Más de 50 organizaciones y personas alertan sobre proyecto de ley N.º 24.932
La norma permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas, sin trazabilidad verificable.
El Gobierno y los diputados han favorecido sistemáticamente la actividad minera, sin atender los constantes indicios de ilegalidades, delitos y vínculos con el crimen organizado.
Este posicionamiento busca alertar sobre los riesgos que encierra la aprobación de una norma con ambigüedades y mecanismos permisivos. Se presenta un recuento de hechos documentados que evidencian cómo, en la práctica, Abangares ha operado como un espacio de legitimación de oro de origen cuestionable, amparado por leyes permisivas. Asimismo, se formulan exigencias técnicas, jurídicas y sociales, con el fin de que el Estado y la Asamblea Legislativa legislen en favor del bien común, y no en contra de este.
La intención de consolidar un modelo ambiental sin industrias extractivas contaminantes enfrenta un momento crítico. Por un lado, se impulsa la apertura minera en Cutris, y por otro, se busca consolidar la minería “artesanal” en Abangares, territorio históricamente asociado a la extracción de oro, con profundas consecuencias para el ambiente, la salud y la gobernanza territorial.
El proyecto de ley N.º 24.932 pretende institucionalizar y proteger la minería en esa zona, en un contexto de legislación débil, incumplida, sostenida mediante transitorios y vacíos de control normativo. El proyecto, tal como está planteado actualmente, no representa una regulación responsable ni una vía hacia la formalización segura de la minería artesanal. Los interesados en exportar oro desde Abangares, así como el propio Estado, han tenido catorce años para regularizar su operación, obtener concesiones vigentes y contar con estudios de impacto ambiental. Sin embargo, a pesar de las ganancias exorbitantes, ha resultado más fácil para ambos actores permitir una operación opaca, sin licencias ambientales ni cumplimiento del Convenio de Minamata.
El Gobierno y los diputados han favorecido sistemáticamente la actividad minera, sin atender los constantes indicios de ilegalidades, delitos y vínculos con el crimen organizado. Este proyecto no corrige esa tendencia; al contrario, institucionaliza la excepción, amplía los portillos normativos y favorece prácticas ilegales camufladas. Si se aprueba sin transformaciones profundas, Costa Rica podría consolidar la exportación de oro ilegal, con consecuencias reputacionales, sociales, ambientales y fiscales irreversibles.
Hechos críticos e irregularidades asociadas al proyecto:
• Marco legislativo capturado por incumplimiento y excepciones. Desde la Ley 8904 (2010) hasta las más recientes 9662, 10132 y 10375, las normas específicas que anteceden al proyecto actual han servido para prolongar concesiones, flexibilizar controles ambientales y permitir que la minería funcione bajo un régimen de desregulación continua. En la práctica, se ha incentivado la minería ilegal en Crucitas, Abangares y otros sitios donde se procesa material sin control. Estas extensiones han convertido la normativa en un mecanismo permisivo e ineficaz, alejado de una regulación transparente y estructural.
• Opacidad y riesgo de lavado de oro ilegal. La norma de permisividad -que este proyecto busca volver permanente- permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas, sin trazabilidad verificable. Investigaciones periodísticas han documentado que este mecanismo se utiliza para legitimar oro proveniente de zonas como Crucitas o incluso posiblemente de Nicaragua. Según estos reportajes, Costa Rica habría exportado más de 280 millones de dólares en oro entre 2010 y 2020 sin recibir ingresos fiscales ni certificar su origen.
• Delitos conexos y crimen organizado. La minería ilegal no opera de forma aislada: converge con otras actividades criminales. Se han detectado vínculos con lavado de dinero, tráfico de material en bruto o minerales, contrabando y uso descontrolado de cianuro y mercurio, incluso con dinámicas asociadas al narcotráfico en zonas fronterizas. La Fiscalía Ambiental ha advertido sobre la presencia de “patrocinadores” que financian operaciones con insumos peligrosos, infraestructura y logística para encubrir el lavado de activos.
• Impactos ambientales, sociales y en salud pública. Los riesgos documentados incluyen la contaminación de aguas superficiales y subterráneas con cianuro y mercurio, afectaciones neurológicas y respiratorias en las poblaciones locales, inseguridad laboral con muertes y accidentes en túneles artesanales, y ausencia de controles oficiales. En muchos casos, la minería se realiza dentro de viviendas o parcelas comunitarias, en condiciones precarias y con sustancias altamente tóxicas. Muchos de estos impactos se dan en Abangares, Crucitas, Corcovado y la rica zona protegida de Indio Maíz en Nicaragua.
• Debilidad institucional y falta de control estatal. La Dirección de Geología y Minas (DGM), el MINAE, la SETENA y otras autoridades han mostrado una débil capacidad regulatoria frente al volumen real de actividad minera, tanto legal como ilegal. La ausencia de concesiones formales, la falta de licencias ambientales previas y el uso de declaraciones juradas como trazabilidad debilitan al Estado como garante del patrimonio natural.
• Simulación de minería artesanal. Por la escala del volumen exportado, las ganancias obtenidas y los impactos generados, resulta evidente que en Abangares no se trata de minería a pequeña escala, sino del uso instrumental -e incluso simulado- de la figura de minería artesanal y cooperativa para encubrir una actividad de mediana o gran escala que opera al margen de la regulación. Este esquema de desregulación y flexibilización pretende ahora volverse permanente con el proyecto de ley.
Ante estos hechos exigimos:
• Trazabilidad robusta y verificable. Eliminar la exportación bajo declaración jurada. Establecer un sistema digital de registro con autenticación y certificación de origen verificable y mecanismos cruzados que integren a Geología, Aduanas, Ambiente, Municipalidad y asociaciones comunales.
• Auditoría socioambiental en Abangares. Convocar de inmediato una auditoría socioambiental con participación del MINAE, Ministerio de Salud, la DGM, la Escuela de Geología (UCR), organizaciones socioambientales y comunitarias. Esta debe cuantificar los impactos acumulados en suelo, agua, salud y biodiversidad, y generar información para un análisis costo-beneficio de la actividad.
• Licencia ambiental previa obligatoria. Toda solicitud de explotación minera debe estar sujeta a la aprobación de un estudio de impacto ambiental por parte de la SETENA, y posteriormente, a la concesión otorgada por la DGM. La exportación de oro debe contar con control cruzado de varias instituciones del Estado. No pueden admitirse excepciones que omitan esta evaluación básica.
• Sanciones efectivas y mecanismos de disuasión. El proyecto debe incorporar sanciones penales, civiles y administrativas estrictas. Las cooperativas, comercializadores o exportadores que introduzcan oro ilegal deben perder inmediatamente su concesión y estatus en los registros mineros y enfrentar sanciones proporcionales.
• Impuesto a la exportación y redistribución justa. Dado el carácter estratégico del oro como patrimonio nacional, debe establecerse un impuesto a la exportación que redistribuya beneficios hacia las comunidades afectadas y fortalezca la fiscalización estatal.
• Coordinación interinstitucional y cooperación internacional. La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Fiscal y las autoridades ambientales deben actuar de manera conjunta. Se recomienda también recurrir a la cooperación con países que tienen experiencia en trazabilidad y combate a la minería ilegal (como Colombia, Perú y Ecuador) para adaptar buenas prácticas al contexto nacional.
Llamado a la adhesión y movilización
Invitamos a instancias académicas, organizaciones comunitarias, indígenas, estudiantiles, sociales y sindicales a sumarse a este pronunciamiento (mediante el enlace que está al inicio de esta nota).
Juntos y juntas podemos evitar que este debate quede capturado por intereses particulares y lograr que las decisiones legislativas respondan realmente al interés público. Instamos a la Asamblea Legislativa a no avanzar con el proyecto de ley N.º 24.932 en sus condiciones actuales, y a abrir un proceso de discusión pública, con enmiendas sustanciales y la incorporación de mecanismos que garanticen transparencia, justicia ambiental y respeto a los derechos de las comunidades.
Organizaciones:
Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre Colectivo Ecologista Liberiano Organización Regenerativa Matzú Insigne Fundación Promar Comité de Enlace Sociedad Civil con Foro INAMU Comité Directivo Territorial INDER #4 Heredia Crea AREMA Centro de Sostenibilidad de Costa Rica COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica Eco Comunidad por la Justicia y la Paz Justa Arte para la Tierra Bloque Verde JPIC – Justicia, Paz e Integridad de la Creación Defensores de la Casa Común UBL (Universidad Bíblica Latinoamericana) Causa Sur – Pérez Zeledón Teatro MileCima IDELA – Universidad Nacional CICDE – UNED Comité Punta Pelencho Casa Aiko Coordinadora Ni Una Sola Mina Centro de Amigos para la Paz Asociación Civil Pro Natura Paralela Personas: Ligia Barrantes Cartín – San Pedro de Pérez Zeledón Flora María Calvo Abarca Óscar Esteban Vindas Alfaro – Santa Bárbara Giselle Arce Fonseca – Paso Canoas Franco Zúñiga Sequeira – San Pedro de Turrubares María Hernández – Concepción, San Isidro de Heredia María Eugenia Delgado Marín – Talamanca, Limón Juan Robles Felipe Coto – Escazú José Pablo González Rojas – Playa Negra, Santa Cruz, Guanacaste Anacristina Rossi – San Antonio de Escazú Silvia Matamoros Pacheco – Salitral de Santa Ana Travis Robert Britzke Bonneville – Tinamaste, Barú, Pérez Zeledón Lilliam Mena Araya Alexander Pérez Gutiérrez Víctor Madrigal Sánchez – Pueblo Nuevo, Garabito Rafael Ángel Sánchez Rojas – Heredia Mónica Alvarado Barzuna – Copey Marvin Amador Guzmán – UCR Luis Carlos Bonilla Soto – Esparza, Puntarenas Asdrúbal Rivera Villanueva – Térraba Wilson Arroyo Oconitrillo – Músico Wilber Cortés Rodríguez Gloriana Araya Campos
Ver análisis completo elaborado por: M.Sc Mauricio Álvarez Mora del Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, de la Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica y del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS-UCR).
Programa Kioscos Socioambientales Universidad de Costa Rica
Por una política global al servicio de la vida; la justicia climática; la paz; la pluriculturalidad originaria y afro; la equidad de género; el derecho a migrar y ser protegido y una tecnología al servicio de los pueblos
Resumen
Hoy, más que nunca, nos debatimos entre dos polos: el de la vida y el de la muerte. Quienes creemos en el derecho a existir denunciamos que ese derecho está siendo violado por los poderosos de cada país, que destruyen la casa común, militarizan el planeta y mercantilizan la tecnología.
Nos resistimos al negacionismo climático, al extractivismo voraz, a la violencia patriarcal y al uso de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta de control, guerra y exclusión.
Desde nuestras siete comisiones de CONVIDA20:
Tecnología de la información / Techo, Tierra, Trabajo y Trascendencia / Paz, No Violencia y Anti-militarización / Pueblos Originarios y Afrodescendientes / Equidad de Género / Crisis Climática / Crisis Migratoria, elevamos esta declaración ante la COP30 en Belém Do Pará, Brasil.
