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Etiqueta: fondos de pensiones

Posición de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional en la transformación del Sistema Nacional de Pensiones propuesta por SUPEN

Los fondos de pensiones son propiedad privada y un derecho humano inalienable. Los trabajadores son los únicos y legítimos dueños de ese capital. A las instituciones se les ha otorgado una autoridad especial de representación, pero no para tomar decisiones inconsultas.

El principio de la propiedad privada es el derecho a la riqueza y yo como persona ciudadana responsable debo custodiarla, para eso el Estado se compromete y pone todo a disposición.

La participación de los dueños de los fondos de pensiones en la toma de decisiones y el principio de propiedad privada tienen un fundamento constitucional: artículos 9, 45 y 50 de la Constitución Política. Así mismo, el artículo 11 de la Carta Magna establece el proceso de rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

Pero, hay un incumplimiento de ese mandato constitucional y por eso las personas trabajadoras están preocupadas por lo que esté pasando con las inversiones realizadas con su aporte de capital debido a que no tienen participación en la toma de decisiones.

¿Una vejez digna para los trabajadores costarricenses o una inyección de recursos al sistema financiero, qué propone SUPEN?

La ilusión del bienestar que había imperado por muchos años como el enfoque primordial de nuestro sistema de pensiones, se ha venido refugiando en las finanzas, pero el problema es que las finanzas se convirtieron en una dictadura que condiciona incluso a la democracia, donde solo mandan. las reglas del mercado que en definitiva no son más que las reglas de unos pocos y con ello, el resultado más preocupante es que la existencia del ser humano depende de esas reglas sobre las que no tiene ningún poder.

En otras palabras, este enfoque que la SUPEN propone, es terminar de entregar a la dictadura del mercado los recursos de los fondos de pensión, puesto que se aleja de toda visión solidaria para convertir el sistema de pensiones en un sistema de cuentas individuales, al mejor estilo chileno, que deja la vejez de los ahorrantes en manos del casino de las empresas del sistema financiero, dominado por fuerzas extranjeras, en el cual ni el país y ni los ahorrantes tienen ningún poder ni control.

Los chilenos abrazaron la idea de que les vendieron de ganar mayores réditos con cuentas individuales y hoy tienen los humillantes resultados perdedores, el fracaso de este sistema los está llevando a analizar la posibilidad de volver al IVM que tenían en el pasado.

Convierte la SUPEN al ser humano en un sujeto cuya existencia se reduce a trabajar para ahorrar cada vez más. Le piden pensión obligatoria, le dicen que también ahorre para una pensión complementaria, y le proponen otros ahorros, pero siempre el futuro será incierto. Podría enfrentar una vejez sin nada, porque todo depende del juego del mercado. Todo esto para alinearse a un sistema financiero, imperante, como si fuera un camino obligado y la única vía de organización.

Los miembros de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional consideramos que eso no es otra cosa que un apagón de la sensibilidad y la razón. Ninguna de las propuestas impulsadas por SUPEN se dirige a asegurar una vejez digna puesto que no garantiza, ni mínimamente, cuánto recibiría después de toda una vida laboral. Ninguna de dichas propuestas muestra la menor preocupación por el futuro de esas inversiones, ni plantean los posibles escenarios peligrosos de las mismas y menos aún lo que pasaría con esos trabajadores en caso de un colapso financiero. Es decir, el ser humano como objeto al servicio de dicho sistema, siendo más importante la salud de una persona jurídica que de una persona física.

La SUPEN presenta una visión distorsionada de solidaridad. Dicha visión se muestra en la creación de un llamado pilar cero, en donde a los recursos de los pensionados con carga a presupuesto se le incluyen todos aquellos costarricenses por nacimiento o por naturalización, que no hayan cotizado en su vida para una pensión. Es efectivamente solidaria porque se incluyen las necesidades de estas personas, pero es la posición solidaria que exime a amplios sectores de contribuir para enfrentar esta problemática, que no es otra cosa que la amplia problemática de la pobreza. Se mezclan así dos condiciones muy diferentes, la pobreza y el sistema de pensiones, en donde se carga la primera a la segunda, producto de la falta de políticas públicas adecuadas.

Se pretende dar con ello una solución a la pobreza en adultos mayores, afectando las condiciones de vida de los pensionados sin recordar siquiera que la mayoría de esos pensionados que están con carga al presupuesto son aquellos para quienes el dinero de los ahorros de su pensión fue gastado o, en el mejor de los casos invertido, por sucesivos gobiernos.

Es así como la propuesta de SUPEN viene a atropellar la clase trabajadora sin dejar claro que la mayoría de esos, pensionados con cargo al presupuesto pertenecen al Magisterio Nacional y que son los que han aportado las mayores cotizaciones de todos los regímenes públicos.

