Skip to main content

Etiqueta: financiamiento

Propuesta de ley busca fortalecer a las MIPYMES mediante la creación de Centros de Desarrollo Empresarial

Escrito el . Publicado en Derechos.

En el marco de los esfuerzos por potenciar el desarrollo económico de Costa Rica, se ha presentado ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley titulado “Ley de Creación de los Centros de Desarrollo Empresarial para Acercar Servicios Empresariales a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”. Esta iniciativa busca fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), un sector que constituye uno de los principales motores económicos del país.

El proyecto de ley propone la creación de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE), que serán espacios dedicados a brindar asistencia técnica, asesoría empresarial y capacitación a las MIPYMES en todo el territorio nacional. Los CDE operarán bajo una alianza estratégica entre el sector público, privado y académico, lo que permitirá aprovechar las capacidades y recursos de cada uno de estos sectores en beneficio del desarrollo empresarial.

Según la diputada Vanessa De Paul Castro Mora, impulsora de la iniciativa, “el sector MIPYME es fundamental para la economía costarricense, no solo por su capacidad de generar empleo, sino también por su contribución a la innovación y a la diversificación del mercado. Sin embargo, estas empresas enfrentan barreras significativas, como la falta de acceso a financiamiento, asistencia técnica y capacitación especializada”. Con la creación de los CDE, se busca superar estas barreras y mejorar la competitividad de las MIPYMES, contribuyendo a su crecimiento y sostenibilidad.

 

Información compartida con SURCOS por el despacho de la diputada Vanessa De Paul Castro Mora.

“Ciudad gobierno”: La gran chambonada

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Lo que hace una década, parecía un buen proyecto, hoy, en las manos del gobierno de Chaves, se convirtió en una CHAMBONADA.

¡Veamos!

  1. NO se podría construir en un terreno ajeno, en este caso, perteneciente al Liceo de Costa Rica, mas, sin embargo, ni siquiera buscan dialogar, para ver cuánto habría que pagar por expropiar la cuadra que alquilaba el MOPT al Liceo.
  2. El ministro de Hacienda, confesó que el préstamo por US$450 millones, que otorgaría el BCIE, ¡solo alcanzaría para un tercio del proyecto Ciudad Gobierno! Que habría que buscar otras fuentes de financiamiento, sin precisar cuáles.
  3. Por otro lado, los señores del BCIE informaron que ¡no tienen experiencia en este tipo de proyecto! Que están aprendiendo. Por lo que cabe la pregunta: ¿Y si sale mal?
  4. Al tratar de obviar preceptos legales firmes, como la aprobación legislativa del crédito internacional, y la eventual ejecución mediante licitaciones formales, la tal «ciudad» para 11.000 funcionarios, y varios miles más de usuarios, se encuentra al garete.
  5. Si pese a las chambonadas gubernamentales, se arreglaran ciertas cosas y se llegaran a construir los grandes edificios, en terrenos estatales, HOY todavía no hay seguridad, de que, después de pagar alquileres por 25 AÑOS al banco centroamericano (por el crédito ¡que, repetimos, no alcanza!) NO existe certeza de que el Estado pudiese recuperar la propiedad de toda esa infraestructura, pues proponen resolver algo tan delicado, al final del cuarto de siglo de estar pagando, los indefinidos montos de alquiler. Algo, obviamente inaceptable.
  6. Hay indicios de que, ni los señores diputados ni los órganos de control, conocen lo que sería «el expediente oculto», que la administración Chaves está manejando cual secreto de Estado, y que se presume, estaría lleno de ciertas sorpresas.
  7. Los constantes cambios de los jerarcas en los ministerios de Planificación, Vivienda y el MOPT, han hecho aumentar la incertidumbre, y las informaciones contradictorias, que surgen en las «conferencias de prensa» de Chaves, pues por largos períodos, el proyecto se ha quedado sin cabeza.
  8. Otro asunto sumamente importante es que, a ciencia cierta, se desconoce cuánto se pagaría de alquiler al BCIE, por los 153.000 m² de construcción que el BCIE nos arrendaría, y cuán diferentes (mayores o menores) serían los montos que se pagarían, con respecto a los actuales, por los entes públicos que tendrían que mudarse a los nuevos edificios. Los actuales jerarcas de ministerios e instituciones autónomas que tendrían que mudarse, no tienen idea de cuáles serían las previsiones presupuestarias necesarias, que tendrían que atender extraordinariamente.
  9. Finalmente, ¿seguirá siendo el «buen proyecto» que se valoró en el 2014? Pregunta pertinente, que demanda una respuesta formal, razonable, muy bien sustentada, pues ante ¡el desbarajuste que ha provocado el Poder Ejecutivo!, ha surgido, la idea que tal vez, en lugar de CONCENTRAR los servicios estatales, en ese lugar del sur de la ciudad de San José, sería más inteligente propiciar, una ordenada DESCONCENTRACIÓN, individualizada, por regiones, que no conlleve la creación de un monstruo, rígido y poco práctico, para atender eficientemente las necesidades de los habitantes de todo el país. Que, asimismo, sería mucho mejor, emular el proceso ya iniciado exitosamente, por la CCSS por medio de más de mil EBAIS, por el Poder Judicial con sus oficinas regionales, y por otros entes de servicio estatal. Ello con la finalidad de llevar hacia los habitantes, las instituciones que requieren, y no alejarlas, cada vez más, de sus vecindarios.

Objetivamente, los compatriotas residentes lejos de San José aplauden, más bien, la posibilidad de poder ser atendido cerca de sus domicilios, para no verse obligados, muchas veces sin recursos económicos y otras dificultades, a trasladarse a la muy incómoda ciudad capital, a realizar trámites que, evidentemente, podría cumplir mucho más ágilmente, en sus respectivas regiones.

Los cortesanos de Rodrigo Chaves

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Martín Rodríguez Espinoza

Cuando los costarricenses votan por un candidato o candidata a la presidencia, espera que, al llegar, lo haga para legislar a favor de todo un país, pero no es así.

La verdad es que detrás de una candidatura, a la presidencia o a diputaciones, se esconde la mano que financia la campaña electoral. Esto ha quedado demostrado siempre, después de cada elección. Lo sabe el Tribunal de Elecciones que con un mazo golpea a los partidos pequeños y desfinanciados, pero que con los poderosos utiliza un plumero. El PLN, el PUSC, el PAC, los libertarios, el PASE, y ahora el partido de Rodrigo Chaves, son ejemplos de esos partidos financiados con “dinero que les cae sorpresivamente del cielo”, las páginas de los diarios están llenos de noticias sobre financiamientos fraudulentos y cuentas paralelas a esos partidos políticos. Hasta Oscar Arias Sánchez, aceptó que una empresa estadounidense ligada al narco lo apoyó en la campaña electoral de 1986. ¿Y qué hace el Tribunal de Elecciones?

También el pueblo espera que quienes gobiernan escojan a los mejores profesionales para que administren de mejor forma las instituciones y las empresas públicas. Pero ya tampoco es así. En este gobierno, como en anteriores, ha quedado demostrado que se nombran personas para que hagan que las cosas NO funcionen. En este gobierno, sin embargo, las cosas van más allá.

No son ministros, viceministros; no son presidentes ejecutivos de las instituciones públicas, no son funcionarios profesionales que asumen un cargo para desempeñar su experticia, su experiencia en la función pública, cumpliendo las obligaciones que la Constitución Política, las leyes y los objetivos institucionales que el cargo demanda y obliga.

Ni siquiera son diputados y diputadas, que con respeto a la misma Constitución Política y la independencia de Poderes políticos que exige, deben de cumplir para el pueblo costarricense, no.

Se comportan, actúan y hablan, como verdaderos “cortesanos”, siervos del mandato del autoritario Rodrigo Chaves Robles, agente de los entes financieros internacionales metido a presidente de una Nación supuestamente independiente y soberana.

