Hoy parece ser que nos encontramos unidos respirando el mismo aire, o dicho de otra manera: conspirando, por un objetivo común, encadenar cualquier intento de corrupción en nuestro país.
Personas de diferentes regiones, algunos adheridos a algún partido político y otros no, con una definición clara ideológica y otros no tanto, pero con un anhelo común que mueve cada corazón, es el fuego de la esperanza, que nos impulsa a encontrarnos en este momento histórico de nuestro país, para luchar contra un enemigo común: la corrupción.
Pero la corrupción no es un monstruo que anda caminando en media calle, tampoco lo podemos encontrar a través de una foto de perfil en una red social, la corrupción no se sienta a comer en un restaurante, la corrupción no sale a pasear al perro. La corrupción más bien es un sentido que se instala en las prácticas de algunas personas y de algunas instituciones, es un modo de ser mediante el cual se considera normal sacar ventaja de una situación para satisfacer una vanidad individual o de un grupo particular.
La corrupción es la inclinación del ser humano por lograr un beneficio mayor del necesario siendo que éste afecta a otras personas o al medio en el que se habita, desde un lenguaje religioso podríamos decir incluso que la corrupción es un pecado social. No quiero detenerme en lenguajes religiosos, por lo tanto procuraré continuar mi exposición desde una óptica civil.
El ser humano es de naturaleza bueno, pero existe en él una inclinación que debe ser sujetada en primer lugar por la formación familiar, y en segundo lugar por la educación otorgada por el Estado. Si frente a estos dos primeros procesos la corrupción aflora inevitablemente, como mala hierba, las leyes deben de actuar en su talante coercitivo para impedir un mal mayor en la sociedad.
El gran problema que afrontamos como sociedad deriva de la normalización de prácticas de corrupción en las instituciones creadas por la sociedad, así como por la falta de orientación política de ciertas agrupaciones para prevenir acciones deshonestas por parte de personas que sean elegidas en puestos de elección popular.
La corrupción no la podemos erradicar de la sociedad ni del Estado, sin embargo se puede llevar a cabo una tarea permanente de fiscalización, de supervisión, de prevención, de formación. Es algo así como levantarse cada mañana y arrancar la mala hierba que crece en nuestro jardín, teniendo en consideración que dicha tarea debe ser diaria y permanente.
Frente a la corrupción de algunos la responsabilidad debe ser de todos. Y con mayor rigor de aquellos que se asocian libremente a partir de un proyecto político que pretende hacer valer los principios que orientan el buen vivir de nuestro país. Por esta razón es que debemos considerar seriamente la lucha contra la corrupción como un eje fundamental de cualquier proyecto político que pretenda liderar la vida de nuestro país.
Hoy más que nunca en la lucha es contra la corrupción, una lucha permanente de todas y todos, pero principalmente de aquellos que asuman el rumbo político institucional de nuestra nación, que así sea.
La Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén realizó una nueva advertencia a la administración, tras corroborarse en el informe INF-AI-01-2021 que solo se ha atendido el 42% de las 304 recomendaciones, emitidas en 44 informes realizados al 31 de diciembre del 2020.
La mayoría de las recomendaciones se concentra hacia la Alcaldía, seguida de la Unidad de Informática y el Área Administrativa Financiera que representan un 56% del total de incumplimientos. Sin embargo, persisten los incumplimientos a las recomendaciones realizadas.
La situación de desacato a las recomendaciones del auditor se viene presentando y en aumento desde el 2018, cabe recordar que las mismas son de carácter de cumplimiento obligatorio.
Lo anterior podría suponer un incumplimiento de deberes por parte de la alcaldía, según la Ley de Control Interno. Esto estaría causando un debilitamiento del sistema de control interno institucional. Lo cual a su vez sitúa a la administración de la Municipalidad ante la posibilidad de una sanción por un eventual incumplimiento de deberes, según lo establecido en el artículo 339 del Código Penal.
Además, la organización municipal efectuó el establecimiento de 9 plazas laborales en diferentes ámbitos, no obstante, se suspendió una plaza de auditoría interna, debilitando al órgano fiscalizador. Esta situación se da atentando también contra la Ley de Control Interno que estipula que la plaza no puede quedar vacante por más de seis meses.
Puede obtener más detalles en los archivos adjuntos.
El pasado 22 de abril, Día de la Tierra, ecologistas le entregaron al Presidente Electo, Carlos Alvarado Quesada, una carta con veintidós desafíos ambientales que tiene el país al inicio de su mandato. (Ver adjunto al final de este texto).
La Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON) en el documento apunta que “nuestra iniciativa viene de la mano con la labor de fiscalización que siempre hemos hecho, y mantendremos, de la gestión gubernamental de cualquier partido político”.
Uno de los sustentos jurídicos que resalta esta agrupación para solicitar el dialogo directo con el presidente y su futuro gabinete es la Opinión Consultiva OC-23/17 sobre «Medio Ambiente y Derechos Humanos» de Corte lnteramericana de Derechos Humanos -ClDH- que entre otros temas señala el deber del Estado de “garantizar el derecho a la participación pública de las personas, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, y- garantizar el acceso a la justicia, en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente”.
Entre los temas señalados en la carta destacan: fortalecer las Áreas Silvestres Protegidas; moratoria a la expansión del monocultivo de la piña; detener la minería ilegal en Crucitas; la prohibición de los agroquímicos Paraquat y el Glifosato; la promoción de una matriz energética amigable con el ambiente y la gente; descartar todos los proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas en particular el PH Diquis; el etiquetado Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en productos para consumo humano y animal; el fortalecimiento de la Secretaría Técnica Ambiental; la necesidad de una nueva ley de aguas bajo los principios de participación ciudadana, resguarde el Derecho Humano al Agua y de dominio público; que considere los ecosistemas como usuarios de agua y que lo proteja como un servicio público no privatizable; entre otros.
FECON es una federación de grupos ecologistas a nivel nacional, tiene una experiencia de trabajo y conocimiento del país, desde hace casi 30 años.
Movimiento ciudadano está listo para continuar trabajando
El grupo seguirá vigente como una plataforma para la generación de propuestas y la fiscalización ciudadana de la política costarricense
Movimiento celebra la contundente victoria electoral por el fortalecimiento de la democracia costarricense
En los próximos días se anunciarán estrategias y actividades relacionadas con los objetivos de Coalición Costa Rica
Luego de dos meses de trabajo intenso de miles de personas de distintas agrupaciones políticas, movimientos sociales y ciudadanía comprometida a lo largo y ancho del territorio nacional, el domingo 1 de abril, con la victoria contundente de Carlos Alvarado Quesada se culminó con éxito uno de los objetivos de la primera etapa de acción de Coalición Costa Rica.
“Hace 60 días fue una idea, pero era la idea que el tiempo estaba esperando. Esta gran primera etapa de Coalición Costa Rica ha sido maravillosa, por eso hemos trabajado con tanta pasión y compromiso, cada quien ha puesto sus talentos y recursos al servicio de los demás con quienes construimos Patria, porque Costa Rica merece esto y estamos aprovechando la oportunidad histórica para volver a empezar a hacer las cosas de manera distinta”, expresó Javier Ballesteros en representación de la Coalición.
Más allá del resultado, uno de los aspectos más rescatables de este proceso es el involucramiento de los ciudadanos en la política bajo la premisa de que es más fuerte #LoQueNosUne. Desde la movilización masiva para promover el voto informado, hasta donación de talentos profesionales, música o recursos para la impresión de volantes, alimentación de voluntarios y el transporte de votantes en el día E, entre muchas otras muestras de amor por Costa Rica.
“La marcha que emprendieron nuestros compatriotas desde el extranjero, trasladándose cientos de kilómetros para depositar un trozo de papel en una urna, los miles de hombres y mujeres que colapsaron ayer nuestros caminos, solo se pueden comparar con aquel momento en que nuestros antepasados marcharon a Santa Rosa para luchar por nuestra libertad en 1856”, comentó Esteban Salazar, integrante de la Coalición.
Coalición Costa Rica reconoce y agradece a todos los y las costarricenses por el liderazgo, el trabajo constante y la buena gestión, llevada con compromiso y siempre aportando lo mejor de cada quien para fortalecer la democracia.
En nombre del movimiento, extendido en todos los puntos de la patria, felicitamos al Señor Presidente electo de Costa Rica, don Carlos Alvarado Quesada, quien a partir del 8 de mayo asumirá la responsabilidad más grande de su existencia.
El futuro inmediato de Coalición Costa Rica
El Movimiento seguirá vigente como un protagonista en la generación de propuestas y acuerdos, así como un fiscalizador del nuevo gobierno nacional, pues uno de sus objetivos es seguir construyendo el proyecto de nación que unió a tantas personas, desde las más diversas circunstancias, en esta gran Coalición.