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional ha investigado y analizado a fondo cuál es la problemática actual del SNP, por lo que concluye que el primer problema radica en la no participación de los dueños del capital, o sea la persona trabajadora en la toma de decisiones (art. 9 CP); en segundo lugar, la carencia de políticas públicas adecuadas y el irrespeto al mandato constitucional establecido en el artículo 73 de la Carta Magna, respecto a no emplear los fondos de pensiones para otra finalidad que no sea para la cual se crearon (deuda estatal), lo cual ha llevado al desfinanciamiento de la CCSS, y la crisis del IVM. También se puede señalar que actualmente está ocurriendo lo mismo con los fondos de pensiones que administra JUPEMA y desde ya esto está afectado el equilibrio actuarial de los mismos, con las graves consecuencias que sufren hoy los trabajadores que cotizan para el IVM. Por último, la mala administración y nula fiscalización en el manejo de los recursos ha traído como consecuencia pérdidas cuantiosas en los diferentes regímenes tanto básicos como complementarios ya sean obligatorios o voluntarios.

Así mismo, con el aporte y asesoría de especialistas en materia constitucional, sociología, economía y derecho, la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional presenta las siguientes alternativas de solución:

  1. Mantener el esquema de los pilares con los regímenes básicos separados, ya que éstos no se pueden integrar por múltiples razones que se detallan en el documento subido a la matriz del diálogo social de SUPEN.
  2. Eliminar del SNP el cuarto pilar (régimen no contributivo) pues el concepto de pensión-cotización se contradice con el nombre de este cuarto pilar: no contributivo, siendo que no puede estar entre los regímenes de pensiones pues en esencia es una ayuda social y debe ser trasladado a la entidad creada para destinar las ayudas sociales, FODESAF. Para ello se requiere inyectarle capital a FODESAF de tal manera que logre reactivarse y adquiera la capacidad económica necesaria para brindar las transferencias sociales a los sectores más vulnerables de la población como los adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema. ¿De dónde se obtendrán esos recursos? De la renegociación del pago de los intereses de la deuda pública interna (ver punto cuatro).
  3. Generar nuevos recursos. Esto implica crear un impuesto móvil del 0-1% a las exportaciones incluyendo las zonas francas, ya que éste sector económico es el más dinámico, pero no pagan impuestos. Aumentando este impuesto móvil de manera escalonada hasta un 0,7%, el cual se puede capitalizar al 3% anual se generaría 75 billones de colones en 99 años (proyección actuarial). Este es el monto del déficit actuarial de la CCSS por lo que se solucionaría la crisis de la misma, incluyendo el IVM. Fortalecer de esta manera la CCSS permitiría mejores servicios de salud a toda la población y mejores condiciones para los pensionados, sin necesidad de afectar los otros regímenes básicos.
  4. Renegociar la deuda pública interna. Bajar el porcentaje del pago de los intereses de esta deuda, que son los más altos del mundo, solventará la grave crisis económica que atraviesa el país pues actualmente y desde hace varias administraciones gubernamentales se le ha dado prioridad al pago de estos altos intereses a costa. del sacrificio de toda la población, siendo que se ha reducido el presupuesto en inversión social, como infraestructura pública, transferencias sociales a los sectores más vulnerables y el congelamiento de salarios y pensiones del sector público, entre otros, beneficiando a un grupo reducido de tenedores. de la deuda, lo cual violenta nuevamente el mandato constitucional en su artículo 50:

Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Esta propuesta se encuentra de forma amplia y completa en la matriz del diálogo social de SUPEN.

Información compartida con SURCOS.

Posicionamiento de ACOJUPEMA sobre la participación ciudadana en el debate sobre los fondos de pensiones

La Asociación de Cotizantes Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) ha hecho público su posicionamiento en relación con la participación ciudadana en el debate nacional sobre los fondos de pensiones, su sostenibilidad, solvencia y estabilidad.

Marjorie Hernández, presidenta de la asociación, destacó la importancia del rol de ACOJUPEMA, que representa a cotizantes, jubilados y pensionados, y su compromiso con la defensa de una pensión digna. Explicó que, desde la fundación de la asociación, se ha trabajado para asegurar los derechos constitucionales de sus miembros. Resaltó la preocupación ante los intentos de varias entidades, tanto públicas como privadas, de iniciar un debate sobre los fondos de pensiones, excluyendo a los principales afectados: los cotizantes activos, jubilados y pensionados.

Por su parte, Alexander Hernández, tesorero de ACOJUPEMA, señaló que, durante los últimos tres años, ACOJUPEMA ha buscado un diálogo con la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y los sindicatos involucrados en la administración de los fondos de pensiones como ANDE (Asociación Nacional de Educadores y Educadoras), SEC (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense) y APSE (Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza), para exponer sus inquietudes. Sin embargo, lamentó que estos intentos no solo hayan sido ignorados, sino que se han enfrentado con procesos judiciales en su contra. Este tipo de acciones, afirmó, atentan contra los derechos fundamentales de libre asociación y libertad de expresión.

Gerardo Romero,  vicepresidente de la asociación,  subrayó la necesidad de que los proyectos de ley promovidos por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) sean debatidos de manera abierta y participativa. Afirmó que la exclusión de los cotizantes y jubilados en estas discusiones afecta gravemente la legitimidad de los debates y que existe una falta de confianza en la transparencia y fiscalización de los fondos de pensiones. El vicepresidente destacó que, según los artículos 9 y 11 de la Constitución, es fundamental la participación ciudadana en las decisiones públicas y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios responsables.

