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Etiqueta: FEES

Menguará la luna

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Al final todo terminaba formando parte de la misma observación: la espacialidad, el desplazamiento, la llegada, la sincronía. De eso se trata: de la posibilidad de hacer vínculos mas allá de la teoría.

Formo parte de un equipo de investigación del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional. Estudiamos los impactos de la turistificación en la zona costera de Nosara, en Guanacaste; en concreto, profundizamos los cambios a nivel social, económico y cultural que están provocando en la zona las inmigraciones provenientes del norte global.

Con la consigna de observar y validar una información previamente recabada con la comunidad de Playa Pelada, viajamos el pasado fin de semana. Por razones de logística nos hospedamos la primera noche en la Estación Biológica de la Universidad de Costa Rica ubicada en Playa Ostional

La coincidencia, la posibilidad, la maravilla (que se yo) hizo que lográramos contemplar el espectáculo del arribo masivo de Tortugas Lora para hacer su trabajo y anidar cientos de miles de huevos en las amplias arenas de Ostional.

Nada, absolutamente nada es casualidad.

Como científicos sociales estudiamos las dinámicas de la movilidad humana, pero nos encontramos con este acto colectivo, armonioso, espacial, que pudimos contemplar con las ultimas luces del día viernes 4 de septiembre, cuando la arribada llegaba a su punto más alto.

Creo, sin temor a equivocarme, que he visto dos eventos de la naturaleza que me han cambiado la perspectiva: el eclipse total de sol de 1991 y este maravilloso acto de vivir la vida protagonizado por estos especímenes marinos.

El privilegio fue, es, absoluto. Solo cuatro lugares en el mundo son escenario de tal episodio: Brasil, Sudáfrica, México y Costa Rica. Acosadas por los estragos del cambio ambiental en curso que vuelve cada ve más incierta su programación y trayectoria, las tortugas planean su llegada siguiendo más o menos los ciclos lunares.

Es en el cuarto menguante donde aparecen teatralizando quizá uno de los últimos rituales grupales del planeta.

Aparte de las amenazas ambientales, las arribadas de “La Flota” como las conoce y las apalabra el imaginario local, se enfrentan a la depredación extractiva de quiénes buscan alimentar el mercado negro de venta para su consumo.

Por eso los niveles de organización local incluyen monitoreo y vigilancia permanente, para garantizar un manejo sostenible y comprometido con la especie. Por eso la esperanza de observar varios niños, niñas y jóvenes en labores de recolección.

A la maravilla que supuso esta puesta en escena de la naturaleza acuática, debo agregar con profundo orgullo haber conocido a dos jóvenes estudiantes tesiarias de la carrera de Biología de la Universidad de Costa Rica, que permanecen temporalmente en la estación biológica testeando, analizando, profundizando sus pesquisas. Fuimos testigos de su trabajo en horas de la madrugada, cuando la mayoría de jóvenes de su edad descansan o se divierten.

No solo la conversación repleta se enseñanzas con Elena y Nicoletta valió la pena. Fue la constatación de que el Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES) cumple su cometido de llegar allí donde se necesita a las universidades públicas.

Allí. En el corazón mismo de la vida.

Del 24 de abril 1970 a la faroleada del 14 de setiembre 2026

De los jóvenes del 70 a los jóvenes del 2026:

Venimos de ALCOA, de la solidaridad con luchas obreras y campesinas, de la solidaridad con Chile, del Combo del ICE, del NO al TLC, del no al paquete fiscal, del grito por la paz y por la democracia.

Y hoy gritamos:

¡No al régimen autoritario!

El 24 de abril de 1970 no fue solo una fecha marcada en el calendario, fue la manifestación de una decisión de lucha en defensa de la soberanía de la Patria. Aquella gesta contra el contrato-ley ALCOA-Estado de Costa Rica no perteneció a ningún grupo político, sino a una fuerza colectiva de 81 organizaciones en un gran Pacto Patriótico.

En este entendimos que la Patria no se entrega y se firmó un manifiesto de convocatoria y lucha. Fue una jornada unitaria en defensa de la bauxita, del agua, de la ecología y de los pueblos originarios que serían desplazados frente a un contrato que pretendía hipotecar nuestra Soberanía Nacional y arrasar todo el Valle del General.

Esa memoria hoy respira a través de los testimonios de quienes entonces tenían entre 13 y 25 años. Es conmovedor recordar a miles de jóvenes que, desde su colegio religioso en San José, tras discutir sobre el proyecto ALCOA, decidieron unirse a las manifestaciones, venían de todo el país, de la provincia de Heredia y Alajuela y de colegios públicos de San José. En sus recuerdos podemos presenciar aquel desfile de miles de estudiantes que rompieron esquemas para sumarse a las marchas, luciendo con orgullo sus uniformes colegiales aquel glorioso 24 de abril. Eran estudiantes de secundaria, jóvenes adolescentes valientes llenos de convicción y patriotismo. Eran Universitarios, eran trabajadores.

Algunos fueron expulsados de sus instituciones por su beligerancia patriótica y hubo jóvenes trabajadores que caminaron con decenas de muchachos desde diferentes puntos del Valle Central hasta la Asamblea Legislativa, para unirse al clamor nacional y así recorrieron barrios y unieron jóvenes. Tenemos en la memoria igualmente a los dirigentes golpeados y encarcelados aquel 24 de abril.

Sus voces y las de miles que hoy confirman con orgullo: «yo estuve ahí», son el cimiento de nuestra identidad civilista y de nuestras elevadas convicciones patrióticas.

Hoy esa memoria nos devuelve una imagen clara: si en 1970 el recurso por defender era el suelo, la bauxita y la soberanía, hoy nos toca defender las universidades y la educación pública. Nos toca defender la Caja Costarricense de Seguro Social y los ideales democráticos republicanos que un régimen autoritario pretende destruir, socavando con ello el Estado Social de Derecho.

