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Etiqueta: FEES

Universidades públicas alcanzan acuerdo con el gobierno para el FEES 2026

Dr. Carlos Araya Leandro.

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), doctor Carlos Araya Leandro, informó que las universidades públicas del país y el Gobierno de la República alcanzaron un acuerdo en torno al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondiente al año 2026.

Según las declaraciones del rector, el acuerdo contempla un crecimiento del 1% en el presupuesto, del cual la mitad se destinará exclusivamente al fortalecimiento del sistema de becas estudiantiles. Esto representa un respaldo directo y significativo para miles de estudiantes en todo el país y reafirma el compromiso con la equidad y el acceso a la educación superior.

El convenio establece que en caso de que la inflación interanual supere el 1%, se aplicará un ajuste automático de hasta un 0,5% adicional por medio de un presupuesto extraordinario. Asimismo, se acordó que se establecerá una comisión conjunta que tendrá como objetivo presentar antes del 31 de octubre próximo una propuesta para la recuperación de los recursos que fueron postergados en los años 2020 y 2021 producto de la pandemia.

Este acuerdo surge tras un proceso de diálogo y negociación sostenido, en un contexto donde el presidente Rodrigo Chaves Robles había afirmado previamente que no se daría más que un 0,5% de aumento para el FEES.

Araya Leandro describió el convenio como reflejo de la voluntad de construir soluciones responsables, de proteger y fortalecer la educación superior pública costarricense y de seguir abriendo oportunidades a las nuevas generaciones. «Invertir en educación pública es sin duda invertir en el desarrollo de Costa Rica», afirmó.

El rector ha hecho un llamado a la comunidad de la UCR para continuar con las mismas capacidades que ha tenido históricamente para atender los tres pilares que surgen del Tercer Congreso Universitario: la docencia, la investigación y la acción social, que, junto a la atención prioritaria de la vida estudiantil, han permitido a la casa más antigua de educación superior del país aportar como lo ha hecho al desarrollo nacional.

SURCOS comparte el video con las declaraciones del rector de la UCR.

Universidad Nacional exige el giro de fondos para la educación superior pública

La Universidad Nacional, el pasado 15 de mayo, acordó demandar el giro inmediato de los recursos definidos en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) conforme al presupuesto nacional aprobado para el 2025. Por medio de una sesión ordinaria el Consejo Universitario de dicha institución aprobó exigir el financiamiento total destinado a las universidades públicas de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

Desde enero del 2025, dicho órgano universitario ha resaltado la obligación del Gobierno de la República de transferir el presupuesto ordinario aprobado para el año 2025 a las universidades públicas. Ante esta acción, en febrero del mismo año por medio de un comunicado el ministro de hacienda resaltó que considerando la compleja situación fiscal del país y a la inestabilidad en el tipo de cambio y el servicio de la deuda, es necesario mantener determinados recursos sin ejecutar para garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras estatales.

Las autoridades de dicho centro educativo aseguran que las acciones del ministro y del gobierno obstaculizan el financiamiento de la Educación Pública, esto como represalia a un aumento del 2% aprobado por la Asamblea Legislativa hacia el FEES. Igualmente destacan el incumplimiento al artículo 78 de la constitución política. Desde el 2019, la asignación presupuestaria a la educación pública ha presentado una tendencia a disminuir año tras año, cayendo de un 7,8 % en 2019 cayó al 5,9 % en 2024.

La universidad encontró contradicción con las declaraciones del ministro para no girar los fondos asignados. Sin embargo, de acuerdo con datos de la OECD, el crecimiento económico del país es superior al de las otras naciones miembros de la organización. Igualmente, otros indicadores macroeconómicos no reflejan las condiciones críticas expuestas por el ministro, la inflación ha presentado un comportamiento descendente, con relación a la deuda el centro académico menciona que el 70% de la deuda pública es interna y expresada en colones por lo que la apreciación del colón frente al dólar es favorable a la economía nacional.

Finalmente, las autoridades universitarias, destacan que la Contraloría General de la República ha aprobado formalmente el presupuesto extraordinario 1-2025, que incluye ₡2.053,1 millones destinados al FEES, evidenciando una contradicción significativa entre la situación económica real y la medida propuesta para no liberar dichos recursos. Por lo que la institución continúa manifestando su desacuerdo a la retención y no ejecución de los fondos por parte del ministro.