ACOJUPEMA demanda una discusión verdaderamente inclusiva, en la que todos los actores tengan voz y voto. Además, rechaza las represalias contra quienes alzan la voz en defensa de sus derechos y la justicia social. La exclusión de los verdaderos dueños de los fondos de pensiones —los cotizantes, jubilados y pensionados— convierte estos debates en ilegítimos y en un ataque a los principios democráticos que deben regir la toma de decisiones sobre los fondos de pensiones.

Se invita a a ver el vídeo completo sobre el posicionamiento de ACOJUPEMAhttps://vm.tiktok.com/ZMh1WQjyx/ .

Auditoría Ciudadana Integral busca transparentar manejo de fondos públicos y de pensiones

SURCOS conversó con la licenciada Marjorie Hernández Delgado, -presidenta de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) y coordinadora del Movimiento Magisterial por una Pensión Digna-, en torno al esfuerzo que realizan con el impulso de la Auditoría Ciudadana Integral. Compartimos la entrevista.

  1. ¿Cuál es el objetivo con el cual se crea la Auditoría Ciudadana Integral?

El objetivo primordial de la Auditoria Ciudadana Integral es transparentar el manejo de los fondos públicos y los fondos de pensiones. Esto por cuanto comprendimos que un alto porcentaje del presupuesto nacional se destina al pago de los intereses de la Deuda Pública, siendo estos los más altos a nivel mundial hasta hace unos meses. De tal manera que los dineros recaudados por el fisco por medio de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos no están siendo empleados para beneficio de toda la población como debería ser, puesto que se le da prioridad al pago de intereses y algo del principal de los bonos. Así mismo, en cuanto al manejo de los fondos de pensiones también nos genera grandes inquietudes, como cotizantes, las “inversiones” riesgosas que se han realizado y se continúan haciendo con los dineros de todos los trabajadores que cotizamos en los diferentes regímenes de pensiones incluyendo las complementarias que son administradas por las OPC, las cuales reflejaron grandes pérdidas en 2022 y aún en 2023, debido a la falta de mecanismos para asegurar estos dineros que son el ahorro de todos los trabajadores para optar por una pensión digna en el momento de su retiro. Por tanto, como todos los fondos de pensiones están siendo colocados en las mismas bolsas de valores extranjeras y se han generado grandes pérdidas en las complementarias es lógico pensar que también hay pérdidas enormes en las “inversiones” de los regímenes básicos. Sin embargo, al respecto no se sabe nada debido al hermetismo con el que manejan el asunto y por la misma naturaleza de estos regímenes.

  1. ¿Cuál es el papel de ACOJUPEMA en este proceso?

ACOJUPEMA acudió al llamado de la investigadora Esperanza Tasies quien es miembro del Equipo de Investigación de la Deuda Pública de la Universidad de Costa Rica y a la vez de ACOJUPEMA, para que apoyáramos y respaldáramos toda la investigación realizada por este equipo en el tema. De esta manera como organización civil, sin fines de lucro, asumió el compromiso y la responsabilidad de impulsar la iniciativa de la Auditoría Ciudadana Integral al encontrar un factor común en el manejo de ambos fondos (públicos y pensiones). Por ello nos hemos dado a la tarea de la organización y movilización de sectores civiles, no político partidarios, sino aquellas organizaciones civiles y de trabajadores que se identifican con la causa y realizan esfuerzos en pro del bien común.

  1. ¿Cuál actividad marca el inicio de la Auditoría?

Es un proceso que se compone de varias etapas, iniciamos con la convocatoria a diversas organizaciones civiles y nos encontramos en la etapa de “Alfabetización sobre la deuda pública y la importancia de realizar la Auditoría Ciudadana Integral en Costa Rica”.

  1. ¿Cuáles avances se pueden mencionar?

Aparte de los mencionados anteriormente, respecto a la organización y movilización de sectores sociales y el inicio de la Alfabetización sobre la deuda pública y la importancia de realizar la Auditoría Ciudadana Integral en Costa Rica”, hemos tenido contacto con algunos diputados porque en una etapa más avanzada se ocupará del aporte legislativo. Se ha conseguido el presupuesto para que la señora María Lucía Fatorelli brinde conferencias y explique a la población en qué consiste el proceso de la Auditoría Ciudadana. Así mismo, estamos en la búsqueda del presupuesto para la realización de la auditoría en nuestro país. La señora Fatorelli, es especialista en este tipo de auditorías y ha tenido mucho éxito en países como Uruguay, Irlanda y Grecia, logrando ordenar las finanzas públicas y a la vez una mejor repartición de la riqueza. Eso es precisamente lo que pretendemos para Costa Rica.

  1. ¿Hay obstáculos que puedan dificultar el logro del objetivo?

