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Etiqueta: extractivismo

Balance socio ambiental 2025

Por Mauricio Álvarez Mora
Docente UNA

Coordinador del Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.

Retrocesos, resistencias y nuevas articulaciones desde los territorios

El balance ambiental del año 2025 puede leerse desde tres dimensiones: los retrocesos y amenazas, los avances logrados pese a un contexto adverso, y los hechos más significativos que marcaron la agenda socioambiental. Este análisis parte del acompañamiento sostenido a comunidades, organizaciones sociales y territorios que hemos realizado en la acción social de la Universidad de Costa Rica desde el Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica.

Un panorama negativo: retrocesos democráticos y violencia estructural. En términos generales, el balance ambiental del 2025 es sombrío y preocupante. Costa Rica atraviesa un grave retroceso en derechos humanos y sociales que tiene consecuencias directas sobre la agenda ambiental. El aumento sostenido de la violencia, junto con la expansión y arraigo del narcotráfico, se manifiesta con especial crudeza en territorios rurales, costeros y transfronterizos. Durante este año quedó expuesta, por ejemplo, una preocupante triangulación entre estructuras del narcotráfico y actores dentro de INCOPESCA, evidenciando la penetración del crimen organizado en instituciones públicas claves. Este tipo de relaciones es evidente en la actividad minera ilegal entre Crucitas y Abangares.

A este contexto se suma la emergencia de nuevas formas de movilización social que buscan romper la parálisis reforzada por un gobierno autoritario y negacionista. El tejido social aparece fragmentado y desmovilizado, atravesado por el miedo, el cansancio y la apatía, lo que limita la capacidad de respuesta colectiva.

La violencia se reproduce además gracias a la impunidad y a discursos profundamente polarizantes que legitiman la hostilidad frente a cualquier forma de disenso. Este clima se expresa en un discurso abiertamente ecocida, sostenido tanto por el presidente como por sectores empresariales. Ya en 2024 se había registrado un aumento en la criminalización y los ataques contra organizaciones socioambientales; en 2025 esta tendencia continuó, materializándose en demandas judiciales contra personas comunicadoras e influencers, así como en múltiples expresiones de violencia simbólica dirigidas contra defensoras y defensores ambientales.

Avances y resistencias: frenar el retroceso y construir alternativas. En medio de este escenario adverso, el año también dejó elementos positivos. Aunque persiste una parálisis en la movilización social masiva, a nivel legislativo la sociedad organizada, en articulación con partidos de oposición, sectores académicos y diversos movimientos sociales, logró frenar varias reformas regresivas. Entre ellas destacan los intentos de privatización del ICE, modificaciones orientadas a desproteger la Zona Marítimo-Terrestre y una serie de proyectos mineros que habrían significado un retroceso histórico para el país.

En el plano del debate público, se lograron avances importantes en la disputa de ideas. Se consolidó el rechazo social a la exploración petrolera y de gas, y se amplió la discusión crítica sobre los impactos de la gentrificación y la turistificación. En este contexto, se realizó el primer Encuentro Nacional y se conformó la Red de Mujeres Costeras y Rurales, una articulación inédita que conecta luchas locales en territorios como Guanacaste, Caribe, Talamanca y Puntarenas.

Esta red, de carácter horizontal y autónomo, está construyendo una agenda innovadora que articula organizaciones feministas, rurales, indígenas y populares, demostrando que, pese al desgaste social, siguen emergiendo nuevas formas de organización para la defensa de los bienes comunes.

Frente a los procesos de criminalización y violencia contra activistas, también se registraron avances significativos. La Universidad de Costa Rica aprobó el acuerdo CU-19-2024, que establece la realización anual, cada 7 de diciembre, de actividades institucionales en homenaje a las personas asesinadas por defender el derecho a un ambiente sano. En 2025, esta conmemoración reconoció a un amplio grupo de lideresas, líderes comunitarios, organizaciones y activistas que actualmente enfrentan amenazas, criminalización y persecución vinculadas a proyectos extractivos y políticas de despojo en territorios como Playa Pelada, la Fila Costeña, Punta Pelencho, Térraba, el Humedal de Coris, Cipreses de Oreamuno, Playa Cabuyal, Caribe Norte, Miramar y Belén.

Asimismo, el 22 de abril se llevó a cabo un acto de reconocimiento a personas y comunidades que defienden la vida frente a las amenazas contra la naturaleza, reforzando la dimensión simbólica y política de estas luchas.

Las alertas por la seguridad del defensor indígena Pablo Sibar, los pronunciamientos colectivos y diversas acciones de denuncia y visibilización evidencian una capacidad de reacción social rápida y articulada, con aprendizajes acumulados que resultan especialmente valiosos en un contexto de violencia estructural y creciente criminalización socioambiental.

Lo más destacado del año: agua, corrupción y disputas territoriales. El hecho más grave y determinante del año fue la reforma al Reglamento de Agua Potable, uno de los retrocesos más profundos en materia de salud ambiental de las últimas décadas. Esta modificación desmanteló el paradigma basado en el principio de precaución y lo sustituyó por un enfoque permisivo que favorece la contaminación y beneficia directamente a la industria de los plaguicidas. Todo ello ocurrió pese a una oposición amplia y sólida por parte de sectores académicos, regulatorios, científicos, especialistas, institucionales y socioambientales, que se pronunciaron de manera contundente y documentada.

Este retroceso se inserta en un clima de violencia política que facilita el avance de la corrupción, la parálisis institucional y la reducción presupuestaria de entidades clave como el SINAC y el MINAE. Durante el año, la Contraloría General de la República evidenció prácticas y omisiones graves en SETENA, particularmente en zonas costeras, que reflejan un relajamiento selectivo de sus funciones en límites que rozan la corrupción, precisamente en la institución encargada de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano.

Paralelamente, tomó fuerza una movilización social amplia y diversa en torno a la turistificación y la gentrificación. Más allá del debate público, estas tensiones se expresaron de forma concreta en los territorios: desalojos en Playa Pelada; críticas al modelo de “república independiente” en Papagayo; oposición al Plan Regulador de Talamanca; denuncias por la destrucción del Refugio Gandoca–Manzanillo, Playa Negra,  defensa de Punta Pelencho en Brasilito; y el fortalecimiento de las luchas en la Fila Costeña, entre muchas otras. Prácticamente todas las regiones costeras del país registraron acciones de articulación y resistencia comunitaria.

Finalmente, se consolidaron luchas temáticas a lo largo del territorio nacional: resistencia contra nuevos rellenos sanitarios, Ojochal, Rio San Juan, Abangares, Pacifico Central, ,Caribe Norte, defensa de espacios naturales como el Parque Ross y el Santuario del Agua en Belén; protección de ríos como el Ario, el Frío y el Guacimal frente al extractivismo; y defensa de arrecifes como El Chino en Puerto Viejo y Jícaro en Bahía Culebra.

