Reducir el gasto público, vender empresas del Estado y aumentar los impuestos: básicamente, son las tres recetas que el gobierno sugiere para negociar un préstamo con el FMI.
Quisiéramos sugerir que las dos primeras podrían ser desastrosas y la tercera debería ser revisada, entre otras cosas para eliminar exoneraciones a sectores como las zonas francas y normas que permiten a grandes empresas ocultar sus ganancias y no pagar nada al fisco.
Un estudio de la OCDE sobre la economía de Costa Rica (siempre lleno de generalidades y sesgos ideológicos), de junio pasado, señala que, como resultado de la pandemia el Producto Interno Bruto (PIB) podría reducirse un 22% este año: el turismo ha colapsado; la tasa de desempleo está aumentando; alrededor de 7100 empresas, que emplean a más del 8% de todos los trabajadores, han solicitado ser incluidas en el régimen temporal de trabajo que les permite reducir las horas de trabajo y los salarios. El estudio reconoce también que la demanda interna se debilitará, ya que las medidas para controlar la pandemia impactan el consumo y la inversión.
Reducir el gasto público
En ese contexto, ¿qué sentido tiene reducir el gasto público?
Como los efectos de la Covid 19 en la economía mundial (y en la nuestra también) durará un tiempo largo, difícil aun de precisar, es necesario que los gastos reflejen nuestras prioridades para hacer frente a este desafío.
La crisis de la Covid 19 y la recesión ofrece una oportunidad única para repensar el papel del Estado, tanto sobre sus relaciones con las empresas privadas como con los empleados públicos y con las personas a las que ofrece todo tipo de servicios.
La vieja creencia de que el gobierno es una carga para la economía de mercado ha perdido toda credibilidad, señalaron recientemente dos economistas destacados, Mariana Mazzucato y Antonio Andreoni. La reciente revelación de cómo los dineros de la CCSS se destinaron a financiar La Nación son una muestra contundente de cómo el sector privado depende del público.
Si no se compensa con dinero efectivo a empresas, trabajadores autónomos y asalariados, mientras no tengan ingresos, la economía irá directamente a la catástrofe; se dispararán la pobreza y todo tipo de problemas sociales, dijo el economista español Juan Torres. Se refería a la situación de su país (por cierto mucho más endeudado que el nuestro), pero no hay razón para pensar que la recomendación no se aplica también aquí. Pero nos quieren convencer de lo contrario.
Los salarios del sector público son casi un 50% más altos que los del sector privado en Costa Rica, como lo reconoce la OCDE. Parecería sensato, en las actuales circunstancias, pensar que es indispensable mejorar las condiciones de trabajo en el sector privado. Pero no es así.
El pasado 28 de septiembre un economista costarricense publicaba en La República un artículo en el que señalaba, en tono crítico, que los “Salarios de empleados público son el doble de alto que en empresas privadas”. Reconoce también que si bien el salario promedio del sector público cae un 6,2% con respecto a marzo, como consecuencia de la pandemia, los privados caen un 9%, mientras los del gobierno central aumentan un 1,7%.
Dejemos por ahora de lado observaciones sobre el estudio de ese economista, naturalmente sesgado en cifras y conclusiones. Para el autor, de lo que se trata (también lo propone la OCDE) es de promover de forma urgente una “verdadera ley de empleo público que ordene el sistema salarial del sector, pasando a todos los funcionarios a un esquema de salario único para acabar con la perversidad de los pluses o incentivos salariales».
Es evidente la conveniencia de ordenar al régimen salarial del sector público que, con el tiempo, fue generando distorsiones entre las diversas instituciones. Pero la idea de esa “ley de empleo público”, tal como planteada, es llevar el sector al nivel del sector privado. En opinión de la ministra de Planificación y Coordinadora del Equipo Económico, Pilar Garrido, un sistema de salario único “permitiría al Estado un ahorro de 243 mil millones de colones al año”.
¿Tiene sentido esto? ¿El Estado ahorra 243 mil millones de colones a costa de los costarricenses, propuesta hecha cuando lo que hace falta es garantizar ingresos suficientes a todos e inyectar recursos a la economía para evitar que colapse? Ese “ahorro” es dinero que Garrido propone sacar del bolsillo de los costarricenses, probablemente para pagar intereses de la deuda o –quien sabe– financiar proyectos “público-privados” cuyo costo para el Estado y para los costarricenses termina siendo desmesurado.
Esa visión miope y mezquina está detrás de todo el paquete económico propuesto por el gobierno. Quieren reducir el sector público, Pretenden cobrar impuesto al aguinaldo, acabar indefinidamente con los reajustes cuando la deuda supere el 50% del PIB. Una condición que la OCDE sueña con que la incorporemos a nuestra Constitución y que se hará eterna –como lo saben bien quienes hicieron una norma– pues difícilmente el país logrará rebajar su deuda a ese nivel en un tiempo previsible. Para tener una idea de lo que esa meta representa vale recordar que a finales de 2019, la deuda pública en la OCDE representaba 72,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países miembros.
Consideraciones todas que nos llevan a la conclusión de que el gasto público debe incrementarse y mejorarse.
Vender empresas del Estado
También ha propuesto el gobierno vender empresas públicas.
El nuevo presidente de la Unión de Cámaras (UCCAEP), Álvaro Jenckins, empresario de la caña con empresas en zonas francas, –también miembro del grupo empresarial Horizonte Positivo, que hoy le habla al oído al presidente Alvarado–, no solo defiende el modelo sino que tiene interés en comprar Fanal, que el gobierno quiere privatizar.
En reciente entrevista Jenckins recordó los primeros contactos con Alvarado, cuando este era funcionario del IMAS en el gobierno de Luis Guillermo Solís y se creó Horizonte Positivo.
Calculan el precio de venta de Fanal en doce mil millones de colones; pero la empresa aporta once mil millones a las arcas del Estado por año. Cosa similar ocurre con Bicsa, la otra empresa que quieren privatizar, con el argumento de que, con esos recursos, se reducirá la deuda pública.
Hace 30 años –dijo Ottón Solís, economista y fundador del PAC– “se demostró que la opción del efímero y falso heroísmo ante una aguda crisis fiscal, sólo conduce a convertir en inevitables reformas estructurales”, en larga nota en la que defiende las iniciativas del gobierno.
Pero lo cierto es que, en estas materias, no hay nada “inevitable”. Lo ocurrido hace 40 años (no 30), en el gobierno de Rodrigo Carazo, no tuvo nada de “falso heroísmo”. Como tampoco la crisis fue resultado inevitable de los esfuerzos hechos entonces por el gobierno para enfrentar el déficit fiscal y los compromisos de la deuda sin afectar los servicios públicos, como los de salud y educación.
Que las políticas de Carazo no fueron la causa de la crisis lo demuestra la situación del país hoy donde, 40 años después y de una continuada aplicación de políticas contrarias, estamos frente a los mismos (o peores) desafíos que los de entonces.
Hoy se conoce bien los intereses que estaban detrás de los esfuerzos por ahogar las políticas del gobierno de Carazo. Se trataba de iniciar un proceso de ajuste estructural, de asalto al sector público y de privatizaciones, particularmente el del sector bancario, que se inició entonces con recursos de la AID norteamericana.
No se trató de generosas concesiones de los Estados Unidos, en el escenario de su lucha contra el gobierno sandinista en Nicaragua, como sugiere Solís. Se trató de una política despiadada, con recursos de la AID que significaron una severa carga para el país –obligado a recibirlos y depositarlos en una cuenta del Banco Central; pagar intereses de 21% por ese dinero, que el Banco Central se obligaba a prestar a prácticamente nulos intereses para comprar productos norteamericanos. Además de préstamos por cerca de 200 millones de dólares para crear una banca privada, contribuyendo a desarmar las bases del Estado Social en Costa Rica y avanzar en las privatizaciones, comenzando por el sector bancario.
Desde entonces no han cesado en esa lucha, fundamento de toda política neoliberal, de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad, que está en la base de la crisis política y económica que la Covid 19 solo contribuyó a desnudar y acelerar.
Tal como en los 80, cuando los intereses más conservadores se aprovecharon de la crisis para adelantar sus intereses, el modelo se repite ahora, en este nuevo escenario.
Vendiendo empresas públicas para pagar deudas, a la larga solo tendremos cada vez menos recursos y más deudas, como ha ocurrido en estos 40 años. El desafío es desarrollar empresas para ganar dinero y, además, pagar deudas. Pero parece eso demasiado pedir para políticos de visión corta y empresarios de ambiciones desmedidas.
Aumentar impuestos
Aumentar impuestos: ¡sí, claro! Pero revisemos los hechos.
La reciente reforma fiscal condonó multas e intereses a empresas como la Standard Fruit Company, Durman Esquivel, Veinsa, Florida, Café El Rey por 194 mil millones de colones, gracias a la amnistía tributaria incluida en la reforma fiscal del año pasado.
Según Procomer, 375 empresas de zona franca tuvieron exoneraciones de impuestos estimadas en 953 millones de dólares, o sea, 575.612 millones de colones al tipo de cambio del 31 diciembre 2018, casi un 55% de los 1.750 millones de dólares que el gobierno quiere negociar con el FMI.
Entre las exoneraciones es particularmente incomprensible las que disfrutan, por ejemplo, los casinos y las empresas de apuestas electrónicas que mueven $4 mil millones de dólares al año. O empresas piñeras y bananeras, que exportan al costo a Panamá y, por lo tanto, no pagan impuesto. Luego reexportan desde Panamá, donde tampoco pagan, porque no son productos producidos allá.
Volvamos al documento de la OCDE, que sugiere “comenzar a gravar los ingresos de las cooperativas, que siguen estando exentas a pesar de que algunas de estas disfrutan de condiciones monopólicas en mercados clave y se benefician de la protección comercial”. Y agregan: “También debe darse prioridad a la eliminación de exenciones fiscales que benefician a los hogares de altos ingresos”. Para la OCDE esto incluye gravar el aguinaldo, “que actualmente está exento del impuesto sobre la renta”, pero no dice ni una palabra sobre las zonas francas.
Una reforma a la ley el año pasado le permitió a las empresas de zona franca vender en el mercado interno, algo que les estaba prohibido. Esto les ha dado una condición privilegiada en el mercado nacional, pero ha facilitado también a empresas instaladas fuera de zona franca crear mecanismos para ocultar ganancias y no pagar impuestos.
El mecanismo lo explicó el economista Daniel Vartanian: una empresa que está instalada en Costa Rica le compra –a precios particularmente elevados– servicios a una empresa de su mismo grupo inscrita en zona franca. Servicios como administración de personal, contratación de artistas y realización de grandes conciertos; display en las góndolas (en el caso de un supermercado), entre muchos otros.
