidos desde el norte chaqueño hasta Tierra del Fuego. En menos de medio siglo, esa cifra cayó por debajo de los 30 000 sobrevivientes. Nueve de cada diez desaparecieron bajo el fuego, el hambre y la esclavitud. El genocidio fue tan silencioso que ni siquiera figura en los censos nacionales hasta bien entrado el siglo XX.
Los registros oficiales y las crónicas de época hablan de más de 20 000 indígenas asesinados, 15 000 esclavizados y otros 10 000 deportados hacia Buenos Aires y el norte del país. En total, más de 45 000 personas fueron borradas de su territorio y de la historia. Las mujeres y los niños fueron repartidos como sirvientes entre las familias de las élites, y los hombres sobrevivientes enviados como mano de obra a los ingenios azucareros o al ejército. La Sociedad Rural Argentina celebró la expansión de la frontera como “la victoria de la civilización sobre la barbarie”. El progreso llegó con fusiles Remington y cruces bendecidas.
Detrás de esa masacre vino el reparto de tierras. Más de 40 millones de hectáreas —un área mayor que Italia— fueron entregadas a menos de 2 000 terratenientes. Familias como los Martínez de Hoz, Anchorena o Menéndez construyeron fortunas sobre el despojo. Las pampas se llenaron de vacas y alambrados, y los pueblos originarios desaparecieron de los censos, convertidos en peones invisibles de una nación que se fundó sobre su tumba.
El saqueo no fue solo humano, también material. Argentina exportó entre 1880 y 1914 más de 800 millones de dólares en carne y cuero y más de 500 millones en cereales, equivalentes hoy a más de 40 000 millones USD actuales. Esa riqueza sostuvo el crecimiento de Europa mientras el sur quedaba vacío de pueblos y lleno de estancias. Las campañas al desierto abrieron el camino al capitalismo agrario y sellaron la pérdida del equilibrio ancestral entre el hombre y la tierra.
En las escuelas se enseñó que aquello fue una gesta heroica. En realidad, fue un genocidio con uniforme. Los que resistieron en silencio, los últimos mapuches y tehuelches del sur, mantuvieron encendida la memoria. Y esa memoria sigue ardiendo.
“Bajo la bandera de una república nacida del exterminio, el desierto nunca fue desierto, fue cementerio.”
Paraguay, la resistencia guaraní
Paraguay fue la utopía que Europa no toleró. Las reducciones jesuíticas, levantadas entre los siglos XVII y XVIII, albergaron más de 300 000 guaraníes que trabajaban sin esclavitud, compartían la tierra y producían música, ciencia y alimentos en equilibrio con la naturaleza. En ese territorio se construyeron más de 30 pueblos autónomos, con hospitales, talleres, imprentas y orquestas, un nivel de desarrollo que ninguna colonia española o portuguesa conocía.
Cuando la monarquía entendió que allí había un ejemplo de autogobierno indígena y solidario, envió su castigo. Entre 1750 y 1768 las tropas ibéricas arrasaron las reducciones, quemaron templos y esclavizaron a decenas de miles. El robo de tierras superó los 8 millones de hectáreas, y los bienes confiscados (oro, ganado, madera y yerba mate) equivaldrían hoy a más de 200 000 millones de dólares. Fue el inicio del exterminio sistemático de un modelo de sociedad justa.
La tragedia se repitió en el siglo XIX. Paraguay, ya independiente, se negó a endeudarse con bancos europeos y mantuvo una economía autárquica, libre de dominio extranjero. Esa independencia fue su condena. En la Guerra de la Triple Alianza (1864–1870), alentada por Gran Bretaña e instrumentada por Brasil, Argentina y Uruguay, el país perdió el 80 % de su población masculina.
De 1,3 millones de habitantes quedaron apenas 220 000, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. El saqueo posterior destruyó lo poco que quedaba: los vencedores se repartieron 160 000 km² de territorio, equivalente a una pérdida económica superior a 500 000 millones de dólares actuales.
