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Etiqueta: extractivismo

Límites ineludibles y emergencia de una nueva conciencia: entre la acumulación y la vida

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Si algo distingue a la civilización contemporánea no es únicamente su extraordinaria capacidad de producir riqueza, sino su tendencia a expandirse sin reconocer los límites que la hacen posible. Durante décadas —incluso siglos—, este sistema ha logrado desplazar sus contradicciones: lo que no podía resolverse en un ámbito se trasladaba a otro; lo que no estallaba en el presente se difería hacia el futuro.

Pero no todos los límites son desplazables.

Los conflictos políticos pueden diferirse, las tensiones sociales pueden reprimirse y las crisis económicas pueden posponerse. Sin embargo, los límites ecológicos introducen una diferencia decisiva: no responden a la lógica del poder ni a la voluntad humana. No negocian, no se subordinan, no pueden ser contenidos por decretos ni por ejércitos.

En este punto emerge una contradicción de nuevo tipo: aquella entre un sistema que requiere expansión ilimitada y un planeta cuyos equilibrios biofísicos son finitos.

El poder que no puede dominar la Tierra

En su fase actual —marcada por el predominio de los combustibles fósiles— el capitalismo ha alcanzado una capacidad de intervención sobre la naturaleza sin precedentes. Las fracciones dominantes del capital financiero e industrial, apoyadas en la tecnología y en complejas arquitecturas de poder global, han extendido las fronteras de la acumulación hasta los rincones más remotos del planeta.

Y, sin embargo, ese mismo poder revela su impotencia frente a los límites ecológicos.

Ese poder financiero-industrial, puede intervenir gobiernos, condicionar economías, desatar guerras o reconfigurar territorios. Pero no puede alterar a voluntad los ciclos del clima, ni detener el deshielo polar, ni revertir por decreto la acidificación de los océanos.

Se trata de una paradoja histórica: el sistema más poderoso jamás construido por la humanidad se muestra incapaz de controlar las consecuencias de su propia expansión. Tal es en mi opinión, la nueva fase del desarrollo capitalista depredador de la naturaleza y de la vida.

América Latina: territorio de extracción y de resistencia

América Latina es una de las regiones del Planeta en donde esta contradicción se expresa con absoluta claridad.

La región ha sido históricamente integrada al sistema mundial como proveedora de naturaleza: minerales, petróleo, biodiversidad, agua, tierras fértiles y ahora inclusive en una parte del subcontinente, “tierras raras”. En la actualidad, esta función se ha intensificado bajo nuevas formas.

En la Amazonía —particularmente en Brasil— la expansión del agronegocio y la deforestación han llevado a este ecosistema a un punto crítico. Lo que está en juego no es solo un bosque, sino uno de los principales reguladores climáticos del planeta.

En los Andes —en países como Chile, Bolivia y Argentina— la extracción de litio, impulsada por la transición energética global, abre una nueva fase extractiva que tensiona territorios, comunidades y ecosistemas frágiles.

En buena parte de la comunidad andino-amazónica como son Colombia y Perú, la minería a gran escala y la explotación petrolera generan conflictos socioambientales persistentes, donde comunidades locales enfrentan a corporaciones transnacionales y a Estados que, muchas veces, actúan como intermediarios de la acumulación global.

Casos similares se observan en Ecuador y Venezuela. En la Amazonía ecuatoriana, comunidades como los Kichwa de Sarayaku, los pueblos Waorani del Yasuní y poblaciones de Sucumbíos y Orellana han enfrentado la expansión petrolera que vulnera sus territorios, su salud y sus derechos colectivos. En Venezuela, tanto las comunidades del Lago Maracaibo -afectadas por derrames petroleros- como los pueblos indígenas del Arco Minero del Orinoco evidencian los impactos sociales y ecológicos del extractivismo contemporáneo.

Centroamérica tampoco escapa a esta dinámica. En Honduras, Guatemala o El Salvador, la presión sobre los recursos naturales —agua, minería, monocultivos— ha generado resistencias comunitarias que, aunque frecuentemente invisibilizadas, constituyen expresiones de un conflicto más profundo: el choque entre la lógica de la vida y la lógica de la ganancia. En Nicaragua, comunidades campesinas e indígenas han cuestionado proyectos como el canal interoceánico por sus posibles impactos territoriales y ecológicos. En Costa Rica, pese a su imagen internacional de sostenibilidad, han surgido tensiones en torno a proyectos hidroeléctricos, monocultivos como la piña, la gestión del agua que afecta a comunidades locales, así como el conflicto minero por la explotación del Oro de Crucitas. En Panamá, pueblos indígenas han resistido iniciativas mineras e hidroeléctricas en sus territorios, denunciando afectaciones ambientales y falta de consulta sobre los proyectos. Incluso en Belice, la expansión de actividades extractivas y agroindustriales ha generado preocupaciones por la degradación de ecosistemas sensibles y el impacto sobre comunidades rurales.

Así, América Latina aparece simultáneamente como espacio de intensificación de la acumulación y como territorio de emergencia de resistencias que anticipan otras formas de relación con la naturaleza.

Guerra, acumulación y desplazamiento de las contradicciones

En paralelo, el sistema continúa desplazando sus tensiones a través de la geopolítica y la guerra.

Conflictos como el de Rusia y Ucrania, o las tensiones en Medio Oriente que involucran a Los Estados Unidos -ora financiando armamento, ora interviniendo directamente-, Israel, Irán y Palestina, no pueden entenderse al margen de disputas por recursos, territorios y hegemonía global.

La guerra opera, en este sentido, como mecanismo extremo de reorganización del sistema. Es decir, a lo largo de la historia, la guerra ha operado como un mecanismo extremo de reorganización del sistema al desencadenar transformaciones simultáneas en múltiples niveles: en el plano económico, al destruir capital y reactivar ciclos de acumulación mediante la reconstrucción; en el geopolítico, al redefinir jerarquías de poder y dar lugar a nuevos órdenes internacionales, como ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial con la emergencia de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas y la configuración de la Guerra Fría, en el ámbito político interno, al concentrar poder estatal y reconfigurar regímenes; y en el social y cultural, al movilizar poblaciones enteras, transformar roles y producir narrativas colectivas. Como los relatos compartidos que una sociedad construye para darle “sentido” a la guerra y sus consecuencias: relatos de victoria o derrota, por ejemplo, la idea de “liberación” o “resistencia” tras la Segunda Guerra Mundial, memorias oficiales y conmemoraciones -héroes, mártires, fechas patrias, monumentos-. O también justificaciones del sacrificio, discursos que legitiman pérdidas humanas (“murieron por la patria”, “defensa de la libertad”). Identidades nacionales reforzadas o redefinidas: quiénes somos “después” de la guerra. Finalmente, la reorganización del sistema se refiere a advertencias o traumas colectivos, como cuando se dice “nunca más”, después de haber experimentado conflictos devastadores. En síntesis, son las historias que una sociedad se cuenta a sí misma para explicar la guerra y reorganizar su vida después de ella.

