Una de las misiones fundacionales de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional es la validación permanente del derecho constitucional a la libre manifestación. Es, además, un deber ciudadano expresar el malestar social, las inquietudes y demandas de las personas estudiantes y de la sociedad en su conjunto.
Como representantes de una comunidad universitaria con fundamento humanista, no respaldamos ningún acto que atente contra la integridad física de las personas, dentro o fuera de la comunidad estudiantil. En consonancia, rechazamos categóricamente cualquier acusación infundada que intente etiquetar al movimiento estudiantil (ME) como violento o promotor de posiciones ajenas a los derechos humanos, acusaciones que solo intentan desviar la atención de la opinión pública de los verdaderos problemas que afronta el sector educación y de la naturaleza legítima de nuestras acciones y objetivos como estudiantes, comprometidas y comprometidos con el progreso y el bienestar social.
Una cosa es real. Un Gobierno que dice tener apertura al diálogo, pero en la práctica no se ha evidenciado, que impide el libre acceso de la prensa a instituciones públicas, que sus personeros no ofrecen declaraciones en vivo de un proceso transparente como la negociación del presupuesto universitario y que busca la polarización; se expone a que la ciudadanía busque manifestar su descontento a través de distintos medios, entre ellos la protesta. La emergencia que presenta la educación pública costarricense y que venimos denunciando sistemáticamente, merecerá toda nuestra atención hasta que se atienda como corresponde.
Hacemos un llamado urgente al diálogo constructivo como vía indispensable para resolver diferencias y avanzar hacia soluciones que beneficien a todo el sector educación. Esto significa, entre otras cosas, que la ministra de Educación Anna Katharina Müller respete la autonomía del Movimiento Estudiantil, propicie el sano entendimiento y defienda como corresponde el presupuesto de la cartera que lidera. Seguiremos alzando la voz por un presupuesto para la educación pública que sea justo, digno y constitucional.
Reiteramos: creemos firmemente en la importancia de un diálogo franco y abierto, donde todas las partes involucradas puedan expresar sus puntos de vista de manera constructiva y trabajar juntas hacia el beneficio común de la educación costarricense. La actual ministra como hemos denunciado no ha sido capaz de resolver la crisis y debe hacerse a un lado, como lo hemos solicitado la FEUNA, la Asamblea Legislativa con su voto de censura y diversos actores sociales del país.
¡Violencia es recortar becas, servicios de alimentación y transporte y no atender la emergencia que vive la educación y como consecuencia la niñez, adolescencia y juventud de nuestro país!
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
En un video publicado por la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, (FEUNA), Tribunal Estudiantil de la Universidad Nacional (TEEUNA) y Consejo de Asociaciones Estudiantiles (CAEUNA) se explica..
Les invitamos a ver el video donde te contamos cómo se negocia el FEES, el resultado de las últimas negociaciones y los indicadores establecidos por el Gobierno a las universidades públicas. Se invita a ver el video completo en el siguiente enlace: https://www.instagram.com/reel/C8s6BaUukY7/?igsh=YzRkbTV0c3o4NDcz
La Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades públicas son parte de un mismo sistema social. Fueron y son consustanciales en la construcción de Estados orientados a mejorar la calidad de vida mediante la inversión social pública. La mejora en la calidad de vida de una sociedad requiere alta inversión en educación y en salud. La historia de Costa Rica demuestra que la fundación de la Universidad de Costa Rica y de la Caja fueron pasos fundamentales para asegurar que la sociedad costarricense diera un giro radical hacia la mejora de la calidad de vida en general, lo cual se manifiesta en indicadores como la esperanza de vida al nacer que pasó de los 46,9 años en 1942 a 78,31 para los hombres y de 83,46 años para las mujeres, según datos del INEC de 2022 (ver Costa Rica en cifras). Pero ahora mismo, lo que estamos perdiendo es la virtud de que una familia pudiera pasar en tan solo 3 generaciones de personas analfabetas, a personas con primaria y luego a personas con título universitario.
Otro tanto hay que decir del papel indispensable de la educación en todos sus niveles y la salud para elevar el nivel de calificación de la fuerza de trabajo. Por esa inversión social nuestro país tiene un mercado laboral atractivo para la inversión externa directa, y también para la inversión de capital nacional. Este es un gran asunto por discutir que resumido en una pregunta es: ¿qué pasaría si a las empresas que vienen y contratan a las personas con buena salud y elevada calificación universitaria, les decimos que deben pagar al menos una parte de lo invertido en cada una de esas personas desde que nació hasta el día que la contrataron? ¿Cuánto deberían pagar? Es ahí cuando vemos que toda la inversión social en educación, salud, vivienda, la recreación social, inversiones para atender especialmente a las personas mayores y más pobres en general, fueron indispensables para contar con una fuerza de trabajo/personas trabajadoras saludables y capacitadas.