Lo hacemos desde los pueblos de América Latina y el Caribe, desde las comunidades campesinas, rivereñas, indígenas, afrodescendientes, urbanas y populares, desde las espiritualidades vivas que resisten y sueñan.
Esta declaración también recoge el eco de la peregrinación continental de la copresidenta de SICSAL-Mons. Oscar Arnulfo Romero e integrante de nuestra coordinación, Emilie Teresa Smith, quien, desde Vancouver, Canadá, ha recorrido el continente escuchando, conviviendo y recogiendo testimonios de mujeres y hombres defensoras y defensores de los territorios, que enfrentan múltiples violencias, especialmente la institucional, el saqueo de los bienes comunes y la destrucción ambiental con coraje, poesía y organización. Su caminar ha sido un acto de escucha radical, de acompañamiento espiritual y de denuncia profética.
La Inteligencia Artificial, la guerra, el extractivismo, la migración forzada y la crisis climática no son fenómenos aislados: son expresiones de un mismo modelo que pone el lucro, la codicia, por encima de la vida. Frente a ese modelo, proponemos otro horizonte: una humanidad reconciliada con la tierra, con el trabajo digno, con la hospitalidad y la justicia.
No venimos a pedir permiso. Venimos a anunciar que otro mundo está en marcha.
Que los pueblos que migran, las mujeres que cuidan, las juventudes que sueñan y los pueblos originarios y afrodescendientes que resisten ya están construyendo alternativas.
La Alianza Global CONVIDA20 reafirma su compromiso indeclinable con la defensa de la vida en todas sus formas, con la justicia climática, la dignidad de las personas migrantes y refugiadas, las mayorías empobrecidas, la equidad de género, la paz y la espiritualidad encarnada en los pueblos.
Reafirmamos que no habrá justicia ambiental sin justicia social, ni justicia social sin acogida y reconocimiento del otro y la otra. Nos convocamos a seguir tejiendo redes de solidaridad continental, a cuidar los territorios y los cuerpos amenazados, a acompañar a quienes migran por hambre, guerra o sequía, y a construir, desde la ternura de los pueblos y la resistencia, un futuro donde ninguna persona sea descartada ni expulsada de la casa común. Nuestra esperanza es activa, nuestra fe se hace acción y nuestro horizonte es la vida plena para todos los pueblos y todas las criaturas de la tierra.
Vemos, juzgamos y actuamos
Porque no estamos ante una simple coyuntura técnica ni una crisis pasajera.
Estamos frente a una encrucijada histórica que interpela nuestra conciencia, nuestra espiritualidad y nuestra acción política.
Este método —nacido en la juventud obrera católica de Bélgica y asumido por las luchas populares, la teología de la liberación, la pedagogía crítica y los movimientos sociales latinoamericanos— nos permite mirar la realidad con ojos abiertos, corazón sensible y voluntad transformadora.
Ver es dejarse afectar por lo que ocurre: reconocer las heridas del planeta, los rostros de los excluidos, los mecanismos de poder que destruyen la vida.
Juzgar es discernir desde una ética de la vida, confrontando los hechos con los principios de justicia, dignidad, solidaridad y cuidado.
Actuar es comprometerse, construir alternativas y transformar estructuras.
Vemos que:
La crisis climática no solo destruye ecosistemas: también expulsa pueblos enteros de sus territorios, provocando que millones de personas abandonen sus hogares por sequías, inundaciones o aumento del nivel del mar. Se prevé que en 2050 sean más de 250 millones las personas refugiadas climáticas que se verán forzadas a dejar sus hogares por los efectos del calentamiento global: sequías prolongadas, desertificación, pérdida de cultivos, tormentas extremas, saqueo y expoliación de tierras cultivables.
Aunque el término “refugiado” sugiere protección internacional, no existe aún reconocimiento legal bajo la Convención de Ginebra de 1951. Por eso, quienes huyen del colapso ambiental son personas invisibilizadas, criminalizadas o reducidas a cifras, sin protección jurídica ni humanitaria efectiva.
En Europa y en las fronteras de Estados Unidos, la llegada de personas afectadas por crisis ambientales crece cada día más. Proceden de África, de Oriente Medio, de Asia meridional y de América Latina, y el Caribe donde los impactos del cambio climático agravan la pobreza, los conflictos y la inseguridad alimentaria.
El Mediterráneo se ha convertido en una fosa común, y los muros, centros de detención y políticas xenófobas son el rostro más cruel de una civilización que ha perdido su humanidad.
Las guerras, además, contaminan el aire, la tierra y el agua, obligando a poblaciones enteras a migrar incluso después de los conflictos. La migración forzada es hoy el rostro humano del colapso climático y la expresión más extrema de la injusticia ambiental global.
La militarización global representa entre el 5 y el 6% de las emisiones de carbono. Los países que fabrican y exportan armas concentran el 82% del gasto militar mundial y el 67,1% de las emisiones de CO₂. La guerra contamina, deforesta, desplaza y destruye ecosistemas.
Los países del sur global arrastran deudas externas impuestas por organismos financieros internacionales que condicionan sus economías y limitan su desarrollo. Mientras destinan enormes recursos al pago de intereses, millones de personas carecen de salud, educación, tierra, trabajo y techo digno.
La transición energética, basada en el litio y otros minerales raros, está afectando directamente a comunidades que habitan los territorios. En Ecuador, el pueblo Kichwa ha sufrido represión, invasión de tierras y asesinatos por resistir al extractivismo. En México, Guatemala, Colombia y Honduras, mujeres defensoras enfrentan amenazas constantes por proteger el agua, los bosques y la biodiversidad.
Las mujeres —especialmente indígenas, afrodescendientes y campesinas— enfrentan violencias múltiples: patriarcales, extractivistas, racistas. Son ellas quienes sostienen la vida, defienden los territorios, custodian las semillas, y, sin embargo, siguen siendo invisibilizadas, criminalizadas y asesinadas. Su trabajo cotidiano, muchas veces invisible, es esencial para el sostenimiento de la vida y la resistencia comunitaria.
La lucha feminista en este contexto debe ser transversal a la COP30, mirando la realidad desde la desigualdad estructural que viven las mujeres. Esta mirada no es un añadido: es una clave para desmontar las violencias y construir justicia ambiental, social y tecnológica.
La IA ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una fuerza que transforma radicalmente la economía, la política, la naturaleza y la guerra. Su uso masivo genera impactos ecológicos alarmantes: consumo energético desmedido, uso intensivo de agua y minerales críticos, expansión de la huella ecológica de las grandes empresas tecnológicas y atenta contra el pensamiento crítico y la construcción de conocimiento.
Juzgamos que:
La crisis climática es también una crisis ética y espiritual: sin sentido, sin comunidad y sin trascendencia, no hay futuro sostenible. La espiritualidad es el alma de la ecología integral.
Del mismo modo, la crisis migratoria es un espejo moral del mundo. Negar el reconocimiento a las personas desplazadas por causas ambientales es perpetuar un modelo de muerte. Reconocerlas y protegerlas es un deber moral y político. La indiferencia de los estados y las corporaciones, ante el sufrimiento de millones de personas migrantes y refugiadas climáticas constituye una violación estructural de los derechos humanos.
Denunciamos las políticas racistas, xenófobas, aporofóbicas y patriarcales del Norte Global, que levantan muros mientras destruyen ecosistemas ajenos. Denunciamos también la corrupción de muchos gobiernos del Sur, que anteponen el lucro al bienestar de sus pueblos, permitiendo el saqueo extractivista de sus tierras.
Como han afirmado los Papas Francisco y León XIV los cuatro verbos que deben guiar toda política migratoria: acoger, proteger, promover e integrar. Estos principios son también una brújula para la justicia climática.
Acoger a las personas desplazadas es reconocer la interdependencia de la vida; protegerlas es garantizar sus derechos; promoverlas es acompañar su desarrollo humano integral; integrarlas es crear sociedades interculturales y solidarias.
La migración no es un problema: es una consecuencia de las injusticias globales y una oportunidad para reconfigurar el pacto humano desde la fraternidad universal.
Los pueblos originarios y afrodescendientes no son víctimas pasivas: son portadores de soluciones vivas, saberes milenarios y alternativas concretas. Ante cualquier proyecto gubernamental que tenga que ver con la madre naturaleza la consulta a los pueblos es prioritaria y obligatoria.
Las deudas externas y ecológicas son injustas y contrarias al bien común. Las deudas, muchas veces ilegítimas o heredadas de dictaduras, perpetúan la dependencia y el control de los poderosos sobre los pueblos. No se puede exigir a las naciones pobres pagar con el hambre de su gente lo que fue impuesto bajo mecanismos de dominación económica.ç
La IA no es neutral: su desarrollo está guiado por intereses corporativos y militares.
La militarización no garantiza seguridad: la verdadera seguridad es humana y comunitaria: Implica salud, educación, vivienda, trabajo digno y paz.
Actuamos así:
Reclamamos una transición ecológica justa, que respete los territorios y los derechos de los pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes.
Nos sumamos a las acciones por la suscripción del protocolo de no proliferación de combustibles fósiles; también a la exigencia de canje de deuda por acción climática; presión por el aumento del fondo de los países ricos, que sea justo, equitativo y ético, para la mitigación de las pérdidas y daños causados por la crisis climática. De igual manera, cualquier acción de transición energética, ecológica, integral y justa, respetando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos lo que requiere inclusión de garantías a los derechos humanos en las acciones que surjan de la COP30 de Belem do Pará, en Brasil.
Apoyamos la exigencia de auditorías éticas y transparentes de las deudas, promovemos sus condonaciones cuando sean ilegítimas y trabajamos por un nuevo orden financiero internacional basado en la justicia, la solidaridad y la soberanía de los pueblos. Sólo así las economías podrán liberarse de las cadenas que impiden su desarrollo humano integral.
Exigimos la reconstrucción ética de las políticas migratorias globales, con base en el respeto a la dignidad humana y en la responsabilidad compartida ante el cambio climático. Así mismo, promovemos la adopción de marcos jurídicos internacionales que reconozcan el status de “refugiado climático”.
Exigimos que ningún ser humano sea considerado ilegal y que se garantice el acceso universal a educación, salud y seguridad social para todas las personas migrantes. También denunciamos la criminalización de quienes acompañan o defienden los derechos de las personas migrantes, los crímenes de los defensores ambientales y exigimos justicia por los asesinatos, desapariciones y estigmatizaciones.
Apoyamos las redes de solidaridad que, en Europa, América, África, Asia-Pacífico practican los principios de acoger, proteger, promover e integrar, resistiendo a la ultraderecha.
Reclamamos presupuestos públicos para el cuidado comunitario de bosques, ríos, semillas y saberes; para la acogida de personas desplazadas y para políticas de integración que fortalezcan la convivencia intercultural.
Reconocemos y celebramos las identidades, las diversidades sociales y étnicas porque en su expresión se refleja la dignidad y la riqueza de lo humano.