En este sentido, la guerra no aparece como una solución racional ni deseable, sino como una forma límite, profundamente destructiva, mediante la cual sistemas en crisis han sido históricamente reordenados.

Pero incluso aquí se manifiestan límites. Ninguna dominación ha sido absoluta ni definitiva. La historia del siglo XX —desde Adolfo Hitler hasta José Stalin— lo demuestra con claridad. Y en América Latina, las dictaduras de Jorge Ubico, de Anastasio Somoza García (el padre), de Anastasio Somoza Debayle (el hijo), o de Maximiliano Hernández Martínez evidenciaron que el poder puede reprimir, pero no suprimir definitivamente las contradicciones sociales. La lección es clara: la ausencia visible de contradicción no significa su desaparición, sino su desplazamiento.

El límite que no puede desplazarse

Sin embargo, como lo hemos explicado, el cambio climático introduce una ruptura en esta lógica.

A diferencia de las crisis anteriores, no puede ser trasladado geográficamente, ni diferido indefinidamente. No hay un “afuera” al cual exportarlo. No hay periferia que absorba sus efectos sin devolverlos amplificados.

Sequías prolongadas, incendios forestales, huracanes más intensos, pérdida de biodiversidad, desplazamientos humanos, derretimiento de casquetes polares, todos estos fenómenos no son eventos aislados, sino manifestaciones de un sistema que ha comenzado a encontrar un límite infranqueable.

Aquí, el desplazamiento deja de ser posible.

Conciencia, conflicto y posibilidad histórica

Pero este límite no implica una resolución automática.

Nada garantiza que la humanidad responderá de manera racional o solidaria. La historia no avanza por determinismos mecánicos. Lo que se abre es un campo de posibilidad, no una certeza. La clave reside en la conciencia.

En la medida en que la magnitud del peligro se haga cada vez más evidente, puede comenzar a configurarse una convergencia inédita de fuerzas sociales y políticas: trabajadores, comunidades, gestores comunitarios, movimientos ambientales, sectores medios, incluso fracciones disidentes dentro de las propias élites, además de los tradicionales movimientos sindicales, cooperativos y hasta en algunos casos cámaras empresariales que hayan captado que el desarrollo con justicia social y en equilibrio con la naturaleza, no pasa por la extracción y explotación de los combustibles fósiles que han enfermado la tierra acarreando el calentamiento global. Se puede prever incluso una coalición de fuerzas a escala mundial, por el vértice común que poseen los impactos del calentamiento climático global en todo el orbe.

No se trata de una alianza homogénea ni exenta de tensiones, sino de una articulación histórica frente a una amenaza común.

Esta convergencia no necesariamente requiere de la violencia como forma dominante. Puede expresarse en transformaciones políticas, culturales y económicas que desplacen progresivamente la centralidad de la ganancia como principio organizador de la vida social.

Frente a ella, -la centralidad de la ganancia- las élites que hoy concentran el poder económico podrían encontrarse crecientemente aisladas. No porque pierdan de inmediato su capacidad material, sino porque su lógica se vuelve incompatible con la sostenibilidad de la vida.

Hacia un nuevo horizonte civilizatorio

Nos encontramos, entonces, ante una bifurcación histórica. De un lado, la persistencia de una lógica de acumulación que, de no ser contenida, profundizará las condiciones de destrucción ecológica y social.

Del otro, la posibilidad de una reorientación civilizatoria basada en la primacía de la vida, en la reconstrucción de vínculos con la naturaleza y en la redefinición de lo que significa prosperar.

No es necesario que la humanidad alcance un punto de colapso total para emprender este camino. Pero el tiempo histórico disponible para hacerlo no es indefinido; porque determinados impactos ambientales sobre la naturaleza pueden tornarse irreversibles. Un caso muy citado es el del derretimiento de los casquetes polares como consecuencia del calentamiento global, tanto de la atmósfera como de las aguas oceánicas.

La pregunta permanece abierta —y con ella, la responsabilidad colectiva—:

¿será capaz la humanidad de reconfigurar su destino antes de que los límites que ha desbordado se impongan de manera irreversible?

La Amazonía: umbral de irreversibilidad y destino compartido

No todos los procesos de deterioro ambiental avanzan de forma lineal. Algunos sistemas naturales, al ser sometidos a presiones crecientes, pueden alcanzar umbrales críticos a partir de los cuales su transformación se vuelve abrupta e irreversible. La Amazonía constituye uno de los ejemplos más inquietantes de este tipo de dinámica.

Diversos estudios científicos advierten que la selva amazónica —el mayor bosque tropical del planeta— podría aproximarse a un punto de no retorno si se combinan tres factores: la deforestación sostenida, el aumento de las temperaturas y la alteración del régimen de lluvias. En ese escenario, amplias zonas de bosque húmedo podrían degradarse progresivamente hasta convertirse en sabanas, con una pérdida masiva de biodiversidad y una drástica reducción de su capacidad para almacenar carbono, vital, como es obvio, para la supervivencia de la flora universal.

Pero, la Amazonía no es solo un reservorio de especies o un “pulmón del mundo” en sentido metafórico. Es, sobre todo, un regulador climático de escala continental. A través de los llamados “ríos voladores” —corrientes de humedad que se desplazan desde la cuenca amazónica hacia otras regiones de América del Sur—, este ecosistema sostiene ciclos de lluvia fundamentales para la agricultura, el abastecimiento de agua y la vida urbana en países como Brasil, Perú, Bolivia y más allá.

El debilitamiento de este sistema tendría efectos en cascada: sequías más intensas, pérdida de suelos fértiles, inseguridad alimentaria y presiones migratorias. En otras palabras, lo que podría parecer un problema localizado en la selva se convertiría en una crisis civilizatoria extendida.

Aquí se vuelve tangible la tesis central: el tiempo histórico disponible no es indefinido. Si la Amazonía cruza ese umbral, ya no se tratará de mitigar daños graduales, sino de enfrentar una transformación estructural del sistema climático regional con consecuencias imprevisibles.