El resultado es que la empresa que está en el mercado local no tiene ganancias y, por lo tanto, no tributa. La que esta en zona franca tampoco tributa porque las de zona franca están exentas. Walmart, o Credomatic, son empresas que operan con mecanismos de este tipo.
No deja se ser particularmente irritante que empresarios de zonas francas, hoy instalados en puestos clave del gobierno, argumenten que francas no se les puede cobrar impuestos porque se irían del país, argumento que –como es obvio– no se sustenta, conociendo ese vínculo entre las del mercado interno y las de zona franca.
En el caso de las zonas francas se agrega otra medida, también del todo inconveniente. Se trata de la reciente exoneración de los impuestos a bienes inmuebles que antes pagaban.
“Lo más paradójico es que hace dos meses exoneraron a las zonas francas del pago del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, que siempre habían pagado. Mientras a las empresas más grandes se les quita el pago, ahora quieren triplicárselo a la gente. Esta situación es insostenible”, expresó el alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler.
El documento de la OCDE al que hemos hecho reiteradas referencias afirma también que, según la experiencia de Colombia, “reducir las contribuciones a la seguridad social puede ayudar a reducir la informalidad”.
Dice también que “trasladar gradualmente carga impositiva desde las contribuciones a la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad ayudaría a reducir la informalidad y la desigualdad”. Una falacia, en el fondo y en la forma, un argumento para el que el documento no aporta evidencia alguna.
Un lenguaje avieso para proponer lo que he llamado la “economía mágica”. Una economía sin sustento en los hechos, ideología pura que apenas esconde una voracidad perversa. Argumentos todos que ilustran bien la naturaleza de las decisiones sobre estas materias y hacia qué lado inclinan la balanza las propuestas del gobierno.
Negociar primero con los acreedores
El tema de la deuda pública es extenso y complejo. Se han multiplicado los análisis que desnudan los intereses que se esconden detrás de las diversas propuestas del largo documento donde el gobierno expone sus propuestas al FMI.
Los intereses que el país paga por su deuda llegaron a más del 4% del PIB a fines de 2019. De modo que es conveniente renegociarla, teniendo en cuenta la necesidad de aumentar el gasto público, como consecuencia de la Covid 19.
Pero, además de lo que propone el gobierno, no hay en el documento ninguna propuesta de renegociar la deuda –como hizo ya en dos ocasiones, por ejemplo, con mucho éxito, el gobierno argentino– reduciendo montos, mejorando plazos y tasas de interés. El gobierno de Alvarado no ha propuesto nada de eso, un aspecto indispensable en cualquier iniciativa seria de renegociación de la deuda.
Gran parte de la deuda pública de Costa Rica –al contrario de la de otros países– está en manos de acreedores nacionales. Como lo indica el gráfico de la OCDE, a fines de julio casi 78% de la deuda era interna y cerca de 22%, externa. Hay que negociar primero con los tenedores de esa deuda, antes de acudir al FMI, donde se debe llegar con un escenario más claro y menos demandante, si se logra una renegociación favorable.
El gobierno, además de no haber hecho ninguna propuesta de renegociación a los acreedores, tampoco ha hecho referencia alguna a otras diversas propuestas, como las de utilizar las reservas del Banco Central para hacer frente a los mayores gastos provocados por la pandemia que, como lo han demostrado economistas y banqueros nacionales, podrían hacer inclusive innecesario cualquier negociación con el FMI.
Queda en evidencia así que no se trata del problema de la deuda, ni del gasto público, sino de una nueva ofensiva para ordenar el país de acuerdo a un modelo que no solo no va a permitir reducir la deuda, sino que va a agravar las disparidades sociales que se han acentuado en los últimos 40 años, caldo de cultivo para la miseria insultante que la Covid 19 dejó en evidencia en todo el país.
Una alternativa política
Ante esta realidad –y esta es mi propuesta– habiendo surgido innumerables voces que, bien informadas, sugieren caminos más razonables y justos, sería oportuno que se reuniesen y, agrupados detrás de estas sugerencias, la transformen en el programa de un conjunto de personas dispuestas a conformar una importante fracción parlamentaria en las próximas elecciones, en un esfuerzo no solo por detener y revertir estas políticas conservadoras, sino también por recuperar un indispensable nivel político en una Asamblea Legislativa que hoy, con contadas excepciones, da vergüenza.
Compartimos la carta enviada por Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) a sus afiliadas en Costa Rica, expresando su preocupación con respecto a la negociación del gobierno de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplanar la crisis financiera y su deseo de que el gobierno de Carlos Alvarado replantee su estrategia para recuperar empleos destruidos por la actual pandemia basándose en los planteamientos que los sindicatos y otros actores sociales han propuesto para dar solución a los problemas de evasión y elusión fiscal.
OFICINA SUBREGIONAL PARA AMÉRICA CENTRAL Apartado postal: Heredia Santo Domingo 100-3100 COSTA RICA T/: +506 22448522 psi.central.america@world-psi.org
ALBINO VARGAS SECRETARIO GENERAL DE LA ANEP RODRIGO LÓPEZ PRESIDENTE DE ANPE ALVARO MARIGAL SECRETARIO GENERAL DEL SITUN DENNISE BALLESTEROS SECRETARIA GENERAL DEL SINDHAC MARIO MENA AYALES PRESIDENTE DE ANEJUD
23 de septiembre del 2020
Estimada y estimados compañeros,
Deseando que ustedes y sus familias estén protegidos y seguros ante la pandemia del COVID-19, reciban un afectuoso saludo.
Aprovecho la ocasión para hacerles saber nuestra preocupación y solidaridad ante los acontecimientos que en los últimos días han sido objeto de discusión y repudio por las organizaciones sindicales y sociales costarricenses; así como de una buena parte de la opinión pública nacional, a las negociaciones que el Gobierno de ese país está entablando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplanar la crisis financiera que desde hace aproximadamente una década se ha venido acrecentando en forma exponencial hasta llegar en estos tiempos como consecuencia de la pandemia a un déficit fiscal que se proyecta peligrosamente hasta un 10% del PIB o más al cierre de este año.
Quiero ser enfática -una vez más- al mencionar que una solución estructural a las finanzas públicas no pasa por una mayor carga impositiva-regresiva a los salarios de la clase trabajadora y de quienes aún no se sobreponen a la grave situación económica que atraviesa el país.
Si bien es cierto que el presidente Carlos Alvarado y su equipo económico, requieren de un urgente aumento de los ingresos y de un mayor “control del gasto público”, esto no significa necesariamente echar mano de los recursos financieros asignados a los servicios públicos esenciales y de otras entidades públicas estratégicas para el país y mucho menos erosionar más en la actual coyuntura, la estabilidad y paz social costarricense.
Desde la ISP, daremos respaldo a todas aquellas propuestas e iniciativas que desde un diálogo social real y efectivo sea establecido con los sindicatos, en cuyo caso esperaríamos que el Gobierno de Costa Rica dé marcha atrás a las propuestas encaminadas con el FMI y replantee su estrategia de reforma estructural de manera integral a fin de bajar gradualmente el déficit fiscal en un plazo deseable y ponga en marcha una estrategia de recuperación de los empleos destruidos por la pandemia y genere otros a partir de un mayor aseguramiento de la economía nacional con miras a favorecer a los sectores más afectados de la micro, pequeña y mediana empresa (Micropyme´s), así como el sector productivo nacional, las cooperativas y las municipalidades alicaídas por la crisis sanitaria.
Desde la experiencia de la ISP y en mi propia perspectiva, no son tiempos para provocar una crispación social y política más, toda vez que se pueden encontrar soluciones prácticas al problema central de la crisis económica que atraviesa el país. Estoy segura, que los sindicatos y otros actores sociales, políticos y empresariales progresistas y académicos desde hace algún tiempo atrás, habrán aportado propuestas interesantes, que entre otros aspectos, darían solución a los problemas de evasión y elusión fiscal, en cuya aplicación estricta disminuiría en significativos puntos porcentuales el insostenible déficit fiscal que mantiene al país en esta insondable situación.
Cómo expresado antes, estamos en desacuerdo que como soluciones inmediatas al crecimiento del déficit fiscal, se recorte el presupuesto de las universidades públicas, así como también se implemente una reforma al empleo público que mina los derechos laborales y restringe el derecho a la negociación colectiva en el sector público.
Por último, una imposición del 0,3% las transacciones bancarias con trazabilidad general como medida de regla fiscal, es regresiva e injusta para las y los trabajadores. Siendo, por el contrario que una medida como esta, debería estar centrada en la recaudación de un impuesto a las especulaciones bursátiles, así como también a las transacciones monetarias y de otros valores de gran cuantía provenientes del gran capital nacional y transnacional.
En estos difíciles momentos, la ISP no comparte el criterio del Gobierno que un acuerdo con el FMI es un hito necesario en el proceso de consolidación fiscal y de estabilidad macroeconómica para garantizar el bienestar social y económico del país, cuando se está empujando a lo imposible para que un sector dominante de las élites económicas, continúe descansando su riqueza en el sacrificio injusto e inequitativo del resto de la población. En consecuencia, alcemos nuestras voces para que el pueblo costarricense continúe en la senda del bienestar con una mayor calidad de vida de sus habitantes y en buena gobernanza social en respeto a las garantías sociales y en observancia a un contrato social perdurable en el tiempo.
En solidaridad, Rosa Pavanelli Secretaria General de la ISP
Tomando en consideración que la Rerum Novarum es la Confederación más grande del país, que aglutina a más de 50 sindicatos, con una membresía superior a los 50 mil trabajadores, tanto del sector privado, como del público, en su mayoría en la primera línea de lucha contra la pandemia, y otros sectores, los más afectados por la crisis económica, política y social que vive nuestro país.
Que a raíz del anuncio del Gobierno en torno al plan para iniciar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a efecto de acceder a un préstamo para pagar la deuda interna, han surgido muchos movimientos sociales de oposición que podrían desencadenar un movimiento social, sin precedentes en la historia nacional por el grado de descontento popular existente.
El anuncio del Gobierno de la República representa una serie de ocurrencias muy bien decididas a proteger a los que más tienen y desfavorecer a los que menos tienen, con una serie de impuestos cuyo efecto inmediato empobrece a la clase asalariada tanto el sector público como privado.
Para la Rerum Novarum es urgente, que si se van a promover más impuestos los mismos tienen que aportarlos los que más tienen, es decir los impuestos tiene que pagarlos el gran capital financiero que ha tenido múltiples ganancias en este periodo de la pandemia y antes de la pandemia, pero ha sido condonado por el estado durante mucho tiempo.
