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Etiqueta: fraude electoral

Descalabro electoral innecesario

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rodolfo Cardenal

La ansiedad del adicto al poder pudo más que la prudencia del ilustrado. En lugar de aguardar los resultados oficiales de una autoridad electoral favorable a su causa, Bukele se autoproclamó ganador absoluto de la elección presidencial y legislativa. La reelección estaba asegurada de antemano. Por tanto, la serie de irregularidades en todas las fases del proceso electoral, que autorizan a descalificarlo como fraude, era innecesaria. La ambición desmedida de poder vició el proceso de principio a fin. La inconstitucionalidad de la reelección desembocó en la autoproclamación cuando apenas había comenzado el conteo preliminar y no se había procesado ningún acta de la votación legislativa. Los países amigos, encabezados por Washington, cayeron en la trampa y le siguieron el juego al felicitarlo sin datos oficiales.

La autoproclamación y las congratulaciones validaron una elección con más votos que empadronados, con votos fraudulentos, con actas incongruentes y contradictorias, con papeletas y actas extraviadas, con fallas graves de logística para resguardar la seguridad del voto y con la plataforma informática caída. Por falta de datos, el triunfo legislativo de Bukele es mera especulación. La ausencia de soporte electrónico impidió el escrutinio. El fiasco es tan clamoroso que la autoridad electoral dispuso abrir las urnas para contar los votos. Los partidos de la oposición hablan de anular las elecciones. En ciertos sectores de la opinión pública se habla de fraude. Desde los tiempos de la oligarquía militar y su partido de las manitas no había habido un fracaso de esta envergadura. En esto, el oficialismo se ha superado. Por asegurar lo seguro, se pasó.

El descalabro organizado por la autoridad electoral no sorprende. Es reflejo fiel de cómo la dictadura gestiona la administración pública. Es tan incompetente que ni siquiera pudo disimular el fraude. Después de la autoproclamación de Bukele, calificó cínicamente las elecciones como “un éxito”. Si la debacle es triunfo, qué será el fracaso. Desde 1992, la institucionalidad electoral no había dado muestras de una incapacidad tan escandalosa, que no solo deja por el suelo su credibilidad, sino que también le ha costado al país millones de dólares. No sería extraño, entonces, que la abstención aumente en la elección municipal.

El triunfo de Bukele es indudable, pero debe ser matizado. Hay indicios sólidos de que solo votó alrededor del 40 por ciento, es decir, la mayoría de la ciudadanía no acudió a las urnas. Por tanto, Bukele obtuvo una abrumadora mayoría solo entre ese 40 por ciento que votó. Dicho de otra manera, la mayoría de la población no votó por él. Tampoco la de la diáspora. De confirmarse, este dato demostraría que si su popularidad es real, no se tradujo en votos, o bien, esa popularidad no es tan alta como dicen las encuestas.

Consumada la reelección de Bukele es saludable preguntar qué se puede esperar razonablemente en los próximos cinco años. Esa cuestión se puede desglosar en otras dos: el para qué y el para quién de la reelección. Hasta ahora, Bukele ha sido incapaz de concretar qué hará en el segundo mandato. Ante la falta de novedades, cabe esperar más de lo mismo: militarización, seguridad y represión, eventos con repercusión internacional y megaproyectos como el nuevo estadio chino. Por otro lado, la reelección no es para aliviar las penurias de las mayorías, que tendrán que conformarse con más diversión y algún que otro reparto de alimentos. Ellas no son la prioridad de la dictadura. Antes que ellas se encuentran la familia presidencial y sus socios, los beneficiarios directos de la reelección.

La primera fase de las elecciones generales ha puesto en evidencia la similitud del oficialismo con los partidos tradicionales, la némesis de Bukele. El oficialismo hunde sus raíces en la peor tradición de la política nacional. En nombre de la gobernabilidad para una presunta transformación que no asoma por ningún lado, ha impuesto un partido único, que reproduce el partido de los militares de antaño. El atavismo es más poderoso que unas presuntas aspiraciones de novedad. La transformación en marcha se disfraza de seguridad y prosperidad para revisitar un pasado que sumió al país en una sangrienta guerra civil.

