La Corte Penal Internacional bajo presión: ¿qué futuro tiene la justicia internacional? Entrevista a Claudia Cárdenas, especialista en derecho penal internacional
Félix Madariaga
Periodista
La Corte Penal Internacional (CPI) nació con la promesa de convertirse en un instrumento permanente de la justicia internacional frente a los crímenes más graves que pueden afectar a la humanidad. Desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en 2002, la Corte se ha desenvuelto en un escenario marcado por conflictos armados, graves violaciones al derecho internacional y, al mismo tiempo, por las tensiones políticas derivadas de investigar y perseguir penalmente a personas que ocupan posiciones de enorme poder.
En los últimos años, esas tensiones se han hecho particularmente visibles. Las órdenes de detención emitidas contra altos dirigentes políticos, las dificultades para hacer efectivas algunas de sus resoluciones, el cuestionamiento de su jurisdicción por parte de Estados que no forman parte del Estatuto de Roma y las presiones ejercidas por algunas de las principales potencias mundiales han abierto un debate respecto de la capacidad real de la institución para cumplir con los objetivos para los que fue creada.
A ello se sumó la salida de Karim Khan como fiscal de la Corte, luego de las acusaciones de conducta sexual inapropiada, episodio que volvió a poner bajo escrutinio a una institución que ya enfrentaba importantes críticas. En paralelo, las presiones ejercidas por Estados Unidos contra jueces y funcionarios de la CPI han instalado nuevas interrogantes sobre el futuro de la justicia penal internacional y sobre la capacidad de la Corte para preservar su independencia.
¿Estamos realmente ante una crisis que puede poner en riesgo la supervivencia de la CPI? ¿Sus dificultades son consecuencia de un problema estructural de la institución o reflejan, más bien, los límites que los propios Estados han impuesto a la justicia penal internacional? ¿Sigue siendo necesaria una Corte Penal Internacional en el actual escenario mundial?
Para abordar estas preguntas conversamos con Claudia Cárdenas Aravena, abogada y académica de la Universidad de Chile, especialista en derecho penal internacional y conocedora del funcionamiento de la Corte Penal Internacional.
¿Qué futuro tiene la Corte Penal Internacional?
FM: La CPI atraviesa uno de sus momentos más complejos tras la destitución de su fiscal jefe, Karim Khan. ¿Qué impacto tiene este episodio en la credibilidad y legitimidad de la institución ante la comunidad internacional?
CC: Yo creo que si bien lo que salta a primera vista y lo que fue noticia en todo el mundo es la destitución de la máxima autoridad de la Fiscalía por conducta sexual inapropiada, el hecho de que esto haya ocurrido significa que han podido operar los mecanismos existentes para la detección y acción ante esta clase de conductas ilícitas, aun respecto de altos funcionarios de la institución. Entonces, en mi opinión, el episodio en concreto no debiera minar la credibilidad y legitimidad de la institución frente a la comunidad internacional.
FM: La Corte ha emitido órdenes de detención contra altos dirigentes políticos, pero en varios casos estas decisiones no han podido hacerse efectivas. ¿Hasta qué punto una institución que carece de mecanismos propios para ejecutar sus resoluciones puede ejercer realmente justicia internacional?
CC: Eso tiene que ver con que la Corte Penal Internacional, por su diseño, depende de la cooperación de los Estados para actuar, ese es el mecanismo que le es propio. Eso, a su vez, es una manifestación del principio de complementariedad, que rige las relaciones entre la jurisdicción penal internacional y las jurisdicciones estatales. Lo que puedo responder es que es el sistema que tenemos y con el que hay que trabajar, la fuerza o debilidad de la Corte será la que le den los Estados Parte de su Estatuto, que son 125 al día de hoy.
FM: La jurisdicción de la CPI continúa siendo cuestionada por Estados que no son parte del Estatuto de Roma y, particularmente, por algunas de las principales potencias mundiales. ¿Existe un problema estructural de legitimidad en su jurisdicción o se trata principalmente de una resistencia política de los Estados afectados?
CC: Si se ve la lista de los Estados que no son partes del Estatuto de Roma, se verá que coincide con que se trata de Estados que en general no están comprometidos a todo evento con el derecho internacional. También, en los últimos años, algunos Estados en cuyos territorios la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha abierto investigaciones han denunciado el tratado. Con todo, la mayoría de los Estados que conforman la comunidad internacional sigue apoyando a la institución y su trabajo en la investigación, persecución, castigo y reparación en casos en los que se han cometido crímenes contra el derecho internacional.
FM: En los últimos meses, Estados Unidos ha incrementado su presión contra la Corte, incluyendo sanciones contra jueces y funcionarios, mientras algunos países han comenzado a anunciar su salida del organismo. ¿Estamos frente a una crisis pasajera de la CPI o ante una amenaza que puede comprometer seriamente su supervivencia?
CC: Está por verse cómo reaccionarán otros Estados, en ejercicio de su soberanía, a la presión que pueda ejercer el actual gobierno de Estados Unidos. En cualquier caso, no es la primera vez que Estados Unidos lleva a cabo campañas para incidir en el quehacer de la Corte Penal Internacional. Ya a principios de este siglo, durante el gobierno de George Bush, Estados Unidos llevó a cabo una campaña de presión para que los Estados firmaran acuerdos por el artículo 98 del Estatuto de Roma, buscando excluir ciertos casos del ejercicio de jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Creo que al día de hoy es difícil prever los efectos que en concreto tendrá esta campaña. Lo que sí puede observarse es que la Corte Penal Internacional ha continuado realizando su trabajo, aun con las sanciones que han sufrido varios de sus jueces y funcionarios, y, que sigue contando con el apoyo de la mayoría de los Estados, que integran su Asamblea de Estados Parte.
EI: Considerando sus limitaciones para hacer cumplir sus decisiones, los cuestionamientos a su jurisdicción, las presiones políticas que enfrenta y las controversias que han afectado a su propia conducción, ¿sigue siendo necesaria la existencia de la Corte Penal Internacional? Y, de ser así, ¿qué cambios serían indispensables para recuperar su legitimidad y eficacia?
CC: Todos los aspectos que se nombran en la pregunta han acompañado a la Corte Penal Internacional, en mayor o menor medida, desde el inicio de su trabajo, y difícilmente podría pensarse que una institución creada para perseguir a criminales poderosos iba a estar exenta de controversias y dificultades en su labor. A mi entender, la necesidad de su existencia persiste, porque su creación obedeció a un problema que subsiste: el déficit de aplicación que por diversas razones tiene en derecho penal internacional. Si bien las cifras actuales de procesos a nivel mundial son mucho mayores de las que existían en las décadas previas a la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con lo cual se puede entender que se ha logrado en parte el efecto catalizador que se previó con su creación; sería deseable ampliar la aplicación del derecho penal internacional. Puede ser necesario explicar que en el sistema de aplicación del derecho penal internacional, la Corte Penal no tiene jurisdicción exclusiva, vale decir no solo ella puede conocer, sino que fue creada como un tribunal de excepción, que pudiera actuar sólo cuando los Estados no lo hicieran apropiadamente. Vale decir, el sistema descansa sobre todo en la actividad de los Estados, que sigue siendo susceptible de mejora, pero ha aumentado en las últimas décadas, dentro de un sistema en el que la Corte Penal Internacional ha jugado un papel relevante. Sobre la última parte de la pregunta, reiteraría algo que ya mencioné más arriba: dado su diseño, la fuerza o debilidad de la Corte será la que le den los Estados Parte de su Estatuto, que son 125 hoy en día.