La Rerum Novarum no va a repetir la consigna “no más impuestos” de la cual se está valiendo el sector empresarial para aprovecharse de un falso populismo direccionado a que tampoco les cobren impuestos a ellos, quienes acto seguido piden de inmediato reducir el aparato estatal lo que implica el riesgo de cierre de programas sociales, y de instituciones de bien social, como lo es Fondo Asignaciones Familiares (Fodesaf) y por tanto restar la posibilidad de protección a los más necesitados en un país donde crece la pobreza a ritmos acelerados y donde la informalidad pasa hacer un porcentaje sumamente alto de los trabajadores que tiene el país.
Visto lo anterior los empresarios harán desaparecer el bono de vivienda, los comedores escolares, las becas estudiantiles, las ayudas para mujeres agredidas y todos los programas sociales.
Por responsabilidad con el país, con sus sindicatos, y federaciones afiliadas, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum se reunió el pasado lunes 21 de setiembre con los secretarios generales y presidentes que conforman dichas organizaciones sindicales y después de un debate prolongado se llegó a la conclusión de que Costa Rica requiere una GRAN ALIANZA entre todos aquellos sectores que organizadamente, se plantean en su agenda la defensa de la institucionalidad del país, la defensa del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la protección social.
Luego de este análisis se acordó aprobar la siguiente política de alianzas coyunturales, estratégicas para la defensa de la institucionalidad del país, los derechos sociales, laborales y ambientales y contra políticas anti laborales.
Para la Rerum Novarum es más que necesario que desde el propio seno de la sociedad civil se llegue a acuerdos bajo una misma agenda que nos permita lanzar las bases sólidas de una CONCERTACIÓN NACIONAL con arraigo, popular y nacional.
Ante esto, el Consejo Ejecutivo Nacional acordó una política de alianzas con todos aquellos sectores cuya intención es mantener el Estado Social de derecho, hacer uso de los mecanismos que nos da el derecho a la protesta para poder reivindicar a la sociedad costarricense.
Creemos desde la Rerum Novarum que debemos protestar pero también proponer. Iremos a exigirle al Gobierno, que los impuestos que promueva para cubrir las necesidades del país, tienen que ser dirigidos al gran capital financiero, ese que por años se ha visto protegido y por lo tanto no ha contribuido en lo mínimo con los tributos al estado y por tanto no genera desarrollo, no genera empleo, tampoco beneficio social ni económico al país.
Creemos necesario entonces la urgencia de tener una agenda nacional unificada para resolver los grandes problemas de la salud, del desfinanciamiento del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), así como la falta de atención a la salud que podría darse muy cercanamente. Necesitamos fortalecer la educación, así como que el país dé respuesta a esos niños que se han excluido del sistema escolar por cuanto sus padres y los ingresos familiares no les da ni para tener internet, ni mucho menos una computadora, ni mucho menos un teléfono inteligente donde reciban sus clases. Se considera en más de medio millón de niños, niñas y jóvenes que están quedando excluidos del sistema escolar y quienes no deben quedar rezagados porque estarían condenados a la miseria y la pobreza.
Por ello, la Rerum Novarum deja claro ante la ciudadanía, que el movimiento sindical que representa va a estar a la par de todos aquellos grupos organizados, cuya agenda sea la defensa del país, pero a su vez deja también claro, que no participará con grupos cuyo interés solapado esté con un carácter partidario, porque consideramos que Costa Rica no merece ser engañada nuevamente.
Habrá muchos políticos tradicionales que se rasgan las vestiduras ante esta crisis, pero fueron responsables de esta crisis.
LLAMAMIENTO PÚBLICO
La Rerum Novarum llama a la gran lucha nacional. La Rerum Novarum llama a la ALIANZA COYUNTURAL con todo aquel movimiento auténtico por la defensa de Costa Rica y no participará con ningún grupo cuyo objetivo tenga un carácter partidario, este es un movimiento de la familia costarricense, es un movimiento patriótico, es un movimiento por la salvación del país.
La Rerum Novarum llama a toda la población, a todo el sector organizado de las municipalidades, de las asociaciones de desarrollo, cooperativas, asociaciones solidaristas, para que nos unamos en esta gran causa.
Costa Rica nos necesita, vamos a defenderla y… ¡¡¡a lucha porque sin luchas no hay victorias!!!
A comienzos de este año, una crisis sanitaria se gestó y la misma ha sido la excusa perfecta para que el gobierno apruebe leyes y dicte medidas económicas antidemocráticas y antipopulares.
La pandemia COVID-19 junto a las malintencionadas políticas del gobierno y su amplia mayoría en la Asamblea Legislativa, agravó la crisis económica, política y social, que ya nos afectaba como fruto de 40 años de gobiernos neoliberales, aumentando el desempleo, la pobreza y el cierre de muchos pequeños emprendimientos, situación que ya hemos venido denunciando. POR ESTAS RAZONES EN SAN RAMÓN Y OCCIDENTE LAS APP YA NOS MOVILIZAMOS EL 23 DE JULIO Y EL 9 DE SETIEMBRE 2020.
Ese fue el motivo por el cual nos sumamos a la Gran Caravana Nacional que recorrió el país haciendo eco del lema «Costa Rica no se vende, Costa Rica se defiende «, para denunciar la propuesta del gobierno de negociar un préstamo millonario con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al cual nos oponemos rotundamente porque la solución no está en seguir entregando nuestra soberanía con más deudas y más venta de instituciones públicas a la empresa privada.
Por esto, la Caravana de relevos en San Ramón y Occidente, el pasado 9 de setiembre, tuvo otro objetivo mayor que consistió en constituir una gran Coordinadora Popular de Occidente, donde confluyan grupos de productores agropecuarios y urbanos, organizaciones comunitarias, colectivos de estudiantes, sindicatos y personas dispuestas a enfrentarse a las nefastas políticas del gobierno. Una organización mayor para los Cantones de Occidente donde se logre la articulación social de diversos sectores, con profunda base popular para lograr un verdadero músculo social capaz de sostener sus posiciones de rechazo ante cualquier intento por acabar con nuestro Estado Social de Derecho, pero a la vez siendo capaces de proponer cambios con incidencia nacional hasta lograr una sociedad participativa donde el Soberano asuma todas las potestades que le reconoce la Constitución Política como Primer Poder de la República. También hacemos un llamado a los diferentes grupos y sectores organizados de Occidente a unirse a la Coordinadora Popular de Occidente y a los diferentes Comités Patrióticos Populares ya existentes en algunas comunidades de San Ramón.
Esta Coordinadora Popular de Occidente, de la cual formamos parte, hace suya la invitación de BUSSCO de crear un Frente Nacional de Lucha y Resistencia contra el modelo capitalista neoliberal (FNLR).
Asimismo, la conmemoración de los 199 años de vida independiente por el gobierno de Carlos Alvarado y la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales (UCCAEP) con el apoyo de la mayoría de diputados a la Asamblea Legislativa, se dio en un ambiente de cautela, porque ya se visualizaban los posibles términos con los cuales se negociaría ese préstamo, un préstamo que vendría a reducir aún más la poca independencia, paz y libertad de la que aún gozamos.
Así, como Asambleas Patrióticas Populares (APP) nos oponemos a que se negocie un préstamo con el FMI y respaldamos propuestas económicas que han hecho colectivos como Economía Pluralista, Mujeres en Acción y Mayoría Solidaria cuya visión se centra en atacar los verdaderos problemas de la crisis fiscal como son la evasión y la elusión de impuestos, los fraudes aduaneros, a lo que también se suma la corrupción.
No apoyamos a quienes sólo gritan «no más impuestos», porque entre esos están personas como Otto Guevara, Eli Feinzaig, Álvaro Jenkins nuevo presidente de UCCAEP, y otros que representan al gran capital y son dueños de las empresas beneficiadas por el gobierno con amnistías tributarias y además, no pagan impuestos porque fraudulentamente declaran cero ganancias durante años a pesar de que importan y exportan miles de millones de dólares en sus operaciones.
Y aunque creemos que la manifestación social y el reclamo popular en la calles es justo y necesario, así como un instrumento válido de expresión popular, desistimos de apoyar el llamado que se ha hecho a nivel nacional para el 30 de setiembre, pues quienes lo lideran carecen de legitimidad, no mostraron igual fuerza ni interés ante la lucha con el Combo Fiscal ni contra la Ley Anti huelgas; pero además son oportunistas políticos que están aprovechando el momento para engañosamente cerrar filas hacia su estrategia electoral. Lo que terminará siendo un difusor, distractor y calmante del descontento social, para desvirtuar y debilitar los verdaderos objetivos de nuestra lucha.
ESTAREMOS ATENTOS/AS A LAS NUEVAS CONVOCATORIAS DE LA COORDINADORA POPULAR DE OCCIDENTE (CPO)
Desde las Asambleas Patrióticas Populares (APP) continuamos firmes en la lucha por Justicia Tributaria y Desarrollo Social. Nosotros seguimos gritando, ¡Que paguen los ricos su crisis fiscal! ¡Que el pobre golpeado ya no puede más!
A las políticas neoliberales que han incrementado la desigualdad y la pobreza en este país, desde la aplicación de las recetas “mágicas” del FMI en la “década perdida” de 1980, simplemente hay que decirles NO por sentido común.
Han probado hasta la saciedad ser el camino equivocado para el verdadero desarrollo con justicia y paz social. Han contribuido a desmantelar el Estado Social de Derecho. Y, como si fuera poco, han inducido a la quiebra en que se encuentra el Estado.
Los señores y señoras del FMI, entre otros organismos, como ha señalado recientemente el presidente de México, “deberían ofrecer disculpas” por tan “grave daño” causado al pueblo.
Nuestra clase política, por su parte, continúa desfasada. Aprueba un Plan Fiscal regresivo, donde los ricos pagan impuestos como pobres y los pobres como ricos. Y ahora va por el mismo camino con su propuesta para la negociación con el FMI. Solo el ser humano es el animal que cae dos veces en el mismo “hueco”. Sin duda, una propuesta para tocar fondo.
¿Por qué no atacar de raíz el problema de la evasión, la elusión y las exoneraciones y, de una vez por todas, poner a tributar con justicia? ¿Por qué no poner a tributar a las zonas francas que hacen clavos de oro con el recurso humano calificado de alto nivel que ofrece este país? ¿Por qué no utilizar reservas del Banco Central para paliar temporalmente los efectos de la pandemia? ¿Por qué no renegociar la deuda interna y externa, y en última instancia declarar una moratoria de su pago mientras azote la pandemia? ¿Por qué no gravar las grandes transacciones bancarias y no las de pulpería? ¿Por qué no aumentar el impuesto a la gran propiedad y no a las casas modestas de clase media? ¿Por qué no intervenir al Ministerio de Hacienda para que deje de tratar con manos de seda a las grandes empresas y pagar alquileres millonarios, como lo ha denunciado el ex ministro Rodrigo Chaves?