Otro elemento que une absolutamente la Caja con el sistema de universidades públicas es el grado y autonomía que constitucionalmente les fue otorgado para cumplir eficientemente y a cabalidad sus misiones. Ambas entidades fueron dotadas de una autonomía especial que les permite autogobernarse y definir autónomamente cuáles son las necesidades en las cuales debe invertir los recursos que reciben de la sociedad costarricense por medio del Gobierno. Cuando se debilita la autonomía de la Caja por cualquier vía sucede exactamente la misma agresión que cuando se trata de debilitar la autonomía de las universidades públicas. Las destituciones ilegales de la presidencia ejecutiva de la Caja y de sus directivo.as, son tan graves como recortar, sin justificaciones válidas, el presupuesto de la educación.
La defensa de la salud y de la educación, en este caso de la Caja y de las universidades públicas, son tareas que van en paralelo. Si se trata de mantener y fortalecer sociedades algo o más justas y equitativas, tal y como está establecido en los principios de la Caja y en los Estatutos orgánicos de las universidades públicas, es indispensable mancomunar esfuerzos para hacer cumplir la autonomía especial de rango constitucional que ambas instituciones tienen.
Cuando las universidades públicas nos sumamos a la defensa de la Caja, de su financiamiento y de su autonomía, estamos haciendo en paralelo defensa de esos mismos principios para la educación pública. Ambas son indispensables para hacer cumplir garantías sociales que deben ser recuperadas, reforzadas y aseguradas. En la sociedad costarricense no se puede entender un buen sistema de salud pública sin un buen sistema educativo público. No podríamos comprender la relevancia y aporte crucial de la Caja Costarricense del Seguro Social en la mejora de la calidad de vida de la sociedad costarricense, sin comprender el aporte de la Universidad de Costa Rica, y del sistema público de universidades en la formación de las personas especialistas en todos los campos que requiere el sistema de salud.
Es el sistema de educación público en el que se han formado la mayor parte de las personas que hoy son trabajadoras de la salud en todos los campos. Esto incluye al personal que puede realizar una operación del más alto grado de especialización, pero también el que atiende laboratorios, farmacias, servicios de enfermería, comedores hospitalarios, servicios de limpieza, etc, pues todos, absolutamente todos, los servicios de salud requieren diferentes niveles de formación académica. En una visión integral de salud, todos los servicios devienen en esenciales, fundamentales y complementarios a la hora de garantizar una atención integral de salud. La historia de la salud en Costa Rica es en gran parte la historia de la Caja Costarricense del Seguro Social y en paralelo es la misma historia de la universidad pública. Se trata de un mismo sistema de inversión social, que es el que permitió que la sociedad costarricense se construyera con niveles de vida altos y aceptables, pero ahora en caída.
En el “Pronunciamiento del Instituto Tecnológico de Costa Rica con respecto al informe FEES aprobado por la Asamblea Legislativa” (ITCR, 2021, primera edición), respondimos innumerables acusaciones infundadas de parlamentario.as del cuatrienio anterior. Reseñamos que en la última Agenda de Cooperación entre gobierno y universidades públicas, se incluyeron “18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos. El presupuesto que financia todos estos proyectos de la Agenda de Cooperación proviene de los Fondos del Sistema del FEES y de aportes de las universidades estatales. La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República” (ITCR 2021.169).
Otro dato que debe destacarse es que para contribuir con la emergencia por la COVID-19, las universidades cedieron ¢13.000 millones del FEES (de su presupuesto en caja). “Además, trasladaron ¢6.000 millones para fortalecer al sistema de becas, precisamente para asegurar que estudiantes de menores ingresos tuvieran la oportunidad de mantenerse en las aulas”. Adicionalmente, del presupuesto 2020 se financiaron diecisiete proyectos de investigación para atender la pandemia del COVID-19 (ITCR 2021. 28 y 105).
Hoy, el modelo estatal neoliberal está orientado a borrar la inversión social y la convirtió en un simple “gasto” aduciendo que cualquier inversión social es imposible porque el Estado es financieramente deficitario. Desde hace década transitamos de la inversión social al gasto y luego al déficit. Ese desfinanciamiento de la CCSS, de la educación, y en general de la inversión pública, se da mientras el Ministerio de Hacienda (2023) -sólo porque es obligado- da a conocer la “Lista de contribuyentes clasificados como grandes contribuyentes nacionales que declaran el impuesto sobre la renta (utilidades) con “pérdida” o “cero ganancias” actualizado al 30/06/2023”, según el cual en el año 2022 205 empresas se declararon con “pérdida” o “cero ganancias”. Ante esa propuesta no queda más que sumar esfuerzos entre las instituciones estatales asociadas con la existencia del Estado social costarricense, como la Caja y el sistema educativo público, para hacer que se cumpla lo que la Constitución y otras leyes dicen sobre el presupuesto para inversión social.
