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Etiqueta: FEES

UCR: Rectores de las universidades presentan acción de inconstitucionalidad contra recorte del FEES

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  • Argumentan que 10.000 millones de colones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) fueron rebajados por el Poder Legislativo en una intervención indebida según la Constitución

Rectores de las universidadades estatales acudieron este martes 22 de enero a la Sala Constitucional para presentar la acción contra el recorte del FEES. En las afueras Henning Jensen Pennington brindó declaraciones a la prensa. Foto: Anel Kenjekeeva.

Los rectores de las universidades estatales que integran el Consejo Nacional de Rectores, presentaron esta tarde, la acción de inconstitucionalidad contra el recorte de 10 mil millones de colones al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES), realizado por la Asamblea Legislativa para el presupuesto del año 2019 de las universidades públicas.

El monto del FEES para el año 2019, definido por la Comisión de Enlace (las instituciones de educación superior universitaria estatal y los Ministros de Educación, Hacienda, Planificación y de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones), se fijó en 511.154,72 millones de colones, monto que corresponde al presupuesto asignado en el año 2018 y que integra el 3% como inflación estimada para el año 2019, por parte del Banco Central.

El Poder Ejecutivo incorporó este monto, en el proyecto de presupuesto ordinario de egresos de la República, según lo ordenado por el artículo 85 de la Constitución Política. Durante la discusión del proyecto de ley de presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa, los diputados aprobaron un rebajo de 10 mil millones de colones a la asignación del monto del FEES acordado, con lo cual el FEES vigente para el año 2018 no fue incorporado en el presupuesto 2019 “ajustado de acuerdo con la variación en el poder adquisitivo de la moneda”, tal y como lo establece el artículo 85 de la Constitución Política, en forma preceptiva y obligatoria. Este artículo de la Carta Magna señala que:

“El Estado… mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal. … Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan. … El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente,… ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.”

El Poder Legislativo incluyó en el presupuesto ordinario de egresos de la República para el año 2019 la partida del FEES con una disminución, con lo cual dicha partida no corresponde a la asignación constitucional prevista para el FEES, la cual debe ser ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.

El artículo 85 establece el supuesto bajo el cual el Poder Ejecutivo perdería su competencia constitucional para incluir el monto del FEES y ser sustituido por el Poder Legislativo:

“Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.”

Es así, como se estipula un procedimiento, dentro del cual la competencia del Poder Legislativo queda condicionada a la existencia de una ausencia de acuerdo en cuanto al monto a asignar para el FEES en determinado año por parte del Poder Ejecutivo.

Henning Jensen entrega acción de inconstitucionalidad contra recorte del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Foto: Anel Kenjekeeva.

La petitoria de las universidades públicas en la acción de inconstitucionalidad es:

Con fundamento en todo lo expuesto, solicitamos a la Sala Constitucional dar trámite a la presente acción de inconstitucionalidad y acoger la inconstitucionalidad acusada y reclamada contra el artículo 2º de la Ley Nº9632 declarando en sentencia:

A.- La legitimación que poseen las instituciones de educación superior universitaria estatal para la interposición de la presente acción de inconstitucionalidad contra el artículo 2º de la Ley Nº9632 del 28 de noviembre de 2018, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019, publicada en el Alcance 207 a La Gaceta (Diario Oficial) número 230 del 11 de diciembre de 2018.

B.- La inconstitucionalidad de la reducción (en 10.000 millones de colones) que el Poder Legislativo ha hecho de la partida incorporada por el Poder Ejecutivo en el proyecto de presupuesto (por 511.154,72 millones de colones), efectuada durante la tramitación del proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019. Lo anterior como consecuencia de una intervención indebida del Poder Legislativo en el ámbito de las competencias constitucionales asignadas por el artículo 85 al Poder Ejecutivo, que mediante acuerdo con las instituciones de educación superior universitaria estatal suscrito el pasado 13 de julio de 2018, determinaron la asignación constitucional para el FEES correspondiente al año 2019 en la suma de 511.154,72 millones de colones, monto que corresponde al presupuesto asignado en el año 2018, tomando en cuenta la estimación del 3%, prevista como inflación para el año 2019.