Sin embargo, también en este caso emerge la posibilidad de una convergencia inédita: Pueblos indígenas, comunidades locales, científicos, movimientos ambientales e incluso sectores económicos comienzan a reconocer que la defensa de la Amazonía no es una causa sectorial, sino una condición de posibilidad para la continuidad de la vida tal como la conocemos en la región.

El agua y la crisis hídrica

América Latina, históricamente rica en recursos hídricos, comienza a experimentar tensiones cada vez más visibles: agotamiento de acuíferos, contaminación de fuentes y desigual acceso. Grandes ciudades enfrentan ya escenarios de estrés hídrico, mientras comunidades rurales ven comprometidas sus formas de vida. El agua deja de ser un bien abundante para convertirse en un eje de conflicto social y territorial.

Migraciones climáticas

A su vez, el deterioro ambiental comienza a traducirse en desplazamientos humanos. Sequías prolongadas, eventos extremos, como los incendios forestales, por un lado, y huracanes indómitos y desbordamientos de ríos, por otro, juntamente con la pérdida de medios de subsistencia, obligan a miles de personas a abandonar sus territorios. Estas migraciones, aun insuficientemente reconocidas en los marcos legales internacionales, anticipan tensiones sociales y políticas que redefinirán las dinámicas regionales.

Estos tres casos —la Amazonía, la crisis hídrica y las migraciones climáticas— serán abordados con mayor detenimiento en una próxima entrega, en la que se examinarán sus dinámicas específicas y sus implicaciones para América Latina y el mundo.

Más de 40 organizaciones advierten: Crucitas revela una crisis estructural en la gobernanza ambiental de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El Parlamento Cívico Ambiental (PCA), integrado por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, advierte que la situación en Crucitas no puede entenderse como un problema aislado ni como una simple consecuencia de la minería ilegal. Por el contrario, constituye la expresión visible de una crisis estructural en la gobernanza ambiental, la capacidad institucional y el modelo de desarrollo del país.

En su acuerdo 2026-015 y con base en análisis recientes, incluyendo hallazgos del Programa Estado de la Nación, el PCA señala que lo que hoy ocurre en Crucitas es el resultado de décadas de debilitamiento institucional, regresión normativa y decisiones políticas que han erosionado la capacidad del Estado para proteger el ambiente y ordenar el territorio.

La crisis actual refleja una convergencia de factores críticos: reducción de capacidades técnicas, presiones sobre los recursos naturales, cambios en las prioridades de política pública y un discurso que reabre la puerta a actividades extractivas incompatibles con la trayectoria ambiental del país.

Un debilitamiento progresivo de la institucionalidad ambiental

El PCA alerta que Costa Rica ha experimentado en los últimos años una preocupante pérdida de capacidad en su gestión ambiental. Recortes presupuestarios, disminución de personal técnico especializado y crecientes interferencias políticas han limitado la acción del Estado en la protección de ecosistemas y el cumplimiento de la normativa vigente.

A esto se suma una flexibilización de salvaguardas ambientales que genera señales contradictorias y debilita principios fundamentales como la prevención y la precaución.

Un modelo de desarrollo que incrementa la presión ecológica

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, Crucitas ocurre en un contexto donde el país enfrenta una presión ambiental creciente derivada de patrones de desarrollo insostenibles.

Entre estos destacan la mayor dependencia de combustibles fósiles, el aumento de emisiones, la presión sobre los recursos hídricos y la expansión de modelos productivos que comprometen el equilibrio ecológico. Estas tendencias han llevado a Costa Rica a una condición de déficit ecológico, donde el consumo de recursos supera su capacidad de regeneración.

Desorden territorial y aumento de la conflictividad

El caso de Crucitas también evidencia fallas profundas en la gestión del territorio. La ausencia de planificación efectiva, la debilidad en el control institucional y la falta de coherencia en las políticas públicas han generado condiciones propicias para la proliferación de actividades ilegales y la degradación ambiental.

El aumento sostenido de conflictos socioambientales en el país —muchos de ellos dirigidos hacia instituciones públicas— refleja una creciente desconfianza ciudadana y una crisis en la gobernanza territorial.

Crucitas como síntoma de una crisis estructural

El PCA enfatiza que Crucitas no es una anomalía, sino el resultado de: un debilitamiento institucional sostenido, políticas públicas contradictorias, falta de ordenamiento territorial efectivo y tensiones no resueltas entre el modelo económico y la sostenibilidad ambiental.

En este contexto, insistir en soluciones extractivistas como la minería metálica a cielo abierto no solo es técnicamente injustificado, sino que profundiza las causas del problema en lugar de resolverlas.

Un llamado a una respuesta estructural, no superficial

El Parlamento Cívico Ambiental compuesto por 40 organizaciones, sostiene que atender la situación en Crucitas exige mucho más que medidas de control o enfoques de seguridad. Requiere una respuesta estructural basada en ciencia, institucionalidad sólida y visión de largo plazo.

Entre las prioridades fundamentales se destacan: el fortalecimiento real de las instituciones ambientales, la recuperación de la autonomía técnica en la toma de decisiones, la inversión en ordenamiento territorial y participación comunitaria y la transición hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible.

Es importante destacar que Costa Rica enfrenta una decisión de fondo: corregir el rumbo y fortalecer su legado ambiental, o continuar debilitando las bases que lo han sostenido históricamente. Crucitas no es solo un conflicto local. Es una señal de alerta país. La forma en que se responda a esta crisis definirá no solo el futuro de un territorio, sino la coherencia ambiental de toda la nación, según señala Bermardo Aguila, presidente del Parlamento Cívico Ambiental.

Puede descargar el manifiesto desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-015-Manifiesto-Crucitas-sintoma-de-crisis.pdf

La encrucijada civilizatoria: ganancia, poder y sobrevivencia ante el cambio climático de origen humano

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

La disputa entre un modelo de acumulación basado en combustibles fósiles frente a las fuerzas sociales que buscan una transición hacia un nuevo modelo de convivencia civilizatoria.

En este ensayo se examina la crisis contemporánea no solo como un problema ambiental, sino como una encrucijada civilizatoria en la que confluyen las lógicas de la ganancia, el poder y la sobrevivencia humana. A partir de una lectura crítica del cambio climático como fenómeno de origen humano, el texto plantea que los conflictos actuales expresan una disputa estructural entre un modelo de acumulación basado en combustibles fósiles y las fuerzas sociales que impulsan una transición hacia formas de convivencia sostenibles con la naturaleza, los ecosistemas y la vida. En este contexto, se subraya el papel de los pueblos —particularmente en América Latina— como actores clave en la construcción de una alternativa frente a una crisis que está limitando el horizonte histórico de la humanidad y de las demás especies vivientes.