Denunciamos el patriarcado digital que se disfraza de modernidad mientras reproduce las viejas jerarquías del poder: algoritmos que invisibilizan a las mujeres, redes que premian la violencia simbólica y plataformas que lucran con la exposición del cuerpo femenino. Detrás de cada “like” o comentario misógino hay un sistema que perpetúa la desigualdad en el espacio virtual.
Proponemos como alternativa construir una cultura digital feminista, donde la tecnología sea herramienta de emancipación y no de control. Un internet diverso, ético y comunitario, que promueva la voz de quienes fueron silenciadas, y que use la inteligencia colectiva para tejer redes de cuidado, educación y justicia.
Exigimos protección integral para las defensoras de la vida —mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y migrantes— que enfrentan amenazas y violencia.
Apoyamos la regulación y el control democrático de la IA al servicio del bien común y exigimos políticas públicas de alfabetización tecno-política y rechazamos el uso de la IA con fines geopolíticos y militares, de vigilancia o manipulación.
Apoyamos la Campaña Global contra el Gasto Militar, y nos pronunciamos contra las bases militares de EE. UU. y la OTAN en nuestro continente que han ocupado, invadido, y dominado nuestros territorios ricos en bienes naturales y biodiversidad. Igualmente, nos hemos pronunciado contra el entrenamiento y ejercicios militares orientados a prepararse para la guerra y que se realizan cada año generando, al mismo tiempo, contaminación y daño ambiental.
Escuchen el clamor de la tierra.
Escuchen el clamor de los pueblos desplazados.
Escuchen el clamor de las mujeres migrantes que defienden sus cuerpos y territorios.
Porque la vida no se negocia.
Porque la justicia no se posterga.
Porque la paz no se militariza.
Porque la tierra no se vende.
Porque el futuro se construye hoy.
Alianza global CONVIDA20 está integrada por organizaciones y personas de América Latina, El Caribe, Canadá, Estados Unidos, Europa y Asía Pacífico
Conectando la marcha del 8 de noviembre en San José, Costa Rica, para proteger las instituciones públicas, y la política climática en vísperas de la Conferencia Climática de las Naciones Unidas (COP3)
Estimadas y Estimados:
Les escribimos en vísperas de ambas la marcha programada para el 8 de noviembre en San José, Costa Rica, en defensa de las instituciones públicas costarricenses, y la Conferencia Climática de las Naciones Unidas, COP30.
En este momento sin precedente, cuando el planeta está cruzando múltiples limites críticos ecológicos, destacamos la urgencia de resaltar el liderazgo del sector público en enfrentarla emergencia climática.
La narrativa y política climáticas oficiales, sin embargo y como saben, de no solamente esta COP30, sino de los espacios en general donde se elaboran planes para enfrentar la emergencia climática, cada vez más promueven y consolidan como protagonista el sector privado.
Este cambio en liderazgo desde lo público hacia el privado en la política global climática tiene efectos profundos. Sobre todo, en este momento precisamente cuando tenemos que abandonar las industrias extractivistas, y la economía neoliberal que representan—no hay agua ni tierra suficiente para ellas—una política climática privatizada consolida las estructuras de poder corporativo que causan tanto daño ambiental, social, y económico.
Dado que nuestro país tiene un rol casi singular en influir debates sobre el ambiente, les pedimos, sobre todo, resaltar en este momento una visión pública y auténtica para enfrentar las múltiples crisis relacionadas que vivimos.
Desde afuera de los cuartos cerrados donde se forman estos acuerdos, es imposible aun para las personas que cuidadosamente las estudian poder entenderlos. Y sin duda, COP30 producirá otros.
Pero lo que es fácil entender es un lenguaje y una ética en ellos cada vez más ligados al mercado, que nos alejan del bien común, promueven la captura corporativa de la agenda global ambiental, y en esta forma sepultan las conversaciones urgentes que el momento demanda. Estas incluyen:
• Impuestos para las corporaciones y para la 1% de la población más rica
• Impuestos para las industrias extractivas
• Perdonar la deuda en el Sur Global
• Utilizar los presupuestos militares y carcelarios para una transición justa autentica
Lo que urge sobre todo es promover otra conversación, otra mentalidad y espíritu moral, honestos en cuestionar públicamente y con transparencia cuales son los verdaderos costos-beneficios de promover el liderazgo privado en este momento.
Este sábado 8 de noviembre, marchamos para abrir este tipo de conversación auténtica. El modelo neoliberal, y las relaciones e industrias extractivistas que implica, es una sola raíz de los múltiples problemas que vivimos.
Pedimos que ustedes, en los múltiples espacios privados en COP30 donde estarán estas semanas en Brasil y en las conversaciones que sigan, demuestran un liderazgo autentico y exijan este mismo dialogo, asegurando que las entidades causando tanto daño no se enriquecen aún más, y que los ríos, suelos, ecosistemas, comunidades y generaciones futuras, sobrevivamos.
Salimos 9 am, del Parque La Merced hasta la Plaza de las Garantías Sociales.
“Vinieron buscando El Dorado y dejaron desiertos donde había pueblos enteros.” Fray Bartolomé de las Casas
España llegó al Nuevo Mundo no guiada por la ciencia ni por la fe, sino por la desesperación. Europa se moría de hambre, la monarquía estaba endeudada y el oro era la única salida.
Entre 1500 y 1820, los galeones transportaron 180 000 toneladas de plata y 3 500 toneladas de oro, equivalentes a más de 2 billones de dólares actuales, desde los Andes y Mesoamérica hasta Sevilla y Amberes.
El llamado “descubrimiento” fue, en realidad, un asalto sistemático contra civilizaciones que sabían contar el tiempo por las estrellas, construir ciudades flotantes y honrar la tierra como madre. No trajeron el progreso. Trajeron el látigo, la cruz y el hambre. La evangelización fue el disfraz de la codicia. “La cruz fue la coartada, el oro la razón, la esclavitud el método.”
En la Parte 1/2 analizamos los siguientes bloques
Colón y el inicio del saqueo
México, el corazón perforado
Colombia, la ruta del oro y las perlas
Venezuela, la fiebre de las perlas y el cacao
Ecuador, la cruz y la espada
Perú, el oro de los dioses y la sed del imperio
Bolivia, el cerro que lloró sangre
Chile, la frontera del silencio
Seguimos con la Parte 2
Argentina, la conquista del sur
En el extremo austral del continente la conquista se vistió de república, pero mantuvo el alma del imperio. Argentina llevó a cabo uno de los procesos más sistemáticos de exterminio indígena del siglo XIX. La llamada Campaña del Desierto, entre 1878 y 1885, no fue una campaña militar, fue una operación de limpieza étnica planificada por el Estado. Su objetivo declarado era “llevar el progreso” a la Patagonia. En la práctica significó la aniquilación de los pueblos pampas, tehuelches y mapuches, que habitaban esas tierras desde hacía miles de años.
Antes de la llegada masiva de colonos y del avance militar, la población indígena del territorio argentino superaba los 300 000 habitantes, distribuidos desde el norte chaqueño hasta Tierra del Fuego. En menos de medio siglo, esa cifra cayó por debajo de los 30 000 sobrevivientes. Nueve de cada diez desaparecieron bajo el fuego, el hambre y la esclavitud. El genocidio fue tan silencioso que ni siquiera figura en los censos nacionales hasta bien entrado el siglo XX.
Los registros oficiales y las crónicas de época hablan de más de 20 000 indígenas asesinados, 15 000 esclavizados y otros 10 000 deportados hacia Buenos Aires y el norte del país. En total, más de 45 000 personas fueron borradas de su territorio y de la historia. Las mujeres y los niños fueron repartidos como sirvientes entre las familias de las élites, y los hombres sobrevivientes enviados como mano de obra a los ingenios azucareros o al ejército. La Sociedad Rural Argentina celebró la expansión de la frontera como “la victoria de la civilización sobre la barbarie”. El progreso llegó con fusiles Remington y cruces bendecidas.
Detrás de esa masacre vino el reparto de tierras. Más de 40 millones de hectáreas —un área mayor que Italia— fueron entregadas a menos de 2 000 terratenientes. Familias como los Martínez de Hoz, Anchorena o Menéndez construyeron fortunas sobre el despojo. Las pampas se llenaron de vacas y alambrados, y los pueblos originarios desaparecieron de los censos, convertidos en peones invisibles de una nación que se fundó sobre su tumba.
El saqueo no fue solo humano, también material. Argentina exportó entre 1880 y 1914 más de 800 millones de dólares en carne y cuero y más de 500 millones en cereales, equivalentes hoy a más de 40 000 millones USD actuales. Esa riqueza sostuvo el crecimiento de Europa mientras el sur quedaba vacío de pueblos y lleno de estancias. Las campañas al desierto abrieron el camino al capitalismo agrario y sellaron la pérdida del equilibrio ancestral entre el hombre y la tierra.
En las escuelas se enseñó que aquello fue una gesta heroica. En realidad, fue un genocidio con uniforme. Los que resistieron en silencio, los últimos mapuches y tehuelches del sur, mantuvieron encendida la memoria. Y esa memoria sigue ardiendo.
“Bajo la bandera de una república nacida del exterminio, el desierto nunca fue desierto, fue cementerio.”
Paraguay, la resistencia guaraní
Paraguay fue la utopía que Europa no toleró. Las reducciones jesuíticas, levantadas entre los siglos XVII y XVIII, albergaron más de 300 000 guaraníes que trabajaban sin esclavitud, compartían la tierra y producían música, ciencia y alimentos en equilibrio con la naturaleza. En ese territorio se construyeron más de 30 pueblos autónomos, con hospitales, talleres, imprentas y orquestas, un nivel de desarrollo que ninguna colonia española o portuguesa conocía.
Cuando la monarquía entendió que allí había un ejemplo de autogobierno indígena y solidario, envió su castigo. Entre 1750 y 1768 las tropas ibéricas arrasaron las reducciones, quemaron templos y esclavizaron a decenas de miles. El robo de tierras superó los 8 millones de hectáreas, y los bienes confiscados (oro, ganado, madera y yerba mate) equivaldrían hoy a más de 200 000 millones de dólares. Fue el inicio del exterminio sistemático de un modelo de sociedad justa.
La tragedia se repitió en el siglo XIX. Paraguay, ya independiente, se negó a endeudarse con bancos europeos y mantuvo una economía autárquica, libre de dominio extranjero. Esa independencia fue su condena. En la Guerra de la Triple Alianza (1864–1870), alentada por Gran Bretaña e instrumentada por Brasil, Argentina y Uruguay, el país perdió el 80 % de su población masculina.
De 1,3 millones de habitantes quedaron apenas 220 000, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. El saqueo posterior destruyó lo poco que quedaba: los vencedores se repartieron 160 000 km² de territorio, equivalente a una pérdida económica superior a 500 000 millones de dólares actuales.
Las minas de hierro, los bosques del Chaco, los cultivos y el ganado fueron vendidos a compañías extranjeras a precios de liquidación. Los archivos históricos calculan que entre 1870 y 1900 las exportaciones impuestas por los ocupantes sumaron más de 300 millones de dólares de la época, equivalente a 15 000 millones actuales, en maderas, cueros y minerales. El Paraguay quedó convertido en ruina, pero no en silencio. Las mujeres reconstruyeron el país con manos vacías. Los guaraníes resistieron la extinción cultural, preservando su lengua y su memoria.