El paralelismo es absoluto. El recorte presupuestario al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), según el dictado de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, representa una nueva forma de dominación y un quebranto a la cultura nacional que debilita nuestra soberanía intelectual, social y la autonomía universitaria. Desfinanciar la universidad pública resulta hoy tan dañino como lo hubiera sido aquel contrato transnacional: nos arrebata la riqueza del mañana para cubrir vacíos políticos del presente. Disminuir drásticamente el presupuesto del Poder Judicial, de la educación pública y de los programas sociales es una afrenta a Costa Rica, especialmente a las juventudes.

La historia nos enseña que el protagonismo de los estudiantes de secundaria y universitaria es vital. Aquellos jóvenes de 1970 luchamos por el país que heredarían; los estudiantes de hoy deben comprender que el FEES no es un privilegio de pocos, sino la garantía de que cualquier joven de zona rural o urbana tendrá una silla esperándolo en la educación superior.

La lucha por la educación pública, por la división de poderes y los ideales republicanos al igual que la lucha contra ALCOA, debe trascender ideologías. Es un punto de encuentro nacional, una defensa del ascenso social y un acto de profundo patriotismo.

Al igual que aquellos jóvenes de colegios católicos y públicos y las universidades que se unieron en un solo puño, la juventud actual tiene el deber ineludible de movilizarse. Cuestionar al poder cuando atenta contra los ideales republicanos no es un error de juventud, es, tal y como lo demostró la Generación del 70, la forma más alta de patriotismo.

A levantar los faroles y la TEA de Juan Santamaría.

San José, 7 de setiembre 2026

Lo suscribo, soy «Generación 70».

Édison Valverde Araya, Comunidad Buen Vivir.

Lenin Chacón Vargas,

Alfonso Chase Brenes,

Habib Succar Guzmán,

Oscar Madrigal Jiménez,

Ana Mercedes Rodríguez,

Gloria Valerin,

Arturo Furnier Facio,

Macarena Barahona Riera,

Mario Alfaro,

Vladimir de la Cruz de Lemos,

Manuel Monestel,

Francisco Barahona Riera,

Ines Virginia Gutiérrez Moya,

Alex García Cruz,

Nieves Barahona Riera,

Israel Guillen González,

German Chacón Araya,

MGL,

Héctor Ferlini-Salazar

CIDE UNA alerta que reducir la inversión educativa compromete el futuro de Costa Rica

El Centro de Investigación y Docencia en Educación de la UNA llama a revisar el Presupuesto Nacional 2027 y plantea convertir el cambio demográfico en una oportunidad para fortalecer la educación y preparar al país para las próximas décadas.

Costa Rica atraviesa una transformación demográfica que obliga a mirar las decisiones públicas mucho más allá del próximo presupuesto. Tenemos menos nacimientos, vivimos más años y avanzamos aceleradamente hacia una sociedad con más personas adultas mayores. Para 2050, aproximadamente una de cada cuatro personas en nuestro país tendrá 65 años o más.

Si en el futuro tendremos proporcionalmente menos personas en edad de trabajar, necesitamos garantizar desde ahora que esas generaciones sean más saludables, mejor educadas, altamente calificadas, productivas y capaces de acceder a empleos de calidad y mejores ingresos.

Por ello, preocupa que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contemple una reducción de aproximadamente ₡19.000 millones para el Ministerio de Educación Pública respecto del presupuesto vigente de 2026, así como un Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) con un crecimiento nominal para las universidades públicas.

En el caso del MEP, Programas de Equidad, que financia alimentación, transporte y apoyos para estudiantes en condición de pobreza o vulnerabilidad, se estima una reducción de ₡2.382 millones respecto al 2026. Esto a pesar de que nuestras poblaciones estudiantiles crecen en comunidades atravesadas por desigualdades, pobreza, violencia y una presencia creciente del narcotráfico y del crimen organizado.

El problema no debe analizarse únicamente desde las necesidades financieras inmediatas del Estado. Se trata de preguntarnos qué Costa Rica estamos construyendo para dentro de veinte, treinta y cuarenta años.

Economistas y demógrafos de reconocido prestigio internacional como James J. Heckman, Ronald Lee, Andrew Mason, David E. Bloom, Michael Kuhn y Klaus Prettner han mostrado, desde diferentes perspectivas, una idea coincidente: en sociedades con baja fecundidad y creciente envejecimiento, invertir en salud, educación y desarrollo del capital humano de las nuevas generaciones resulta indispensable para mantener la productividad, el crecimiento económico y la sostenibilidad futura de los sistemas de protección social. Es decir, que el envejecimiento poblacional no constituye un argumento para invertir menos en las nuevas generaciones; todo lo contrario, es precisamente una razón para invertir más y mejor en ellas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, Costa Rica) y el Programa Estado de la Nación, aportan evidencias que deberían incorporarse a esta discusión nacional.

En primera infancia, Costa Rica mantiene una cobertura muy baja de servicios educativos y de cuido para la niñez menor de tres años. Ampliarlos no solamente favorece el desarrollo infantil temprano; también permite una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, incrementa la población económicamente activa y contribuye a enfrentar las presiones fiscales futuras derivadas del envejecimiento.

En educación preescolar y primaria, el desafío ya no consiste únicamente en garantizar acceso. Necesitamos asegurar aprendizajes fundamentales. Persisten dificultades importantes en lectura, escritura y comprensión, por lo que la reducción de las cohortes estudiantiles producto de la baja natalidad debería convertirse en una oportunidad para brindar mayor atención individualizada, reducir el tamaño de los grupos, fortalecer la formación docente y garantizar que ningún niño o niña avance en el sistema educativo acumulando rezagos.

