El martes 20 de agosto a las 4:30 pm se realizará el foro “Actualidad de la Educación Universitaria: ¿Va a dejar de existir tal y cómo la conocemos?” en el salón de exrectores de la Biblioteca Joaquín Garcia Monge.
La actividad estará constituida por los panelistas Vladimir de La Cruz, historiador; Gilberth Díaz, presidente del SEC; y Clareth Calderón, activista y ex representante estudiantil.
Comunicado
El Poder Ejecutivo fue incapaz de negociar el presupuesto de las universidades por primera vez en la historia. Esta situación que marca un antes y un después, es desafortunada y arriesga un mayor deterioro en la calidad de la educación del pueblo de Costa Rica.
Ministras y ministro trasladan responsabilidad a la Asamblea Legislativa.
San José,16 de agosto de 2024. Universidades Públicas denuncian la intransigencia del Poder Ejecutivo y su falta de voluntad de invertir en la educación superior costarricense. El Ejecutivo mantuvo en la quinta sesión la propuesta de ofrecer un 1% de aumento del Fondo Especial para la Educación Superior, un monto que está por debajo de la inflación esperada, que es inconstitucional e inviable para la operación de las universidades públicas en el 2025.
La expectativa de inflación del Banco Central de Costa Rica, para el cierre del 2024 es de un 3,1 % de acuerdo con el Informe de Política Monetaria publicado el 30 de julio pasado.
En vista de que no se logró acuerdo, el Ejecutivo determinó enviar el presupuesto a la Asamblea Legislativa, sin ningún aumento, entrando en franca contradicción con lo consignado por la ministra de Educación Anna Katharina Müller mediante oficio DM-1108-2024, donde deja por escrito que en caso de no llegar a acuerdo y trasladar el presupuesto a la Asamblea Legislativa, contemplaría un aumento del 1%. El Gobierno mintió.
El Poder Ejecutivo comete una vez más una irresponsabilidad de enormes dimensiones en materia de educación pública. Por primera vez en la historia nacional el presupuesto de las Universidades Públicas será definido en la Asamblea Legislativa luego de haber agotado toda posibilidad de diálogo que sostuvimos durante las cinco sesiones de la Comisión de Enlace.
Sin embargo, esta es una oportunidad para el pueblo costarricense; la Asamblea Legislativa podría revertir la ruta del desmantelamiento de toda la educación pública, según el artículo 85 de la Constitución Política que establece que si en el seno de la Comisión de Enlace no se llega a un acuerdo, “Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa”.
Hacemos un llamado a las y los señores diputados a garantizar el derecho de acceso a la educación de las actuales y futuras generaciones.
Queda claro que el debilitamiento de la educación pública es el norte de la administración Chaves, que nuevamente avanza en una escalada de desfinanciamiento de la inversión social.
Agradecen la respuesta del Poder Ejecutivo respecto a la solicitud recibida el día de ayer para reanudar conversaciones del FEES 2025, se reafirma el compromiso del CONARE con la educación pública en todos sus niveles, entendida como un instrumento necesario para consolidar la democracia, la equidad social y desarrollo sostenible, en defensa de la Constitución Política del país que así lo dispone.
Se defiende además la importancia del diálogo y comprometidos con mitigar la crisis de educación pública, dada esta urgencia, proponen reunirse el viernes 16 de agosto en la sede que ha propuesto el Poder Ejecutivo y, confirman su presencia con representación de las universidades públicas.
Por último, confían que prevalezca la buena fe y el respeto durante las negociaciones e insisten en consensuar la definición de sedes y fechas para concluir el proceso de negociación así como la respuesta del ministro de Hacienda.
Se le invita a ver el vídeo:
Hace unos días, el Jaguar de Zapote se refirió a los Rectores de las Universidades públicas como los prestamistas gota a gota, que han creado una red de violencia sobre las personas a las que les dan préstamos diarios, semanales, quincenales o mensuales, de manera que si no pagan las cuotas los agreden directamente o a sus familiares directos, que amenazan de represalias.