El 2025 deja así un balance marcado por fuertes retrocesos institucionales, pero también por resistencias persistentes y nuevas articulaciones sociales que mantienen viva la defensa de los territorios, el agua y los bienes comunes en Costa Rica.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

¿Qué país imaginan los planes de gobierno cuando hablan de ambiente?

Observatorio de Bienes Comunes

Después de revisar propuestas y planes de gobierno, descubrimos que caminar entre sus nociones de “naturaleza”, “recursos” o “desarrollo” fue casi como atravesar Mordor e Isengard: promesas verdes que se derriten, extractivismos disfrazados, silencios sobre comunidades y territorios que casi nadie menciona.

Preparamos un cuaderno de estudio para leer críticamente el debate ambiental electoral en Costa Rica:

– ¿Cómo se nombra la naturaleza?

– ¿Qué ideas se repiten en todos los colores políticos?

– ¿Qué megaproyectos avanzan sin discusión?

– ¿Dónde quedan los bienes comunes, las comunidades y la vida?

– ¿Qué tensiones muestra el país cuando se mira más allá del discurso?

No es para promover partidos, sino para pensar, contrastar e interpelar lo que se nos presenta como “desarrollo”.

Léalo aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/entre-mordor-e-isengard-una-lectura-critica-de-los-planes-de-gobierno-desde-los-bienes-comunes-cuaderno-de-estudio/

Calle Álvarez, Guatuso, vive un abandono que ya no se puede ocultar

Mientras el río se debilita por la extracción de material y se levantan proyectos en zonas de riesgo, la comunidad vive con la inseguridad permanente de quedar aislada cada vez que llueve y de enfrentar nuevas inundaciones sin una ruta segura de salida.

Este caso revela cómo las desigualdades socioambientales se sienten en el cuerpo y cómo las decisiones (y las omisiones) institucionales aumentan la vulnerabilidad de las personas.

Leé la nota completa del Observatorio de Bienes Comunes y conocé por qué este no es solo un problema local, sino un síntoma de un modelo que construye “desarrollo” a cualquier precio.

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/calle-alvarez-cuando-el-abandono-institucional-se-vuelve-parte-del-paisaje/

UCR conmemora a Personas Defensoras de los Territorios

  • Lunes 8 de diciembre – 10:00 a.m. Conector Biológico, antiguo parqueo de Ingeniería, junto a la Biblioteca Carlos Monge

En 2024, la Rectoría y el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, a solicitud del Programa Kioscos Socioambientales y otras instancias universitarias, con el acompañamiento de familiares y activistas, aprobaron el acuerdo institucional CU-19-2024, que establece que cada 7 de diciembre se realizarán actividades para honrar a las personas asesinadas por defender el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

La fecha fue seleccionada en memoria de los ecologistas Óscar Fallas Baldí, Jaime Bustamante Montaño y María del Mar Cordero Fernández, asesinados el 7 de diciembre de 1994 en un contexto de amenazas y violencia vinculada a la defensa del Golfo Dulce frente a la industrialización impulsada por la transnacional Stone Container.

La UCR ha señalado: “La Universidad reconoce que, a pesar del prestigio internacional de nuestro país por promover la sostenibilidad y la conservación del ambiente, las personas defensoras de los derechos humanos ambientales están expuestas a riesgos como amenazas, hostigamiento, persecución, estigmatización, aislamiento social, violencia física o política, e incluso la muerte”.

El año pasado, la Universidad colocó placas conmemorativas en honor a 12 personas defensoras del territorio, activistas, ecologistas e indígenas que perdieron la vida. Sus ausencias siguen siendo una herida en la memoria colectiva y un recordatorio del alto costo que implica proteger los territorios y los bienes comunes.

Este año, la UCR quiere reconocer a quienes continúan defendiendo la vida, enfrentando actualmente amenazas, criminalización y persecución derivadas de proyectos extractivistas y políticas de despojo. Son personas cuyo trabajo cotidiano sostiene luchas por el bien común, muchas veces sin reconocimiento público, pero con un impacto profundo en sus comunidades y ecosistemas.

Este acto busca renovar el compromiso institucional con la justicia, la memoria y la defensa de los derechos humanos, honrando a quienes resisten y cuidan los territorios.

Para el Programa Kioscos Socioambientales «es urgente que la sociedad costarricense reconozca estas violencias, se posicione frente a ellas y reivindique la importancia de las acciones de defensa que hoy sostienen muchas comunidades».

La actividad es abierta al público y contará con el acompañamiento de las autoridades universitarias, oficina Nacional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y personas homenajeadas.

Federación ecologista elige nueva presidenta y analiza coyuntura electoral

  • FECON hace un llamado a votar con conciencia social, ambiental y en defensa de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía, la salud; en defensa de la democracia y contra el autoritarismo.

(1 de diciembre 2025) La especialista en justicia climática Mariana Porras Rozas es la nueva presidenta de esta plataforma de articulación de organizaciones ecologistas de todo el país denominado Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON). La Federación que acoge a una decena de organizaciones ambientales y desde el año 1989 tiene la finalidad de ser una plataforma que lucha por la justicia ambiental.

Comunidades Ecologista La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica (CoecoCeiba-AT) es la organización de base de Mariana Porras Rozas. Ella proviene de los Guidos de Desamparados y desde niña sus padres la incluyeron actividades de juventudes impulsados por la extinta Asociación Ecologista Costarricense (AECO) en los años 90’s. Por lo cual, Porras acumula más de 30 años de formación y trabajo ecologista; lo que la han llevado también a liderar espacios dentro de Amigos de la Tierra América Latina (ATALC) y representar a Costa Rica en la Federación de Amigos de la Tierra Internacional.

La asamblea ecologista se desarrolló el pasado 29 de noviembre, la sede de este evento fue la Asociación. para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE) parte de la membresía de FECON desde sus inicios. Adicional a la asamblea FECON organizó un espacio de discusión con otras 16 organizaciones aliadas invitadas para discutir el panorama político-ambiental a escasos dos meses de la primera ronda electoral. Algunos puntos claves de la discusión fueron:

Costa Rica atraviesa una coyuntura especialmente delicada caracterizada por el recrudecimiento de tendencias autoritarias, el avance del crimen organizado dentro de múltiples esferas del poder político, empresarial y estatal; el desmantelamiento acelerado de la institucionalidad pública y el fortalecimiento de un modelo extractivista que profundiza desigualdades sociales, de género, territoriales y ambientales. Sumado a esto el ataque a las personas periodista y los medios de comunicación son síntomas de la deriva autoritaria y anti-democrática que vive el país. La combinación de estos factores conforma un escenario que impacta directamente las luchas por la justicia ambiental, la defensa de los territorios y la protección de los bienes comunes.