Lo anterior se explica porque el modelo de industrialismo, sustentado mayoritariamente en la extracción y uso de fuentes de energía fósil —particularmente los hidrocarburos, o sea el carbón, el petróleo y el gas natural, además del gas metano—, constituye el factor determinante del cambio climático. Este proceso nos conduce hacia un calentamiento progresivamente más inhóspito a escala global, en la medida en que el efecto invernadero intensifica fenómenos extremos que amenazan con volver inviable la vida humana y la de otras especies en un plazo históricamente breve.

En el curso de la historia humana, la guerra ha sido con frecuencia la expresión extrema de tensiones acumuladas en torno al poder, los recursos y la organización de la vida social. Sin embargo, el tiempo presente nos sitúa ante una encrucijada distinta y más profunda: ya no se trata únicamente de quién domina o quién vence, sino de si las condiciones mismas que hacen posible la vida humana organizada podrán sostenerse en el futuro.

El cambio climático introduce un elemento radicalmente nuevo. A diferencia de las grandes conflagraciones del siglo XX, cuyos efectos —por devastadores que fueran— no alteraron los fundamentos biofísicos del planeta, la crisis actual amenaza con desestabilizar los sistemas que sostienen la vida: la atmósfera, los océanos, los ciclos del agua y la biodiversidad. Por primera vez, la humanidad enfrenta una crisis cuyos efectos tienden a universalizarse, diluyendo la distinción clásica entre vencedores y vencidos.

Sin embargo, reconocer la dimensión global del problema no debe conducir a una simplificación engañosa. No todos somos igualmente responsables. La acumulación histórica de emisiones, la dependencia estructural de los combustibles fósiles y la lógica de la ganancia que ha guiado el desarrollo industrial remiten a centros de poder económico altamente concentrados. En ellos convergen intereses corporativos, financieros y estatales que han sostenido —y continúan sosteniendo— un modelo de producción intensivo en carbono.

Aquí se encuentra el núcleo del problema: la contradicción entre una lógica de acumulación que exige crecimiento constante y un planeta cuyos límites son finitos. No se trata simplemente de una falla técnica corregible mediante innovaciones, sino de una tensión estructural entre economía y ecología, entre la expansión de la ganancia y la sostenibilidad de la vida.

Esta contradicción no es abstracta. Se manifiesta en múltiples planos: en la persistencia de matrices energéticas basadas en hidrocarburos, en la resistencia de sectores económicos a regulaciones ambientales, en la desigualdad global que obliga a muchos países a reproducir modelos extractivos y en patrones de consumo que refuerzan la dependencia del sistema vigente. La crisis climática, en este sentido, no es un fenómeno externo al orden económico, sino una de sus consecuencias más profundas.

Esto obliga a caracterizar con mayor claridad la naturaleza de los enfrentamientos sociales contemporáneos. De un lado, se encuentra un modelo productivo que ha conducido a una concentración inédita de poder en torno a grandes corporaciones vinculadas a los combustibles fósiles, respaldadas por élites políticas que coadyuvan a reproducir ese orden y, en muchos casos, privilegian soluciones unilaterales e incluso la guerra como forma de resolución de conflictos.

En contraposición, emergen organizaciones de la sociedad civil y sectores sociales que impulsan un nuevo horizonte civilizatorio, orientado a sustituir progresivamente la matriz energética basada en hidrocarburos por modelos sustentados en energías limpias y en una relación más equilibrada con la naturaleza.

La tensión entre estos dos proyectos no es superficial ni coyuntural: remite al núcleo mismo del poder contemporáneo y anticipa conflictos que difícilmente podrán resolverse sin una profunda reconfiguración de las estructuras económicas y políticas vigentes.

Frente a esta realidad, surge una pregunta decisiva: ¿es posible transformar este modelo sin atravesar por un enfrentamiento destructivo? La historia ofrece respuestas ambiguas. El siglo XX mostró que los sistemas pueden sobrevivir incluso a catástrofes extremas, pero también evidenció que los cambios más significativos no han sido resultado de la inercia, sino de procesos prolongados de conflicto social, político y cultural.

El presente, por tanto, no se configura como una disyuntiva simple entre colapso o transformación, sino como un campo de fuerzas en disputa. La confrontación ya está en curso, aunque no adopte siempre la forma de un choque frontal. Se expresa en tensiones entre sectores económicos, en disputas regulatorias, en litigios climáticos, en movilizaciones sociales y en debates políticos y culturales sobre nuevas formas de vivir, ejercer la democracia y comprender el sentido del desarrollo. Es una lucha difusa, prolongada y desigual, pero real.

En este contexto, adquiere especial relevancia el papel de los pueblos de América Latina. Históricamente situados en la periferia del sistema mundial, pero portadores de experiencias ricas en organización comunitaria, solidaridad y resistencia, estos pueblos pueden desempeñar un papel significativo en la búsqueda de alternativas. Las propuestas centradas en la defensa de los bienes comunes, la participación comunitaria y la construcción de formas de producción más equilibradas con la naturaleza abren un horizonte distinto al de la mera reproducción del modelo dominante.

No obstante, esta posibilidad no está garantizada. El destino no es ineluctable, ni predecible. La región se encuentra atravesada por una tensión persistente entre la continuidad de economías extractivas y la aspiración a modelos sostenibles de desarrollo. Resolver esa tensión exige no solo voluntad política, sino también claridad estratégica: comprender que las transformaciones profundas no se producen únicamente por confrontación directa, sino también por la capacidad de generar nuevas alianzas, reorientar intereses y construir formas alternativas de organización política, económica y social.

La cuestión de fondo es, entonces, civilizatoria. No se trata únicamente de reducir emisiones o mitigar impactos, sino de redefinir el sentido del desarrollo, el papel del Estado, la función de la economía y la relación entre humanidad y naturaleza. En última instancia, se trata de decidir si la lógica de la ganancia continuará organizando nuestras sociedades o si será subordinada a las condiciones que hacen posible la vida.

El optimismo, en este contexto, no puede ser ingenuo, pero tampoco debe ser abandonado. La historia humana es también la historia de la adaptación, la creación y la resistencia. La capacidad de supervivencia de nuestra especie es innegable. Sin embargo, en un horizonte más o menos cercano, lo que está en cuestión es la forma que esa supervivencia adoptará. Esta dependerá de la capacidad de la humanidad para limitar progresivamente —y, en última instancia, socavar— las bases estructurales del modelo extractivista y de la producción de energías fósiles que han sustentado el desarrollo industrial, especialmente desde mediados del siglo XX hasta el presente.