Los prestamistas gota a gota se han vuelto objeto de atención pública porque han crecido y han ampliado sus redes criminales de préstamos y agresiones. Eso ha hecho que recientemente se haya aprobado una ley que castiga las extorsiones de este tipo de créditos.
Según el Jaguar los rectores emplean las tácticas violentas de los grupos criminales para cobrar los créditos, tácticas de golpes, gritos, empujones e insultos “cuando no tienen la más mínima razón para demandar” el cumplimiento constitucional del FEES, basado en el Artículo 85 de la Constitución Política. Las Universidades no dan préstamos gota a gota, reciben gota a gota lo que el gobierno les asigna presupuestariamente. El prestamista aquí es el gobierno. El criminal que cobra es el gobierno bajo la modalidad de tratar de asfixiar a las universidades no dándoles los recursos necesarios para su mejor calidad de vida y sobrevivencia.
Los préstamos gota a gota se caracterizan porque el dinero se da con rapidez e igualmente se cobra con rapidez, con exorbitantes montos de interés, que los hacen casi impagables, con amenazas sobre los afectados. Las universidades lo que hacen es solicitar las gotas a gotas del presupuesto que les asignan, no el que le corresponde constitucionalmente, que se debe exigir.
El Artículo 85 de la Constitución Política fundamenta la asignación presupuestaria, que se debe asignar, para la operación de las Universidades de Costa Rica, UCR, la Nacional, UNA, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ITCR, la Estatal a Distancia, UNED y la Técnica Nacional, UTN.
La lucha por garantizar a la Universidad pública un buen presupuesto para su mejor funcionamiento se originó en las luchas estudiantiles universitarias que dimos, a principios de la década de 1970, los estudiantes de la UCR, dirigidos por el Frente de Acción Universitaria y la Federación de Estudiantes de la UCR, que demandábamos el 6% del Presupuesto Nacional, para que se equiparara el presupuesto de la UCR con el de la Corte Suprema de Justicia, en esos años, ya que a la Universidad se le daba un 10% del presupuesto de Educación. Esa lucha fue inicialmente propia y única del movimiento estudiantil. Poco a poco las autoridades universitarias se fueron involucrando en la misma asumiendo un papel más importante. Hoy el CONARE, que reúne a los Rectores de las Universidades públicas es el que encabeza esta lucha patriótica a favor de la educación superior pública.
En esos años, el gobierno de José Figueres, 1970-1974, y luego el de Daniel Oduber, 1974-1978, impulsaron la creación de las universidades Nacional, UNA, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ITCR, la Estatal a Distancia, UNED, lo que llevó a la modalidad de la reforma al artículo 85 constitucional para impulsar el FEES, y garantizar de esa manera el crecimiento natural y el funcionamiento y operatividad de las universidades estatales. Recientemente se sumó a esta situación la Universidad Técnica Nacional, UTN, la última creada públicamente.
Curiosamente, la mayoría de los gobiernos desde entonces han puesto frenos a la asignación presupuestaria que obligadamente impone la Constitución Política, lo que ha llevado a que las universidades y sus movimientos estudiantiles tengan que salir a las calles a presionar por el cumplimiento de la Constitución Política. Con unos gobiernos más que con otros ha habido más interés de quitarle, o restarle, la asignación presupuestaria a las universidades. Parte de esta lucha hizo caer a un ministro de Hacienda en la década de 1990.
La razón fundamental descansa en que a los grupos gobernantes no les interesa tener universidades públicas sólidas, por el papel que ellas tienen en el análisis e investigación de los problemas nacionales, de la gravedad de los mismos, de la debilidad de los gobiernos en su gestión pública, por la crítica que de ellos se hace, afectando la imagen personal de los gobernantes, por tratar de evitar lo que señalamos en el III Congreso Universitario, de que las Universidades sean la conciencia lúcida de la Patria.
En las décadas de 1970 y 1980, principalmente, hacia las universidades públicas en el continente americano se realizaron, internacionalmente, políticas orientadas a controlarlas políticamente, violando sus autonomías, incidiendo en sus planes académicos y nombramiento de profesores, tratando de someterlas a los intereses de los gobiernos de turno. En el caso latinoamericano fue la política de sujetarlas a los intereses de las camarillas y dictaduras militares que gobernaron la mayoría de los países suramericanos y de gobiernos autoritarios.
