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Etiqueta: extractivismo

Parlamento Cívico Ambiental: En Crucitas la vida, la democracia y el futuro de Costa Rica no son negociables

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Comunicado

El Parlamento Cívico Ambiental (PCA), conformado por 42 organizaciones de la sociedad civil, hizo público hoy su Manifiesto nacional tras la comparecencia del Ministro de Seguridad Pública ante el Plenario Legislativo sobre la situación en Crucitas, San Carlos.

Luego de analizar lo expuesto en la Asamblea Legislativa, el PCA declaró que la crisis en Crucitas es real y marcada por minería ilegal, redes criminales, contaminación ambiental y abandono institucional, pero advirtió que su instrumentalización para justificar el retorno de la minería metálica a cielo abierto es inaceptable.

El Manifiesto señala que el daño ambiental existente incluye afectaciones a mantos acuíferos, uso indebido de arsénico y esterilización de suelos por desechos tóxicos provenientes de lagunas clandestinas de lixiviados. No obstante, enfatiza que ninguna crisis puede utilizarse como argumento para debilitar la democracia ni retroceder en la protección ambiental del país.

En particular, el PCA rechaza que el proyecto de ley 24717 pretenda presentar la minería metálica a cielo abierto como alternativa frente a la inseguridad o la pobreza, calificando esa narrativa como un “espejismo” que profundizaría el conflicto ambiental y social.

El documento recuerda que Costa Rica ya tomó una decisión país, nacida de la conciencia por la vida y del amor por la tierra, al prohibir esta práctica extractiva. Retroceder implicaría violar el principio de no regresión ambiental, debilitar el Estado de derecho y comprometer el futuro ecológico de la nación.

En su declaratoria central, el Parlamento Cívico Ambiental establece:

Un no rotundo, firme e irreversible a la minería metálica a cielo abierto en Crucitas y en todo el territorio nacional.

El PCA subraya que este no no es ideológico ni coyuntural, sino científico, ciudadano y generacional.

Asimismo, el Manifiesto plantea que el verdadero camino para atender la situación en Crucitas debe orientarse hacia medidas estructurales como las contenidas en propuestas como el Proyecto de Ley 24675, que promueven presencia estatal permanente, combate integral a economías ilegales, restauración ecológica, desarrollo local sostenible y participación comunitaria.

“El oro de Costa Rica no está bajo la tierra, sino en sus bosques, en su agua y en su gente”, concluye el documento.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a la ciudadanía, academia, comunidades y sectores productivos responsables a defender juntos esta decisión histórica y a mantener la coherencia ambiental que ha distinguido al país.

Puede descargar el manifiesto completo desde SURCOS donde se encuentran los logos de las organizaciones que integran el Parlamento y suscriben el comunicado:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/02/Manifiesto-Crucitas-2-163.2026.pdf

¿Qué está pasando hoy en los territorios de América Latina?: prender los conflictos socioambientales, las resistencias y la defensa de la vida

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Once personas provenientes de nueve países de América Latina, entre académicas y académicos, ex autoridades públicas, activistas socioambientales con amplia trayectoria y representantes de pueblos originarios maya Q’eqchi’, cabécar, Ngäbe-Buglé y maya K’iche’, contribuirán a comprender el actual momento histórico que atraviesa la región, marcado por el avance de los extractivismos, la intensificación de los conflictos territoriales y la criminalización de quienes defienden la vida y los bienes comunes.

Comprender lo que está ocurriendo hoy en América Latina exige ir más allá de los titulares y abrir espacios de intercambio y reflexión colectiva. Escuchar a quienes investigan, enseñan, resisten y habitan los territorios permite construir una mirada crítica sobre las dinámicas extractivas, las disputas por el agua, la tierra y los bienes comunes, así como sobre las múltiples formas de organización y defensa de la vida que emergen desde abajo, en comunidades, pueblos originarios y movimientos socio territoriales.

La región atraviesa una coyuntura socioambiental decisiva y, mediante estas sesiones, se busca responder a interrogantes fundamentales como: ¿cuáles son hoy las principales luchas que se libran en los territorios?, ¿qué amenazas enfrentan las personas defensoras ambientales?, ¿qué significan los derechos de la naturaleza, la memoria ecológica y las respuestas de los pueblos y organizaciones frente a estas ofensivas?

En este contexto, el curso Derechos Ambientales, de la Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, desarrollará un ciclo de siete sesiones abiertas y gratuitas dedicadas al análisis de la actualidad de las problemáticas socioambientales en América Latina. Se trata de conferencias, foros y espacios de diálogo que proponen construir una radiografía crítica de la región a partir de diversos ejes socioambientales.

El ciclo iniciará el 26 de febrero, de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., con la sesión El aporte de la memoria en la construcción de una historia ecológica, a cargo de Ramón Vera-Herrera (México), editor, traductor y comunicador, cofundador del suplemento Ojarasca del diario La Jornada y editor de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, referente clave del pensamiento crítico ambiental en la región.

