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Los “malagradecidos” y “mal nacidos” de la Unidad Social Cristiana

Vladimir de la Cruz

En la Asamblea Legislativa los diputados laboran en Comisiones y en el Plenario. En las comisiones se lleva a cabo mucha labor legislativa. Es donde todos los proyectos de ley se conocen, en su trámite parlamentario.

Allí se discuten ampliamente. En esa discusión los diputados pueden convocar expertos, asesores, conocedores del tema que están tratando para poder tomar una decisión sobre el proyecto de ley que discuten y analizan.

Del análisis y discusión de un proyecto de ley en comisión se produce un resultado, a favor o en contra del proyecto en trámite. Si por mayoría de los diputados se vota en contra, el proyecto se pasa al archivo legislativo, sin conocerlo el Plenario de los diputados. Allí técnicamente muere el proyecto de ley.

El Plenario es la sesión donde se reúnen todos los diputados para conocer esos proyectos que han sido dictaminados en las comisiones.

De las Comisiones hacia el Plenario los proyectos de ley pueden resultar con voto afirmativo de la totalidad de los diputados o con votos divididos, en una propuesta del proyecto de ley de la mayoría de los diputados y en otra u otras de minoría. Cuando así sucede los proyectos de ley pasan al Plenario para su conocimiento y eventual aprobación como Ley de la República o finalmente también de rechazo del proyecto.

En la vida parlamentaria, el Poder Ejecutivo por medio de quien ocupe el Ministerio de la Presidencia tiene la responsabilidad de impulsar los proyectos de ley que propone el Poder Ejecutivo. Para ello negocia con diputados individualmente o con las fracciones legislativas de los distintos partidos que allí están representados.

Las comisiones trabajan en su conocimiento de los proyectos de ley por períodos llamados ordinarios y extraordinarios. En los ordinarios son los diputados los que tienen lo que se llama la iniciativa de la ley, es decir, de proponer proyectos de ley, a modo individual o como fracciones legislativas. En los períodos extraordinarios solo el Poder Ejecutivo puede proponer proyectos de ley, propios o de los diputados, pero presentados por el Poder Ejecutivo en su agenda.

Las sesiones de los períodos extraordinarios cubren los meses de mayo, junio y julio y la de los meses de noviembre, diciembre y enero.

Las sesiones de los períodos ordinarios son las que se realizan en los meses de agosto, setiembre y octubre y en los meses de febrero, marzo y abril.

Así, en este momento, en este mes, se están acabando las sesiones ordinarias legislativas. Tiene prioridad en estas discusiones la aprobación del Presupuesto Nacional de la República para el año 2025, presentado por el Poder Ejecutivo, que tiene que ser aprobado a más tardar a finales del mes de noviembre.

En esta discusión el gobierno ha presentado un Proyecto de Presupuesto Nacional que reduce enormemente los dineros de muchos ministerios e instituciones, especialmente los que tienen que ver con educación y cultura. En Educación el gobierno propuso cero aumento, en el presupuesto para las universidades públicas, para el próximo año. Las universidades solicitaban un crecimiento del 4.04 %, muy inferior al 8% que constitucionalmente se les debe asignar.

En la parte final que se tenía de discusión el gobierno tenía una mayoría de disputados, de 6 contra 4, a favor de su propuesta de reducir el presupuesto de las universidades. Así se votó el pasado jueves, quedando la ratificación de ese voto para el día siguiente, el viernes.

El viernes dos diputados del Partido Unidad Social Cristiana, Felipe García y Alejandro Pacheco, validando la creación de la Universidad pública, de la Universidad de Costa Rica, por el Dr. Calderón Guardia, y el crecimiento posterior impulsado por el Partido Liberación Nacional en la década de 1970, que permitió el desarrollo de los estudios superiores universitarios desde aquellos años, rectificaron su voto, del día jueves, votando afirmativamente la propuesta de asignarle a las universidades un 2% del Presupuesto Nacional.

Con ese voto, con ese cambio de actitud tan solo le dieron la oportunidad a la educación superior universitaria, de que en el Plenario legislativo se conozca esa propuesta. Allí, la mayoría de los diputados puede rectificar lo propuesto por la Comisión, y los mismos dos diputados pueden votar en contra de ese 2% sí así lo creyeran políticamente conveniente para su partido y el país.

El Presidente Rodrigo Chaves, el animal que habita Zapote, el Jaguar, como él mismo se llama e imita con rugidos, en sus peroratas de los miércoles y de las giras electorales que semanalmente hace por distintas partes del país, se enfureció perdiendo, lo que es frecuente también en él, sus controles mentales, su vínculo de la lengua con su cerebro. En la montada mesa de prensa que realiza, el pasado miércoles, se les tiró encima, como animal, como jaguar, tratando de destrozarlos, de depredarlos que es lo que hace el jaguar como animal, de intimidarlos, asustarlos, echándoles encima a sus seguidores y a la población que puede seguir esa actividad, la de la farsa de mesa de prensa que tiene, llamándolos varias veces “desgraciados” y “mal nacidos”.

El inquilino de Zapote haciendo alarde de su ignorancia lingüística lo que hizo fue evidenciar el “pacto” que tenía con la fracción legislativa del partido Unidad Social Cristiana, con el diputado Bojorges, que parece ante la opinión pública ser el candidato que Rodrigo Chaves trata de imponer en el PUSC, contra Juan Carlos Hidalgo, para la campaña presidencial próxima en ese partido, para tener asegurado, con él, con Bojorges, parte de la continuidad de su mandato o asegurar una verdadera tureca política manejada y sometida a Chaves y a sus designios políticos y económicos nacionales.

Cuando se recrimina un mal agradecimiento lo que se hace es reclamar la ingratitud de las personas por favores recibidos de quien recrimina. ¿Cuáles favores le debían los diputados Felipe García y Alejandro Pacheco al Jaguar de Zapote, para enfurecerlo tanto? ¿Cuáles favores le debe la fracción de diputados de la Unidad Social Cristiana al inquilino de Zapote, y la fracción de ese partido en la Comisión de Asuntos Hacendarios?

La despotricada que hizo Chaves fue recordarles a esos diputados y a su partido que le debían favores, que eran unos ingratos y desagradecidos por haber votado como lo hicieron.

Los desgraciados son personas que no agradecen los beneficios o favores recibidos o que no responden a ellos. ¿A qué no le respondieron los diputados al presidente Chaves? El Jaguar les pudo decir “ingratos”, pero prefirió decirles más fuerte “malagradecidos”.

El mal agradecido es también la persona que “paga” con malas acciones lo que ha recibido en favores o bienes. ¿Recibieron favores y bienes los diputados, de la fracción legislativa de la Unidad Social Cristiana, por parte de Chaves, sus financistas, o de sus grupos políticos y económicos, que le apoyan en su lucha contra las universidades públicas?

Bien nacido es el concepto opositor del mal nacido, y el refrán popular lo señala: es de bien nacidos ser agradecidos.

Las personas mal agradecidas se destacan porque no reconocen ni aprecian esfuerzos ni sacrificios, que se hacen por ellos, porque siempre piden favores, porque en ese rastrerismo se comportan siempre de manera muy amable, porque tienen baja inteligencia emocional, porque no toleran que les digan “no”, porque carecen de responsabilidad personal. ¿Así el Presidente considerará a esos diputados?