“Las y los costarricenses hemos acudido a la apertura de una etapa luminosa de nuestra historia. Jamás volverá a hablarse de la indiferencia de la población tica, Costa Rica sí nos importa. La participación cívica e inédita de todas nosotras y nosotros ha sido fundamental en la construcción de la victoria y es el ejercicio activo de nuestra ciudadanía el mensaje que enviamos a las autoridades políticas de este país, nada será igual de ahora en adelante con una ciudadanía vigilante y responsable que se lidera a sí misma”, comentó Karla Acuña, representante de la Coalición.
Desde el movimiento se hace un llamado a los y las costarricenses para que no olviden la razón de esta lucha. “Queremos recordarles que la historia nos ha escogido para ser protagonistas en ella, no es momento de bajar la guardia y mucho menos de esperar a que pasen cuatro años para volver a ejercer nuestros derechos” sentenció Rebeca Solano de Coalición Costa Rica.
En los próximos días se anunciarán las estrategias y actividades relacionadas con los objetivos de Coalición Costa Rica.
Es la Sala Constitucional la que tiene como fin, entre otros, garantizar la supremacía de los derechos y libertades fundamentales, consagrados en la Constitución Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica. Pero de la Sala IV ¿quién nos ampara?
Recientemente la Sala IV rechazó un recurso de amparo que interpuso el Comité de Defensa del Agua de Sardinal por la falta de fiscalización social en los estudios técnicos para viabilidad socio ambiental del proyecto de Acueducto El Coco – Ocotal. Con este fallo de la Sala IV, Voto 1163 del pasado 27 de enero de 2017, se produjo el más peligroso retroceso de jurisprudencia socio ambiental al degradar al nivel constitucional el estatus de derecho humano a la participación en asuntos ambientales.
El coordinador de la maestría en derecho ambiental de la UCR, Mario Peña Chacón, considera que “probablemente sea la primera vez que la Sala Constitucional elimina el estatus de derecho fundamental a un derecho previamente reconocido y ampliamente desarrollado».
Álvaro Sagot, profesor de derecho ambiental y ecologista, considera que este voto es “una regresión ambiental, evidente y manifiesta, del derecho humano a la participación en asuntos ambientales. Con este reciente y peligroso Voto Constitucional, los magistrados eliminan la relevancia de rango de derecho fundamental al derecho de participación, y para mí en banda el de información también, rompiendo con la línea jurisprudencial que tenía desde hace 15 años y con lo dispuesto en declaraciones internacionales como Río 92 entre otras”.
Para FECON este voto es el peor retroceso de la Sala IV en materia socio ambiental desde su creación, pues convierte las declaraciones internacionales en la práctica en “letra muerta” al considerar el tema de la participación como un tema de legalidad y no de constitucionalidad. La principal consecuencia del fallo es que la participación ya no sería más objeto de tutela desde la jurisdicción constitucional, debiendo acudirse a partir de ahora directamente a la jurisdicción ordinaria (en este caso la contenciosa administrativa) para hacer valer este derecho de rango «legal».
Para FECON es inaceptable pues hay que tomar en cuenta que la jurisdicción contenciosa administrativa, a diferencia de la constitucional, implica para la ciudadanía altos costos monetarios entre otros, requiere de patrocinio letrado mediante la participación de un abogado durante todo el proceso y además, existe la posibilidad de condena en costas personales procesales para la parte perdedora. Esto lo que haría en la práctica es dejar cientos de casos de disputas ambientales en las vías de hecho aumentando la conflictividad socio ambiental en el país.
El presidente de FECON Mauricio Álvarez se preguntó: “¿Quién nos ampara de la sala? ¿Quién nos ampara de las injusticas de la justicia cuando estamos en presencia de una resolución totalmente política y no técnica? La Sala acomoda la constitución y los convenios internacionales a un modelo económico e ideológico y no lo contrario, como lo hizo con la reelección presidencial, el TLC, etc”.
Los ecologistas valoran acciones a tomar, pues el fallo además contradice ampliamente el artículo 9 de la Constitución que dispone que “el Gobierno de la República sea popular, representativo, participativo, alternativo y responsable”. Además, llama la atención de que la Sala y el Estado cierran las vías constitucionales a muchos de conflictos socio ambientales, que sus mismas acciones, omisiones y políticas crean dejando las vías de hecho como legítimas para cambiar políticas, acciones administrativas y decisiones que afectan al ambiente y limitan la existencia de otras visiones de desarrollo posible para las comunidades, país y el mundo.