Mensaje de exrectora y exrectores a la comunidad universitaria UCR

A la Comunidad Universitaria
16 de mayo 2025

Estimadas señoras y estimados señores:

La Universidad de Costa Rica (UCR) enfrenta una crisis que dura ya varias semanas. Se inició al cuestionarse la resolución de la Rectoría que definía los salarios de las jefaturas de las oficinas administrativas, lo que llevó a la Rectoría a su pronta derogación. Luego empezaron a circular, por diversos medios de comunicación y en redes sociales, cuestionamientos sobre posibles hechos irregulares ocurridos en la construcción de obras de infraestructura antes del inicio de la actual administración y la definición del nuevo régimen salarial. Una denuncia presentada ante la Procuraduría de la Ética Pública fue recientemente rechazada y archivada al considerarla como infundada. Las denuncias ante instancias externas a la UCR, y el usual juicio mediático, han adquirido dimensiones que empiezan a amenazar la duramente ganada reputación de nuestra casa de estudios superiores.

Quienes firmamos, exrectores y exrectora de la UCR, nos permitimos manifestar que:

  1. Tanto la institución como el país cuentan con instancias para recibir denuncias sobre cualquier posible hecho irregular que pudiera haber ocurrido durante la actual administración o las anteriores.
  2. Ante la sospecha de existir algún hecho de esta naturaleza, la forma adecuada de proceder es acudir a estas instancias y esperar el resultado de las averiguaciones. Todo funcionario público está obligado a denunciar y dar seguimiento a estas denuncias, las cuales deben ser debidamente fundamentadas.
  3. Divulgar acusaciones que pudieran resultar infundadas genera un daño difícil de reparar para las personas acusadas y, más grave aún, a la institución. Ninguna denuncia debe ser instrumentalizada para algún interés particular, sino para buscar el esclarecimiento y establecimiento de responsabilidades sobre los hechos cuestionados. Es decir, las denuncias deben buscar el fortalecimiento de la Institución.
  4. Establecer y divulgar culpabilidades, juzgando y condenando sin seguir el debido proceso, es una práctica cada vez más común en la sociedad contemporánea, en especial en el ámbito político. Las vías de hecho y la difusión de acusaciones que luego resulten infundadas son inaceptables en una universidad. Se deben denunciar posibles irregularidades, pero ante las respectivas instancias institucionales y, de ser el caso, nacionales. El deber de la UCR ante ella misma y ante el país es acoger y estudiar todas estas denuncias, investigar los hechos y, si procede, sancionar a las personas responsables. La Rectoría debe informar a la comunidad universitaria y al país de estos procedimientos, sus hallazgos, y eventualmente las sanciones aplicadas.
  5. En un Estado Democrático de Derecho, el papel de la prensa es fundamental. Una de sus funciones es informar sobre todo tipo de hechos, incluyendo aquellos que puedan lesionar el orden jurídico nacional y las normativas institucionales, pero esto debe ser hecho con objetividad y veracidad, y siempre oyendo a las diversas partes involucradas.
  6. Estando a las puertas de la negociación del FEES, cualquier daño a la imagen de la UCR producto de crisis internas no resueltas por los canales institucionales, no solo afectará a esta, sino también a las otras universidades estatales, con el consecuente daño al país como un todo. Un riesgo aun mayor en el clima adverso que algunos sectores externos han venido generando contra la Educación Superior Pública nacional. Esto obliga a la institución a informar a los universitarios y a la comunidad nacional, de forma transparente y oportuna de las acciones que desarrolla para atender cuestionamientos, realizar averiguaciones y sancionar cuando proceda.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado urgente a la reflexión, a la prudencia y al debate sano, que exija rendición de cuentas y transparencia, pero evite la difusión de acusaciones informales y la atribución de culpabilidades que las instancias pertinentes no han establecido. El bien del país exige que la UCR funcione con normalidad, algo que, en el actual clima de agitación, va siendo cada vez más difícil. Costa Rica demanda que la Universidad siga cumpliendo sus funciones constitucionales, sin dejar de ser vigilantes de la buena marcha de nuestra Alma Mater. Instamos a cada una de las personas integrantes de nuestra comunidad, a meditar sobre la coyuntura actual y a atender el sano debate interno y externo por medio de los mecanismos institucionales y nacionales.

Dr. Gabriel Macaya Trejos
Dra. Yamileth González García
Dr. Henning Jensen Pennington

Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta

Consejo Universitario de la UNA exige al Gobierno transferir presupuesto aprobado por Asamblea Legislativa

Comunicado

Pronunciamiento emitido el pasado 31 de enero exige al Gobierno de la República cumplir con la transferencia del presupuesto ordinario aprobado. Esta es la transcripción del acuerdo: 

CONSIDERANDO:

  1. El pasado miércoles 27 de noviembre de 2024, por unanimidad, el Plenario Legislativo de Costa Rica, aprobó en segundo debate el expediente 24535, denominado LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025, el cual fue publicado en el ALCANCE NO 197 A LA GACETA N 230 Año CXLVI del viernes 6 de diciembre del 2024.