El 5 de marzo, la sesión Del extractivismo colonial a los extractivismos contemporáneos estará a cargo de Emiliano Terán Mantovani (Venezuela), sociólogo, profesor universitario e investigador en ecología política, actualmente es el facilitador de la red Oilwatch Latinoamérica, instancia con 30 años de resistencia a la actividad petrolera en la región y el Sur global.

El 26 de marzo se desarrollará la sesión Experiencias desde la institucionalidad ambiental en el Gobierno de Colombia, con la participación de Tatiana Roa Avendaño (Colombia), exviceministra, académica e investigadora reconocida por su trabajo en justicia ambiental, conflictos territoriales y políticas públicas, desde una mirada crítica.

Posteriormente, el 23 de abril, se abordará la sesión Génesis, evolución y estado de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador, con Esperanza Martínez Yánez (Ecuador), abogada y bióloga, fundadora de Acción Ecológica y una de las principales impulsoras del reconocimiento constitucional de los Derechos de la Naturaleza, con una larga trayectoria en la defensa de los territorios frente al extractivismo petrolero y minero.

El 14 de mayo, la sesión Criminalización de las personas defensoras ambientales en la región contará con la participación de Diana Murcia Riaño (Colombia), abogada y defensora de derechos humanos, con amplia experiencia en el acompañamiento jurídico y político a comunidades criminalizadas por la defensa del territorio en la región andina.

El 21 de mayo se realizará el foro Criminalización, exilio, cárcel y persecución de defensores ambientales en Mesoamérica, con la participación de Ana Laura Rojas (Guatemala), defensora de derechos humanos y comunicadora comunitaria; Bernardo Caal Xol (Guatemala), maestro y defensor del territorio del pueblo maya Q’eqchi’, criminalizado por su lucha en defensa de los ríos; y Adriana Ramírez (El Salvador), activista ecológica y parte del Movimiento Político Rebelión Verde (ReverdES), organización político-ambientalista que articula luchas contra el extractivismo, la criminalización de liderazgos comunitarios y la degradación socioambiental en su país.

Finalmente, el 4 de junio, en el marco del Día Mundial del Ambiente, se llevará a cabo el foro Mujeres de pueblos originarios en defensa de la vida, con la participación de Weny Bagama (Panamá), lideresa del pueblo Ngäbe-Buglé y delegada del Congreso General Ngäbe ; Doris Ríos Ríos (Costa Rica), lideresa del pueblo cabécar de China Kichá y defensora del territorio; y Sebastiana Par Álvarez (Guatemala), autoridad ancestral maya K’iche’, ajq’ij (guía espiritual maya) y defensora de los territorios indígenas y la vida comunitaria.

Las sesiones se transmitirán en vivo a través del canal de YouTube del Instituto de Estudios Latinoamericanos IDELA (https://www.youtube.com/@infolatinoidela262), los jueves señalados, en horario de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., y estarán abiertas a todo público. Este espacio formativo y de diálogo ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll – Oficina Guatemala, la Internacional de la Educación (IE) y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

Este esfuerzo busca llevar el análisis no solo a la población estudiantil universitaria, sino también al público en general, ampliando el acceso al debate informado sobre los conflictos y las resistencias que atraviesan nuestros territorios, desde las voces y experiencias de quienes los habitan, los defienden, los piensan y los construyen cotidianamente.

Minería ilegal: el nuevo pretexto del viejo extractivismo

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Observatorio Bienes Comunes UCR

En medio del debate sobre Crucitas, el ministro de Seguridad Pública afirmó un aumento del 200% en la afectación territorial por minería ilegal. Pero… ¿realmente legalizar minería a cielo abierto resolvería el problema?

En esta nota compartimos algunas claves urgentes: La minería ilegal no es solo “coligalleros”: es una economía criminal conectada a mercados globales.

Legalizar puede facilitar lavado de oro, normalizar el extractivismo y aumentar la presión territorial.

Lo ilegal no se combate con más minería: se combate con Estado, justicia ambiental, trazabilidad y alternativas económicas reales. Nota completa aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/mineria-ilegal-el-nuevo-pretexto-del-viejo-extractivismo/

Una entrega vergonzosa

Escrito en . Publicado en Zona Norte.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Aunque la mayoría legislativa conoce las maniobras del gobierno para negociar bienes e instituciones del Estado, (los suyos amigo lector y los de todos los costarricenses), cabe un recordatorio relacionado con el yacimiento de Crucitas. En este caso, ha sido evidente que el ministro de Seguridad Pública ha propiciado que la delincuencia en el lugar haya evolucionado hasta niveles jamás antes visto. El robo del oro en la capa superficial se realiza impunemente, el daño ambiental se ha acelerado, y la criminalidad parece una versión tica del Viejo Oeste, donde no hay «sheriff» que trate de poner orden, precisamente por decisión calculada del ministro Mario Zamora.