Estructura está en buen estado pero requiere mantenimiento y reemplazo de piezas robadas
LanammeUCR continuará realizando evaluaciones similares e incluso de mayor detalle en otras estructuras importantes
El puente de La Amistad fue inaugurado en abril del 2003 y desde entonces no se le ha dado mantenimiento. El informe del Lanamme revela que no presentó problemas estructurales importantes (foto Archivo ODI).
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, LanammeUCR, realizó una detallada evaluación con el apoyo de equipos y tecnología de punta al Puente de La Amistad, ubicado sobre el río Tempisque, para determinar el estado de la estructura.
El ingeniero Roy Barrantes, explicó que en el informe se incorporó el uso de tecnología única en nuestro país, de la cual se obtuvo una radiografía o diagnóstico de la condición actual del puente.
Se hizo una evaluación detallada de toda la estructura para determinar el grado de deterioro, una topografía de alta precisión con el escáner láser, y se incorporó un análisis de la loza con el radar de penetración, además del uso de otros equipos que permitieron desarrollar una serie de recomendaciones que permitirán mantener el puente en buen estado. En el informe se incorporó un análisis del valor residual del puente, donde se determinó una pérdida del valor inicial en un 2,5% aproximadamente.
Barrantes indicó, que en términos generales el puente está en buen estado, aunque no se le ha dado ningún tipo de manteniendo desde su construcción, pero resaltó que la evaluación desmostó que no hay manifestaciones que indiquen que el puente tiene algún problema estructural inminente.
El puente de La Amistad comunica Cañas con Nicoya en la provincia de Guanacaste, cada día transitan alrededor de 4000 vehículos (foto Archivo ODI).
«El puente requiere de una inversión relativamente pequeña para llevarlo a una condición óptima, ya que, detectamos el deterioro en la junta de expansión que une las dos secciones del puente, acero expuesto, deterioros en el concreto como la delaminación, problemas de fatiga en elementos metálicos, abandono en la zona de acceso a los anclajes que permite darle mantenimiento al puente y robo de elementos metálicos lo que podría representar una pérdida del patrimonio y poner en peligro la seguridad de los peatones y usuarios», comentó Barrantes.
El estudio realizado por los ingenieros del LanammeUCR incluyó un análisis detallado de los deterioros y una propuesta de monitoreo permanente con el fin de que la administración la valore para mantener la estructura de forma óptima.
El LanammeUCR continuará realizando evaluaciones similares e incluso de mayor detalle en otras estructuras importantes.
El informe da continuidad a un estudio emitido en el 2005 por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) elaborado por el Ing. Carlos Fernández, y forma parte de las funciones de fiscalización y evaluación del LanammeUCR.
El Área de Fiscalización de la Contraloría valora realizar un estudio adicional con el propósito de determinar la existencia de hechos que puedan originar el eventual establecimiento de responsabilidades.
Imagen con fines ilustrativos
Barva de Heredia, 22 de diciembre del 2014. La Contraloría General de la República, mediante el Informe No. DFOE-DL-1124 del Área de Fiscalización de Servicios para el desarrollo local, hecho público el día 11 de este mes, indica que para las autoridades municipales de Barva “ no ha sido prioridad el establecimiento de procedimientos de control interno efectivos para la administración de la tesorería, la proveeduría y la contabilidad, dada la existencia de una serie de debilidades en esta materia, las cuales no permiten garantizar, de manera razonable, la protección y conservación efectiva de su patrimonio contra la pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal”.
El órgano contralor concluye que las carencias y debilidades de las autoridades municipales se extienden a todos los componentes y áreas de la administración financiera. El Informe señala que “El sistema de administración financiera municipal resulta carente de una serie de mecanismos de control en los componentes de tesorería, contabilidad y proveeduría, en menoscabo de la protección y conservación del patrimonio municipal y de contar con información fiable y oportuna para la toma de decisiones”.
A pesar de que la Tesorería de Barva maneja todos los días más de mil quinientos millones de colones, los auditores señalaron que las prácticas administrativas torcidas y la improvisación han remplazado a los manuales, los reglamentos y los principios técnicos elementales. La Contraloría señala que además de que la Municipalidad de Barva no cuenta con los libros contables de ley (Diario, Mayor e Inventarios y Balances) ni Manuales de procedimientos para los funcionarios, existen figuras y procedimientos que riñen con la legalidad y la técnica, como sucede con el denominado “ Cajas chicas temporales” y el mal llamado “Trámite de pagos por servicios y otros en procesos exentos de procedimientos ordinarios de contratación administrativa”.