Con el actual gobierno la tensión ha llegado al máximo. El presidente Jaguar se ha empeñado en no cumplir con el precepto constitucional. El movimiento estudiantil y los rectores tienen la razón de luchar por el cumplimiento constitucional del presupuesto para las universidades públicas.
El presupuesto universitario es el que se da gota a gota a las universidades. Los actores criminales, si es que existen, en este gota a gota, es el gobierno de la República, encabezado por el presidente y su ministra de Educación. Son los que dan la plata y la cobran con sangre… Por eso la ira de los estudiantes se enfoca contra ellos.
El que ha empleado la modalidad de los insultos, los gritos, las descalificaciones personales, las amenazas, los bajonazos de piso contra personas e instituciones, el lenguaje burlesco e irónico contra sus opositores, es el Presidente de la República, que ha añadido a sus despótricas críticas y desfases mentales, que se expresan en la desvinculación de su cerebro y su lengua, sonidos emanados de su boca a manera de un rugido, que el mismo presidente identifica con el animal jaguar, lo que lo hace de una necesaria observación siquiátrica, cuando forza en su boca un bramido profundo que asemeja un rugido… que no llega todavía a rugido…tal vez a maullido, cuando su gesto se orienta a presentarse como amistoso. Sin embargo, cuando sostiene el maullido pudiera interpretarse como él lo hace, en un reclamo. Como maullido es tan solo para llamar la atención.
El estilo autoritario que está adoptando, ante la opinión pública, solo puede ocasionar una reacción similar contra él…a gritón, gritón y medio, como dice el refrán popular.
La amenaza contra las universidades públicas es reunirse en la Casa Presidencial, en la guarida del jaguar, o no reunirse para discutir la asignación constitucional del FEES. El gobierno no acepta el recinto de CONARE, porque allí llegó una representación de estudiantes, que presionaron a la ministra de Educación haciéndole ver su inconformidad. Los estudiantes pueden ir a cualquier lugar donde se reúnan las autoridades gubernativas y las universitarias. Eso nadie lo puede impedir. Se pueden establecer bloqueos de calles que impidan la cercanía de los estudiantes o grupos sociales, como se hace a veces.
El jaguar cuando se desplaza en su jaula rodante lo hace con gran despliegue policial, y abriéndose vía a como sea. En Guanacaste la comitiva de la caravana cuidando la jaula principal era de 17 vehículos, imitando el desplazamiento de los presidentes autoritarios de Sur América. En Zapote, la jaula del jaguar tiene su propio enrejado, lo que impediría la cercanía de los estudiantes al edificio.
También se puede acudir, para la reunión de Gobierno-CONARE, si así se quisiera, a los edificios de la Corte Suprema de Justicia, de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Supremo de Elecciones, donde hay espacios cómodos y seguros, y tecnológicamente adaptados, para quienes participen de esas reuniones, todos con buenas y seguras entradas de vehículos. En estos edificios se puede hacer la reunión de discusión del cumplimiento del Artículo 85 de la Constitución Política. No es de recibo ni vale la amenaza del Gobierno.
Aprovechamos las negociaciones del FEES, dónde los ánimos se crispan, para recordarles a las distintas instancias que «disputan» los porcentajes, qué la Universidad debe ser disputada también en las lógicas que la constituyen, por esta razón, con motivo de la publicación del CLACSO del libro titulado «Derecho a la universidad Pospandemia y trabajo docente de Héctor Cancela Bosi, Agustín Cano Menoni y Anabella Lucardi«. Les invitamos a reflexionar sobre el lugar de la universidad en nuestras sociedades, pero también, ¿A quiénes debe responder?
El proyecto EC 518 ha sido testigo de las contradicciones de la Universidad Pública, ha escuchado y vivido los argumentos que buscan justificar los recortes como condiciones necesarias, además, de la supuesta realidad de «reducir», ya que cuestionan la idoneidad presupuestaria de las labores de la Universidad por extender su accionar. Por esta razón, no nos parece muy convincente las aparentes contradicciones, en el fondo, en su práctica cotidiana, estos actores que negocian, tienen concepciones similares en torno a la mercantilización de la universidad.