C.- La inconstitucionalidad del artículo 2º de la Ley Nº9632 del 28 de noviembre de 2018, por no haber incorporado la partida correspondiente al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) en los términos preceptivos y obligatorios contenidos en el artículo 85 de la Constitución Política, esto es, una partida correspondiente al FEES vigente en el presente año, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda, variación que ha sido fijada en un tres por ciento de inflación, de conformidad con el programa macroeconómico publicado por el Banco Central de Costa Rica.

D.- Dimensionar los efectos de la sentencia que acoja la presente acción previniendo tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa a incluir por medio de un presupuesto extraordinario del año 2019 los fondos necesarios para incorporar los 10.000 millones de colones que fueron inconstitucionalmente rebajados de las partidas destinadas a la asignación que constitucionalmente corresponde para el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política.

E- Prevenir tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa de abstenerse de realizar acciones u omisiones que impliquen incumplir durante el proceso de formulación, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la República, el monto del FEES que debe ser incluido según los términos señalados por el artículo 85 de la Constitución Política.

Los recursos del FEES han sido el soporte del trabajo que han desarrollado las universidades públicas, en formación de talento humano, investigación, apoyo a las comunidades, a favor del desarrollo nacional y local del país. La educación ha sido y seguirá siendo la mejor inversión para garantizar una sociedad más justa y la movilidad social de estudiantes y sus familias.

 

Vanessa Solano

Consejo Nacional de Rectores

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR: La comisión especial para el FEES inició sus sesiones

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  • Llamarán al presidente de la Sala Constitucional para que se refiera a la autonomía universitaria y sus alcances

Este martes 22 de enero, la comisión especial de la Asamblea Legislativa que estudiará y analizará la administración del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES) comenzó a sesionar.

En esta primera reunión, se acordó que las sesiones ordinarias se realizarán el primer y tercer lunes de cada mes, después del Plenario, y se convocará a sesiones extraordinarias cuando sea necesario.

Asimismo, se aprobó llamar a audiencia a Marta Eugenia Acosta, contralora general de la República, a Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, y a Edgar Mora, ministro de Educación, para que se refieran a aspectos relacionados con el FEES, su distribución, su administración y a otras formas en que las universidades se financian.

Igualmente, se llamará a Fernando Castillo, presidente a. i. de la Sala Constitucional para que hable sobre la autonomía universitaria y sus alcances.

Para dar insumos para el análisis y comprensión del funcionamiento de las universidades estatales, aportes de la educación superior pública y sobre la administración del FEES, se llamará a audiencia a los rectores de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. De igual manera, se citará a las Federaciones de Estudiantes y a los vicerrectores o vicerrectoras de Acción Social e Investigación de las cinco universidades y al Programa Estado de la Nación.

Por otra parte, la propuesta presentada por Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana, que pretendía contar con la presencia de un representante de cada una de las universidades para que pudiera servir como asesor técnico ante cualquier consulta de la comisión, se rechazó.

El diputado del Partido Liberación Nacional, Wagner Jiménez, quien preside la comisión, manifestó que la discusión debe realizarse con base en datos serios y tomando en cuenta la institucionalidad y la transparencia de la información y que bajo ninguna circunstancia se pretende una discusión ideológica.

Esta comisión trabajará bajo el expediente N.°21052 y está compuesta por Wagner Jiménez, Yorleny León y Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN); Mario Castillo y Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional (PRN); Patricia Villegas del Partido Integración Nacional (PIN) y Erick Rodríguez, diputado independiente.

 

Andrea Marín Castro

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR: Debatir el presupuesto universitario en un foro político tendrá resultados que responden al poder de turno

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  • Diputados y diputadas buscan injerencia en el manejo de las universidades públicas de Costa Rica

Marcha en defensa de la Automía de la Universidad de Costa Rica en setiembre del 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.