El desagradecido real en este caso es el que siente que no fueron agradecidos con él. El desagradecido fue el presidente, que tiene poca empatía con otras personas, que se cree el centro del universo, que se siente el florero de la mesa o el muerto de la vela, cuando parte que los demás tienen que “servirle” para algo de carácter utilitario. Salvo, claro está, que él presidente hubiera pagado de alguna manera esos posibles votos que él esperaba se le dieran a su negativa contra las universidades y la educación superior pública.

Como Presidente es él el que tiene obligación de servirle a los ciudadanos, de rendirle cuentas a los ciudadanos. Como Mandatario está obligado a cumplir con los mandantes, con el pueblo, el ejercicio de un buen gobierno, de no destruir la seguridad social, de no debilitar las instituciones sociales y culturales, de no paralizar la educación, de no debilitar la seguridad ciudadana. Está obligado a luchar real y efectivamente contra las organizaciones narco criminales que por su influencia en las estructuras de su gobierno han desmantelado, en la práctica, las instancias más importantes de lucha que se habían venido desarrollando en el país, en la instancia de seguridad pública, contra esos grupos mafiosos.

El mal agradecido es también la persona que olvida o desconoce los beneficios o favores recibidos. ¿Qué se les pudo haber olvidado a estos diputados para desatar tanta furia, y odio, del presidente hacia ellos?

Los que reclaman a los mal agradecidos son los que con sus actos esperan que esas personas que olvidaron la mano que les ayudó en algo, vuelvan a necesitar ayuda, por lo que esperará que regresen arrepentidos a los brazos, abrazos y arrumacos de cualquier tipo, en este caso con el Jaguar.

Cuando Chaves reclamó a los diputados Felipe García y Alejandro Pacheco, con su “malagradecidos” les recordó que le debían favores. Eso es lo grave.

El hecho de que los hayan llamado mal agradecidos no quiere decir, ni significa, que estos diputados lo sean. Quien proyecta su condición de mal agradecido es quien lo dice, quien lo reclama porque proyecta su propia actitud que quiere imponérsela a los diputados.

Si ese improperio, salido de la cloaca bucal del jaguar, no les cae bien, no tienen por qué aceptarlo.

El que los haya llamado “mal nacidos” fue a modo de insulto. Fue decirles indeseables, despreciables. Salvo que el presidente hubiera insinuado que los diputados Felipe García y Alejandro Pacheco hubieran nacido por cesárea u otra forma, no uterina, de parto considerado normal, para decirles “mal nacidos”. Si así fuera, estaría insultando a miles de costarricenses que hoy nacen por el procedimiento médico de la cesárea.

Se puede decir “mal nacido” para referir relación social o política de no ser deseado, no bienvenido, no apreciable en la relación.

El punto final de esto se va a decidir en los próximos días, cuando esta discusión del Presupuesto para las universidades públicas se discuta en el Plenario Legislativo. Allí la fracción legislativa del partido Unidad Social Cristiana se tiene que poner del lado de las conquistas históricas del gobierno del Dr. Calderón Guardia o de las posturas de Rodrigo Chaves. Algunos de esos diputados se acostarán con el gobierno votando en contra de las universidades. ¿Allí, la fracción legislativa tendrá que ponerse de lado de los diputados Felipe García y Alejandro Pacheco o avalará los reclamos por beneficios y favores que el Presidente les ha dado a los diputados, de carácter personal, económica o políticamente a los diputados o al mismo partido?

Los diputados Felipe García y Alejandro Pacheco en esta segunda y final etapa del proceso de aprobación del Presupuesto Nacional, después de los insultos e intimidaciones públicas que ha hecho el presidente Chaves de sus personas e investiduras parlamentarias, deben mantener decente y dignamente su posición a favor del presupuesto universitario como se acordó en la Comisión. De lo contrario quedará en evidencia que le deben favores y beneficios al Jaguar, que con sus rugidos los asustó y llamó de nuevo a su lecho, a su guarida.

Velada Nacional ¡Educación Hoy, Paz Mañana! celebra este logro

Muchas personas y movimientos se unieron frente a la Asamblea Legislativa bajo el lema «En defensa de la educación pública y nuestro Estado Social de Derecho» para participar en la Velada Nacional: ¡Educación Hoy, Paz Mañana! Esta manifestación pacífica reunió a estudiantes, organizaciones sociales y ciudadanos comprometidos con la defensa de los recursos para la educación pública costarricense.

La manifestación, que inició alrededor de las 5:30 p.m. en el Parque de las Garantías Sociales, avanzando hasta la Plaza de la Democracia en un ambiente de energía y simbolismo: con tambores, candelas, flores y arte, exigieron la aprobación de la moción 107, que busca garantizar un aumento del 2% en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), y en general, mayor presupuesto para la educación pública.

La actividad fue organizada por el Pacto Nacional por la Educación Pública y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. Se reiteró la importancia de cumplir con el 8% del PIB destinado a la educación pública, tal como lo establece la Constitución. Además, las personas participantes de la velada destacaron la necesidad de asegurar más becas, mayor acceso a las universidades públicas, mejores condiciones laborales para el personal docente de primaria y secundaria y recursos suficientes para programas sociales como comedores escolares.

¡Aumentos gracias a las mociones aprobadas!

Alrededor de las 9:30 p.m, en una noche fría pero con esperanza, se celebró el éxito parcial alcanzado en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde se aprobaron importantes mociones que incrementarán el financiamiento educativo: se destacó un aumento de 26 000 millones de colones para el Ministerio de Educación Pública (MEP) y 11 521 millones de colones adicionales para las universidades públicas. 

No obstante, los movimientos organizadores de la movilización advirtieron que este es solo un paso más en la lucha. Las demandas por más investigación, mejores infraestructuras escolares y recursos adecuados para el sistema educativo siguen siendo una prioridad. Los organizadores hicieron un llamado a la población para mantenerse alerta y seguir exigiendo que la Asamblea Legislativa garantice un presupuesto justo para la educación pública, una inversión esencial para el desarrollo social y el bienestar del país.

¡Miserables! *

Vladimir de la Cruz

Está en trámite legislativo, en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, la discusión sobre la asignación presupuestaria constitucional para la Educación Superior para las Universidades públicas, lo que se conoce de manera general como el FEES.

La Universidad de Costa Rica es una conquista de la cultura y la educación nacional, lograda en 1940, cuando por iniciativa del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, se decidió fundarla. Así lo determinó el Presidente Calderón quien instruyó a su Ministro Luis Demetrio Tinoco para que procediera a su apertura.

La decisión de la creación de la Universidad fue muy importante, para darle continuidad al proceso educativo nacional desde los estudios primarios y secundarios hasta la educación universitaria o superior.

La Universidad de Santo Tomás que existió en el siglo XIX, fundada en 1843 y cerrada a finales de la década de 1880, cortó las posibilidades de educación superior en el país, exceptuando las posibilidades que se mantuvieron con algunas carreras, como la de Abogacía, escuela que se mantuvo activa y proyectada a la actual Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

La Universidad de Costa Rica se creó como el acto fundacional de una “nueva Universidad”, lo que hizo el Dr. Calderón Guardia. No reabrió la Universidad de Santo Tomás, que pudo haberlo hecho. La razón fundamental fue que la Universidad de Santo Tomás tenía un carácter pontificio, lo que le daba a la Iglesia Católica una influencia decisoria en la vida académica en la posibilidad de nombramiento de profesores, de aprobación de contenidos programáticos y hasta de censura de lecturas.