¿Por qué decimos esto? Simplemente por lo estamos viviendo día a día, la erosión de las condiciones dignas de nuestro trabajo.
¿Qué proponemos? Estas autoridades universitarias y de gobierno deben recordar, que la Universidad Púbica Latinoamericana y Caribeña, tiene sentido en el tanto se reconozca como parte de esas sociedades que son atravesadas por las injusticias sociales y coloquen como principios de su accionar a los sectores populares, en su atención, en la reivindicación de sus derechos y su inclusión en todas las instancias que la conforman.
Por esta razón, hablar de Universidad Pública en nuestros territorios, no es algo accesorio, es un compromiso en la práctica política, ética y pedagógica.
Isabel Trejos Trejos
Soy una educadora pensionada y sé que la tarea educativa es compleja, requiere esfuerzo, dedicación y relacionarse con colegas, estudiantes y padres de familia de la mejor manera posible. Para hacerlo se necesita empatía, sensibilidad, capacidad de dialogar y escuchar. Estas son cualidades fundamentales de una persona que se dedique a la educación en cualquiera de sus ámbitos.
Fui asesora de educación por más de 20 años, primero en el Programa Nacional de Informática Educativa, PRONIE MEP – FOD (hoy ya no existe) y luego en la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación del MEP. En los años 2022 y 2023 participé de reuniones con la ministra de Educación Pública Anna Katharina Müller en dos ocasiones. Mi percepción en ambas oportunidades es que la señora ministra estaba muy lejos de tener esas cualidades que mencioné anteriormente. Por el contrario, se mostró prepotente y sin interés de dialogar o escuchar diferentes opiniones. En ese momento insistía en que a una persona con buena autoestima no le afecta el bullying y recuerdo que le dijo a una compañera que hablaba con lágrimas en los ojos que dejara de lado lo emocional (como si eso fuera posible). Ocurrieron entonces otras interacciones en que demostraba prepotencia y poca apertura al diálogo.
Por eso me asombró enormemente ver el video de la señora ministra con un paño en la oreja y la voz entrecortada. Todavía me llamó más la atención el video donde dice estar muy afectada por lo sucedido y, entre otras cosas, que el combate apenas comienza. Me pregunto, ¿combate contra qué o contra quiénes? Además, dice que desea devolver algo al país, esto me parece muy loable, pero sus años fuera del país evidencian desconocimiento de la realidad nacional.
En los videos que han circulado sobre el día de la negociación del FEES en CONARE, vi a la señora ministra saludando y tirando besos a los estudiantes que se manifestaban, esto, evidentemente es una provocación. Eso no justifica que la agredan, pero lo único que pude observar es que le gritaban consignas con megáfonos, nadie la tocó. Además, ella dice que llegó con la intención de dialogar y la realidad es que se levantó molesta de la mesa de negociación sin que los rectores pudieran coordinar una salida ordenada. Para ser respetada es necesario respetar, se predica con el ejemplo. En este contexto pienso que los videos que ella grabó muestran una actuación de la señora ministra para victimizarse y distraer la atención del voto de censura de la Asamblea Legislativa.
Pero no se puede tapar el sol con un dedo. Un voto de censura de la Asamblea Legislativa no es “irrelevante”, ni “una sacada de clavo”, como afirma el presidente Rodrigo Chaves, (ya lo dice el refrán “piensa el ladrón que todos son de su condición”). Entre los logros que destacan las personas del gobierno que la defienden está el hecho de que hay 16 carreras técnicas nuevas. Tal como señala Andrés Fernández Arauz (La Nación, del 20 de julio), los programas de estudio de esas carreras se diseñaron y se presentaron al Consejo Superior de Educación (CSE) en la administración anterior. La aprobación final sí ocurrió en este gobierno, así como su ejecución, pero no es un logro que pueda atribuirse a la administración actual.
Otro logro que mencionan es el hecho de que los estudiantes de primer grado no pueden pasar el año si no saben leer y escribir. Esta decisión no cuenta con el respaldo de criterios técnicos que la sustenten, situación que es un patrón que se repite en la administración actual.