Después de conformar en la Asamblea Legislativa una comisión especial que investigará el uso del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el rector de la Universidad de Costa Rica, el Dr. Henning Jensen Pennington, señaló que la Universidad colaborará en todo, pero advirtió que al tratarse de un control realizado por diputados –quienes responden al poder político del país–, el análisis que hagan necesariamente será guiado por la política y eso implica riesgos.

“Siempre hay un peligro en que una persona no experta evalúe algo que esté fuera de su ámbito de competencia. Yo exhortaría a la Asamblea Legislativa para que los criterios aplicables sean propios de una institución académica y no que sean derivados de una visión política ajena a estas instituciones”, manifestó Jensen.

El FEES para el 2019 se negoció a mediados del año anterior por ¢511 154 millones, un monto 3% mayor al negociado para el 2018. Sin embargo, la Asamblea Legislativa desaprobó lo negociado por la Comisión de Enlace, conformada por los rectores de las cinco universidades públicas de Costa Rica, el ministro de Educación, el ministro de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones, la ministra de Planificación y el viceministro de Hacienda.

El recorte del FEES del 2019 aprobado por los diputados de la República supuso para la UCR una merma en su presupuesto de más de ¢5 300 millones para el presente año, el cual se une a una improbación por parte de la Contraloría General de la República por más de ¢18 100 millones. Estos recortes son a criterio de la autoridad universitaria un socavo de la autonomía institucional, que desde la creación de la UCR en 1949 se había respetado.

La autonomía universitaria se respalda en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica, el cual advierte que la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.

La autonomía universitaria no es un antojo ni es la voluntad unilateral de las instituciones académicas de Costa Rica, es una necesidad cultural, una necesidad imperiosa del desarrollo del conocimiento, que data desde hace más de 200 años.

El rector Jensen afirma que algunas declaraciones de los diputados y diputadas hacen pensar que la evaluación que el Poder Legislativo quiere ejercer sobre las universidades públicas, más que una evaluación académica, quiere ser una de carácter político y presupuestario.

“¿Quién debe entonces decidir sobre los destinos del presupuesto universitario, quién debe decidir sobre las carreras que se ofrecen y las personas que se contratan para formar profesionales? ¿Caerá Costa Rica en la involución y negar siglos de evolución cultural?”, cuestionó de forma vehemente el rector Jensen.

Agregó que estas amenazas a la libertad académica por intereses políticos y religiosos ya no son extrañas en Costa Rica.

“Sería valioso que la academia no esté expuesta a la voluntad, al arbitrio e incluso a la necedad de las clases políticas que quieren asentar su poder sobre el resto de la sociedad e impedir la libertad de pensamiento y el desarrollo de la ciencia y el conocimiento”

Dr. Henning Jensen Pennington

Modificar el FEES

Con la conformación de la comisión legislativa que estudiará el manejo que realizan las universidades públicas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), los diputados aseguran que hay un interés por mejorar de manera sustantiva la educación del país.

Al respecto, la diputada Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional, dijo que como miembro de la comisión tendrá la tarea de analizar y, eventualmente, proponer proyectos de ley o reformas a la legislación vigente que se relacione con la administración del FEES.

Agregó que su trabajo se hará en armonía con el bloque de legalidad que ampara la autonomía universitaria. La comisión se integra por nueve diputados, tres legisladores del PLN (Wagner Jiménez, Yorleny León y Roberto Thompson), dos del PAC (Mario Castillo y Enrique Sánchez), uno del PUSC (Pablo Heriberto Abarca), uno del PIN (Patricia Villegas), uno del PRN (Xiomara Rodríguez) y uno de los partidos minoritarios (Erick Rodríguez).

Este grupo de legisladores tendrá 300 días prorrogables para rendir un informe al Plenario Legislativo con sus recomendaciones y conclusiones.

Sobre esta evaluación, la Universidad de Costa Rica advierte que valorar a una institución académica es un proceso largo y complejo y, por eso, tanto el Estado como las mismas instituciones crean oficinas especializadas para ello. En Costa Rica, esa tarea la ejecuta el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes) y las mismas universidades públicas tienen sus propios centros de evaluación con décadas de experiencia en el campo.