Esta ley incluye el presupuesto nacional para las universidades públicas para el año 2025 y contempla un aumento de 2,0% para el financiamiento del próximo año del Fondo Especial para la Educación Estatal (FEES).

En dicho texto se establece:

Reconocer al Fondo Especial Para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES) 2025, un ajuste del 2% sobre el FEES acordado para 2024, como variación del poder adquisitivo de la moneda, tomando como referencia la meta de inflación establecida por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el informe de Política Monetaria de julio 2024. Dicho ajuste corresponde a un monto de ¢11.521.740.110, monto que se sumará a la transferencia corriente del FEES 2025 y formará parte de la base de negociación del FEES 2026, tal y como dicta la Constitución Política en el artículo 85.” (Expediente 24.535, p. 99).

  1. Además, en el dictamen del expediente 24535, según el ARTÍCULO 7- Normas de ejecución presupuestarias se señala lo siguiente:

Se insta al Consejo Nacional de Rectores (Conare), por medio de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), a priorizar un modelo de gestión institucional de resultados basado en indicadores que les permitan medir el fin público para el cual fue creada cada universidad. Asimismo, sea este modelo el mecanismo de seguimiento de la ejecución de los recursos asignados mediante el Fondo Especial de Educación Superior (FEES) y otras transferencias realizadas mediante el presupuesto nacional de la República.

Para ello, informará a la Comisión de Coordinación Técnica Interinstitucional Hacienda-MIDEPLAN los avances trimestrales del cumplimiento de los indicadores y metas de la programación presupuestaria, quien remitirá un informe a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios del cumplimiento de esta disposición.

Se insta al Consejo Nacional de Rectores (Conare) a fomentar, a través de sus programas de acción social, procesos de sistematización para la gestión del conocimiento sobre buenas prácticas aplicadas en los sectores de mayor demanda laboral en el mercado empresarial de Costa Rica, con la finalidad de que las universidades públicas ajusten su oferta académica a los requerimientos nacionales en materia de empleabilidad e innovación para así incrementar la cantidad de graduandos en las áreas de mayor demanda laboral, para lo cual remitirá informes de seguimientos sobre estas iniciativas al Consejo Superior de Educación, quien analizará y emitirá las recomendaciones pertinentes.

  1. Según el oficio CNR-751-2024 del 20 de setiembre de 2024, el monto que le corresponde a la UNA del aumento del FEES en un 2% es de ¢2.053.131.479.

  1. De acuerdo con lo establecido en Plan de Mediano Plazo Institucional 2023-2027, este presupuesto se destinará a la vinculación de los ejes transversales de Responsabilidad Social, Inclusión y Equidad, Compromiso Social, Regionalización, Innovación, y Creación simbólica, cultural y artística. Este se fundamenta en tres ejes estratégicos de largo plazo, cada uno con su respectivo objetivo estratégico a largo plazo, y contiene prioridades institucionales, que dan un objetivo estratégico a mediano plazo para el ejercicio 2023-2027.

  1. Asimismo, se priorizará el apoyo en materia de vida estudiantil, mediante el reforzamiento de las becas estudiantiles con especial atención en aquellas destinadas a la población estudiantil en condiciones de pobreza y pobreza extrema, la movilidad e internacionalización y la vinculación con el quehacer académico como espacio de formación profesional,

Además, este presupuesto se enfatizará en consolidar la excelencia y la pertinencia académica, mediante el fortalecimiento de recursos para la apertura de nuevas carreras en ámbitos de la oferta en ciencia, tecnología, ingenierías y matemática (STEM) y aquellas ofertas de estudio de alta empleabilidad y demanda laboral, de igual forma a través de recursos para el apoyo a la acreditación de carreras y el equipamiento científico-tecnológico y pedagógico, promoviendo la asignación de recursos de operación e inversión a las sedes regionales y campus universitarios, orientados al mejoramiento de la infraestructura física disponible, adquisición de equipos tecnológicos, mejoras en las condiciones de vida estudiantil y la excelencia académica.

  1. De manera puntual el incremento del 2% del FEES en el caso de la Universidad Nacional se proyecta para la ejecución de manera mayoritaria en las siguientes acciones:

•          Asignación de becas y apoyos socioeconómicos para estudiantes de menos ingresos. 