El Dr. Calderón Guardia tenía una formación católica cristiana muy fuerte e importante, no solo por su vida familiar, sino también por sus estudios en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, donde tuvo la oportunidad de estudiar también en la Universidad Libre de Bruselas. De allí la decisión de haber abierto una nueva Universidad y no de haber reabierto la vieja Universidad de Santo Tomás.

Al fundar una nueva universidad, el Dr. Calderón Guardia tuvo a la mano y en conocimiento, el estudio del Dr. Luis Galdámez, quien había recomendado cuatro años antes la apertura de la universidad en el país, propuesta que se condensó en el informe que hizo con el título “La Universidad Autónoma”. Así, la Universidad de Costa Rica se fundó con la tradición de la Universidad de Córdoba, con su Reforma Universitaria de 1918, que se impuso prácticamente en toda la experiencia universitaria posterior a esa fecha en América Latina.

La autonomía universitaria que se impulsó imponía la obligación del Estado de asignarle los recursos económicos suficientes para el buen desempeño de sus prácticas académicas, docentes, científicas, culturales y educativas en general a la universidad. Incluyó la idea de considerar a la universidad como una pequeña República con gobierno propio, con legislación propia, con autonomía del movimiento estudiantil y con gobierno estudiantil autónomo de las autoridades universitarias, con representación estudiantil en todos los órganos de decisión académicos y de políticas universitarias, entre otros puntos que abordo la Reforma Universitaria.

Desde entonces, en 1940, la Universidad de Costa Rica y hasta 1975 de hecho, se convirtió en la única Universidad del país, en la única institución de educación superior, donde confluían todos los sectores sociales y económicos del país en busca de formación profesional y universitaria.

Fue, a la vez, la Universidad de Costa Rica, la instancia de educación superior donde se prepararon en ese tiempo la inmensa mayoría de autoridades políticas y administrativas del Estado y de Gobiernos, que se formaron profesionalmente en Costa Rica. En este sentido la Universidad fue un crisol de igualdad, de tolerancia, de respeto a las diferentes ideas políticas y corrientes filosóficas del pensamiento universal, contribuyendo de esa manera al desarrollo institucional y democrático de la sociedad costarricense.

La Universidad de Costa Rica y las otras universidades públicas, que se desarrollaron en la década de 1970, han sido pilares fundamentales de la democracia nacional, fundamento importante en la formación de profesionales del sector privado y público nacional, factores y actores activos de la producción y economía nacional, columnas vertebrales del desarrollo cultural y artístico nacional en todos sus campos.

Las universidades se han visto sometidas constantemente, por parte de diversos gobiernos, a no cumplir con el mandato constitucional de darles los fondos, los recursos económicos necesarios para su desempeño y trabajo académico y científico.

Con los anteriores gobiernos había discusiones sobre el monto y se llegaba a acuerdos satisfactorios en la asignación de recursos y fondos públicos para las universidades.

Con el actual gobierno no hay acuerdo alguno. No hay apoyo ninguno para las universidades públicas. La acción del gobierno actual es TODO contra las universidades, TODO contra la educación superior pública, TODO contra la educación pública en general, lo que ha llevado al gobierno a mantener un 0% de asignación del Presupuesto Nacional a las universidades. La propuesta del Consejo Nacional de Rectores, representante de todas las universidades públicas, era de un 4.06%, necesario para el buen funcionamiento de las Universidades.

La discusión que se lleva a cabo en este momento, en estos días, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la Asamblea Legislativa, es para asignarle un 2%. La primera votación que se hizo en esa Comisión rechazó ese 2%, lo que da espacio todavía a unos días más de discusión.

En la Comisión Legislativa se ha votado 6 a 5 con el rechazo de ese 2%. En esa votación dos diputados del partido Unidad Social Cristiana, Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco, miserablemente se han pronunciado en contra de ese 2%. (ver nota al final).

Digo que son miserables, ruines, porque ese partido fue la bandera del gran Benemérito de la Patria, Calderón Guardia, fundador de la Universidad de Costa Rida, y de hecho, de las universidades públicas en su herencia.

Miserable es el Partido Unidad Social Cristiana que se ha plegado a destruir toda la obra social del Dr. Calderón Guardia, y del impulso que le dio a esa Reforma el Partido Liberación Nacional, desde el Gobierno de la Junta en 1948-1949 y las que posteriormente realizaron en los gobiernos subsiguientes, entre ellas la creación de las otras universidades públicas y haber avalado el surgimiento de las universidad privadas, como complementarias a las primeras, en su misión de formación de profesionales de alto nivel educativo.

El gobierno de la República actual ha caracterizado a los gobiernos de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, como dictaduras y tiranías de camarillas que ejercieron sus gobiernos para favorecer a pequeños grupos asociados a sus gobiernos y alejados del pueblo. Eso le ha llevado a justificar los ataques a toda la obra de esos gobiernos, independientemente de valorar lo bueno y lo malo que han realizado, porque lo bueno del desarrollo del país se le debe fundamentalmente a esos gobiernos, más allá de si simpatizamos con esos partidos políticos que gobernaron el país.

Puedo entender que el dirigente político que fue de ese partido, Rafael Ángel Calderón Fournier, que además fue su fundador, gran negociador que logró su creación en el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez ya no esté en ese partido. Lo que es impensable es que ese partido que arropó la Reforma Social haya renunciado a ese legado histórico.

Los actuales dirigentes de la Unidad Social Cristiana son renegados de esa tradición social cristiana, en el campo político. Han abjurado la Reforma Social, hoy repudian las figuras del Gran Benemérito Rafael Ángel Calderón Guardia, maldicen con sus diversos actos destructores de dicha obra social, su memoria.

La fracción parlamentaria de la Unidad Social Cristiana se ha colocado en el furgón de cola del tren autoritario, despótico, tiránico, del actual mandatario de Zapote. No han entendido que ese furgón de cola, apoyando todo su programa político y económico, y destructor de la obra social del Dr. Calderón Guardia, no va a sobresalir en modo alguno como una fuerza política vigorosa, independiente ni como opción ciudadana ante el próximo proceso electoral.

Tampoco los actuales dirigentes políticos de la Unidad Social Cristiana hacen la lectura correcta de la historia de ese partido, de los logros históricos que realizaron. Su visión los lleva al abismo político, al salto al vacío que se ha confirmado en la práctica del actual gobierno.

A ese despeñadero conducen a ese partido.

La dirección política de la Unidad Social Cristiana y su fracción parlamentaria verdaderamente se comportan de manera miserable, ruin, despreciable, malvada, canalla contra las universidades públicas al no apoyar el 2% que solicitan las universidades, como mínimo en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

No es un problema solo de las actuales universidades en su presupuesto. El impacto de no asignarle los recursos económicos suficientes y decorosos a las universidades es contra toda la población, contra todas las familias, contra todos los estudiantes de preescolar, de escuela, de secundaria en sus diversos ciclos y modalidades educativos, porque se quitan los recursos de las universidades y éstas tendrán menos posibilidad de recibir a los niños y jóvenes que se preparan en escuelas y colegios con la ilusión de ingresar a un nivel universitario.