En las últimas décadas los gobiernos de Costa Rica han deambulado en materia de inversión social, haciendo inversiones focalizadas pero no invirtiendo con visión estratégica en los servicios de salud. Eso es lo contrario de lo que debería hacerse siguiendo, por ejemplo, las recomendaciones de entidades como la Comisión económica para América Latina (CEPAL), que en su estudio “Panorama Social de América Latina” (2021) hizo un llamado claro y directo a fortalecer los sistemas de salud en todos los países. Entre otras notas clave de la CEPAL, destacan que “Los sistemas de salud son fundamentales para el bienestar y la salud de las poblaciones”, y que “la salud es la parte más importante para el desarrollo de las capacidades humanas, por lo que se ha sostenido que explicaría de forma robusta las distintas sendas de desarrollo económico”.
En resumen, debemos repetir que contrario a lo que pide la CEPAL, los gobiernos provocan que cada día más personas se vean privadas de acceso a sistemas de salud eficientes, integrales y reciban atención verdaderamente humanizada, precisamente porque están cayendo las inversiones y se está ensanchando el campo de acción de la enfermedad como negocio privado.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Ese día estrenaban camisetas. En su hombro derecho lucia estampado con grandes letras blancas su nombre: Maritza. Su apellido: Matarrita. Me dice que antes de entrar al proyecto de producción de ostras pensaba dedicarse a otra actividad de la pesca artesanal, pero terminó involucrándose desde el principio en la ostricultura, una de las acciones productivas acompañadas por la siempre necesaria Universidad Nacional.
Es un medio lluvioso y cálido. A un lado del local destinado para la preparación y producción de ostras, conversamos con Maritza sobre su trabajo. “Trabajamos de 7 de la mañana a 4 de la tarde, pero a veces debemos quedarnos más tiempo. Tenemos que limpiar todo el lugar y los instrumentos que utilizamos para la manipulación de las ostras. Luego llego a mi casa a seguir trabajando: limpiar, cocinar, hacer el oficio”.
Bajo una lluvia pertinaz es casi medio día en Isla Venado, una de las Islas del Golfo de Nicoya donde la Universidad Nacional acompaña procesos productivos, económicos, ambientales, turísticos y le brinda a las mujeres y hombres herramientas para fortalecer sus capacidades. Lo hace desde su mandato claro como Universidad pública costarricense, pero además lo realiza como la Universidad Necesaria, líder en la extensión social en Costa Rica.
Precisamente acompañamos hace poco una gira académica de trabajo por dos días, organizada por la Vicerrectoría de Extensión de la UNA, en la que conocimos los distintos proyectos que atienden las necesidades de estas comunidades costeras.
Conversacion con Maritza Matarrita, mujer productora de ostras en Isla Venado. Fotografía producida por Ericka Vásquez, Decana del CIDE (UNA).
De hablar fuerte y con convicción, doña Maritza es una de las mujeres incluidas en acciones puntuales desarrolladas por el proyecto “Cuerpo: emoción, palabra, voz y movimiento”, desarrollado por la Escuela de Psicología, el Instituto de Estudios Sociales en Población y la Escuela de Danza, de la Universidad Nacional.
Pensada como acción para estimular la creatividad, contribuye al mismo tiempo a generar mecanismos de autocuidado en las personas, como doña Maritza: “una necesita relajarse de tanto trabajo y estrés – me dice- todavía tengo la bolita que Sofia y Natalia (académicas del proyecto) nos dejaron para hacer ejercicios de relajación; me han servido mucho”.
Mientras dice estas últimas palabras, la lluvia arrecia. Con sus compañeras del grupo han preparado una pequeña degustación de ostras para las personas participantes de la gira. Me pregunta si voy a probar y deja ir una sonrisa de satisfacción, la misma que seguramente la acompaña cuando ve el fruto de su trabajo cotidiano y el de sus compañeras.
Durante los dos días de visita a los distintos proyectos en Isla Venado, constatamos la cuantía de la Universidad Pública en estas comunidades. Abstraídos del furibundo ataque mediático y político a lo que hacemos pero sobre todo a lo que representamos para estas poblaciones, pudimos comprobar una vez más que como universidad vamos por el camino correcto y que las personas de estas zonas esperarán siempre la llegada de proyectos de investigación, extensión y docencia con los cuales fortalecerse para la vida. Por eso con igual pasión debemos defender el presupuesto constitucional asignado para nuestro quehacer.
El valor de estas acciones no es estrictamente económico, aunque sí urgente. Su verdadero aporte está en dejarle condiciones a Doña Maritza para que un buen día pueda reducir su doble jornada laboral y sentarse al fin a pensar en sí misma, sus sueños, sus esperanzas.
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica.