En toda iniciativa ciudadana siempre se va a contar con la oposición de los grupos y personas interesadas en que no se logren los objetivos planteados por la ciudadanía. Hay múltiples obstáculos que hemos debido superar y los habrá durante y después de este proceso. Pero si hay algo que tenemos claro en ACOJUPEMA es que la Auditoría va porque va.

  1. ¿Cómo opera el concepto de participación ciudadana en la organización y accionar de la Auditoría Ciudadana Integral?

ACOJUPEMA se sustenta en los Derechos Humanos Fundamentales y la Constitución Política, procurando su cumplimiento en todo nuestro accionar. De ahí que el concepto de participación ciudadana establecido en el artículo 9 de la Carta Magna, está totalmente presente en la iniciativa de la Auditoría Ciudadana Integral. Por tanto, asumimos el derecho y la responsabilidad constitucional que nos corresponde como ciudadanos, como el Soberano, el legítimo dueño del país, y desde esta posición buscamos que se respete el mandato constitucional, que se ponga orden donde se ha creado caos, que haya equidad y justicia social.

La participación ciudadana ejercida de manera activa y con responsabilidad genera a su vez, el cumplimiento del artículo 11 de la Carta Magna sobre la rendición de cuentas por parte de aquellos funcionarios públicos que no cumplieron con sus deberes, mientras ocupaban un cargo público. Así mismo, conlleva el ejercicio de derechos humanos y constitucionales como los establecidos en el artículo 50 constitucional donde se establece que: “El Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza…”, el cual se está violentando; también los artículos 27 y 30 respecto al acceso a la información pública entre otros.

Es imperativo que se reestablezca el Pacto Social que se instituyó en 1949 con la nueva constituyente, porque se ha roto. Actualmente priva más el interés y hambre de poder económico de unos cuantos sobre el resto de la población. El resultado de esto es la violación constante de los derechos humanos fundamentales y constitucionales de las personas y como consecuencia, la desigualdad, el hambre y la miseria. El Estado ha dejado de ser protector para las grandes mayorías que sí pagan impuestos, para que, de una manera solidaria, se beneficien todas las personas habitantes del país y se ha convertido en la herramienta de unos cuantos que se enriquecen cada vez más a costa del resto de la población. Por eso, la participación ciudadana es fundamental en la búsqueda de justicia social y una democracia participativa que asegure políticas públicas y leyes acordes con el mandato constitucional.

Actuario Rodrigo Arias López solicitó al auditor de la CCSS datos que muestren hacia dónde se desvían los fondos de pensiones

El máster en Matemática Actuarial Rodrigo Arias López publicó en su espacio de Facebook y compartió con SURCOS un oficio que le envié al auditor interno de la CCSS en el mes de febrero de 2023.

Arias López indaga acerca del desvío de fondos del régimen de pensiones (Invalidez, Vejez y Muerte – IVM).

En su publicación señala:

“Espero que los asegurados activos y pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), entiendan cómo es que le han venido desviando fondos al IVM (cambiando de forma espuria el fin que la Constitución y la Ley 17 establecen). Los datos del Cuadro B.1 que adjunto son cifras oficiales de la CCSS incluidas en el informe EST-0076-2022 de Octubre 2022; lo que hice fue ordenar las cifras para que en ellas se vean los dineros que el Estado debe aportar de conformidad con el artículo 9 de la Ley 7374 para el primer nivel de atención de la salud, que esconden en los informes de la CCSS y que los gobiernos de turno hasta la fecha no han pagado ni un centavo en 30 años, a pesar de que los amigos que tienen en la Caja solo cobran anualmente un 3% del costo real incurrido”.

El experto puntualiza: “Observen que en el título del Cuadro B.1 dice que esas cifras son del Seguro de Salud y como pueden ver, en 2022 a los asalariados les sobró casi un billón de colones (999.425 millones de colones) -incluso, le sobró dinero a los trabajadores independientes y a los pensionados- los cuales, por disposición del párrafo tercero del artículo 73 de la Constitución y los artículo 32 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS, son fondos que debieron destinarse al régimen de capitalización IVM. Sin embargo, los usaron para cubrir los faltantes que los gobiernos de turno no le giran a la CCSS a pesar de que lo ordenan las leyes 7374, 5349 y otras”.

El actuario matemático agrega: “Les comento que este año 2023 separé por primera vez los gastos de atención primaria; en años anteriores no había realizado esa separación y por eso los fondos sobrantes de los asalariados eran menores y los pensionados y trabajadores independientes más bien mostraban faltantes de ingresos para financiar los gastos. Con esta corrección, para ajustarla con la Ley 7374, esos dos últimos regímenes de salud también serían solventes, si es que esas cifras que publica la CCSS son correctas. Por eso lo informé al Auditor Interno de la CCSS, ante quien interpuse la denuncia con el oficio RAL-004-2023”.

Arias López finaliza: “Este 28 de julio escuché la participación del Auditor Interno de la CCSS ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. No vi que el Auditor informara sobre esta situación a los diputados; pero tampoco observé que algún diputado le preguntara. ¿Por qué será? En todo caso, este documento es público, cualquiera tiene acceso a él, igual que el documento de la CCSS EST-0076-2022 de octubre 2022, por lo que nadie podría alegar que desconocía estas cifras; mucho menos los nueve directivos de la Caja”.