•          Dotación de recursos para apoyar la apertura de carreras nuevas y aumento de cupos de estudiantes de primer ingreso. 

•          Asignación de recursos de inversión y operación para el fortalecimiento de las Sedes y Campus Regionales. 

Y partidas presupuestarias que de no ser giradas por el Ministerio de Hacienda provocaría limitaciones significativas para asignar becas a los estudiantes que requieren este apoyo para poder ingresar y permanecer en la UNA, dado que provienen de hogares de menores ingresos, así como, resultaría una clara afectación al fortalecimiento de las Sedes Regionales.

  1. Pese a ser un mandado del Poder Legislativo, en declaraciones a los medios de comunicación emitidas por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, asegura que congeló un 2% de ese fondo, equivalente a ₡11.522 millones que corresponde al aumento que aprobaron los diputados el año anterior. (Semanario Universidad, 2025)

  1. De no girarse ese dinero se afectarían de forma significativa las ayudas estudiantiles de becas, horas estudiantes, programa de movilidad estudiantil, el apoyo e impulso de mayor matrícula para las carreras nuevas y recursos para mejorar las capacidades operación e inversión en Sedes, Sección regional y Estaciones experimentales entre otras necesidades. 

  2. La educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a las personas de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar el desarrollo sostenible.   Por ello la Universidad Nacional reitera su compromiso con la educación, con los valores sociales y con el bienestar de la sociedad costarricense para seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva.

  1. Exigimos al gobierno de la República cumplir con lo establecido en la Constitución Política, a cumplir con la ley de presupuesto 2025 aprobado por la Asamblea Legislativa, a no lesionar más los derechos de la ciudadanía y a respetar la autonomía universitaria y garantizar el estado social de derecho y la institucionalidad de nuestro país.

POR TANTO, SE ACUERDA:

A.    EXIGIR AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025, PUBLICADA EN EL ALCANCE NO 197 A LA GACETA NO 230 AÑO CXLVI DEL VIERNES 6 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE TRASLADAR A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EL PRESUPUESTO APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN SU INTEGRALIDAD. ACUERDO FIRME.

Atentamente,

M.Sc. Steven Oreamuno Herra

Presidente del Consejo Universitario

Oficina de Comunicación

Universidad Nacional, Costa Rica

La crisis de la educación requiere una participación efectiva de los movimientos sociales y populares

Pronunciamiento

El sistema educativo costarricense, en todos sus niveles, afronta una profunda crisis organizativa, presupuestaria y en términos globales de gestión. Lo que, sin lugar a dudas, requiere un cambio que permita orientar y generar una plataforma de diálogo constructiva para solventar los diversos desafíos socioeducativos. Desde el Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED), consideramos fundamental tomar acciones conjuntas frente a políticas que afectan al sistema educativo.

Considerando los siguientes elementos en materia de gestión política:

·      La carencia de una planificación y organización sistémica pertinente en términos educativos, tanto a lo interno del Ministerio de Educación Pública (MEP) como de este con instancias vinculadas a la formación superior.

·      La falta de comunicación y vinculación efectiva en áreas educativas con instituciones públicas y universidades para enfrentar las problemáticas y rezagos.

·      La improvisación como constante en acciones educativas: los fallidos procesos de megacentros educativos, el emprendedurismo desde preescolar, el abordaje inadecuado del tema de la violencia y el acoso escolar desde una perspectiva punitiva, la ausencia de claridad en las pruebas estandarizadas nacionales.

·      Han transcurrido tres años sin conocer una ruta de la educación con sustento normativo y material. Esto sin lugar a dudas genera incertidumbre e inestabilidad entre las comunidades educativas, las universidades y en general la ciudadanía. ¿Cómo se maneja el sistema? ¿A qué intereses obedece?

·      La carencia de un equipo constante y sólido en la dirección del MEP: han desfilado tres viceministros académicos ¿De quién es la responsabilidad de un clima de gestión tan inestable?

·      Las riendas del Consejo Superior de Educación y otros órganos claves en la gestión política de la educación: carecen de perspectiva y seguridad en la toma de decisiones para responder a los retos educativos nacionales.

·      El incumplimiento del 8% constitucional del PIB para la educación pública, atendiendo a decisiones con visión recortista y que no garantizan el derecho fundamental a la educación.

·      El retroceso en materia de derechos humanos en el ámbito educativo, con la eliminación de efemérides vinculadas a la diversidad de género y ahora el Programa de Educación Sexual y Afectividad.