Se consolidan señales preocupantes de autoritarismo: ataques recurrentes de la Administración Rodrigo Chaves hacia otros poderes, instituciones y organizaciones. Discursos estigmatizantes contra sindicatos, universidades públicas, prensa, organizaciones sociales, ambientalistas, mujeres y comunidades indígenas, además del uso creciente de narrativas de criminalización.

Esta clausura democrática se expresan también en flexibilización de regulaciones ambientales, debilitamiento de comisiones técnicas, avance del monocultivo intensivo, turismo inmobiliario agresivo, gentrificación de territorios, y apertura de megaconstrucciones y privatización de áreas de alto valor ecosistémico, que evidencian procesos de despojo territorial, captura del Estado y presión sobre los bienes comunes, mientras comunidades y organizaciones locales cargan con la defensa cotidiana del agua, los bosques y la biodiversidad.

Un eje central de esta coyuntura es el debilitamiento estructural de la participación social en asuntos ambientales. La actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad es solo un ejemplo dentro de una tendencia más amplia: participación simbólica, acelerada y sin incorporación real de las voces territoriales.

La presión creciente de gentrificación, y un modelo de atracción de inversión sólo sabe avanzar erosionado derechos laborales, precarizando la vida rural y expandiéndose en forma de enclaves turísticos. Todo esto impacta directamente los ecosistemas, el acceso al agua, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y la soberanía alimentaria, al mismo tiempo que profundiza la desigualdad territorial y fractura comunidades enteras.

Esta coyuntura crítica afecta de manera diferenciada a mujeres rurales, juventudes, defensoras ambientales, pueblos originarios y comunidades empobrecidas, que sostienen la economía del cuidado, la producción de alimentos y la defensa de los territorios. Los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, la violencia patriarcal, el aumento del feminicidio y la criminalización de la protesta agravan la situación para quienes encabezan luchas territoriales y ambientales en condiciones de riesgo.

El desafío inmediato para el movimiento ecologista y para espacios como FECON consiste en comprender y combatir esta coyuntura como un fenómeno sistémico, fortalecer la articulación comunitaria y territorial, producir pensamiento crítico propio, y defender de manera integral la justicia ambiental, climática, territorial, económica, social y de género.

Por último, la Federación hace un llamado a votar con conciencia social, ambiental y en defensa de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía, la salud; en defensa de la democracia y el autoritarismo. No es posible defender la biodiversidad, el agua y los bosques sin inconstitucionalidad democrática y derechos plenos para todas las personas.

Presentarán investigación inédita sobre minería ilegal y su expansión en territorios protegidos

La Fundación Heinrich Böll Centroamérica y la Federación Ecologista (FECON) invitan a la presentación en línea de la investigación “La multinacional del oro que le abrió las puertas a la minería ilegal en tierras protegidas de Costa Rica”, publicada el pasado 23 de noviembre por Revista RAYA y desarrollada por los periodistas Edinson Arley Bolaños y Camilo Ubaque Calixto.

El reportaje expone cómo una empresa minera transnacional proporcionó información estratégica —incluyendo rutas y coordenadas— que posteriormente facilitó la expansión de la minería ilegal en áreas protegidas, en particular en la región de Crucitas, una zona de alta relevancia ecológica.
La investigación documenta además impactos ambientales y sociales, el uso de mercurio, redes de tráfico de minerales y vacíos en la gobernanza ambiental del país.

Detalles del evento

Panel de presentación

  • Ingrid Hausinger – Directora, Fundación Heinrich Böll Centroamérica

  • Edinson Arley Bolaños – Director, Revista RAYA (Colombia)

  • Amaru Ruiz – Presidente, Fundación del Río (Nicaragua)

  • Henry Picado – Miembro de FECON y Red de Biodiversidad (Costa Rica)

Según las organizaciones convocantes, el encuentro abrirá un espacio para profundizar en los hallazgos del reportaje, analizar sus implicaciones regionales y dialogar sobre los desafíos que la minería ilegal plantea para Costa Rica, Nicaragua y otros territorios mesoamericanos.

Investigación completa

Puede leerse en:
https://revistaraya.com/la-multinacional-del-oro-que-le-abrio-las-puertas-a-la-mineria-ilegal-en-tierras-protegidas-de-costa-rica.html

Agricultura 4.0: La Re-Revolución Verde (“Agricultura” guerrerista y genocida)

“Todas las criaturas vivientes deben tener una interacción
constante con su ambiente si quieren vivir en este planeta”
Saito, K (2017)

Por Óscar Rivas1

1 Me desempeño como Agricultor Orgánico desde el 2019 (actualmente en un proyecto propio llamado “Finca Macambo”) y en términos académicos tengo un grado de licenciatura en Pedagogía con énfasis en Didáctica.

Las últimas décadas han estado marcadas por la implementación discursiva de lo que llaman “IV Revolución Industrial” esto, desde el discurso dominante, se debe a la necesidad de “modernizar”, aún más, algunos sectores de la economía. Sin embargo, lo que realmente arrastra este discurso es la necesidad por parte de la clase en el poder de hacerle frente a la crisis de mercados, abrir nichos de consumo y encontrar fuentes para movilizar el capital; esto, abonado a otros aspectos, son muestras de las contradicciones sistémicas y una crisis objetiva que se agrava cada día más.

Esta crisis objetiva es una sola con la crisis subjetiva de la gran burguesía y es que como clase dominante y dirección del mundo está con el pasar del tiempo cada vez más desacreditada y, además, las vestimentas “democráticas” se empiezan a caer y se hace más visible la verdadera cara del sistema capitalista.

¿Qué tiene que ver esto con la Agricultura? Está íntimamente relacionada. Este aspecto es lo que se pretende explicar o por lo menos tener un acercamiento al tema debido a que la agricultura ha presentado y presenta una gran oportunidad en dos aspectos de suma importancia: el primero como mercado residual de las guerras y los conflictos y el segundo en términos de la utilización de esta para utilizar y seguir imponiendo el discurso de la necesidad de “modernización” en un campo que “no se ha adaptado aún a las nuevas necesidades y tiempos”. Esto no es algo nuevo ya que con la Revolución Verde lo han impuesto, pero que los términos actuales de esta visibilizan una Re-Revolución Verde ahora recargada y con tecnología de punta.