Lo miserable de la actuación de los diputados socialcristianos en la Comisión de Asuntos Hacendarios es contra toda la sociedad, contra todas las familias, contra todos los padres y madres ilusionados con el futuro de sus hijos, a quienes les están negando la posibilidad de que ellos puedan llegar a la educación superior.

Lo más decente que podrían hacer los diputados Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana es dar su voto afirmativo en la Comisión a la propuesta del 2% del Presupuesto Nacional para las universidades, para que ese Dictamen pase con mayoría de votos al Plenario Legislativo, que es donde debe discutirse más ampliamente. Ahí pueden refugiarse, si así los obliga la dirección política de su partido y la decisión de su fracción, a votar como quieran en el Debate del Plenario. Por ahora, lo importante es que se apruebe el 2% en la Comisión Legislativa.

Diputados socialcristianos en este asunto por lo menos compórtense decentemente con su voto a favor de la Cultura y la Educación Superior Nacional. Es un problema de conciencia nacional.

Dejen y sálganse del estercolero nacional en que los quieren meter el presidente de la República y sus voceros institucionales en la lucha que él tiene contra la cultura y la Educación nacional y popular.

*PS.

El artículo fue redactado el jueves en la mañana. En la sesión de la Comisión del jueves por la tarde los diputados Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana votaron a favor del 2% del FEES. Se comportaron como debía ser. Honraron al memoria del Dr. Calderón Guardia y facilitaron que el Dictamen de la Comisión pase al Plenario Legislativo con votos de mayoría. Aún queda la discusión en el Plenario Legislativo.

Vladimir de la Cruz

Compartido con SURCOS por el autor.

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense alerta sobre ataques del presidente Chaves hacia la educación pública

En un video publicado el 30 de septiembre de 2024 , Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), hizo un llamado urgente a la ciudadanía y al Magisterio Nacional a estar atentos a los discursos del presidente Chaves. Díaz señaló que dichos mensajes han atacado directamente al sector educativo, poniendo en peligro su estabilidad y dejando de lado los principios establecidos en la Constitución Política, que consagra la educación como un derecho fundamental para todos los costarricenses.

Se resalta como hace unos días, en una entrevista realizada por Radio Columbia, el presidente Chaves abordó de manera desinformada y atacante un tema que preocupa a los estudiantes del país: el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en el cual por primera vez no se alcanzó un acuerdo en la negociación de este fondo, lo que llevará el tema a ser discutido en la Asamblea Legislativa. Durante la entrevista, Chaves afirmó que la reforma constitucional de 2011, que estableció el financiamiento de la educación pública en un 8% del PIB, fue una concesión gratuita de la expresidenta Laura Chinchilla, destinada a beneficiar a grupos de interés y privilegio, como los sindicatos de la educación y las universidades públicas.

El SEC, por su parte, ha respondido afirmando que la educación es un derecho humano que avanza y se encuentra consagrado en la Constitución desde 1949 y que su financiamiento es clave para el desarrollo social y económico del país. Las críticas señalan que el presidente ignora la importancia de la educación como motor de igualdad social y herramienta para el progreso nacional. Además, se advierte que su postura pone en riesgo el futuro de la educación pública y, por ende, el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo para los niños y jóvenes costarricenses.

Díaz concluyó haciendo un enfático llamado a unir fuerzas para detener la mala gestión del presidente, advirtiendo que sus acciones están abriendo las puertas para que los jóvenes caigan con mayor facilidad en la marginalidad, donde prevalece la delincuencia. Es imprescindible promover un financiamiento adecuado del FEES, que garantice un futuro y una educación digna para el país.

Le invitamos a ver el video.

Sobre el FEES 2024-2025 en Costa Rica

MBA Lic. Luis Gilberto Martínez Sandoval, UTN.

Luis Gilberto Martínez Sandoval MBA Lic. Bach.
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales.
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Escritor, Directivo JD SSN ANEP UTN, Científico Social
Contácteme: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 506 62 76 41 33

Recursos para aumentar el FEES, si existen. A pesar de la férrea oposición del gobierno de turno del Dr. Rodrigo Chaves Robles-. Los instrumentos económicos para aumentar el FEES siguen siendo: mejorar la recaudación, mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público – por ejemplo hoy no se requieren tantas embajadas ni embajadores-mejorar la función redistributiva de la política fiscal y eliminar exoneraciones y subsidios.

Es un hecho que el presupuesto del FEES a disminuido en terminos reales. No se ha reconocido el aumento de costo de vida que estipula el articulo 85 de la Constitucion Politica ni las deudas pendientes. ¡En los últimos años el crecimiento real del FEES recibido por las Universidades Estatales a disminuido! Y, tendrá graves consecuencias para las actividades sustantivas de las cinco universidades públicas, incluso se podría llegar al cierre técnico de algunas de ellas o cierre de carreras o reorganización administrativa o eliminación de dedicaciones exclusivas, anualidades, carrera profesional, becas de estudio para estudiantes y docentes por citar solo algunas.

Los datos históricos muestran que en el 2018 el FEES recibido deflactado fue de ₡ 508.318,38 millones de colones lo que significó un crecimiento real del mismo de 1,59 % en relación con el año anterior (2017). Para el año 2019, el porcentaje de crecimiento quedó en -0,53 %. Durante ese período las universidades recibieron un total de ₡ 505.626,54 millones, aunque en la Comisión de Enlace se negoció un monto de ₡ 515.715,79 millones que se recortó en ₡10.000 millones en la Asamblea Legislativa, acción que se declaró inconstitucional. Los dos últimos años la situación no ha sido diferente. En el 2020 el decrecimiento real fue de un 6,14 % y para el 2021 de 0,03 %. Esta situación también se debió a que las universidades estatales se les postergó el pago de ₡ 35.000 millones destinados a gasto de capital y además se dio un aporte adicional de ₡ 13.000 millones para contribuir a la emergencia por la pandemia del Covid-19. Datos que no toma en cuenta el Poder Ejecutivo y su ministro de Hacienda. En el 2022, la suma del FEES que se acordó fue de ₡ 522.822,67 millones, cifra que disminuye a ₡ 479 842,85 millones con el monto deflactado, lo que implica un crecimiento real del -2,94%.

Durante los ultimos años las Universidad Estatales debieron negociar un mayor reconocimiento por inflación. Pero, no debemos dejar de exponer que los equipos de negociadores de CONARE liderados por los Rectores de turno no hicieron bien las negociaciones. En el presupuesto del 2022, que integra por primera vez a la UTN, se fijó un monto de ₡ 558.756 millones. O sea ₡ 35.933.33 que incluye la UTN. La solicitud del reconocimiento de un 8,71% a raíz del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la cual fue encabezada por la UCR, se fundamentó en el rezago educativo de ₡26 mil millones, producto del aporte que dieron las universidades estatales en 2020 como contribución por el impacto económico generado por la pandemia del COVID-19. No debemos olvidar que en 2022 el gobierno actual venia por un recorte de ₡129 mil millones del FEES…

Aunado a ello el Banco Central de Costa Rica explica que: “(…) las proyecciones de crecimiento para la economía costarricense exponen que las presiones inflacionarias se redujeron en el primer semestre de 2023. En medio de la incertidumbre mundial y una desaceleración de los principales socios comerciales, se proyecta que el crecimiento será del 3,9 % en 2024, y luego se moderará hasta llegar al 3,7 % en 2025 y 2026. Y al cierre del año 2024 apunta a un mayor deficit fiscal”.