El siglo XXI no nos enfrenta únicamente a un riesgo, sino a una decisión histórica. La confrontación ya está en curso. Lo decisivo será su rumbo: si permanecerá fragmentada, tardía e insuficiente, o si logrará convertirse en un proyecto capaz de reorientar el destino de nuestras sociedades.

La pregunta final no admite evasivas:

¿seremos capaces de subordinar la lógica de la ganancia a las condiciones de la vida, o persistiremos en un camino que convierte el progreso en su propia negación?

Si la lógica de la ganancia no reconoce los límites de la vida, será la vida la que termine imponiendo sus límites a la historia humana.

A diez años del asesinato de Berta Cáceres invitan a proyección del documental “Las semillas de Berta Cáceres”

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La actividad busca generar un espacio de memoria y reflexión sobre el legado de la defensora lenca y las luchas actuales por la defensa de los territorios y los bienes comunes.

Al cumplirse diez años del asesinato de la lideresa indígena lenca Berta Cáceres, diversas organizaciones invitan a un espacio de memoria, encuentro y conversación colectiva que incluirá la proyección del documental Las semillas de Berta Cáceres. La actividad busca reflexionar sobre la vigencia de su lucha y el impacto que su legado continúa teniendo en las resistencias comunitarias frente al extractivismo y el colonialismo en América Latina.

El encuentro se realizará el miércoles 25 de marzo a las 5:30 p.m. en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), en Sabanilla de Montes de Oca, del supermercado Max X Menos 50 metros oeste y 75 metros norte. La actividad está abierta al público y busca propiciar un espacio de memoria colectiva y conversación sobre lo que la lucha de Berta sigue sembrando hoy en los territorios: aprendizajes, inspiraciones y desafíos para continuar defendiendo la vida, la justicia ambiental, los territorios y los bienes comunes.

El documental “Las semillas de Berta Cáceres” relata la historia de Berta Cáceres, ambientalista, feminista y defensora de derechos humanos que participó en la fundación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, organización que ha acompañado durante décadas la defensa de los derechos del pueblo lenca en Honduras. Por su liderazgo en la defensa del río Gualcarque y la oposición a proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas, Cáceres recibió en 2015 el Goldman Environmental Prize, considerado el máximo reconocimiento mundial para activistas ambientales.

El documental es resultado de un trabajo conjunto entre Contrast Journalist Group, Entrepueblos y el COPINH, realizado gracias a la beca europea DEV REPORTER, que promueve la colaboración entre periodistas, comunicadoras populares y organizaciones de cooperación solidaria.

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa en La Esperanza, Honduras, después de años de recibir amenazas por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Su asesinato generó una amplia condena internacional y puso en evidencia una compleja red de intereses empresariales y financieros vinculados al proyecto, que incluía empresas privadas y entidades financieras de América Latina y Europa.

En los movimientos sociales de la región, su asesinato es recordado como “la siembra de Berta”, una forma de expresar que su legado continúa inspirando luchas por la defensa de los territorios, los ríos y los derechos de los pueblos indígenas.

La actividad es organizada por el Departamento Ecuménico de Investigaciones con el apoyo de Código Sur, La Colectiva por el Derecho a Decidir, Bloqueverde, El Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y el Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes (ED-3526) de la Escuela de Geografía de la UCR.

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Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

A 10 años de la siembra de Berta Cáceres

Escrito en . Publicado en Derechos.

A 10 años de la siembra de Berta Cáceres, recordamos que su lucha sigue germinando en los territorios, en las comunidades y en quienes defienden la vida frente al colonialismo y el extractivismo.

Les invitamos a un espacio de memoria, encuentro y conversación colectiva, con la proyección del documental “Las semillas de Berta Cáceres”.

Queremos encontrarnos para compartir sobre lo que la lucha de Berta sigue sembrando hoy en nuestras resistencias comunitarias: lo que nos enseña, lo que nos inspira y lo que nos impulsa a seguir defendiendo la esperanza, la vida, la justicia, los territorios y los bienes comunes.

📅 Miércoles 25 de marzo

🕠 5:30 p.m.

📍 DEI, Sabanilla, Montes de Oca

Más información:

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Desafíos del movimiento socioambiental ante el rumbo del país

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Mauricio Álvarez Mora

El movimiento socioambiental atraviesa un momento de inflexión histórica. El contexto político, social y territorial del país no solo nos interpela: nos obliga a revisar críticamente nuestras formas de organización, articulación e incidencia. No estamos ante una coyuntura más, sino ante una reconfiguración profunda del modelo de poder y de desarrollo. El desafío no es únicamente resistir retrocesos, sino comprender la magnitud del cambio en curso y redefinir estratégicamente nuestro papel en él.

Contexto

Durante décadas, Costa Rica cultivó un imaginario de excepcionalismo verde y respeto a los derechos humanos. Ese relato, aunque siempre estuvo atravesado por tensiones estructurales, funcionó como horizonte simbólico. Hoy ese imaginario se encuentra erosionado. Ya no ocupa el centro del discurso político ni del debate electoral. En su lugar emergen conflictos territoriales permanentes: disputas por el agua, turistificación desregulada, expansión de agroquímicos, privatización de bienes comunes y ausencia de planificación participativa. El conflicto dejó de ser excepcional; se volvió estructural y cotidiano.

Lo que enfrentamos no son hechos aislados, sino la expresión de un modelo de desarrollo consolidado en las últimas décadas, que privilegia la rentabilidad inmediata por encima de la sostenibilidad ecológica, la justicia ambiental y la autodeterminación comunitaria. Lo que está en juego no es únicamente la gestión técnica de los recursos naturales, sino la posibilidad misma de subsistir y permanecer dignamente en los territorios.

En este escenario se ha intensificado la criminalización de personas defensoras del ambiente. Los conflictos se desarrollan con mayor rapidez y con ciclos de violencia más cortos. El deterioro institucional ha estado acompañado de resistencia social, pero también de judicialización, persecución administrativa y campañas de desprestigio orientadas a debilitar liderazgos comunitarios. Defender el territorio implica hoy mayores riesgos.

A ello se suma un proceso de re-abandono territorial. En múltiples comunidades, el trabajo político de base fue debilitándose, dejando vacíos que han sido ocupados por narrativas autoritarias y soluciones simplificadas. Este abandono no es solo organizativo; es también simbólico. Donde el movimiento social se retiró, otros actores construyeron sentido común.