Ejecución ejemplar del presupuesto

La Universidad de Costa Rica aclara que no tiene superávits gigantescos –como lo han externado algunos diputados–, que el proceso de regionalización es mucho mejor que la descentralización que buscan ciertos grupos de presión política y que la Institución reconoce que es imperioso continuar con una mejora de la eficiencia de su esquema salarial.

En la Universidad de Costa Rica, la ejecución del presupuesto institucional ronda el 95%, lo cual es ejemplar en relación con el resto de las instituciones públicas de Costa Rica.

Con respecto a los superávits registrados por la UCR, se aclara que la Institución tiene una diferencia de criterio con la Contraloría General de la República, que señaló que todo superávit debe ser declarado como “libre”. Sin embargo, según la administración universitaria, los recursos del empréstito del Banco Mundial con la Institución no pueden ser declarados como “libres”, pues están claramente comprometidos en proyectos específicos que tienen fecha de ejecución futura.

“Si se aplicara esa misma regla al Gobierno Central en lugar de un déficit fiscal, el país tendría un superávit gigantesco”, explicó el rector.

Por otro lado, en la Asamblea Legislativa se habla de la descentralización de las universidades públicas, esto supondría crear filiales universitarias que implicarían replicar universidades enteras a un costo extraordinariamente mayor. Al respecto, la posición de la Universidad es defender el modelo actual de regionalización.

Con respecto a los pluses salariales, se aclara a la opinión pública que estos responden a un esquema salarial que compensa los bajos salarios base y que no todos los pluses los reciben todas las personas funcionarias. Sin embargo, sí se reconoce que es un tema en el que se está trabajando y que es una tarea que asumió la actual administración. Se aclara, además, que los pluses salariales responden a negociaciones de la convención colectiva y a determinaciones de la propia Asamblea Legislativa, que en distintos momentos ha tomado decisiones por amiguismo o clientelismo, las cuales han aumentado los ingresos de ciertos grupos de profesionales en el sector público y que han repercutido en las remuneraciones que la Universidad debe calcular.

 

Gabriela Mayorga López

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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10.000 millones menos para las Universidades Públicas

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  • Comunicado urgente a la comunidad universitaria

Nunca como ahora han estado tan amenazadas las universidades públicas. Los medios más importantes de comunicación escritos y de la televisión se han ensañado, para desprestigiar a la educación superior pública, bastión importantísimo para el desarrollo y la democracia de nuestro país.

Lea en la siguiente imagen el comunicado de forma completa:

 

Enviado por Enviado por Rafael López, presidente de UNED PRO.

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Recorte al FEES irrespeta el Estado Social de Derecho y la educación pública

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Henning Jensen

La aprobación de una moción por parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para recortar diez mil millones de colones al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Especial (FEES), en el presupuesto del año 2019, irrespeta el estado social de derecho costarricense y es un ataque a la autonomía universitaria, asegurada por el artículo 85 de la Constitución Política, precisamente para proteger a la educación pública de fines políticos particulares.

Ante este panorama, el rector de la UCR señaló el grave error que comete la Asamblea Legislativa, pues el recorte de una parte del presupuesto con el cual las universidades públicas contarían para el próximo año incide negativamente, como daño tangible, en su quehacer ordinario, en sus fines y metas ya prefijadas en el proceso de planificación universitario.

Asimismo, explicó que el artículo 85 de la Constitución Política incluye una regulación especial para el FEES. Este artículo dispone, entre otras cosas, que el Estado mantendrá con las rentas actuales y las que fuesen necesarias, un Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal. Además dispone que las rentas del FEES no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean simultáneamente otras rentas mejores que las sustituyan.

“De esta manera, el artículo 85 de la Constitución Política garantiza de modo efectivo la financiación de las universidades estatales. Por lo que la Asamblea Legislativa no puede desconocer, ni mucho menos violar esta garantía constitucional. La Constitución Política no condiciona el financiamiento universitario -que ella misma define- al gusto o conveniencia política de la Asamblea Legislativa”, manifestó Jensen.