Considerando los siguientes elementos en materia de gestión presupuestaria de la educación y, sobre todo, sustentado en el análisis presupuestario para el 2025:

·      Decrecimiento en la inversión pública para el conjunto del sistema educativo, con un claro incumplimiento del marco constitucional y llevándose a mínimos históricos respecto al PIB en las últimas dos décadas: un 4.9% para el 2025.

·      Un golpe en áreas medulares del sistema educativo, las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, tanto para gastos operativos y comedores escolares, con un recorte de más de 2000 millones de colones. En los últimos tres años los presupuestos transferidos a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas se han reducido paulatinamente, retrocediendo a porcentajes de una década atrás.

·      La imposición a las universidades de 1% para el FEES, lo que llevó las discusiones a la Asamblea Legislativa, a fin de obtener los recursos requeridos por las universidades públicas. Medida encabezada por el despacho educativo y de hacienda sin contemplar indicadores, el plan de desarrollo del sistema superior universitario, e irrespetando lo establecido constitucionalmente. Con las universidades se aplica la misma receta de reducción de la inversión que en todo el conjunto del sistema educativo. Y, actualmente, de forma ilegal rechazan girar los recursos aprobados en la Asamblea Legislativa.

·      Enfrentamos un 2025 con un presupuesto planteado desde el gobierno y la cartera educativa que no cumple con los requerimientos mínimos, donde se establece una perspectiva fiscalista y que refleja una reducción sistemática en áreas de infraestructura, becas, transportes, alimentación y el equipamiento mínimo que requieren miles de docentes y estudiantes, de todos los niveles.

Afrontamos la profundización de las problemáticas socioeducativas resultado de la reducción del gasto y la ausencia de medidas estratégicas:

·      Más de 850 órdenes sanitarias en instituciones educativas de todos los niveles y regiones, un número inalterado desde el 2022. ¿Cómo, ante la reducción del presupuesto, se puede solventar la crisis en la infraestructura educativa, algo que resulta medular para mejorar el sistema educativo? 

·      De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares del 2023, en Costa Rica la mitad de las personas de más de 24 años no ha culminado la secundaria y un 26,5% ha completado únicamente el nivel de primaria. Hay una creciente desigualdad y exclusión de la población por la reducción de la inversión en educación, así como el incumplimiento de un derecho humano fundamental. ¿Qué propuestas se tienen desde el MEP para asegurar la oportunidad de acceso a la educación y culminación de niveles con un recorte severo de los presupuestos?

·      Hay restricciones para generar procesos de actualización y desarrollo permanente del personal docente-administrativo, al limitarse la actualización y la atención en áreas emergentes en distintos contextos sociales. La actual gestión del MEP y del gobierno exige resultados, pero sin brindar los insumos necesarios. ¿Cómo cumplir con los compromisos internacionales en materia de educación, indicadores históricos a nivel nacional que pretenden una dinámica de calidad sin actualización?

·      El acceso a la educación superior de forma universal es una aspiración para los actores comprometidos con la educación pública. Sin embargo, la disminución de recursos en primaria, secundaria y la creciente exclusión de la población merma dicha meta, aunado al recorte creciente a las universidades públicas. La educación es una herramienta esencial para el desarrollo del país: ¿De qué manera la actual dirigencia del MEP pretende afrontar con recortes presupuestarios acciones que realmente se orienten a la calidad educativa a largo plazo? ¿Qué propuestas tiene el MEP para garantizar el acceso y movilidad en los distintos niveles educativos?

En general, contemplando las inconsistencias políticas y organizativas del gobierno actual y de manera particular en la cartera educativa, junto con la disminución evidente de presupuestos y sin una ruta educativa congruente que responda a los indicadores críticos a nivel socioeducativo, se propone:

a.   Un cambio en la gestión y rumbo del MEP, que no ha generado ninguna propuesta verificable y menos articulada con los distintos actores del sistema educativo. Las  acciones del gobierno reflejan un retroceso y limitación del derecho a la educación en todos los niveles. 

b.   La formación de una comisión de alto nivel, integrada por representantes del profesorado del MEP, las universidades públicas, representantes sindicales y estudiantiles, junto con centros especializados en investigación educativa, social y económica, que establezcan una agenda de prioridades y tareas colectivas a nivel nacional para, a corto y mediano plazo, determinar una agenda democrática y representativa de los actores que viven la educación, que tienda a revertir la grave crisis educativa que enfrentamos como país. ¡Que las decisiones educativas se tomen por los actores sociales que las conocen y que las viven!

Universidades públicas aportan al desarrollo de la producción agrícola

Las universidades públicas del país invierten parte del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en proyectos de investigación que a su vez causan un impacto en la sociedad costarricense.