SURCOS comparte la imagen de la carta enviada al auditor interno de la CCSS, así mismo, el video de la sesión de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que menciona Arias López en su nota.

ACOJUPEMA solicita auditoría de la deuda pública

La Contralora General de la República Marta Acosta Zúñiga recibió una solicitud de la Asamblea de Cotizantes de JUPEMA (ACOJUPEMA) para que se realice una auditoría externa sobre la deuda pública.

La licenciada Marjorie Hernández Delgado, presidente de ACOJUPEMA indicó a SURCOS que “esto está muy entrelazado con la debacle en los fondos de pensiones. De lograr que se realice esa auditoría se estarán dando pasos importantes en muchos campos”.

En la carta la organización magisterial señala: “El motivo de la presente es expresar nuestra preocupación por el comportamiento que a partir del año 2016 tiene el Sistema de la Deuda Pública, en su componente de deuda interna y verificada la alarmante subida de las tasas de interés en relación con el PIB”.

Por ello ACOJUPEMA solicita que “se inicie un programa consolidado y permanente de auditoría a la deuda pública de manos de esa Contraloría General. Al mismo tiempo recordamos que ante la omisión de dicha auditoría, el Estado costarricense podría estar violentando su obligación de progresividad y no regresión de las garantías sociales y derechos humanos, siendo que la función del Estado va mucho más allá del pago de altas tasas de interés a los inversionistas en bonos de deuda pública”.

SURCOS comparte la carta enviada por ACOJUPEMA a Marta Acosta Zúñiga.

Nuestros fondos de pensiones: otra vez en territorio tormentoso

Luis Paulino Vargas Solís

En los últimos días han circulado las noticias sobre la quiebra del Silicon Valley Bank, un banco estadounidense de tamaño medio, muy vinculado al sector tecnológico, en especial las llamadas “startup” -o sea empresas innovadoras relativamente nuevas y pequeñas- aunque, según parece, también tiene nexos otras más grandes. La cuestión ha inyectado temores, lo mismo en el sector financiero que en el tecnológico, con repercusiones a escala mundial.

El banco sufrió lo que podríamos tipificar como una clásica “corrida de depósitos”, que lo dejó sin liquidez y lo empujó a la quiebra. El hecho de que la clientela estuviese concentrada en el sector tecnológico, facilitó que los rumores negativos se extendieron con mucha rapidez y potenciaron el comportamiento en manada que precipitó el derrumbe. Pero esa es la parte anecdótica. Todavía hay muchas interrogantes en el aire, pendientes de ser contestadas.

Uno de los problemas que terminaron por asfixiar a este banco, tuvo que ver con el peso de sus inversiones en bonos de largo plazo de la deuda pública estadounidense, cuyo valor ha caído a causa del alza en las tasas de interés, que la Reserva Federal (el banco central estadounidense), ha promovido como respuesta frente a la inflación, según prescribe el recetario de la ortodoxia económica. De ahí surgen algunas inquietantes preguntas: ¿hay otros bancos que enfrenten situaciones de similar fragilidad? ¿Cuáles, cuántos?

Toca darles seguimiento a los acontecimientos. De momento quisiera destacar lo siguiente: la quiebra de este banco está desatando amplificadas turbulencias, lo que está empujado las bolsas de valores a terreno negativo y provocando pérdidas significativas. Y, entonces, necesariamente debemos pensar en nuestros fondos de pensiones, los cuales en los últimos años -y destacadamente desde el segundo semestre de 2020- incrementaron sus inversiones en el extranjero.

El año pasado se registraron enormes pérdidas. En los últimos meses la situación tendía a estabilizarse. Había la esperanza de iniciar, quizá en unos meses, un proceso de recuperación que, inevitablemente, duraría años. Lo que está ocurriendo a nivel mundial en estos momentos -cuyos reales alcances son aún inciertos- podrían significar que la pesadilla vuelve, que la tormenta arrecia de nuevo.

¿Volveremos registrar fuertes pérdidas en los próximos meses? No podemos descartarlas, como es seguro que seguirán campeando la impunidad y la alcahuetería que protegen a Rocío Aguilar, a la SUPEN y a quienes administran nuestros ahorros.

Urge un cambio en la normativa que regula los fondos de pensiones ¿Quién se atreve a impulsarla?

Prisma Latinoamérica: El fraude del que no se habla

Prisma Latinoamérica compartió un vídeo en su página de Facebook titulado: “El fraude del no se habla en Costa Rica”, acerca del fondo para las pensiones de los docentes. En él, se expone lo siguiente: los docentes costarricenses cotizaron entre 1958 y 1992 para crear un fondo que atendiera sus pensiones, sin embargo, el Estado malversó esos recursos en actividades ajenas por ley, y no aportó a los fondos de los docentes como dicta la ley. 

Para cubrir con esta obligación, se creó el Régimen Temporal de Reparto, como si este fuera un fondo de gracia, y no como corresponde ante una indemnización por el daño causado por el desvío ilegal e inconstitucional de los fondos de la pensión de los docentes.