En el pasado mes de julio, los representantes del Gobierno y los rectores de las universidades estatales acordaron que el presupuesto del FEES para el año 2019 sería de ₡511 154 millones y, para la Universidad Técnica Nacional (UTN), un monto de ₡34 868 millones. Estos montos tienen como base el presupuesto asignado en el 2018, que fue de ₡496 279 millones, ajustados por la inflación proyectada para el año 2019.

Aunque al parecer el recorte aplicado mantiene un crecimiento del FEES de 5 mil millones con respecto a 2018, lo cual corresponde a 1%, este monto es inferior a la tasa de inflación, que fue de 2,2% en setiembre de 2018. Con ello queda en total evidencia la violación del precepto constitucional y la disminución del FEES en términos reales.

El rector de la UCR agregó que “así, hoy en día, el propio texto de la Constitución Política, potenciado en su artículo 85, evita que cualquier instancia política mediante cualquier tipo de injerencia pretenda llevar a cabo, directa o indirectamente, violaciones a la autonomía universitaria, desmejorando, disminuyendo o, lo que es peor, aboliendondo las rentas que componen -y deberían componer, por todo lo expuesto- el FEES”.

Igualmente, hizo un llamado a la comunidad universitaria y nacional a mantenerse atentas para evitar cualquier intento de la Asamblea Legislativa de irrespetar el mandato de la Carta Magna.

El texto completo del Dr. Henning Jensen se puede leer en el siguiente enlace

 

Andrea Marín Castro

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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La Universidad Nacional dedicó 77,43 % del FEES a becas estudiantiles

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  • UNA verdad

  • ¢7.901,30 miles de millones de colones

 

En el año 2017 en la Universidad Nacional, el 77, 43 % del presupuesto destinado al financiamiento de becas estudiantiles fue proveniente del FEES, lo cual se traduce en que en promedio el 53 % de sus estudiantes tiene beca y en las sedes regionales este beneficio cubre en promedio al 78 % de su estudiantado.

Por otra parte, 452 de sus estudiantes contaron con el otorgamiento de residencias.

Para más información ingrese a www.transparencia.una.ac.cr

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos aportada por la UNA para SURCOS.

Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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Rector UCR: »Eventual reducción del FEES es un retroceso del modelo de desarrollo del país»

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En la Sesión nº29 de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, siete miembros votaron a favor de la moción presentada por el diputado Jonathan Prendas. (Imagen tomada de la grabación de la sesión / Asamblea Legislativa).

El recorte al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) aprobado en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios el miércoles 17 de octubre, no es aún un recorte definitivo, pues debe primero ser discutido en el Plenario Legislativo en dos debates.

La moción fue presentada por el diputado Jonathan Prendas, del Partido Restauración Nacional (PRN), y pretende recortar este fondo en ₡10 mil millones para trasladarlo a las partidas de amortización de deuda. Esa moción fue aprobada con 7 votos a favor y 3 en contra.

“El FEES es la principal fuente de financiamiento de las universidades estatales, para cumplir con las funciones de docencia, investigación y acción social. La educación superior es un factor de movilidad social, y uno de los principales aportes a la competitividad del país a largo plazo. Reducir el FEES sería dar un paso atrás en la definición del modelo de desarrollo de Costa Rica, y vulnerar el Estado social de derecho en el acceso a la educación superior pública”, afirmó el Dr. Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR).

En sus palabras, la UCR ha venido implementando una serie de medidas para contener el gasto, en línea con las necesidades del país por salvaguardar sus finanzas. Por ejemplo, este año se ahorraron ₡2 029 millones por la reducción de las anualidades al pasar del 5,5% al 3, 75%. Para el 2019, once rubros y nueve medidas adicionales tendrán restricciones presupuestarias que serán gestionadas desde la administración.

El Artículo 85 de la Constitución Política dispone, entre otras cosas, que el Estado mantendrá —con las rentas actuales y las que fuesen necesarias— un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), cuyas rentas “no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”. También indica la Constitución Política, en su Artículo 78, que el gasto público de la educación estatal (incluida la superior) no debe ser inferior al 8% anual del producto interno bruto (PIB).