Pero hay algo más con el FEES. Veamos algunos datos historicos. La parte de servicio de la deuda (pago de vencimientos de la deuda + pago de intereses), absorbe un 46,70% del total del presupuesto general de la República. Si a ese servicio de la deuda, le sumamos la parte del pago de pensiones, resulta que esos dos rubros representan un 55,89% del total del presupuesto. Queda entonces disponible tan solo un 44,11% del presupuesto total. Leáse: Disponible 44.11%. Esto último debe financiar todos los ministerios, así como el Poder Judicial, el Tribunal de Elecciones, la Asamblea Legislativa, la Contraloría, la Defensoría y; diversas instituciones que se financian con base en transferencias del Gobierno Central (por ejemplo: el INAMU y las universidades estatales – (UCR, UNA, ITECR, UNED, UTN). Los ingresos proyectados cubren un 59,1% del total presupuestado. El resto, o sea, un 40,9%, debe financiarse mediante la emisión de más deuda.

Entonces, dado ese escenario: Las diversas instituciones públicas quedan sometidas a una restricción brutal, que equivale a su desmantelamiento e inutilización de hecho. Ello implicará, de forma inevitable, la desatención o la atención insuficiente de muchas necesidades de la población, lo cual profundizará el desprestigio de esas mismas instituciones, y dará nuevos pretextos para aquellos sectores que empujan por la privatización y la reducción del Estado a su mínima expresión. ¡Si los recursos no existen, no existen! y los discursos y las marchas de presión, por muy exaltados que sean no podrán proveerlos de la nada – nos dice en la cara el Ministro de Hacienda-.

Esa ruta fiscal, que viene trazada desde el gobierno de Carlos Alvarado Quesada y el Gobierno PAC, es insostenible: lo mismo en la económico, que en lo social y político. ¡Estamos frente a una bomba de tiempo bajo nuestros pies! Que va a explotar entre setiembre 2024 a setiembre 2025. ¡Esto está que arde! Y eso lo sabe el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, las Universidades Estatales y otras instituciones gubernamentales.

Balance

Primero. El FEES ha disminuido desde 2018. Se ha negociado muy mal por Rectores del pasado. Y esta mal distribuido. Hay que aumentar el FEES a la UTN – esta debe pasar de un 6.75% a un 10% con un aumento anual del 1% – e igual con ITECR. Es urgente redistribuir lo asignado aumentando mayor porcentaje para dichas universidades estatales citadas. El pastel ahora hay que dividirlo entre 5 ya no entre 4.

Segundo. La regla fiscal esta aún vigente para las Universidad Estatales y la Ley de Empleo Público. Las Universidades Estatales deben estar afuera de ambas. La Asamblea Legislativa puede realizar dicha reforma. En un año según expertos TODO será INSOSTENIBLE en el país y en las Universidades Estatales. Con el cierre de negociaciones por parte del Poder Ejecutivo ningún Rector a ganado. ¡Ni tampoco ganó CONARE! Todo ahora esta en manos de la ASAMBLEA LEGISLATIVA. ¡La guerra apenas esta empezando! Preparémonos para evitar la privatización de la educación pública superior universitaria en el 2024. Y, no olvidemos las condiciones impuestas a revisar por los diputados y diputadas de la ASAMBLEA LEGISLATIVA que citamos:

Aumento en las becas por regiones con mayores desigualdades.

Aumento en cupos de carreras de Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas. O sea, para Carreras STEM.

Que pongan control y equidad a los salarios abusivos y se sujeten a la Ley Marco de Empleo Público; entendamos que es pretensión del Gobierno eliminar anualidades, dedicaciones exclusivas, prohibiciones, carrera profesional etc.

Un aumento en las carreras virtuales que han demostrado que les genera ahorros. O sea, la virtualidad y el teletrabajo es la hoja de ruta para las Universidad Estatales.

Aumentar la colocación laboral de sus estudiantes, especialmente en regiones con mayor rezago.

Acreditación en bilingüismo en nivel B2 para mejorar la empleabilidad.

Que sus programas de investigación estén ligados a las metas del Plan Nacional de Desarrollo, y que los resultados de esta investigación impacten en el desarrollo nacional y tengan utilidad práctica en los sectores productivos.

Que sean transparentes, no engañen a la opinión ni a la comunidad estudiantil, que muestren datos incluyendo el costo por estudiante y la asignación real en becas.

Admitir un mayor porcentaje de estudiantes por medio de la virtualidad para todos los estudiantes que laboran de día y estudian en la noche a partir de las 6 p.m. Y, presencialidad para los estudiantes que estudian en horarios diurnos mañana y tarde. Para retener y frenar la deserción.

Rendición de cuentas sobre el uso real de los recursos acorde a las necesidades estratégicas.

A modo de conclusión

La Asamblea Legislativa deberá resolver el FEES. Se abre un espacio de maniobra estratégico para los Rectores de las distintas Universidades Estatales. La Asamblea Legislativa bien puede crear un Fondo de Becas Especiales UNICAMENTE para uso de becas para estudiantes de regiones con mayores desigualdades socioeconómicas y exigir transparencia en la asignación de dichas becas. Es decir, condicionar el aumento, PERO para uso de becas estudiantiles. El FEES tiene sus implicaciones sociales en la formación educativa como instrumento para coadyuvar a salir de la pobreza – movilidad social por educación- y así lograr un avance social y económico en las clases más deprimidas.

El FEES, otro tema, debe ser negociado cada cuatro años” y que se establezca acuerdo marco legal aprobado por la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo para regular las negociaciones FEES. Adicional a lo anterior usar como referente el dato de la inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio, coeficiente de Gini, porcentaje de pobreza según regiones y el crecimiento o no del PIB. Y definir una metodología o fórmula matemática para su cálculo de asignación del FEES según cada una de las Universidades Estatales y sus respectivas Regiones.

Las negociaciones han sido por completo mal realizadas por parte de los Rectores permitiendo una rebaja del FEES a contrapelo de lo que la Constitución Política establece. Ello obliga a construir Equipos de Negociación de Alto Desempeño y asignarles esa responsabilidad por parte de las Universidades Estatales.

El año 2024 cierra con el déficit fiscal (diferencia entre ingresos y gastos) mayor que el del año anterior, lo que estruja más las posibilidades de que a mediano plazo el país cuente con más recursos para inversión social o para obras de infraestructura como bien lo explica el Análisis de Coyuntura Fiscal del primer trimestre de 2024, a cargo del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA). Hay una baja a la generación de ingresos principalmente la recaudación de impuestos. “El Observatorio Económico y Social llama la atención de que esta situación podría hacer más difícil la reducción del nivel de deuda por debajo del 60% del PIB, lo cual implicaría que las medidas más restrictivas de la regla fiscal van a seguir vigentes durante un año más y con esto seguirán restringidos los gastos de capital y los ajustes salariales en el sector público”.

Por último, el Banco Mundial afirma que en nuestro país las tasas de pobreza son particularmente altas entre los grupos vulnerables, como los afrodescendientes, las poblaciones indígenas y los migrantes.

Es allí donde se debe canalizar los recursos del FEES dado que es fundamental abordar los dos desafíos relacionados con la inclusión y la gestión fiscal. El crecimiento debería beneficiar a toda la fuerza laboral costarricense y a todo el territorio de Costa Rica, y las políticas fiscales deberían seguir respaldando la solvencia del país. Mejorar la movilización de los ingresos y la eficiencia del gasto, especialmente en los sectores social y de infraestructura, es esencial para reducir la pobreza y la desigualdad.