“Lo que España, Portugal y sus herederos no entendieron fue que la verdadera riqueza no era el oro ni la tierra, sino la dignidad de un pueblo que nunca aceptó ser esclavo.”
Brasil, el látigo portugués
Brasil fue la mina y la plantación más cruel del imperio portugués.
Cuando Pedro Álvares Cabral desembarcó en 1500, más de 5 millones de indígenas habitaban el territorio, organizados en más de 1.400 pueblos y etnias que vivían del bosque, de los ríos y de la pesca. Su cosmovisión no conocía la propiedad privada ni la codicia. En menos de un siglo, esa población fue reducida a menos de 1 millón de sobrevivientes, víctimas de la esclavitud, las epidemias y la caza humana.
Américo Vespucio, el navegante florentino que acompañó las primeras expediciones portuguesas, marcó los mapas con su nombre y borró los de los pueblos que encontró. Brasil nunca lo perdonó: su nombre quedó como sinónimo de impostura y despojo.
Durante más de tres siglos (1500–1822), Portugal saqueó el país con precisión matemática.
El valor total de los recursos extraídos supera los 3,2 billones de dólares actuales (estimaciones comparadas con el PIB y la cotización del oro histórico).
1,1 billones USD provienen del oro de Minas Gerais, Goiás y Bahía, donde se extrajeron más de 1.100 toneladas entre 1690 y 1820.
1 billón USD corresponde al comercio de azúcar, tabaco, maderas y algodón, productos que transformaron a Lisboa en el puerto más rico del Atlántico.
Y más de 1 billón USD fue generado por trabajo esclavo no remunerado, con 5 a 5,5 millones de africanos capturados, de los cuales más de un millón murió en la travesía.
El puerto de Salvador de Bahía fue el epicentro del tráfico humano, y el de Río de Janeiro, la puerta del oro. Solo entre 1700 y 1800 se exportaron 3.000 toneladas de oro y 12 millones de toneladas de azúcar, equivalentes a unos 2,5 billones USD de riqueza robada. Las selvas atlánticas pagaron el precio: más de 80 millones de hectáreas deforestadas para los cañaverales y minas, y 6 millones de indígenas exterminados entre 1500 y 1800.
Brasil fue un laboratorio de la esclavitud industrial.
Los barcos portugueses llevaban cuerpos, no mercancías. Los capataces medían el valor de un hombre por la fuerza de sus músculos y el color de su piel. En las minas de Ouro Preto y Sabará, los esclavos morían antes de los 30 años. La tierra se volvió un cementerio sin cruces.
Y sin embargo, en medio del horror, surgió la resistencia. En Palmares, Zumbi y su pueblo fundaron el mayor quilombo de América, una república libre que sobrevivió un siglo al látigo portugués. Allí, el tambor sustituyó la cadena y la dignidad volvió a pronunciar su nombre.
“Brasil fue el espejo donde se vio el verdadero rostro del colonialismo: oro, azúcar, sangre y silencio. Nada más, y nada menos”
El saqueo continental
Durante más de tres siglos, América fue desangrada para financiar el ascenso de Europa.
De Alaska a Tierra del Fuego, de Veracruz a Potosí, de Cartagena a Bahía, el continente entregó su oro, su plata, su gente y su alma. Ningún imperio, antes ni después, extrajo tanto de un territorio conquistado.
Cifras duras del despojo (1492–1824)
Recurso o concepto · Volumen estimado · Valor actual aproximado (USD 2025) Principales potencias beneficiadas
Oro
180 000 toneladas
11 billones USD
España, Portugal
Plata
150 000 toneladas
5,8 billones USD
España
Azúcar y tabaco
200 millones toneladas
2,3 billones USD
Portugal, España, Holanda
Cacao, algodón, añil y maderas
1,2 billones USD
España, Portugal, Inglaterra
Trabajo esclavo africano (≈15 millones de personas)
14 billones USD (valor de producción no pagado)
Portugal, España, Inglaterra
Tierras usurpadas a pueblos originarios
80 millones km²
Incalculable
Todos los imperios europeos
Pérdida demográfica indígena
De 70 millones a 4 millones en 200 años
Genocidio reconocido
El total estimado del saqueo supera los 34 billones de dólares en valores presentes.
Esa riqueza alimentó el nacimiento del capitalismo europeo, la revolución industrial británica, la expansión naval de Portugal y la banca española que aún sostiene fortunas coloniales. Cuerpos y riquezas viajaban en la misma dirección:
América sangraba hacia Europa, África lloraba esclavos, Europa contaba monedas.
En México, los templos fueron fundidos para llenar galeones.
En Perú y Bolivia, los hombres murieron bajo montañas que no eran suyas.
En el Caribe, las islas quedaron vacías de taínos y llenas de africanos encadenados.
En Brasil, la selva se convirtió en plantación y el cuerpo humano en moneda.
En Chile y Argentina, los pueblos mapuches y pampas fueron cazados en nombre del progreso.
El saldo humano:
Más de 60 millones de muertos, entre indígenas exterminados, esclavos africanos y mestizos desplazados.
Más de 400 lenguas desaparecidas.
Más de 5.000 años de culturas arrasadas.
El saldo económico:
Un continente empobrecido que nunca recibió reparación, y una Europa que construyó su modernidad sobre un crimen impune.
El “descubrimiento” fue un eufemismo para el robo, y la “evangelización” una máscara para la esclavitud.
Eduardo Galeano lo escribió sin temblar la pluma:
“Las venas de América Latina siguen abiertas, porque nunca se cerraron. Solo cambiaron de manos los bisturíes.”
América no fue descubierta. Fue desposeída.
Los imperios europeos construyeron su riqueza sobre los huesos del continente y la memoria de los pueblos originarios.
Y mientras en Europa se levantaban catedrales, aquí se cavaban fosas.
El saqueo no terminó en 1824.
Hoy continúa en las minas, en los contratos, en los tratados comerciales y enlas multinacionales que siguen cobrando en oro lo que compran en silencio.
“Nada quedó fuera del botín: ni los cuerpos, ni los dioses, ni la tierra.”
El balance del saqueo
América entera fue convertida en una inmensa mina abierta, una plantación infinita, un taller sin salario. En tres siglos de dominio ibérico se exportaron hacia Europa más de 330.000 toneladas de oro y plata, equivalentes hoy a más de 16 billones de dólares. Con ese metal se financiaron las coronas de España y Portugal, las guerras de Europa y el nacimiento del capitalismo moderno.
El costo humano fue igual de descomunal. De los 70 millones de habitantes que poblaban el continente antes de la llegada de Colón, más de 60 millones fueron exterminados por las armas, las epidemias, el hambre o el trabajo forzado. Cada tonelada de oro enviada a Sevilla costó miles de vidas indígenas. Cada cargamento de azúcar o tabaco representó pueblos enteros desaparecidos.
Los virreinatos no fueron administraciones: fueron empresas extractivas al servicio del saqueo. En México, Perú y Bolivia se abrieron las entrañas de la tierra. En el Caribe y Brasil se arrancaron cuerpos de África para sembrar con látigos.
En Chile y Argentina se expropiaron tierras a fuego. En toda América se impuso una misma ecuación: riqueza europea, pobreza americana.
Mientras Europa construía catedrales con el oro robado, América levantaba tumbas. España y Portugal alimentaron el lujo de sus cortes y el poder de sus bancos, pero dejaron tras de sí un continente mutilado, desangrado, endeudado desde su origen.
Los archivos del saqueo no son leyendas: están en los galeones hundidos, en las cuentas de los Fugger alemanes, en las fortunas de Sevilla y Lisboa que aún brillan con oro americano.
Europa se civilizó con sangre ajena.
Y cuando el oro se agotó, empezó la nueva rapiña: las repúblicas endeudadas, las compañías extranjeras, las concesiones mineras. Nada cambió, solo cambió el nombre del dueño.
“Los conquistadores se fueron, pero los banqueros se quedaron.” Galeano
Reflexión sobre lo ocurrido
América no fue descubierta, fue interrumpida.
Antes de 1492 existían civilizaciones que conocían el cielo, los ciclos del agua, la arquitectura sin hierro y la medicina sin bisturí. Los pueblos originarios del continente no necesitaban redentores ni maestros, porque habían construido un equilibrio entre naturaleza y espíritu que Europa no entendía.
El “descubrimiento” fue en realidad una amputación: la ruptura de una historia que avanzaba por su propio cauce. La espiritualidad indígena fue reemplazada por la codicia cristiana. En nombre de Dios se destruyeron templos que no hacían daño a nadie, se impusieron dogmas sobre pueblos que nunca habían necesitado infiernos ni paraísos para entender la vida. Las almas se contaban como botines y la conversión se pagaba con sangre.
El oro se convirtió en sacramento, la tierra en mercancía, el hombre en instrumento. El Evangelio se usó como espada, y la cruz fue el primer estandarte del extractivismo.
Las cifras son tan elocuentes como los silencios.
Entre 1492 y 1824 se calcula que más de 80 millones de personas fueron asesinadas, esclavizadas o murieron a consecuencia directa del sistema colonial.
La Iglesia recibió entre el 10% y el 20% de las riquezas extraídas en América (lo que hoy equivaldría a más de 3 billones de dólares) a cambio de bendecir el genocidio y coronar la impunidad.
El cielo se llenó de santos, y la tierra de tumbas.
El saqueo no terminó: cambió de nombre y de bandera.
Hoy se llama minería a cielo abierto, deuda externa, tratados de libre comercio, inversiones extranjeras directas.
Los galeones se transformaron en multinacionales, los encomenderos en corporaciones, las mitas en contratos laborales.
América sigue exportando lo mismo: oro, litio, cobre, soja, energía y silencio.
Europa se enriqueció con la sangre del sur y ahora la llama “ayuda al desarrollo”.
Estados Unidos repite el patrón y lo llama “cooperación estratégica”.
Nada es nuevo, solo cambian los uniformes.
“No fueron los dioses los que nos abandonaron, fuimos nosotros los que les entregamos la tierra.” Subcomandante Marcos
“América no fue un milagro que se perdió, fue una herida que aún respira.”
El mayor exterminio de la historia
Ninguna guerra moderna igualó la devastación del siglo XVI y sus siglos siguientes. La cuenta de los muertos no es una metáfora, es un padrón de ausentes país por país.
México
Población estimada antes de 1521: veinticinco millones. Un siglo después, menos de dos millones. Más de veintitrés millones de vidas perdidas por guerras, epidemias, trabajos forzados y hambre.
Colombia
Población indígena estimada al contacto, entre tres y cinco millones en el territorio histórico muisca, quimbaya y caribe. Hacia 1700, menos de ochocientos mil. Entre dos y cuatro millones de muertos y desaparecidos. Más de un millón doscientos mil africanos subastados en Cartagena, vidas rotas que también cuentan en la pérdida humana.