Por Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica
El acuerdo resguarda la autonomía universitaria. A futuro, el reto como universidad es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de Conare
En el Acta 160 de la Constituyente de 1949, intervino el diputado Rodrigo Facio Brenes indicando lo siguiente:
“Pues bien, en el momento de proyectarse el presupuesto nacional, ¿cómo suceden las cosas? Muy sencillo: cada ministro trata de atraer hacia su ministerio y a las oficinas dependientes del mismo, la mayor suma de caudales públicos posible. Cada ministro es el abogado de su ministerio y de sus dependencias”.
“(…) Solo la Universidad, señores diputados, solo la Universidad, ni tiene abogado ante el Fisco, ni produce por sí misma lo necesario para subsistir y progresar”.
“(…) Llegamos a la conclusión de que sólo un abogado puede haber para la Universidad; el propio texto de la Constitución”.
En esta tarde, me dirijo a ustedes al final de un proceso de negociación del FEES histórico, en un contexto desconocido hasta ahora para las universidades públicas y la comunidad nacional. El martes pasado, cerca de la media noche, en la décima sesión de la comisión de enlace y después de 10 horas de trabajo, llegamos a un acuerdo para el financiamiento del año 2024.
Sin embargo, este proceso fue más que una discusión fiscal y presupuestaria. A lo largo de estas semanas y de las 10 sesiones de la comisión de enlace, se colocó en la agenda nacional un debate mucho más amplio sobre la educación pública, la autonomía universitaria, la democracia y el Estado social de derecho que estamos llamados a defender desde la Universidad de Costa Rica.
En esa coyuntura, nos enfrentamos a un relato construido, según el cual las y los funcionarios públicos éramos la causa principal de una crisis presupuestaria, que se pretendió resolver con políticas profundamente severas en materia de austeridad, que iniciaron en el Gobierno anterior.
Teníamos entonces una avanzada de políticas que debilitaban el Estado, por un lado, y un funcionariado universitario golpeado, por el otro. Querían condenarnos a ver, desde la esquina del tablero político, el desmantelamiento del diseño constitucional de nuestro Estado.
Y entonces nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República.
En ese sentido, nos dispusimos a realizar ajustes a nuestra estrategia y a apoyarnos en la inteligencia, la capacidad de análisis, la organización y la movilización que caracteriza a nuestra institución.
Este extraordinario esfuerzo de la UCR, sumado al trabajo de las demás universidades, nos permitió alcanzar un acuerdo que revierte la tendencia de debilitar el financiamiento de la educación superior pública mediante la pérdida del valor real del FEES.
Concretamente, sobre el acuerdo es posible enumerar los siguientes logros:
1. La primera propuesta del Ejecutivo no solo tenía un monto menor a la inflación estimada, sino que venía con un acuerdo que pretendía lesionar seriamente la autonomía universitaria.
Las pretensiones del Gobierno incluían desplazar los mecanismos constitucionales de financiamiento, organización, planificación y rendición de cuentas de las universidades en favor de los que determinara arbitrariamente el Ejecutivo. Incluso pretendían exigirnos aumentar matrículas e imponer una serie de investigaciones al antojo del Gobierno.
Ante este panorama, CONARE presentó una contrapropuesta que fue acogida prácticamente en su totalidad, asegurando que la autonomía universitaria permanezca intacta.
2. Se logró detener el decrecimiento del FEES en términos de valor real, proceso que se venía dando desde el anterior Gobierno con sus políticas fiscales y que se acentuó con el actual Ejecutivo.
3. Conseguimos un incremento que duplica la oferta inicial del Gobierno y se ajusta al promedio de inflación estimada por el Banco Central.
4. Incorporamos una salvaguarda de inflación novedosa, que obliga al Ejecutivo a un ajuste si la inflación supera lo estimado, no solo a la base del FEES, sino que en tal caso deberá presentar un presupuesto extraordinario para reconocer ese monto. Lograr esta novedad, en el contexto político actual, es algo digno de reconocer. Además, esta medida permite algo de suma importancia que fue discutido con el ministro de Hacienda, y está relacionado con la aplicación del artículo 85 de la Constitución Política. Cuando hablamos de un FEES que no decrece, no hablamos de términos nominales, hablamos de un valor real del FEES, traído a valor presente como dicta la Constitución. La salvaguarda incorporada en este acuerdo nos permitirá avanzar en esa línea.
5. Finalmente, logramos explicitar en el documento del acuerdo nuestro desacuerdo por el 1% pendiente, lo cual nos faculta para solicitar en la Asamblea Legislativa el reconocimiento de ese monto.
«Nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República».
Como les mencionaba al inicio, este largo proceso significa mucho más que números. El proceso de lucha del FEES logró fortalecer la articulación que impulsa la administración con los movimientos sociales que buscan la defensa de la democracia y el fortalecimiento del Estado social de derecho. Que no les quepa duda de que seguiremos acompañando las manifestaciones en defensa del agro, la educación, la caja y la libertad de prensa, entre otros.