La reelección pudo haber sido un triunfo nítido y brillante de la popularidad de Bukele. La insensatez del adicto al poder total la descarriló. Bukele y sus consejeros se han metido innecesariamente en un berenjenal de consecuencias imprevisibles. El delirio le impidió consumar convincentemente la inconstitucionalidad de su reelección.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Fuente: https://noticias.uca.edu.sv/articulos/descalabro-electoral-innecesario

Carta abierta al Consejo Superior Universitario de Centroamérica (CSUCA) CXX Sesión Ordinaria del CSUCA 20 y 21 de abril de 2023 Universidad Nacional de Costa Rica UNA

Escrito en . Publicado en Derechos.

ASUNTO:  El CSUCA en Costa Rica, alberga en su CXX Sesión Extraordinaria a un usurpador. LA USAC DE GUATEMALA NO TIENE RECTOR

Nos dirigimos a ustedes como ciudadanas y ciudadanos centroamericanos, académicos(as) de universidades públicas de la región, artistas, intelectuales y sociedad civil plenamente informada y conscientes de la trágica y valerosa resistencia que atraviesa desde el mes de abril del 2022 la universidad más antigua de Centroamérica y la única institución de educación superior pública de Guatemala: la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

La Universidad de San Carlos de Guatemala por ser la mayor universidad del país, la única universidad pública y la más antigua se le ha conferido por ley, participación con voz y voto en las decisiones de 100 entidades públicas. Este valor de representatividad tiene su fundamento en los ideales de servicio, en su autonomía constitucional, con vigencia a partir del 1 de diciembre de 1944 y en su coherencia crítica para ofrecer soluciones al país, además de proveer gratuitamente o con muy bajo costo, educación superior. La Universidad de San Carlos de Guatemala recibe fondos públicos y eso la convierte en una institución clave no solo por su voz y capacidad de voto en las decisiones de importantes instituciones públicas, sino porque con autonomía y criticidad, es una fuerza de oposición ante procesos de corrupción que emanan del gobierno, oficialismos de turno y de las redes de poder político.

Hacemos de su conocimiento que esta Alma mater fue tomada por la comunidad estudiantil, docente, administrativa, apoyada por diferentes sectores de la población (campesina, indígena, civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de Derechos Humanos) desde el 27 de abril de 2022 con la toma de Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC) y posteriormente el 19 de mayo de 2022 con la ocupación del Campus Universitario en su totalidad, en respuesta a los procesos ilegítimos del fraude electoral que colocó al señor Walter Ramiro Mazariegos Biolis en el cargo de rector con un procedimiento electoral que no se apegó al marco de la legalidad. La persona que se presenta en este encuentro como Rector de la USAC no cuenta con las capacidades académicas mínimas para el puesto; no cumple siquiera con el requisito mínimo de cinco años de experiencia docente universitaria, según la norma que rige la materia, pese a la información falaz que contiene su currículo. Además, es reconocido por una larga trayectoria de corrupción, su cercanía con el narcotráfico y sus vínculos con el presidente de Guatemala. A partir de esos hechos y hasta el día de hoy la comunidad universitaria sancarlista, la sociedad civil guatemalteca, y comunidad centroamericana universitaria y civil continúan apoyando la resistencia y rechazo a lo que se ha calificado como fraude electoral en esta casa de estudios.

Desde el 1 de julio de 2022 en que asumió el puesto de rector, en un acto igualmente anómalo, pues lo hizo en secreto y sin que estuviera presente el pleno del Consejo Superior Universitario, como lo manda la normativa de la universidad; la comunidad universitaria y diferentes medios de comunicación oficiales y alternativos nacionales y de la región han evidenciado el abuso de poder con que Mazariegos, apoyado por el gobierno y redes de la élite del país, han utilizado la violencia y la represión contra la propia comunidad estudiantil y académica, intimidando, criminalizando y atentando contra la vida de estudiantes, docentes y dirigentes en este proceso de oposición y resistencia, como respuesta al legítimo derecho de no aceptar la ilegalidad y corrupción en los procesos electorales.