Venezuela
Pueblos arawak y caribe en el oriente y centro norte con unos quinientos mil habitantes a inicios del siglo XVI. Tras el siglo de las perlas y las plantaciones, menos de cien mil sobrevivientes en la franja costera. Cuatrocientos mil exterminados o desplazados. Medio millón de esclavos africanos forzados al cacao, otra herida en la misma cuenta.
Ecuador
Cañaris, quitos y paltas sumaban cerca de un millón y medio antes de la conquista. Hacia 1700 quedaban menos de quinientas mil personas indígenas. Un millón desaparecido por epidemias, minas y mita. Trescientas mil muertes atribuidas a circuitos mineros y traslados forzados según registros coloniales.
Perú
Tahuantinsuyo con más de diez millones de habitantes antes de 1532. Un siglo después, poco más de un millón. Nueve de cada diez personas ausentes. Millones muertos en el corredor Cajamarca- Cusco- Potosí y Huancavélica.
Bolivia Alto Perú
Población originaria en el área andina y altiplánica: entre ocho y diez millones según estimaciones históricas previas. Un siglo y medio después, menos de un millón. Más de nueve millones perdidos por mita, minas y epidemias. Ocho millones de muertos asociados a la plata de Potosí según crónicas y padrones de repartimiento.
Chile
Población mapuche, diaguita, aymara y selk’nam: cercana a un millón antes de la ocupación hispana. Entre siglo XIX y primeras décadas del XX las campañas y epidemias dejan menos de doscientos cincuenta mil indígenas registrados. Más de setecientas cincuenta mil vidas perdidas o borradas del censo. En la llamada pacificación del sur, más de cien mil muertos y ochenta mil desplazados.
Argentina
Población indígena superior a trescientos veinte mil antes del avance militar decimonónico. A fines del XIX, menos de veinticinco mil reconocidos. Más del noventa por ciento exterminado o asimilado por la fuerza. Cuarenta y cinco mil víctimas directas entre asesinados esclavizados y deportados en la Campaña del Desierto. Cuarenta millones de hectáreas arrebatadas, que expulsaron a comunidades enteras.
Paraguay
En el ciclo jesuítico más de trescientos mil guaraníes organizados en reducciones. Tras la expulsión de los jesuitas y el reparto de tierras quedan comunidades fragmentadas. En la Guerra de la Triple Alianza, población total de un millón trescientos mil. Al terminar sobreviven doscientos veinte mil, en su mayoría mujeres y niños. Más de un millón de muertos y desaparecidos. Pérdida territorial y económica que condenó a generaciones.
Brasil
Población indígena superior a cinco millones en 1500. Un siglo después, menos de un millón. Seis millones de indígenas muertos por caza humana, epidemias y servidumbre. Entre cinco y cinco millones y medio de africanos esclavizados trasladados a ingenios y minas. Más de un millón fallecido en la travesía atlántica antes de tocar tierra.
Este es el inventario del vacío. Detrás de cada cifra hubo un nombre, una lengua, una ceremonia. un río sagrado. El crimen se llamó conquista, evangelización y progreso. La herida sigue abierta.
Los pueblos no murieron.
Resisten en sus lenguas, en su música, en su memoria.
Hablan con los mismos sonidos con que saludaban al sol antes de la llegada de las carabelas.
Sus cantos suben desde el altiplano, cruzan la selva y bajan por el Amazonas como si el tiempo nunca hubiera pasado.
El conquistador creyó haberlos enterrado, pero solo los cubrió de silencio.
Cada idioma indígena que sobrevive es una victoria sobre el olvido.
Cada niño que aprende una palabra en quechua, mapudungun o guaraní es una derrota de quinientos años de sometimiento.
La historia no puede reescribirse, pero sí contarse con dignidad.
América no pide perdón, exige respeto.
El saqueo se escribió con sangre, la memoria se escribe con verdad.
El futuro pertenece a los pueblos que recuerdan.
Y en ese recuerdo está la fuerza de una tierra que sigue girando, herida pero viva, bajo el mismo sol que vio nacer a sus primeros hombres.
“Lo que fue saqueado con sangre debe ser devuelto con verdad.”
Bibliografía
Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552)
Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno (1615)
Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina (Siglo XXI, 1971)
ONU, Informe sobre genocidios históricos y derechos de los pueblos indígenas (2019)
CEPAL, Estimaciones económicas históricas del saqueo colonial (2024)
FAO y UNESCO, Lenguas y culturas originarias en riesgo de extinción (2023)
“Vinieron buscando El Dorado y dejaron desiertos donde había pueblos enteros.” Fray Bartolomé de las Casas
España llegó al Nuevo Mundo no guiada por la ciencia ni por la fe, sino por la desesperación. Europa se moría de hambre, la monarquía estaba endeudada y el oro era la única salida.
Entre 1500 y 1820, los galeones transportaron 180 000 toneladas de plata y 3 500 toneladas de oro, equivalentes a más de 2 billones de dólares actuales, desde los Andes y Mesoamérica hasta Sevilla y Amberes.
El llamado “descubrimiento” fue, en realidad, un asalto sistemático contra civilizaciones que sabían contar el tiempo por las estrellas, construir ciudades flotantes y honrar la tierra como madre. No trajeron el progreso. Trajeron el látigo, la cruz y el hambre. La evangelización fue el disfraz de la codicia.
“La cruz fue la coartada, el oro la razón, la esclavitud el método.”
Colón y el inicio del saqueo
Todo comenzó con una mentira. La historia repitió durante siglos que Colón buscaba una nueva ruta hacia las Indias, cuando en realidad perseguía oro, esclavos y prestigio. En 1492, España era un reino endeudado, rural y analfabeto. La guerra contra los moros había dejado al país exhausto y la nobleza quebrada. El viaje de Colón fue financiado con préstamos de banqueros genoveses y con la promesa de botines. No fue una expedición científica ni espiritual, fue la apuesta desesperada de un imperio hambriento.
Cuando las carabelas llegaron al Caribe, comenzó la noche del continente. Las Antillas fueron el primer laboratorio del saqueo. En menos de cincuenta años, más de un millón de taínos fueron esclavizados o exterminados en las minas de oro de La Española y Cuba. La población indígena de Haití pasó de 300 000 personas a menos de 500 a mediados del siglo XVI. Las crónicas de Fray Bartolomé de las Casas describen horrores inimaginables: niños arrojados a los perros, mujeres violadas, hombres marcados con hierro ardiente como ganado. La conquista fue la industrialización del dolor.
El oro extraído en esas primeras décadas fue enorme para la época. Solo entre 1493 y 1520, las minas de La Española y Puerto Rico enviaron a Sevilla más de 30 toneladas de oro, equivalentes hoy a USD 2 000 millones. Ese flujo de riqueza salvó a una España en bancarrota y alimentó el ascenso financiero de Flandes y Génova.
Pero tras cada lingote había una tumba anónima. Cuando los taínos desaparecieron, comenzaron a llegar los barcos negreros. Más de 400 000 africanos fueron traídos al Caribe en el primer siglo del dominio español. El trabajo forzado reemplazó la vida y el océano se transformó en cementerio.
Así nació el sistema colonial: oro hacia Sevilla, cuerpos al trabajo y silencio hacia la conciencia. El intercambio desigual más brutal de la historia humana. Las islas del Caribe quedaron vacías, sus selvas taladas, sus pueblos borrados del mapa. Europa celebró el “descubrimiento”, pero lo que descubrió fue su propia codicia. Colón abrió una puerta que no llevaba a la gloria, sino al infierno. De aquel viaje surgió la maquinaria que desangraría América durante tres siglos.
“El precio de ese “nuevo mundo” fue la muerte del viejo equilibrio del planeta.”
México, el corazón perforado
México fue el punto cero del saqueo. Allí comenzó la maquinaria que cambió el destino del continente y que convirtió la riqueza en ruina, la fe en violencia y la palabra “civilización” en una máscara del exterminio. En 1521 cayó Tenochtitlán, una ciudad que deslumbraba por su orden, su higiene y su arte. Las crónicas de los propios conquistadores reconocen que ninguna urbe europea igualaba su grandeza. Los canales de agua, los mercados de flores, las calzadas flotantes y los templos relucían como un espejo de equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Hernán Cortés no conquistó una aldea salvaje, destruyó una civilización más avanzada que la suya.
De esa ciudad nació el botín que alimentaría durante tres siglos al imperio español. Zacatecas, Guanajuato y Taxco se transformaron en heridas abiertas, minas de plata que devoraron montañas y hombres. Entre 1530 y 1820 se extrajeron más de 40 000 toneladas de plata, una riqueza equivalente hoy a 500 000 millones de dólares. Cada moneda acuñada en Sevilla llevaba el polvo de los pulmones indígenas que morían en los socavones sin aire. La riqueza viajó en galeones a Flandes, Génova y Roma, mientras en los pueblos de México quedaban la peste, el hambre y la soledad.
La población originaria pasó de 25 millones a menos de 2 millones en apenas un siglo. El colapso fue demográfico, espiritual y moral. La viruela llegó como un ejército invisible, los encomenderos como verdugos legales y los frailes como testigos que callaban ante la barbarie. Bartolomé de las Casas escribió: “Lo que hicieron no tiene nombre entre los hombres.” Tenía razón. Lo que ocurrió no fue una conquista, fue una amputación colectiva de un continente que respiraba sabiduría y fue condenado al silencio.
México fue el laboratorio de la conquista, la fábrica del modelo colonial que después se replicaría en Perú, Bolivia y toda América. La cruz se levantó sobre los templos destruidos, los códices fueron quemados, las lenguas prohibidas, las mujeres violadas. De esa noche larga nació un país saqueado y fragmentado que aún busca su alma entre ruinas de oro y lágrimas de maíz. El corazón de México fue perforado por la ambición de un imperio que jamás pidió perdón.
“Y ese agujero sigue latiendo, recordando al mundo que el verdadero oro era la vida que se perdió.”
Colombia, la ruta del oro y las perlas
Colombia fue una de las arterias doradas del imperio español. En sus montañas y ríos, los pueblos muiscas y quimbayas habían convertido el oro en una ofrenda al sol, no en una mercancía. Era símbolo de equilibrio y de comunión con la naturaleza. Los conquistadores confundieron esa espiritualidad con barbarie y la destruyeron con acero. Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federmán llegaron con espadas y cruces, pero detrás de las cruces viajaban los banqueros europeos. Lo que para los pueblos originarios era sagrado, para España era botín.
Entre 1537 y 1820, las minas y ríos de Antioquia, Popayán, Chocó y Mariquita enviaron a Sevilla más de 2 millones de onzas de oro y 1 200 toneladas de plata, que equivalen hoy a más de 160 000 millones de dólares. En la ruta del Caribe, los galeones zarpaban desde Cartagena repletos de lingotes, vasijas fundidas y joyas arrancadas de templos sagrados. Ninguna de esas riquezas quedó en América. Todo fue consumido por los gastos bélicos del imperio español y por los banqueros de Flandes y Génova que financiaban sus guerras. Cada lingote representaba la vida de un hombre, la ruina de una aldea, la desaparición de una lengua.