Se comportan y actúan como eso, cortesanos de una monarquía en las sombras, pero de la que Rodrigo Chaves no es el Rey, ni la Reina, es tan solo la cara visible en el máximo cargo que confiere la Constitución Política. Hasta Rodrigo Chaves sirve a alguien más, a unas pocas familias que se creen dueñas de Costa Rica, que se hacen cada vez más millonarios con la servidumbre que han recibido de gobiernos, prácticamente desde las generaciones anteriores, las que asesinaron a Juan Rafael Mora Porras (Juanito Mora).

Antes del Renacimiento, los cortesanos y cortesanas tenían la función de transmitir información a dignatarios visitantes, cuando no se podía confiar en los sirvientes. En la Europa renacentista, los cortesanos jugaban un papel importante en la sociedad de clase alta, de la monarquía, de los ricos, hoy Rodrigo Chaves cuenta con una buena cantidad de sirvientes, cortesanos que cumplen la misma función.

Entonces, ¿qué necesitamos cambiar para enderezar el país y que quienes gobiernen lo hagan para todo el país y no para quienes financiaron la campaña electoral?

¿Cuál es la reforma electoral que más urge?

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Se ha anunciado que el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, solicitó a la Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, Eugenia Zamora, apoyo para promover e impulsar reformas a la legislación electoral nacional con ánimo de fortalecer los sistemas de financiamiento de los partidos políticos, y atender también, entre otros aspectos, lo relacionado con la regulación de las redes sociales en las campañas.

El Presidente legislativo se preocupará de buscar el mecanismo que facilite el mejor trámite rápido a las reformas que corresponda impulsar y aprobar, integrando una Comisión Especial que, de manera exclusiva, atienda el estudio de estas reformas electorales, que comprende, además, el estudio de más de 50 Proyectos de Ley, en trámite legislativo, que tienden a producir reformas en el sistema electoral.

Sugiero que públicamente el Tribunal Supremo de Elecciones, por medio del Instituto de Formación en Democracia, IFED, bajo su potestad, en coordinación con la Presidencia Legislativa, desarrolle, un ciclo de Foros continuos, todos los días de ser necesario, de 4 a 8 p.m., en el Auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, o en la Sala de Jefes de Estado y de Presidentes de la República, de la Asamblea Legislativa, donde con analistas, comentaristas, periodistas del ámbito político, gestores de opinión, representantes de los partidos políticos, de los sindicatos y otras organizaciones sociales interesadas, y los proponentes de los Proyectos de Ley, entre otros, se analicen y discutan esos proyectos, y esas posibles reformas, que se quieren introducir en la legislación electoral, con el propósito de que ese esfuerzo, que se va a realizar, se enriquezca con otras opiniones.

Estos Foros, pueden ser transmitidos por las redes sociales que ya usa el IFED, a las cuales puede añadirse la de la Biblioteca Nacional, que realiza una excelente labor con ese trabajo de divulgación de sus actividades culturales.

Todavía hay tiempo para cualquier modificación de leyes, o de la misma Constitución, que se pueda tramitar para que entre en vigencia a partir de los comicios nacionales del 2026. Queda todo lo restante del año 2023 y todo el año 2024, ya que, en el año 2025, en enero debe estar aprobado el Calendario Electoral de las elecciones que iniciarían en noviembre, de ese año, para concluir en febrero o en abril del 2026. Hay tiempo si se sabe aprovechar y si se pone la voluntad política para actuar.

Se le está dando prioridad, en la antesala de esta discusión, que debe ser nacional, y no solo de un petit comité parlamentario, al aspecto de financiamiento y el manejo de redes.

Si del financiamiento electoral se trata, lanzo un primer dardo. Espero afinar mi puntería.

Lo primero que hay que entender en materia de financiamiento de las campañas electorales a cargo del Estado, es que cuando se aprobó esa legislación, hace ya varias décadas, se hizo con sentido democrático muy certero. Garantizar el financiamiento de los partidos a cargo del presupuesto público, para quitar, del proceso electoral, el control que personas, o pequeños grupos de personas, financiando partidos, los controlaran, o pudieran tener tal nivel de poder en ellos, para imponer los candidatos a su antojo en los distintos órdenes de elección.

Junto al financiamiento electoral nacional se permitió el financiamiento privado, al que se le han metido ciertos candados, pero no se ha prohibido del todo, o no se ha regulado de manera más precisa. Veamos.

El Presupuesto Nacional que se destina al financiamiento electoral de las campañas descansa en el 0.17% del PIB, del período fiscal tras anterior a la campaña electoral. Eso es hoy, y desde hace algunas campañas electorales atrás, un montón de millones de colones. Por eso es que demagógicamente, al filo de cada campaña, se aprueban reformas legales para que ese 0.17% no se aplique todo, y lo rebajan al 0.11%, como se ha venido haciendo. Demagógicamente anuncian esa disminución como un triunfo democrático en el ahorro del gasto público. Aun así es mucho dinero. Cualquier rebaja o corte le debería quedar al TSE para su misión de educar electoralmente en democracia. Hay que entender que la democracia hay que pagarla, y los procesos electorales también. Si no los paga el Estado, a los partidos les pueden llegar fondos no muy sanos, que pueden ser de la narco política, que se está organizando, de grupos mafiosos o de personas que han entendido que con el tipo de financiamiento público, pueden hacer clavos de oro, porque la legislación permite que los partidos contra sus presupuestos de gastos electorales, y préstamos que consiguen, puedan vender bonos con altos descuentos. República Dominicana y Colombia son ejemplos de estas mala influencias en procesos electorales pasados. Todo el dinero que se mueve de los presupuestos que están obligados a presentar todos los partidos políticos, sobre los gastos de su participación en la campaña electoral a la que van, no alcanza ni al 60% de ese 0.11%.

Esto es lo que hay que controlar. ¿Cómo? La fórmula más democrática que yo veo es la siguiente.

1.- Hay que garantizar legalmente que todos los partidos tengan igual acceso al financiamiento electoral público. Actualmente solo tienen acceso los partidos que sacan más del 4% de votos o eligen un diputado. Esto no es nada democrático porque a todos los partidos, que se inscriben, les dan la misma posibilidad de participar, y todos los electores nacionales valen, para todos los partidos, de igual forma. Sin embargo, en la realidad no opera así. Los electores de los partidos que no llegan al 4% de votos, o no eligen un diputado, no se reconocen como iguales en su resultado, castigando a estos partidos con no recibir nada, absolutamente nada, de sus gastos electorales, que también realizan al igual que los partidos que sacan más del 4% de votos o eligen un diputado. Y, el valor económico, de estos votantes, se distribuye entre los votantes de los partidos que sacan el 4% o eligen diputado, dándoles más valor económico cuando desde el origen de la campaña, todos los ciudadanos, todos los electores, teóricamente valen igual.

Si se diera, en posibilidad, para todos los partidos, este financiamiento se resolverían prácticamente todos los problemas que esto causa actualmente.

2.- Si se asegurara este financiamiento, de esta manera, se podría prohibir totalmente cualquier financiamiento privado a los partidos, y no habría posibilidad alguna que puedan endeudarse extraoficialmente porque no se podría justificar ese endeudamiento, ni venta de bonos, porque los partidos tendrían asegurado su financiamiento. Aquí se acabarían los negocios, y negocitos, que se hacen, con estos financiamientos, a los partidos políticos desde el sector privado, y desde los bancos, que prácticamente financian campañas casi completas… a ciertos partidos, o a los que estudian que pueden asegurar, por sus resultados, las inversiones que en ellos hacen, sin importar ya el color o la ideología que se les imputen. Lo que interesa es hacer dinero…con el sobre pago de los bonos de la campaña electoral.

3.- El Tribunal Supremo Electoral puede asegurar el buen uso del dinero que se destine a cada partido, en correspondencia al financiamiento nacional disponible. ¿Cómo? Se abrirían cuentas oficiales, en bancos autorizados, pueden ser todos los del sistema bancario nacional, cuentas bajo estricto control del Tribunal Supremo de Elecciones, que colocará allí los dineros públicos que le correspondan a esos partidos, contra el giro autorizado de los contratos que esos partidos hagan para sus respectivos gastos de la campaña electoral.