Además, mencionan como un gran avance el rompimiento del convenio con la Fundación Omar Dengo. Este aspecto merecería otro artículo completo, por el momento solo voy a decir que la forma en que se llevó a cabo el cambio al MEP dista mucho de ser un logro y más bien es un retraso de más de 30 años en lo que se había avanzado en Informática Educativa. Además, implicó el cierre del Programa Nacional de Innovación Educativa y el Programa Nacional de Tecnologías Móviles de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación del MEP.
Estos programas tenían una fundamentación teórica que los sustentaba, por eso no tenían evaluación sumativa, lo que ahora también se menciona como un logro. Como asesora del PRONIE tuve la oportunidad de visitar centros educativos de todo el país y observar personalmente lo que muchos estudiantes lograban hacer con la programación; de hecho, ese programa tenía reconocimiento a nivel internacional. Sí creo que se podía mejorar en muchos aspectos y que era importante la injerencia del MEP. En este momento tengo la esperanza de que los asesores del nuevo Programa Nacional de Formación Tecnológica (quienes trabajaban en el PRONIE anteriormente) tengan la oportunidad de realizar el trabajo de calidad que los ha caracterizado, así como los demás asesores de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación del MEP.
En el Ministerio de Educación Pública existen personas comprometidas y dispuestas a dar lo mejor en beneficio de la educación del país. Para lograr un trabajo coordinado se necesita un liderazgo que fomente la solidaridad y el trabajo en equipo. Eso está muy lejos de ocurrir actualmente con la actitud de la señora ministra, que ignora los criterios distintos del suyo y deja de lado los aportes de personas capaces y con experiencia.
Para terminar, voy a citar textualmente las palabras de la escritora nicaragüense Gioconda Belli, a propósito de la renuncia del presidente Biden a la candidatura por el partido demócrata.
“Saber cuándo salir del poder es muestra de sabiduría y amor al futuro. Es un acto de gran persona, de quien no impone a la fuerza su noción narcisista de creerse indispensable para la historia […]. Ojalá tu ejemplo cunda”.
Una de las misiones fundacionales de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional es la validación permanente del derecho constitucional a la libre manifestación. Es, además, un deber ciudadano expresar el malestar social, las inquietudes y demandas de las personas estudiantes y de la sociedad en su conjunto.
Como representantes de una comunidad universitaria con fundamento humanista, no respaldamos ningún acto que atente contra la integridad física de las personas, dentro o fuera de la comunidad estudiantil. En consonancia, rechazamos categóricamente cualquier acusación infundada que intente etiquetar al movimiento estudiantil (ME) como violento o promotor de posiciones ajenas a los derechos humanos, acusaciones que solo intentan desviar la atención de la opinión pública de los verdaderos problemas que afronta el sector educación y de la naturaleza legítima de nuestras acciones y objetivos como estudiantes, comprometidas y comprometidos con el progreso y el bienestar social.
Una cosa es real. Un Gobierno que dice tener apertura al diálogo, pero en la práctica no se ha evidenciado, que impide el libre acceso de la prensa a instituciones públicas, que sus personeros no ofrecen declaraciones en vivo de un proceso transparente como la negociación del presupuesto universitario y que busca la polarización; se expone a que la ciudadanía busque manifestar su descontento a través de distintos medios, entre ellos la protesta. La emergencia que presenta la educación pública costarricense y que venimos denunciando sistemáticamente, merecerá toda nuestra atención hasta que se atienda como corresponde.
Hacemos un llamado urgente al diálogo constructivo como vía indispensable para resolver diferencias y avanzar hacia soluciones que beneficien a todo el sector educación. Esto significa, entre otras cosas, que la ministra de Educación Anna Katharina Müller respete la autonomía del Movimiento Estudiantil, propicie el sano entendimiento y defienda como corresponde el presupuesto de la cartera que lidera. Seguiremos alzando la voz por un presupuesto para la educación pública que sea justo, digno y constitucional.