Nos parece indispensable la articulación de múltiples sectores para exigir el cumplimiento del artículo 78 de la Constitución y garantizar un financiamiento para la educación con el 8% del producto interno bruto. La crisis educativa actual exige ponernos metas ambiciosas como esta, que permitan a nuestra sociedad acceder a una educación de calidad y excelencia.
Este ciclo nos ha dejado una serie de aprendizajes que nos permitirán afinar y optimizar las estrategias para futuras negociaciones. Hemos construido mecanismos y dinámicas de trabajo que contribuirán a fortalecer el sistema universitario como un todo. Esto nos faculta para asumir en mejores condiciones la presidencia de CONARE, que estará a cargo de la UCR a partir del 1 de enero de 2024.
Los aportes brindados por el Informe de la Facultad de Derecho, construido a partir de los insumos de docentes constitucionalistas, nos permiten comprender con mayor amplitud los alcances de los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución, y así tener un panorama más claro sobre los escenarios en la Comisión de Enlace y la Asamblea Legislativa.
Otro logro al margen del acuerdo, pero no menos importante, es que CONARE, y en particular la UCR, hemos demostrado que no es necesario ser complacientes con el Gobierno para lograr causas que son justas. Precisamente por eso el éxito del FEES es tan significativo, porque la justicia, la razón y la Constitución no pueden ser sometidas al cálculo politiquero y así lo demostramos. Así lo demostró la Universidad y así lo demostró la ciudadanía. Ese hilo democrático del que les hablo y que nos acompaña hace más de dos siglos está ahí, sigue vivo, y no vamos a renunciar a ese legado.
Tenemos un reto como institución que no es parte del acuerdo, y es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de CONARE y donde estamos muy bien representados por don Gabriel Macaya, Karen Marín y Pedro Méndez.
Finalmente, quiero agregar que en la coyuntura regional, en medio del amedrentamiento y la eliminación de universidades centroamericanas por parte de gobiernos totalitarios, las universidades públicas están llamadas a dar la batalla cultural en contra de los fenómenos autocráticos latinoamericanos y de regímenes totalitarios como el de Nicaragua.
Quiero agradecer al equipo negociador, a los equipos técnicos, a las oficinas administrativas vinculadas a este proceso, a las profesoras y los profesores constitucionalistas de nuestra Facultad de Derecho, liderados por la Dra. Marcela Moreno, al Consejo Académico de Áreas, a nuestros profesionales en comunicación, a CONARE, a las fracciones legislativas que nos apoyaron abiertamente y, por supuesto, a toda la comunidad universitaria que se sumó a esta causa. Cada reunión, cada informe técnico, cada marcha, cada foro y participación de ustedes en el debate público fueron fundamentales para alcanzar los logros que hoy celebramos.
Agradezco especialmente a la compañera Karen Marín, presidenta de la FEUCR, que nos acompañó con la autonomía, alegría, entereza, seriedad, y no menos importante, el trabajo ad honorem que ha caracterizado al movimiento estudiantil durante décadas, un actor político fundamental no solo para esta Universidad, sino para este país.
Este proceso ha mejorado nuestro estado de ánimo, el orgullo de sentir que somos parte de la institución mejor valorada del país, de que vamos a cumplir el rol constitucional que nos asignaron las y los gigantes que forjaron nuestra Constitución y nuestra preciada Patria. ¡Que se eleve al máximo el orgullo de ser parte de la Universidad de Costa Rica!
Gustavo Gutiérrez Espeleta Rector de la Universidad de Costa Rica
Mesa de negocación de la comisión de enlace, este 22 de agosto del 2023, en el Consejo Nacional de Rectores.
Financiamiento de la educación superior pública tendrá un aumento del 2 % para el 2024
Las autoridades universitarias y la representación estudiantil logran la defensa de la Autonomía Universitaria y evitan interferencia del Ejecutivo en la gestión y planificación universitaria
En la décima sesión de la Comisión de Enlace, realizada este 22 de agosto, las autoridades universitarias y la representación estudiantil lograron un acuerdo de aumento para el Fondo Especial de Educación Superior (FEES) de un 2 %, más un ajuste automático si la inflación supera ese porcentaje. Además, se modificaron las propuestas del Ejecutivo que le permitían intervenir en la gestión y planificación universitaria.
El acuerdo que fue calificado por ambas partes como exitoso, logró evitar que la discusión terminara en el seno de la Asamblea Legislativa, un escenario que se vislumbró como posible, hecho que hubiera marcado un hito histórico. Sin embargo, el acuerdo llegó antes.
En una sesión maratónica de casi ocho horas, las partes lograron un acuerdo este 22 de agosto, uno en el que las universidades lograron duplicar la oferta inicial dada por el Ejecutivo y adicionalmente se acordó un aumento automático del monto, en caso de que la inflación a junio del próximo año supere ese porcentaje.