Escribimos a ustedes ante la vergüenza histórica que representa para nuestra región, para la ciudadanía guatemalteca, centroamericana y la mirada internacional que, el señor Walter Mazariegos, conocido en su propio país como “El Usurpador” ocupe solo nominalmente el cargo de representación universitaria, debido a que, en Guatemala permanece escondido y sin ejercer todas las funciones de su puesto, consciente del rechazo de que es objeto por parte de la mayoría de la comunidad sancarlista.

Apelamos a ustedes señores y señoras representantes del CSUCA en esta CXX Sesión Ordinaria celebrada el 21 y 22 de abril de 2023 en la Universidad Nacional de Costa Rica para tomar conciencia de nuestro rechazo absoluto a la invitación que el órgano de representación regional universitaria hace a Walter Mazariegos, así como de cualquier otro espacio de representación por la ilegitimidad electoral del puesto que usurpa y por la cuestionable trayectoria académica, moral y política que le antecede.

Señores y señoras del Consejo Superior Universitario de Centroamérica CSUCA, este es un llamado a la conciencia sobre los mayores ideales que fueron planteados hace más de cien años en el Sueño de Córdoba, a sus pilares fundamentales de respetar la autonomía universitaria, libre de interferencia política y de garantizar la libertad de la comunidad estudiantil y docente. La Universidad de San Carlos de Guatemala ha sentado un precedente histórico en la región centroamericana y en el continente desde el momento en que no aceptó el procedimiento ilegal de colocar a un rector de facto, que llevaron a cabo las redes de corrupción política y del poder oficial. Pese a esta difícil situación y al contexto en que la comunidad estudiantil y docente de la Universidad de San Carlos atraviesa, instituciones, importantes figuras intelectuales y sociedad civil no cesarán de apoyar y de brindar sus esfuerzos por rescatar la autonomía del mayor centro de estudios superiores de Centro América.

La invitación y el recibimiento de Walter Mazariegos al evento del CSUCA envía un mensaje equivocado a la sociedad centroamericana, a toda la comunidad estudiantil, docente y sociedad civil centroamericana. Su invitación está a contracorriente de los ideales de autonomía y libertad universitaria. Su presencia en este evento fomenta una cultura de impunidad que da la espalda a la realidad que atraviesa la propia comunidad universitaria sancarlista y niega los valores que deberían guiar el espíritu crítico, la acción y la educación superior en nuestra región.

Solicitamos a ustedes como representantes del CSUCA una moción de censura para Walter Ramiro Mazariegos Bioli en un pronunciamiento por escrito en el que se reconozca la ilegitimidad de su cargo y se le excluya absolutamente de toda representación en el CSUCA por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Que este precedente histórico sirva de ejemplo para todas nuestras universidades públicas centroamericanas y para que este hecho no se repita nunca más.

¡La Universidad de San Carlos de Guatemala no tiene rector!

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Rodolfo Hernández. un contradictor inaceptable

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

El domingo 29 de mayo de 2022, será fecha recordada en los anales electorales de Colombia. El candidato progresista, Gustavo Petro Urrego, con un Programa de Gobierno Alternativo, coaligado con la izquierda, la socialdemocracia y demócratas de partidos históricos; acompañados de una fórmula presidencial encarnada en la afro descendiente Francia Márquez Mina, rompiendo el tradicionalismo político de no dar cabida a aspirantes de raza negra a un máximo cargo de elección a la Vicepresidencia de la República; pese a encabezar las preferencias mayoritarias de opinión de los electores, no alcanza el margen del 51% de los votos emitidos y por ende no logra coronar la elección como Presidente, en la primera vuelta.

El sistema electoral colombiano goza de desprestigio en el ámbito nacional e internacional, por ser clientelista, corrupto, discriminador, objeto de parcialización y de naturaleza de casino; por imperar impunes prácticas de compra y venta de votos; en una sociedad caracterizada por el predominio de una economía subterránea, producto de un sistema narco paramilitar en el ejercicio del poder.

Las pasadas elecciones del 13 de marzo de 2.022, en que se eligieron a los representantes del Parlamento; sistema electoral que abarca más de 200 representantes a la Cámara y más de 100 Senadores; dejaron al desnudo el cúmulo de omisiones y defectos, que conducen al engaño o error y que gracias a la prevención y trabajo de organización de la oposición política expresada en el partido Pacto Histórico, logró descubrir en el pre conteo, que en cerca de 30.000 mesas no se habían contado los votos del Pacto Histórico y ello trajo consigo la reivindicación y reconocimiento de cuatro curules o asientos más en el Senado, a favor del partido de oposición. Sumaron más de 700 mil los votos distraídos.