Ante ese escenario diseñado desde el gobierno, llegó el buscado momento de clamar a los cuatro vientos: «¡Perdimos la batalla!». «La única solución está en la Asamblea Legislativa!».

Solución, dicen, que pasa por entregar esa riqueza del «inoperante Estado», a las eficientes corporaciones privadas que, a cambio de unos cuantos dólares, harán la excavación de unos 30 m para extraer de esa valiosa roca del subsuelo, los más de US$ 3.000 millones que se estima vale el oro del único yacimiento efectivamente conocido en todo el país.

Nos dicen que al privatizar esa riqueza mineral que el Estado (según ellos) es incapaz de aprovechar, el problema heredado por una mala concesión a una compañía minera canadiense se soluciona en un par de años, por lo cual no hay que pensarlo más, y correr a aprobar el proyecto N° 24.717.

Pero, ¿será cierto?

¡Veamos!

A las cuentas bancarias de los magnates mineros extranjeros (después de rebajar las infaltables «comisiones» para algunos ticos) ingresarían los miles de millones de dólares, derivados de la venta del 95 % del total del mineral explotado. Pese a que se trata de un regalo, una entrega, a favor de unos negociantes foráneos, «aunque usted no lo crea» en Casa Presidencial insisten que es un gran negocio que el 5 % del valor de ese oro se quede en Costa Rica.

Pero aún hay más. Resulta que el proyecto de ley que amigos diputados manudos aprobaron en subcomisión legislativa, para congraciarse con el alcalde de San Carlos que sueña con la octava provincia que les prometió el futuro diputado José Miguel Villalobos, determina que, de ese 5 % el 1,25 % sería para el gobierno municipal de ciudad Quesada. Monto relativamente pequeño de que no se sabría de cuánto sería ni cuándo se depositaría en el gobierno local, pues dependería de muchos factores, del cual un poquititico apenas sería para grupos comunales.

Asimismo, del impuesto del 5 %, solo el 3,6 % se sumaría a la caja única del Estado. Cantidad igualmente desconocida, pero para efectos de la, negociación antipatriótica, es algo que no interesa mucho, pues el gran negocio (como lo serían las ventas del BCR, BICSA, INS, RECOPE, ICE…) anda por otros lares.

Esa amigos, es “la gran solución” que por el desdeñado problema de Crucitas anda pujando el ministro Zamora…

16.2.2026

Frenemos la continuidad de la corrupción y la destrucción ambiental

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Razones ambientales para NO votar por Laura Fernández Delgado

Desde la Federación Ecologista (FECON) nos sumamos al llamado a “Salir A Votar” en contra del continuismo extractivista, contaminante y machista. Este próximo domingo 1ero de febrero salgamos a hacerle frente al autoritarismo, la erosión de la institucionalidad democrática y la depredación ambiental promovida por el oficialismo.

La continuidad que representa Laura Fernández implicaría más retrocesos en materia ambiental como los que ha impulsado el actual gobierno de Rodrigo Chaves. Consideramos que su Partido Pueblo Soberano y sus aliados, representan una seria amenaza a la independencia de los poderes de la República, a los derechos fundamentales de la población costarricense (sobre todo de las mujeres) y a la participación activa y visible de las personas en los movimientos sociales. Todos estos elementos son imprescindibles para la defensa de los territorios, las Áreas Silvestres Protegidas, la Zona Marítimo Terrestre, los ecosistemas frágiles, el derecho al agua, los ríos, las semillas, las comunidades y la vida en general, por lo que es necesario cuidarlos ante la amenaza del continuismo.

Hacemos un recorrido no exhaustivo de la herencia ambiental de Rodrigo Chaves, con algunas de los principales retrocesos en materia socioambiental de su gobierno:

Más residuos de plaguicidas en el agua potable

Uno de los retrocesos más graves promovidos por este gobierno ha sido el aumento de los niveles permitidos de plaguicidas en el agua para consumo humano por medio del Ministerio de Salud (MinSa), lo cual no solo significó la desprotección del agua y los ecosistemas que dependen de ella, sino también de la salud pública en Costa Rica. Es así como en julio del 2024, el MinSa modificó los parámetros de presencia del fungicida Mancozeb en el agua de consumo humano tras el derrame de 17 000 litros de veneno en el río Barranca, que alcanzaron los sistemas de distribución de agua potable del AyA en concentraciones hasta en niveles 60 veces superiores a los permitidos hasta ese momento. A esto se sumó la afectación de miles de personas en Cartago, cuando sus fuentes de agua se vieron contaminadas con metabolitos del fungicida clorotalonil. Ante esta situación, nuevamente el MinSa respondió elevando los límites máximos permitidos de residuos del clorotalonil y varios otros plaguicidas en agua para consumo humano, esta vez modificando el Reglamento para la Calidad del Agua Potable por medio del Decreto Ejecutivo No. 38.924-S.

Restricción de la participación ciudadana en materia ambiental

Otro hecho muy cuestionable y preocupante de este gobierno fue en torno al debilitamiento de la participación social en temas ambientales. En el 2023, a partir del decreto ejecutivo N 44020-MAG, el gobierno de Chaves excluyó sin consulta previa a la Red de Coordinación en Biodiversidad de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), comisión que tramita permisos de liberación de organismos transgénicos en el país. El decreto, además, introdujo a un representante de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) como parte de esa comisión, favoreciendo así los intereses de las grandes transnacionales de agroquímicos y transgénicos y de los empresarios que conforman la CNAA, según denunciaron miembros de la Red de Coordinación en Biodiversidad. Este hecho representa un claro retroceso en materia de participación ciudadana y evidencia el poco interés de este gobierno por el cuidado del ambiente y de las semillas criollas.

Manejo irregular de la institucionalidad ambiental

Así también, es importante tener presente que el fiscal general de la república indicaba para julio del 2025, que el presidente Chaves acumula la alarmante suma de más de 100 causas abiertas en su contra por diversos cargos, entre ellas, el expediente 24-000041-0033-PE investiga su participación y la del ministro de ambiente, Franz Tatenbach, en torno a un posible tráfico de influencias y otras irregularidades en el otorgamiento de permisos para tala de árboles en terrenos que son parte del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo, en una propiedad vinculada al empresario Pacheco Dent. Este último siendo cercano del presidente, quien celebró la fiesta de cierre de campaña presidencial anterior, así como otros dos eventos con funcionarios del gobierno, en una propiedad de la familia del empresario. Así también, existe registro de al menos doce visitas de Dent a Casa Presidencial, incluso una de estas visitas llevándose a cabo tres días antes de la otorgación de permisos de tala irregular por parte del Sinac al empresario.

Destrucción de la naturaleza en el Caribe Sur

También en el Caribe Sur, Rodrigo Chaves impulsó el Plan Regulador Costero, el cual utilizaba un estudio del Sinac del 2017 en vez de uno actualizado del 2021, reduciendo el área de humedales presente en la zona y en cambio destinándolo para construcciones turísticas e inmobiliarias. En una conferencia de prensa del 2023, Chaves indicó que con ese plan regulador se quería lograr “certeza jurídica para las inversiones turísticas que ya hay y de las grandes inversiones que podría haber” y en otra del 2024, indicó que la costa sur de Limón “tampoco se lo vamos a dejar a la fauna” ni a “los monitos”, dejando claro los intereses que defiende y su nulo interés de velar por la protección de las Áreas Silvestres Protegidas, por los humedales protegidos por el convenio internacional Ramsar y toda la diversidad e importancia ecológica que alberga el Caribe Sur del país.

Permisividad con el aleteo de tiburón

El tiburón martillo sigue siendo capturado, comercializado y exportado. Entre 2023 y 2024 Costa Rica exportó más de 12 toneladas de aletas de tiburón martillo, a pesar de que una resolución de la Corte Suprema de Justicia reconoce a los tiburones como vida silvestre, lo que prohíbe su captura con fines comerciales. Aun así, INCOPESCA sigue teniendo un manejo poco transparente y con posibles conflictos de interés respecto a los permisos de pesca.

Proyectos de ley: privatización de la electricidad y minería a cielo abierto

En la Asamblea Legislativa también fue posible observar a la bancada oficialista impulsando proyectos como el 23.414, para una supuesta “armonización” del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el cual incluía un debilitamiento profundo del ICE y el avance de la privatización del SEN. Desde el movimiento ecologista conocemos las experiencias de otros países de la región que han privatizado sus sistemas eléctricos y han centrado el foco de la generación eléctrica en torno al lucro de las empresas y sabemos que esos procesos van de la mano con el aumento de proyectos eléctricos que tienen un fuerte impacto en los ríos, comunidades y territorios. Así también, el gobierno de Chaves impulsó un proyecto de ley que propone autorizar la exploración y explotación de la minería de oro a cielo abierto en el distrito de Cutris, del cantón de San Carlos (Expediente 24.717), actividad que también conocemos por medio de nuestros vecinos de la región que tiene un profundo e irreparable impacto en los territorios.

Incremento de la violencia hacia defensores ambientales y de DDHH

Durante estos cuatro años del gobierno de Chaves han existido múltiples casos de violencia hacia personas defensoras del territorio, incluyendo amenazas de muerte, que se suman a la peligrosidad de desarrollar trabajo ecologista en territorios cada vez más afectados por la presencia del crimen organizado que ha sido totalmente desatendido, y aparentemente promovido, por este gobierno. Al mismo tiempo, el oficialismo se ha negado a aprobar el Acuerdo de Escazú.

También, denunciamos la persecución de este gobierno contra personas vinculadas a los movimientos sociales. Esto se evidencia, por ejemplo, en el uso reciente de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) para amedrentar a la comunicadora social Stella Chinchilla y a otras cuatro personas activistas, mediante un procedimiento irregular y profundamente cuestionable. Asimismo, condenamos el procesamiento judicial de tres personas activistas que fueron reprimidas y detenidas por la fuerza pública mientras participaban en una manifestación contra la brutalidad policial en 2023.

Frente al escenario complejo que vivimos, hacemos un llamado a los movimientos estudiantiles, de mujeres, de la diversidad, indígenas, campesinos y todas las fuerzas vivas de este país, para que independientemente de los resultados electorales, nos mantengamos alertas, organizados y articulados. Hoy más que nunca es necesario fortalecer nuestros espacios y construir propuestas comunes ante los retos nacionales y globales que enfrentamos como sociedad y desde los movimientos sociales.

FRENAPI denuncia usurpación y uso electoral de la agenda indígena

Escrito en . Publicado en Elecciones.

San José, 25 de enero de 2026.

El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) emitió un pronunciamiento público en el que alerta sobre la usurpación de derechos, territorios e identidades indígenas y cuestiona el uso instrumental de la agenda de los pueblos originarios en el contexto del proceso electoral de 2026.

FRENAPI, que agrupa a ocho pueblos indígenas y al menos quince territorios de todo el país, recordó que desde hace más de 26 años ha impulsado esfuerzos sostenidos para posicionar las demandas indígenas ante los distintos poderes del Estado, independientemente de los gobiernos y administraciones de turno. En su comunicado, el colectivo reafirmó la vigencia y diversidad de los pueblos indígenas de Costa Rica, así como su compromiso con una agenda integral que abarca la espiritualidad, la tierra y el territorio, las estructuras propias de gobierno, la salud y educación propias, la protección del ambiente y la defensa de los idiomas originarios.

La organización denunció que, pese a la violencia estructural histórica ejercida por el Estado, ha mantenido una posición de respeto frente a las distintas corrientes y figuras políticas que aspiran a cargos de elección popular. Sin embargo, advirtió que los procesos electorales suelen estar estrechamente vinculados a grupos de poder que financian campañas y que, según FRENAPI, han usurpado tierras, conocimientos y espiritualidades indígenas, recurriendo a “discursos vacíos” y prácticas engañosas.

El pronunciamiento señala además que diversas figuras políticas han utilizado de forma incorrecta los idiomas indígenas o han hablado en nombre de los pueblos originarios sin conocimiento real de sus territorios ni de sus prioridades, reproduciendo la ignorancia y el desconocimiento sobre la realidad indígena. En ese sentido, FRENAPI repudió lo que calificó como prácticas reiteradas de “politiquería electoral”, en las que los derechos de los pueblos indígenas —reconocidos en leyes, decretos y convenios internacionales— son invocados de manera coyuntural, pero luego omitidos en los planes de inversión y acción estatal.

De manera explícita, el Frente cuestionó las acciones atribuidas a Laura Fernández y Fernando Zamora, a quienes acusa de utilizar las necesidades y derechos indígenas como parte de su estrategia de campaña, mediante la suplantación y la manipulación de la realidad que enfrentan las comunidades.

FRENAPI también criticó a los partidos políticos por profundizar desigualdades y violencias sistemáticas, usando a sectores históricamente excluidos como “botín electoral” u ornamento discursivo. Asimismo, denunció la imposición de proyectos extractivistas —como marinas, explotación petrolera, minería e hidroeléctricas— sin respetar la autonomía, la libre autodeterminación ni la consulta previa, libre e informada de buena fe.

El colectivo subrayó que los pueblos y naciones indígenas no son homogéneos y defendió la construcción democrática desde las diferencias, de manera pública y propositiva. Afirmó que su “proyecto de Vida” no responde a partidos políticos ni a coyunturas electorales, sino que trasciende el escenario político actual y se fundamenta en la defensa del territorio, la dignidad, el autogobierno y el bien común.

Finalmente, FRENAPI rechazó las narrativas coloniales e integracionistas que invisibilizan la diversidad indígena y llamó al pueblo costarricense a abrir el pensamiento y la acción para construir un país más democrático, inclusivo y respetuoso de su pluralidad. El comunicado concluye con un mensaje de memoria y lucha en honor a Jerhy Rivera y Sergio Rojas, reafirmando la continuidad de la resistencia de los pueblos indígenas en Costa Rica.