Igual que ahora, todos los gastos deben someterse por contratos debidamente hechos, que se presentarían ante del Tribunal supremo de Elecciones, para su respectivo control de legalidad. Si son contratos, por ejemplo, con empresas o medios de comunicación, debidamente inscritos, como se acostumbra, con sus tarifas autorizadas, las empresas tendrían mayor garantía de pago, porque la plata está en las cuentas de los partidos, la que se giraría contra la pauta contratada. Les llegaría el mismo dinero a esas empresas y medios de comunicación al 100% de su valor y no con bonos de posible recuperación, como sucede en muchos casos. Les llegaría, igualmente, dinero seguro a todos los medios, grandes y pequeños, y a los programas de opinión, que también se inscriben en las campañas electorales, favoreciendo de esta manera la democracia informativa y formativa nacional de los ciudadanos. Bien podría establecerse que ese financiamiento publicitario es para divulgar los programas electorales y las calidades de los candidatos. Igual podría regularse la crítica pública entre partidos. Quedaría, prácticamente, por fuera el uso de medios indecorosos, fraudulentos, de troles, y otras especies similares porque no podrían pagarse a cargo del presupuesto público electoral. El partido que hiciere esto podría ser castigado severamente, en lo civil y en lo que penalmente correspondiere.

Si se abriere el portillo del financiamiento privado, en esta fórmula de financiamiento, esos financiamientos privados entrarían obligatoriamente a las cuentas públicas, abiertas por el Tribunal Supremo de Elecciones, bajo la forma de donación, que se sumaría al resto del dinero que en esas cuentas haya del financiamiento que corresponda, sin que generen obligaciones con esos donantes, ni posibilidad de recuperación de dineros, porque lo que no se gaste en la campaña, contra los presupuestos presentados, quedaría a fondo, siempre bajo control del TSE, para las campañas municipales, o para garantizar el uso permanente de instalaciones partidarias en la capital, o en ciudades, donde los partidos puedan mantenerlas en actividad político formativa y organizativa de sus propios cuadros políticos.

4.- ¿Cómo asegurar una distribución equitativa del presupuesto nacional electoral, del 0.17%, o del 0.11%, o del porcentaje que se disponga, para los partidos políticos que van a participar en una elección? En el supuesto que se destine todo, solo para facilitar esta explicación, se procedería así. Todo el presupuesto se divide en dos partes iguales de 50%. La primera mitad se distribuiría entre los partidos políticos que participaron en la campaña pasada y repiten en la nueva campaña electoral, en proporción a los votos que obtuvieron en esa campaña anterior. Con eso aseguran un porcentual de dinero para su campaña. La otra mitad, el otro 50% disponible, se divide en partes iguales proporcionales a todos los partidos que se inscriben para la siguiente campaña. Así, los partidos que repiten aumentan un porcentaje más su disponibilidad de gastos y, los nuevos partidos, los que por primera vez participan, aseguran un gasto electoral, cuyo porcentaje asegurará, sin dudas, la posibilidad de que puedan realizar una mínima campaña electoral decorosa, digna y decente.

5.- La clave de todo este proceso está en las cuentas oficiales que abra el TSE a cada partido, donde se depositará el dinero que les corresponda, contra los contratos de gastos hechos y aprobados por el TSE. En la práctica este trabajo lo hace el TSE cuando acaban las elecciones y se liquidan los gastos para ver si se procedió bien o no. Este proceso evitaría, en mucho, que tesoreros, y personeros de los partidos, puedan verse involucrados en procesos fraudulentos de financiamientos y en posibilidad de verse involucrados en denuncias penales y encarcelamientos como ya ha sucedido.

Esta es una primera opinión mía sobre esta temática. Abramos o iniciemos un debate, una discusión, un análisis sobre esta temática, que ya van a empezar a cuajar entre la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones. Que se discuta de cara al público, a los ciudadanos, al electorado y a los interesados en los asuntos políticos del Estado, del Gobierno, de la Democracia y de la Democracia Electoral costarricense, que es lo que a todos nos interesa salvo guardar.

¿Es posible hablar de hitos en la gestión gubernamental del sector agropecuario?

Escrito el . Publicado en Análisis.

German Masís Morales

El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha divulgado el documento Hitos del Sector Agropecuario, Administración 2018-2022, en la que presentan los resultados de la gestión del Ministro Alvarado y su equipo en ese período.

La primera observación al documento se refiere a su nombre, ya que el concepto de hito, refiere a “acontecimientos significativos que marcan momentos importantes en un proceso histórico” (diccionario de la LE), por lo que habría que determinar si las acciones realizadas por las instituciones del sector agropecuario en efecto marcan momentos relevantes en la historia reciente de ese sector.

Probablemente sería más adecuado mencionar que las acciones en el documento, corresponden más como se expresa en la misma presentación, a “logros alcanzados como resultado de la acción integral (…) de las instituciones del sector ”(MAG,Hitos del Sector Agropecuario,mayo, 2022,p.5).

Lo anterior es fundamental establecerlo, ya que como lo indicamos en un artículo anterior, los gobiernos cumplen con gestionar el sector y ejecutan acciones en varias áreas de la actividad agropecuaria que poco se diferencian de una Administración de otra. De ahí que al igual que en gobiernos anteriores, al final de la gestión, se enumeran avances puntuales en algunos ámbitos del sector agropecuario que si bien son positivos, no trascienden hacia las grandes transformaciones que éste requiere.(alterdescr,abril,2022)

Entre las acciones ejecutadas, de inversión en infraestructura agropecuaria, de comercialización y valor agregado, agricultura inteligente y tecnología para generación de datos, innovación y transferencia de tecnología, acceso a recursos: tierra y crédito y apoyo a las metas de la agenda agro-ambiental, habría que analizar no sólo si se constituye algún hito, si no si se logra un avance sustantivo que supere lo realizado en períodos anteriores.

Ya que las acciones de impacto en la protección fitosanitaria, en la calidad de las semillas para el sector, en la política de género y en oportunidades para el crecimiento del sector pesquero y acuícola, responden principalmente a las actividades tradicionales de todos los gobiernos en la gestión del sector.

Decíamos en un artículo anterior, que es fundamental identificar los grandes retos y las grandes transformaciones pendientes en el sector, a nivel tecnológico, comercial, financiero, de agregación de valor, de aseguramiento de la producción, de disponibilidad de los recursos tierra y agua, de seguridad alimentaria, de organización y desarrollo de la empresariedad, de apoyo a los micro y pequeños agricultores familiares y el mayor de los desafíos, el impulso de una agricultura más sostenible e inclusiva.(alterdescr,abril 2022)

Afirmábamos apoyados en lo expresado por el exministro Felipe Arauz, en un reciente foro de la UCR, que la Agricultura requiere una transformación hacia sistemas de producción más sostenibles, mediante “soluciones que tengan el potencial de generar una transformación de nuestra agricultura, un cambio que haga los sistemas agro productivos más sustentables, más justos y más cercanos a una verdadera seguridad alimentaria”

Agregaba el exministro que “tenemos dependencia de importaciones de insumos importados para la producción agrícola y también pecuaria”, aspecto que resulta crucial en un momento como el actual de aumento en los precios de los agroquímicos debido a la guerra en Ucrania.

En ese sentido es importante valorar el aporte de la gestión anterior, hacia la reducción del uso de insumos importados (uno de los más altos en el continente americano) y en procura de la generación y el uso de insumos locales más baratos y menos contaminantes. Arauz apuntaba que “debemos promover la producción local de lo que sea agronómicamente posible, reduciendo la cantidad de insumos importados para su producción. Lo que se busca es optimizar el uso de insumos, aumentar la productividad, y minimizar los impactos ambientales.”(semanariouniversidad.com,19-4-2022)

Así mismo, en el citado artículo se sugería valorar los resultados de la gestión a la luz de los planteamientos realizados en el 2014 por investigadores de la Universidad Nacional, en el grupo de Políticas agrícolas los cuales propusieron establecer centros regionales de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, reorientación del INTA hacia esa labor y promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático. como esenciales para la transformación del sector agropecuario hacia una producción más sostenible.