La clase política solo atisba a buscar salidas milagrosas que vengan de afuera. Y desconfía de la imaginación y voluntad de los costarricenses para ganarle la batalla a la pandemia y la guerra a la crisis económica y social que arrastramos por varias décadas. Por eso, se resiste al diálogo y a la concertación social.
No es necesario tocar fondo, tratando con tanta generosidad al FMI. Esta crisis de muchos rostros nos sigue convocando a sacar lo mejor de nuestras capacidades y voluntades. No se trata de andar regateando préstamos como pordioseros en un mar de riquezas concentradas. Para situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias.
Se trata de levantar la frente y reconocernos como una nación, aunque pequeña en territorio y población, de espíritu grande y valeroso. Hay que apelar a la reserva de solidaridad de nuestro país. Hay señales de voluntad de diversos sectores, para encontrar salidas alternativas.
Estamos en la encrucijada entre la mesa de negociación intersectorial o el estallido social desde las calles. El gobierno tiene que aceptar que no hay una tercera vía, como pretende. Evitemos tocar fondo.
La seccional en el Hospital Nacional Psiquiátrico de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) invitó al periodista y filosofo Manuel Delgado Cascante, a comentar las implicaciones de la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el programa de opinión y formación Más que Una Opinión deUNDECA – Hospital Nacional Psiquiátrico, el analista detalla los efectos que tendría este pacto promovido por el gobierno y sectores afines. Le invitamos a escuchar la exposición.
Nota del expositor:
Hay en mi exposición un error de expresión que se me escapó y es que las exoneraciones en el país son del orden del 6% del PIB (eso está bien), pero el gobierno pretende reducirlas en un 0,52%, es decir, quedarían algo así como en un 5,48%. Es decir, las reducen en una cantidad ridícula. Perdonen que no me haya podido expresar bien. Vamos a hacer una edición escrita de la que luego les estaré hablando y voy a corregir. Agradezco todas las observaciones críticas que me ayuden a mejorar ese texto. Gracias.
Nota editorial: Las observaciones para el analista Manuel Delgado Cascante pueden enviarse al correo periodico.surcos@surcosdigital.com y con gusto se las haremos llegar.
Unión de Productores Independientes y Actividades Varias -UPIAV-
San Isidro de El General
21 de setiembre del 2020
SG-044-2020
Señor
Carlos Alvarado
Presidente
República de Costa Rica
S.O.
Señor Presidente
Hemos conocido la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciada por el Gobierno que Usted preside.
Desde la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), compartimos la preocupación por la situación económica y social que vive nuestra sociedad. Hemos sido estudiosos de las medidas adoptadas y ahora, de la propuesta anunciada.
En virtud de lo anterior, y vistas las acciones propuestas para negociar con el FMI, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) manifiesta su rechazo a dicha propuesta y su oposición a que la misma se llegue a concretar en la Asamblea Legislativa.
Las razones para oponernos son, entre otras, las siguientes:
1) No coincidimos en que la negociación con el FMI sea la única opción que como país tenemos. Existen otros mecanismos que pueden implementarse y en donde el Banco Central debe jugar un rol de liderazgo.
2) El propósito de un Gobierno en Democracia es velar por el bienestar de su población. Por consiguiente para lograr ese propósito, debe definir Objetivos e instrumentos para lograr el bienestar deseado. La propuesta para negociar con el FMI no contribuye con el logro del Objetivo de bienestar de la población y prioriza en favorecer el equilibrio fiscal (muy necesario pero es un medio y no un fin) como propósito único y con ello golpea a los sectores medios y en especial a los más vulnerables como lo son nuestros asociados y sus familias.
3) Las propuestas planteadas recaen sobre las espaldas de quienes menos tienen y por consiguiente son regresivas. Un aumento triplicando el impuesto a bienes inmuebles, o gravar sin distingo todas las transacciones bancarias o aumentar las contribuciones de renta al primer segmento de 800 mil a 1.2 millones son medidas absolutamente regresivas.
4) La propuesta de venta de activos, entre ellos FANAL, además de no contribuir con la situación fiscal por su pírrico aporte, pareciera obedecer a una postura ideológica interesada. En este punto en específico, una venta tendría un efecto negativo inmediato para la vida de los productores agropecuarios por la afectación al Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) y al propio CNP.
Señor Presidente, es hora de recurrir a gravar las grandes riquezas y en particular la riqueza del sector financiero.
Es necesario e imperativo reestructurar la deuda pública y auditarla para crear condiciones para una renegociación razonable y transparente.
No es digno ni aceptable que sean los pequeños y medianos trabajadores del campo, los trabajadores y trabajadoras privadas y públicas los que sostengan la carga tributaria.
Es una lástima que Usted señor Presidente, no haya comprendido que la Democracia se fortalece con el Diálogo Social, hoy con esa propuesta nuestro único camino es de lucha por la defensa de la Democracia, la equidad social y de un Estado que dé respuesta real a las demandas de una sociedad inclusiva, justa y solidaria.
Señor Presidente, se requiere un cambio radical en su hoja de ruta económica y social. Su propuesta de negociación con el FMI, y su decisión de cargar sobre los más necesitados el costo de la crisis es para nuestra organización inaceptable. De persistir en su iniciativa, tendremos que alentar un movimiento social que defienda en las calles nuestros derechos de vivir y reconstruir el bienestar social que deriva de una sociedad más justa y equitativa.
Agradeciendo su atención a la presente, se despide atentamente Junta Directiva UPIAV, dirigencias y afiliados.
Luis Román Chacón Cerdas, cédula 1-0823-0870, Secretario General UPIAV
Luis Paulino Vargas Solís Economista Directo CICDE-UNED
Primera parte: intocabilidades y ausencias
El objetivo de este ensayo es ofrecer un análisis del “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia: propuesta para negociar con el FMI” (al cual en adelante me referiré simplemente como el Plan), que el gobierno de Carlos Alvarado ha presentado recientemente. Trato así de ofrecer criterios de discernimiento crítico en relación con sus contenidos y propuestas, y procuro, al mismo tiempo, poner algunas bases desde las cuales tratar de avanzar hacia la formulación de propuestas alternativas, animadas por el interés de subsanar las deficiencias principales de que este Plan adolece.
Antes, sin embargo, es importante dejar sentado lo que, en todo caso, debería ser obvio: Costa Rica enfrenta una muy deteriorada situación económica, erizada de múltiples riesgos, y la cual conlleva -he ahí el aspecto principal- consecuencias humanas y sociales muy graves. La dignidad de muchas personas y familias está siendo duramente lastimada, y la paz social está en grave riesgo. Para salir de esto es indispensable tener disposición para el diálogo, y mucha generosidad y desprendimiento. La solidaridad con quienes más sufren es tan necesaria, como el reconocimiento de que esta crisis exige sacrificio y disciplina, pero también un reparto equitativo de ese sacrificio. Pero, sobre todo, hay que tener claro que ese esfuerzo y ese sacrificio son solo el punto de partida, y no deben ir más allá de lo que sea estrictamente necesario. No hemos nacido para sufrir, ni tampoco podemos permitir que Costa Rica sea un país donde deba imponerse la infelicidad. Todo lo contrario más bien: merecemos dignificación, bienestar, paz y esperanza, y esta crisis debe desembocar justo en eso.
Distinto a lo que plantea la economía ortodoxa, no es a través de la destrucción que surgirá un mundo mejor. Tenemos el deber de superar la crisis superando nuestras debilidades, lo cual entraña un esfuerzo de construcción e innovación: echar músculo en el gimnasio en vez de martirizarnos con dietas debilitantes; construir en forma mancomunada una economía de alta productividad, en vez de lanzarnos en el azar incierto de un libre mercado sin brújula ni dirección; fortalecer nuestro tejido social desde la equidad, no desbaratarlo con el ácido disolvente del egoísmo y la avaricia.
Los intocables
Para empezar a examinar este Plan, le sugiero a usted ubicar en la página 19, las proyecciones fiscales que el Ministerio de Hacienda presenta. Para 2020 se anticipa un déficit del 9,3% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), y 8,1% para 2021. Notoriamente la mayor parte de ese déficit corresponde a pagos de intereses: 5,3% del PIB en 2020 y 5,6% en 2021.
No obstante lo anterior, cuando usted revisa las diversas propuestas de política que se formulan, no hay una sola que intenté incidir directamente sobre los pagos por intereses. Se nos da a entender en la página 22, que las medidas propuestas tendrían como efecto indirecto -eso esperan las autoridades- una reducción de los intereses. Pero ello pende de supuestos que, aunque implícitos, se adivina como realmente heroicos.
Que se renuncie a cualquier intento destinado explícitamente a reducir las tasas de interés sobre la deuda, va de la mano con la renuncia a cualquier acción que busque actuar sobre la propia deuda. Podría ser la auditoria de la deuda, según la fórmula favorita de alguna gente, que es, por supuesto, una alternativa que debería considerarse. Podría ser algo más pedestre, pero más pragmático y eficaz: su renegociación, al menos en lo que corresponde a la deuda interna, que todavía representa alrededor del 77% del total de la deuda del Gobierno Central. Considérese, además, que alrededor del 45% de esa deuda interna está en el propio sector público y que, en lo que al sector privado se refiere, solamente un 4% del total de la deuda se encuentra en manos de “no residentes”, todo lo cual debería facilitar cualquier posible renegociación.
Pero, en fin, parece que aquí está presente lo que Piketty llamada “ideología propietarista”[1], es decir, esa ideología que sacraliza la propiedad privada al punto de subordinar cualquier otro valor a su protección. Pero en este caso estamos en presencia de una versión particularmente estrecha de esa ideología, de sesgo rentístico, es decir, de santificación de los sectores que usufructúan de una renta. En resumen: tocar la deuda pareciera ser considerado sacrílego. Ni siquiera la que está colocada en las propias instituciones públicas, quizá por el temor morboso que eso les suscita, por aquello de que, una vez se ha empezado, luego no se sabe adónde podría llegarse…
O sea, y en resumen, la parte principal del déficit -los pagos por intereses- no se toca. Ello delimita el resto y, en medida apreciable, define el tono de la propuesta en su conjunto.
Resulta entonces que la cuestión queda entonces claramente enfocada en el llamado “déficit primario”, es decir, en el balance neto de gastos e ingresos sin considerar pagos por intereses. Siendo estos intocables, el golpe se carga a lo demás. Lo que parece ser una fórmula técnica, esconde en realidad una treta ideológica: el sector rentista que rentabiliza su capital invirtiendo en bonos de deuda pública, tiene buenas razones para no pasar una noche insomne.
