“En la Comisión Legislativa que analiza el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se incurre en afirmaciones hipotéticas o falsas para justificar su intención de quitarle independencia y recursos a las universidades públicas”, se manifestó en una publicación hecha por la Universidad de Costa Rica en su página de Facebook.
Compartimos el video en esta publicación.
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Con estupor somos testigos de una oleada de medidas y descalificaciones orquestadas contra la universidad pública costarricense. La primera embestida ha sido fraguada en contra del FEES a través de la violación a los principios constitucionales que lo reguardan y sus resultados son ya realidad en nuestra institución. El recorte sistemático al presupuesto en el último lustro, contribuyó a una formulación presupuestaria deficitaria para el año 2020, de cerca de 2.500 millones de colones; situación que obligará a hacer más ajustes en áreas sensibles. Ello augura un deterioro aún más significativo de cara al futuro inmediato y, en consecuencia, conllevará una limitación directa al cumplimiento de la misión universitaria.
El segundo golpe arremete contra las convenciones colectivas y los derechos laborales logrados por los trabajadores universitarios. Algunos de estos logros fueron gestados y defendidos desde la creación misma de la UNA. La estrategia se ha enfocado en crear una imagen social distorsionada del funcionario universitario tergiversándolo como un personaje ominoso, cuyo aporte a la sociedad costarricense es casual, simple y mínimo, sumado a lo especialmente caro que le resulta al país por estar cargado de privilegios económicos.
El tercer frente y, desde mi perspectiva, el más peligroso por su carácter perversamente desarticulador de la Educación Superior Costarricense, es el manifiesto interés de algunos diputados de la Asamblea Legislativa de modificar los artículos 84 y 85 de Constitución Política, los cuales resguardan la autonomía universitaria y que desde 1949, aseguran que la educación universitaria se constituya en un bien público social y no en un servicio público más. Dichos artículos garantizan el compromiso financiero del Estado costarricense con la educación, concebida como un medio de desarrollo social, cultural y económico y un vehículo de movilidad social en una sociedad democrática como la nuestra, que apostó por la educación como un derecho humano insoslayable.
Los principales actores de tan feroz ofensiva no ocultan sus rostros ni mucho menos sus pretensiones. Se aglutinan alrededor de la Asamblea Legislativa y de otras instituciones con componendas más o menos evidentes con el gobierno central: se trata de las cámaras empresariales, de la gran mayoría de medios de comunicación, de los grupos asociados al capital nacional y transnacional aunados a una opinión pública profundamente mediatizada que, posiblemente por primera vez en la historia, rebaja el papel cultural y dinamizador de la universidad en su misión y acción a órgano detentador de prebendas. Estos actores han venido orquestado una campaña sistemática que busca la privatización de las instituciones públicas y también eliminar el presupuesto constitucionalmente establecido de las universidades estatales. Con ello se consolida el más duro golpe al estado social de derecho y a la democracia costarricense.
Creo decididamente que para enfrentar estos planes destructivos que afectan a nuestra sociedad como un todo y a la universidad pública en particular, debemos unirnos como comunidad universitaria que somos. Debemos reconocernos como un solo colectivo para luchar contra la desarticulación de la educación superior. Este unirnos bajo un solo objetivo es el reto más grande y urgente. No debemos caer en la trampa de prácticas políticas nacionales partidistas ejercidas fuera o dentro de la universidad para profundizar aún más la ya seria polarización social. Son discursos y prácticas que dividen, que excluyen y que nos roban la ilusión de un futuro más floreciente, de mayor justicia y madurez democrática. Órganos superiores, autoridades electas y aspirantes, funcionarios sindicalizados al SITUN y la Anepuna, funcionarios no sindicalizados, personal académico y administrativo, FEUNA, estudiantado becado y no becado, colectivos universitarios, todos somos la Universidad Nacional. Todas y todos debemos elevar UNA voz, porque hay UNA lucha inminente y esa es la de la defensa de la Universidad Pública Costarricense.