Por ejemplo, con nuevos conocimientos sobre la mejora de cultivos de cacao, raíces y tubérculos se transforma la producción en la Zona Norte del país. 

Los “malagradecidos” y “mal nacidos” de la Unidad Social Cristiana

Vladimir de la Cruz

En la Asamblea Legislativa los diputados laboran en Comisiones y en el Plenario. En las comisiones se lleva a cabo mucha labor legislativa. Es donde todos los proyectos de ley se conocen, en su trámite parlamentario.

Allí se discuten ampliamente. En esa discusión los diputados pueden convocar expertos, asesores, conocedores del tema que están tratando para poder tomar una decisión sobre el proyecto de ley que discuten y analizan.

Del análisis y discusión de un proyecto de ley en comisión se produce un resultado, a favor o en contra del proyecto en trámite. Si por mayoría de los diputados se vota en contra, el proyecto se pasa al archivo legislativo, sin conocerlo el Plenario de los diputados. Allí técnicamente muere el proyecto de ley.

El Plenario es la sesión donde se reúnen todos los diputados para conocer esos proyectos que han sido dictaminados en las comisiones.

De las Comisiones hacia el Plenario los proyectos de ley pueden resultar con voto afirmativo de la totalidad de los diputados o con votos divididos, en una propuesta del proyecto de ley de la mayoría de los diputados y en otra u otras de minoría. Cuando así sucede los proyectos de ley pasan al Plenario para su conocimiento y eventual aprobación como Ley de la República o finalmente también de rechazo del proyecto.

En la vida parlamentaria, el Poder Ejecutivo por medio de quien ocupe el Ministerio de la Presidencia tiene la responsabilidad de impulsar los proyectos de ley que propone el Poder Ejecutivo. Para ello negocia con diputados individualmente o con las fracciones legislativas de los distintos partidos que allí están representados.

Las comisiones trabajan en su conocimiento de los proyectos de ley por períodos llamados ordinarios y extraordinarios. En los ordinarios son los diputados los que tienen lo que se llama la iniciativa de la ley, es decir, de proponer proyectos de ley, a modo individual o como fracciones legislativas. En los períodos extraordinarios solo el Poder Ejecutivo puede proponer proyectos de ley, propios o de los diputados, pero presentados por el Poder Ejecutivo en su agenda.

Las sesiones de los períodos extraordinarios cubren los meses de mayo, junio y julio y la de los meses de noviembre, diciembre y enero.

Las sesiones de los períodos ordinarios son las que se realizan en los meses de agosto, setiembre y octubre y en los meses de febrero, marzo y abril.

Así, en este momento, en este mes, se están acabando las sesiones ordinarias legislativas. Tiene prioridad en estas discusiones la aprobación del Presupuesto Nacional de la República para el año 2025, presentado por el Poder Ejecutivo, que tiene que ser aprobado a más tardar a finales del mes de noviembre.

En esta discusión el gobierno ha presentado un Proyecto de Presupuesto Nacional que reduce enormemente los dineros de muchos ministerios e instituciones, especialmente los que tienen que ver con educación y cultura. En Educación el gobierno propuso cero aumento, en el presupuesto para las universidades públicas, para el próximo año. Las universidades solicitaban un crecimiento del 4.04 %, muy inferior al 8% que constitucionalmente se les debe asignar.

En la parte final que se tenía de discusión el gobierno tenía una mayoría de disputados, de 6 contra 4, a favor de su propuesta de reducir el presupuesto de las universidades. Así se votó el pasado jueves, quedando la ratificación de ese voto para el día siguiente, el viernes.

El viernes dos diputados del Partido Unidad Social Cristiana, Felipe García y Alejandro Pacheco, validando la creación de la Universidad pública, de la Universidad de Costa Rica, por el Dr. Calderón Guardia, y el crecimiento posterior impulsado por el Partido Liberación Nacional en la década de 1970, que permitió el desarrollo de los estudios superiores universitarios desde aquellos años, rectificaron su voto, del día jueves, votando afirmativamente la propuesta de asignarle a las universidades un 2% del Presupuesto Nacional.

Con ese voto, con ese cambio de actitud tan solo le dieron la oportunidad a la educación superior universitaria, de que en el Plenario legislativo se conozca esa propuesta. Allí, la mayoría de los diputados puede rectificar lo propuesto por la Comisión, y los mismos dos diputados pueden votar en contra de ese 2% sí así lo creyeran políticamente conveniente para su partido y el país.