Y es llamativo que siendo que tanta gente le prestan tan grande atención al problema de la equidad, raramente se mencionan las implicaciones que los pagos por intereses tienen. A decir verdad, ese es hoy un poderoso mecanismo de redistribución regresiva de la riqueza, puesto que, si excluimos fondos de pensiones, cooperativas y mutuales, donde los beneficios quedan más repartidos, hay alrededor de un 45% de la deuda que muy probablemente está en manos de gente muy solvente.
Reactivación económica: la gran ausente
Cuando para este año, según las estimaciones del Banco Central, se anticipa un desplome de la economía en el orden del -5%, y siendo que el desempleo escala alturas de verdadero cataclismo, esa debería ser una cuestión absolutamente prioritaria. No lo es, sin embargo. Más aún: en este Plan no es lo es del todo.
Si bien la palabra “reactivación” aparece varias veces a lo largo del documento, solo hay dos partes donde, de forma explícita o indirecta, se abordan cuestiones relevantes para esa discusión.
En la página 22 se asume explícitamente la tesis de la “austeridad expansiva”, es decir, la idea según la cual aplicar un severo programa de austeridad fiscal como el que aquí se propone, redunda, no en un retroceso de la economía, sino en un mayor dinamismo y crecimiento de ésta. El argumento que se ofrece es básicamente el siguiente: la “consolidación fiscal” permitirá reducir las necesidades de financiamiento del sector público, de una forma tal que disminuirá considerablemente su presión sobre los mercados financieros, lo cual traerá reducción de las tasas de interés, reanimación del crédito y relanzamiento de la inversión de las empresas.
Las premisas que subyacen a este argumento son tan disparatadas, que por ello mismo es imposible tomárselo en serio.
Primero, es una idea que parte de una tesis errónea, que la investigación económica más avanzada ha superado, pero que es una idea zombi fuertemente arraigada en la mente de la gran mayoría de economistas costarricenses: la tesis de los “fondos prestables”, y quizá, de forma subrepticia (aunque eso es menos claro), la tesis de la “equivalencia ricardiana”. Omito detalles al respecto, aunque recomiendo buscar referencias al debate entre Paul Krugman y Steve Keen [2], en el que la tesis ortodoxa del primero recibió un severo varapalo por parte del segundo.[3]
Pero, en todo caso, la hipótesis que se ofrece es realmente intrépida. Se admite implícitamente, pero de forma muy clara, que el proceso de “consolidación fiscal” tiene, en lo inmediato, efectos recesivos, no obstante lo cual se propone que, en un segundo momento, el cual debería darse en un plazo muy corto, ello repercutirá en una baja en las tasas de interés que permitirá relanzar la economía. Pero lo cierto es que la llamada consolidación se dará sobre el telón de fondo de una economía deprimida, y al agudizar esa condición depresiva inevitablemente deteriorará aún más, la ya muy abollada y maltrecha confianza de las personas consumidoras y del empresariado. De modo que, aún si somos sumamente optimistas, y suponemos que en efecto se da una baja apreciable de las tasas de interés, lo realista es suponer que ello no tendrá ninguna incidencia significativa ni sobre el consumo de las familias ni sobre la inversión empresarial, ni, por lo tanto, tendría ninguna posibilidad de reanimar la economía de forma significativa.
Desde luego, cabe la posibilidad de que, dentro de los términos poco preciso del planteamiento que se nos ofrece, se esté pensando -pero sin decirlo- en plazos muy extendidos, de al menos varios años en el futuro, al cabo de los cuales, y finalmente, la magia habrá echo efecto. Pero, de ser ese el caso, esta gente se haría merecedora a que los centenares de miles de personas que sufren hoy la pandemia del desempleo, les exijan su renuncia inmediata.
En resumen: cuando la economía está sumida en un hueco depresivo, la política monetaria vía tasas de interés es ineficaz y, en el mejor de los casos, solo tienen efectos muy lentos y tardados. Para los centenares de miles de personas que sufren privaciones, a consecuencia de tener que sobrellevar situaciones de desempleo y subempleo, eso, menos que una solución, es más bien un insulto.
El tema de la reactivación reaparece en el programa de inversión pública que se presenta en la página 56, y al cual explícitamente se le atribuyen un cierto potencial de reactivación de la economía y generación de empleos. Se incluye aquí el satanizado tren eléctrico, lo cual remite a cuestiones de carácter político-ideológico que no me interese abordar aquí.
El monto total -incluido el famoso tren- ronda los $ 4 mil millones, alrededor ₡ 2,4 billones, o sea, poco menos del 7% del PIB. De entrada, pareciera un monto significativo, pero en realidad no lo es. Primero, recordemos que la reactivación es un asunto urgente, para ya mismo, puesto que la recesión y el desempleo son dolorosas realidades que se sufren hoy y ahora. Hablar de reactivación posponiéndola para dentro de dos, tres o cinco años, es tanto un disparate como un insulto. Planteado lo cual, diré que únicamente hay un proyecto contemplado para el plazo cercano, o sea el actual 2020. Su monto equivale tan solo al 0,7% del PIB (suponiendo, eso sí, que la totalidad del monto indicado efectivamente se aplique este año). Eso apenas si le hará cosquillas a la depresión económica por la que atravesamos. El resto se ejecutaría a partir de 2021 y en años sucesivos, de modo que, en el mejor de los casos, escasamente escalaría a un 2% del PIB anualmente. Frente a la magnitud el desafío que enfrentamos, eso resulta insignificante. Como echarle ayudas a un muerto.
Ahora que, si se suprime el tren -y la presión política en ese sentido no parece dejar margen para otra cosa- el plan se reduce a un modestísimo 4,4% del PIB, seguramente menos del 1,5% anual. Una cifra simplemente ridícula.
En resumen: no hay en perspectiva ningún programa serio de inversión pública que pueda darle a la economía el empujón que le urge recibir, el cual, lamentablemente, no podría venir de ningún otro lado. Cualquier alternativa, hasta en el mejor de los casos nos llegaría a cuentagotas, y muy demorada en el tiempo.
Ahora que, como era esperable, el plan cede al usual parloteo ideológico: “…debido a la situación fiscal, cada vez se reconoce más que se necesita la participación privada en proyectos de infraestructura” (p. 55). Es como un déjà vu, al modo de una cita textual de lo que se decía hace 35, 30 o 25 años. Las consecuencias están a la vista. Parece que se olvida fácil y que no se aprende de las lecciones que dejan la historia.
Las propuestas ¿estructurales?
Este apartado de “Propuestas estructurales” se incorpora a partir de la página 48. Se colocan aquí temas importantes como el de la bajísima participación de las mujeres en los mercados laborales remunerados, la informalidad laboral, la plena incorporación y aprovechamiento de las tecnologías digitales en la educación y los precios de la electricidad. Hay propuestas positivas, y otras seguramente polémicas, todo lo cual merece una discusión por aparte. Si me parece que se reincide en el simplismo con el que la ortodoxia económica y el empresariado habitualmente asumen los temas de productividad, vistos como un asunto centrado en los costos absolutos, no en la productividad del trabajo, es decir, como una cuestión atinente a recortar los primeros (lo cual en algunos casos podría ser efectivamente necesario), y no en elevar la capacidad productiva por hora laborada, que es, a fin de cuentas, el fundamento esencial para un mayor nivel de vida, y una más sólida competitividad. En concordancia con lo anterior, claramente se opta por medidas puntuales y desarticuladas, no por algo que merezca ser reconocido como una “estrategia país”, integral, sistémica y compleja que es, a fin de cuentas, lo que realmente necesitamos.
De tal modo, el título le queda muy grande a este apartado, y bien podría interpretarse como otro más de esos ejercicios de negación a que son tan aficionadas las élites políticas y el poder económico en Costa Rica. Puesto que ya a estas alturas debería ser obvio que el proyecto o estrategia de desarrollo que el país ha venido siguiendo por largos 35 años, naufraga hoy en forma estrepitosa, lo cual convoca, con urgencia, a cambios de fondo. O sea: cambios de carácter realmente estructural. En su lugar, se opta, una vez más, por propuestas cosméticas, cambiecitos que nada cambian.
El eslabón perdido
Por su parte, las propuestas que directamente atañen a gastos e ingresos del gobierno, nos obligan a zambullirnos en un estanque muy turbio, en el nadan especímenes muy diversos.
De entrada, se capta a leguas una falla política que subvierte gravemente la legitimidad política del Plan: en materia atinente a fraude fiscal, se peca por la excesiva “modestia”. Demasiado tímido como para tomárselo en serio. El tema se aborda a partir de la página 36, y, a decir, verdad, es abundante en propuestas sobre nuevas leyes, reformas administrativas, mejoramiento tecnológico, etc. Todo lo cual es positivo y necesario, aunque seguramente insuficiente, puesto que, de nuevo, se ignora la faceta desnacionalizada, transnacionalizada o global de la defraudación fiscal, lo cual demanda cooperación y concertación entre Estados y gobiernos a escala mundial, algo indispensable si se quiere resolver el problema desde su raíz más fundamental.
Es evidente que hay un serio problema en las cifras que se ofrecen (p. 41), atinentes a las mejoras recaudatorias que se obtendrían a partir del combate al fraude fiscal. La decepción es total. Para los años 2021 y 2022, no se prevé ninguna mejoría en la recaudación gracias al control de la “evasión”.[4] Recién se esperaría mejoras por un modestísimo monto del 0,25% del PIB en 2023 y en 2024. Podemos remitirnos a los diversos estudios disponibles: el que hizo el propio Ministerio de Hacienda que cubre los años 2010 a 2013[5], o el realizado por técnicos del FMI correspondiente al período 2012-2015[6]. Cierto que son metodologías distintas, lo que no permite comparar los datos. Pero los órdenes de magnitud son claros: el problema es grave, y está centrado en el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas (empresas).
Es una torpeza política, o quizá una graciosa concesión a poderosos intereses económicos, no haber considerado esto apropiadamente. Lo cierto es que hay una obligación moral y una exigencia política ineludibles: el combate al fraude fiscal debe estar de primero en cualquier agenda sobre el tema fiscal, y debe realizarse con absoluta energía y decisión. Nunca será fácil, y está claro que, puesta a un lado la demagogia usual, jamás dará resultados mágicos en plazos cortos. Pero ello no justifica que no se asuman metas claras y razonablemente ambiciosas. Es obligatorio hacerlo. Claramente en este Plan se omite hacerlo.
En lo que respecta al abordaje del problema fiscal propiamente dicho -déficit y deuda- el Plan se divide en dos grandes apartados: las “medidas permanentes” y las “medidas temporales”. Y, en cada caso, todo un denso entramado de detalles.