Reiteramos: creemos firmemente en la importancia de un diálogo franco y abierto, donde todas las partes involucradas puedan expresar sus puntos de vista de manera constructiva y trabajar juntas hacia el beneficio común de la educación costarricense. La actual ministra como hemos denunciado no ha sido capaz de resolver la crisis y debe hacerse a un lado, como lo hemos solicitado la FEUNA, la Asamblea Legislativa con su voto de censura y diversos actores sociales del país.
¡Violencia es recortar becas, servicios de alimentación y transporte y no atender la emergencia que vive la educación y como consecuencia la niñez, adolescencia y juventud de nuestro país!
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica
En un video publicado por la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, (FEUNA), Tribunal Estudiantil de la Universidad Nacional (TEEUNA) y Consejo de Asociaciones Estudiantiles (CAEUNA) se explica..
Les invitamos a ver el video donde te contamos cómo se negocia el FEES, el resultado de las últimas negociaciones y los indicadores establecidos por el Gobierno a las universidades públicas. Se invita a ver el video completo en el siguiente enlace: https://www.instagram.com/reel/C8s6BaUukY7/?igsh=YzRkbTV0c3o4NDcz
La Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades públicas son parte de un mismo sistema social. Fueron y son consustanciales en la construcción de Estados orientados a mejorar la calidad de vida mediante la inversión social pública. La mejora en la calidad de vida de una sociedad requiere alta inversión en educación y en salud. La historia de Costa Rica demuestra que la fundación de la Universidad de Costa Rica y de la Caja fueron pasos fundamentales para asegurar que la sociedad costarricense diera un giro radical hacia la mejora de la calidad de vida en general, lo cual se manifiesta en indicadores como la esperanza de vida al nacer que pasó de los 46,9 años en 1942 a 78,31 para los hombres y de 83,46 años para las mujeres, según datos del INEC de 2022 (ver Costa Rica en cifras). Pero ahora mismo, lo que estamos perdiendo es la virtud de que una familia pudiera pasar en tan solo 3 generaciones de personas analfabetas, a personas con primaria y luego a personas con título universitario.
Otro tanto hay que decir del papel indispensable de la educación en todos sus niveles y la salud para elevar el nivel de calificación de la fuerza de trabajo. Por esa inversión social nuestro país tiene un mercado laboral atractivo para la inversión externa directa, y también para la inversión de capital nacional. Este es un gran asunto por discutir que resumido en una pregunta es: ¿qué pasaría si a las empresas que vienen y contratan a las personas con buena salud y elevada calificación universitaria, les decimos que deben pagar al menos una parte de lo invertido en cada una de esas personas desde que nació hasta el día que la contrataron? ¿Cuánto deberían pagar? Es ahí cuando vemos que toda la inversión social en educación, salud, vivienda, la recreación social, inversiones para atender especialmente a las personas mayores y más pobres en general, fueron indispensables para contar con una fuerza de trabajo/personas trabajadoras saludables y capacitadas.
Otro elemento que une absolutamente la Caja con el sistema de universidades públicas es el grado y autonomía que constitucionalmente les fue otorgado para cumplir eficientemente y a cabalidad sus misiones. Ambas entidades fueron dotadas de una autonomía especial que les permite autogobernarse y definir autónomamente cuáles son las necesidades en las cuales debe invertir los recursos que reciben de la sociedad costarricense por medio del Gobierno. Cuando se debilita la autonomía de la Caja por cualquier vía sucede exactamente la misma agresión que cuando se trata de debilitar la autonomía de las universidades públicas. Las destituciones ilegales de la presidencia ejecutiva de la Caja y de sus directivo.as, son tan graves como recortar, sin justificaciones válidas, el presupuesto de la educación.
La defensa de la salud y de la educación, en este caso de la Caja y de las universidades públicas, son tareas que van en paralelo. Si se trata de mantener y fortalecer sociedades algo o más justas y equitativas, tal y como está establecido en los principios de la Caja y en los Estatutos orgánicos de las universidades públicas, es indispensable mancomunar esfuerzos para hacer cumplir la autonomía especial de rango constitucional que ambas instituciones tienen.