En secundaria tenemos todavía importantes desafíos de permanencia, inclusión y calidad de los aprendizajes. Una proporción significativa de personas jóvenes no completa este nivel y los resultados internacionales muestran importantes rezagos en matemática, ciencias y lectura. Paralelamente, la OCDE advierte que Costa Rica enfrenta déficits de técnicos y profesionales altamente calificados que pueden limitar nuestra competitividad y la capacidad para atraer actividades productivas de mayor valor agregado.

Para la educación superior el reto es igualmente estratégico. Costa Rica requiere aumentar significativamente la proporción de población con formación técnica y universitaria, particularmente en áreas científicas, tecnológicas y profesionales vinculadas con las necesidades futuras del país. La evidencia de la OCDE muestra además una fuerte relación entre educación terciaria y mayores ingresos laborales.

Esto es particularmente relevante en una sociedad más longeva, pues, mayor formación permite elevar la productividad, mejorar los salarios, ampliar la capacidad contributiva y fortalecer los ingresos que financian la seguridad social y los servicios públicos.

La disminución de la natalidad podría convertirse incluso en una oportunidad histórica. Tener cohortes más pequeñas debería permitirle a Costa Rica invertir más y con calidad en cada persona, ofrecer grupos menos numerosos, fortalecer el acompañamiento pedagógico, universalizar progresivamente los servicios de primera infancia y cuido, recuperar aprendizajes, mejorar infraestructura, fortalecer idiomas y competencias científicas y digitales, ampliar la educación técnica y aumentar el acceso y conclusión de la educación universitaria.

Convertir la reducción demográfica simplemente en una oportunidad para reducir el presupuesto educativo sería una decisión de muy corto alcance. Cuando nacen menos niños y niñas, cada uno de ellos adquiere todavía mayor importancia para el futuro colectivo del país.

Resulta especialmente preocupante cualquier discurso que plantee que, ante el envejecimiento poblacional, Costa Rica debe priorizar a las personas adultas mayores en detrimento de la niñez y la juventud. No se protege a las personas adultas mayores debilitando las oportunidades de las generaciones más jóvenes.

Por el contrario, la mejor garantía que podemos construir hoy para la calidad de vida de las personas adultas mayores de 2050 y 2060, es una generación futura saludable, educada, productiva, innovadora, con buenos empleos y capacidad para sostener solidariamente la seguridad social.

Quienes hoy somos personas adultas formaremos parte de esa Costa Rica de personas adultas mayores en el 2050. Nuestro bienestar futuro dependerá también de las oportunidades que hayamos sido capaces de ofrecer a quienes hoy son niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Reconocemos la importancia de mantener finanzas públicas responsables y atender la deuda del país. Pero una política fiscal verdaderamente responsable debe preguntarse cómo reducir las obligaciones presentes y cómo aumentar la capacidad futura del país para generar riqueza.

Por ello, desde el Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional, instamos al Poder Ejecutivo y a las diputadas y los diputados de la Asamblea Legislativa, en el marco de sus respectivas competencias, a revisar las asignaciones contenidas en el Proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio económico 2027 y a adoptar las decisiones necesarias para:

1. Impulsar un diálogo nacional amplio, plural y vinculante sobre la sostenibilidad de la inversión social y educativa del país, que permita trascender la lógica de las decisiones presupuestarias anuales y construir acuerdos de Estado de mediano y largo plazo sobre la Costa Rica que queremos y sobre la inversión pública necesaria para hacerla posible. Este diálogo debe incorporar al sector educativo, social, económico, productivo y político, a las comunidades y territorios, y a las propias poblaciones destinatarias de las políticas públicas, reconociéndolas como participantes activas en la construcción de las decisiones que afectan su presente y su futuro.

2. Proteger integralmente la inversión social destinada a la primera infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud, comprendiendo que educación, salud, nutrición, cuido, seguridad y protección social son dimensiones interdependientes del desarrollo humano y que el debilitamiento de una de ellas repercute directamente sobre las posibilidades de las demás.

3. Convertir la transición demográfica en una oportunidad para mejorar sustantivamente la calidad de la educación, aprovechando la reducción progresiva de las cohortes estudiantiles para brindar mayor atención individualizada, fortalecer el acompañamiento pedagógico, mejorar las condiciones para el aprendizaje y garantizar que ninguna persona avance en el sistema educativo acumulando rezagos que comprometan sus oportunidades futuras.

4. Proteger y fortalecer la inversión pública en educación en todos sus niveles, desde la primera infancia hasta la educación superior, avanzando progresivamente hacia el cumplimiento efectivo del mandato constitucional establecido para el financiamiento de la educación pública costarricense.

Atender nuestra deuda financiera es importante pero también debemos evitar contraer una deuda mucho más difícil de pagar: la deuda que significaría no haber desarrollado plenamente el potencial de las generaciones que deberán sostener Costa Rica dentro de treinta y cuarenta años.

Cuidar hoy a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes es cuidar el futuro del país. Invertir en las nuevas generaciones es también invertir en nuestra propia vejez.

Vocera Susana Jiménez, vicedecana del Cide

 Entrevista Susana Presupuesto Educacion.mp4

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

La educación pública no puede seguir siendo la variable de ajuste del país

Comunicado

Las organizaciones impulsoras del Pacto Nacional por la Educación Pública, respaldamos la movilización nacional por la educación pública convocada por las federaciones estudiantiles de las Universidades Públicas.

La agenda por el fortalecimiento de la educación pública desde distintos sectores sociales, académicos, estudiantiles, laborales y productivos hemos venido construyendo, ante una realidad que exige respuestas profundas, porque Costa Rica atraviesa una crisis educativa estructural y la educación pública no puede continuar utilizándose como variable de ajuste fiscal cada año.