Ha hecho costumbre y es habitual y reincidente la práctica del fraude electoral en Colombia. El pasaje relatado obedece a la veeduría aplicada por desconfianza en el sistema electoral; asimilado en el movimiento popular por la máxima del cura guerrillero Camilo Torres R, de “el que escruta elige”. Es por ello que para el pasado 29 de mayo, el partido Pacto Histórico inscribió 50 mil testigos electorales, que, junto con los Observadores Internacionales, acompañaron el máximo de mesas posibles en el pre conteo de los votos. El pre conteo es un arbitrario adelanto de resultados que la Registraduría, con la venia del Consejo Nacional Electoral (CNE), con la aplicación de un conteo manual y para demostrar eficiencia y rapidez, publica por las cadenas privadas de medios de comunicación. La labor de los testigos electorales radica en la observación y seguimiento de ese pre conteo que por lo general carece de precisión y exactitud. Luego del pre conteo sobreviene el escrutinio, que es el acto o momento administrativo en el que se precisa si hubo fraude o no, en el ejercicio electoral. De manera que ante el conocido pre conteo de votos en el que el candidato Gustavo Petro no alcanzó el umbral del 51% de los votos emitidos, pues llegó al 43% y con una ventaja de 2.580.000 votos sobre el segundo contendiente, Ingeniero Rodolfo Hernández; se habilita la labor de veeduría y seguimiento en estos tres días hábiles, para que se conozcan o se corrijan imprecisiones, vaguedades, etc. Solo en Colombia, pues en el resto de los países latinoamericanos, el umbral de porcentaje es del 40% de los votos emitidos, para de lo contrario acudir a una segunda vuelta. Múltiples son las falencias del Sistema Electoral colombiano, que fue objeto de definición a una reforma profunda en los Acuerdos de La Habana y la extinta guerrilla de las FARC, que como es conocido por de todo el mundo, la oligarquía militarista hizo trizas y no implemento.

DE LAS CIFRAS ELECTORALES

Gustavo Preto Urrego obtuvo 8.527.768 votos. Rodolfo Hernández obtuvo 5.953.209 votos, Federico Gutiérrez 5.058.010 votos

Gustavo Petro gana con el 40.33% de los votos emitidos, la Primera Vuelta y se disputará el gobierno con el ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien obtuvo el 28. %; quedando el derrotado F. Gutiérrez con el 23.%

Un mapa por regiones indica que en el Centro del país (excluida la capital Bogotá DC.) y el Nororiente del país votaron por R. Hernández mayoritariamente.

En la Costa Atlántica. Petro en los Departamentos de la Costa (Atlántico, Guajira, Sucre, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Cesar y San Andrés, en el Caribe) con un 52% en promedio, alcanzando en Atlántico la mayoría del 56%, un fortín electorero del Clan Chard Fuad… R. Hernández, en esos Departamentos de la Costa obtiene un 17.2% y F. Gutiérrez, el 26.75%.

En La Región Pacífica. Por Petro 73% (Choco, Nariño, Cauca). Por R. Hernández 9.6% y por F. Gutiérrez 14.%.

Zona del Sur Occidente (Valle del Cauca, Tolima y Huila) 40% Petro; 34% R. Hernández y el 21% F. Gutiérrez.

El Eje Cafetero (Risaralda, Quindio, Caldas) 33% Petro. 32%. R. Hernández y 28.9% F. Gutiérrez.

Departamento de Antioquia. 25% Petro. 19% R. Hernández y 50% F. Gutiérrez.