Las minas de hierro, los bosques del Chaco, los cultivos y el ganado fueron vendidos a compañías extranjeras a precios de liquidación. Los archivos históricos calculan que entre 1870 y 1900 las exportaciones impuestas por los ocupantes sumaron más de 300 millones de dólares de la época, equivalente a 15 000 millones actuales, en maderas, cueros y minerales. El Paraguay quedó convertido en ruina, pero no en silencio. Las mujeres reconstruyeron el país con manos vacías. Los guaraníes resistieron la extinción cultural, preservando su lengua y su memoria.
“Lo que España, Portugal y sus herederos no entendieron fue que la verdadera riqueza no era el oro ni la tierra, sino la dignidad de un pueblo que nunca aceptó ser esclavo.”
Brasil, el látigo portugués
Brasil fue la mina y la plantación más cruel del imperio portugués.
Cuando Pedro Álvares Cabral desembarcó en 1500, más de 5 millones de indígenas habitaban el territorio, organizados en más de 1.400 pueblos y etnias que vivían del bosque, de los ríos y de la pesca. Su cosmovisión no conocía la propiedad privada ni la codicia. En menos de un siglo, esa población fue reducida a menos de 1 millón de sobrevivientes, víctimas de la esclavitud, las epidemias y la caza humana.
Américo Vespucio, el navegante florentino que acompañó las primeras expediciones portuguesas, marcó los mapas con su nombre y borró los de los pueblos que encontró. Brasil nunca lo perdonó: su nombre quedó como sinónimo de impostura y despojo.
Durante más de tres siglos (1500–1822), Portugal saqueó el país con precisión matemática.
El valor total de los recursos extraídos supera los 3,2 billones de dólares actuales (estimaciones comparadas con el PIB y la cotización del oro histórico).
1,1 billones USD provienen del oro de Minas Gerais, Goiás y Bahía, donde se extrajeron más de 1.100 toneladas entre 1690 y 1820.
1 billón USD corresponde al comercio de azúcar, tabaco, maderas y algodón, productos que transformaron a Lisboa en el puerto más rico del Atlántico.
Y más de 1 billón USD fue generado por trabajo esclavo no remunerado, con 5 a 5,5 millones de africanos capturados, de los cuales más de un millón murió en la travesía.
El puerto de Salvador de Bahía fue el epicentro del tráfico humano, y el de Río de Janeiro, la puerta del oro. Solo entre 1700 y 1800 se exportaron 3.000 toneladas de oro y 12 millones de toneladas de azúcar, equivalentes a unos 2,5 billones USD de riqueza robada. Las selvas atlánticas pagaron el precio: más de 80 millones de hectáreas deforestadas para los cañaverales y minas, y 6 millones de indígenas exterminados entre 1500 y 1800.
Brasil fue un laboratorio de la esclavitud industrial.
Los barcos portugueses llevaban cuerpos, no mercancías. Los capataces medían el valor de un hombre por la fuerza de sus músculos y el color de su piel. En las minas de Ouro Preto y Sabará, los esclavos morían antes de los 30 años. La tierra se volvió un cementerio sin cruces.
Y sin embargo, en medio del horror, surgió la resistencia. En Palmares, Zumbi y su pueblo fundaron el mayor quilombo de América, una república libre que sobrevivió un siglo al látigo portugués. Allí, el tambor sustituyó la cadena y la dignidad volvió a pronunciar su nombre.
“Brasil fue el espejo donde se vio el verdadero rostro del colonialismo: oro, azúcar, sangre y silencio. Nada más, y nada menos”
El saqueo continental
Durante más de tres siglos, América fue desangrada para financiar el ascenso de Europa.
De Alaska a Tierra del Fuego, de Veracruz a Potosí, de Cartagena a Bahía, el continente entregó su oro, su plata, su gente y su alma. Ningún imperio, antes ni después, extrajo tanto de un territorio conquistado.