Cartagena se convirtió en el mayor mercado de esclavos del Caribe. Más de 1,2 millones de africanos fueron subastados en sus plazas durante tres siglos. Cada cuerpo vendido generó ingresos equivalentes a 8 000 dólares actuales, lo que eleva el valor total de la trata en territorio colombiano a más de 9 000 millones de dólares. Era la economía de la crueldad, el comercio de la deshumanización.
Las perlas del Caribe también escribieron su capítulo de horror. En las costas de Santa Margarita y Cabo de la Vela, más de 200 000 perlas fueron extraídas entre los siglos XVI y XVII, valoradas hoy en más de 500 millones de dólares. Cada perla costó tres vidas humanas. Los buzos indígenas morían sin aire en el fondo del mar, sin nombre ni tumba.
Colombia fue saqueada por tierra y por mar. El oro y la plata viajaron a Europa, las cadenas y los cadáveres quedaron en América. En las catedrales de Sevilla y Toledo aún brilla el oro que nació en los ríos del Cauca y murió en el pecho de sus pueblos.
“El imperio español se levantó sobre esas minas, y esas minas aún gritan bajo tierra.”
Venezuela, la fiebre de las perlas y el cacao
Venezuela fue uno de los primeros territorios donde el mar se convirtió en mina. En las islas de Cubagua, Margarita y Cumaná nació el saqueo colonial del Caribe. Allí los pueblos arawak y caribe, que vivían del trueque y del agua, fueron reducidos a esclavos. Se los obligó a bucear sin descanso para arrancar perlas del fondo marino. El brillo del tesoro ocultaba la asfixia. Las crónicas del siglo XVI relatan que los indígenas bajaban con piedras atadas al cuerpo, sin cuerda ni aire, hasta que la sangre les salía por la nariz. Cada perla era una muerte.
Entre 1520 y 1620, las costas venezolanas produjeron más de 300 000 perlas naturales, enviadas a Sevilla, Lisboa y Amberes, valoradas hoy en más de 100 millones de dólares. Ese tesoro marino decoró los cuellos de las reinas europeas y las coronas de los príncipes, pero no dejó nada en el Caribe salvo huesos y silencio. Las comunidades originarias de Cubagua fueron exterminadas en menos de treinta años. La isla, antes llamada “la joya del mar”, quedó desierta y olvidada.
Cuando el mar se agotó, comenzó el saqueo de la tierra. En el siglo XVIII, Venezuela se convirtió en el mayor exportador de cacao del planeta. Más de 250 000 toneladas fueron enviadas a Europa, equivalentes a 5 000 millones de dólares actuales. Aquellas plantaciones, levantadas en las riberas del Orinoco y en las tierras de Barlovento, se sostuvieron sobre el trabajo forzado de medio millón de esclavos africanos.
Cada fruto dulce escondía el amargo sabor del látigo. El cacao reemplazó al oro y la esclavitud reemplazó a la dignidad.
El oro de los ríos de Guayana y del Caroní también fue arrancado con violencia. En tres siglos salieron de territorio venezolano más de 500 toneladas de oro, equivalentes a 32 000 millones de dólares actuales. Ni una sola onza quedó en el país. Todo fue fundido en Sevilla, enviado a los banqueros de Flandes o invertido en guerras europeas que nunca conocieron el rostro del indio ni del esclavo.
Venezuela fue un laboratorio de la rapiña imperial. El mar, la tierra y el río se convirtieron en mercancías. Las perlas se agotaron, el oro se perdió, el cacao cambió de dueño. Pero la memoria quedó. El Caribe aún guarda el eco de los buzos que no regresaron, los campos de cacao aún huelen a sudor y a cadenas.
“Esa riqueza manchada de sangre fue el primer pilar del lujo europeo.”
Ecuador, la cruz y la espada
Ecuador fue una tierra de oro y montaña, donde la codicia española hundió sus raíces en nombre de la fe. Las vetas de Zaruma, Loja y Nambija brillaban mucho antes de que llegaran los conquistadores. Los pueblos cañaris y paltas trabajaban el metal como arte ritual, no como mercancía. Cuando Sebastián de Benalcázar cruzó los Andes en busca del “país de la canela”, trajo consigo soldados, perros, pestes y una cruz que se clavó como espada. La corona llamó evangelización a lo que fue sometimiento y llamó civilización al despojo.
Entre 1535 y 1820, las minas de Zaruma, Portovelo y Loja enviaron a Sevilla más de 250 toneladas de oro y 900 toneladas de plata, equivalentes a más de 65 000 millones de dólares actuales. Esa riqueza monumental nunca regresó a la tierra que la produjo. Las ciudades coloniales crecieron sobre las espaldas de los indígenas forzados a trabajar bajo el sistema de mita. En los socavones de Zaruma, a 3 000 metros de altura, miles de hombres murieron respirando polvo de azufre y fe. Los registros coloniales estiman más de 300 000 indígenas muertos en tres siglos de explotación. Ninguno figura en las catedrales que se construyeron con su oro.
Las misiones religiosas acompañaron cada expedición minera. Los frailes establecieron reducciones para domesticar la fe y asegurar el trabajo. En los valles de Loja se levantaron escuelas para enseñar obediencia, no conocimiento. En las iglesias se fundió el oro indígena para moldear santos europeos. En nombre de Cristo, se bendijo la esclavitud. En nombre del cielo, se robaron los ríos.
El siglo XVIII trajo la rebelión de los pueblos del norte y del sur, pero el precio fue brutal. Cientos fueron ejecutados en Riobamba y Quito. El virreinato respondió con pólvora y penitencia. Galeano escribiría siglos después: “El oro brilla, pero no alumbra.” Tenía razón. El oro de Ecuador iluminó palacios lejanos mientras oscurecía las montañas que lo parieron. Hoy las galerías de Zaruma siguen abiertas, perforadas por nuevas manos que repiten el ciclo. Las empresas modernas llevan otro nombre, pero la herida es la misma.
“La cruz y la espada siguen colgando sobre el país, recordando que la evangelización fue la máscara más elegante del saqueo.”
Perú, el oro de los dioses y la sed del imperio
En Perú la conquista alcanzó su forma más brutal. Los españoles no sólo robaron un imperio, destruyeron una civilización que había domesticado la montaña y convertido la altura en templo. El Tahuantinsuyo, con más de 10 millones de habitantes, era la arquitectura viva de la sabiduría andina. Cuando llegaron los conquistadores, esa población fue reducida en menos de un siglo a poco más de un millón de sobrevivientes. Nueve de cada diez personas fueron exterminadas por la guerra, las epidemias, la esclavitud y el hambre. Ninguna peste natural puede compararse con la devastación que trajo la codicia.
El imperio inca había logrado unir desde Quito hasta el río Maule un territorio de más de 4 000 kilómetros, conectado por 40 000 kilómetros de caminos. Era una civilización sin hambre, sin mendigos y sin monedas. Allí la tierra era madre y el trabajo era sagrado. Todo cambió en 1532, cuando Francisco Pizarro capturó a Atahualpa, el último gran soberano inca, en Cajamarca.
Atahualpa ofreció su libertad a cambio de llenar una habitación de oro hasta donde alcanzara la mano de un hombre. Cumplió su palabra. En pocos meses se reunieron más de 7 toneladas de oro y 13 toneladas de plata, equivalentes hoy a 1 200 millones de dólares. Fue un rescate único en la historia, pero no hubo trato. Atahualpa fue ejecutado por garrote, y con él murió el equilibrio del mundo andino. La codicia se impuso sobre la palabra. Desde ese día, el oro de los dioses se transformó en moneda del crimen.
Potosí, fundado en 1545, fue el emblema de la fiebre minera colonial. En sus entrañas se extrajeron 60 000 toneladas de plata pura, una riqueza que hoy equivaldría a más de 750 000 millones de dólares. Esa montaña, llamada por los cronistas “el cerro que alimenta a los reyes”, devoró más de 8 000 vidas cada año.
Los indígenas eran reclutados por la mita, un sistema de trabajo forzado que los arrancaba de sus familias y los condenaba a la oscuridad. La esperanza de vida dentro de las minas era de apenas 25 años. Ni siquiera el infierno cristiano imaginó algo tan eficaz.
El mundo moderno nació con ese saqueo. Europa acumuló capital, América acumuló muerte. Las catedrales españolas aún brillan con el sudor andino. Bajo cada altar de oro reposa el cuerpo anónimo de un minero que nunca conoció el mar.
“Esa fue la verdadera misa del imperio: el sacrificio del hombre en nombre del metal.”
Bolivia, el cerro que lloró sangre
En Bolivia la tierra se convirtió en tormento. El Cerro Rico de Potosí, descubierto en 1545, fue el corazón ardiente del saqueo español. Los cronistas decían que con la plata extraída de esa montaña se habría podido construir un puente desde América hasta Madrid. No era una metáfora, era una condena. En casi tres siglos se extrajeron más de 60 000 toneladas de plata pura, cuyo valor actual supera el billón de dólares. Ningún banco moderno ha concentrado tanta riqueza en tan poco tiempo y con tanta muerte como el imperio español en los Andes.
Cada año eran enviados 45 000 indígenas desde las provincias del Alto Perú y del Cuzco a trabajar en el infierno subterráneo. Eran hombres y adolescentes reclutados por la mita, un sistema de esclavitud disfrazado de obligación. Entraban cientos a la mina cada semana y salían unos pocos vivos. Las condiciones eran inhumanas: polvo tóxico, derrumbes, trabajo de 20 horas, sin aire, sin luz, sin esperanza. Los sacerdotes bendecían la entrada del socavón, pero no el alma del minero. La montaña se tragaba generaciones enteras.
Antes de la llegada de los españoles el territorio que hoy es Bolivia tenía una población estimada de entre 8 y 10 millones de habitantes, organizados en señoríos aimaras y comunidades quechuas, con una red agrícola y cultural que se extendía desde el Titicaca hasta los valles tropicales. Un siglo después quedaban menos de un millón de sobrevivientes. Más del 90 % de la población originaria fue exterminada por guerras, epidemias, hambrunas y trabajo forzado. Esa desaparición masiva es uno de los mayores genocidios demográficos de la historia humana.
Los registros del siglo XVII hablan de más de 8 millones de muertos entre indígenas y esclavos africanos. Es una cifra que no tiene comparación en la historia minera de la humanidad. Mientras tanto, los galeones partían rumbo a Sevilla cargados con lingotes de plata que financiaron el siglo de oro español, las guerras europeas y las cortes del Vaticano. América se vaciaba para llenar cofres ajenos.
El saqueo no solo fue económico, fue espiritual. Las culturas del altiplano, que veneraban a la Pachamama, fueron obligadas a adorar una cruz bañada en el mismo metal que los asesinaba. Las montañas, antes sagradas, se transformaron en heridas abiertas. Los pueblos aimaras y quechuas aprendieron a resistir en silencio, pero nunca olvidaron.
Guamán Poma de Ayala escribió desde el dolor: “Los señores se hicieron reyes y los indios se hicieron bestias.” Esa frase resume el crimen de Potosí. Europa ascendió sobre la sangre andina. La modernidad nació entre gritos y oscuridad.