El monto requerido por las universidades públicas es establecido por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) en un plan nacional quinquenal (PLANES) que incluye los egresos de operación y de inversión. Aunque la Constitución no lo establece, las Universidades y el Gobierno han aceptado que el monto del FEES sea negociado en una Comisión de Enlace. Si, como ha sucedido, no se logra un acuerdo quinquenal, la Comisión ha adoptado acuerdos anuales respecto al monto presupuestario requerido, y el Poder Ejecutivo debe incorporar en el presupuesto ordinario la partida correspondiente al FEES.

“La Constitución Política garantiza de modo efectivo la financiación de las Universidades estatales. La Asamblea Legislativa no puede desconocer, ni mucho menos violar, esta garantía constitucional. El Artículo 85 no confiere facultades al Poder Legislativo para disminuir el monto presupuestario definido por el PLANES o el establecido unánimemente por la Comisión de Enlace, sin diferendo alguno. A la Asamblea Legislativa no le resta más que cumplir con su obligación constitucional de aprobar el presupuesto destinado a la educación superior pública”, comentó el Dr. Luis Baudrit, jefe de la Oficina Jurídica de la UCR.

En julio de este año, la Comisión de Enlace acordó establecer el monto del FEES para el 2019 en ₡511 154 millones y para la UTN un presupuesto de ₡34 868 millones. Estos montos corresponden al presupuesto del año 2018, ajustado por la inflación (estimada en un 3% para el año 2019).

La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios es la encargada de discutir el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019 (Expediente 20 964), cuya votación final debe realizarse antes del sábado 20 de octubre. Para que el proyecto pase a Plenario, el dictamen o los dictámenes deberán ser rendidos antes del 25 de octubre.

 

Caterina Elizondo Lucci

Periodista de Rectoría

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR: ¿En qué se invierte el FEES?

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  • Desglose de la propuesta de la Universidad de Costa Rica para invertir los recursos del Fondo Especial de Educación Superior

04/10/2017, Laboratorio de Ingeniería Química, estudiantes,
Dada la labor de formación, investigación y desarrollo comunal que cumple la UCR, el recurso humano constituye la principal fuente de inversión del presupuesto.

En el año 2018, la Universidad de Costa Rica (UCR) recibió ¢267 405 361 954,01, recursos provenientes del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES).

Con estos fondos, la UCR logra cumplir a cabalidad con sus objetivos en áreas sustantivas como la docencia, la investigación, la acción social y la vida estudiantil.

La labor de la alma mater se centra en la enseñanza y la formación profesional, en la creación artística y académica, así como en la difusión del conocimiento y el apoyo a las comunidades. Por lo tanto, el recurso humano constituye la principal fuente de inversión del presupuesto.

“Esto es así en todas las instituciones de educación pública y en otras que se dedican a la prestación de servicios”, señaló el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración.

En el año 2018, el total del FEES se distribuye en distintos programas. Es así como el 35,7 % se invierte en el área de docencia, un 12 % en investigación y un 14,3 % en desarrollo regional.

 

Presupuesto del Fondo Especial de Educación Superior 2017-2018, por programa
     
Año 2017 2018
Programa FEES Fondos corrientes
Docencia 92 128 282 337,96 95 466 202 109,64
Investigación 31 513 858 602,84 32 315 394 164,83
Acción Social 7 078 101 518,09 6 217 693 538,22
Vida Estudiantil 14 825 666 243,72 17 424 107 992,92
Administración 27 173 131 337,10 25 915 440 863,76
Dirección Superior 40 110 577 581,42 42 697 017 791,95
Desarrollo Regional 37 152 855 655,30 38 229 129 058,71
Inversiones 8 804 728 848,57 9 140 376 433,98
Total FEES 258 787 202 125,00 267 405 361 954,01

 

En el caso específico del régimen becario, la Universidad utiliza un 10 % del presupuesto para este propósito, que se ajusta con recursos del superávit.