El discurso de la “Agricultura 4.0”, de la “Agricultura de precisión” trae consigo la práctica de llevar al campo a fondo la alta tecnología utilizada en las guerras, así como los venenos tuvieron su auge luego de que fueran utilizados en la primera y segunda guerra mundial para asesinar al enemigo. Hoy, está el agravante, de que esta alta tecnología, a modo de laboratorio, está siendo utilizada para aniquilar a un pueblo entero: el pueblo palestino. Mientras drones asesinos, alta tecnología represiva, máquinas “ultra-inteligentes” son utilizadas en aspectos genocidas, también se va creando la necesidad de “modernizar” el campo.

Lo anterior, no es resignifcar lo que ya venía sucediendo en la ruralidad, es llevar al paroxismo la tarea de socavar el suelo, imponerse o borrar la pequeña agricultura, y seguir profundizando un modelo que llevó a la quiebra a la pequeña producción agrícola donde le hicieron utilizar su parcela como laboratorio para el uso de venenos, le empeñaron su relación con la tierra y convirtieron al pequeño campesino en un asalariado más, lo que Marx plantea como un efecto de “proletarización creciente”1.

El despojo de la riqueza biológica 2 fue y es el despojo de la riqueza existencial y esto se ve más que reflejado en la lejanía cada vez mayor con la actividad base para sobrevivencia de la especie: la agricultura (entendiendo a esta como la propia palabra lo describe la cultura y la cercanía con la tierra). El gran capital agrícola (Agromafia) y el gran capital tecnológico son, hoy más que nunca, uno solo y justifican su necesidad de movilizar y realización del capital por medio de la Re-Revolución Verde, la IV Revolución Industrial llevada a la agricultura o lo poco que queda de esta. El propio Bill Gates (fundador y dueño de Microsoft) habla de la necesidad de invertir en el campo agrícola, y esta es la tendencia de la gran burguesía mundial. “Si la ciencia y la tecnología no son independientes de consideraciones políticas, tampoco lo son sus respuestas al problema de agotamiento de la biodiversidad domesticada y silvestre”3.

Estamos, por lo tanto, ante una “agricultura”4 genocida y no solo por ser mercado residual del genocidio al pueblo palestino, también porque se une a la alta gama de venenos que asesinan toda la micro y macrofauna, sobreexplotando tanto el suelo como a la población africana para fabricar todo lo que gira alrededor de la alta tecnología. Generando así un combo aún mayor de una actividad que se sustenta bajo el sufijo de muerte (-cida) solo que ahora maquillada de tecnológica y avanzada (caso similar a lo que pasaba con la gran maquinaria agrícola en los comienzos de la Revolución Verde).

Ahora bien, y como dice el refrán popular, “al que no quiere caldo dos tazas”. La agresión al campo con énfasis en la pequeña agricultura no queda ahí, el gran capital agrotecnológico no puede dejar cabos sueltos y responde también al crecimiento de actividades agrícolas alternativas traficando la tecnología como forma de generar “sostenibilidad” cosa imposible sabiendo el origen de la alta tecnología que como planteaba el párrafo anterior se sustenta en una actividad extractivista y sobreexplotadora. Esto último le ha servido para blanquear su imagen por los crímenes que llevan a cabo y presentarse como la cabeza de la “agricultura verde” y la “salvación del campo”. Hoy en día ya hay universidades que han metido en su currículo aspectos de la llamada “Agricultura 4.0” y están por profundizar en esta área, una vez más la corroboración de su influencia y quienes realmente tienen el poder.

En conclusión, se está imponiendo una “agricultura” donde se sigue viendo el suelo como mina por lo que se socava la base de la vida, se rompe con el metabolismo material con la naturaleza5, justificadora y perpetuadora de la actividad guerrerista y genocida, la re-imposición de la dependencia del pequeño agricultor a insumos (¡y ahora a tecnología!) externos, el blanqueamiento del exterminio a un pueblo entero bajo el discurso falaz de la “sostenibilidad”, volcar instituciones estatales enteras hacia el proyecto de la “Agricultura 4.0”, y utilizar a las naciones y sus suelos para ver como subsanan la crisis que ellos mismos generaron, subsanar en el sentido de clase: abrir nuevos mercados, continuar explotando el suelo y revertir el fenómeno de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia6.

La “Agricultura 4.0” es el proyecto del gran capital sionista genocida y fiel reflejo de un sistema que pone por encima el capital a la vida, un sistema capitalista cada día más barbárico.

1 Marx, K. 1970. Ideología Alemanda. Editorial Progreso

2 Rodríguez, S. 2013. El despojo de la riqueza biológica. EUNA

3 Ídem.

4 De ahora en adelante si la palabra aparece entrecomillada se hace en el sentido de recuperar su concepto, de ser un concepto en disputa. Entrecomillada para diferenciar entre la agricultura que queremos y pretendemos rescatar, y la concepción e imposición del gran capital en el área agrícola.

5 Saito, K. 2017. La naturaleza contra el capital. Bellatera Edicions.

6 Roberts, M. 2024. La ley de rentabilidad de Marx: aún más evidencia. Extraído de https://braveneweurope.com/michael-roberts-marxs-law-of-profitability-yet-more-evidence

Pronunciamiento en torno a la actividad minera de Abangares

  • Más de 50 organizaciones y personas alertan sobre proyecto de ley N.º 24.932

  • La norma permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas, sin trazabilidad verificable.

  • El Gobierno y los diputados han favorecido sistemáticamente la actividad minera, sin atender los constantes indicios de ilegalidades, delitos y vínculos con el crimen organizado.

Este posicionamiento busca alertar sobre los riesgos que encierra la aprobación de una norma con ambigüedades y mecanismos permisivos. Se presenta un recuento de hechos documentados que evidencian cómo, en la práctica, Abangares ha operado como un espacio de legitimación de oro de origen cuestionable, amparado por leyes permisivas. Asimismo, se formulan exigencias técnicas, jurídicas y sociales, con el fin de que el Estado y la Asamblea Legislativa legislen en favor del bien común, y no en contra de este.

La intención de consolidar un modelo ambiental sin industrias extractivas contaminantes enfrenta un momento crítico. Por un lado, se impulsa la apertura minera en Cutris, y por otro, se busca consolidar la minería “artesanal” en Abangares, territorio históricamente asociado a la extracción de oro, con profundas consecuencias para el ambiente, la salud y la gobernanza territorial.

El proyecto de ley N.º 24.932 pretende institucionalizar y proteger la minería en esa zona, en un contexto de legislación débil, incumplida, sostenida mediante transitorios y vacíos de control normativo. El proyecto, tal como está planteado actualmente, no representa una regulación responsable ni una vía hacia la formalización segura de la minería artesanal. Los interesados en exportar oro desde Abangares, así como el propio Estado, han tenido catorce años para regularizar su operación, obtener concesiones vigentes y contar con estudios de impacto ambiental. Sin embargo, a pesar de las ganancias exorbitantes, ha resultado más fácil para ambos actores permitir una operación opaca, sin licencias ambientales ni cumplimiento del Convenio de Minamata.