La estrategia a seguir no puede –ni debe– reposar exclusivamente en las autoridades actuales, en el Rector y su Consejo de Rectoría. Allí, lamentablemente para nuestra universidad, el poder de convocatoria ha demostrado ser insuficiente.
Es tiempo de que el tejido universitario fundamental compuesto por las unidades académicas vibre de otra vez. Que la academia como un todo se empodere, convoque al diálogo y articule esfuerzos nuevos, sin dejar de lado la posibilidad de la lucha en las calles. Son las sedes y las unidades académicas, articuladas desde los decanatos, con el apoyo y participación conjunta de las instancias administrativas, quienes conforman la red neurálgica del funcionamiento académico. Ellas son el lugar donde la universidad adquiere sentido para nuestra sociedad, para nuestro pueblo, para nuestro estudiantado. Es desde allí, en las asambleas, los consejos académicos, en las reuniones, en los pasillos y, sobre todo, en las aulas, con nuestros jóvenes, donde debemos recuperar el diálogo y establecer las estrategias de la defensa de la U pública. No tengo duda de que en esta cruzada las organizaciones gremiales universitarias comprenden su papel histórico y que reconocen la importancia de hacer nuevas lecturas sociales y actuar consecuentemente.
Es claro que estos son tiempos complejos que exigen nuestro mayor compromiso y responsabilidad que asegure heredar una universidad pública mucho más fortalecida y legítima, que la que a cada uno de nosotros nos tocó en diferentes momentos de la historia institucional. Llamo, sobretodo, a recuperar su memoria, a reconocer sus principios fundacionales, los aportes sociales logrados en casi cinco décadas, pero también llamo a reflexionar y a actuar sobre las deudas pendientes y los nuevos retos, donde la sostenibilidad financiera asoma preponderantemente. Sólo así podremos defendernos, con todo ahínco, del ataque neoliberal contra la educación superior pública y como Universidad Nacional construir un futuro con sentido y pertinencia social.
Respetuosamente,
Med. Francisco González Alvarado
Académico
División de Educología-Escuela de Historia
Exvicerrector Académico 2010-2015
204510487
Imagen ilustrativa de rector de la UNA en firma de acuerdo del FEES con Gobierno.
Enviado a SURCOS por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
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El pasado jueves 18 de julio de 2019 se firmó el acuerdo de financiamiento de la educación superior universitaria estatal para el año 2020 por parte de los miembros de la Comisión de Enlace.
Conforme a lo estipulado en el artículo 85 de la Constitución Política de Costa Rica, el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior en el 2020 será de ¢512.781,51 millones y para la Universidad Técnica Nacional UTN el presupuesto será de ¢35.677,88 millones; montos que corresponden al presupuesto asignado en el año 2019, tomando en consideración la inflación interanual a mayo 2019, que alcanza el 2,32%.
Acceder al acuerdo completo en el siguiente enlace:
http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/10715
Imagen ilustrativa.
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Sea parte de SURCOS:
El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), reafirmó que las Universidades Públicas siempre han estado apegadas a las diferentes normativas nacionales, sometidas a la fiscalización y aprobación de los presupuestos por parte de las entidades correspondientes.
El CONARE y las Universidades Públicas desde el año 2015 iniciaron un estudio actuarial, con proyecciones al año 2050, justamente con el objetivo de analizar y tomar medidas sobre sus ingresos y egresos. Esta acción fue iniciada incluso antes de que el Gobierno anunciara que el país se encontraba inmerso en una crisis fiscal, reafirmando el compromiso con la mejora constante y el autoanálisis que realizan las universidades estatales.
Los estudios actuariales han sido la base con la cual las Universidades han planificado una serie de mejoras en su accionar financiero. Algunas de las acciones son: disminución de incentivos, reajuste salarial no mayor a la inflación, restricción de creación de plazas administrativas, la revisión del tope de auxilio de la cesantía y la incorporación de directrices de eficacia y eficiencia para la sostenibilidad financiera, delineando procesos de austeridad dentro de las instituciones.