Sin embargo, es bueno destacar que el aspecto de tecnologías para la adaptación y mitigación del cambio climático, si representa uno de los avances de la gestión Alvarado (a pesar de que no fue mencionado en el documento Hitos), ya que se han divulgado los logros de la Estrategia nacional de Ganadería baja en carbono y el proyecto NAMA Ganadería con la inclusión de más de 1000 fincas(comunicado del Gobierno de la República,11-9-2020)

Por su parte el ámbito de inversión en infraestructura agropecuaria en riego, drenaje, comercialización y valor agregado, es probablemente uno de los mayores logros de la Administración Alvarado, en buena medida con la intervención del INDER, entidad que en noviembre del 2021 había informado que entre el año 2018 y el 30 de setiembre del 2021 las inversiones totales de la institución en los 29 Territorios Rurales sumaron ₡56.450 millones y que en total se han beneficiado con esos recursos cerca de 283.916 familias rurales en todo el país.(alterdescr,noviembre 2021)

No obstante, el ámbito de menor avance relativo a los grandes retos del sector, se refiere al mejoramiento del sistema de comercialización de productos agropecuarios, que en la propuesta del grupo de Política incluía la reestructuración y modernización del CENADA, de las ferias del agricultor y del programa de Abastecimiento Institucional, la creación de un fondo de crédito agropecuario para los pequeños y medianos productores con recursos de la Banca para el Desarrollo y de un sistema de seguro agrícola(Grupo de Políticas agrícolas, 2014,12 p.)

En definitiva, se podría concluir que la gestión de la Administración Alvarado en el sector agropecuario, presenta no solo logros parciales aún distantes de las grandes transformaciones necesarias, si no que es aventurado e inexacto afirmar que se trata de hitos en la ejecución de políticas agropecuarias y en el desarrollo del sector.

¿U públicas financiando a las privadas?

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Silvia Castro, la presidente de la junta directiva de la empresa Ulacit, de quien dicen aspira a ser la ministra de Educación en caso de ganar la señora Lineth, tiene una «propuesta sencilla», que resume así:  Se trasladan ¢2.600 millones del presupuesto del TEC, UNA, UNED y UCR, a las 52 universidades privadas. 

Con ello, dice, se evita «subir los precios», y se usarían «para el financiamiento de investigación». Se pretende, dice, que «el Estado contribuya de ALGUNA MANERA con INCENTIVOS, para que el costo no se le vaya a trasladar al estudiante en su matrícula».                 

Como obviamente la señora Lineth, candidata presidencial del PUSC, conoce muy bien tal proyecto, LOS ELECTORES queremos saber lo que piensa, por lo que públicamente le reiteramos nos lo aclare; eso sí, antes del 6 de febrero.

COVIRENA y el importante reconocimiento que obtuvo en los Premios Latinoamérica Verde

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

SURCOS comparte la siguiente nota

Los premios Latinoamérica Verde son uno de los festivales de sostenibilidad más relevantes del mundo, que cada año premia y da visibilidad a los 500 mejores proyectos ambientales de Latinoamérica, convirtiéndose así en la vitrina que dinamiza la economía verde, al exhibir las iniciativas regionales en 10 categorías alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Las categorías de los premios son: Agua, Bosques y Flora, Biodiversidad y Fauna, Desarrollo Humano, Inclusión Social y Reducción de Desigualdad, Energía, Finanzas Sostenibles, Gestión Urbana, Manejo de Residuos Sólidos, Océanos y Producción y Consumo Responsable.

El proyecto con sello costarricense COVIRENA (COMITÉS DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES) logró el puesto 180 en los premios a nivel general y el puesto 10 en la categoría Bosques y Flores. Rebeca Quirós presidenta del proyecto de COVIRENA de Drake en ACOSA (área de conservación de Osa) indicó que ya hay 6 grupos legalmente constituidos de comités de vigilancia de los recursos naturales, en el que trabajan ad honorem más de 70 inspectores ambientales como guardaparques voluntarios.

Los grupos inscritos en este momento son: Puerto Jiménez, Peje Perro, Rancho Quemado, Alto Laguna, Bahía Drake y humedal Diquís. Todos los anteriores cuentan con los carnets que les oficializan como Covirenas y han estado trabajando desde hace seis meses en la labor de prevención, control y protección. Recientemente se está gestando en Drake y Rancho Quemado la implementación de programas de Educación Ambiental y actividades de monitoreo e investigación.

La inscripción del grupo a los premios Latinoamérica Verde fue realizada por la presidenta del proyecto en Drake “no me imaginé que íbamos a quedar dentro de los 500, ni tampoco me imaginé que íbamos a quedar creo, en primer lugar, a nivel nacional, pero bueno, una gran alegría que se nos reconozca un poquito de lo que hacemos”.

Sharon Alfaro y Rebeca Quirós han estado moviendo el proyecto, buscando financiamiento en algunas instituciones del país y creando alianzas con otras organizaciones como Osa Conservación, Namá Conservación, UNED, ICT, Museo Nacional. En este momento se están escribiendo propuestas de financiamiento para Canje de Deuda, la Embajada de Estados Unidos y National Geographic, el equipo se encuentra a la espera de alguna respuesta y así poder tener fondos para seguir con la labor.

Un pilar fundamental en la gestión que realiza COVIRENA ha sido el apoyo económico por parte de Namá Conservación, esta organización ha financiado el pago de pólizas, la compra de camisetas, comida, viáticos, entre otras. Rebeca Quirós destaca la importancia del proyecto y las dificultades que afronta por la cacería de chancho de monte, por lo que se han extendido las jornadas de patrullaje para velar por la seguridad de estos animales que actualmente se encuentran en peligro de extinción.

Para conocer más de la organización y las actividades que realiza puede dar click aquí, lo remitirá al perfil de Facebook de Covirenas de ACOSA.

El financiamiento narco electoral a la vista

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los partidos políticos Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional, en la Asamblea Legislativa, acordaron un recorte de 36.000 millones de colones de la llamada Deuda Política para las próximas elecciones del 2022 y las siguientes municipales del 2024.

La Constitución Política establece que para estos propósitos se debe destinar un 0.19% del Producto Interno Bruto, del año trasanterior, a las elecciones nacionales. Esa es una cifra que puede estar hacia las elecciones del 2022 en los 65.000 millones de colones.

Desde procesos electorales anteriores la Asamblea Legislativa, por acuerdo de partidos, y por presión pública, vienen recortando esa cifra al 0.11%.

Demagógicamente los partidos políticos justificaban dicha reducción en interés de la reducción de gastos nacionales, y de reducción de sus propios gastos electorales para las respectivas campañas. Esto no es cierto. Los partidos han gastado lo que presupuestan para sus campañas, sin importarles ese porcentaje porque están dentro de él.

En ninguna campaña electoral los partidos políticos gastan todo ese dinero, el 0.19% ni el 0.11%, ni tampoco lo justifican en posibilidad de gastarlo, en la totalidad de los partidos políticos que se inscriben en cada campaña electoral.

Todos los partidos políticos al inscribirse para una campaña electoral tienen que presentar un Presupuesto de gastos para la campaña que van a enfrentar. Este Presupuesto por presentado al Tribunal no se puede modificar en ningún sentido, y contra él cada partido justifica sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que después de las elecciones, en correspondencia al porcentual de votos que cada partido saca, le reconoce gastos a los que sacan más del 4% de votos o elige al menos un diputado, siempre y cuando estén en debida forma sus contratos de gastos electorales y sus facturas.

Cuando se estableció este porcentual para el financiamiento de los partidos políticos, en las campañas electorales, se hizo bajo un espíritu y una filosofía muy democrática, de garantizar la posibilidad de participación de los ciudadanos en sus distintos partidos políticos, y de evitar que los ricos pusieran o impusieran sus propios candidatos. Se decía que en el Club Unión se escogían los candidatos antes de 1949. Lo del financiamiento de las campañas electorales fue para evitar esto y asegurar más democracia, y posibilidad democrática, en el escogimiento de candidatos y de garantizar más participación electoral.