U Públicas: Pilar de desarrollo social y económico ante la incertidumbre que amenaza su tesoro más valioso, “La educación”

Por: Renzo Kcuno Aimituma

A lo largo de muchas décadas, Costa Rica ha sido reconocida como un país que prioriza la educación, con una de las tasas de alfabetización más altas de América Latina (98.04%), así lo respaldan organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), entre otros, que señalan a Costa Rica como un ejemplo a seguir; sin embargo, en los últimos años ha surgido una preocupación no menor, y es que, cada vez hay una mayor incertidumbre que amenaza la educación.

En la actualidad, las Universidades Públicas están a la espera de una decisión que se está definiendo en la Asamblea Legislativa, debido a que el Poder Ejecutivo no logró llegar a un acuerdo viable con las U Públicas, a fin de fortalecer la educación. Este es un hecho histórico nunca antes vivido en el país, desde que se creó el Artículo 85 en la Constitución Política de la República, el cual brinda patrimonio propio a las instituciones de educación superior estatales del país, pues es la primera vez que las negociaciones acerca del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) pasa a resolverse a la Asamblea Legislativa.

Históricamente, las Universidades Públicas de Costa Rica han sido y son vehículos de transformación y movilidad social, a lo largo de las décadas han brindado oportunidades reales a poblaciones de diversos estratos socioeconómicos, permitiendo que muchas personas puedan tener acceso a una educación de calidad. Esto, ha ayudado a reducir las brechas de desigualdad social, más sin embrago, hoy la educación se ve envuelta en una encrucijada ante la poca voluntad de los tomadores de decisiones.

Ante este escenario, surgen varias interrogantes: ¿Cuál es el futuro que le espera a Costa Rica ante los hechos más recientes?, ¿La posición del Gobierno fue la correcta?, Ante la falta de presupuesto ¿Cuál es el destino de las U Públicas?, ¿Costa Rica seguirá siendo un referente mundial de la educación? Y finalmente, respecto a la alta tasa de alfabetización que nos destaca en el ámbito mundial, ¿Podrá Costa Rica seguir acortando más esa brecha o tendrá un retroceso debido a la falta de voluntades políticas que afectan el presupuesto de la educación?, esta última pregunta es importante plantearla porque muchas de las personas profesionales que educan a nuestros hijos e hijas se han graduado en Universidades Públicas y han hecho grandes aportes en la educación del país.

Si el Fondo Especial para la Educación Superior se ve afectado, esto tendrá repercusiones importantes en temas de educación de calidad, en procesos de investigación, desarrollo e infraestructura e incluso, en becas para estudiantes, quienes dependen de ellas para continuar con su formación profesional. Sin recursos suficientes, las Universidades Públicas ven comprometida su capacidad de responder a las necesidades del país.

Es por ello que, la educación superior pública debe ser vista como una inversión a largo plazo y no como un gasto, ya que cada colón invertido genera réditos para Costa Rica, con profesionales altamente capacitados, con instalaciones educativas óptimas para desarrollar investigación y generar innovación, con espacios para promover el arte, el deporte, la recreación y la cultura, así como la movilidad educativa de la población estudiantil, sin olvidar las acciones de extensión universitaria que buscan promover el desarrollo del país, acompañándoles en cada propuesta, proyectos locales, emprendimientos y muchas otras alternativas educativas, a fin de seguir protegiendo el tesoro más valioso de Costa Rica, “La educación”.

Asamblea de CONADECO declara apoyo a la educación pública como pilar fundamental del desarrollo nacional

El pasado sábado 7 de septiembre se aprobó en todos sus extremos la moción por parte de la Asamblea de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, y se llegó a la siguiente resolución:

Moción para la Asamblea General de CONADECO

Declaración de Apoyo a la Educación Pública como Pilar Fundamental del Desarrollo Nacional 

Estimados compañeras y compañeros miembros de la Asamblea General de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal (CONADECO), distinguidos líderes comunitarios, guardianes del progreso y bienestar de nuestras comunidades: 

CONSIDERANDO: 

  1. Que la educación pública, desde sus cimientos en la enseñanza primaria hasta las cúspides del saber en nuestras universidades estatales, ha sido históricamente el faro que ha guiado a Costa Rica hacia horizontes de prosperidad, equidad y desarrollo humano. 
  2. Que la Universidad Estatal a Distancia (UNED), junto con las demás instituciones de educación superior pública, han sido artífices incansables en la formación de generaciones de costarricenses, llevando el conocimiento hasta los rincones más apartados de nuestra geografía, democratizando así el acceso al saber y a las oportunidades. 
  3. Que la triada sagrada de la misión universitaria —docencia, investigación y extensión— ha sido el crisol donde se han forjado las soluciones a los desafíos más apremiantes de nuestra nación, nutriendo el espíritu innovador y el compromiso social que nos distingue como costarricenses. 
  4. Que en el seno de nuestras comunidades, hemos sido testigos directos de cómo la educación pública transforma vidas, eleva aspiraciones y construye puentes hacia un futuro más promisorio para todos. 
  5. Que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y el presupuesto destinado a la educación pública no representan un gasto, sino la más noble y fructífera inversión que puede hacer un país en su capital humano y en su desarrollo integral. 

POR TANTO: 

La Asamblea General de CONADECO, en ejercicio de su responsabilidad histórica y su compromiso inquebrantable con el bienestar de las comunidades y el progreso de la nación, acuerda: 

  1. Declarar nuestro apoyo incondicional y vehemente a la Universidad Estatal a Distancia (UNED), a todas las universidades públicas y al sistema de educación pública costarricense en su conjunto. 
  2. Reconocer y exaltar la labor trascendental de estas instituciones como motores de transformación social, pilares de la identidad nacional y garantes de la movilidad social que ha caracterizado a Costa Rica. 
  3. Instar a las autoridades gubernamentales y legislativas a considerar el financiamiento de la educación pública, incluyendo el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), no como un gasto corriente, sino como la inversión más estratégica y vital para el futuro de nuestra nación.
  4. Hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad costarricense a unirse en la defensa y fortalecimiento de nuestro sistema educativo público, reconociendo en él la clave para construir una Costa Rica más próspera, justa y solidaria.
  5. Emitir una declaración pública que reafirme el compromiso del movimiento comunal costarricense con la educación pública de calidad, como derecho fundamental de las nuevas generaciones y como patrimonio invaluable de todos los costarricenses. 

Que esta moción sea un testimonio del espíritu visionario que siempre ha caracterizado a los líderes comunales, quienes, con la sabiduría que da el trabajo cercano a las necesidades del pueblo, reconocen en la educación la semilla de un mejor mañana. 

Que nuestras voces se alcen unidas, firmes y claras, en defensa de ese bastión de progreso y equidad que es nuestra educación pública.

¡Por una Costa Rica educada, próspera y solidaria!

De patentes y universidades públicas

José María Gutiérrez
Profesor emérito, Universidad de Costa Rica
jose.gutierrez@ucr.ac.cr

El día de la multitudinaria marcha en apoyo de la educación pública circularon en redes sociales videos en los que se planteaba, entre otras cosas, que las universidades públicas costarricenses generaban muy pocas patentes y que esto era una señal de debilidad y de escaso aporte al desarrollo del país. Estos comentarios invitan a la reflexión.