La regresión socioambiental, además, no ha operado principalmente mediante grandes reformas legislativas, sino a través de decretos, directrices y un progresivo debilitamiento técnico e institucional. Se reducen presupuestos, se desregulan controles, se erosionan capacidades estatales y se limita la autonomía de órganos técnicos creados precisamente para evitar interferencias políticas en decisiones ambientales. El resultado es una creciente concentración de poder que debilita el control democrático y compromete el derecho constitucional a un ambiente sano.

Los retrocesos son concretos: debilitamiento de áreas protegidas sin recursos suficientes, flexibilización de controles sobre agroquímicos, retrocesos en transporte público y transición energética, erosión del liderazgo ambiental internacional. Se consolida así una tendencia que redefine silenciosamente las reglas del juego.

Acciones estratégicas

Frente a este panorama, el movimiento socioambiental necesita una agenda amplia y transformadora. El recambio generacional es impostergable. Es necesario crear condiciones reales para la participación de juventudes, mujeres, pueblos indígenas, comunidades costeras y rurales, actores fuera de la Gran Área Metropolitana y colectivos emergentes con nuevas formas de organización. Muchas de estas experiencias no se estructuran bajo lógicas tradicionales; son más horizontales, autogestionadas e híbridas en sus formas de movilización. El desafío no es subordinarlas, sino dialogar y construir alianzas respetuosas que amplíen el sujeto político socioambiental.

También es imprescindible reconfigurar la articulación territorial. La agenda no puede definirse exclusivamente desde el centro. Debe construirse de afuera hacia adentro, desde las costas, las zonas rurales y los territorios indígenas hacia el debate nacional. En las periferias se están disputando los principales modelos de desarrollo del país; reconocer su centralidad estratégica es fundamental.

La protección de personas defensoras debe ocupar un lugar prioritario. En varios territorios se están enfrentando intereses extractivos, economías ilegales y dinámicas de violencia que no pueden ser asumidas en soledad. Se requiere avanzar hacia mecanismos efectivos de protección, incluso si en el corto plazo deben tener un carácter sui generis o de impulso civil, ante la insuficiencia de respuestas estatales. Al mismo tiempo, es indispensable fortalecer la vigilancia democrática sobre el uso de herramientas de seguridad e inteligencia frente a la ciudadanía organizada.

En el plano institucional, el movimiento debe sostener una incidencia permanente sobre la Asamblea Legislativa y otros espacios de decisión. No basta con reaccionar ante proyectos regresivos; es necesario anticiparse, formular propuestas, construir alianzas y mantener presencia constante en la discusión pública. La rendición de cuentas ciudadana debe convertirse en práctica sostenida y no episódica.

La disputa también es comunicacional. Es urgente fortalecer una narrativa capaz de conectar con preocupaciones cotidianas como el agua, la tierra y el acceso a bienes naturales. Sin abandonar el rigor técnico, el movimiento debe hablar en un lenguaje comprensible y movilizador, disputar el sentido común y ofrecer horizontes de futuro. La denuncia es necesaria, pero no suficiente; se requiere construir esperanza política con propuestas viables.

Finalmente, es clave aprender del contexto regional e internacional. Comprender cómo operan los autoritarismos contemporáneos, qué los fortalece y qué los debilita, permitirá anticipar escenarios y evitar errores. Existen ejemplos de concentración de poder en la región, pero también experiencias de transición democrática que ofrecen lecciones valiosas.

El desafío central no es únicamente resistir el avance extractivista o el debilitamiento institucional. Es reconstruir tejido social, reactivar presencia territorial y proponer un proyecto país basado en la justicia socioambiental. En esa tarea se juega no solo la defensa del ambiente, sino la calidad misma de nuestra democracia.

* Texto presentado en el Foro: “Desafíos de los movimientos sociales ante el rumbo del país”, organizado por la Alianza por una Vida Digna y el medio digital SURCOS, el martes 03 de marzo.

Denuncian avance extractivista y exigen protección para mujeres defensoras

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Colectivas ecologistas denuncian el avance extractivista y exigen protección urgente para mujeres defensoras en Costa Rica y Latinoamérica

Costa Rica no es el paraíso verde que venden los folletos turísticos. Detrás del discurso de sostenibilidad, nuestros territorios están bajo la amenaza del modelo extractivista que sigue avanzando y destruyendo la vida con la permisividad del gobierno de Rodrigo Chaves. En este Día Internacional de las Mujeres, alzamos la voz para denunciar esto, así como el preocupante aumento en el número de feminicidios y de la violencia de género en el país en los últimos cuatro años.

Sabemos que somos las mujeres quienes estamos en la primera línea resistiendo, cargando con el peso de una defensa que el Estado debería garantizar pero que muchas veces criminaliza. Las políticas del Estado que priorizan los intereses económicos nos obligan a luchar y resistir frente a diversas y complejas problemáticas: minería no metálica mal regulada que está acabando con los ríos, agrovenenos al por mayor que envenenan el agua y el suelo, monocultivos depredadores que desplazan la vida, abandono de la semilla criolla y desprecio a la biodiversidad alimentaria, falta de recursos y apoyo estatal a las mujeres y organizaciones de mujeres en acciones pro naturaleza y empleos verdes, inexistente gestión integrada de residuos que convierte el mar y los ríos en vertederos, desfinanciamiento de las áreas silvestres protegidas que compromete su conservación, desprotección de las comunidades indígenas y represamiento de ríos que afectan los ecosistemas y a nuestras comunidades.

De esta forma la amenaza de la minería a cielo abierto no es cosa del pasado. La lucha en Crucitas sigue vigente mientras haya empresas esperando su oportunidad y suelos fértiles en riesgo. Nosotras, las que cuidamos las quebradas y sembramos la tierra, sabemos que detrás de un proyecto minero viene la deforestación de grandes extensiones de bosque, la contaminación del agua y el despojo de comunidades, por lo que no vamos a permitir que pongan el lucro por encima de nuestra salud y la de los ríos. Esta lógica de explotación también se repite cuando las ciudades consumen y generan toneladas de desperdicio, pero son las comunidades rurales y costeras las que terminan cargando con los rellenos sanitarios. No es casualidad, es discriminación territorial: nos usan como vertedero, contaminan nuestros suelos y aguas, y luego nos dicen que progresamos. El ecofeminismo lo tiene claro, la misma lógica que explota y violenta a las mujeres, explota y destruye la tierra, y no aceptaremos que nuestros territorios sean la solución barata para los problemas de otros.