Aún con la limitación del 4% de votos, para tener derecho a ese reconocimiento de financiamiento, ya era importante lo dispuesto, porcentaje que se logró a finales del siglo pasado.

En la experiencia electoral del país de todos los procesos electorales, desde 1953 hasta el 2018, más del 90% de los partidos políticos que participan no sacan ese 4% de votos o no eligen diputados, quedando fuera del reconocimiento del financiamiento electoral, favoreciendo de esa manera solamente a los partidos que eligen diputados o sacan ese 4% de votos.

El propio Tribunal Supremo de Elecciones se pronunció a favor de este recorte, sin defenderlo en la filosofía que tiene dicho soporte constitucional, lo cual es un absurdo, que el Tribunal no defienda lo que por Constitución le corresponde, dejando la sensación de que el Tribunal no está por democratizar el proceso electoral o de asegurar la mayor participación posible, y lo peor, que con esa actitud facilita la aparición de narco financiamientos de candidatos y de partidos políticos.

Si de conformidad a lo dispuesto en la Constitución para estos gastos, no se gasta, lo restante le ha de quedar al Tribunal Supremo de Elecciones para asegurar posibles procesos electorales de consultas ciudadanas, por plebiscitos o referéndums, que se deberían promover más, como parte de la llamada participación ciudadana. Igualmente, para garantizar una mayor proyección del Instituto de Formación en Educación Democrática, IFED, del mismo Tribunal, y de los procesos de capacitación, que deben ser permanentes de los partidos políticos, con respaldo a ese monto constitucional.

La práctica que se va a imponer, en los procesos electorales, cuando se reduce el monto de financiamiento de los partidos, es la de volver a las viejas prácticas en la que los ricos ponen candidatos, los financian, así como a sus partidos, y la desviación y deformación de esto es que también el narco dinero, y las narco mafias, incrustadas como están en el andamiaje institucional y nacional, empezarán a campear, más ampliamente, desarrollando la narco política como escenario y pasarelas de candidatos y partidos, con el aval de quienes han impulsado esta reducción del financiamiento estatal de las campañas electorales.

El candado es poner una prohibición total al financiamiento privado de las campañas y asegurar que el financiamiento público, de la llamada Deuda Electoral, cubra a la totalidad de los partidos políticos, en igualdad de condiciones, para su participación real en las campañas electorales.

Mientras se mantenga el financiamiento privado y la reducción del financiamiento público, en el futuro inmediato, esos son los riesgos que afrontará el proceso electoral y la democracia nacional.

Rafael Ángel Calderón Guardia, nombre para la Ciudad Científica, en el 80 aniversario de la Universidad de Costa Rica

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La Universidad de Costa Rica hoy cumple 80 de fundada, de creada, en el Gobierno Reformista del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.

Se ha discutido si fue creada, fundada, o reabierta, dándole continuidad a la Universidad de Santo Tomás que se había fundado el 3 de mayo de 1843.

Antes de la Universidad de Santo Tomas el 24 de abril de 1814 se había establecido, y abierto sus puertas, ese día, la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, que podemos considerar la primera Casa de Educación Superior que se establecía en Costa Rica, donde laboraron como docentes distinguidas personas que luego estuvieron ligadas, muy de cerca, al proceso y proclamación de la Independencia de Costa Rica, en 1821.

A partir de la Independencia las reglamentaciones de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás las hacían el Ayuntamiento de San José y la “Tertulia Patriótica”, que fue una institución impulsada por el Dr. Rafael Francisco Osejo, que a su vez fue el Primer Rector de esta Institución en 1814.

En 1824, el 10 de diciembre, el Gobierno asumió la protección de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, dándole rentas propias. El gobierno del Primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, educador de formación, se preocupó de que tuviera “rentas propias”, para asegurar su funcionamiento plenamente.

Los estudios en ese período inicial de la Independencia rápidamente se fortalecieron, cuando el 26 de abril de 1825 el Poder Ejecutivo impulsó la creación de las Cátedras de Derecho, Latín, Francés, Inglés, y se empezó a dar un curso de Medicina, como “el arte de curar las dolencias humanas”. También se dio Física Experimental, Historia Profana, Psicología y Matemáticas, entre otras materias.

El 3 de mayo de 1843 se convirtió la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en la Universidad Pública, bajo el auspicio de Santo Tomás, su anterior Patrono.

De nuevo los gobiernos de ese período le mantuvieron las rentas que tenía, y se le dio, además, la cuarta parte del producto líquido de las rentas del tabaco, que se expendiera en todas las tercenas del Estado, así establecido por Decreto del Jefe de Estado José María Alfaro, encargando de su ejecución al Dr. José María Castro Madriz, quien llegó a ser uno de sus Rectores.

El 1 de setiembre de 1843 se redactaron los Estatutos de la Universidad de Santo Tomás. Se mantuvieron los estudios de Jurisprudencia, Teología y Medicina. Es interesante que en sus Estatutos como logo se pusieron elementos usados por la Masonería. El Dr. José María Castro Matriz, siendo Presidente de la República, llegó a ser el Venerable Maestro, la autoridad superior de la Primer Logia Masónica establecida en el país, al impulso del Presbítero Francisco Calvo, quien también se había desempeñado como Capellán General, del Ejército Nacional, durante la lucha contra los filibusteros norteamericanos.

La Universidad de Santo Tomás en la práctica abrió sus aulas el 21 de abril de 1844, siendo su Primer Rector el Presbítero Juan de los Santos Madriz, y José María Castro Madriz, Ministro de Instrucción Pública.

En los años siguientes, 1849, 1858, 1859, 1869, 1870, se hicieron modificaciones a los Estatutos de la Universidad.

En el Gobierno del Gran Presidente, Juan Rafael Mora Porras, en 1854, se construyó el edificio de la Universidad, y se le fortalecieron las rentas o ingresos en la Tesorería Nacional, “cuyo crédito no puede perecer”. El Presidente Mora procuró a asegurar las rentas de la Universidad de manera que no fueran ni a disminuir, ni a la posibilidad de quitárselas.

En los años siguientes la Universidad de Santo Tomás asumió un papel importante, impulsando bajo su amparo, instituciones educativas para la formación de jóvenes.

Así, el 4 de julio de 1874, el Congreso, por impulso del Presidente Tomás Guardia Gutiérrez, decretó la apertura del Colegio, denominado Instituto Nacional, bajo la tutela de la Universidad de Santo Tomás, y mantuvo, a nivel universitarios, en ese momento, únicamente los estudios de Jurisprudencia, porque no había alumnos para otros estudios.

Se trataba también de fortalecer los estudios secundarios. En el Instituto Nacional se fortalecieron estudios de Humanidades, Historia Sagrada y Profana, cronología y geografía, matemáticas, física, química, geología, astronomía e historia natural, agronomía, entre otras materias.

El 1 de abril de 1875 se hizo un Reglamento del Instituto Nacional, en el cual se estableció la supervisión del Instituto por el Rector de la Universidad, y se trajeron profesores europeos para trabajar allí, abriendo sus puertas, el Instituto, el 16 de mayo de 1875, nombrándose Rector de la Universidad y del Instituto al Dr. Lorenzo Montúfar.

En esta segunda mitad del siglo XIX hubo un impacto muy grande en el nivel cultural, educativo y científico, con grandes cantidades de europeos, casi de todas las nacionalidades, que se trajeron al país a trabajar, con resultados muy valiosos, en el momento que el país se abría para procesos migratorios laborales para la construcción del ferrocarril, para lo cual llegaron negros, chinos e italianos, especialmente.

El 24 de diciembre de 1879 el Gobierno contrató a Valeriano Fernández Ferraz para dirigir el Instituto Nacional.

En 1883 el Presidente Próspero Fernández le fortaleció la vida autonómica a la Universidad, le devolvió el edificio que tenía y le aseguró su propio manejo de su Patrimonio. De nuevo el Gobierno de la República, entendiendo la importancia de la Universidad le aseguró su financiamiento y patrimonio físico ya existente.

En 1884, el 10 de marzo, por iniciativa del Presidente Próspero Fernández, se autorizó a la Universidad a fundar un colegio de segunda enseñanza llamado Instituto Universitario.