En Medellín. Petro 275.497 votos, 24.5%. R. Hernández 141.415, 12 votos, 6% y F. Gutiérrez 603.092, 62%

En Los Santanderes: Departamento de Santander, la derecha acoge a R. Hernández con 67%. Por Petro el 55%, quedando F. Gutiérrez únicamente con el 9%. Y en el Departamento de Norte de Santader, cambio del panorama electoral, siendo un fortín del narco para militarismo en el gobierno y de confrontación armada en la zona de frontera con Venezuela y el conflictivo Catatumbo; donde las insurgencias mantienen control territorial, Por Petro 16%. R. Hernández 55%. Gutiérrez 25%

En Bucaramanga Petro 68.600 votos, 21% R. Hernández 219.748 votos, 67% y F. Gutiérrez 39.114, votos, 09%

En Cúcuta. Petro 46.288,21 votos, 14%. R. Hernández 169.932 votos, 50%. F. Gutiérrez 100.251 votos, 29%

Centro del País (Cundinamarca, Boyaca y Meta) por Petro el 32%. Por R. Hernández el 50% y por F. Gutiérrez el 13%.

En Bogotá, DC. 50% Petro (1.769.671 votos). El 22% R. Hernández (833.0169 votos) y el 19% F. Gutiérrez. (con 723.638 votos)

En Los Llanos Orientales (Vichada, Arauca, Casanare). Por Petro el 27%. Por R. Hernández 55% y por F. Gutiérrez 14%.

En La Amazonia (Putumayo, Vaupes, Guainia, Amazonas , Guaviare y Caquetá) Petro 52%. R. Hernández 29% y F. Gutiérrez 14%

DE PROPUESTAS CONCRETAS

Al cuestionado sistema electoral colombiano va engranado el sistema de encuestas y consultorías sin garantía de veracidad y objetividad. Genera un marrullo de imprecisiones, de falsas expectativas y de sobre dimensiones de mandatos sublimes, que conllevan, al elector, a referencias despectivas y falsedades presuntas. Contribuyen al juego de casino, apuestas e inversión de dineros en la compraventa de votos.

Ya la Dirección de la campaña del Pacto Histórico ha emitido pronunciamiento sobre las pautas a seguir para asegurar el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez el próximo 19 de junio. Ello se logra con votos y ante el reto de aumentar mínimo en un millón de votos los obtenidos, los activistas en el trabajo de proselitismo, a fuer de escoger los sectores en todos los niveles donde se analizaren necesidades de impulso, es recomendable poner en práctica y ejercer acción en temas y sectores como:1. El aspecto de la Abstención. ¡El equipo de publicidad de la Campaña Petro presidente! ha demostrado capacidad y eficiente alcance de información, así como educación y aportada claridad en sus mensajes. Una iniciativa de intensidad que busque educar y captar la atención de esas personas y dirigida a la población que no ejerce la obligación cívica y el derecho a votar, prefiriendo permanecer en sus casas u ocuparse en pasatiempo. Asumir el reto de disminuir el 45% que arrojo el índice de abstención en esta pasada primera vuelta electoral. Casi la mitad de la población votante indiferente ante el destino y futuro del país. 2. Atención de preferencia a la Mujer y aspecto de género. Se debe aumentar el índice de votación de las mujeres. Que aumente el número de mujeres que vayan a las urnas, borrando la mala fama que no salen a votar por atender los quehaceres del hogar. Precisamente, la aplicación de pedagogías de dignidad, liberación, organización participativa, auto valía y carácter de importancia de la mujer en la sociedad colombiana, son los motivadores para que ellas apliquen el papel que debidamente les corresponde. Mas aún, en este momento histórico en donde el machismo acosador y explotador las coloca en una situación servil y de inferioridad.3. Primordial atención a la Juventud. No descuidar la atención a la población juvenil del campo, áreas rurales, sub urbanas y juventud que depende de su fuerza de trabajo. La Juventud obrera organizada y vinculada al movimiento de masas, juntos con sus organizaciones sociales, constituye verdaderas correas de transmisión para la consecución de las reivindicaciones que un gobierno Alternativo propone y al que también, en ocasiones corresponderá exigirle. 4. Aplicar iniciativas organizativas de inteligencia popular, para descubrir, informar ante las masas, desacreditar y desenmascarar a los traficantes de votos, en veredas, comunas, barrios, etc. Superar los de “recibe la plata o dinero y vota por Petro”, en el entendido que corresponde arremeter contra tan delictivo proceder de la compraventa de votos.

¿QUIÉN ES RODOLFO HERNÁNDEZ?