El Décimo Informe Estado de la Educación 2025 nos alertó que durante el 2022-2024 la crisis educativa solo se agravó más; la mayor caída de la inversión educativa de los últimos 40 años, lo que expresa consecuencias en las condiciones materiales de la educación como en los aprendizajes. Por ejemplo; el curso lectivo 2026 inició con 872 órdenes sanitarias activas en centros educativos y, según las evaluaciones de 2024, apenas el 23% del estudiantado de sétimo año alcanzó los aprendizajes evaluados en lectura crítica; en décimo y undécimo año el resultado fue de 24%.

En la negociación de la Comisión de Enlace 2026 para el presupuesto 2027, la propuesta del Poder Ejecutivo es de 0% de incremento al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), lo anterior es una medida adicional del debilitamiento de la inversión educativa en Costa Rica, generando una contracción acumulada de los recursos públicos destinados a las universidades públicas durante los últimos cinco años.

En este contexto, necesitamos avanzar hacia el cumplimiento del 8% del PIB establecido constitucionalmente, mediante una ruta sostenida y verificable, que permita recuperar inversión, fortalecer los programas de equidad, atender la infraestructura educativa y garantizar el financiamiento sostenible de la educación superior pública, ha sido una demanda central del Pacto desde su origen en el 2022.

Por ello, solicitamos a las fracciones legislativas que la discusión y aprobación del Presupuesto Nacional no profundicen la pérdida de inversión educativa y que se adopten medidas concretas para recuperar progresivamente su financiamiento constitucional y evitar nuevos retrocesos.

Instamos a las fuerzas políticas honrar los compromisos asumidos con la educación pública constatadas en la Declaratoria del I Congreso Nacional por la Educación Pública 2025-2026, construida mediante encuentros regionales en todo el país, con la participación de más de 150 organizaciones sociales, productivas y académicas, estableciendo declarar la educación prioridad nacional, avanzar hacia el cumplimiento del 8% y construir un gran acuerdo nacional por la educación pública, a su vez solicitamos se facilite una mesa de trabajo y diálogo entre CONARE y la Comisión de Asuntos Hacendarios para lo correspondiente al presupuesto de educación superior.

Costa Rica necesita pasar de administrar la crisis a reconstruir su educación pública desde la inversión para las oportunidades, la movilidad social, la productividad, la democracia y la paz.

Educación hoy, paz mañana.
Pacto Nacional por la Educación Pública

La UTN hacia una universidad de clase mundial: visión estratégica para la transformación y la competitividad internacional

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario Ciencias Económicas y Empresariales,
Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales.
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y,
América Latina,
Escritor, Científico Social

La Universidad Técnica Nacional (UTN), creada mediante la Ley N.° 8638 en el año 2008, representa uno de los proyectos educativos más importantes impulsados por el Estado costarricense para fortalecer la educación superior técnica, tecnológica y científica. Desde su origen, la institución nació con el propósito de responder a las necesidades de formación del sector productivo nacional y de servir como puente entre la educación técnica y la educación universitaria, contribuyendo al desarrollo económico, social y tecnológico del país.

Después de casi dos décadas de existencia, la UTN ha logrado consolidar una presencia nacional significativa mediante sus sedes regionales y una oferta académica orientada a la empleabilidad y al fortalecimiento de sectores estratégicos de la economía. Su ubicación geográfica, particularmente en la provincia de Alajuela, le otorga ventajas competitivas extraordinarias debido a la cercanía con zonas francas, parques industriales, centros logísticos, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y corredores de comercio internacional que la conectan con los principales mercados del mundo.

Sin embargo, los desafíos de la segunda mitad del siglo XXI exigen una transformación más profunda. La acelerada evolución de la ciencia y la tecnología, la digitalización de la economía, la inteligencia artificial, la automatización, la sostenibilidad ambiental y la competencia global por el talento obligan a replantear la visión institucional. La meta ya no debe limitarse a ser una universidad nacional exitosa, sino convertirse progresivamente en una universidad tecnológica de referencia para América Latina y, eventualmente, en una institución de rango mundial.

Para alcanzar ese objetivo, la UTN debe orientar su crecimiento hacia áreas estratégicas de alta demanda internacional. Entre ellas destacan la Ciencia de Datos, la Inteligencia Artificial, la Computación Cuántica, la Ciberseguridad, las Energías Renovables, la Biotecnología, la Tecnología de Alimentos, la Industria 4.0 y 5.0, la Logística Inteligente y las Cadenas Globales de Suministro. Estas disciplinas constituyen la base de las economías más dinámicas y representan oportunidades reales para que Costa Rica fortalezca su competitividad internacional.

La internacionalización debe convertirse en un eje transversal de toda la estrategia institucional. Esto implica fortalecer el bilingüismo, promover programas de doble titulación, impulsar intercambios académicos, establecer convenios con universidades líderes del mundo y desarrollar una cultura universitaria orientada hacia estándares globales de excelencia. La capacidad de atraer profesores visitantes, investigadores internacionales y estudiantes extranjeros será un indicador clave del avance institucional.

Un componente fundamental de esta transformación es el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo y la innovación. La investigación universitaria debe responder prioritariamente a los problemas nacionales y regionales, contribuyendo a generar soluciones en áreas como sostenibilidad ambiental, salud pública, educación, productividad empresarial y desarrollo social. Más allá de la publicación de artículos científicos, la universidad debe enfocarse en generar impacto real mediante la transferencia tecnológica, la creación de patentes, la incubación de empresas, el emprendimiento innovador y la vinculación efectiva con los sectores productivos.