El 12 de agosto de 1885 se decretó por el Congreso Constitucional, a iniciativa del Presidente Bernardo Soto y de su Ministro de Instrucción, por lo demás también de Hacienda, Mauro Fernández, la Ley Fundamental de Instrucción Pública.

El entonces Rector de la Universidad, Alejandro Alvarado García, dijo: “Debemos felicitarnos en el Gran Día de la Patria, y felicitar a la juventud, que representa su pensamiento, por el poderoso auxiliar que la Universidad pone en sus manos para la prosecución de sus estudios. Con adelantos de este género podemos marchar unidos, con pie firme, por el camino del Progreso intelectual y moral, procurando, siempre el engrandecimiento, la prosperidad y la gloria de Costa Rica”.

Por iniciativa del gran educador Miguel Obregón Lizano el 15 de setiembre de 1884, día de celebración de la Independencia Nacional, se inauguró la Biblioteca de la Universidad, que al cerrarse la Universidad en 1888, se dispuso que esta Biblioteca se orientara para fundar la Biblioteca Nacional, que hoy lleva el nombre del ilustre Educador y Ministro de Instrucción.

Asociadas al proceso educativo en esos días se publicaron las Revistas “La Enseñanza” y el “Instituto Nacional”.

El 6 de febrero de 1887 se fundó el Liceo de Costa Rica, bajo la dirección y tutela de la Universidad de Santo Tomás, que ya solo tenía la Escuela de Derecho. Y, en 1888, se fundó el Colegio Superior de Señoritas, como las dos instituciones más importantes de educación secundaria en la capital.

El 20 de agosto de 1888 la Universidad de Santo Tomás se cerró, porque no “había condiciones sociales”, ni se estaba en el país en posibilidades de darle la organización que a sus funciones correspondía”.

Desde entonces, 1888, la enseñanza del Derecho nunca se interrumpió, porque la Escuela de Derecho permaneció abierta. Las Cátedras de Medicina y Farmacia fueron muy inestables.

Hasta 1888 la Universidad fue el principal centro científico y literario de la República, donde se formó la mayor cantidad de dirigentes del Estado y de la República.

El 29 de julio de 1890 el Presidente José Joaquín Rodríguez derogó el decreto de cierre de la Universidad, del 20 de agosto de 1888, y estableció que las propiedades de la Universidad se le devolvieran, sin embargo su Decreto que no se cumplió.

En su reemplazo se mantuvieron como Escuelas Superiores de Estudio, la de Derecho y Notariado y la de Ingeniería y Medicina.

Al mismo tiempo, el 12 de febrero de 1897 se fundó la Escuela de Farmacia, el 12 de marzo de 1897 la Escuela de Bellas Artes, en 1914 la Escuela de Pedagogía y, en 1926, la de Agricultura.

La Escuela de Derecho a partir del 1 de julio de 1891 se dispuso que la dirigiera el Colegio de Abogados, que ya se había fundado en 1882, hasta que en 1941 se integró a la estructura y organización de la Universidad de Costa Rica, que este año había abierto a sus estudiantes. En 1941 se abrió también la Escuela de Ingeniería.

En 1906 el Colegio de Abogados se pronunció por abrir de nuevo la Universidad.

El esfuerzo siguiente para abrir la Universidad se da en la década de 1930. En este período, el entonces Ministro de Educación, Teodoro Picado Michalski, del tercer gobierno de Ricardo Jiménez Oreamuno, en 1934, empieza a gestionar la apertura de la Universidad.

Bajo el Gobierno de Ricardo Jiménez se hacen negociaciones para traer de Chile una Misión Pedagógica y otra Económica para evaluar en esos aspectos al país. La Misión Económica la encabezó el Dr. Herman Max y la Misión Pedagógica la encabezó el Profesor Luis Galdámez. Con el Profesor Galdámez llegaron los Profesores Oscar Bustos, que tuvo a cargo evaluar la Educación Primaria y el Profesor Arturo Piga, la educación secundaria. Como asistentes de trabajo de esta Comisión se sumaron los profesores, recién graduados de Chile, Isacc Felipe Azofeifa y Carlos Monge Alfaro.

Para esos días se había constituido un grupo estudiantil llamado Asociación Cultural de Estudiantes de Derecho. Los jóvenes de esta Asociación estuvieron presionando y movilizándose con la intención de que la Misión Chilena atendiera la necesidad de abrir la Universidad, por lo que ellos luchaban. Así el Profesor Galdámez asumió esa tarea.

En esos días se discutió sobre la Universidad Autónoma y sobre la Autonomía Universitaria. El punto medular giraba de si en la integración del Consejo Universitario debía estar o no el Ministro de Educación. Los estudiantes rechazaban su presencia. El propio Presidente Ricardo Jiménez se pronunció señalando que no debía estar. Manifestó que en esa figura si el Gobierno regenta la Universidad, lo que hacía el Gobierno era “darle sombra a la Universidad”, y que la Universidad debía ser “absolutamente libre” de todo tipo de banderías para su cometido académico científico.

En esta lucha opinaron con igual sentido Abelardo Bonilla Baldares, Carlos Monge Alfaro, Isacc Felipe Azofeifa, Luis Anderson, Joaquín García Monge, Alejandro Alvarado Quirós, Víctor Vargas Quesada, Benjamín Hernández, Napoleón silva y Teodoro Picado Mischalski.

Durante estos años el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia se desempeñaba como Diputado, y seguía de cerca estas discusiones, a las que se había sumado Luis Demetrio Tinoco Castro, que al asumir la Presidencia de la República el Dr. Calderón Guardia, en 1940, le nombra Ministro de Educación y le dio el encargo de gestionar la apertura de la Universidad, así como de impulsar la derogatoria de las leyes liberales, de 1884, en el campo educativo.

El discurso al asumir la Presidencia el Dr. Calderón Guardia trazó su ruta de apertura de la Universidad. Luis Demetrio Tinoco, ya como Ministro, el 15 de junio envía el Proyecto de Ley al Congreso y el 20 de junio, de 1940, inició sus gestiones y negociaciones políticas, y con el sector empresarial, para lograrle los votos legislativos al proyecto de apertura de la Universidad. Los estudiantes de la Asociación Cultural seguían activos en esta lucha. El 5 de julio se pronunció a favor el Colegio de Abogados, el 10 de julio se sumó el Colegio de Ingenieros y el 17 de julio se sumó la Facultad de Odontología apoyando la apertura.

La discusión final profunda fue de si se restablecía la Universidad de Santo Tomás o se abría o creaba una Nueva Universidad. En el trasfondo, como sombra, estaba el hecho de que la Universidad de Santo Tomás el 7 de octubre de 1852 había sido declarada Universidad Pontificia, como parte de las relaciones que se estaban estableciendo con el Vaticano y el nombramiento que se estaba haciendo del Primer Obispo nacional, el Dr. Anselmo Llorente y La Fuente.

El período 1870 -1940 se había caracterizado por gobiernos liberales. El liberalismo político era lo dominante aun cuando ya habían surgido movimientos sociales, reformistas, socialistas y comunistas. El mismo Manuel Mora Valverde, como Secretario General del Partido Comunista, había sido electo en 1934, igual que Rafael Ángel Calderón al Congreso de la República, junto con el zapatero comunista Efraín Jiménez Guerrero, que se pasa al gobierno calderonista para apoyar políticas de calzado que el gobierno impulsaba.

El Dr. Rafael Ángel Calderón, de tradición católica familiar conservadora, había estudiado Medicina en Europa, en Bélgica, en dos universidades, la Universidad de Lovaina de tradición católica muy fuerte, donde se dice que lo influenció el Cardenal Mercier y el Código Social de Malinas, de esos años, y terminó sus estudios en la Universidad Libre de Bruselas, de influencia socialista, en ese período, de manera que en estas dos vertientes de pensamiento fortaleció el propio el Dr. Calderón Guardia.