Adicionalmente las y el representante de Gobierno en la comisión de enlace permitieron todas las modificaciones al texto del acuerdo que comprometían la Autonomía Universitaria.
En un documento anterior, enviado por el Ejecutivo se condicionaba el financiamiento a las universidades a un listado de requisitos que fueron considerados por las autoridades de Conare como inaceptables.
El documento pretendía:
– Imponer que el mecanismo oficial de rendición de cuentas de las universidades hacia la ciudadanía sean solo los treinta indicadores, en los cuales tiene interés el Ejecutivo y orientar el presupuesto únicamente a esos indicadores. Lo anterior sería desconocer la herramienta de planificación universitaria (PLANES) que incluye más de 100 indicadores vinculados con el desarrollo sostenible y que sobrepasan la visión de corto plazo de un gobierno.
– Obligar a las universidades a diversificar sus fuentes de ingreso, incluido el incremento en el monto de la matrícula. Lo cual, es un paso inequívoco hacia modelos muy distintos de educación pública que tienden a su privatización.
– Desarrollar proyectos de investigación que respondan a criterios políticos. Lo que atenta contra el desarrollo de las ciencias en todos sus campos, especialmente en áreas como las artes y la cultura.
Así lo explicaron las representaciones estudiantiles de las cinco universidades públicas que se manifestaron la tarde del 22 de agosto para solicitar a la rectora y rectores de las Universidades Públicas no firmar el acuerdo del FEES bajo esas condiciones.
Miembros de la Comisión de Enlace previo a conferencia de prensa ofrecida en la noche de este 22 de agosto.
Sólida postura de Conare: Es 8 %
La rectora del Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada Sánchez; y los rectores Gustavo Gutiérrez Espeleta de la Universidad de Costa Rica (UCR); Francisco González Alvarado de la Universidad Nacional (UNA); Emmanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED); mantuvieron durante todo el proceso de negociación una postura unificada.
Con este acuerdo se cierra un proceso arduo que demostró a un Consejo Nacional de Rectores unido y firme en la defensa de la educación pública en todos sus niveles.
Las luchas de Conare incluyen el reciente archivo del proyecto de ley 23 380, con el cual la actual administración pretendió modificar las bases constitucionales del modelo de financiamiento de la educación superior pública, y fuertes movilizaciones sociales que evidenciaron la importancia país de no deteriorar la educación pública.
En ese sentido, las autoridades universitarias concluyeron la jornada con un llamado a mantenerse vigilantes del cumplimiento de los acuerdos del FEES y especialmente dar seguimiento a las acciones gubernamentales que permitan el financiamiento de la educación con el 8 % constitucional.
Acuerdo FEES 2024 reconoce la inflación
El acuerdo de FEES para el 2024 cumple con el mandato constitucional de reconocer al fondo el aumento por costo de vida. Con este crecimiento del 2 %, se está dando un monto que entra dentro del margen de inflación proyectado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que es de 3 +/- 1 % para el próximo año.
Además, se incluyó una cláusula para revisar y ajustar automáticamente el FEES en el mes de julio 2024, en caso de que la inflación supere el 2 %.
Un punto en el que no se logró total acuerdo fue el reconocimiento a la base del 1 % adeudado del 2023. Las partes acordaron un monto para ello pero, aplicado al 2024.
Adicionalmente, en el contexto de este proceso y finalizada la negociación, el Conare reiteró su compromiso de continuar el análisis relacionado a un mecanismo de redistribución del FEES, en respuesta a la solicitud de las cinco representaciones estudiantiles y a la decisión propia del Conare.
Gabriela Mayorga López Editora digital y periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
En el documento dirigido a la rectora y rectores integrantes del CONARE, así como a la representación estudiantil ante la Comisión de Enlace se expresa que la propuesta del gobierno perpetúa la insatisfactoria situación financiera de las universidades públicas, y además, socava la autonomía al pretender reemplazar el PLANES 2021-2025, documento realizado desde las propias instituciones estatales de educación superior, por los intereses particulares del gobierno de turno. Se evidencia así el debilitamiento continuo de la educación pública limitando el crecimiento y la inversión en equipamiento e infraestructura universitaria.
Ante los eventos acontecidos este martes 25 de julio de 2023, en Nicoya, CONARE se solidariza con la comunidad estudiantil universitaria y repudia, una vez más, la violencia verbal y el irrespeto a los derechos constitucionales por parte del presidente Rodrigo Chaves Robles.
25 de julio del 2023. Este 25 de julio de 2023, decenas de estudiantes universitarios fueron retenidos en las inmediaciones de la iglesia nueva de Nicoya, espacio público donde se realizarían los actos propios de la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya.
Un contingente de elementos de la Fuerza Pública los retuvo por espacio de una hora para que no ejercieran sus libertades individuales, contempladas en nuestra Constitución Política, tales como el libre tránsito y la libertad de expresión.