A pesar de ser víctima del desvío ilegal de los fondos por parte del Poder Ejecutivo y con la ayuda del Poder Legislativo y la Contraloría General de la República, los docentes de este régimen son tratados o acusados como los responsables de que no existan recursos para las demás pensiones.

Si desea observar el vídeo completo lo puede hacer al siguiente link: https://fb.watch/i_k1bBtuG-/?mibextid=2Rb1fB

 

Información compartida con SURCOS por Miguel Sobrado y por Carlos Sáenz.

Fondos de pensiones: Los entretelones de una pérdida anunciada

Por Dr. Luis Paulino Vargas, Economista / Investigador CICDE-UNED

Las voluminosas pérdidas que los regímenes de pensiones complementarias han registrado en los últimos meses, surgieron, no exclusivamente, pero sí principalmente, de las inversiones realizadas en los casinos de la especulación global, o sea, en las grandes bolsas de valores del mundo. Eso es algo que ha quedado claramente demostrado en los reportajes de la excelente periodista Natalia Díaz, que el Semanario Universidad han venido publicando.

Al respecto, comparto con ustedes algunas breves consideraciones:

  • El problema tiene facetas diversas e interconectadas: éticas e ideológicos, normativas e institucionales.
  • Lo ético se manifiesta de diversas formas. Por ejemplo, en el grave conflicto de intereses que plantea la “puerta giratoria”: hoy vemos a una persona que es gerente o tiene una importante posición en alguna poderosa empresa financiera, y mañana esa misma persona tiene a su cargo importantes responsabilidades en alguna de las entidades a cargo de la vigilancia y regulación de esas empresas financieras. El claramente el caso de Rocío Aguilar Montoya, quien en el pasado estuvo vinculada al Banco Banex, la Corporación ALDESA y la Asociación Bancaria Costarricense, y hoy preside tanto la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) como la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). También plantea una seria interpelación ética, el que nuestros fondos de pensiones se inviertan en empresas vinculadas a actividades muy cuestionables, como es el caso de la industria bélica y de armamentos.
  • Lo ideológico se hace manifiesto en la ligereza con que se cede al embrujo de la especulación financiera, aparentando sofisticación y modernidad donde solo hay impericia y ligereza. El caso es que estos sistemas de pensiones fueron diseñados bajo el influjo cultural del neoliberalismo, y ello inevitablemente se refleja y reproduce en la forma tan desprolija como se les gestiona. Téngase en cuenta que, en la práctica, son regímenes privados, centrados en cuentas de capitalización individual y extraños a cualquier criterio de solidaridad.
  • La normativa y la institucionalidad vigentes, no solo reflejan muy bien esa laxitud ética y esa torpeza ideológica, sino que las propician y facilitan, e incluso las premian, puesto que ni siquiera contemplan ninguna penalización para casos como los actuales, donde la imprudencia ha traído graves perjuicios. La ligereza con que se ha propiciado que una parte creciente de nuestros ahorros, se destinen a inversiones especulativas fuera de Costa Rica, y la evidente desidia con que las entidades regulatorias miran todo esto, no solo es producto del sesgo ideológico desde el cual actúan y trabajan, sino que es algo que la ley y la institucionalidad activamente promueven.
  • Las pérdidas sufridas no se recuperarán jamás. Usted y yo, debíamos haber tenido durante estos meses una ganancia, así fuera pequeñita, y en su lugar tuvimos grandes pérdidas. Esa diferencia negativa inevitablemente pesará en nuestra futura pensión.
  • Siendo cierto que entre 2010 y 2020 las bolsas de valores del mundo tuvieron un comportamiento expansivo bastante sostenido, y que ello pudo tentar a nuestras operadoras de pensiones y alimentar sus fantasías ideológicas y la ligereza de sus decisiones, también debe entenderse que las condiciones están cambiando: las bajísimas tasas de interés y las políticas monetarias súper expansivas, que alimentaron esos auges bursátiles, se fueron y, al menos por unos años más, no volverán. Estamos entrando en una fase de tasas de interés más altas y políticas monetarias más contenidas, lo que significa que los grandes bancos centrales del mundo dejarán de poner a disposición de los bancos, las enormes reservas excedentarias que alimentaron los auges especulativos de las bolsas de valores.
  • Tengamos claro que este problema sobrepasa por muchos las personas, individualmente consideradas. Podría forzarse que renuncien, en pleno, todas las autoridades que, de una u otra manera, por desinterés, ineptitud o venalidad, han propiciado que ocurra este desastre. Pero ello no evitará que luego venga otra gente que actúe de forma similar. El problema es estructural: está enraizada y circula en la ideología desde la que esto se gestiona, y se cristaliza en normas, instituciones y organizaciones. Solo si estas últimas cambian, podremos lograr que aquella ideología deje de ejercer su dañino influjo, y que otras personas, técnica y profesionalmente solventes, aporten nuevas formas de hacer las cosas, desde valores comprometidos con el bien de la gente y el beneficio de Costa Rica.
  • En conclusión: necesitamos cambios de fondo en la normativa y en la institucionalidad vigentes: hay portillos que deben cerrarse, obligaciones que deben quedar claras y objetivos que hay que replantear. Urge que el sistema financiero se ponga a trabajar en serio para diversificar, sobre bases sólidas y confiables, las posibilidades de inversión. Es absolutamente descabellado que nuestras operadoras de pensiones saquen del país cantidades enormes de capitales, mientras múltiples y urgentes necesidades de inversión pública, que podrían ser inversiones seguras y rentables, permanecen desfinanciadas. Como también es un grosero pleonasmo, aducir que el mercado financiero costarricense es “pequeño”, y que por ello el gobierno debe financiarse con deuda externa ¿Cómo que es “pequeño” mientras los fondos de pensiones lanzan tales correntadas de dinero hacia las ruletas de la especulación global? Hay en todo esto, serias anomalías y múltiples contradicciones y falacias, todo lo cual convoca obligatoriamente a profundas reformas.