El presupuesto del Sistema de Becas y Atención Socieconómica de la UCR es uno de los más altos para becas no reembolsables en toda América Latina.

En el 2013, el presupuesto fue de 11 695 millones de colones, para el 2017 fue de 23 700 millones de colones y para el 2018 fue de 26 500 millones, lo que implica un crecimiento del 300 % desde el 2012.

Alrededor de 21 mil estudiantes de la UCR tienen algún tipo de beca socioeconómica.

En el área de investigación hay 1 731 proyectos y actividades, y en Acción Social hay inscritos 2 481 proyectos en todas las áreas, que se desarrollan a lo largo y ancho del país.

Desde el año 1992, el Consejo Universitario de la UCR estableció, como política de sano equilibrio financiero, una relación de un máximo de 80 % del presupuesto destinado a masa salarial y un mínimo de 20 % a operaciones e inversiones en equipamiento e infraestructura. Actualmente, la UCR opera sobre esa relación de equilibro.

En este sentido, en el año 2017, los recursos del FEES destinados al salario docente fueron de ¢117 767 534 908 (46%) y de ¢64 603 973 125 (25%) para el sector administrativo. En el 2018, el presupuesto para el salario docente es de ¢121 585 167 980 (45%) y de ¢67 052 762 962 (25%) para los administrativos.

Rendición de cuentas

El presupuesto de la UCR es aprobado por la Contraloría General de la República (CGR), y cada seis meses se presenta un informe de ejecución presupuestaria ante el ente contralor.

De igual manera, la institución contrata por año una auditoría externa que realiza un análisis de la situación financiera de la Universidad, el cual se presenta ante la CGR. Asimismo, la Contraloría realiza periódicamente auditorías a la casa de enseñanza.

Además, se cuenta con el sitio web de transparencia de la UCR, donde está la información actualizada sobre la normativa, presupuestos, escalas salariales y más, que es de acceso público para quien desee revisar los datos que allí se muestran.

 

Andrea Marín Castro

Periodista, Oficina de Divulgación e Información.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UNA: Negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)

Escrito en . Publicado en Derechos.

CIRCULAR

UNA-R-CIRC-44-2018

De: Rectoría

Para: Comunidad Universitaria

Fecha: 28 de junio de 2018

Asunto: Negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)

 

Estimados miembros de la Comunidad Universitaria:

Como es bien sabido por todas las personas de la comunidad universitaria, pocos procesos tienen la relevancia y trascendencia a nivel institucional como la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Esta transferencia del Gobierno representa la principal fuente de ingresos para las universidades, dicha transferencia se ve impactada por múltiples variables de orden macroeconómico y fiscal, como lo evidencia la coyuntura actual que refleja un déficit fiscal del 7% y una deuda interna que consume el 55% del presupuesto nacional.

A instancia de la Comisión de Enlace, constituida por Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Planificación y Ministerio de Ciencia y Tecnología, se inicia en el presente mes, la negociación con los Rectores de la Universidades estatales para la construcción colectiva de un acuerdo de financiamiento para la Educación Superior. En este espacio los señores Rectores hemos tenido siempre presente la defensa del principio constitucional que garantiza el presupuesto para la educación costarricense, dentro del cual se asegura el financiamiento para la educación superior.

En principio se reflexiona alrededor de dos diferentes posibilidades, la primera la de negociar un FEES ligado al Producto Interno Bruto (PIB) y la segunda ligada a la inflación, prevalece de manera consensuada negociar un FEES ligado a la inflación, dada la situación fiscal del país. Contar con una negociación que se ajuste a la inflación que proyecta el Banco Central para el año 2019, le permite a la UNA, de acuerdo a los escenarios elaborados, atender en un marco de austeridad y con responsabilidad sus compromisos institucionales.

Dada la condición general del país la Comisión de Enlace ha puesto como fecha límite el viernes 13 de julio del presente año, para la firma del acuerdo de Negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES); de no ser así, le correspondería a la Asamblea Legislativa definir el monto del FEES, con las implicaciones que esto podría tener, particularmente porque la tendencia del Gobierno es que en esta coyuntura de déficit fiscal haya cero crecimiento.