Cifras duras del despojo (1492–1824)
Recurso o concepto · Volumen estimado · Valor actual aproximado (USD 2025) Principales potencias beneficiadas
Oro
180 000 toneladas
11 billones USD
España, Portugal
Plata
150 000 toneladas
5,8 billones USD
España
Azúcar y tabaco
200 millones toneladas
2,3 billones USD
Portugal, España, Holanda
Cacao, algodón, añil y maderas
1,2 billones USD
España, Portugal, Inglaterra
Trabajo esclavo africano (≈15 millones de personas)
14 billones USD (valor de producción no pagado)
Portugal, España, Inglaterra
Tierras usurpadas a pueblos originarios
80 millones km²
Incalculable
Todos los imperios europeos
Pérdida demográfica indígena
De 70 millones a 4 millones en 200 años
Genocidio reconocido
El total estimado del saqueo supera los 34 billones de dólares en valores presentes.
Esa riqueza alimentó el nacimiento del capitalismo europeo, la revolución industrial británica, la expansión naval de Portugal y la banca española que aún sostiene fortunas coloniales. Cuerpos y riquezas viajaban en la misma dirección:
América sangraba hacia Europa, África lloraba esclavos, Europa contaba monedas.
En México, los templos fueron fundidos para llenar galeones.
En Perú y Bolivia, los hombres murieron bajo montañas que no eran suyas.
En el Caribe, las islas quedaron vacías de taínos y llenas de africanos encadenados.
En Brasil, la selva se convirtió en plantación y el cuerpo humano en moneda.
En Chile y Argentina, los pueblos mapuches y pampas fueron cazados en nombre del progreso.
El saldo humano:
Más de 60 millones de muertos, entre indígenas exterminados, esclavos africanos y mestizos desplazados.
Más de 400 lenguas desaparecidas.
Más de 5.000 años de culturas arrasadas.
El saldo económico:
Un continente empobrecido que nunca recibió reparación, y una Europa que construyó su modernidad sobre un crimen impune.
El “descubrimiento” fue un eufemismo para el robo, y la “evangelización” una máscara para la esclavitud.
Eduardo Galeano lo escribió sin temblar la pluma:
“Las venas de América Latina siguen abiertas, porque nunca se cerraron. Solo cambiaron de manos los bisturíes.”
América no fue descubierta. Fue desposeída.
Los imperios europeos construyeron su riqueza sobre los huesos del continente y la memoria de los pueblos originarios.
Y mientras en Europa se levantaban catedrales, aquí se cavaban fosas.
El saqueo no terminó en 1824.
Hoy continúa en las minas, en los contratos, en los tratados comerciales y enlas multinacionales que siguen cobrando en oro lo que compran en silencio.
“Nada quedó fuera del botín: ni los cuerpos, ni los dioses, ni la tierra.”
El balance del saqueo
América entera fue convertida en una inmensa mina abierta, una plantación infinita, un taller sin salario. En tres siglos de dominio ibérico se exportaron hacia Europa más de 330.000 toneladas de oro y plata, equivalentes hoy a más de 16 billones de dólares. Con ese metal se financiaron las coronas de España y Portugal, las guerras de Europa y el nacimiento del capitalismo moderno.
El costo humano fue igual de descomunal. De los 70 millones de habitantes que poblaban el continente antes de la llegada de Colón, más de 60 millones fueron exterminados por las armas, las epidemias, el hambre o el trabajo forzado. Cada tonelada de oro enviada a Sevilla costó miles de vidas indígenas. Cada cargamento de azúcar o tabaco representó pueblos enteros desaparecidos.
Los virreinatos no fueron administraciones: fueron empresas extractivas al servicio del saqueo. En México, Perú y Bolivia se abrieron las entrañas de la tierra. En el Caribe y Brasil se arrancaron cuerpos de África para sembrar con látigos.
En Chile y Argentina se expropiaron tierras a fuego. En toda América se impuso una misma ecuación: riqueza europea, pobreza americana.
Mientras Europa construía catedrales con el oro robado, América levantaba tumbas. España y Portugal alimentaron el lujo de sus cortes y el poder de sus bancos, pero dejaron tras de sí un continente mutilado, desangrado, endeudado desde su origen.