En adelante, los intereses nacionales, y, a su lado, los intereses de las personas cotizantes, deben primar sobre los intereses del negocio financiero y lo de las burocracias a cargo de la regulación.

Fuente:

Fondos de pensiones: Los entretelones de una pérdida anunciada

Compartido con SURCOS por el autor.

Acerca del tipo de cambio colón-dólar

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista / Investigador CICDE-UNED

No creo que sea tan difícil entender qué ha venido ocurriendo. Es cuestión de saber examinar, con rigurosidad y cuidado, las cuentas en la balanza de pagos. El problema se origina principalmente en las fugas de capitales a que han dado lugar los fondos de pensiones, con sus inversiones en el extranjero. También hay una incidencia significativa por parte las rentas del capital, o sea, salidas que corresponden a las ganancias obtenidas por la inversión extranjera, las cuales son tan voluminosas que compensan casi totalmente el efecto positivo (en términos de disponibilidad de divisas) proveniente de las entradas de la inversión extranjera.

Desde luego, el problema se puede ver agravado por factores emocionales, que generan determinadas tendencias de comportamiento en la gente. Tales son las llamadas expectativas, que tienen un componente irracional considerable, y las cuales se pueden ver influidas por diversos factores, inclusive el tipo de mensajes que dan las altas autoridades de gobierno. Por ejemplo: el mensaje atropellado e imprudente, además de inoportuno, que el presidente Chaves dio hace unas semanas.

Por otra parte, es innegable que por Costa Rica pasan capitales de origen oscuro, seguramente vinculados al narco. Hay quienes le ponen al asunto una subida dosis de amarillismo, y nos dan cifras realmente astronómicas que quintuplican las entradas de la inversión extranjera directa. Lo contradictorio de esto es que, si ese fuese realmente el caso, tendríamos entonces tal sobreabundancia de dólares que, inevitablemente, veríamos desplomarse la tasa de cambio. Habría una sobrevaluación desaforada, en vez de la devaluación que estamos registrando.

Claro, siempre queda disponible la explicación conspiranoica: imaginar fuerzas ocultas, malignas y omnipotentes, que manejan todo a capricho. Ello tiene grandes ventajas: responde automáticamente todas las preguntas, y hace innecesario investigar, estudiar y pensar.

Las pensiones en América Latina: fondos millonarios, trabajadores empobrecidos

Una detallada y profunda investigación realizada por 30 periodistas en nueve países latinoamericanos, incluido México, para conocer el manejo que han tenido los ahorros de millones de trabajadores a través de las administradoras de los fondos de pensiones en sus diversas modalidades, viene a confirmar el gigantesco colapso social que se ha gestado al permitir que los banqueros decidan en qué invertir estos recursos que hasta hoy suman unos 500 mil millones de dólares.

En 2019, en Chile, este sistema de cuentas individuales que ha reportado raquíticas pensiones hizo crisis al salir a las calles millones de habitantes, exigiendo la derogación del modelo implementado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet que no reportó los beneficios prometidos hace más de 3 décadas. Las mujeres apenas y reciben unos 280 dólares mensuales y los hombres y 406.

En México fue en 1997, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando se aprobaron las llamadas Afores (Administradores de Fondos para el Retiro), para el establecimiento de cuentas individuales en sustitución del antiguo sistema solidario, bajo el argumento –al igual que en Chile– de que garantizarían, por lo menos, un 70 por ciento del último salario cotizado por el trabajador.

Los hechos demuestran que las cosas no son así, pues de la primera generación de estos pensionados, unos 75 mil en promedio, sólo el 10 por ciento alcanzará una pensión honrosa y el resto apenas percibirá el 30 por ciento de su último salario. Un desolador panorama el que espera a nuestro país si no se corrigen a tiempo las cosas.

La investigación titulada: “A dónde va mi pensión”, pone al descubierto todas las irregularidades registradas en el manejo de los millonarios recursos sobre los cuáles, de manera invariable, los trabajadores nunca han tenido injerencia alguna, al grado de que lo mismo han servido para financiar deuda pública, que oscuros proyectos privados; muchos de ellos, rotundas quiebras, endosando las pérdidas a los ahorradores.