¿Qué son las patentes?

Las patentes son un instrumento mediante el cual los estados confieren derechos exclusivos a las personas, instituciones o empresas que han desarrollado una invención, de manera que se impida a otros, dentro del territorio en cuestión, su utilización durante el período de tiempo en que rige la patente, si no se hace mediante autorización del titular de la misma. Para calificar como patente, estos desarrollos deben ser novedosos, tener carácter inventivo y potencial de aplicación industrial, diferenciándose de productos o procesos existentes. Los titulares de las patentes pueden licenciarlas a terceros para que estos las utilicen en la fabricación de bienes o la provisión de servicios.

¿Son las patentes un indicador de desarrollo científico y tecnológico?

El número de patentes que genera una institución o un país se ha considerado un parámetro que evalúa el grado de desarrollo científico-tecnológico y de innovación. En general, los países del norte global generan una mayor cantidad de patentes que los del sur global y Costa Rica no es la excepción. En nuestro país se concede un número escaso de patentes a personas costarricenses, lo cual es un indicador de un limitado nivel científico-tecnológico, como lo ha señalado el Informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Pero se corre el riesgo de hipertrofiar el valor de las patentes como criterio valorativo de desarrollo científico-tecnológico al no verlas como un elemento más de un universo de parámetros mucho más amplio.

¿Es el escaso número de patentes otorgadas un signo de debilidad de las universidades públicas de Costa Rica?

No necesariamente. El crecimiento de la investigación científico-tecnológica y de innovación en un determinado país se acompaña, en términos generales, de un creciente número de patentes. Y el número de patentes concedidas a universidades públicas de Costa Rica es limitado; eso es verdad. Sin embargo, este tema debe analizarse con cuidado y a la luz del contexto nacional y de la misma filosofía que guía a las universidades públicas del país.

Patentar por patentar, como un fin en sí mismo, no tiene sentido, por al menos tres razones: (1) el proceso de patentamiento y el seguimiento a la protección de las patentes es caro y representa una erogación importante para las instituciones si se hace de una manera indiscriminada; por ello, se debe tener claro qué se requiere patentar y por qué. (2) Muchas patentes nunca se trasladan al plano real de la producción de bienes y la provisión de servicios. O sea, existen patentes que no son utilizadas y no redundan en beneficios para la colectividad. (3) La protección de los hallazgos científico-tecnológicos se puede hacer mediante otros mecanismos distintos de las patentes, los cuales también son reflejo de dicho desarrollo. La pregunta no sería entonces cuántas patentes tiene un país o una institución, sino más bien cómo la investigación impacta en la calidad de vida de la población, en el bien común, independientemente de si los descubrimientos se patenten o no.

Las universidades públicas costarricenses constantemente proyectan los resultados de sus investigaciones a amplios sectores de la sociedad mediante procesos que no involucran patentes. Estas universidades son el principal reservorio científico-tecnológico del país y generan un gran volumen de conocimiento, mucho del cual se vierte a la sociedad de diversas maneras.

Estos conocimientos se canalizan a través de la extensión o acción social, y tienen un impacto enorme en el desarrollo económico, social y cultural del país. Por lo tanto, el hecho de que las universidades públicas no generen muchas patentes no significa que las mismas no estén produciendo continuamente investigación científico-tecnológica de alto nivel y pertinencia, ni que esta no se proyecte a la sociedad de múltiples formas. La obsesión por las patentes no debe hacernos dejar de ver que la acción de las universidades públicas impacta de manera decisiva en el desarrollo, la prosperidad y la equidad del país.

A manera de ejemplo: lo que ha hecho el Instituto Clodomiro Picado

Estos conceptos se ilustran claramente con la evolución científico-tecnológica del Instituto Clodomiro Picado (ICP), una unidad de investigación de la Universidad de Costa Rica cuya misión es aportar soluciones al problema de los envenenamientos por animales ponzoñosos y contribuir con la biotecnología del país. Uno de los ejes principales de acción del ICP es el desarrollo tecnológico y la producción de sueros antiofídicos o antivenenos, no solo para Costa Rica sino también para el resto de Centroamérica, varios países de Sudamérica y también países del África sub-Sahariana.

En esta evolución, el ICP ha desarrollado importantes innovaciones en la tecnología para la producción de antivenenos. Algunos aspectos de esta tecnología eran susceptibles de protección y hubieran permitido efectuar una solicitud de patente. Pero el ICP decidió más bien que estos valiosos conocimientos sean de dominio público, de manera que los mismos puedan ser aprovechados por laboratorios productores de antivenenos de otras latitudes.

¿Por qué esa decisión? Porque la gran mayoría de laboratorios productores de antivenenos están ubicados en instituciones públicas de países del sur global, donde ocurren la mayoría de los envenenamientos por serpientes y escorpiones. Si se hubiera protegido estas tecnologías, este conocimiento no se habría utilizado por muchos de estos laboratorios, por motivos obvios. Por el contrario, el haber hecho público estos saberes ha permitido que países de América Latina y Asia hayan incorporado esta tecnología en sus procesos productivos.

Como consecuencia, se ha mejorado la producción y el abastecimiento de antivenenos en estas regiones y ello ha permitido salvar miles de vidas. La filosofía de la universidad pública, centrada en la procura de la excelencia y del bien común, sirvió de guía para esta decisión. No hubo patentes en este aspecto del trabajo del ICP. ¿Significa esto una debilidad? Todo lo contrario; se trata de una fortaleza que ha tenido gran impacto en la salud pública.

Por otra parte, el ICP desarrolló una tecnología novedosa para la producción de medicamentos derivados de sangre humana, tales como inmunoglobulina y albúmina. Aquí el análisis fue diferente. La producción de derivados de sangre humana está en manos de grandes empresas farmacéuticas privadas. Haber divulgado libremente dicha tecnología, como se hizo con los sueros antiofídicos, habría significado ‘regalar’ este conocimiento a dichas empresas.

En este caso se procedió de manera distinta: la Universidad de Costa Rica patentó esta tecnología en un gran número de países donde se ubican esas empresas, y la patente ha sido licenciada a una empresa colombiana, mediante un contrato que garantiza regalías a nuestra universidad cuando la empresa entre en la etapa de comercialización. Esto, además, fortalecerá la capacidad regional y la autosuficiencia en la producción de hemoderivados en América Latina. También se dejó planteada la posibilidad de producir estos medicamentos en Costa Rica para el sistema de salud pública nacional.

Conclusión

Estos ejemplos ilustran que el tema de las patentes en las universidades demanda un análisis crítico y no se puede tomar a la ligera. Lo esencial debe ser fortalecer el desarrollo científico-tecnológico endógeno, mediante una política decidida en la cual las universidades públicas tienen un papel central. Pero, además, se requiere garantizar que la ciencia y la tecnología beneficien a amplios sectores de las poblaciones y tengan como norte la procura del bien común.

El aporte científico-tecnológico de las universidades públicas permite conocer y brindar soluciones a muy diversos problemas del país y más allá. Y ese conocimiento lo vierten estas instituciones a la sociedad mediante variados mecanismos. El patentamiento y el licenciamiento de las patentes para su explotación son una forma, pero no la única ni la más importante, como el conocimiento fluye de los centros de investigación a la sociedad. Por lo tanto, juzgar el aporte científico-tecnológico de las universidades en términos de cuántas patentes tienen es una visión limitada y simplista que deja de ver un enorme abanico de contribuciones.