El Gobierno y los diputados han favorecido sistemáticamente la actividad minera, sin atender los constantes indicios de ilegalidades, delitos y vínculos con el crimen organizado. Este proyecto no corrige esa tendencia; al contrario, institucionaliza la excepción, amplía los portillos normativos y favorece prácticas ilegales camufladas. Si se aprueba sin transformaciones profundas, Costa Rica podría consolidar la exportación de oro ilegal, con consecuencias reputacionales, sociales, ambientales y fiscales irreversibles.

Hechos críticos e irregularidades asociadas al proyecto:

Marco legislativo capturado por incumplimiento y excepciones. Desde la Ley 8904 (2010) hasta las más recientes 9662, 10132 y 10375, las normas específicas que anteceden al proyecto actual han servido para prolongar concesiones, flexibilizar controles ambientales y permitir que la minería funcione bajo un régimen de desregulación continua. En la práctica, se ha incentivado la minería ilegal en Crucitas, Abangares y otros sitios donde se procesa material sin control. Estas extensiones han convertido la normativa en un mecanismo permisivo e ineficaz, alejado de una regulación transparente y estructural.

Opacidad y riesgo de lavado de oro ilegal. La norma de permisividad -que este proyecto busca volver permanente- permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas, sin trazabilidad verificable. Investigaciones periodísticas han documentado que este mecanismo se utiliza para legitimar oro proveniente de zonas como Crucitas o incluso posiblemente de Nicaragua. Según estos reportajes, Costa Rica habría exportado más de 280 millones de dólares en oro entre 2010 y 2020 sin recibir ingresos fiscales ni certificar su origen.

Delitos conexos y crimen organizado. La minería ilegal no opera de forma aislada: converge con otras actividades criminales. Se han detectado vínculos con lavado de dinero, tráfico de material en bruto o minerales, contrabando y uso descontrolado de cianuro y mercurio, incluso con dinámicas asociadas al narcotráfico en zonas fronterizas. La Fiscalía Ambiental ha advertido sobre la presencia de “patrocinadores” que financian operaciones con insumos peligrosos, infraestructura y logística para encubrir el lavado de activos.

Impactos ambientales, sociales y en salud pública. Los riesgos documentados incluyen la contaminación de aguas superficiales y subterráneas con cianuro y mercurio, afectaciones neurológicas y respiratorias en las poblaciones locales, inseguridad laboral con muertes y accidentes en túneles artesanales, y ausencia de controles oficiales. En muchos casos, la minería se realiza dentro de viviendas o parcelas comunitarias, en condiciones precarias y con sustancias altamente tóxicas. Muchos de estos impactos se dan en Abangares, Crucitas, Corcovado y la rica zona protegida de Indio Maíz en Nicaragua.

Debilidad institucional y falta de control estatal. La Dirección de Geología y Minas (DGM), el MINAE, la SETENA y otras autoridades han mostrado una débil capacidad regulatoria frente al volumen real de actividad minera, tanto legal como ilegal. La ausencia de concesiones formales, la falta de licencias ambientales previas y el uso de declaraciones juradas como trazabilidad debilitan al Estado como garante del patrimonio natural.

Simulación de minería artesanal. Por la escala del volumen exportado, las ganancias obtenidas y los impactos generados, resulta evidente que en Abangares no se trata de minería a pequeña escala, sino del uso instrumental -e incluso simulado- de la figura de minería artesanal y cooperativa para encubrir una actividad de mediana o gran escala que opera al margen de la regulación. Este esquema de desregulación y flexibilización pretende ahora volverse permanente con el proyecto de ley.

Ante estos hechos exigimos:

Trazabilidad robusta y verificable. Eliminar la exportación bajo declaración jurada. Establecer un sistema digital de registro con autenticación y certificación de origen verificable y mecanismos cruzados que integren a Geología, Aduanas, Ambiente, Municipalidad y asociaciones comunales.

Auditoría socioambiental en Abangares. Convocar de inmediato una auditoría socioambiental con participación del MINAE, Ministerio de Salud, la DGM, la Escuela de Geología (UCR), organizaciones socioambientales y comunitarias. Esta debe cuantificar los impactos acumulados en suelo, agua, salud y biodiversidad, y generar información para un análisis costo-beneficio de la actividad.

Licencia ambiental previa obligatoria. Toda solicitud de explotación minera debe estar sujeta a la aprobación de un estudio de impacto ambiental por parte de la SETENA, y posteriormente, a la concesión otorgada por la DGM. La exportación de oro debe contar con control cruzado de varias instituciones del Estado. No pueden admitirse excepciones que omitan esta evaluación básica.

Sanciones efectivas y mecanismos de disuasión. El proyecto debe incorporar sanciones penales, civiles y administrativas estrictas. Las cooperativas, comercializadores o exportadores que introduzcan oro ilegal deben perder inmediatamente su concesión y estatus en los registros mineros y enfrentar sanciones proporcionales.

Impuesto a la exportación y redistribución justa. Dado el carácter estratégico del oro como patrimonio nacional, debe establecerse un impuesto a la exportación que redistribuya beneficios hacia las comunidades afectadas y fortalezca la fiscalización estatal.

Coordinación interinstitucional y cooperación internacional. La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Fiscal y las autoridades ambientales deben actuar de manera conjunta. Se recomienda también recurrir a la cooperación con países que tienen experiencia en trazabilidad y combate a la minería ilegal (como Colombia, Perú y Ecuador) para adaptar buenas prácticas al contexto nacional.

Llamado a la adhesión y movilización

  • Invitamos a instancias académicas, organizaciones comunitarias, indígenas, estudiantiles, sociales y sindicales a sumarse a este pronunciamiento (mediante el enlace que está al inicio de esta nota).

  • Juntos y juntas podemos evitar que este debate quede capturado por intereses particulares y lograr que las decisiones legislativas respondan realmente al interés público. Instamos a la Asamblea Legislativa a no avanzar con el proyecto de ley N.º 24.932 en sus condiciones actuales, y a abrir un proceso de discusión pública, con enmiendas sustanciales y la incorporación de mecanismos que garanticen transparencia, justicia ambiental y respeto a los derechos de las comunidades.

Organizaciones:

Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre
Colectivo Ecologista Liberiano
Organización Regenerativa Matzú Insigne
Fundación Promar
Comité de Enlace Sociedad Civil con Foro INAMU
Comité Directivo Territorial INDER #4
Heredia Crea
AREMA
Centro de Sostenibilidad de Costa Rica
COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica
Eco Comunidad por la Justicia y la Paz Justa
Arte para la Tierra
Bloque Verde
JPIC – Justicia, Paz e Integridad de la Creación
Defensores de la Casa Común
UBL (Universidad Bíblica Latinoamericana)
Causa Sur – Pérez Zeledón
Teatro MileCima
IDELA – Universidad Nacional
CICDE – UNED
Comité Punta Pelencho
Casa Aiko
Coordinadora Ni Una Sola Mina
Centro de Amigos para la Paz
Asociación Civil Pro Natura
Paralela
Personas:

Ligia Barrantes Cartín – San Pedro de Pérez Zeledón

Flora María Calvo Abarca
Óscar Esteban Vindas Alfaro – Santa Bárbara
Giselle Arce Fonseca – Paso Canoas
Franco Zúñiga Sequeira – San Pedro de Turrubares
María Hernández – Concepción, San Isidro de Heredia
María Eugenia Delgado Marín – Talamanca, Limón
Juan Robles
Felipe Coto – Escazú
José Pablo González Rojas – Playa Negra, Santa Cruz, Guanacaste
Anacristina Rossi – San Antonio de Escazú
Silvia Matamoros Pacheco – Salitral de Santa Ana
Travis Robert Britzke Bonneville – Tinamaste, Barú, Pérez Zeledón
Lilliam Mena Araya
Alexander Pérez Gutiérrez
Víctor Madrigal Sánchez – Pueblo Nuevo, Garabito
Rafael Ángel Sánchez Rojas – Heredia
Mónica Alvarado Barzuna – Copey
Marvin Amador Guzmán – UCR
Luis Carlos Bonilla Soto – Esparza, Puntarenas
Asdrúbal Rivera Villanueva – Térraba
Wilson Arroyo Oconitrillo – Músico
Wilber Cortés Rodríguez
Gloriana Araya Campos

Ver análisis completo elaborado por: M.Sc Mauricio Álvarez Mora del Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, de la Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica y del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS-UCR).

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Declaración de la Alianza Global CONVIDA20 ante la COP30

Por una política global al servicio de la vida; la justicia climática; la paz; la pluriculturalidad originaria y afro; la equidad de género; el derecho a migrar y ser protegido y una tecnología al servicio de los pueblos

Resumen

Hoy, más que nunca, nos debatimos entre dos polos: el de la vida y el de la muerte. Quienes creemos en el derecho a existir denunciamos que ese derecho está siendo violado por los poderosos de cada país, que destruyen la casa común, militarizan el planeta y mercantilizan la tecnología.

Nos resistimos al negacionismo climático, al extractivismo voraz, a la violencia patriarcal y al uso de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta de control, guerra y exclusión.

Desde nuestras siete comisiones de CONVIDA20:

Tecnología de la información / Techo, Tierra, Trabajo y Trascendencia / Paz, No Violencia y Anti-militarización / Pueblos Originarios y Afrodescendientes / Equidad de Género / Crisis Climática / Crisis Migratoria, elevamos esta declaración ante la COP30 en Belém Do Pará, Brasil.

Lo hacemos desde los pueblos de América Latina y el Caribe, desde las comunidades campesinas, rivereñas, indígenas, afrodescendientes, urbanas y populares, desde las espiritualidades vivas que resisten y sueñan.

Esta declaración también recoge el eco de la peregrinación continental de la copresidenta de SICSAL-Mons. Oscar Arnulfo Romero e integrante de nuestra coordinación, Emilie Teresa Smith, quien, desde Vancouver, Canadá, ha recorrido el continente escuchando, conviviendo y recogiendo testimonios de mujeres y hombres defensoras y defensores de los territorios, que enfrentan múltiples violencias, especialmente la institucional, el saqueo de los bienes comunes y la destrucción ambiental con coraje, poesía y organización. Su caminar ha sido un acto de escucha radical, de acompañamiento espiritual y de denuncia profética.

La Inteligencia Artificial, la guerra, el extractivismo, la migración forzada y la crisis climática no son fenómenos aislados: son expresiones de un mismo modelo que pone el lucro, la codicia, por encima de la vida. Frente a ese modelo, proponemos otro horizonte: una humanidad reconciliada con la tierra, con el trabajo digno, con la hospitalidad y la justicia.

No venimos a pedir permiso. Venimos a anunciar que otro mundo está en marcha.

Que los pueblos que migran, las mujeres que cuidan, las juventudes que sueñan y los pueblos originarios y afrodescendientes que resisten ya están construyendo alternativas.

La Alianza Global CONVIDA20 reafirma su compromiso indeclinable con la defensa de la vida en todas sus formas, con la justicia climática, la dignidad de las personas migrantes y refugiadas, las mayorías empobrecidas, la equidad de género, la paz y la espiritualidad encarnada en los pueblos.

Reafirmamos que no habrá justicia ambiental sin justicia social, ni justicia social sin acogida y reconocimiento del otro y la otra. Nos convocamos a seguir tejiendo redes de solidaridad continental, a cuidar los territorios y los cuerpos amenazados, a acompañar a quienes migran por hambre, guerra o sequía, y a construir, desde la ternura de los pueblos y la resistencia, un futuro donde ninguna persona sea descartada ni expulsada de la casa común. Nuestra esperanza es activa, nuestra fe se hace acción y nuestro horizonte es la vida plena para todos los pueblos y todas las criaturas de la tierra.

Vemos, juzgamos y actuamos

Porque no estamos ante una simple coyuntura técnica ni una crisis pasajera.

Estamos frente a una encrucijada histórica que interpela nuestra conciencia, nuestra espiritualidad y nuestra acción política.

Este método —nacido en la juventud obrera católica de Bélgica y asumido por las luchas populares, la teología de la liberación, la pedagogía crítica y los movimientos sociales latinoamericanos— nos permite mirar la realidad con ojos abiertos, corazón sensible y voluntad transformadora.

Ver es dejarse afectar por lo que ocurre: reconocer las heridas del planeta, los rostros de los excluidos, los mecanismos de poder que destruyen la vida.

Juzgar es discernir desde una ética de la vida, confrontando los hechos con los principios de justicia, dignidad, solidaridad y cuidado.

Actuar es comprometerse, construir alternativas y transformar estructuras.

Vemos que:

La crisis climática no solo destruye ecosistemas: también expulsa pueblos enteros de sus territorios, provocando que millones de personas abandonen sus hogares por sequías, inundaciones o aumento del nivel del mar. Se prevé que en 2050 sean más de 250 millones las personas refugiadas climáticas que se verán forzadas a dejar sus hogares por los efectos del calentamiento global: sequías prolongadas, desertificación, pérdida de cultivos, tormentas extremas, saqueo y expoliación de tierras cultivables.

Aunque el término “refugiado” sugiere protección internacional, no existe aún reconocimiento legal bajo la Convención de Ginebra de 1951. Por eso, quienes huyen del colapso ambiental son personas invisibilizadas, criminalizadas o reducidas a cifras, sin protección jurídica ni humanitaria efectiva.

En Europa y en las fronteras de Estados Unidos, la llegada de personas afectadas por crisis ambientales crece cada día más. Proceden de África, de Oriente Medio, de Asia meridional y de América Latina, y el Caribe donde los impactos del cambio climático agravan la pobreza, los conflictos y la inseguridad alimentaria.

El Mediterráneo se ha convertido en una fosa común, y los muros, centros de detención y políticas xenófobas son el rostro más cruel de una civilización que ha perdido su humanidad.

Las guerras, además, contaminan el aire, la tierra y el agua, obligando a poblaciones enteras a migrar incluso después de los conflictos. La migración forzada es hoy el rostro humano del colapso climático y la expresión más extrema de la injusticia ambiental global.

La militarización global representa entre el 5 y el 6% de las emisiones de carbono. Los países que fabrican y exportan armas concentran el 82% del gasto militar mundial y el 67,1% de las emisiones de CO₂. La guerra contamina, deforesta, desplaza y destruye ecosistemas.

Los países del sur global arrastran deudas externas impuestas por organismos financieros internacionales que condicionan sus economías y limitan su desarrollo. Mientras destinan enormes recursos al pago de intereses, millones de personas carecen de salud, educación, tierra, trabajo y techo digno.

La transición energética, basada en el litio y otros minerales raros, está afectando directamente a comunidades que habitan los territorios. En Ecuador, el pueblo Kichwa ha sufrido represión, invasión de tierras y asesinatos por resistir al extractivismo. En México, Guatemala, Colombia y Honduras, mujeres defensoras enfrentan amenazas constantes por proteger el agua, los bosques y la biodiversidad.

Las mujeres —especialmente indígenas, afrodescendientes y campesinas— enfrentan violencias múltiples: patriarcales, extractivistas, racistas. Son ellas quienes sostienen la vida, defienden los territorios, custodian las semillas, y, sin embargo, siguen siendo invisibilizadas, criminalizadas y asesinadas. Su trabajo cotidiano, muchas veces invisible, es esencial para el sostenimiento de la vida y la resistencia comunitaria.

La lucha feminista en este contexto debe ser transversal a la COP30, mirando la realidad desde la desigualdad estructural que viven las mujeres. Esta mirada no es un añadido: es una clave para desmontar las violencias y construir justicia ambiental, social y tecnológica.

La IA ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una fuerza que transforma radicalmente la economía, la política, la naturaleza y la guerra. Su uso masivo genera impactos ecológicos alarmantes: consumo energético desmedido, uso intensivo de agua y minerales críticos, expansión de la huella ecológica de las grandes empresas tecnológicas y atenta contra el pensamiento crítico y la construcción de conocimiento.

Juzgamos que:

La crisis climática es también una crisis ética y espiritual: sin sentido, sin comunidad y sin trascendencia, no hay futuro sostenible. La espiritualidad es el alma de la ecología integral.

Del mismo modo, la crisis migratoria es un espejo moral del mundo. Negar el reconocimiento a las personas desplazadas por causas ambientales es perpetuar un modelo de muerte. Reconocerlas y protegerlas es un deber moral y político. La indiferencia de los estados y las corporaciones, ante el sufrimiento de millones de personas migrantes y refugiadas climáticas constituye una violación estructural de los derechos humanos.

Denunciamos las políticas racistas, xenófobas, aporofóbicas y patriarcales del Norte Global, que levantan muros mientras destruyen ecosistemas ajenos. Denunciamos también la corrupción de muchos gobiernos del Sur, que anteponen el lucro al bienestar de sus pueblos, permitiendo el saqueo extractivista de sus tierras.

Como han afirmado los Papas Francisco y León XIV los cuatro verbos que deben guiar toda política migratoria: acoger, proteger, promover e integrar. Estos principios son también una brújula para la justicia climática.

Acoger a las personas desplazadas es reconocer la interdependencia de la vida; protegerlas es garantizar sus derechos; promoverlas es acompañar su desarrollo humano integral; integrarlas es crear sociedades interculturales y solidarias.

La migración no es un problema: es una consecuencia de las injusticias globales y una oportunidad para reconfigurar el pacto humano desde la fraternidad universal.

Los pueblos originarios y afrodescendientes no son víctimas pasivas: son portadores de soluciones vivas, saberes milenarios y alternativas concretas. Ante cualquier proyecto gubernamental que tenga que ver con la madre naturaleza la consulta a los pueblos es prioritaria y obligatoria.

Las deudas externas y ecológicas son injustas y contrarias al bien común. Las deudas, muchas veces ilegítimas o heredadas de dictaduras, perpetúan la dependencia y el control de los poderosos sobre los pueblos. No se puede exigir a las naciones pobres pagar con el hambre de su gente lo que fue impuesto bajo mecanismos de dominación económica.ç

La IA no es neutral: su desarrollo está guiado por intereses corporativos y militares.

La militarización no garantiza seguridad: la verdadera seguridad es humana y comunitaria: Implica salud, educación, vivienda, trabajo digno y paz.

Actuamos así:

  • Reclamamos una transición ecológica justa, que respete los territorios y los derechos de los pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes.

  • Nos sumamos a las acciones por la suscripción del protocolo de no proliferación de combustibles fósiles; también a la exigencia de canje de deuda por acción climática; presión por el aumento del fondo de los países ricos, que sea justo, equitativo y ético, para la mitigación de las pérdidas y daños causados por la crisis climática. De igual manera, cualquier acción de transición energética, ecológica, integral y justa, respetando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos lo que requiere inclusión de garantías a los derechos humanos en las acciones que surjan de la COP30 de Belem do Pará, en Brasil.

  • Apoyamos la exigencia de auditorías éticas y transparentes de las deudas, promovemos sus condonaciones cuando sean ilegítimas y trabajamos por un nuevo orden financiero internacional basado en la justicia, la solidaridad y la soberanía de los pueblos. Sólo así las economías podrán liberarse de las cadenas que impiden su desarrollo humano integral.

  • Exigimos la reconstrucción ética de las políticas migratorias globales, con base en el respeto a la dignidad humana y en la responsabilidad compartida ante el cambio climático. Así mismo, promovemos la adopción de marcos jurídicos internacionales que reconozcan el status de “refugiado climático”.

  • Exigimos que ningún ser humano sea considerado ilegal y que se garantice el acceso universal a educación, salud y seguridad social para todas las personas migrantes. También denunciamos la criminalización de quienes acompañan o defienden los derechos de las personas migrantes, los crímenes de los defensores ambientales y exigimos justicia por los asesinatos, desapariciones y estigmatizaciones.

  • Apoyamos las redes de solidaridad que, en Europa, América, África, Asia-Pacífico practican los principios de acoger, proteger, promover e integrar, resistiendo a la ultraderecha.

  • Reclamamos presupuestos públicos para el cuidado comunitario de bosques, ríos, semillas y saberes; para la acogida de personas desplazadas y para políticas de integración que fortalezcan la convivencia intercultural.

  • Reconocemos y celebramos las identidades, las diversidades sociales y étnicas porque en su expresión se refleja la dignidad y la riqueza de lo humano.

  • Denunciamos el patriarcado digital que se disfraza de modernidad mientras reproduce las viejas jerarquías del poder: algoritmos que invisibilizan a las mujeres, redes que premian la violencia simbólica y plataformas que lucran con la exposición del cuerpo femenino. Detrás de cada “like” o comentario misógino hay un sistema que perpetúa la desigualdad en el espacio virtual.

  • Proponemos como alternativa construir una cultura digital feminista, donde la tecnología sea herramienta de emancipación y no de control. Un internet diverso, ético y comunitario, que promueva la voz de quienes fueron silenciadas, y que use la inteligencia colectiva para tejer redes de cuidado, educación y justicia.

  • Exigimos protección integral para las defensoras de la vida —mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y migrantes— que enfrentan amenazas y violencia.

  • Apoyamos la regulación y el control democrático de la IA al servicio del bien común y exigimos políticas públicas de alfabetización tecno-política y rechazamos el uso de la IA con fines geopolíticos y militares, de vigilancia o manipulación.

  • Apoyamos la Campaña Global contra el Gasto Militar, y nos pronunciamos contra las bases militares de EE. UU. y la OTAN en nuestro continente que han ocupado, invadido, y dominado nuestros territorios ricos en bienes naturales y biodiversidad. Igualmente, nos hemos pronunciado contra el entrenamiento y ejercicios militares orientados a prepararse para la guerra y que se realizan cada año generando, al mismo tiempo, contaminación y daño ambiental.

Escuchen el clamor de la tierra.

Escuchen el clamor de los pueblos desplazados.

Escuchen el clamor de las mujeres migrantes que defienden sus cuerpos y territorios.

Porque la vida no se negocia.

Porque la justicia no se posterga.

Porque la paz no se militariza.

Porque la tierra no se vende.

Porque el futuro se construye hoy.

Alianza global CONVIDA20 está integrada por organizaciones y personas de América Latina, El Caribe, Canadá, Estados Unidos, Europa y Asía Pacífico

Anexos

DECLARACION DE LA ALIANZA GLOBAL CONVIDA20 ANTE LA COP30 2025.pdf
DECLARAÇÃO DA ALIANÇA GLOBAL CONVIDA20 DIANTE DA COP30 2025.pdf
DÉCLARATION DE L’ALLIANCE MONDIALE CONVIDA20 DEVANT LA COP30 2025.pdf
https://sicsal.net/convida20/es/node/95

Carta abierta a liderazgos de organizaciones ambientales

Frente Nacional de Lucha

Conectando la marcha del 8 de noviembre en San José, Costa Rica, para proteger las instituciones públicas, y la política climática en vísperas de la Conferencia Climática de las Naciones Unidas (COP3)

Estimadas y Estimados:

Les escribimos en vísperas de ambas la marcha programada para el 8 de noviembre en San José, Costa Rica, en defensa de las instituciones públicas costarricenses, y la Conferencia Climática de las Naciones Unidas, COP30.

En este momento sin precedente, cuando el planeta está cruzando múltiples limites críticos ecológicos, destacamos la urgencia de resaltar el liderazgo del sector público en enfrentarla emergencia climática.

La narrativa y política climáticas oficiales, sin embargo y como saben, de no solamente esta COP30, sino de los espacios en general donde se elaboran planes para enfrentar la emergencia climática, cada vez más promueven y consolidan como protagonista el sector privado.

Este cambio en liderazgo desde lo público hacia el privado en la política global climática tiene efectos profundos. Sobre todo, en este momento precisamente cuando tenemos que abandonar las industrias extractivistas, y la economía neoliberal que representan—no hay agua ni tierra suficiente para ellas—una política climática privatizada consolida las estructuras de poder corporativo que causan tanto daño ambiental, social, y económico.

Dado que nuestro país tiene un rol casi singular en influir debates sobre el ambiente, les pedimos, sobre todo, resaltar en este momento una visión pública y auténtica para enfrentar las múltiples crisis relacionadas que vivimos.

Ustedes, desde adentro de las reuniones e instituciones donde se construye la política global ambiental, que a la vez marca la cancha para tanto en nuestro país, saben cuáles son los acuerdos principales que forman la arquitectura actual compleja para enfrentar la emergencia climática (que sea el Acuerdo de Paris, Marco de los EAU para la Resiliencia Climática Global, y el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, entre tantos).

Desde afuera de los cuartos cerrados donde se forman estos acuerdos, es imposible aun para las personas que cuidadosamente las estudian poder entenderlos. Y sin duda, COP30 producirá otros.

Pero lo que es fácil entender es un lenguaje y una ética en ellos cada vez más ligados al mercado, que nos alejan del bien común, promueven la captura corporativa de la agenda global ambiental, y en esta forma sepultan las conversaciones urgentes que el momento demanda. Estas incluyen:

• Impuestos para las corporaciones y para la 1% de la población más rica

• Impuestos para las industrias extractivas

• Perdonar la deuda en el Sur Global

• Utilizar los presupuestos militares y carcelarios para una transición justa autentica

• Establecer un Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana y un Convenio Marco sobre la Cooperación Fiscal Internacional

Lo que urge sobre todo es promover otra conversación, otra mentalidad y espíritu moral, honestos en cuestionar públicamente y con transparencia cuales son los verdaderos costos-beneficios de promover el liderazgo privado en este momento.

Este sábado 8 de noviembre, marchamos para abrir este tipo de conversación auténtica. El modelo neoliberal, y las relaciones e industrias extractivistas que implica, es una sola raíz de los múltiples problemas que vivimos.

Pedimos que ustedes, en los múltiples espacios privados en COP30 donde estarán estas semanas en Brasil y en las conversaciones que sigan, demuestran un liderazgo autentico y exijan este mismo dialogo, asegurando que las entidades causando tanto daño no se enriquecen aún más, y que los ríos, suelos, ecosistemas, comunidades y generaciones futuras, sobrevivamos.

Salimos 9 am, del Parque La Merced
hasta la Plaza de las Garantías Sociales.