“Hoy el Cerro Rico sigue allí, hueco, a punto de colapsar, como un espejo de la conciencia humana que aún no ha aprendido a devolver lo que robó.”
Chile, la frontera del silencio
Chile fue la frontera donde la conquista tropezó con su propia soberbia. Desde el río Itata hasta el Biobío, los españoles creyeron que avanzar sería sencillo, pero se encontraron con un pueblo que no conocía el miedo. Los mapuches, guerreros del sur del mundo, fueron el único pueblo originario del continente que nunca se rindió. Resistieron durante más de tres siglos. Ni las espadas, ni las pestes, ni los evangelios lograron someterlos. En cada árbol había un vigía y en cada fogón una memoria de libertad.
Los cronistas lo admitieron con rabia. En 1598, tras la derrota española en Curalaba, los colonizadores abandonaron todas las ciudades del sur. Durante casi 300 años, el territorio mapuche siguió siendo independiente. Esa autonomía fue una vergüenza para el imperio y un símbolo de dignidad para América. Ninguna corona tolera que un pueblo libre le recuerde su impotencia.
La historia oficial habló de “pacificación”, pero fue una guerra de exterminio. Entre 1860 y 1883, el ejército chileno —ya bajo bandera republicana, pero con la misma mentalidad colonial— arrasó el Wallmapu. Más de 100 000 mapuches fueron asesinados y otros 80 000 desplazados. Se robaron 9 millones de hectáreas de tierras fértiles, entregadas a colonos europeos y compañías extranjeras. Las comunidades fueron empujadas a reservas miserables que apenas ocupaban el 5 % de su territorio ancestral. El saqueo cambió de idioma, pero no de dueño.
El oro, la plata y el cobre siguieron fluyendo hacia Europa y, más tarde, hacia Estados Unidos. Desde el siglo XIX hasta hoy, Chile ha exportado más de 70 millones de toneladas de cobre, valoradas en más de 1,2 billones de dólares actuales. El salitre enriqueció a Inglaterra y Alemania, y el oro de los ríos del norte llenó las arcas de bancos extranjeros. Ningún pueblo se benefició menos de su propia riqueza.
Gabriela Mistral lo escribió con una claridad que aún duele: “Toda conquista es una herida que no cicatriza.” Esa herida sigue abierta en el sur del mundo. El Wallmapu arde en silencio, entre forestales, pobreza y dignidad. Los nietos de Lautaro y de Janequeo siguen de pie, mirando la tierra con la misma ternura y el mismo coraje.
“La frontera del silencio no fue derrota, fue advertencia: un pueblo que no se rinde nunca muere del todo.”
En la Parte 2/2 de esta columna analizaremos:
Argentina, la conquista del sur
Paraguay, la resistencia guaraní
Brasil, el látigo portugués
Este es el inventario del vacío.
Detrás de cada cifra hubo un nombre una lengua una ceremonia un río sagrado. El crimen se llamó conquista evangelización progreso. La herida sigue abierta.
Los pueblos no murieron.
Resisten en sus lenguas, en su música, en su memoria.
Hablan con los mismos sonidos con que saludaban al sol antes de la llegada de las carabelas.
Sus cantos suben desde el altiplano, cruzan la selva y bajan por el Amazonas como si el tiempo nunca hubiera pasado.
Y en ese recuerdo está la fuerza de una tierra que sigue girando, herida pero viva, bajo el mismo sol que vio nacer a sus primeros hombres.
“Lo que fue saqueado con sangre debe ser devuelto con verdad.”
Bibliografía
Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552)
Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno (1615)
Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina (Siglo XXI, 1971)
ONU, Informe sobre genocidios históricos y derechos de los pueblos indígenas (2019)
CEPAL, Estimaciones económicas históricas del saqueo colonial (2024)
FAO y UNESCO, Lenguas y culturas originarias en riesgo de extinción (2023)
El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica presenta los boletines Demo-crítica, una serie de reflexiones colectivas nacidas en el curso-taller “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”. Esta producción reúne diálogos, aprendizajes y herramientas construidas por comunidades, colectivos, organizaciones y personas comprometidas con la defensa de la democracia y la justicia socioambiental.
Más que conclusiones definitivas, los boletines son semillas de pensamiento crítico y acción comunitaria que buscan nutrir el debate público y fortalecer la organización social en el marco de las elecciones nacionales del 2026. El contexto es desafiante: discursos políticos maquillados de verde, criminalización de la protesta, proyectos extractivos y la necesidad urgente de construir alternativas desde los territorios.
Democracia en disputa
Uno de los ejes centrales del taller fue repensar la democracia más allá de las urnas. Se evidenció cómo la captura del poder por élites económicas y la mercantilización de la naturaleza muestran una erosión democrática. La democracia, señalan los aportes colectivos, debe vivirse día a día en la defensa del agua, los territorios indígenas, los bosques y en la organización comunitaria.
El “desarrollo” como trampa discursiva
Se identificó cómo términos como sostenibilidad, carbono neutralidad o economía verde funcionan muchas veces como ropajes discursivos que legitiman megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y monocultivos que generan despojo y desigualdad.
Criminalización de la protesta
El curso también abordó la creciente criminalización de la protesta social en Costa Rica. Desde la Ley Antihuelgas hasta la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú, se debilita la protección de defensoras y defensores ambientales. Recordar las muertes de Sergio Rojas y Jerhy Rivera refuerza la urgencia de visibilizar la protesta como un motor democrático, no como una amenaza.
Herramientas para el análisis electoral
Entre los principales aportes destacan:
Matrices de análisis para detectar trampas discursivas y beneficiarios reales de los proyectos.
Hoja de ruta socioambiental 2026, no solo como lista de reclamos, sino como horizonte de vigilancia y organización.
Estrategias de comunicación diversa, desde lo digital hasta el arte y el humor, para disputar sentidos frente al marketing político.
Más allá de las urnas
Los boletines concluyen que el poder real no se agota en el voto: la democracia y la justicia socioambiental se construyen cada día en los territorios, en la calle y en las comunidades. El proceso electoral es un escenario clave, pero no definitivo.
Boletines publicados
Boletín 1 (8 agosto 2025): Democracia y bienes comunes en disputa.
Boletín 2 (23 agosto 2025): Discursos verdes y desigualdades socioambientales.
Boletín 3 (29 agosto 2025): Criminalización de la protesta y organización social.
Boletín 4 (5 septiembre 2025): Hoja de ruta y comunicación política desde los territorios.
👉 Puede acceder al documento completo en el siguiente enlace:
Comunidades como Punta Morales, Coyolito, Morales, Costa de Pájaros, Lagartos, Judas y Chomes, alertan que desde hace algunos meses han recibido visitas al parecer de la empresa estadounidense DLZ promotora de un proyecto de Hidrógeno Verde en el Pacífico Central del país. En dichas visitas a la zona, vecinas y vecinos señalan que se han realizado mediciones de propiedades desde Finca La Culebra en Abangares hasta las instalaciones de Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) en Punta Morales.
¿Qué es el Hidrógeno verde (H2)?
Es una fuente de energía producida a partir de agua mediante electrólisis utilizando electricidad de fuentes como la solar o eólica.
La electrólisis es un proceso químico que utiliza electricidad para descomponer una sustancia. En el caso del hidrógeno, la electrólisis se usa para separar el agua (H₂O) en hidrógeno (H₂) y oxígeno (O₂).
¿H2 verde en Costa Rica?
En el 2022 el actual ministro de Ambiente Franz Tattenbach presentó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Costa Rica 2022-2050, según reza el documento oficial:
“la presente Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde ha sido desarrollada en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, quien ha sido un aliado de Costa Rica en la exploración del hidrógeno como un energético y que ha financiado estudios como el Análisis del mercado global de hidrógeno verde: el potencial de participación de Costa Rica en dicho mercado y estimaciones asociadas a su impacto macroeconómico, desarrollado en 2021, y que ha servido como fuente de datos para esta Estrategia.” Además, “incluye intervenciones estratégicas, indicadores y metas, además, pretende atender las brechas regulatorias, técnicas, financieras, nuevos talentos y capacidades para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Costa Rica”
La estrategia plantea que para el 2030, se prevé una capacidad instalada de electrolizadores y proyectos en desarrollo entre 0,15 y 0,50 GW y una serie de hitos en el sector industrial y el transporte, para los cuales será preciso movilizar inversiones potenciales estimadas en 1100 millones de dólares, durante el periodo 2022-2030.
Según señala la Plataforma, en el 2024 se aprobó un proyecto de € 25 000 000, que le permitirá a Costa Rica invertir en el desarrollo del hidrógeno verde.
Queda claro que el desarrollo del proyecto en la zona mencionada forma parte de los planes de esta estrategia.
¿Por qué las comunidades alertan?
Primero, organizaciones locales han visibilizado en reiteras ocasiones, la falta de agua que hay en la zona principalmente en época seca, sobre todo por prácticas extractivistas que se dan en los ríos de la zona como el Guacimal, Lagartos y Abangares, tales como proyectos de riego y quebradores.
Un caso reciente es el de las comunidades Orocú y Santa Juana en Chomes, las cuales, llevan más de 15 días sin agua ante la saturación del pozo por los sedimentos resultantes de otras actividades extractivas como los quebradores y proyectos de riego.
Para el proyecto de hidrógeno mencionado, se requiere la electrólisis, la cual utiliza agua purificada en enormes cantidades, es decir, que requerirán consumos elevados del agua local, la pregunta que resalta es ¿no hay agua para las comunidades, pero sí para las empresas? Estos proyectos extractivistas que se implantan no solo representan un problema ambientalsino de acceso humano al agua como recurso vital.
Segundo,preocupa en gran medida la seguridad de la infraestructura requerida, como: electrolizadores, tanques de almacenamiento, tuberías y sistemas de transporte. Toda esta infraestructura atravesará comunidades con alto nivel de vulnerabilidad pues el hidrógeno al ser el elemento más liviano y difícil de contener puede fugarse fácilmente y es inflamable, así como explosivo. Las fugas de hidrógeno pueden ser invisibles y difíciles de detectar, aumentando el riesgo en entornos industriales.
Las comunidades están claras que el discurso de “más empleo y desarrollo” es solo una patraña más de los enclaves extractivos. Señalan que la etiqueta de verde o greenwashing se usa engañosamente y culpan a las instituciones responsables como el MINAE y la SETENA por seguir permitiendo que proyectos privados se impongan por encima de los intereses y bienestar de la población que habita los territorios.
Programa Kioscos Socioambientales Universidad de Costa Rica
SURCOS comparte esta nota del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR
Este 15 de septiembre, mientras celebrábamos nuestras fiestas patrias, las comunidades de Guatuso se unieron para visibilizar la situación del Río Frío. Con una manta que decía ‘Vivamos la independencia haciendo conciencia: Río Frío muere por causa de extracción y dragado de sus humedales’, el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro recordó que la independencia también significa proteger nuestros ríos y humedales.
Muchas personas de Guatuso se acercaron para conocer más sobre lo que está pasando, conversar con el grupo y mostrar su preocupación por la defensa del ecosistema. La minería y el dragado continúan afectando el cauce del río y la vida de los humedales de Caño Negro, un sitio Ramsar de relevancia mundial.