Segunda parte: la deuda de la equidad
Medidas permanentes
Estas medidas, al igual que las medidas de carácter transitorio, tienen un componente tanto del lado de los ingresos como de los gastos.
a. Ingresos
i Cargas parafiscales
Se propone suprimir las cargas parafiscales (p. 31), es decir, las contribuciones que los bancos públicos dan para apoyar el financiamiento de diversas instituciones públicas (CONAPE, régimen IVM de la Caja, INFOCOOP, Comisión Nacional de Emergencias, etc.). En su lugar todos estos recursos fluirían a la caja única del Ministerio de Hacienda, y, presuntamente, éste los giraría a las instituciones concernidas. Creo que tendríamos todas las razones para dudar que se cumpla con ese ofrecimiento.
ii. Renta global
Se introduciría la “renta global”, es decir, el criterio técnico según el cual todos los ingresos de una persona, de cualquier fuente que provengan, se sumarán, de forma que sobre ese total se pagará una tasa impositiva única, tan alta como corresponda, según el nivel de ingreso en que esa persona quede situada. Digámoslo claro: es un paso necesario para modernizar el sistema tributario y hacerlo más justo y equitativo. Sin embargo, se abre una rendija en el planteamiento, en relación con el impuesto a sociedades o empresas, cuando nos dicen que “debe establecerse con una tasa competitiva uniforme” (p. 34).
Vista la experiencia a nivel mundial, y la carrera hacia el fondo de los gobiernos y los estados, embarcados en una destructiva competencia por ofrecer condiciones de dumping tributario y degradación fiscal a favor de los capitales transnacionalizados, cabe razonablemente preguntarse si esto no lleva implícita la idea de futuras reducciones en las tasas de tributación sobre ganancias empresariales, de forma que, aún si quedan sujetas a la renta global, lo hagan con arreglo a una tasa impositiva reducida.
Pero también resulta intrigante la referencia a una “tasa uniforme”, además de “competitiva” ¿a imitación quizá de Irlanda, imaginando, con irresponsable optimismo, que, a imitación de ese país, podamos convertirnos en un gran paraíso fiscal que las corporaciones transnacionales, sobre todo las de tecnología de punta, utilicen para dejar de cumplir sus obligaciones tributarias con otros países y gobiernos? Cierto que a Irlanda, jugar de forajido de la Unión Europea le ha resultado mal, pero lo cierto es que su experiencia no es replicable en otros contextos. Y, desde luego, sería moralmente desastroso si algún día Costa Rica decidiese tomar ese camino.
iii.Exenciones tributarias
Al abordar el problema de las exenciones tributarias (el llamado “gasto tributario”, cuyo monto alcanza alrededor del 5,5% del PIB), la propuesta es tan amplia -o más bien tan restringida- como al parecer lo permitían los intereses y la ideología dominantes al interior del propio gobierno. Es posible que el efecto que esto tenga, sea sensible para algunos grupos de ingresos medios, al eliminar exenciones al salario escolar o a fondos de ahorro del sector educación. En el caso de las cooperativas, el efecto sobre la equidad es incierto, ya que, si bien es verdad que algunas grandes cooperativas son empresas poderosas y consolidadas, y deberían entonces tributar como tales, también es verdad que a su base hay centenares, incluso miles, de personas y familias que son pequeñas asociadas.
En todo caso, no es posible pasar por alto el criterio que se formula en relación con esta cuestión: no se deben sacrificar, nos dicen, “aquellas exoneraciones vitales para el crecimiento económico y que tengan un impacto social positivo en los grupos más desfavorecidos” (p. 35).
¿Cumplen las zonas francas con esos criterios como para que se justifique que las exoneraciones que disfrutan no sean tocadas? La verdad es que, puestas así las cosas, es un criterio que las cooperativas cumplen mucho mejor que las zonas francas. Si aquellas son afectadas, nada -como no sea el peso de la ideología y/o de algunos poderosos intereses- justificaría que éstas no deban poner lo que les corresponde.
Se eliminan asimismo algunas exoneraciones que benefician a algunas rentas de capital, de forma que la tasa se uniformice en un 15%, de acuerdo con lo que ya se había adelantado en el plan fiscal del gobierno Alvarado (ley 9635 “Fortalecimiento de las finanzas públicas”). Esto reitera dos viejos problemas sobre los que muchas veces advertí. Primero, una tasa uniforme del 15% sobre las rentas de capital tiene, al cabo, un efecto regresivo e inequitativo, ya que, en la práctica, penaliza más duramente al pequeño ahorrista o rentista, que al grande. Segundo, sigue siendo un misterio cuál es la lógica económica que justificaría que ingresos de tipo rentístico -es decir, de fuente pasiva- deban recibir el simpático beneficio de tributar por debajo de ingresos originados en el trabajo o en la actividad empresarial.
iv. Impuesto a bienes inmuebles
Finalmente tenemos el que seguramente es el aspecto más polémico, al menos en esta parte correspondiente a las medidas permanentes: la triplicación de la tasa del impuesto sobre bienes inmuebles, la cual saltaría del 0,25% al 0,75%. El incremento de 0,5 puntos porcentuales, fluiría hacia el Ministerio de Hacienda. Los restantes 0,25 puntos, que corresponden a la tasa actual, seguirían teniendo como destino las municipalidades.
Primero, es importante resaltar que es efectivamente necesario avanzar hacia la tributación sobre los patrimonios familiares y/o personales, pero no solamente aquellos materializados en bienes inmuebles, sino también distintos tipos de bienes muebles de lujo (como yates y helicópteros privados), inversiones financieras, propiedad accionaria, etc. Segundo, y esto es importantísimo, eso debería ejecutarse sobre una base ampliamente progresiva: tasas más altas sobre los grandes patrimonios, tasas más reducidas sobre patrimonios de nivel medio, y total exención de los pequeños patrimonios.
Claramente ese criterio está ausente en este Plan. Cierto que la exención que se aplica cuando se posee un único bien inmueble, protege parcialmente a las familias de ingresos bajos y, un poco menos, de ingresos medios. Pero más allá de eso, estamos en presencia de una tasa plana que se aplica por igual a inmuebles modestos, que a aquellos más suntuosos. Obviamente ni es progresivo, ni es equitativo, y para los patrimonios inmuebles más pequeños resultará excesivamente gravoso.
b. Gastos
El recorte principal en el gasto, según el plan lo anticipa, lo aportaría la aplicación de la regla fiscal, conforme ésta quedó aprobada en la ley número 9635. De acuerdo con los datos que aporta el cuadro en la página 41, es un ahorro que crecería año con año: desde un 0,76% del PIB en 2021, hasta el 0,96% a las alturas de 2024.
Lo paradójico del asunto, es que están dadas, y de sobra, las condiciones para que la regla sea desaplicada, ello según la regulación contenida en el artículo 16, capítulo III, título IV de la ley número 9635. Recalco: está regla merece ser considerada un adefesio ideológico antiestatista, torpe y obtuso, una tontería que rigidiza la política fiscal y busca, de forma nada sutil, recortar al mínimo el Estado y su institucionalidad. Y, sin embargo, al menos hubo un instante de lucidez en quienes legislaron, para entender que, en condiciones de recesión económica, insistir en la aplicación de la regla significaría entrar en territorio minado: un acto suicida de consecuencias potencialmente explosivas.
Ese último resto de elemental prudencia desparece en este Plan, pero es que, en todo caso, esa es la tónica de la propuesta en su conjunto: suma un racimo de propuestas de sesgo fuertemente recesivo, en momentos en que la economía está siendo empujada hacia el fondo de la recesión. Es un irracional “llover sobre mojado”, ya que suma fuerzas contractivas a las poderosas fuerzas contractivas actualmente en operación.
c. Empleo público
Se incluye también el cierre de diversos órganos de la administración pública, en general entidades pequeñas. También las propuestas llamadas de “empleo público”. Todo ello de limitado impacto presupuestario, según se desprende de los datos aportados. Lo más importante es que se reafirma un sesgo ideológico que ya se había evidenciado con toda claridad en la ley 9635: la tendencia hacia la concentración de las decisiones en órganos burocráticos devenidos verdaderos súper-ministerios, como, en particular, la tendencia homogenizante, que busca imponer estándares uniformes a realidades disímiles. Ello es particularmente claro en el caso de las propuestas sobre empleo público: se quiere pasar de un sistema fragmentado, aquejado de diversas incoherencias, a uno centralizado y homogéneo. Es decir, se salta de un extremo al otro, no siendo descabellado pensar que lo que se obtenga sea incluso peor que lo ya que se tiene, precisamente porque, en su desvarío ideológico, se opta por ignorar las complejidades inherentes a realidades distintas, tratando de forzar esas complejidades dentro de la estrecha horma de criterios definidos a priori y desconectados de la realidad.
Medidas temporales
Son estas medidas las que aportarían la parte principal del ajuste fiscal durante los primeros dos años, tal cual se refleja en la siguiente tabla, la cual combina datos de los cuadros 4 y 8 (páginas 41 y 48) del Plan.
Aporte como porcentaje del PIB
Los componentes principales dentro de estas medidas de carácter transitorio, tienen que ver con los ajustes o recargos temporales al impuesto sobre utilidades de personas físicas o jurídicas que realizan actividades lucrativas, y al impuesto sobre salarios, y, como cuarto ítem, el impuesto a las transacciones financieras, el cual es, con mucha diferencia, el que daría un mayor aporte recaudatorio: alrededor de la mitad de todo el ajuste durante los primeros dos años, y más de una tercera parte los dos siguientes.
Esto saca a la luz diversas preguntas: sobre la equidad del Plan, en primera instancia, y respecto de las implicaciones que podría tener para la tarea urgente de salir de la recesión y crear muchos nuevos empleos.
7. El problema de la equidad tributaria
a. Impuestos sobre utilidades y sobre salarios
Asumamos que fuese correcto que el recargo impositivo deba aplicarse a todas las escalas de cada uno de estos impuestos, incluso las inferiores, pero manteniendo exentos los niveles de ingreso más bajo, que ya lo estaban de previo. Aun así, un elemental principio de equidad demanda que el recargo que se aplique sea proporcionalmente mayor para las escalas altas que para las bajas, lo cual demandaría que fijemos nuestra atención, no en cuanto puntos porcentuales se le suman a cada escala del impuesto, sino en qué porcentaje está siendo incrementada la tasa que se aplica a ese nivel de ingreso.