La presión sobre la vida de las mujeres se siente también en el litoral, donde los planes reguladores o las voluntades políticas que se ajustan para facilitar el desarrollo turístico en realidad abren la puerta a la especulación inmobiliaria, a la gentrificación y al ecocidio. Pero además del turismo mal entendido, nuestras costas enfrentan una amenaza silenciosa y brutal: el avance del narcotráfico. El tráfico de drogas ha profundizado la violencia en nuestros territorios, trayendo consigo inseguridad, control armado y miedo. Las mujeres que vivimos en zonas costeras sabemos que cuando el narco llega, se llevan la paz, se llevan a nuestros jóvenes y nos dejan más vulnerables. Y cuando denunciamos, cuando nos oponemos, la represalia llega más rápido. El narco no sólo trafica con drogas, también trafica con nuestras vidas.

Así también, las mujeres de pueblos originarios y las recuperadoras de tierras ancestrales sostienen la defensa del territorio con su cuerpo en Costa Rica y toda Latinoamérica. Ellas enfrentan amenazas, criminalización y violencia por proteger lo que es suyo por derecho histórico, y cuando queman una comunidad recuperada o desalojan con violencia, no solo atacan un espacio físico, sino que atacan la memoria y el futuro de un pueblo. Exigimos justicia y el fin de la impunidad para quienes hostigan a estas compañeras defensoras. Particularmente, a diez años de su siembra, queremos recordar y exigir justicia para Berta Cáceres, indígena lenca defensora del río Gualcarque en Honduras, quien recientemente se confirmó que fue asesinada por la cúpula empresarial del proyecto Agua Zarcas, utilizando fondos provenientes de bancos internacionales y con la complicidad del estado hondureño.

Además, manifestamos total solidaridad con las mujeres en Gaza, que llevan más de dos años viviendo un genocidio y ecocidio perpetuado por Israel y con apoyo de Estados Unidos. Estas han sido despojadas de su territorio, de sus olivos milenarios, de sus cultivos, del libre acceso al agua, se les ha arrebatado la posibilidad de reproducir y sostener la vida y se les ha exterminado sistemáticamente. Por esto manifestamos nuestra total oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel que fue pactado por el gobierno de Rodrigo Chaves, pero que aún no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa. ¡No queremos negociar con Estados genocidas!

El ecofeminismo nos enseña que la lucha por la tierra es la lucha por nuestros cuerpos y nuestro futuro, y no es casualidad que quienes más cuidan la vida sean las más amenazadas, pero tampoco lo es que seamos las más organizadas. Hoy, 8 de marzo resistimos, y mientras haya una mujer cuidando un manglar, protegiendo el arrecife o recuperando tierra ancestral, la vida seguirá resistiendo.

Desde las organizaciones que trabajamos por las montañas, los bosques, el mar, los ríos y el territorio, reafirmamos:

● No a la minería a cielo abierto, en Crucitas o en cualquier rincón del país. El agua vale más que el oro.

● Justicia ambiental para las comunidades rurales y costeras: basta de convertirnos en el basurero del «desarrollo» urbano y en zonas de sacrificio.

● Protección real para las mujeres defensoras: garantías de seguridad, fin a la criminalización y acceso a la justicia.

● Planes reguladores con participación comunitaria, no al servicio de la especulación inmobiliaria.

● Respeto a las Áreas Silvestres Protegidas: Gandoca-Manzanillo y todos los ecosistemas protegidos no son negociables.

● Apoyo real del Estado a proyectos por la Naturaleza gestionados por mujeres.

● Alto al represamiento de ríos que afectan los ecosistemas y a nuestras comunidades.

En memoria de María del Mar Cordero, ecologista asesinada en Costa Rica 1994 – La Guerrera del Golfo Dulce.

Organizaciones

Bloque Verde

Defensores de la Casa Común

Federación Ecologista

Guanadefensoras

Red de Mujeres Costeras y Rurales

Ecobichotas

Coecoceiba-amigos de la tierra Costa Rica

Movimiento Ríos Vivos

Costa Rica por el Océano

Talamanca Siempre Verde

Frente Ecologista Universitario – FECOU

Estrategias de seguridad en tiempos de colapso… extractivismo y poder en la política de Estados Unidos

Escrito en . Publicado en Seguridad.

Observatorio de Bienes Comunes

¿Qué significa hoy “seguridad” para EE. UU. y quién paga sus costos?

Esta nota analiza cómo la Estrategia de Seguridad Nacional redefine la seguridad desde el control de territorios, recursos y cadenas de suministro, profundizando el extractivismo y la militarización, especialmente en América Latina y el Caribe.

🔎 Algunas claves del texto:

* Seguridad como control económico y geopolítico

* Crisis climática gestionada como riesgo, no como límite

* América Latina como “zona de seguridad” y reserva de recursos

* Guerra y extractivismo como una misma racionalidad

* Lo común y la vida colectiva como horizonte alternativo

📥 Leé y descargá el documento aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/estrategias-de-seguridad-en-tiempos-de-colapso-extractivismo-y-poder-en-la-politica-de-estados-unidos/

Parlamento Cívico Ambiental: En Crucitas la vida, la democracia y el futuro de Costa Rica no son negociables

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Comunicado

El Parlamento Cívico Ambiental (PCA), conformado por 42 organizaciones de la sociedad civil, hizo público hoy su Manifiesto nacional tras la comparecencia del Ministro de Seguridad Pública ante el Plenario Legislativo sobre la situación en Crucitas, San Carlos.

Luego de analizar lo expuesto en la Asamblea Legislativa, el PCA declaró que la crisis en Crucitas es real y marcada por minería ilegal, redes criminales, contaminación ambiental y abandono institucional, pero advirtió que su instrumentalización para justificar el retorno de la minería metálica a cielo abierto es inaceptable.

El Manifiesto señala que el daño ambiental existente incluye afectaciones a mantos acuíferos, uso indebido de arsénico y esterilización de suelos por desechos tóxicos provenientes de lagunas clandestinas de lixiviados. No obstante, enfatiza que ninguna crisis puede utilizarse como argumento para debilitar la democracia ni retroceder en la protección ambiental del país.

En particular, el PCA rechaza que el proyecto de ley 24717 pretenda presentar la minería metálica a cielo abierto como alternativa frente a la inseguridad o la pobreza, calificando esa narrativa como un “espejismo” que profundizaría el conflicto ambiental y social.

El documento recuerda que Costa Rica ya tomó una decisión país, nacida de la conciencia por la vida y del amor por la tierra, al prohibir esta práctica extractiva. Retroceder implicaría violar el principio de no regresión ambiental, debilitar el Estado de derecho y comprometer el futuro ecológico de la nación.