El Presidente Rodrigo Chaves, el animal que habita Zapote, el Jaguar, como él mismo se llama e imita con rugidos, en sus peroratas de los miércoles y de las giras electorales que semanalmente hace por distintas partes del país, se enfureció perdiendo, lo que es frecuente también en él, sus controles mentales, su vínculo de la lengua con su cerebro. En la montada mesa de prensa que realiza, el pasado miércoles, se les tiró encima, como animal, como jaguar, tratando de destrozarlos, de depredarlos que es lo que hace el jaguar como animal, de intimidarlos, asustarlos, echándoles encima a sus seguidores y a la población que puede seguir esa actividad, la de la farsa de mesa de prensa que tiene, llamándolos varias veces “desgraciados” y “mal nacidos”.

El inquilino de Zapote haciendo alarde de su ignorancia lingüística lo que hizo fue evidenciar el “pacto” que tenía con la fracción legislativa del partido Unidad Social Cristiana, con el diputado Bojorges, que parece ante la opinión pública ser el candidato que Rodrigo Chaves trata de imponer en el PUSC, contra Juan Carlos Hidalgo, para la campaña presidencial próxima en ese partido, para tener asegurado, con él, con Bojorges, parte de la continuidad de su mandato o asegurar una verdadera tureca política manejada y sometida a Chaves y a sus designios políticos y económicos nacionales.

Cuando se recrimina un mal agradecimiento lo que se hace es reclamar la ingratitud de las personas por favores recibidos de quien recrimina. ¿Cuáles favores le debían los diputados Felipe García y Alejandro Pacheco al Jaguar de Zapote, para enfurecerlo tanto? ¿Cuáles favores le debe la fracción de diputados de la Unidad Social Cristiana al inquilino de Zapote, y la fracción de ese partido en la Comisión de Asuntos Hacendarios?

La despotricada que hizo Chaves fue recordarles a esos diputados y a su partido que le debían favores, que eran unos ingratos y desagradecidos por haber votado como lo hicieron.

Los desgraciados son personas que no agradecen los beneficios o favores recibidos o que no responden a ellos. ¿A qué no le respondieron los diputados al presidente Chaves? El Jaguar les pudo decir “ingratos”, pero prefirió decirles más fuerte “malagradecidos”.

El mal agradecido es también la persona que “paga” con malas acciones lo que ha recibido en favores o bienes. ¿Recibieron favores y bienes los diputados, de la fracción legislativa de la Unidad Social Cristiana, por parte de Chaves, sus financistas, o de sus grupos políticos y económicos, que le apoyan en su lucha contra las universidades públicas?

Bien nacido es el concepto opositor del mal nacido, y el refrán popular lo señala: es de bien nacidos ser agradecidos.

Las personas mal agradecidas se destacan porque no reconocen ni aprecian esfuerzos ni sacrificios, que se hacen por ellos, porque siempre piden favores, porque en ese rastrerismo se comportan siempre de manera muy amable, porque tienen baja inteligencia emocional, porque no toleran que les digan “no”, porque carecen de responsabilidad personal. ¿Así el Presidente considerará a esos diputados?

El desagradecido real en este caso es el que siente que no fueron agradecidos con él. El desagradecido fue el presidente, que tiene poca empatía con otras personas, que se cree el centro del universo, que se siente el florero de la mesa o el muerto de la vela, cuando parte que los demás tienen que “servirle” para algo de carácter utilitario. Salvo, claro está, que él presidente hubiera pagado de alguna manera esos posibles votos que él esperaba se le dieran a su negativa contra las universidades y la educación superior pública.

Como Presidente es él el que tiene obligación de servirle a los ciudadanos, de rendirle cuentas a los ciudadanos. Como Mandatario está obligado a cumplir con los mandantes, con el pueblo, el ejercicio de un buen gobierno, de no destruir la seguridad social, de no debilitar las instituciones sociales y culturales, de no paralizar la educación, de no debilitar la seguridad ciudadana. Está obligado a luchar real y efectivamente contra las organizaciones narco criminales que por su influencia en las estructuras de su gobierno han desmantelado, en la práctica, las instancias más importantes de lucha que se habían venido desarrollando en el país, en la instancia de seguridad pública, contra esos grupos mafiosos.

El mal agradecido es también la persona que olvida o desconoce los beneficios o favores recibidos. ¿Qué se les pudo haber olvidado a estos diputados para desatar tanta furia, y odio, del presidente hacia ellos?

Los que reclaman a los mal agradecidos son los que con sus actos esperan que esas personas que olvidaron la mano que les ayudó en algo, vuelvan a necesitar ayuda, por lo que esperará que regresen arrepentidos a los brazos, abrazos y arrumacos de cualquier tipo, en este caso con el Jaguar.