Trataré de clarificar mejor lo que acabo de decir, mediante los siguientes cuadros:
Recargo al impuesto de personas físicas con actividades lucrativas
Recargo al impuesto de personas jurídicas (empresas)
Recargo al impuesto de personas asalariadas
De los anteriores datos, lo que pareciera quedar en evidencia es que el perfil general de los recargos, es relativamente equitativo -pero no del todo- en el caso de los ingresos del trabajo, pero tiende a ser muy regresivo en el caso de las personas físicas o jurídicas que realizan actividades lucrativas. Claramente hay una penalización más fuerte sobre la pequeña empresa, incluso sobre la mediana empresa, que sobre la más grande.
Es válida la discusión de si los escalones inferiores del impuesto, no debieran tener que sobrellevar ningún recargo, de si, en cambio, debió empezar a aplicarse ese recargo a partir del segundo, o quizá del tercer escalón. Pero, aun así, incluso si se optase por aplicar el recargo desde el primer escalón, debió privilegiarse un mecanismo plenamente progresivo, de forma que el incremento en la tasa del impuesto, fuese proporcionalmente más alta, conforme más alto el ingreso gravado.
Así, y a modo de ejemplo, podría optarse por un incremento del impuesto sobre ganancias empresariales, de forma tal que, en el primer escalón, o sea la escala inferior del impuesto, la tasa se incremente un 5%, lo que significaría que pasaría de 5% a 5,25%, y en los escalones sucesivos se ajustaría según un porcentaje creciente: 10, 20, 30 y hasta 40% para el tramo superior. Esto significaría que para las empresas más grandes, la tasa impositiva pasaría del 30% al 42%. Algo similar se haría en los demás casos, incluyendo el impuesto al salario, de tal forma que, si se trata de aplicar un recargo temporal a los distintos tributos, al menos se garantice que ese recargo sea totalmente progresivo, y que se preserve el principio de equidad impositiva, al menos en su versión vertical, o sea, entre los distintos niveles de ingresos concernidos.
Ahora que, por otra parte, esto nos trae de vuelta un tema que anteriormente mencioné: el especial chineo que reciben las rentas de capital, correlativo al que se les da a las ganancias de capital. En ambos casos hablamos de ingresos que surgen de una fuente pasiva: no del trabajo, pero tampoco de la gestión empresarial. En ambos casos, se tributa a un 15%, y, como gran aporte, en este Plan tan solo se uniformizan al nivel del 15% algunas modalidades de rentas de capital que seguían tributando a tasas más bajas. Si al inicio de este documento hice referencia a esa ideología “propietarista” (Piketty dixit) que santifica la deuda, habría que decir que ello de nuevo se manifiesta aquí: el propietario rentista recibe un trato de excepción que no se le concede ni siquiera al gran empresario capitalista[7]. En algún momento, Costa Rica deberá avanzar hacia una tributación progresiva sobre este tipo de ingresos rentísticos.
Antes de terminar este apartado, no quiero dejar de mencionar un asunto que las cámaras empresariales y sus economistas afines, no se cansan de repetir: no debería hacerse tributar más a la actividad empresarial que genera empleos -nos dicen- y menos aún hacerlo en un contexto de crisis y agravado desempleo. La idea parte de una premisa según la cual la actividad empresarial se guía por un único criterio: la ganancia inmediata. Según esa lógica, mordisquear una parte de esa ganancia mediante un recargo al impuesto respectivo, traerá como consecuencia menos actividad empresarial y menos empleo. La idea no carece de sentido (la racionalidad empresarial es efectivamente limitada y cortoplacista), pero no debemos olvidar que el empresariado tiene sus liderazgos -visibilizados en sus cámaras empresariales- y sus ideólogos, por ejemplo, esos economistas que he mencionado. Es deber de estos liderazgos e ideólogos, advertir al sector que representan, que un pequeño sacrificio hoy, es preferible a una catástrofe social y política mañana. No está de más recordarle al empresariado costarricense que su más valioso activo no está en su empresa, sino en la sociedad misma, y tiene un nombre: paz social. Sus negocios no florecerán si no hay paz social.
b. Impuesto sobre transacciones financieras
Es posible que este impuesto no afecte a los grupos sociales más pobres, precisamente porque en ese estamento tan desfavorecido de nuestra sociedad, la “bancarización”, es decir, el uso de los servicios financieros en línea de los bancos, es muy limitado. Por otra parte, la idea, que los bancos y sus economistas esgrimen, según la cual esto conduciría a una mayor “desbancarización”, es por lo menos discutible. La gente deberá sopesar la conveniencia de manejar sus transacciones a puro efectivo, o de seguir utilizando los servicios financieros en línea, y es posible que en la mayoría de los casos se aceptaría el impuesto como un “mal menor”, frente a los costos y riesgos que conlleva el uso de dinero efectivo.
Por otra parte, es inexacto colgarle a este impuesto, así propuesto, la etiqueta de “impuesto Tobin”. James Tobin[8] seguramente se sentiría molesto que su nombre apareciese implicado en esto, puesto que su propuesta original simplemente se enfocaba en aplicar un impuesto, por una tasa muy reducida, sobre las transacciones de divisas, a fin de desestimular los grandes movimientos especulativos en los mercados financieros mundiales.
De ser válida la idea que plantee más arriba, en el sentido de que este impuesto afectaría relativamente poco a los grupos más pobres, en vista del muy bajo nivel de bancarización que les caracteriza, ello significaría que es un impuesto menos regresivo de lo que de otra forma podría ser. No obstante lo cual, es razonable concluir que sí tendrá un efecto regresivo, por lo tanto inequitativo, por razones similares a las que mencioné en el caso del impuesto sobre bienes inmuebles: es una tasa uniforme que da lugar a un monto tributado que, para todo efecto práctico, se siente más duramente cuando el ingreso es bajo que cuando es elevado. Aún si la persona de bajos ingresos pagaría montos relativamente pequeños, puesto que sus transacciones financieras son pequeñas, el monto del que se les despoja seguramente tendría en sus condiciones de vida, una consecuencia más sensible que las que tendría para quien posee un ingreso más elevado. Para los muy ricos, situados en el pináculo de la pirámide de ingresos, e invisibles como siguen siendo, el efecto será totalmente imperceptible.
Es llamativo el nexo que se establece entre este impuesto y la reducción de las cuotas de seguridad social, que se aplicarían durante cuatro años como presunta estrategia para la generación de empleos. Durante los primeros dos años, la tercera parte de la recaudación de este impuesto se destinaría a ese fin, y la mitad en los dos siguientes. Como política que intente promover la formalización y la creación de empleos, y en vista de las condiciones económicas generales en las cuales se inserta, lo que se puede anticipar son resultados, si no nulos, sí muy pobres. El problema es que estamos en medio de una profunda recesión económica y, en su conjunto, el plan es una apuesta a la profundización de esa recesión. Si estas condiciones no cambian de forma significativa, el desempleo persistirá en un alto nivel, y la medida propuesta no pasará de ser una aspirinita para la neumonía, aunque sí es un regalito que el empresariado agradecerá, y que, paradójicamente, se origina en una fuente de ingresos que, como ya dije, incidirá de forma más sensible sobre personas y familias de ingresos relativamente modestos.
A fin de hacer socialmente aceptable este impuesto, una posibilidad que podría discutirse es la de que se destine al financiamiento del Bono Proteger. Eventualmente podría destinarse a un programa permanente de renta básica universal, o cuanto menos, de renta básica incondicionada que beneficie, quizá, a los sectores sociales correspondientes a los 4 o tal vez 5 quintiles inferiores de ingreso (o sea: al 40 0 50% de familias de menores ingresos).
Cuando, por otra parte, es llamativo que en este Plan, el bono Proteger esté totalmente fuera de consideración, no obstante que, por sus beneficiosos efectos sociales y económicos, deberían ser considerado un programa estrella. Es una ausencia más que notoria, que reafirma el sesgo contable-economicista del enfoque, y sus tremendas falencias en relación con las problemáticas sociales, humanas y políticas de la crisis.
Tercera parte: un espejo en el cual mirarnos
Las privatizaciones
De entrada, dejemos de lado el eufemismo de la “venta de activos”. Estamos ante propuestas de privatización: ese es el nombre correcto, y así lo designaré.
Reconozcamos entonces que el gobierno de Carlos Alvarado no ha cedido a los cantos de sirena de los sectores que, por tozudez ideológica o en función de determinados intereses privados, querrían que se precipite un proceso generalizado de privatizaciones. Les concedió un confitito, en relación con dos empresas -FANAL y BICSA-, posiblemente considerando que son las dos donde la privatización generaría menos fricción política.
Pero incluso en esos dos casos, la polémica está servida. Y, la verdad, no deja de ser una majadería meter temas ideológicamente tan irritantes, dentro de un Plan que, de todas formas, abunda en detalles espinosos.
¿Por qué deberían privatizarse estas u otras empresas públicas? Pues porque hay un prejuicio ideológico muy arraigado según el cual lo público es necesariamente ineficiente, siendo lo privado exactamente lo inverso: el reino de la eficiencia. Lo cierto es que, en grado variables, ambas cosas pueden ser ciertas y falsas a un mismo tiempo. La eficiencia o ineficiencia no son cualidades exclusivas de lo público o lo privado, y ello en parte no despreciable depende de los objetivos que se persiguen y del para qué que deba responderse en cada caso.
¿Son eficientes las corporaciones de radio y televisión que reciben un suculento subsidio por el uso, casi gratuito, del espectro radioeléctrico? ¿Lo es cierta conocida cervecería que aprovecha rentablemente, prácticamente de gratis, los mantos acuíferos de Costa Rica? ¿Quién, si no la sociedad como un todo, asume los terribles efectos ambientales y para la salud humana y animal, que hacen rentables el negocio de la piña? ¿Alguna empresa privada alguna vez ha medido el beneficio que le reporta disponer de una fuerza de trabajo educada y saludable? ¿y el invaluable rédito que les regala la paz social y la vigencia de un Estado de derecho sólido y confiable?
Sabemos que la economía ortodoxa razona desde una abstracción completamente desprendida de la realidad, la cual asigna al mercado, atributos y cualidades que ni siquiera en su altamente restrictiva teoría se cumplen. Sería un tristísimo error tomar esa teoría como punto de partida para dar esta discusión.
Pero la discusión sí es necesaria, incluso urgente. Efectivamente sí que necesitamos entrar a considerar, con seriedad y sin aspavientos, el balance entre lo público y lo privado que deseamos y necesitamos.
Una propuesta de acuerdo con el FMI no es el lugar para hacerlo. Es una completa necedad e irresponsabilidad, pretender festinar asuntos políticamente tan densos, aprovechándose de la crisis.
El espejo de Grecia
Espero, en un próximo escrito, profundizar en la formulación de propuestas, intentado así, dar un granito de arena que enriquezca nuestro arsenal frente a la crisis. De momento, y a modo de epílogo y recapitulación, quiero dejar planteado lo que, según mi modesto criterio, es la falla fundamental de este Plan, y, por ello mismo, lo que en mayor grado me causa preocupación y angustia.