En su declaratoria central, el Parlamento Cívico Ambiental establece:

Un no rotundo, firme e irreversible a la minería metálica a cielo abierto en Crucitas y en todo el territorio nacional.

El PCA subraya que este no no es ideológico ni coyuntural, sino científico, ciudadano y generacional.

Asimismo, el Manifiesto plantea que el verdadero camino para atender la situación en Crucitas debe orientarse hacia medidas estructurales como las contenidas en propuestas como el Proyecto de Ley 24675, que promueven presencia estatal permanente, combate integral a economías ilegales, restauración ecológica, desarrollo local sostenible y participación comunitaria.

“El oro de Costa Rica no está bajo la tierra, sino en sus bosques, en su agua y en su gente”, concluye el documento.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a la ciudadanía, academia, comunidades y sectores productivos responsables a defender juntos esta decisión histórica y a mantener la coherencia ambiental que ha distinguido al país.

Puede descargar el manifiesto completo desde SURCOS donde se encuentran los logos de las organizaciones que integran el Parlamento y suscriben el comunicado:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/02/Manifiesto-Crucitas-2-163.2026.pdf

¿Qué está pasando hoy en los territorios de América Latina?: prender los conflictos socioambientales, las resistencias y la defensa de la vida

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Once personas provenientes de nueve países de América Latina, entre académicas y académicos, ex autoridades públicas, activistas socioambientales con amplia trayectoria y representantes de pueblos originarios maya Q’eqchi’, cabécar, Ngäbe-Buglé y maya K’iche’, contribuirán a comprender el actual momento histórico que atraviesa la región, marcado por el avance de los extractivismos, la intensificación de los conflictos territoriales y la criminalización de quienes defienden la vida y los bienes comunes.

Comprender lo que está ocurriendo hoy en América Latina exige ir más allá de los titulares y abrir espacios de intercambio y reflexión colectiva. Escuchar a quienes investigan, enseñan, resisten y habitan los territorios permite construir una mirada crítica sobre las dinámicas extractivas, las disputas por el agua, la tierra y los bienes comunes, así como sobre las múltiples formas de organización y defensa de la vida que emergen desde abajo, en comunidades, pueblos originarios y movimientos socio territoriales.

La región atraviesa una coyuntura socioambiental decisiva y, mediante estas sesiones, se busca responder a interrogantes fundamentales como: ¿cuáles son hoy las principales luchas que se libran en los territorios?, ¿qué amenazas enfrentan las personas defensoras ambientales?, ¿qué significan los derechos de la naturaleza, la memoria ecológica y las respuestas de los pueblos y organizaciones frente a estas ofensivas?

En este contexto, el curso Derechos Ambientales, de la Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, desarrollará un ciclo de siete sesiones abiertas y gratuitas dedicadas al análisis de la actualidad de las problemáticas socioambientales en América Latina. Se trata de conferencias, foros y espacios de diálogo que proponen construir una radiografía crítica de la región a partir de diversos ejes socioambientales.

El ciclo iniciará el 26 de febrero, de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., con la sesión El aporte de la memoria en la construcción de una historia ecológica, a cargo de Ramón Vera-Herrera (México), editor, traductor y comunicador, cofundador del suplemento Ojarasca del diario La Jornada y editor de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, referente clave del pensamiento crítico ambiental en la región.

El 5 de marzo, la sesión Del extractivismo colonial a los extractivismos contemporáneos estará a cargo de Emiliano Terán Mantovani (Venezuela), sociólogo, profesor universitario e investigador en ecología política, actualmente es el facilitador de la red Oilwatch Latinoamérica, instancia con 30 años de resistencia a la actividad petrolera en la región y el Sur global.

El 26 de marzo se desarrollará la sesión Experiencias desde la institucionalidad ambiental en el Gobierno de Colombia, con la participación de Tatiana Roa Avendaño (Colombia), exviceministra, académica e investigadora reconocida por su trabajo en justicia ambiental, conflictos territoriales y políticas públicas, desde una mirada crítica.

Posteriormente, el 23 de abril, se abordará la sesión Génesis, evolución y estado de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador, con Esperanza Martínez Yánez (Ecuador), abogada y bióloga, fundadora de Acción Ecológica y una de las principales impulsoras del reconocimiento constitucional de los Derechos de la Naturaleza, con una larga trayectoria en la defensa de los territorios frente al extractivismo petrolero y minero.

El 14 de mayo, la sesión Criminalización de las personas defensoras ambientales en la región contará con la participación de Diana Murcia Riaño (Colombia), abogada y defensora de derechos humanos, con amplia experiencia en el acompañamiento jurídico y político a comunidades criminalizadas por la defensa del territorio en la región andina.

El 21 de mayo se realizará el foro Criminalización, exilio, cárcel y persecución de defensores ambientales en Mesoamérica, con la participación de Ana Laura Rojas (Guatemala), defensora de derechos humanos y comunicadora comunitaria; Bernardo Caal Xol (Guatemala), maestro y defensor del territorio del pueblo maya Q’eqchi’, criminalizado por su lucha en defensa de los ríos; y Adriana Ramírez (El Salvador), activista ecológica y parte del Movimiento Político Rebelión Verde (ReverdES), organización político-ambientalista que articula luchas contra el extractivismo, la criminalización de liderazgos comunitarios y la degradación socioambiental en su país.

Finalmente, el 4 de junio, en el marco del Día Mundial del Ambiente, se llevará a cabo el foro Mujeres de pueblos originarios en defensa de la vida, con la participación de Weny Bagama (Panamá), lideresa del pueblo Ngäbe-Buglé y delegada del Congreso General Ngäbe ; Doris Ríos Ríos (Costa Rica), lideresa del pueblo cabécar de China Kichá y defensora del territorio; y Sebastiana Par Álvarez (Guatemala), autoridad ancestral maya K’iche’, ajq’ij (guía espiritual maya) y defensora de los territorios indígenas y la vida comunitaria.

Las sesiones se transmitirán en vivo a través del canal de YouTube del Instituto de Estudios Latinoamericanos IDELA (https://www.youtube.com/@infolatinoidela262), los jueves señalados, en horario de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., y estarán abiertas a todo público. Este espacio formativo y de diálogo ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll – Oficina Guatemala, la Internacional de la Educación (IE) y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

Este esfuerzo busca llevar el análisis no solo a la población estudiantil universitaria, sino también al público en general, ampliando el acceso al debate informado sobre los conflictos y las resistencias que atraviesan nuestros territorios, desde las voces y experiencias de quienes los habitan, los defienden, los piensan y los construyen cotidianamente.