Cuando Chaves reclamó a los diputados Felipe García y Alejandro Pacheco, con su “malagradecidos” les recordó que le debían favores. Eso es lo grave.

El hecho de que los hayan llamado mal agradecidos no quiere decir, ni significa, que estos diputados lo sean. Quien proyecta su condición de mal agradecido es quien lo dice, quien lo reclama porque proyecta su propia actitud que quiere imponérsela a los diputados.

Si ese improperio, salido de la cloaca bucal del jaguar, no les cae bien, no tienen por qué aceptarlo.

El que los haya llamado “mal nacidos” fue a modo de insulto. Fue decirles indeseables, despreciables. Salvo que el presidente hubiera insinuado que los diputados Felipe García y Alejandro Pacheco hubieran nacido por cesárea u otra forma, no uterina, de parto considerado normal, para decirles “mal nacidos”. Si así fuera, estaría insultando a miles de costarricenses que hoy nacen por el procedimiento médico de la cesárea.

Se puede decir “mal nacido” para referir relación social o política de no ser deseado, no bienvenido, no apreciable en la relación.

El punto final de esto se va a decidir en los próximos días, cuando esta discusión del Presupuesto para las universidades públicas se discuta en el Plenario Legislativo. Allí la fracción legislativa del partido Unidad Social Cristiana se tiene que poner del lado de las conquistas históricas del gobierno del Dr. Calderón Guardia o de las posturas de Rodrigo Chaves. Algunos de esos diputados se acostarán con el gobierno votando en contra de las universidades. ¿Allí, la fracción legislativa tendrá que ponerse de lado de los diputados Felipe García y Alejandro Pacheco o avalará los reclamos por beneficios y favores que el Presidente les ha dado a los diputados, de carácter personal, económica o políticamente a los diputados o al mismo partido?

Los diputados Felipe García y Alejandro Pacheco en esta segunda y final etapa del proceso de aprobación del Presupuesto Nacional, después de los insultos e intimidaciones públicas que ha hecho el presidente Chaves de sus personas e investiduras parlamentarias, deben mantener decente y dignamente su posición a favor del presupuesto universitario como se acordó en la Comisión. De lo contrario quedará en evidencia que le deben favores y beneficios al Jaguar, que con sus rugidos los asustó y llamó de nuevo a su lecho, a su guarida.

Velada Nacional ¡Educación Hoy, Paz Mañana! celebra este logro

Muchas personas y movimientos se unieron frente a la Asamblea Legislativa bajo el lema «En defensa de la educación pública y nuestro Estado Social de Derecho» para participar en la Velada Nacional: ¡Educación Hoy, Paz Mañana! Esta manifestación pacífica reunió a estudiantes, organizaciones sociales y ciudadanos comprometidos con la defensa de los recursos para la educación pública costarricense.

La manifestación, que inició alrededor de las 5:30 p.m. en el Parque de las Garantías Sociales, avanzando hasta la Plaza de la Democracia en un ambiente de energía y simbolismo: con tambores, candelas, flores y arte, exigieron la aprobación de la moción 107, que busca garantizar un aumento del 2% en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), y en general, mayor presupuesto para la educación pública.

La actividad fue organizada por el Pacto Nacional por la Educación Pública y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. Se reiteró la importancia de cumplir con el 8% del PIB destinado a la educación pública, tal como lo establece la Constitución. Además, las personas participantes de la velada destacaron la necesidad de asegurar más becas, mayor acceso a las universidades públicas, mejores condiciones laborales para el personal docente de primaria y secundaria y recursos suficientes para programas sociales como comedores escolares.

¡Aumentos gracias a las mociones aprobadas!

Alrededor de las 9:30 p.m, en una noche fría pero con esperanza, se celebró el éxito parcial alcanzado en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde se aprobaron importantes mociones que incrementarán el financiamiento educativo: se destacó un aumento de 26 000 millones de colones para el Ministerio de Educación Pública (MEP) y 11 521 millones de colones adicionales para las universidades públicas. 

No obstante, los movimientos organizadores de la movilización advirtieron que este es solo un paso más en la lucha. Las demandas por más investigación, mejores infraestructuras escolares y recursos adecuados para el sistema educativo siguen siendo una prioridad. Los organizadores hicieron un llamado a la población para mantenerse alerta y seguir exigiendo que la Asamblea Legislativa garantice un presupuesto justo para la educación pública, una inversión esencial para el desarrollo social y el bienestar del país.