Juntos podemos crear conciencia y cuidar lo que nos da vida.
Por: Fabián Pacheco R. – OILWATCH Costa Rica Agosto 2025
En Costa Rica se ha mantenido una moratoria a la explotación de hidrocarburos (petróleo y gas natural) durante cinco gobiernos consecutivos. Sin embargo, siempre hemos señalado que ninguna victoria del movimiento ecologista es permanente; lo único permanente es la voracidad extractivista, que intenta instalarse una y otra vez sobre nuestros territorios.
Hoy Costa Rica sigue siendo un país libre de explotación petrolera y de gas natural (incluido el fracking), principalmente gracias a la participación y lucha de múltiples sectores de la sociedad civil. Haber sostenido esta moratoria frente a una actividad tan destructiva es, sin duda, una victoria que debemos defender. No debemos olvidar nuestra historia de lucha, especialmente ahora, cuando la campaña electoral rumbo a las elecciones del 2026 está plagada de políticos oportunistas, seducidos por la industria extractivista transnacional.
Podemos disfrutar de un mar Caribe sin derrames de petróleo gracias a la lucha de ecologistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, pescadores, académicos y diversos sectores de la sociedad civil, que desde finales de los años noventa se organizaron en la coalición ADELA (Acción de Lucha Antipetrolera). El nombre honra a Adela Pita, una mujer indígena bribri que en los años ochenta enfrentó con valentía a la maquinaria de la petrolera PEMEX.
Nuestro trabajo ha alcanzado importantes victorias en los ámbitos legal, político y administrativo. No obstante, aún persisten quienes anteponen sus intereses privados, amparándose en la demagogia de “cálculos alegres”, para intentar instalar negocios extractivistas sobre la tranquilidad y la ecología de este pequeño país tropical.
La “mula vuelve al trigo”. El actual gobierno de Rodrigo Chaves ha mantenido desde sus inicios un discurso confrontativo hacia el movimiento ecologista, y el tema de hidrocarburos no ha sido la excepción. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos (Niza, Francia), el mandatario declaró a Radio Francia Internacional:
“Yo lo que dije es: ‘midamos esos recursos y basemos el debate sobre si vale la pena o no’. Puede ser que no tengamos suficientes hidrocarburos en nuestro subsuelo. Puede ser que estemos sentados sobre una cantidad enorme de esos recursos. El valorarlos es el primer paso para tener un debate racional al respecto”. (Fuente: Semanario Universidad)
En octubre del año pasado, Chaves anunció haber solicitado al gobierno de Noruega apoyo para estudios sobre exploración y explotación de petróleo y gas, bajo el argumento de que ese país “es el campeón del mundo en aprovechar los recursos y conservar el ambiente”. La respuesta diplomática noruega fue una negativa clara, dejando a nuestro gobierno en ridículo. Era previsible: Noruega no arriesgaría su imagen internacional ayudando a un pequeño país megadiverso de Centroamérica a sacrificar su biodiversidad en nombre del petróleo. (Fuente: Semanario Universidad)
Además, el Poder Ejecutivo, junto con otras fuerzas políticas conservadoras y el poderoso lobby petrolero en nuestro país, han bloqueado sistemáticamente el proyecto de ley N.° 23.579, que busca declarar a Costa Rica como un territorio libre de exploración y explotación de petróleo y gas. Esto demuestra que el tema sigue muy presente en la agenda de los opacos intereses que defienden el extractivismo.
La moratoria: conquista en disputa. La exploración y explotación de hidrocarburos está prohibida en Costa Rica gracias a una moratoria vigente hasta el 2050, firmada y ratificada por los últimos gobiernos, menos el actual. Sin embargo, esta medida podría ser levantada en cualquier momento desde el Poder Ejecutivo.
La primera moratoria surgió a inicios de los 2000, gracias a la presión del movimiento ecologista en campaña electoral. En el 2002, durante su toma de posesión, el presidente Abel Pacheco declaró que la verdadera riqueza del país eran sus recursos naturales, no el oro ni el petróleo, comprometiéndose a no facilitar concesiones petroleras ni mineras. Más tarde, bajo el gobierno de Laura Chinchilla, la moratoria se formalizó por decreto, pasando de ser un gesto político a un compromiso escrito en blanco y negro.
Los logros no fueron solo políticos: también se obtuvieron victorias clave en el ámbito judicial y técnica-administrativa, principalmente ante SETENA. En el 2002 se demostró la inviabilidad ambiental de los proyectos de la petrolera Harken, cuyos estudios de impacto incumplían la normativa. Tras la anulación del contrato, la empresa reclamó indemnizaciones millonarias, llegando incluso a exigir en arbitraje internacional $57.000 millones, lo que fue denunciado como un intento de “extorsión”. Finalmente, Costa Rica ganó el litigio.
La mano peluda: corrupción y puertas giratorias. Uno de los impactos más graves del extractivismo en países tropicales es el intervencionismo político. Además de los daños ambientales, la industria hidrocarburífera ha manchado democracias con corrupción, prevaricato y conflictos de interés.
Ejemplo de ello es el caso del exministro de Ambiente Roberto Dobles, quien tras su gestión se vinculó a la UCCAEP proponiendo derogar la moratoria, y posteriormente firmó un contrato con una petrolera para recibir un porcentaje de las ganancias de la explotación. Su carrera como consultor energético ilustra las puertas giratorias entre negocios petroleros y cargos públicos. (Fuentes: Semanario Universidad, UCCAEP, SURCOS Digital)
Llamado al 2026. Desde el movimiento ecologista exhortamos a las y los candidatos presidenciales para las elecciones de 2026 a posicionarse de forma transparente ante el electorado: ¿de qué lado estarán?
Desde OILWATCH Costa Rica insistimos en que sostener la moratoria petrolera y evitar la explotación de gas natural no solo es estratégico para la protección de los bienes comunes, sino también fundamental para la defensa de una democracia sana y libre de los vicios del extractivismo.
El pasado 29 y 30 de agosto en Bajo Pacuare de Turrialba, se realizó el encuentro Jäküii- Pacuare +20 +10, para conmemorar el 20 aniversario del plebiscito que liberó al río Jäküii-Pacuare de represas. Este plebiscito fue realizado en el año 2005 en el cantón de Turrialba con una victoria aplastante del 97% en favor del río y en contra de las represas.
Para este encuentro el Instituto Monteverde y el Corredor Biológico Pájaro Campana (CBPC) facilitaron la participación de una delegación de siete personas de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas como organización referente en la defensa de los ríos en los distritos rurales de Puntarenas.
La delegación estaba compuesta por representantes del proyecto Venas del Bosque en Monteverde, la Asociación COMUNIDADES de Guacimal y Santa Rosa, la ASADA de Punta Morales, y el Subcomité de Chomes, así como el Coordinador del CBPC, quienes compartieron información sobre las amenazas ambientales en las cuencas de los ríos Guacimal y Lagarto.
En el encuentro se realizaron actividades de intercambio de la historia de las comunidades que luchan por proteger los ríos en diferentes zonas del país. Participaron otras delegaciones de la Zona Sur, Talamanca y territorio indígenas Brörán, Yimba Cájc, Salitre, Sepecue y territorios Cabécares que habitan alrededor del río Jäküii y Duchí.
También hubo espacios informativos con investigadores expertos sobre las transformaciones y presiones que enfrenta el sistema eléctrico nacional, sobre todo por los intereses privados en el ámbito de la generación eléctrica, que aspiran a lucrar con el Mercado Eléctrico Regional (MER).
Sumado a esto, se enfatizó en la importancia de la soberanía energética y el derecho humano a la energía como orientadores para un modelo eléctrico justo, frente a la privatización y el lucro que plantea el modelo de libre mercado, que busca hacer negocios jugosos con un crecimiento insostenible de la demanda de grandes consumidores regionales.
Hacia el cierre del evento, se realizó una visita a la escuela de Nimarí Ñak para realizar reflexiones finales sobre el problema de las represas, quebradores, sobreexplotación del agua, contaminación y otras amenazas a los ríos como ecosistemas. El cierre se realizó a las orillas del río Jäküii-Pacuare con la consigna principal de que el río será libre para siempre..
Contexto de los ríos en el CBPC
Igual que en el resto del país, los ríos del área del CBPC enfrentan amenazas al equilibrio de su ciclo ecológico. En la parte alta se realizan esfuerzos para proteger las nacientes y quebradas que originan los ríos y que están sometidas a una alta presión por la expansión turística e inmobiliaria, que a su vez genera una alta cantidad de aguas grises que hasta hoy han carecido de un tratamiento adecuado, contaminando el río Guacimal.
En la parte media y baja de las cuencas, la captación excesiva de agua para actividades como el riego han generado los principales conflictos, por aumentar la sequía, los usos recreativos y la condición de estrés hídrico en los meses más secos. Estas situaciones se han presentado principalmente en los ríos Veracruz, Acapulco, Aranjuecito, Guacimal, Lagarto, Abangares y Aranjuez.
Otra amenaza actual son las concesiones mineras en cauce de dominio público de los ríos, para procesar materiales de construcción. En todos los ríos del CBPC existen 10 o más solicitudes de concesión con fines de lucro (algunas ya aprobadas), cada una equivalente a una sección de 2 km dentro del cauce, que en suma abarcarían 20 km de extracción lineal de materiales en cada uno de ellos, devastando la biodiversidad y la función ecológica de conectividad acuática de los ríos como hábitat de multitud de especies.
Actualmente las organizaciones comunales de Guacimal y Chomes gestionan medidas para defender sus ríos. Una de estas medidas es una campaña de rotulación para el río Guacimal, destacando su valor histórico, cultural y ecológico para las comunidades, ya que las empresas evaden las consultas o dar información sobre sus proyectos, afectando zonas recreativas, el equilibrio ecológico del caudal, y las fuentes de agua de los pueblos.
La Alianza de Comunidades está comprometida con mantener la lucha por los ríos sanos en Puntarenas y seguir uniendo personas en esta causa. Además, se solidariza con las causas vigentes que defienden la justicia ambiental, económica y social de las comunidades, pueblos y territorios indígenas en todo el país, y se compromete a seguir cooperando para recuperar los ríos degradados y amenazados por proyectos extractivos y privatizadores.
Conclusiones:
El desafío ambiental en materia de ríos trasciende fronteras regionales y nacionales, por este motivo es fundamental seguir colaborando en las estrategias sociales para reivindicar los derechos de las comunidades, el ambiente y los ríos, así como el fortalecimiento de liderazgos, involucramiento de la juventud y la niñez para multiplicar la conciencia y garantizar el uso sostenible y cuido de los ríos y sus funciones ecológicas.
Se destaca la importancia de la gestión de los corredores biológicos como estrategia pública para atender la conectividad y el equilibrio en las cuencas hidrográficas, propiciando la participación activa de la población en temas ambientales. La educación ambiental y la inversión en acciones multiplicadoras serán esenciales para asegurar la efectividad de las metas del CBPC en materia de protección hídrica.