Brechas ambientales entre los programas de gobierno rumbo a las elecciones de 2026

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Comunicado

Un estudio independiente elaborado por la Asociación Regional por la Transformación Ecológica y Social Justeco (ARTES-JUSTECO) y presentado por el Parlamento Cívico Ambiental (PCA) reveló profundas diferencias entre los programas de gobierno de los partidos políticos costarricenses en materia ambiental, de cara al proceso electoral de 2026.

El informe, titulado “Análisis de los programas de gobierno a la luz de las tendencias de opinión pública en la prensa y las redes sociales en materia ambiental”, fue presentado públicamente el pasado 15 de enero en la Asamblea Legislativa. El estudio evaluó las plataformas programáticas de 13 partidos políticos mediante una metodología cuantitativa y cualitativa, basada en 50 indicadores agrupados en 13 categorías temáticas, entre ellas agua, clima, biodiversidad, gobernanza, justicia ambiental y ordenamiento territorial. Asimismo, contrastó dichas propuestas con el diagnóstico de deterioro institucional y regulatorio identificado por el Informe del Estado de la Nación.

Los resultados evidencian una clara estratificación entre los partidos. En el nivel superior se ubican el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana, cuyos programas presentan propuestas coherentes y alineadas con una transformación estructural para enfrentar de manera integral la crisis ambiental, territorial, climática e institucional del país. Ambos destacan por su énfasis en justicia ambiental, fortalecimiento institucional, protección del agua, regulación del extractivismo y participación democrática.

Liberación Nacional se sitúa también en el primer nivel, con propuestas técnicas e institucionales sólidas en áreas como agua, clima, energía y biodiversidad, aunque con menos propuestas radicales en materia de participación ciudadana y justicia socioambiental. Su programa respalda explícitamente la ratificación del Acuerdo de Escazú.

En un segundo grupo se encuentran partidos cuyas propuestas mantienen, en general, el statu quo, con avances parciales o simbólicos que no abordan las fallas estructurales de la gobernanza ambiental. En el extremo opuesto, el estudio identifica plataformas claramente regresivas, orientadas al extractivismo y la desregulación ambiental. Entre ellas figuran los programas de Nueva República, Integración Nacional y Pueblo Soberano, que promueven la minería a cielo abierto bajo el concepto de “minería sostenible” y plantean la exploración y extracción de hidrocarburos como mecanismo de financiamiento de políticas públicas.

Durante la presentación, la vicepresidenta del Parlamento Cívico Ambiental, Victoria Rudín, subrayó que el objetivo del estudio es ofrecer a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los tomadores de decisión una herramienta comparativa clara y transparente para evaluar en qué medida las propuestas políticas responden a los desafíos ambientales reales del país.

Por su parte, el Dr. Bernardo Aguilar, vicepresidente de ARTES-JUSTECO, señaló que la evidencia confirma que la crisis ambiental de Costa Rica es también una crisis política e institucional, marcada por el debilitamiento de la institucionalidad pública, la regresión regulatoria, los conflictos territoriales, la presión inmobiliaria en zonas costeras, el deterioro del acceso al agua y la reducción de los espacios de participación ciudadana. En este contexto, el informe advierte que la decisión del electorado será determinante para enfrentar esta crisis o profundizarla, con implicaciones directas para el modelo de desarrollo socioambiental y para la calidad de la democracia costarricense.

Puede descargar el informe completo desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/Analisis-de-los-programas-ambientales-de-los-partidos-2026.pdf

Sobre el Parlamento Cívico Ambiental (PCA)

El Parlamento Cívico Ambiental es una plataforma ciudadana permanente creada en 2019, orientada a fortalecer la democracia ecológica, la justicia social y el desarrollo sostenible mediante el enfoque de Parlamento Abierto y una pedagogía de aprender haciendo.

Alto a toda invasión imperialista, colonialista y capitalista en Venezuela y en la región

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

El Movimiento de Trabajadores y Campesinos -MTC- condenamos la intervención militar y política del gobierno de Estados Unidos en Venezuela, en la madrugada del 3 de enero, 2026; vil agresión contra la vida y la soberanía del pueblo venezolano, junto al secuestro de presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Invasión que viola tratados internacionales y es una amenaza para la autonomía de toda la región:

“No se permitirá que Venezuela continúe bajo un régimen que ha oprimido a su pueblo por tantos años. Por eso, los Estados Unidos van a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada, justa y sensata a un gobierno legítimo. Esto significa que habrá una administración temporal enfocada en paz, libertad y justicia para el pueblo venezolano.” Trump

Venezuela posee aproximadamente el 17% de las reservas mundiales de petróleo. Repudiamos que Trump reafirme la decisión de que empresas petroleras estadounidenses “administrarán la infraestructura energética del país”.