Los archivos del saqueo no son leyendas: están en los galeones hundidos, en las cuentas de los Fugger alemanes, en las fortunas de Sevilla y Lisboa que aún brillan con oro americano.
Europa se civilizó con sangre ajena.
Y cuando el oro se agotó, empezó la nueva rapiña: las repúblicas endeudadas, las compañías extranjeras, las concesiones mineras. Nada cambió, solo cambió el nombre del dueño.
“Los conquistadores se fueron, pero los banqueros se quedaron.” Galeano
Reflexión sobre lo ocurrido
América no fue descubierta, fue interrumpida.
Antes de 1492 existían civilizaciones que conocían el cielo, los ciclos del agua, la arquitectura sin hierro y la medicina sin bisturí. Los pueblos originarios del continente no necesitaban redentores ni maestros, porque habían construido un equilibrio entre naturaleza y espíritu que Europa no entendía.
El “descubrimiento” fue en realidad una amputación: la ruptura de una historia que avanzaba por su propio cauce. La espiritualidad indígena fue reemplazada por la codicia cristiana. En nombre de Dios se destruyeron templos que no hacían daño a nadie, se impusieron dogmas sobre pueblos que nunca habían necesitado infiernos ni paraísos para entender la vida. Las almas se contaban como botines y la conversión se pagaba con sangre.
El oro se convirtió en sacramento, la tierra en mercancía, el hombre en instrumento. El Evangelio se usó como espada, y la cruz fue el primer estandarte del extractivismo.
Las cifras son tan elocuentes como los silencios.
Entre 1492 y 1824 se calcula que más de 80 millones de personas fueron asesinadas, esclavizadas o murieron a consecuencia directa del sistema colonial.
La Iglesia recibió entre el 10% y el 20% de las riquezas extraídas en América (lo que hoy equivaldría a más de 3 billones de dólares) a cambio de bendecir el genocidio y coronar la impunidad.
El cielo se llenó de santos, y la tierra de tumbas.
El saqueo no terminó: cambió de nombre y de bandera.
Hoy se llama minería a cielo abierto, deuda externa, tratados de libre comercio, inversiones extranjeras directas.
Los galeones se transformaron en multinacionales, los encomenderos en corporaciones, las mitas en contratos laborales.
América sigue exportando lo mismo: oro, litio, cobre, soja, energía y silencio.
Europa se enriqueció con la sangre del sur y ahora la llama “ayuda al desarrollo”.
Estados Unidos repite el patrón y lo llama “cooperación estratégica”.
Nada es nuevo, solo cambian los uniformes.
“No fueron los dioses los que nos abandonaron, fuimos nosotros los que les entregamos la tierra.” Subcomandante Marcos
“América no fue un milagro que se perdió, fue una herida que aún respira.”
El mayor exterminio de la historia
Ninguna guerra moderna igualó la devastación del siglo XVI y sus siglos siguientes. La cuenta de los muertos no es una metáfora, es un padrón de ausentes país por país.
México
Población estimada antes de 1521: veinticinco millones. Un siglo después, menos de dos millones. Más de veintitrés millones de vidas perdidas por guerras, epidemias, trabajos forzados y hambre.
Colombia
Población indígena estimada al contacto, entre tres y cinco millones en el territorio histórico muisca, quimbaya y caribe. Hacia 1700, menos de ochocientos mil. Entre dos y cuatro millones de muertos y desaparecidos. Más de un millón doscientos mil africanos subastados en Cartagena, vidas rotas que también cuentan en la pérdida humana.
Venezuela
Pueblos arawak y caribe en el oriente y centro norte con unos quinientos mil habitantes a inicios del siglo XVI. Tras el siglo de las perlas y las plantaciones, menos de cien mil sobrevivientes en la franja costera. Cuatrocientos mil exterminados o desplazados. Medio millón de esclavos africanos forzados al cacao, otra herida en la misma cuenta.