Cuando se suscitó la discusión de reabrir o fundar la Universidad, tanto el Ministro de Educación, Luis Demetrio Tinoco, como el propio Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, siendo ambos de tradición católica cristiana muy fuerte, se pronunciaron por “abrir”, por “fundar” y por “crear” una NUEVA Universidad para no heredar el carácter pontificio que tenía la Universidad de Santo Tomás, y para no “apadrinarla” con este Santo, que ha sido padrino de muchas instituciones educativas en el mundo.

El Dr. Calderón Guardia se pronunció con claridad en la importancia de esta separación nominal religiosa. De allí que el acto que se iba a dar, en esos días, era para crear o fundar una NUEVA Universidad, la Universidad Nacional, como se le llamó, a la Universidad de Costa Rica, como hoy la conocemos. En la propuesta de Calderón era abrir la Universidad con bases sólidas y modernas.

El 6 de agosto de 1940 el Congreso de la República terminó sus debates sobre la aprobación de la apertura de la Nueva Universidad. El 20 de agosto se aprobó la apertura, como Ley de la República, y se pasó al Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia para sus sanción Ejecutiva, lo que el Presidente hizo, dándole el Ejecútese, a la Ley de creación de la Universidad, el 26 de agosto, hace 80 años.

Para el Dr. Calderón Guardia, continuando lo que ya había manifestado el 8 de mayo de 1940, se le estaba prestando “muy especial atención” a la educación por constituir, “el fundamento de contextura moral del pueblo”, y para concentrar “sus esfuerzos en la fundación de la Universidad Nacional”, añadiendo que la ausencia de Universidad, en el período anterior, había constituido una laguna que había obstaculizado el mejoramiento del nivel intelectual costarricense.

Para el Dr. Calderón Guardia, la Universidad debía “irradiar” sus luces y “esparcir el saber por todos los rumbos”, debía “dirigir la opinión pública en materia social, y hacer reverdecer la vida nueva al progreso general de la República”.

Igualmente, señalaba, el Dr. Calderón Guardia, que la Universidad debía abrir espacio para aprovechar toda la riqueza intelectual del país, con más opciones de estudios, para evitar “una proletarización” intelectual.

La fecha del 26 de agosto de 1940 para la firma del Presidente a la apertura de la Universidad Nacional, o de Costa Rica, no fue caprichosa ni casual. El Dr. escogió esta fecha haciendo coincidencia histórica con el 26 de agosto de 1789, cuando se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se declaraban derechos «naturales e imprescriptibles» la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Pero, también, Declaración donde se enfatizaba en que “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. Donde “las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común”, en que “nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley” y, en que “la libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley”.

Estos preceptos 1, 10 y 11 de la Declaración están implícitos en el concepto de Autonomía Universitaria, en todos sus alcances, de manera que el Dr. Calderón Guardia firmando la creación de la Universidad de Costa Rica la estaba arropando con todos los valores universales más importantes para el ejercicio libre de la vida docente universitaria.

A ello sumamos que la educación hoy se considera un Derecho. En Costa Rica cuando el Presidente Jesús Jiménez Zamora estableció la obligatoriedad, gratuidad y el financiamiento de la educación escolar, la estaba reconociendo como un Derecho de la niñez costarricense, y las Reformas educativas de Mauro Fernández, afirmaban ese Derecho para los jóvenes.

El Derecho a la educación es un Derecho Humano que tiene como finalidad establecer una educación primaria para todos los niños y niñas, desarrollar una educación secundaria accesible progresivamente a todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, y el acceso a la educación superior en función de los méritos.

Así, el Derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar con ellos una vida social plena. El Derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades.

El Derecho a la educación hoy es un Derecho Humano reconocido y se entiende como el Derecho a una educación primaria gratuita y obligatoria, para todo ciudadano, una educación secundaria, obligada a desarrollar por parte de los gobiernos, accesible para todos los jóvenes y adolescentes, y un acceso equitativo a la educación superior, con responsabilidad gubernativa de proveer educación básica a los individuos que no han completado la educación primaria, con la obligación de eliminar la discriminación en todos los niveles del sistema educativo.

Este Derecho a la Educación está contenido en numerosos tratados internacionales de Derechos Humanos. Su formulación más extensa se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, de 1966, ratificado por Costa Rica.

El Pacto en su artículo 13 reconoce el derecho de toda persona a la educación, así, la «enseñanza primaria debe ser obligatoria y accesible a todos gratuitamente»; la «enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita»; y la «enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita», señalando que debe «fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental, para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria».

Desde la creación de la Universidad de Costa Rica se estableció implícitamente la obligación de los gobiernos, sobre el derecho a la educación, a generar educación disponible, accesible, aceptable, y adaptable.

La educación no se considera un simple Derecho Humano más. Se le considera indispensable para el desarrollo de las personas y las sociedades, y se le considera como una herramienta del cambio social, y una forma de superar la pobreza, la marginación y la exclusión social.

En sus 80 años la Universidad de Costa Rica ha tenido 15 Rectores, con su actual “Rector” interino. Tiene su Escudo y su Bandera, aprobados en su última fecha el 20 de diciembre de 1999. Ha realizado desde 1946 siete Congresos Universitarios oficiales. Tiene hoy tras grandes campos, la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, que corresponde a la primera sede de instalación, el Área de las Instalaciones Deportivas, y la llamada Ciudad de la Investigación, todas en San Pedro de Montes de Oca, con un total de casi 500 hectáreas.

En el campo de la Academia y la Investigación la Universidad hoy tiene Facultades, Escuelas, Sedes universitarias regionales, 8 en el área de las Letras, 20 en Ciencias Sociales, 6 en Ciencias Básicas, 5 en Ciencias Agroalimentarias, 12 en el Área de Ingenierías, 9 en el Área de la Salud, la Escuela de Estudios Generales, el Sistema de Postgrado, y las Sedes Regionales, en San Ramón, Turrialba, Liberia, Puerto Limón, Puntarenas y Golfito. A todo esto suma La Radio Universidad, en sus distintas frecuencias, su Canal 15 de Televisión, el Coro Universitario, el Teatro Universitario, el Jardín Botánico, el Planetarium, Museos universitarios.

La Universidad de Costa Rica ocupa el primer lugar de las Universidades de Centroamérica, el 19 de América Latina y un reconocido lugar en las primeras 1000 universidades del mundo.

Cuenta la Universidad de Costa Rica de un vigoroso movimiento estudiantil surgido con el Consejo Estudiantil Universitario, desde su fundación, y con la Federación de Estudiantes de la Universidad desde 1958, que se acompaña hoy con grupos políticos y diverso tipo que existen a nivel estudiantil.

Con motivo de la celebración del 80 aniversario de la creación de la Universidad de Costa Rica, en mérito y reconocimiento al Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, propongo públicamente que la Ciudad Científica, o a la Ciudad de la Investigación, se le nomine, y se le llame Ciudad Científica Universitaria Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Es quizá la mejor forma de agradecerle al Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia su compromiso de impulsar su apertura y su fundación.

Con esto se estaría haciendo el mejor reconocimiento, al Gran Reformador Social de Costa Rica, que inició su Reforma Social con la apertura y fundación de la Universidad de Costa Rica, su primera Reforma Social, protegida hoy también por el sagrado manto de los Derechos Humanos en el campo de la Educación Superior.

La Emisión Monetaria propuesta por el Banco Central… ¿Que pretende?

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jorge Hernaldo Jiménez Bustamante

El BCCR propuso, o puso en consulta, la emisión de 700 000 millones de colones para financiar las entidades financieras. ¿Por qué lo hace? Para contrarrestar el proceso recesivo generado por las medidas tomadas por el gobierno para disminuir el efecto de la pandemia del Coronavirus Covid-19. (Recesión inducida)

El Banco Central hará préstamos por medio del Mercado Integrado de Liquidez, a una tasa de 0.8% anual y a un plazo de cuatro años.

De esta noticia surgen naturalmente algunas dudas, veamos las principales:

  1. ¿Esta emisión monetaria generaría inflación?