Cuando las universidades públicas nos sumamos a la defensa de la Caja, de su financiamiento y de su autonomía, estamos haciendo en paralelo defensa de esos mismos principios para la educación pública. Ambas son indispensables para hacer cumplir garantías sociales que deben ser recuperadas, reforzadas y aseguradas. En la sociedad costarricense no se puede entender un buen sistema de salud pública sin un buen sistema educativo público. No podríamos comprender la relevancia y aporte crucial de la Caja Costarricense del Seguro Social en la mejora de la calidad de vida de la sociedad costarricense, sin comprender el aporte de la Universidad de Costa Rica, y del sistema público de universidades en la formación de las personas especialistas en todos los campos que requiere el sistema de salud.
Es el sistema de educación público en el que se han formado la mayor parte de las personas que hoy son trabajadoras de la salud en todos los campos. Esto incluye al personal que puede realizar una operación del más alto grado de especialización, pero también el que atiende laboratorios, farmacias, servicios de enfermería, comedores hospitalarios, servicios de limpieza, etc, pues todos, absolutamente todos, los servicios de salud requieren diferentes niveles de formación académica. En una visión integral de salud, todos los servicios devienen en esenciales, fundamentales y complementarios a la hora de garantizar una atención integral de salud. La historia de la salud en Costa Rica es en gran parte la historia de la Caja Costarricense del Seguro Social y en paralelo es la misma historia de la universidad pública. Se trata de un mismo sistema de inversión social, que es el que permitió que la sociedad costarricense se construyera con niveles de vida altos y aceptables, pero ahora en caída.
En el “Pronunciamiento del Instituto Tecnológico de Costa Rica con respecto al informe FEES aprobado por la Asamblea Legislativa” (ITCR, 2021, primera edición), respondimos innumerables acusaciones infundadas de parlamentario.as del cuatrienio anterior. Reseñamos que en la última Agenda de Cooperación entre gobierno y universidades públicas, se incluyeron “18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos. El presupuesto que financia todos estos proyectos de la Agenda de Cooperación proviene de los Fondos del Sistema del FEES y de aportes de las universidades estatales. La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República” (ITCR 2021.169).
Otro dato que debe destacarse es que para contribuir con la emergencia por la COVID-19, las universidades cedieron ¢13.000 millones del FEES (de su presupuesto en caja). “Además, trasladaron ¢6.000 millones para fortalecer al sistema de becas, precisamente para asegurar que estudiantes de menores ingresos tuvieran la oportunidad de mantenerse en las aulas”. Adicionalmente, del presupuesto 2020 se financiaron diecisiete proyectos de investigación para atender la pandemia del COVID-19 (ITCR 2021. 28 y 105).
Hoy, el modelo estatal neoliberal está orientado a borrar la inversión social y la convirtió en un simple “gasto” aduciendo que cualquier inversión social es imposible porque el Estado es financieramente deficitario. Desde hace década transitamos de la inversión social al gasto y luego al déficit. Ese desfinanciamiento de la CCSS, de la educación, y en general de la inversión pública, se da mientras el Ministerio de Hacienda (2023) -sólo porque es obligado- da a conocer la “Lista de contribuyentes clasificados como grandes contribuyentes nacionales que declaran el impuesto sobre la renta (utilidades) con “pérdida” o “cero ganancias” actualizado al 30/06/2023”, según el cual en el año 2022 205 empresas se declararon con “pérdida” o “cero ganancias”. Ante esa propuesta no queda más que sumar esfuerzos entre las instituciones estatales asociadas con la existencia del Estado social costarricense, como la Caja y el sistema educativo público, para hacer que se cumpla lo que la Constitución y otras leyes dicen sobre el presupuesto para inversión social.
En las últimas décadas los gobiernos de Costa Rica han deambulado en materia de inversión social, haciendo inversiones focalizadas pero no invirtiendo con visión estratégica en los servicios de salud. Eso es lo contrario de lo que debería hacerse siguiendo, por ejemplo, las recomendaciones de entidades como la Comisión económica para América Latina (CEPAL), que en su estudio “Panorama Social de América Latina” (2021) hizo un llamado claro y directo a fortalecer los sistemas de salud en todos los países. Entre otras notas clave de la CEPAL, destacan que “Los sistemas de salud son fundamentales para el bienestar y la salud de las poblaciones”, y que “la salud es la parte más importante para el desarrollo de las capacidades humanas, por lo que se ha sostenido que explicaría de forma robusta las distintas sendas de desarrollo económico”.