Hacemos un llamado a la Comunidad Universitaria a comprender los esfuerzos que se han hecho en el seno de la Comisión de Enlace en procura de un financiamiento que permita el funcionamiento de las universidades públicas en un contexto fiscal complicado para el país. Además llamamos a toda la comunidad universitaria a mantener un alto nivel cívico de responsabilidad con el país, el desafío de luchar por un proyecto tributario de carácter progresivo, justo y equilibrado, en el mediano y largo plazo, solo así podremos impulsar un verdadero desarrollo sustentable e inclusivo.

 

Cordialmente,

 

Dra. Ana María Hernández Segura

Rectora Adjunta

Dr. Alberto Salom Echeverria

Rector

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de socialismohoy.com

Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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UCR: Gobierno y CONARE firman acuerdo para el FEES 2019

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UCR Gobierno y CONARE firman acuerdo para el FEES 2019
Mesa de negociación del FEES.

Los miembros de la Comisión de Enlace firmaron este viernes 13 de julio el acuerdo de financiamiento de la educación superior universitaria estatal para el 2019. Como representantes del Gobierno de la República firman: Edgar Mora Altamirano, Ministro de Educación Pública, Nogui Ramón Acosta Jaén, Viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Luis Adrián Salazar Solís, Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y por parte de la universidades públicas, Marcelo Prieto Jiménez, Rector de la Universidad Técnica Nacional y Presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Henning Jensen Pennington, Rector de la Universidad de Costa Rica, Julio Calvo Alvarado, Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Alberto Salom Echeverría, Rector de la Universidad Nacional y Luis Guillermo Carpio Malavasi, Rector de la Universidad Estatal a Distancia.

Las partes acordaron establecer el monto del FEES para el 2019 en ¢511.154 millones y para la UTN el presupuesto será de ¢34.868 millones; estos montos corresponden al presupuesto asignado en el año 2018, ajustado por la inflación, estimada en un 3% para el año 2019.

El Ministro de Educación Pública afirmó que: “La educación en Costa Rica es un sistema completo e integral, en el que las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal se constituyen en un instrumento esencial para fomentar la generación de conocimiento, la movilidad y cohesión social, y el enriquecimiento de la identidad cultural del país, con capacidad para promover el desarrollo económico, ambiental y social de cara a los retos y oportunidades del Siglo XXI”.

UCR Gobierno y CONARE firman acuerdo para el FEES 2019b

Marcelo Prieto, Presidente del CONARE, afirmó que: “Al negociar tuvimos en cuenta la situación de la educación en general y de la educación superior en particular. En este acuerdo privó el reconocimiento de la compleja situación fiscal del país, como se evidencia en el hecho de que el presupuesto para el 2019 se mantiene en el mínimo que establece el artículo 85 de la Constitución de la República. Los rectores somos conscientes de la coyuntura fiscal y de los esfuerzos gubernamentales para enfrentar esta realidad. El convenio suscrito garantiza la operación de las universidades sin afectar aspectos sustantivos como las becas y otros beneficios estudiantiles”.

Con este acuerdo se fortalecen los mecanismos de trabajo conjunto, mediante la ejecución de proyectos definidos en una agenda de cooperación. Esta agenda impulsa el fortalecimiento del sistema educativo en preescolar, primaria, secundaria, para: superar las asimetrías del sistema educativo, la formación y capacitación docente, la mejora en la gestión educativa, y el aseguramiento de la calidad y de pertinencia. En particular se busca reforzar la gestión regionalizada de las universidades públicas.

Se incorporan temas como el cambio climático, la promoción de la cultura y la identidad nacional en un marco de derechos; la dinamización de la economía, innovación, emprendimiento, generación de empleos de calidad; el mejoramiento de la gestión pública; la democratización del acceso al arte y la cultura, la salud, el deporte y la recreación; así como la promoción de la investigación, capacitación y acción social comunitaria para la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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