En este escenario, propio de la crisis de los imperios capitalistas, retrotraemos que el pasado 1° de diciembre Trump descaradamente indultó a Juan Orlando Hernández (JOH), pese a la sentencia de 45 años dictada en junio de 2024, por un jurado federal de Estados Unidos, por cometer delitos relacionados con armas de fuego y ser parte del narcotráfico nacional e internacional presidiendo un gobierno narco dictatorial en Honduras, interviniendo públicamente en el proceso electoral reciente en dicho país. De igual manera, apoya al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunciado por sus vínculo con el narcotráfico. Y paradójicamente hoy, en su narrativa, justifica la invasión a Venezuela acusando a Maduro en esa misma línea.

Frente a una invasión directa y descarada del imperialismo, donde Trump afirma: “No tengo miedo de poner ‘botas en el terreno’”, nos unimos a la condena internacional y a cada acción continental en defensa de la libre soberanía de los pueblos, el respeto al principio de autonomía, al patrimonio cultural y natural, y recursos naturales por el restablecimiento de la paz, en una sola voz:

¡Ni el petróleo, ni el agua, ni nuestra energía y futuro les pertenece!
¡No somos el patio trasero de nadie!
¡Alto a la extensión de la doctrina nacionalista, colonialista, expansionista y extractivista del capitalismo!
¡Nunca más “América first” (Estados Unidos primero)!
¡Alto a toda amenaza imperialista capitalista contra otros pueblos
para expandir los intereses energéticos de Washington!
¡Venezuela Bolivariana no está sola, somos un solo pueblo!
¡Nuestra solidaridad con las hermanas y hermanos de Venezuela!
¡Viva América Latina, libre y soberana!

Balance socio ambiental 2025

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Mauricio Álvarez Mora
Docente UNA
Coordinador del Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.

Retrocesos, resistencias y nuevas articulaciones desde los territorios

El balance ambiental del año 2025 puede leerse desde tres dimensiones: los retrocesos y amenazas, los avances logrados pese a un contexto adverso, y los hechos más significativos que marcaron la agenda socioambiental. Este análisis parte del acompañamiento sostenido a comunidades, organizaciones sociales y territorios que hemos realizado en la acción social de la Universidad de Costa Rica desde el Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica.

Un panorama negativo: retrocesos democráticos y violencia estructural. En términos generales, el balance ambiental del 2025 es sombrío y preocupante. Costa Rica atraviesa un grave retroceso en derechos humanos y sociales que tiene consecuencias directas sobre la agenda ambiental. El aumento sostenido de la violencia, junto con la expansión y arraigo del narcotráfico, se manifiesta con especial crudeza en territorios rurales, costeros y transfronterizos. Durante este año quedó expuesta, por ejemplo, una preocupante triangulación entre estructuras del narcotráfico y actores dentro de INCOPESCA, evidenciando la penetración del crimen organizado en instituciones públicas claves. Este tipo de relaciones es evidente en la actividad minera ilegal entre Crucitas y Abangares.

A este contexto se suma la emergencia de nuevas formas de movilización social que buscan romper la parálisis reforzada por un gobierno autoritario y negacionista. El tejido social aparece fragmentado y desmovilizado, atravesado por el miedo, el cansancio y la apatía, lo que limita la capacidad de respuesta colectiva.

La violencia se reproduce además gracias a la impunidad y a discursos profundamente polarizantes que legitiman la hostilidad frente a cualquier forma de disenso. Este clima se expresa en un discurso abiertamente ecocida, sostenido tanto por el presidente como por sectores empresariales. Ya en 2024 se había registrado un aumento en la criminalización y los ataques contra organizaciones socioambientales; en 2025 esta tendencia continuó, materializándose en demandas judiciales contra personas comunicadoras e influencers, así como en múltiples expresiones de violencia simbólica dirigidas contra defensoras y defensores ambientales.

Avances y resistencias: frenar el retroceso y construir alternativas. En medio de este escenario adverso, el año también dejó elementos positivos. Aunque persiste una parálisis en la movilización social masiva, a nivel legislativo la sociedad organizada, en articulación con partidos de oposición, sectores académicos y diversos movimientos sociales, logró frenar varias reformas regresivas. Entre ellas destacan los intentos de privatización del ICE, modificaciones orientadas a desproteger la Zona Marítimo-Terrestre y una serie de proyectos mineros que habrían significado un retroceso histórico para el país.

En el plano del debate público, se lograron avances importantes en la disputa de ideas. Se consolidó el rechazo social a la exploración petrolera y de gas, y se amplió la discusión crítica sobre los impactos de la gentrificación y la turistificación. En este contexto, se realizó el primer Encuentro Nacional y se conformó la Red de Mujeres Costeras y Rurales, una articulación inédita que conecta luchas locales en territorios como Guanacaste, Caribe, Talamanca y Puntarenas.

Esta red, de carácter horizontal y autónomo, está construyendo una agenda innovadora que articula organizaciones feministas, rurales, indígenas y populares, demostrando que, pese al desgaste social, siguen emergiendo nuevas formas de organización para la defensa de los bienes comunes.