Primero ¿cuál es nuestro punto de partida? La cuestión no se agota en una situación fiscal delicada. Pero este Plan está formulado como si ése fuera, si no el único tema, sí, y con diferencia, el tema principal. Y, sin embargo, la propia realidad nos dice otra cosa. Obsérvese, si no, lo siguiente: al concluir 2019 teníamos una situación fiscal problemática, pero aún manejable. Con la pandemia del Covid-19 vino el derrumbe de la economía, y, con éste, el agravamiento repentino de la situación fiscal ¿qué hizo la diferencia entre la situación antes de marzo 2020 y la situación a partir de marzo? La respuesta es obvia: el desplome de la economía y el agravamiento del desempleo.
La cuestión de fondo es justo esa: la depresión económica subvierte las bases más fundamentales sin las cuales las finanzas públicas se vuelven inviables ¿no deberíamos enfatizar entonces la reconstrucción de esas bases? Pues sí: deberíamos. Pero no es lo que hace este Plan. Todo lo contrario, más bien.
Un ajuste fiscal en el orden de, aproximadamente, 6% anual a lo largo de un cuatrienio, pone sobre la economía un fardo demasiado pesado. Lo esperable es una depresión de largo plazo, con niveles de desempleo pertinazmente elevados. Todo lo cual hace aún más incierto salir de los apuros fiscales que estamos experimentando. Un esfuerzo extenuante para disminuir el déficit fiscal y poner bajo control la deuda pública, el cual, sin embargo, podría escapársenos de las manos como se escapa el agua vertida en un canasto.
No es idéntico al caso de Grecia, pero tiene similitudes. Su situación, en términos de la magnitud del déficit fiscal y la deuda pública, era incluso peor que la nuestra, con un agravante: no poseía moneda propia, sino que estaba sujeta al euro, y, por lo tanto, al Banco Central Europeo. Costa Rica todavía posee cierto margen de autonomía monetaria, que las autoridades de gobierno (y alguna otra gente) no parece apreciar adecuadamente, cuando más bien se tiende a ir, de a pocos, malbaratándola. Pero tengamos presente un detalle que, a efectos nuestros, cobra importancia: al momento en que explota la crisis de la deuda griega (fines de 2009), ya se vivía una situación de recesión que se arrastraba a causa de los impactos negativos de la crisis económica mundial de 2007-2009. Destapado el problema de la deuda, la solución viró hacia la austeridad fiscal: se engavetaron los paquetes de estímulo económico de inspiración keynesiana, que inicialmente se había aplicado, a favor de una operación ortodoxa de restricción y recorte. El desplome subsiguiente hizo que la economía se contrajese en más de un 25%. Todavía hoy, la producción nacional de Grecia está más de un 20% por debajo de su nivel de 2008. Más allá de los números, esto comporta una situación de terrible calamidad social y humana.
En Costa Rica, hoy, tenemos una situación fiscal delicada, en los marcos de una severa recesión económica y gravísimos problemas de empleo. El Plan que el gobierno de Alvarado nos presenta, lanza a un tercer o cuarto plano los problemas de la recesión y el empleo, los cuales quedan completamente desdibujados ante la prioridad, prácticamente exclusiva, que se deposita en la cuestión fiscal. Ello equivale a actuar sobre los síntomas, ignorando la patología de fondo.
Hay disciplinas y esfuerzos que no podremos eludir. Hay un sufrimiento que debemos enfrentar. Pero nuestro interés no debe estar centrado ahí. Debe hacerse el sacrificio que es indispensable hacer, pero no más. Si usted se pone una prótesis en la rodilla, ello necesariamente conlleva algún sufrimiento y muchos cuidados por algún tiempo. Pero luego usted querrá echar a caminar a paso normal y sin ningún dolor. Trasladado a la situación actual del país, ello significa que debemos ir más allá de las contabilidades de gastos e ingresos en el sector público. Hay una dosis de sacrificio y disciplina que debemos asumir, y la cual deberá repartirse de forma plenamente equitativa. Pero de lo que se trata -lo realmente importante- es de construir una economía saludable y vigorosa, que no solamente haga sostenibles las finanzas públicas, sino, y sobre todo, que dé calidad de vida y bienestar a nuestra gente.
Conclusión
Deseo estar equivocado, pero mi conclusión se resume entonces en lo siguiente: la ruta que este Plan deja trazada, nos lanza de cabeza a una situación de depresión económica que podría prolongarse todavía por muchos años más, con todas las secuelas que ello comporta, en términos de retroceso social y político, y deterioro de las condiciones de vida de nuestra población.
Necesitamos repensar esa ruta. Sobre eso espero seguir escribiendo.
[1] Piketty, Thomas. Capital e ideología. Barcelona: Editorial Planeta, 2019.
[2] Por ejemplo: Fullbrook, Edward, Krugman versus Keen, Real-World Economics Review Blog, 2012.
[3] El debate entre el mismo Krugman y la profesora Stephanie Kelton, no obstante los términos más bien confusos por ambas partes, reafirma esa estela de duda acerca de la fragilidad de las tesis ortodoxas de Krugman en materia monetaria.
[4] Es muy llamativo que en las propuestas que el Plan formula, se use únicamente el término “evasión”, cuyo significado está técnicamente restringido solo a las actuaciones que explícitamente violentan la ley ¿Por qué se omite toda referencia a la elusión? ¿Cómo interpretar ese “olvido”? Sabemos, por otra parte, que la “elusión” supone estrategias tributarias altamente agresivas y sofisticadas, a fin de evitar el pago de impuestos, sin que, técnicamente, la ley sea violentada. Pero esto nos introduce en un cenagoso territorio de eufemismos, disimulos y verdades a medias. Es del tipo de ruedas de carretón que ya nadie querría tragarse.
[5] Ministerio de Hacienda, Incumplimiento Tributario en Impuestos sobre la Renta y Ventas 2010-2013, diciembre 2015.
[6] Ueda, Junji y Pecho, Miguel, Programa de análisis de brechas tributarias en la administración de ingresos públicos: Análisis de brechas tributarias en el impuesto general sobre las ventas y el impuesto a la renta de las sociedades, Fondo Monetario Internacional, enero 2018.
[7][7] Desde luego, el gran empresario capitalista a menudo también es un gran rentista. Sin duda, ambas facetas aparecen a menudo reunidas en un mismo sujeto.
[8] James Tobin (1918-2002), economista estadounidense, que en 1981 recibió el (mal llamado) premio Nobel de economía.
«La política no debe someterse a la economía» Papa Francisco, Laudato Si’, 189
La presentación de lo que sería un nuevo Ajuste Fiscal por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo de nuestro país, trae consigo diferentes posiciones y preocupaciones sobre el rumbo de las finanzas públicas que terminan por afectar la calidad de vida de todos.
No desconocemos las graves consecuencias que ha dejado la Pandemia provocada por el COVID-19, pero también tenemos que ser muy francos: los gobernantes de turno y que han estado en el poder, en los últimos treinta años, deben asumir la responsabilidad de decisiones y acciones que ya tenían a nuestro país en condiciones sumamente precarias.
Así lo vemos con los indicadores socioeconómicos que, para nadie son un secreto, pues representan dolor en gran parte de nuestras familias. Desigualdad, pobreza y desempleo son tan solo consecuencias de un modelo económico que no pone en el centro de su desarrollo al ser humano.
El Informe Estado de la Nación, en su versión 2019, explicaba: «la desaceleración económica continúa y está golpeando especialmente a ciertas regiones y sectores. Según las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el dinamismo seguirá siendo muy bajo en 2020. Frente a ese escenario, el Estado tiene poco margen de maniobra para reactivar la economía, pues el desequilibrio crónico de sus finanzas limita su capacidad para estimular la demanda agregada por la vía de un mayor gasto e inversión. Ese desbalance no deja más opción que el endeudamiento y, además, impone limitaciones a la gestión de la deuda pública, que encarecen el costo del financiamiento y generan riesgos adicionales”.
Costa Rica es víctima de la falta de decisiones dirigidas a una reforma estructural del Estado, a reactivar verdaderamente la economía, a contener el gasto público y fomentar la producción. Si de sacrificios se trata, ya hubo una reforma de ajuste fiscal a finales del año 2018. En décadas pasadas, el país se ha sometido a distintos arreglos, producto de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y otro tipo de ajustes estructurales.
Como pastores de la Iglesia costarricense, pedimos encarecidamente que se proteja a los más vulnerables y a los sectores productivos; solicitamos particularmente que se mejore la recaudación fiscal, con mecanismos eficientes y transparentes; que se combata la evasión y elusión fiscal, evitando así la corrupción y la irresponsabilidad.
Es fundamental una reducción del gasto público, sin ella no habrá impuestos que aguanten. Si se piensa en impuestos, que estos sean progresivos y no en propuestas que incluyan impuestos regresivos, afectando a los más vulnerables. Que quienes tienen más riqueza y gozan de altísimos salarios y pensiones de lujo, aporten más. Asimismo, clamamos para que no se hagan recortes en los programas sociales destinados a los más pobres y necesitados.
El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (numeral 355) nos ilumina: «Una Hacienda pública justa, eficiente y eficaz, produce efectos virtuosos en la economía». Se requiere «rigor e integridad en la administración y en el destino de los recursos públicos», afirma el mismo numeral.
La clase media de nuestro país, con el paso de los años, ha quedado con poquísimas oportunidades de un mayor progreso, de tener mejor acceso a vivienda o de posibilidades de crecimiento, precisamente porque se han cargado sobre esta clase media algunos de los impuestos creados en los últimos años, y según los nuevos planes de ajuste, este sector sufrirá de nuevo un duro golpe.
Alentamos a que se genere un real y verdadero diálogo, a que se tomen en cuenta los diferentes aportes de grupos sociales, para suscitar una sana discusión con el único fin de buscar el bien común, la justicia social y el desarrollo integral de las personas.
Como lo advierte el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si’ (numeral 189): «La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana».
Nuestro llamado es a hacer una pausa, a no acelerar decisiones que hipotecarán el futuro del país por algunas décadas. Dios nos ilumine a fin de tomar el mejor camino para esta y las futuras generaciones.
En la sede de la Conferencia Episcopal, San José, a los 21 días del mes de setiembre del año del Señor 2020, fiesta de San Mateo, Apóstol y Evangelista.
JOSÉ MANUEL GARITA HERRERA Obispo de Ciudad Quesada Presidente
DANIEL FRANCISCO BLANCO MÉNDEZ Obispo Auxiliar de San José Secretario General