En el caso de México, el trabajo periodístico permite conocer que funcionarios de organismos como la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), reconocen que en proyectos como el fallido Aeropuerto de Texcoco se invirtieron buena parte de los ahorros de los trabajadores con las consabidas pérdidas, lo mismo que en empresas petroleras, como la firma Oro Negro, propiedad de Gonzalo Gil White –hijo del exsecretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz–, declarada en quiebra sin que hasta la fecha su dueño, aún prófugo, responda sobre el millonario quebranto.

De suma gravedad es enterarnos que organismos encargados de velar por los ahorros de millones de mexicanos como la Consar se ampararon ante la solicitud de información de los reporteros para conocer en qué portafolios de inversión las Afores han colocado las millonarias cantidades, pese a que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de datos Personales (Inai), aceptó como legal tal pedimento.

Además de que el sistema de fondos de inversión impuesto por el modelo neoliberal en el Continente no garantiza el pago de pensiones justas para una vejez digna, en el caso de México permite que las diversas afores cometan abusos contra los usuarios como los traspasos indebidos, sin su consentimiento.

La propia Consar y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), reconocen que existe este problema a pesar de la aplicación por ley, desde 2015, de expedientes electrónicos con la información de datos biométricos como el registro de las huellas digitales del trabajador, toma de fotografías, audio y video. Esto no ha sido obstáculo de excesos en su contra, pues muchos usuarios se enteraron, como ocurrió en lo más agudo de la pandemia de Covid-19, de la imposibilidad de retirar parte de sus ahorros porque la Afore en que pensaban estaban sus ahorros, había migrado a otra sin ser siquiera notificados.

De los 68 millones de cuentas administradas por las Afores en el país, únicamente poco más de 27 millones cuentan con un expediente electrónico; el resto siguen registradas en el papel y se espera que sea hasta el 2026 cuando el total de estas tengan un expediente electrónico. La inmensa mayoría de los trabajadores no saben la existencia de este nuevo sistema.

Lo mismo ocurre con la opacidad y falta de información de estas operadoras en lo referente al cobro de comisiones y rendimientos. Por ejemplo, las AFORES deben enviar un informe tres veces al año a sus clientes, situación que por lo general no sucede.

Pero los ahorradores –en teoría, los dueños del dinero– no saben tampoco en qué han estado invirtiendo sus fondos de retiro estas administradoras desde hace décadas. La investigación de los 30 periodistas latinoamericanos deja al descubierto información que debe valorarse para que, no sólo en México sino en todos los países, se modifique este esquema donde se están financiando tanto empresas que atentan contra el medio ambiente como a partidos políticos, como es el caso de Chile.

Financieras globales como Black Rock se han ido apoderando de las carteras de inversión donde se contienen los ahorros de millones de trabajadores para apoyar a gigantes trasnacionales como Waltmart; es decir, que las multimillonarias cantidades de recursos no se utilizan precisamente en fortalecer las economías locales y menos sociales, de los países pobres, sino en acrecentar el poder de firmas tendientes a prácticas desleales y monopólicas.

La referida investigación señala que, en México, Black Rock ha comprado las carteras de inversión de las Afores pertenecientes a Citibanamex y Banorte, invirtiendo en empresas como Grupo México, el consorcio minero de Germán Larrea, responsable de la tragedia en la Mina Pasta de Conchos en febrero del 2006 y de la contaminación de los ríos Sonora y Bacamuchi por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas y que afectó a más de 22 mil personas.

Los informes destacan que en julio del 2020, Black Rock lanzó al mercado su portafolio de inversión denominado iShares ESG MSCI México ETF, jactándose de haber conseguido en solo 60 días inversiones por 450 millones de dólares de la Afore XXI de Banorte; Afore Sura; Afore Profuturo, Citibanamex Afore y Principal Afore, pero por la negativa de las autoridades a proporcionar la información correspondiente, no se conoce con exactitud el monto de las inversiones de las afores participantes.

Son dos los países donde es notoria la cerrazón de sus gobiernos para brindar informes sobre la operación de las administradoras de los fondos de pensión: México y Uruguay, pero aunque en otros hay mayor apertura, esto no incide en que los ahorradores puedan tener el control de decisión para opinar en cuánto a qué y dónde invertir su dinero.

Lo que sí tienen en común Costa Rica, Chile, Colombia, Perú, El Salvador, República Dominicana, Uruguay, Panamá y México es que sus pensionados reciben migajas por sus ahorros, con los que se apuntalan consorcios multinacionales. Los sindicatos y trabajadores deben echar un vistazo a este trabajo periodístico que es el hilo conductor para exigir a sus gobiernos un cambio de paradigma en los sistemas pensionarios que conducen a la miseria a millones de jubilados.

Martín Esparza Flores*/Primera parte

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)

La nota original se puede encontrar en el siguiente enlace: https://contralinea.com.mx/las-pensiones-en-america-latina-fondos-millonarios-trabajadores-empobrecidos/

 

Compartido con SURCOS por Luis Chavarría.