Desde el CONARE denunciamos con absoluto repudio este accionar del Gobierno propio de un régimen autoritario y con tintes dictatoriales, lejano de nuestra tradición democrática. La manifestación pública es un derecho ciudadano, contemplado en nuestra Constitución Política, instrumento capital de nuestro Estado Democrático y Social de Derecho. Con suma preocupación vemos como de manera sistemática y consecuente el Gobierno a través del presidente Chaves Robles, ejerce acciones que minan la democracia, en este caso hacia nuestra juventud, acompañadas de una violencia verbal desbordada, ajena a toda tradición pacifista y de tolerancia, insignia irrefutable de esta Patria querida.
Al referirse a los estudiantes universitarios costarricenses como “esbirros”, el señor presidente los equipara con delincuentes violentos que actúan por medio de un pago. Condenamos enérgicamente estas palabras, porque estos jóvenes son el presente y el futuro de Costa Rica, los hijos y las hijas de esta tierra de gente honrada, trabajadora, resiliente y decente. A ellos y ellas nos debemos las Universidades Públicas y la dignificación de estos hombres y estas mujeres es nuestro compromiso con el país.
Nos unimos a las manifestaciones de preocupación sobre el ejercicio de las libertades y la democracia, expresadas por instituciones y grupos iberoamericanos y rechazamos enérgicamente toda manifestación que atente contra la consolidación de la democracia como forma de Gobierno.
En plena negociación del FEES, el presidente nuevamente hace declaraciones públicas desafortunadas, deslegitima a la Comisión de Enlace al burlarse del proceso de negociación, irrespetando no solo a los rectores, a la rectora y a la representación estudiantil negociante, sino a sus propias ministras y ministro que vienen trabajando para llegar a un acuerdo.
Señor presidente, honrando una vez más nuestra idiosincrasia, siendo que representamos al sector educación de este país, nuevamente le instamos al respeto, al diálogo y al rechazo determinado a toda forma de violencia verbal, física y simbólica.
Don Rodrigo Chaves Robles una al pueblo de Costa Rica, no lo polarice.
Durante las últimas semanas, el Gobierno de la República con su granja de troles han difundido mentiras sobre las universidades públicas en redes sociales. La repetición masiva de la mentira hace que sectores del país y el magisterio puedan asumir como verdad esas mentiras.
Y ante las mentiras y la desinformación, las personas críticas e inteligentes deben responder con datos y con verdad, por eso les comparto estas 10 verdades que el gobierno no quiere que usted sepa.
1. De los colegios públicos. Una de las mentiras más extendidas es que la mayoría de estudiantes de las universidades públicas proviene colegios privados. FALSO.
El 82% de los estudiantes de las universidades públicas proviene de colegios públicos y el 66% provienen de familias donde sus padres no tienen títulos universitarios.
DATO A RECORDAR: 82% de estudiantes de las U Públicas proviene de Colegios Públicos
2. Las Universidades Públicas han alcanzado, en el 2022, la mayor cantidad. de estudiantes matriculados en la historia del país. 140 600 estudiantes inscritos en 659 ofertas académicas y 1 035 oportunidades de estudio.
DATO A RECORDAR: 140 600 estudiantes
3. Las U Públicas tenían, en 2022, 59 717 estudiantes con beca socioeconómica y 12 000 con otro tipo de becas como excelencia académica, deportiva, etc. En total, 71 717 estudiantes tienen beca en la U.
DATO A RECORDAR: 71 717 estudiantes con beca.
4. El 70% de las becas se otorga en las sedes regionales. Es decir, 7 de cada 10 becas se le otorga a estudiantes matriculados en sedes de las universidades, o lo que es lo mismo, 50 201 estudiantes de las sedes reciben becas.
DATO A RECORDAR: 70% de estudiantes con beca proviene de las sedes.
5. El incremento del FEES para 2023 fue de 5 591 millones de colones (el año en que el gobierno intentó quebrar a las universidades públicas).
DATO A RECORDAR: En 2022 el incremento del FEES fue de 5591 millones.
6. En 2023, las Universidades aumentaron el presupuesto de becas de 59 717 millones a 63 924 millones, es decir, EL PRESUPUESTO DE BECAS CRECIÓ EN 3889 MILLONES.
DATO A RECORDAR: Este año el FEES creció 5 591 millones y las becas crecieron 3889 millones, es decir, un 70% del incremento del FEES se invirtió en becas.
7. En 2022, las universidades invirtieron 71 031 millones en proyectos de investigación. Esas investigaciones han sido claves para el desarrollo del país, desde estudios de población hasta el desarrollo de sueros o estudios de materiales para carreteras.
DATO A RECORDAR: 71 031 millones del FEES se invierte en proyectos de investigación.