La sostenibilidad financiera constituye otro de los grandes desafíos institucionales. El financiamiento proveniente del Fondo Especial para la Educación Superior seguirá siendo esencial, pero resulta necesario complementarlo mediante alianzas público-privadas, cooperación internacional, fondos de investigación, convenios con organismos multilaterales y mecanismos innovadores de captación de recursos. Instituciones como el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica y los programas europeos de investigación representan oportunidades relevantes para financiar proyectos estratégicos.

Asimismo, la universidad debe avanzar hacia una transformación digital integral. La implementación de plataformas inteligentes de gestión, sistemas de gobierno digital, analítica de datos institucionales y automatización de procesos permitirá mejorar la eficiencia administrativa y académica. La incorporación de tecnologías emergentes fortalecerá tanto la experiencia estudiantil como la capacidad institucional para responder a las demandas de una sociedad cada vez más digitalizada.

El desarrollo del talento humano será igualmente determinante. La calidad de una universidad depende en gran medida de la excelencia de sus docentes, investigadores, directivos y personal administrativo. Por ello, es indispensable fortalecer los procesos de selección basados en competencias, promover la capacitación continua, garantizar condiciones laborales competitivas y fomentar una cultura organizacional orientada a la innovación, la calidad y la rendición de cuentas. El liderazgo institucional deberá caracterizarse por una visión estratégica, capacidad de gestión y compromiso permanente con la excelencia académica.

La consolidación de la calidad requiere además sistemas rigurosos de evaluación, acreditación y mejora continua. La UTN debe medir su desempeño mediante indicadores internacionales, comparar sus resultados con universidades líderes y participar activamente en rankings académicos globales. No se trata únicamente de mejorar posiciones, sino de utilizar esos referentes para impulsar procesos permanentes de aprendizaje institucional y fortalecimiento de capacidades.

Una visión de largo plazo también exige proyectar el crecimiento de la infraestructura física y tecnológica. El desarrollo de ciudades tecnológicas sostenibles alrededor de las sedes universitarias, en alianza con empresas de alta tecnología y sectores productivos estratégicos, podría convertir a la UTN en un ecosistema de innovación capaz de integrar educación, investigación, emprendimiento y desarrollo regional. Esta visión permitiría atender una población estudiantil creciente y consolidar espacios para la experimentación tecnológica y la transferencia de conocimiento.

Convertirse en una universidad de clase mundial implica responder preguntas estratégicas fundamentales: cuál será su identidad diferenciadora, cómo se financiará su crecimiento, cuáles serán sus áreas prioritarias de especialización, cómo medirá el éxito institucional y qué alianzas nacionales e internacionales serán necesarias para alcanzar sus objetivos. La claridad en estas definiciones permitirá construir una hoja de ruta sólida y sostenible para las próximas décadas.

En conclusión, la Universidad Técnica Nacional posee condiciones excepcionales para convertirse en un referente regional de educación superior tecnológica. Su origen, cobertura territorial, cercanía con los sectores productivos y orientación hacia la formación técnica constituyen fortalezas significativas. No obstante, alcanzar estándares internacionales requerirá una estrategia integral basada en innovación, investigación aplicada, internacionalización, transformación digital, sostenibilidad financiera y excelencia académica. El verdadero reto no consiste únicamente en ascender en los rankings mundiales, sino en formar profesionales altamente calificados, bilingües, innovadores y comprometidos con el desarrollo sostenible de Costa Rica. Si logra consolidar esta visión estratégica, la UTN podrá posicionarse como una universidad tecnológica líder en América Latina y proyectarse exitosamente hacia el escenario global.

SiUNED: Carta abierta al Consejo Universitario, la Rectoría y la Comunidad Universitaria sobre el FEES y la rendición de cuentas institucional

Considerando:

1- Que la lucha por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) constituye un proceso estructural y prolongado, cuya resolución no será inmediata, sino que se proyecta en el mediano y largo plazo, en un contexto de restricciones fiscales y decisiones políticas que afectan el financiamiento de la educación pública.

2- Que existe una necesidad urgente de generar conciencia, organización y movilización en la comunidad universitaria —personas funcionarias, académicas y estudiantes— frente al debilitamiento progresivo del financiamiento público de la educación superior.

3- Que el Consejo Universitario, como máximo órgano de dirección política de la UNED, debe asumir un rol activo de liderazgo en la defensa de la universidad pública, su autonomía, su financiamiento y su compromiso social con el país.

4- Que otras universidades públicas han iniciado procesos de reflexión crítica y movilización académica, utilizando los espacios universitarios como escenarios de debate, formación política y construcción de posicionamientos frente al FEES.

Por tanto, solicitamos al Consejo Universitario:

1- Asumir públicamente una posición firme, clara y protagónica en defensa del financiamiento de la educación superior pública y de la autonomía universitaria, frente a los escenarios presupuestarios restrictivos planteados por el gobierno.

2- Acoger y adaptar, en el contexto de la UNED, iniciativas impulsadas por otras universidades públicas, mediante el desarrollo de acciones permanentes de discusión, reflexión y movilización, mediante un paro activo, en todos los ámbitos institucionales.

3- Declarar el período comprendido entre mayo y agosto como una etapa institucional de análisis crítico, formación política y articulación universitaria en torno al FEES, que permita:

a- Informar a la comunidad universitaria sobre el contexto y escenarios.

b- Generar espacios de debate académico, foros y asambleas informativas virtuales y presenciales en todos los territorios.

c- Fortalecer la conciencia colectiva sobre la defensa de la educación pública.

4- Instruir a las distintas instancias académicas, administrativas y estudiantiles para que promuevan activamente estos espacios, para integrarlo a la vida universitaria de forma continua y sistemática, por ejemplo, mediante la incorporación de información en los entornos estudiantiles, espacios de atención académica, actividades académicas, insumos de imagen institucional, etc.