A través del primero la tesorería, al margen de las reglas para la contratación administrativa, entrega a funcionarios municipales u organizaciones comunales determinada cantidad de dinero, con el agravante de que incluso en algunos casos estos dineros se terminan gastando en actividades que no guardan relación con la naturaleza del fondo; por ejemplo el año 2013 se gastaron así más de diez millones de colones en actividades como las mascaradas. El segundo mecanismo “Trámite de pagos por servicios y otros en procesos exentos de procedimientos ordinarios de contratación administrativa” se usa para realizar compras sin la participación de la Proveeduría Municipal.
En cuanto al registro y control de los bienes propiedad municipal, la situación es alarmante ya que “ …El sistema automatizado para el registro y control de los activos propiedad de la municipalidad carece de información referente al valor, funcionario responsable de su administración, ubicación, características particulares de algunos bienes. Tampoco registra información acerca de los terrenos y edificios de su propiedad”
En relación con los materiales y suministros almacenados en las bodegas de la institución, no se cuenta con un registro sobre el ingreso y salida de los mismos y los inventarios correspondientes.
De acuerdo al Lic. Fredy Vargas Chavarría del Foro Cantonal Barveño por la Defensa del Agua, las irregularidades que más alimentan la preocupación ciudadana tienen que ver con el atraso por periodos mayores de dos años de las conciliaciones bancarias, la falta de control “ para el manejo y control de las inversiones transitorias que realiza esa administración en el sistema bancario nacional… a pesar de que … al mes de setiembre del 2014 (fue de ) unos 1.200 millones de colones…) y la ausencia de reglamentos para la compra de bienes y servicios a cargo de la Proveeduría Municipal.
Frente a este caos y desorden financiero reñido con el bloque de legalidad y la técnica contable y financiera más elemental, es claro que la Alcaldía y el Concejo Municipal lejos de garantizar a los ciudadanos barveños la protección y conservación efectiva del patrimonio municipal, propiedad de todos y todas, los expone a altísimos riesgos ante la pérdida, el despilfarro, uso indebido, irregular o delictivo, denunció Vargas Chavarría.
El Lic. Vargas Chavarría manifestó que el resultado de este lamentable y nefasto estado de cosas en la Municipalidad de Barva es que la improvisación y las ocurrencias marcan la tónica bajo la cual se adoptan las decisiones en el municipio; lo cual se refleja de manera especial en el funcionamiento y operación del acueducto municipal, como ha sido denunciado desde hace años; recordó que en estos días de fin de año, sin criterio técnico alguno, el Departamento del Acueducto acordó comprar unos macro-medidores de agua para instalarlos a la entrada a Barva y el sector de la Escuela Pedro Murillo Pérez; no solo se está quitando el agua a los usuarios en estos días de celebraciones tan especiales sino que además es un desperdicio de alrededor de siete millones de colones, contratados a una empresa llamada Hidro Tecnia.
Vargas Chavarría concluyó diciendo que diez años de gobierno de la actual Alcaldesa Mercedes Hernández han profundizado los problemas de la comunidad y mencionó que el informe indica que “el Área de Fiscalización de la Contraloría está valorando realizar un estudio adicional en la citada Municipalidad de Barva, con el propósito de determinar la existencia de hechos que puedan originar el eventual establecimiento de responsabilidades.”
En el mismo sentido recordó que la improvisación, el caos y el desorden no es exclusivo de la administración financiera municipal; sino que en informes anteriores la Contraloría ya le había llamado la atención a la Alcaldía y al concejo Municipal; apenas en octubre de este año la Contraloría los reprendió fuertemente por el desorden y el abandono en que se mantiene todo lo relativo al otorgamiento, cobro, monitoreo y control de los permisos de construcción dentro del territorio del cantón de Barva.( Informe No. DFOE-DL-1124 del Área de Fiscalización de Servicios para el desarrollo local.)
Para mayor información comunicarse con el Msc. Claudio Segura Sánchez al teléfono 85 55 25 94 y Lic. Fredy Vargas Chavarría al teléfono 83 02 23 47.
Enviado a SURCOS Digital por Fredy Vargas Chavarría.