Ecuador
Cañaris, quitos y paltas sumaban cerca de un millón y medio antes de la conquista. Hacia 1700 quedaban menos de quinientas mil personas indígenas. Un millón desaparecido por epidemias, minas y mita. Trescientas mil muertes atribuidas a circuitos mineros y traslados forzados según registros coloniales.
Perú
Tahuantinsuyo con más de diez millones de habitantes antes de 1532. Un siglo después, poco más de un millón. Nueve de cada diez personas ausentes. Millones muertos en el corredor Cajamarca- Cusco- Potosí y Huancavélica.
Bolivia Alto Perú
Población originaria en el área andina y altiplánica: entre ocho y diez millones según estimaciones históricas previas. Un siglo y medio después, menos de un millón. Más de nueve millones perdidos por mita, minas y epidemias. Ocho millones de muertos asociados a la plata de Potosí según crónicas y padrones de repartimiento.
Chile
Población mapuche, diaguita, aymara y selk’nam: cercana a un millón antes de la ocupación hispana. Entre siglo XIX y primeras décadas del XX las campañas y epidemias dejan menos de doscientos cincuenta mil indígenas registrados. Más de setecientas cincuenta mil vidas perdidas o borradas del censo. En la llamada pacificación del sur, más de cien mil muertos y ochenta mil desplazados.
Argentina
Población indígena superior a trescientos veinte mil antes del avance militar decimonónico. A fines del XIX, menos de veinticinco mil reconocidos. Más del noventa por ciento exterminado o asimilado por la fuerza. Cuarenta y cinco mil víctimas directas entre asesinados esclavizados y deportados en la Campaña del Desierto. Cuarenta millones de hectáreas arrebatadas, que expulsaron a comunidades enteras.
Paraguay
En el ciclo jesuítico más de trescientos mil guaraníes organizados en reducciones. Tras la expulsión de los jesuitas y el reparto de tierras quedan comunidades fragmentadas. En la Guerra de la Triple Alianza, población total de un millón trescientos mil. Al terminar sobreviven doscientos veinte mil, en su mayoría mujeres y niños. Más de un millón de muertos y desaparecidos. Pérdida territorial y económica que condenó a generaciones.
Brasil
Población indígena superior a cinco millones en 1500. Un siglo después, menos de un millón. Seis millones de indígenas muertos por caza humana, epidemias y servidumbre. Entre cinco y cinco millones y medio de africanos esclavizados trasladados a ingenios y minas. Más de un millón fallecido en la travesía atlántica antes de tocar tierra.
Este es el inventario del vacío. Detrás de cada cifra hubo un nombre, una lengua, una ceremonia. un río sagrado. El crimen se llamó conquista, evangelización y progreso. La herida sigue abierta.
Los pueblos no murieron.
Resisten en sus lenguas, en su música, en su memoria.
Hablan con los mismos sonidos con que saludaban al sol antes de la llegada de las carabelas.
Sus cantos suben desde el altiplano, cruzan la selva y bajan por el Amazonas como si el tiempo nunca hubiera pasado.
El conquistador creyó haberlos enterrado, pero solo los cubrió de silencio.
Cada idioma indígena que sobrevive es una victoria sobre el olvido.
Cada niño que aprende una palabra en quechua, mapudungun o guaraní es una derrota de quinientos años de sometimiento.
La historia no puede reescribirse, pero sí contarse con dignidad.
América no pide perdón, exige respeto.
El saqueo se escribió con sangre, la memoria se escribe con verdad.
El futuro pertenece a los pueblos que recuerdan.
Y en ese recuerdo está la fuerza de una tierra que sigue girando, herida pero viva, bajo el mismo sol que vio nacer a sus primeros hombres.
“Lo que fue saqueado con sangre debe ser devuelto con verdad.”
Bibliografía
Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552)
Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno (1615)
Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina (Siglo XXI, 1971)
ONU, Informe sobre genocidios históricos y derechos de los pueblos indígenas (2019)
CEPAL, Estimaciones económicas históricas del saqueo colonial (2024)
FAO y UNESCO, Lenguas y culturas originarias en riesgo de extinción (2023)