En resumen, debemos repetir que contrario a lo que pide la CEPAL, los gobiernos provocan que cada día más personas se vean privadas de acceso a sistemas de salud eficientes, integrales y reciban atención verdaderamente humanizada, precisamente porque están cayendo las inversiones y se está ensanchando el campo de acción de la enfermedad como negocio privado.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Ese día estrenaban camisetas. En su hombro derecho lucia estampado con grandes letras blancas su nombre: Maritza. Su apellido: Matarrita. Me dice que antes de entrar al proyecto de producción de ostras pensaba dedicarse a otra actividad de la pesca artesanal, pero terminó involucrándose desde el principio en la ostricultura, una de las acciones productivas acompañadas por la siempre necesaria Universidad Nacional.
Es un medio lluvioso y cálido. A un lado del local destinado para la preparación y producción de ostras, conversamos con Maritza sobre su trabajo. “Trabajamos de 7 de la mañana a 4 de la tarde, pero a veces debemos quedarnos más tiempo. Tenemos que limpiar todo el lugar y los instrumentos que utilizamos para la manipulación de las ostras. Luego llego a mi casa a seguir trabajando: limpiar, cocinar, hacer el oficio”.
Bajo una lluvia pertinaz es casi medio día en Isla Venado, una de las Islas del Golfo de Nicoya donde la Universidad Nacional acompaña procesos productivos, económicos, ambientales, turísticos y le brinda a las mujeres y hombres herramientas para fortalecer sus capacidades. Lo hace desde su mandato claro como Universidad pública costarricense, pero además lo realiza como la Universidad Necesaria, líder en la extensión social en Costa Rica.
Precisamente acompañamos hace poco una gira académica de trabajo por dos días, organizada por la Vicerrectoría de Extensión de la UNA, en la que conocimos los distintos proyectos que atienden las necesidades de estas comunidades costeras.
De hablar fuerte y con convicción, doña Maritza es una de las mujeres incluidas en acciones puntuales desarrolladas por el proyecto “Cuerpo: emoción, palabra, voz y movimiento”, desarrollado por la Escuela de Psicología, el Instituto de Estudios Sociales en Población y la Escuela de Danza, de la Universidad Nacional.
Pensada como acción para estimular la creatividad, contribuye al mismo tiempo a generar mecanismos de autocuidado en las personas, como doña Maritza: “una necesita relajarse de tanto trabajo y estrés – me dice- todavía tengo la bolita que Sofia y Natalia (académicas del proyecto) nos dejaron para hacer ejercicios de relajación; me han servido mucho”.
Mientras dice estas últimas palabras, la lluvia arrecia. Con sus compañeras del grupo han preparado una pequeña degustación de ostras para las personas participantes de la gira. Me pregunta si voy a probar y deja ir una sonrisa de satisfacción, la misma que seguramente la acompaña cuando ve el fruto de su trabajo cotidiano y el de sus compañeras.
Durante los dos días de visita a los distintos proyectos en Isla Venado, constatamos la cuantía de la Universidad Pública en estas comunidades. Abstraídos del furibundo ataque mediático y político a lo que hacemos pero sobre todo a lo que representamos para estas poblaciones, pudimos comprobar una vez más que como universidad vamos por el camino correcto y que las personas de estas zonas esperarán siempre la llegada de proyectos de investigación, extensión y docencia con los cuales fortalecerse para la vida. Por eso con igual pasión debemos defender el presupuesto constitucional asignado para nuestro quehacer.
El valor de estas acciones no es estrictamente económico, aunque sí urgente. Su verdadero aporte está en dejarle condiciones a Doña Maritza para que un buen día pueda reducir su doble jornada laboral y sentarse al fin a pensar en sí misma, sus sueños, sus esperanzas.
Reírse con la vida.