8. Desde 2020, se presenta una reducción en la partida de salarios en las universidades públicas. La reducción es casi de 10 mil millones y continuaría su disminución durante los próximos años.
DATO A RECORDAR: Desde 2020, los salarios en las U Públicas vienen disminuyendo su peso en el presupuesto.
9. Las U Públicas rinden cuentas. Cada año, las universidades entregan cuentas de sus inversiones y proyectos a la Contraloría General de la República, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y Contabilidad Nacional.
DATO A RECORDAR: Las Universidades Públicas sí rinden cuentas ante diversas instancias
10. El FEES (como porcentaje del PIB) del 2023 es el más bajo desde 2011. Es decir, en la práctica se está recortando el presupuesto.
DATO A RECORDAR: Estamos con el FEES más pequeño, en relación con el PIB, en 12 años.
** Todos los datos obtenidos de los informes auditados de las Universidades Públicas.
Es importante que la comunidad nacional comprenda estos datos puesto que la manipulación y el engaño del gobierno puede hacer cometer severos errores de apreciación.
Frente a las mentiras del gobierno, los datos nos permiten concluir que: el presupuesto del FEES se ha reducido enormemente y aún así las universidades invierten más en BECAS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA. Así mismo, nos permite comprender la importancia de la defensa del aumento del presupuesto para seguir apostando por una educación pública superior que promueva la igualdad de oportunidades y siga construyendo un fuerte Estado Social de Derecho y Bienestar para todas las personas.
Los Rectores y Rectora de las cinco universidades estatales sostienen un duro pulso con el actual gobierno tratando de lograr acuerdos en torno al 1% que se les adeuda del presupuesto 2023, así como para definir el presupuesto (Fees) 2024. Presupuestos definidos y ordenados por la Constitución Política de nuestro país (Foto cortesía Tecnológico de Costa Rica).
Consejo Nacional de Rectores
Desde el 2015 compromisos, metas e indicadores se incorporan en los convenios y acuerdos de financiamiento del FEES
El Consejo Nacional de Rectores, Conare, con el fin de promover una sana discusión sobre el compromiso de las universidades estatales con el desarrollo del país, la transparencia y la rendición de cuentas, se refiere y aclara lo expresado en el comunicado del Mideplan, titulado “Gobierno compromete a Universidades Públicas a cumplir Metas pactadas en conjunto y a reportar anualmente el estado de su cumplimiento”.
El Conare aclara que en cada acuerdo negociado del presupuesto para las universidades públicas, “las universidades y el Gobierno de turno, asumieron de forma responsable y respaldados por indicadores, compromisos más allá de los establecidos en los planes quinquenales de las universidades públicas”.
Según se lee en el comunicado público hecho por CONARE este 21 de julio: “Esto queda demostrado con solo leer los últimos convenios y acuerdos del Fondo Especial de la Educación Superior (Fees) razón por la cual no es de recibo que el MIDEPLAN asevere que es un logro de este Gobierno,cuando queda evidenciado que este ha sido desde siempre el proceder serio, responsable y pertinente de las Universidades en su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la construcción participativa de soluciones a las necesidades nacionales y locales”.
También enfatiza dicho comunicado que las universidades públicas se rigen por el Plan Nacional de la Educación Superior (Planes) en cumplimiento con lo establecido por el Artículo 85 de la Constitución Política. Por tanto, aclara Conare, los 9 puntos a los cuales se refiere el comunicado de Mideplan están incorporados con metas al año 2025, en los indicadores, tanto sustantivos como estratégicos, del PLANES 2021-2025.
En su comunicado público, Conare sostiene que “no es cierta ni es aceptable la afirmación de que las “Las universidades públicas no están acostumbradas a fijar metas en conjunto…” nada más apartado de la verdad y la realidad de los hechos. Las universidades públicas asumen un compromiso con el país a partir de un plan quinquenal como lo pide la Constitución Política”. Los últimos Convenios y Acuerdos de financiamiento del Fees demuestran que desde el 2015 se incorpora un capítulo de fortalecimiento de la gestión universitaria con un artículo especifico de compromisos, metas e indicadores.
El comunicado de Conare señala que los últimos convenios del Fees incluyen cláusulas específicas para fomentar la cooperación entre las universidades y las instancias del Ejecutivo, necesarias para el fortalecimiento del sistema educativo costarricense en sus diferentes niveles, denominada en dichos convenios como “Agenda de Cooperación Gobierno-Universidades”.
Esta cooperación entre las universidades públicas y las instancias del Ejecutivo, no contó con el interés del actual Gobierno para construir esa Agenda de Cooperación Gobierno-Universidades en el Acuerdo de Financiamiento del Fees 2023
CONARE manifiesta que el actual Gobierno “intenta invisibilizar la acción universitaria y su preocupación por atender como sistema, de forma coordinada e integrada, los grandes problemas que aquejan a la sociedad costarricense”.