Por otro lado, ante la afirmación de que el FEES se financia con deuda, es importante aclarar que la decisión de qué financiar con deuda y qué no, es un argumento técnico o político exclusivo del Ministerio de Hacienda. Muestra de lo anterior es el hecho de que la Contraloría General de la República aceptó que los recursos del FEES se podrían asignar presupuestariamente con ingresos ordinarios, sin que eso afecte la deuda total del país. Ejemplo de esto, se tiene que del 2006 al 2011 el Presupuesto Nacional estuvo financiado entre un 30% y un 45% con deuda y el FEES se financió en un100% con ingresos corrientes.
Otro de los temas abordados en la Comisión Especial fue el tema de los superávits, al respecto Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica y presidente de CONARE considera que existe un diferendo entre lo que la Contraloría clasifica como superávit libre, que es básicamente lo que no se ha ejecutado en un año, y los compromisos reales de inversión asumidos por las universidades y que se ejecutan en períodos mayores a un año.
“La Contralora y la Ministra de Hacienda han insistido en que los recursos de los superávits libres de las universidades sean transferidos como parte del presupuesto del FEES. Eso no es posible porque llevaría a incumplir con los compromisos contractuales de obras de infraestructura o adquisición de equipo que están en proceso”, afirmó Jensen.
Por su parte, Marcelo Prieto afirmó que ese diferendo hace que se cree una imagen falsa de que las universidades no ejecutan sus presupuestos, pero en la realidad los presupuestos libres son muy pequeños porque las Universidades tienen una alta ejecución presupuestaria. “Nosotros estaríamos de acuerdo con que el Gobierno recoja todos los superávits libres de todas las instituciones públicas, pero de todas, no solo de las universidades, una vez que se aclare y defina bien qué es o qué no es superávit libre y que es superávit comprometido”, concluyó Prieto.
Tras la propuesta de CONARE, la Comisión Legislativa que estudia el FEES concluyó que se trabajará en una revisión para definir de manera efectiva qué es o no un superávit libre, uno comprometido y uno específico.
Además, CONARE enfatizó que los procesos de planificación que realizan las universidades estatales en cumplimiento del artículo 85 de la Constitución Política, con base en el Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES) incluye los objetivos y estrategias, así como las metas que se aspiran alcanzar en el quinquenio y cuyocumplimiento se evalúa con 114 indicadores.
https://www.facebook.com/salom.alberto/
Enviado por Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Sea parte de SURCOS:
Con el propósito de informar a las diputadas y los diputados sobre el quehacer de la Universidad de Costa Rica (UCR) y sus aportes a la sociedad costarricense, miembros del Consejo Universitario iniciaron, el pasado 28 de febrero, una serie de reuniones en la Asamblea Legislativa.
La dirección de este Órgano Colegiado ha solicitado las respectivas audiencias y para el mes de marzo ya hay programados 12 encuentros.
Según explicó la Dra. Teresita Cordero Cordero, directora de este Órgano, el objetivo principal es conversar, de manera individual, con cada uno de los legisladores sobre el trabajo tan importante que realiza la Universidad de Costa Rica y, al mismo tiempo, aclarar las dudas que puedan tener sobre la Institución.
Agregó que en cada reunión entregan información impresa sobre cómo se invierte el Fondo Especial para Educación Superior Pública (FEES), cómo se utiliza el superávit en la UCR, la inversión en infraestructura en Sedes y Recintos, el crecimiento de la inversión en becas, las medidas de reducción del gasto que ha tomado la Universidad, y la distribución salarial en la Institución, entre otros temas.
Señaló que estos espacios les han permitido aclarar aspectos relacionados con esos temas, y con el análisis que realiza el Consejo Universitario para emitir el criterio institucional sobre los proyectos de ley que la Asamblea Legislativa le consulta a la UCR.
Información generada desde el Consejo Universitario de la UCR.
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