Frente a los procesos de criminalización y violencia contra activistas, también se registraron avances significativos. La Universidad de Costa Rica aprobó el acuerdo CU-19-2024, que establece la realización anual, cada 7 de diciembre, de actividades institucionales en homenaje a las personas asesinadas por defender el derecho a un ambiente sano. En 2025, esta conmemoración reconoció a un amplio grupo de lideresas, líderes comunitarios, organizaciones y activistas que actualmente enfrentan amenazas, criminalización y persecución vinculadas a proyectos extractivos y políticas de despojo en territorios como Playa Pelada, la Fila Costeña, Punta Pelencho, Térraba, el Humedal de Coris, Cipreses de Oreamuno, Playa Cabuyal, Caribe Norte, Miramar y Belén.

Asimismo, el 22 de abril se llevó a cabo un acto de reconocimiento a personas y comunidades que defienden la vida frente a las amenazas contra la naturaleza, reforzando la dimensión simbólica y política de estas luchas.

Las alertas por la seguridad del defensor indígena Pablo Sibar, los pronunciamientos colectivos y diversas acciones de denuncia y visibilización evidencian una capacidad de reacción social rápida y articulada, con aprendizajes acumulados que resultan especialmente valiosos en un contexto de violencia estructural y creciente criminalización socioambiental.

Lo más destacado del año: agua, corrupción y disputas territoriales. El hecho más grave y determinante del año fue la reforma al Reglamento de Agua Potable, uno de los retrocesos más profundos en materia de salud ambiental de las últimas décadas. Esta modificación desmanteló el paradigma basado en el principio de precaución y lo sustituyó por un enfoque permisivo que favorece la contaminación y beneficia directamente a la industria de los plaguicidas. Todo ello ocurrió pese a una oposición amplia y sólida por parte de sectores académicos, regulatorios, científicos, especialistas, institucionales y socioambientales, que se pronunciaron de manera contundente y documentada.

Este retroceso se inserta en un clima de violencia política que facilita el avance de la corrupción, la parálisis institucional y la reducción presupuestaria de entidades clave como el SINAC y el MINAE. Durante el año, la Contraloría General de la República evidenció prácticas y omisiones graves en SETENA, particularmente en zonas costeras, que reflejan un relajamiento selectivo de sus funciones en límites que rozan la corrupción, precisamente en la institución encargada de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano.

Paralelamente, tomó fuerza una movilización social amplia y diversa en torno a la turistificación y la gentrificación. Más allá del debate público, estas tensiones se expresaron de forma concreta en los territorios: desalojos en Playa Pelada; críticas al modelo de “república independiente” en Papagayo; oposición al Plan Regulador de Talamanca; denuncias por la destrucción del Refugio Gandoca–Manzanillo, Playa Negra,  defensa de Punta Pelencho en Brasilito; y el fortalecimiento de las luchas en la Fila Costeña, entre muchas otras. Prácticamente todas las regiones costeras del país registraron acciones de articulación y resistencia comunitaria.

Finalmente, se consolidaron luchas temáticas a lo largo del territorio nacional: resistencia contra nuevos rellenos sanitarios, Ojochal, Rio San Juan, Abangares, Pacifico Central, ,Caribe Norte, defensa de espacios naturales como el Parque Ross y el Santuario del Agua en Belén; protección de ríos como el Ario, el Frío y el Guacimal frente al extractivismo; y defensa de arrecifes como El Chino en Puerto Viejo y Jícaro en Bahía Culebra.

El 2025 deja así un balance marcado por fuertes retrocesos institucionales, pero también por resistencias persistentes y nuevas articulaciones sociales que mantienen viva la defensa de los territorios, el agua y los bienes comunes en Costa Rica.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

¿Qué país imaginan los planes de gobierno cuando hablan de ambiente?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Observatorio de Bienes Comunes

Después de revisar propuestas y planes de gobierno, descubrimos que caminar entre sus nociones de “naturaleza”, “recursos” o “desarrollo” fue casi como atravesar Mordor e Isengard: promesas verdes que se derriten, extractivismos disfrazados, silencios sobre comunidades y territorios que casi nadie menciona.

Preparamos un cuaderno de estudio para leer críticamente el debate ambiental electoral en Costa Rica:

– ¿Cómo se nombra la naturaleza?

– ¿Qué ideas se repiten en todos los colores políticos?

– ¿Qué megaproyectos avanzan sin discusión?

– ¿Dónde quedan los bienes comunes, las comunidades y la vida?

– ¿Qué tensiones muestra el país cuando se mira más allá del discurso?

No es para promover partidos, sino para pensar, contrastar e interpelar lo que se nos presenta como “desarrollo”.

Léalo aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/entre-mordor-e-isengard-una-lectura-critica-de-los-planes-de-gobierno-desde-los-bienes-comunes-cuaderno-de-estudio/