 La respuesta es que no, el economista José Luis Arce dice: “En las condiciones macroeconómicas actuales no creo que esta monetización vaya a significar presiones inflacionarias” La recesión económica tiene como característica que las transacciones económicas disminuyen, la velocidad de circulación del dinero es mucho más lenta, los precios tienden a bajar o mantenerse con un índice de precios estático con lo cual el aumento de la cantidad de dinero en circulación no repercutirá en los precios sino en las transacciones económicas dado el alto nivel de desocupación que tiene la economía. La baja tasa de interés que propone el BCCR es clara muestra de que está asumiendo el bajo riesgo de inflación, ya que probablemente estaría cobrando el costo administrativo de la colocación y recuperación del dinero emitido. El Presidente del BCCR, don Rodrigo Cubero, dijo: “En un contexto donde vemos más bien fuertes presiones des inflacionarias y donde el instrumento básicamente representa un 2% del PIB (Producto Interno Bruto), un poco más del 3% de la cartera total de crédito al sector privado, por lo cual realmente el Banco Central y sus modelos no proyectan que se vaya a dar un impacto inflacionario”

  1. ¿Cuáles entidades financieras serían las beneficiarias de los créditos y por qué?

El Presidente de Central dice que el monto de 700 000 millones está calibrado para que se puedan canalizar recursos a los afectados. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho, eso no lleva a cuestionar si hay planes en las cuales hayan participado las entidades financieras que canalizarán los préstamos. Los bancos comerciales tienen mucha liquidez y sabemos que pagan muy bajos intereses pasivos o no pagan ninguna tasa en los depósitos en cuentas corrientes. Entonces el problema está en la propia raíz de la recesión, las oportunidades de inversión están ausentes y por lo tanto los bancos tienen problemas en colocar nuevos créditos, el consumo también está restringido y pocos se atreven a gastar como lo hacían antes de la recesión, además de que muchos no tienen la misma capacidad de gasto por haber visto disminuidos sus ingresos. Ahora bien ¿a qué tasa de interés y a qué plazo van a prestar las entidades financieras que acepten los recursos del BCCR? De ello dependerá de que algunos deudores puedan sustituir deuda cara por deuda menos cara. Y en tal caso, poco se lograría en términos de inversión de obras nuevas y de empleo.

  1. ¿Cuál sería la mejor opción para el debido uso de la emisión monetaria?

El mayor problema de nuestro país es el desempleo y la disminución drástica del crecimiento del PIB. No es la deuda pública, queda claro que la preocupación del Fondo Monetario Internacional es la relación entre deuda pública y el PIB, que según ellos no debe ser superior a un 50% para los países de la periferia, y la gran reocupación de nuestros economistas es que por tal razón, las calificadoras de riesgo nos bajen la nota. Entonces todos nuestros problemas se unen en un solo propósito, a saber, hacer crecer el PIB en forma continuada y a una tasa superior al crecimiento de nuestra deuda. Así las cosas, la mejor opción para el debido uso de la emisión monetaria que propone el Banco Central es aquella que genere en forma inmediata inversión y gasto. Puede observarse dada la situación macroeconómica que el sector privado no puede hacerlo. La única opción viable es la combinación estratégica entre el sector público y el sector privado. Pero para ello se debe extender el plazo y aumentar la tasa de interés a partir del cuarto año para que iguale al índice de precios y así asimilar la posible inflación que pudiera generarse.

  1. La mejor opción es la construcción de obras públicas.

 En el contexto actual el sector construcción, según titular de un periódico escrito*: “Construcción pasa por desplome ni siquiera visto en crisis del 2008”, y agrega: “en diciembre de 2018 comenzó el más reciente lapso de comportamiento negativo (decrecimiento) en la actividad de la construcción. De ahí hasta mayo pasado, (última medición del IMAE, índice mensual de actividad económica), se calculan esos 18 meses, según la variación interanual del indicador” con comportamiento negativo. El punto más bajo se presentó en junio de 2019, cuando la caída interanual fue del 18,9%. Un análisis por sectores del BCCR indica que la construcción con destino público comenzó su ciclo negativo actual en marzo del 2018 y se mantiene hasta mayo de 2020, 27 meses de variaciones negativas. En el sector privado hay expectativas pesimistas de los agentes económicos para ejecutar nuevos proyectos de inversión, lo cual se ha manifestado en una baja demanda de crédito por parte del sector privado. (Esto concuerda con lo escrito en el punto anterior) Don Esteban Acón, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, le dijo al periodista Marvin Barquero, que el sector generaba 150.000 empleos y que en el primer trimestre de este año perdió 28.000. Y agregó: la esperanza que nos queda enfatizó, don Esteban, es un repunte de las obras públicas y mencionó al Ministerio de Educación y a la Caja Costarricense de Seguro Social. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tenía proyecciones en las cuales en 2020 se esperaba una tendencia positiva, la cual se frustró con la depresión generada por la Pandemia Covid19.

  1. El Sector Construcción y el empleo.

El mayor problema de Costa Rica actualmente es el desempleo, altísimo (12 a 13%) y aumentado peligrosamente por la depresión inducida por el gobierno para disminuir el riesgo de enfermedad por la pandemia del Covid19, de un 15 a un 17%. El problema no es sólo económico es también un grave problema social y repercute en gastos mayores para el Estado y disminución de ingresos (cuotas a los seguros sociales y tributación sobre compras, sueldos e ingresos).

Un estudio realizado por especialistas contratados por CEPAL (Comisión Económica para América Latina) en Nicaragua estimaron en 47.000 empleos directos e indirectos generados por un millón de dólares en construcción. Es de suponer que la generación de empleo tiene una disminución marginal para un mayor número de millones invertidos, pero en todo caso es generalmente reconocida la importancia que tiene la construcción en la generación de empleo, considerando la cantidad de industrias y comercios que le dan apoyo logístico a las empresas de construcción, quienes a su vez son grandes empleadores de mano de obra.

  1. Los propósitos de la emisión monetaria del BCCR.

Hemos de suponer que el Banco Central se propone reactivar la economía mediante una emisión monetaria de 700.000 millones de colones, en tal caso debe colocar el dinero en donde realmente sea usado lo más pronto posible en inversión, mayoritariamente en construcción y con proyectos que tengan reproducción pronta en el crecimiento del PIB y del Empleo. Es necesario que un grupo interprofesional de economistas ingenieros evalúen los distintos proyectos que presenten las instituciones públicas en un tiempo récord y la capacidad de las empresas privadas de diseño y construcción que las han de llevar a cabo. Sugiero se estudien obras de gran magnitud como los hospitales de la Caja, el puerto de Caldera, la Carretera a San Carlos, las rutas 27 y 32, la Carretera a Cartago, programa de construcción de viviendas populares y las obras inconclusas del ministerio de Educación para que sean estudiadas y priorizadas.

Conclusiones

Queda demostrado que el Banco Central si está en capacidad de ser el actor que dinamice la economía y la saque de la recesión en la cual se encuentra. Quedan desvirtuados los temores inflacionistas de muchos políticos y de muchos “políticos economistas”. La emisión monetaria en momentos de recesión no producirá inflación.

Es previsible que el camino escogido de traspasar las emisiones a las entidades financieras para préstamos a las empresas privadas no tenga los resultados esperados de reactivación económica. Es un error histórico excluir las instituciones públicas y al mismo gobierno quienes son los únicos entes capaces de detener el decrecimiento del sector construcción y por el contrario hacerlo crecer con sus consecuencias en el empleo y en el consumo.

Quienes abogan por la disminución del déficit fiscal acaso no ven que esta es una oportunidad de sustituir crédito caro por crédito barato y así aliviar el pago de intereses del Gobierno y de las Instituciones Públicas.

Dedico este artículo a Valeria Jiménez R. Máster en Economía Internacional Hochschule fur Wirtschaft un Recht Berlin y Máster en Análisis y Desarrollo Económico en la Universidad Paris Sorbonne Nord.

*Periódico la Nación.

Nota: de última hora, 24% de la fuerza laboral ha perdido el empleo o sus fuentes de ingresos, de acuerdo con la cifra que reveló este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos, (INEC).

Agosto 6 de 2020, Curridabat, Costa Rica.