5- Convocar a la comunidad universitaria a participar de manera activa y consciente en este proceso, entendiendo que la defensa de la universidad pública es una responsabilidad colectiva.

La coyuntura actual exige claridad política, compromiso institucional y capacidad de conducción. Dejar de actuar en este momento implicaría ceder espacios estratégicos en la defensa de la educación superior pública.

El Consejo Universitario y el Rector, quien lo preside, están llamados a ejercer un liderazgo activo, articulador y comprometido con la historia, la misión y el futuro de la UNED.

Junto a todo lo anterior, seguimos esperando la convocatoria a una espacio público y de diálogo, para conocer la realidad financiera de la institución, tal y como lo anunciaron el 26 de marzo en la sesión abierta del Consejo Universitario en el Paraninfo de la UNED, solicitud hecha en reiteradas ocasiones por el Sindicato SIUNED, ante las preocupaciones de la comunidad universitaria.

También hacemos un llamado a la Rectoría a establecer un espacio de diálogo en donde se dé a conocer a la comunidad universitaria la estrategia y criterios que lleva la UNED a la Comisión de Enlace que negocia el FEES y su relación con la defensa del financiamiento de la educación superior y de los intereses institucionales. Consideramos necesario que cualquier acuerdo sobre el FEES sea consultado con la comunidad universitaria.

¡La defensa del FEES no es un hecho coyuntural: es una lucha estructural por el derecho a la educación pública!

¡Es necesario que la comunidad universitaria se prepare de forma unitaria y clara!

Paro activo en la UNA busca fortalecer discusión sobre el FEES

La Universidad Nacional convocó a un paro activo que permitirá abrir espacios de reflexión y análisis sobre el FEES 2027, sin suspender las clases ni las labores académicas y administrativas de la institución.

La Universidad Nacional (UNA) convocó a un paro activo del 6 al 15 de mayo con el fin de abrir espacios de reflexión, información y análisis sobre la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 y el contexto actual de la educación superior pública en el país. La medida implica un cambio temporal de actividades institucionales para facilitar la participación de estudiantes y personal universitario en distintas actividades organizadas por la Rectoría y la Rectoría Adjunta.

La convocatoria surge en medio de la discusión nacional sobre el financiamiento universitario y luego de que el Poder Ejecutivo presentara ante la Comisión de Enlace una propuesta de crecimiento del 0% para el FEES 2027. Según la Rectoría, este escenario requiere que la comunidad universitaria cuente con espacios para comprender el proceso, analizar sus implicaciones y participar de manera informada.

Durante esos días se desarrollarán actividades sobre temas como los orígenes y retos del FEES, el análisis de la propuesta presentada por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), y la autonomía universitaria ante el contexto político nacional.

La Rectoría solicitó a decanaturas, direcciones y jefaturas facilitar la participación en las actividades mediante ajustes en procesos académicos y administrativos cuando sea necesario. Jorge Herrera Murillo, rector de la UNA, destacó que este llamado busca fortalecer la participación y el análisis colectivo dentro de la institución.

“Este paro activo no significa detener la Universidad, sino abrir espacios para que la comunidad universitaria pueda informarse, reflexionar y comprender lo que está en discusión alrededor del financiamiento de la educación superior pública. El FEES tiene un impacto directo en las oportunidades de acceso, permanencia, investigación, acción sustantiva y desarrollo regional que las universidades públicas brindan al país”, indicó Herrera.

La convocatoria también establece que las actividades deberán desarrollarse bajo principios de respeto institucional, pluralidad, autonomía universitaria y formación crítica.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UCR declara paro activo hasta julio ante incertidumbre por financiamiento universitario

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció la implementación de un período institucional extraordinario denominado “paro activo”, que se extenderá del 11 de mayo al 4 de julio de 2026, como respuesta a la situación generada tras la imposibilidad de finalizar las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 entre el Gobierno y las universidades públicas.

Según la resolución R-298-2026, la medida busca propiciar espacios de reflexión, análisis crítico y participación informada de la comunidad universitaria frente a los posibles efectos que tendría una redistribución de los recursos históricos del FEES, la cual podría afectar el funcionamiento de la UCR y el desarrollo de sus funciones sustantivas.

La Rectoría aclara que el “paro activo” no implica suspensión de labores ni constituye una huelga, sino una modalidad organizativa excepcional amparada en la autonomía universitaria. Asimismo, se enfatiza que deberán mantenerse la continuidad de la docencia, la investigación, la acción social y los servicios institucionales.

Durante este período, las unidades académicas y administrativas podrán incorporar foros, clases públicas, asambleas informativas y otras actividades relacionadas con el debate sobre la educación superior pública y el financiamiento universitario.

La resolución también subraya que la participación en las actividades será voluntaria para estudiantes y personas funcionarias, y que deberán respetarse tanto la libertad individual como el normal funcionamiento institucional.

El rector Carlos Araya Leandro fundamenta la medida en la autonomía universitaria reconocida por el artículo 84 de la Constitución Política, así como en la necesidad de defender el financiamiento de la educación superior pública como condición indispensable para el desarrollo social, científico y cultural del país.

Movimiento estudiantil de la UNA exige cuentas al gobierno, al CONARE y a las comunidades universitarias

En el marco del V Congreso Universitario, los estudiantes de la Universidad Nacional (UNA) dieron a conocer un manifiesto, que fue aprobado por la Asamblea Universitaria. En el escrito, recuerdan el papel de las universidades públicas de Costa Rica, lo que representan para las familias y comunidades del país, denuncian la violencia estructural de la que son objeto, las implicaciones de su desfinanciamiento e invocan al diálogo. El documento presenta una petitoria de nuevo puntos.

Se reproduce textualmente el manifiesto.

Manifiesto del movimiento estudiantil (FEUNA) en el V Congreso de la Universidad Nacional

Universidades públicas: raíz, memoria viva y lucha por el presente y el futuro de Costa Rica

VIOLAR LA LEY DEL IMPERIO ES DEFENDER LOS DERECHOS DEL PUEBLO

Reunidos en el Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, de la Universidad Nacional, Heredia, el 24 de abril, 2026, las personas estudiantes señalamos que el V Congreso evidencia la fortaleza de la universidad pública costarricense, basada en el diálogo y la construcción de conocimiento, en colaboración con la sociedad y el estado, que procura contribuir a la atención de las demandas de los sectores y comunidades vulnerabilizadas por el sistema económico, social, político y cultural vigente. En consecuencia, sometimos al apoyo de las y los congresistas el presente pronunciamiento con el beneplácito mayoritario que hacemos de conocimiento público.

Las universidades públicas de Costa Rica no son cifras aisladas ni instituciones desconectadas entre sí; constituyen, en conjunto, una red viva que expresa una identidad compartida como país. Desde la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional no solo se forman profesionales, se forma ciudadanía. En nuestras aulas convergen personas provenientes de distintos territorios, realidades y contextos, que aprenden no solo contenidos académicos, sino también a convivir, debatir y construir colectivamente. Esa experiencia compartida va tejiendo un profundo sentido de pertenencia que trasciende lo individual y que fortalece un proyecto común de país.

En nuestras aulas, cada estudiante que accede a la educación superior pública encarna una historia colectiva: la de familias que depositan esperanza, comunidades que proyectan desarrollo y territorios que encuentran en la universidad una presencia transformadora. La universidad pública representa, para muchas personas, la posibilidad real de movilidad social, de romper ciclos de exclusión y de generar nuevas oportunidades donde antes no las había. Lo que una persona aprende en la universidad no permanece únicamente en el aula, se comparte, se multiplica y se traduce en desarrollo local, liderazgo comunitario y mejores condiciones de vida.

Esta identidad común se sostiene, además, en una convicción histórica: el conocimiento es un bien público y un derecho, no un privilegio. Por eso, el impacto de las universidades públicas no se mide únicamente en indicadores, sino en las trayectorias de vida que logran transformar. Cada beca otorgada, cada sede regional fortalecida y cada proyecto de investigación vinculado con la realidad nacional representan una apuesta concreta por un país más equitativo, más cohesionado y con mayor capacidad de construir su propio futuro.

En ese esfuerzo por democratizar el acceso al conocimiento, la Universidad Nacional ha desarrollado históricamente un compromiso particular con la regionalización, entendida no solo como presencia territorial, sino como una apuesta ética por la equidad. A través de sus sedes regionales, sus carreras itinerantes y un sistema de admisión que reconoce las desigualdades estructurales del país, la universidad ha impulsado mecanismos que permiten discriminar positivamente en favor de quienes provienen de contextos con mayores barreras de acceso. Este modelo no responde únicamente a criterios académicos, sino a una comprensión profunda de las brechas históricas entre el centro y las regiones, y al deber institucional de generar oportunidades reales donde más se necesitan.

Hoy, más que nunca, en un mundo atravesado por guerras, autoritarismos y múltiples formas de violencia estructural que generan crisis complejas en la geopolítica global, las universidades tienen la obligación ética y social de sostener y defender los valores democráticos, el pensamiento crítico y el bien común. Esto implica asumir con claridad la responsabilidad que nos corresponde como espacios de reflexión, de producción de conocimiento y de formación de una ciudadanía comprometida con la justicia social.

Las universidades no pueden limitarse únicamente a transmitir saberes técnicos o profesionales; deben ser también territorios de debate, de cuestionamiento y de construcción colectiva de alternativas frente a los desafíos de nuestro tiempo. En ellas se cultiva la capacidad de pensar críticamente el mundo, de imaginar otros futuros posibles y de formar personas con sensibilidad social, capaces de intervenir de manera responsable en la vida pública.

En este contexto, la amenaza de un presupuesto de crecimiento cero no es una cifra abstracta: tiene rostro humano. Es el de las personas estudiantes de zonas rurales, de territorios costeros, de comunidades históricamente excluidas, que ven en la universidad pública una posibilidad real de transformación. Un 0% no impacta únicamente en estructuras institucionales; impacta directamente en trayectorias de vida, en oportunidades que se reducen y en brechas que se profundizan.

Reconocemos, además, que la universidad pública no es una institución perfecta. Se encuentra en un proceso constante de revisión, adaptación y mejora frente a las nuevas realidades y desafíos del país. Como comunidad, asumimos la responsabilidad de cuestionar nuestras propias estructuras, de identificar nuestras limitaciones y de trabajar activamente para garantizar una formación cada vez más pertinente, inclusiva y de excelencia.

Un pueblo sin educación es un pueblo sin futuro. Por ello, quienes habitamos la universidad tenemos la responsabilidad histórica de contribuir activamente a la construcción de ese futuro. Defender la educación pública no es únicamente proteger una institución, es resguardar una de las herramientas más poderosas para la igualdad, la movilidad social y el desarrollo humano.

Hoy, más que nunca, las universidades deben asumir su papel como actores fundamentales en la sostenibilidad de una sociedad viable, digna y profundamente humana. Esto significa fortalecer los vínculos con las comunidades, dialogar con las distintas fuerzas sociales y colocar el conocimiento al servicio del bienestar colectivo, de la democracia y de la vida en común.

PETITORIA

En consecuencia, como comunidad estudiantil universitaria, exigimos al gobierno, al CONARE y a las comunidades universitarias en lo que corresponda:

  1. Garantizar un financiamiento digno y sostenido para la educación superior pública, en cumplimiento del marco constitucional.
  2. Reconocer la educación como eje estratégico para la movilidad social, la equidad territorial y el desarrollo nacional.
  3. Fortalecer las sedes regionales y los programas que amplían el acceso a poblaciones históricamente excluidas.
  4. Reafirmar el papel de la cultura como componente esencial en los procesos educativos y en la construcción de ciudadanía crítica.
  5. Defender el carácter público del conocimiento frente a lógicas que buscan reducirlo a un bien de mercado.
  6. Incremento anual real atado al costo de la vida, la inflación y el crecimiento del PIB, con un piso mínimo de crecimiento nominal que impida cualquier deterioro en el poder adquisitivo universitario.
  7. Volver a las negociaciones quinquenales, garantizado por un mínimo de cinco años, que asegure la ampliación de sedes regionales, el fortalecimiento del régimen de becas, el mantenimiento de infraestructura y la continuidad de proyectos de investigación y extensión universitaria.
  8. Cláusula de revisión y compensación automática si los recursos aprobados no se transfieren en tiempo y esto provocara la imposibilidad de su ejecución, por decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.
  9. Garantizar la participación vinculante y efectiva de las representaciones estudiantiles en los espacios de toma de decisión, particularmente en la mesa de negociación de la Comisión de Enlace y en la Comisión de Asuntos Hacendarios, reconociendo su legitimidad como actor clave en la defensa, definición y fiscalización del financiamiento de la educación pública.

Porque cuando una estudiante cruza la puerta de una universidad pública, no lo hace sola. Entra con ella su historia, su familia, su comunidad y, en muchos sentidos, el país entero. Y en ese acto, aparentemente individual, se juega también el destino colectivo de Costa Rica.

Heredia, Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, UNA: 24 de abril de 2026

Estudiante Myriam Jara Watson
Vicepresidenta del Directorio
V Congreso Universitario de la Universidad Nacional

Replantear la relación de las universidades con las comunidades

Francesco Giulietti Silva
Estudiante de Derecho y Filosofía

Universidad de Costa Rica
francescomc8@gmail.com

En el contexto actual, terminada la comisión de enlace del FEES y una propuesta tajante de un 0% de aumento (bajo el argumento que, en razón de la inflación negativa, resulta ser en realidad un 2%), resuena en mi mente varias cosas, las cuales me gustaría compartir.

Primeramente, yendo al aspecto más medular del asunto, el cual es que, a pesar del mandato constitucional del 8% destinado para la educación pública, en mi poca vida estudiantil y universitaria, jamás he podido observar esto. Siempre en las aulas de Derecho me enseñaron que la Constitución es la norma suprema dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico, por lo cual, el sistema que hemos venido arrastrando a través de los años no respeta la jerarquía de dicha norma, así como no se alinea con lo pensado por dicha Asamblea Nacional Constituyente.

En el colegio y en los libros de historia se dice que cambiamos fusiles por libros. Sin embargo, 8 de cada 10 estudiantes no tienen la suficiente capacidad lectora al momento de ingresar a la universidad (de los pocos que entran), la deserción estudiantil es cada vez más común, y poco a poco nos convertimos en una sociedad más violenta.

No busco atribuir culpas ni realizar señalamientos, habría que estar ciego para afirmar que lo anterior es culpa del actual gobierno, incluso, de los últimos gobiernos. Esto va más allá del ejecutivo o de los políticos que se rotan cada 4 años, esto atañe a nosotros como costarricenses y un cambio en las políticas públicas, con el auge del neoliberalismo y el debilitamiento del Estado de bienestar. Les digo, ya entregamos el monopolio de la fuerza, otorgamos el poder, la organización y demás atribuciones que caracteriza al poder dentro de la democracia, lo más que nos queda es que el poder responda a nuestras necesidades y que nos encontremos legitimados para realizar reclamos cuando dichas necesidades no se cumplen.

Con eso parto hacia la próxima idea, sobre las manifestaciones estudiantiles. Las mismas cada vez parecen estar diseñadas y dirigidas para un sector poblacional cada vez más reducido. Si bien defiendo el derecho a la manifestación y la crítica al poder, considero que debe ser ejercido de manera estratégica, con el fin de buscar el impacto buscado. El Movimiento Estudiantil ya no es el mismo de antes, el que jugó un papel protagonista contra ALCOA y el Combo del ICE. Sin embargo, la forma de hacer política no es la misma que durante esos años, la sociedad cambió, así como sus formas de hacerse escuchar y de manifestarse.

Se debe de replantear la forma de hacer frente a las necesidades de las universidades públicas y de la educación superior, no solo del Movimiento Estudiantil, sino también por CONARE, y los demás representantes con algún tipo de injerencia. El discurso actual parece no convencer, ni al ejecutivo, ni al ciudadano promedio de a pie, no es solo clamar consignas vacías ni propuestas que carezcan de ejecutoriedad a corto plazo.

Hemos de reconocer que, en momentos de globalismo, auge de movimientos polarizadores, debemos tomar cartas en el asunto y movilizar verdaderamente, con discursos y propuestas contundentes, que empaticen con el pueblo y que, más importante, le hablen en el mismo idioma.

Costa Rica tiene el fenómeno de ser la democracia más longeva en América Latina, quizás por esto damos por sentado y por seguro lo que en realidad requirió luchas, vidas, negociaciones y sacrificios para tener hoy educación pública, entre otras tantas garantías sociales.

Es por esto por lo que, necesitamos hablar en un mismo idioma, no quedarnos en los conversatorios de las universidades, en las consignas que se repiten, perdiendo su verdadero significado, y comenzar a buscar verdadera conexión y empatía con las comunidades, fuera del pretil y afuera de las aulas. Si continuamos con este elitismo intelectual, hablando en términos que comprenden unos pocos que tienen la dicha de pisar aulas universitarias, cada vez las universidades perderán más fuerza.