Las universidades públicas deben depurar continuamente su capacidad para generar nuevo conocimiento a través de la investigación y proyectar ese conocimiento mediante la docencia y la acción social o extensión. Pero deben hacerlo teniendo siempre como mira la procura del bien común, el bienestar de las mayorías y el desarrollo con dignidad y equidad. Para ello, entre otros requisitos, estos centros de educación superior necesitan recibir del estado el financiamiento que requieren, acorde con las necesidades del país y con el mandato constitucional. Por ello es fundamental asegurar un presupuesto justo para la educación pública en general y para la educación superior pública en particular.

*El autor agradece las valiosas discusiones que sobre este tema ha tenido con Mariángela Vargas, Guillermo León y demás colegas del Instituto Clodomiro Picado.

FEES: Coyuntura y perspectivas actuales. Programa Alternativas

Participantes y su representación.

El pasado 30 de agosto del 2024 se realizó una conferencia con el panel de invitadas Raquel Loría Bachiller en sociología, estudiante de planificación económica y social, presidenta de la FEUNA. También María Francini Mora presidente de la FEITEC.

FEES: Coyuntura y perspectiva actual

Tema principal el Fondo Especial para la Educación Superior 

Contexto del FEES (Fondo Especial de Estímulo a la Educación Superior):

La conferencia explica ciertos puntos importantes de lo que está pasando con el FEES:

  • Cómo se configura y cuáles son sus objetivos actuales.
  • El papel que juega en la educación superior y su impacto en las universidades y estudiantes.

Participantes en el FEES:

  • Quiénes son los principales actores involucrados, como las universidades, los gobiernos, y las organizaciones educativas.
  • Cómo cada uno de estos participantes contribuye al funcionamiento y la administración del FEES.

Representación:

  • Cómo se representa a cada grupo dentro del FEES. Esto puede incluir cómo se toman las decisiones y quiénes tienen voz en el proceso.
  • La participación de diferentes partes interesadas, como estudiantes, docentes, y personal administrativo, y cómo sus intereses son reflejados en la gestión del fondo.

Coyuntura actual:

  • Los desafíos y oportunidades actuales relacionados con el FEES.
  • Las reformas recientes o propuestas que podrían afectar la representación y la participación de los diferentes actores.

Perspectivas futuras:

  • Cómo se espera que evolucione el FEES y su representación en el futuro.
  • Las tendencias emergentes y sus posibles implicaciones para la educación superior.

Después de unas largas negociaciones, el Ejecutivo y las universidades concertaron un incremento de 2% al FEES de 2024, con lo cual este fondo quedó definido en ₡576.087 millones.

La repartición acordada por los rectores significó una disminución porcentual del FEES para la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA), si bien las cinco universidades crecieron de forma nominal. Solamente el Conare vio una disminución de sus recursos.

Asimismo,  se invita a ingresar al  siguiente link donde se puede analizar la información con mayor detalle: https://www.facebook.com/share/v/KVxDY3QHXhUUCSs6/?mibextid=qi2Omg 

UCR: Una fuerza multisectorial alza su voz para defender la educación pública y los derechos sociales en Costa Rica

Marcha nacional: “Educación hoy, paz mañana”

Ante la dramática crisis educativa que vive el país, miles de personas marcharon este 28 de agosto por las calles de San José, en respuesta al llamado de más de 70 organizaciones sociales y productivas, así como de las universidades públicas, por un Pacto Nacional por la Educación

Con una movilización nacional multisectorial por las calles de la capital este 28 de agosto, las organizaciones agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo y otros sectores de la sociedad civil dan de nuevo la lucha por reactivar el proceso del Pacto Nacional por la Educación Pública. Este proceso inició el 20 de junio del 2023, con el objetivo de mejorar las condiciones del sistema educativo del país y, además, promover cambios sociales urgentes y una transformación tributaria justa.

Por medio de esta nueva movilización, la Mesa Nacional de Diálogo advierte una vez más que la actual crisis educativa es parte de una crisis más amplia que afecta los servicios de salud, el sector agroalimentario, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana, el medio ambiente y los derechos humanos, sociales y laborales en todo el país.

El lema «Educación hoy, paz mañana» fue la consigna bajo la cual marcharon miles de personas en la capital, del Parque de la Merced a la Plaza de la Democracia y del Pretil de la Universidad de Costa Rica a la sede central de la Universidad Estatal a Distancia en Sabanilla, a las 8:00 a. m.

El comunicado oficial de los organizadores indicaba que “se busca incorporar una agenda amplia que incluya diversas demandas territoriales y locales, y demostrar que la más grande tarea cívico-política de nuestro tiempo es la transformación tributaria estructural para atacar de raíz el principal problema de la actualidad: la desigualdad”.

Por tanto, las movilizaciones convocadas para este 28 y 29 de agosto no se limitan a una lucha en defensa del sistema educativo costarricense, pues aglutinan una agenda social muy amplia. Entre las principales demandas está el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8 % del PIB a la educación pública.

Todos los sectores se reunieron en la Plaza de la Democracia, donde presentaron a la Asamblea Legislativa la propuesta del Pacto Nacional, en el contexto de la discusión del presupuesto para la educación nacional, el cual en este 2024 se ve en manos de los legisladores, tras la imposibilidad del Poder Ejecutivo de llegar a un acuerdo con las universidades públicas.

Documento del Pacto Nacional por la Educación,dirigido a la Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo y Defensoría de los Habitantes

Estudiantes de primaria, secundaria y de universidades públicas  entregaron al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, y a varios legisladores presentes, un documento con las principales demandas y propuestas para reactivar el proceso de diálogo y concertación que permita alcanzar un Pacto Nacional por la Educación Pública.

En el documento dirigido al presidente de la República, a la Asamblea Legislativa y a la Defensoría de los Habitantes, los organizadores de la movilización manifiestan que “Urgen soluciones ante las distintas causas y manifestaciones de la actual crisis educativa”.

El documento continúa señalando que “la inversión en educación se redujo en el 2023 a un 5,2 % del PIB, a pesar de que la Constitución Política es clara en que debe destinarse el 8 % del PIB al sistema educativo en todos sus niveles. Esta reducción  significa un retroceso de casi 20 años. Si no se cambia el actual rumbo, se continuará profundizando el deterioro, no solo en todos los niveles del sistema educativo, sino que también disminuirá la productividad, la calidad en el talento humano y el bienestar de la sociedad en general, empeorando así la desigualdad, la exclusión social, la violencia y el autoritarismo”.

Rodrigo Arias Sánchez

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, recibe a los marchistas de este 28 de agosto. Marcha Educación hoy, paz mañana.

Las organizaciones agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo proponen un mecanismo de enlace ciudadano que acompañe la discusión del presupuesto para educación en la Asamblea Legislativa. También lanzarán una consulta ciudadana a través de un formulario en línea, en el cual personas y organizaciones de todo el país podrán proponer sus ideas para fortalecer el sistema educativo.

La movilización nacional continuará este 29 de agosto con acciones regionales, culturales y propositivas en Limón, Río Frío, Liberia, Nicoya, Pérez Zeledón, El Palmar, Ciudad Neily, San Vito, San Carlos, Upala, Puntarenas, Quepos y San José.

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR