Por MSc. Rodrigo Campos Hernández
Introducción
En los últimos días, la discusión pública en Costa Rica ha girado en torno al convenio suscrito entre el gobierno y la plataforma Open English, mediante el cual se destinarían más de 70 millones de dólares para facilitar el acceso al aprendizaje del idioma inglés a la población mayor de 15 años. El debate ha oscilado entre dos polos: por un lado, la denuncia de posibles irregularidades o actos de corrupción; por otro, la defensa de la iniciativa como una estrategia de modernización educativa. Sin embargo, reducir el análisis a la existencia o no de un ilícito penal resulta insuficiente.
El problema de fondo no es únicamente jurídico. Aun en ausencia de una infracción tipificada conforme a la Ley N.º 8422 (Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública), persisten interrogantes más profundas sobre la racionalidad de la decisión pública, la coherencia del modelo educativo y el papel que el Estado está asumiendo en la formación de sus ciudadanos. Este artículo propone que el caso Open English no debe analizarse como un hecho aislado, sino como parte de un proceso más amplio de transformación del sistema educativo costarricense.
- Legalidad formal y racionalidad del gasto público
Desde el punto de vista jurídico, la ausencia de evidencia que vincule directamente a funcionarios públicos con beneficios patrimoniales derivados del contrato limita la posibilidad de calificar el caso como delito de corrupción en sentido estricto. No obstante, el derecho administrativo contemporáneo no se agota en la legalidad formal. La función pública está regida también por principios como la eficiencia, la razonabilidad y la planificación del gasto (Constitución Política de Costa Rica, art. 11).
En este contexto, la pregunta relevante no es únicamente si el contrato es legal, sino si responde a criterios adecuados de política pública. Resulta particularmente llamativo que, en un escenario donde se han planteado restricciones al financiamiento de la educación superior (FEES) y tensiones en torno a instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, se destine una suma tan significativa a la contratación de un servicio externo, en lugar de fortalecer capacidades institucionales ya existentes, como las del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
- Externalización y debilitamiento institucional
El convenio con Open English puede interpretarse como un caso de externalización de funciones públicas. El Estado, en lugar de desarrollar o fortalecer sus propias capacidades formativas, opta por adquirir servicios en el mercado. Este fenómeno no es nuevo, pero adquiere particular relevancia cuando se aplica a áreas estratégicas como la educación.
El INA ha sido históricamente una institución clave en la formación técnica y lingüística de la población costarricense. Sustituir o desplazar parcialmente esa capacidad mediante la contratación de plataformas privadas no solo plantea dudas sobre la eficiencia del modelo, sino también sobre sus efectos a mediano y largo plazo. Más aún, la destitución de voces críticas dentro de la institución, como la académica Eleonora Badilla, sugiere posibles limitaciones en los espacios de deliberación técnica dentro del proceso de toma de decisiones.
En este sentido, el problema trasciende la contratación específica: se inscribe en una transformación más amplia del papel del Estado, que pasa de ser formador a intermediario de servicios educativos.
- La reducción de la formación integral
Paralelamente, decisiones recientes del Ministerio de Educación Pública han reconfigurado el currículo escolar, desplazando asignaturas como educación musical, artes plásticas, educación física, filosofía y psicología hacia un lugar secundario frente a las llamadas “materias básicas”. Este cambio no es meramente técnico.
La educación integral no se limita a la transmisión de habilidades instrumentales, sino que implica la formación de sujetos críticos, sensibles y capaces de participar activamente en la vida democrática (Nussbaum, 2010). La reducción del currículo a contenidos mínimos responde a una lógica que privilegia la eficiencia operativa sobre la formación humana.
En este contexto, la inversión en plataformas digitales para la enseñanza del inglés aparece como una solución fragmentaria que no aborda los problemas estructurales del sistema educativo, caracterizado por déficits en comprensión lectora, altos niveles de deserción y profundas desigualdades territoriales.
- Segmentación educativa y reproducción de desigualdades
El análisis del sistema educativo costarricense revela una estructura segmentada más que dual. No se trata simplemente de una oposición entre lo público y lo privado, sino de la coexistencia de circuitos diferenciados de calidad y acceso.
Por un lado, sectores de mayores recursos acceden a educación privada de alta calidad en primaria y secundaria, lo que les permite ingresar a universidades públicas prestigiosas como la Universidad de Costa Rica o continuar estudios en el extranjero. Por otro lado, amplios sectores de la población dependen de un sistema público debilitado o de universidades privadas cuya calidad es, en muchos casos, desigual.
En este escenario, las universidades privadas no siempre corrigen las desigualdades educativas, sino que las administran. Como señalan autores críticos de la educación superior contemporánea, la expansión del acceso no necesariamente se traduce en una mejora de la calidad formativa (Marginson, 2016).
Las decisiones recientes en política educativa no parecen orientadas a reducir esta segmentación. Por el contrario, tienden a profundizarla, al debilitar la formación pública en sus distintos niveles y promover soluciones fragmentarias que dependen de la capacidad individual de los estudiantes para aprovecharlas.
- El conflicto del FEES y la fragmentación institucional
El adelanto de las discusiones en torno al FEES ha generado tensiones sin precedentes entre las universidades públicas, evidenciando una fragmentación interna que debilita su capacidad de acción colectiva. Este fenómeno puede interpretarse como parte de un proceso más amplio de reconfiguración del sistema educativo, donde las instituciones públicas son llevadas a competir entre sí en lugar de consolidarse como un bloque articulado.
En este contexto, el debilitamiento no es necesariamente producto de un ataque frontal, sino de un desgaste progresivo que reduce la capacidad de defensa y legitimidad del sistema público de educación superior.
- Convergencias institucionales y disputa hegemónica
Un elemento adicional que complejiza el análisis del caso Open English es la aparente convergencia entre actores que, en otros contextos, han mantenido relaciones tensas. Durante la actual administración, el Poder Ejecutivo ha sostenido cuestionamientos recurrentes contra la Contraloría General de la República, particularmente por los controles que esta ejerce sobre el gasto público y la ejecución de proyectos estratégicos.
Sin embargo, en este caso específico, se ha señalado públicamente que la CGR no objetó —e incluso habría avalado— el mecanismo utilizado para la implementación del convenio. Esta situación introduce una interrogante relevante: ¿cómo se explica que, en un tema de alto impacto público como la educación, se produzca una coincidencia entre instancias que usualmente operan en tensión?
Más que buscar respuestas en términos de intencionalidades individuales, resulta más productivo interpretar este fenómeno desde una perspectiva estructural. Como han señalado diversos autores en el campo de la teoría social y política, los momentos de convergencia entre actores institucionales pueden revelar la existencia de consensos más profundos en torno a la orientación de determinadas políticas públicas (Gramsci, 1971; Jessop, 2008).
En este sentido, el caso analizado podría interpretarse como un punto de articulación dentro de una disputa hegemónica más amplia, en la que distintos sectores —estatales y privados— coinciden, explícita o implícitamente, en la necesidad de reconfigurar el papel del Estado en áreas estratégicas como la educación.
- Incidencia del sector empresarial y redefinición de lo público
Otro elemento que refuerza esta lectura es la participación activa de organizaciones empresariales, como la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, en discusiones que tradicionalmente han sido de carácter técnico y educativo, como las decisiones del Instituto Nacional de Aprendizaje.
La intervención de estos actores no es, en sí misma, ilegítima en un sistema democrático. Sin embargo, plantea preguntas sobre los equilibrios institucionales y los criterios que orientan la toma de decisiones públicas. En particular:
¿qué tipo de conocimiento se privilegia cuando las decisiones educativas se orientan cada vez más por criterios de mercado o necesidades inmediatas del sector productivo?
Este desplazamiento puede contribuir a una redefinición del sentido de lo público, donde la educación deja de concebirse como un derecho integral y se aproxima a una lógica de formación de competencias específicas para el mercado laboral.
- Continuidades más allá de los gobiernos
Finalmente, es importante subrayar que los procesos aquí descritos no se agotan en una administración particular. Las transformaciones estructurales en los sistemas educativos suelen trascender los ciclos políticos y consolidarse en el tiempo.
En este sentido, la discusión no debería centrarse exclusivamente en las decisiones del gobierno actual, sino en las tendencias de mediano y largo plazo que estas decisiones reflejan y potencian. La fragmentación del sistema educativo, la externalización de funciones y la creciente incidencia de actores privados en la definición de políticas públicas son fenómenos que podrían continuar —e incluso profundizarse— en futuras administraciones.
Conclusión
El caso Open English no puede entenderse como un episodio aislado ni reducirse a la discusión sobre su legalidad. Más bien, revela una serie de transformaciones en curso en el sistema educativo costarricense: externalización de funciones, reducción de la formación integral, segmentación del acceso y fragmentación institucional.
Independientemente de las intenciones declaradas por las autoridades, el efecto conjunto de estas decisiones resulta funcional a un modelo en el que el Estado reduce su papel como garante de una educación pública integral, mientras se amplían mecanismos de provisión fragmentada y mediada por el mercado.
El riesgo no es únicamente la ineficiencia de una inversión cuestionable. El riesgo es más profundo: la consolidación de un sistema educativo cada vez más desigual, donde la formación deja de ser un derecho garantizado colectivamente y se aproxima, progresivamente, a una lógica de consumo individual. En ese escenario, la pregunta fundamental ya no es cuánto se invierte, sino qué tipo de sociedad se está formando a través de esas decisiones.
Referencias
Constitución Política de la República de Costa Rica. (1949).
Gramsci, A. (1971). Cuadernos de la cárcel. Ediciones Era.
Jessop, B. (2008). State power: A strategic-relational approach. Polity Press.
Ley N.º 8422. Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Costa Rica.
Marginson, S. (2016). The dream is over: The crisis of Clark Kerr’s California idea of higher education. University of California Press.
Nussbaum, M. C. (2010). Sin fines de lucro: Por qué la democracia necesita de las humanidades. Katz Editores.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Resultados de PISA 2022. OECD Publishing.
Universidad Nacional. (2023). Informes sobre estado de la educación y habilidades básicas en estudiantes costarricenses.