El perfil del candidato de la contra parte, no aporta en modo alguno ejemplo, ni es modelo de buenas cualidades. No está entre sus virtudes el ser emulado, ni conduce a acciones con afán de superación. Posee una personalidad difusa, superabundante en palabras y gestos. Poco claro o preciso en sus planteamientos y compromisos. Es agresivo, machista, pendenciero. Posa de verraco. Propio de los sujetos que son ogros en sus casas y unas pascuas, portadores de sonrisas postizas, en la calle. Sus actitudes reflejan a una persona sagaz o astuta. Le cabe el calificativo de tunante, puesto que demuestra que tiene astucia y picardía para aprovecharse de las situaciones. Si no fue un oportunista con su candidatura, si fue el elemento oportunista utilizado por los hacedores de candidaturas, en momentos en que el candidato oficial del gobierno narco paramilitar en ejercicio, el señor Federico Gutiérrez, no llenaba las expectativas para los intereses del Innombrable, ante la personalidad arrolladora de Gustavo Petro, su figura de estadista; conocedor del país; docto en todos los temas a tratarse; figura de talla internacional reconocida; como persona indicada y con capacidad para elevar la dignidad y presencia de la Nación colombiana, en el escenario internacional y garante en el logro de una modificación del escenario de la geopolítica latinoamericana. Nos daría vergüenza a colombianos y colombianas escuchar a un sujeto como Rodolfo Hernández – así improvisado para gobernar al país- en escenarios como las Naciones Unidas, por ejemplo. No hay derecho a que luego de 4 años de la imposición de un sub presidente títere, haciendo el hazmerreír en sus periplos de visitas oficiales internacionales, nos endosen a un tal sujeto de marras. Entró en escena cuando imponentes consultores de estadísticas deciden “congelar” los ascensos de opinión de los candidatos Petro y Gutiérrez y salta la liebre apareciendo el personaje de piel curtida, escaso pelo teñido, gesticulador de gestos y señas, sanador de entuertos. El 70% de mala imagen, no favorable, perjudicial y adverso de su mentor gobernante, el sub presidente Duque, causaba estragos con la díscola personalidad desobediente y presencia personal nada habitual del candidato Federico Gutiérrez. A Rodolfo Hernández, un multimillonario con un haber de más US$ 100 millones de dólares, resulto fácil engranarlo y encajar en el desafiante y provocador sistema electoral en uso. Creció como espuma y acertó al propinar con sorpresa el golpe de gracia al candidato oficial, quedando incólume los intereses del militarismo; del monopolio bancario y financiero especulativo; del actual estado de cosas en el rancio estatus del Establecimiento dominante.

Espero que esta sucinta presentación del personaje opuesto al candidato Alternativo Gustavo Petro, contribuya en estimulante argumentos para destronar la aspiración del tal contradictor inaceptable.

LA GUERRA CIVIL DEL 48: Una lectura historiográfica distinta

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Trino Barrantes Araya
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Alfonso Pardo Martínez
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Introducción

Recorrer historiográficamente los hechos políticos de 1948, obliga a armarse de un cuerpo teórico, para no quedar enredado en los intersticios y el tejido con que se ha escrito la historia oficial. En cualquiera de las corrientes, son los vencedores a los que se le ha otorgado la potestad de esa narrativa.

Algunos historiadores dan por sentado la lectura obligada de la Huelga de Brazos Caídos, como antecedente inmediato que supone las bases de los fenómenos que precipitarán más tarde la Guerra Civil (Calderón Hernández, 2002; Molina, 2002, Contreras, 2008, Lehoucq, 19912). Obviamente para explicar los hechos político-militares de 1948, estamos en la obligación de explicar muchos otros factores que precipitaron este conflicto armado. Pero los hechos del 48, no serían completos si no se tiene como marco de referencia el papel del Partido Vanguardia Popular, la política de alianzas y los capítulos de las Garantías Sociales, el Código de Trabajo, la aparición de la Caja Costarricense del Seguro Social y la fundación de la Universidad de Costa Rica. Obviamente, estos aspectos gustan ser soslayados por una parte de los historiadores y principalmente por la historia oficial.

Otros/as han señalado, a partir de los actores sociales, nuevas propuestas para describir el carácter tan violento que asumen estos hechos históricos. Un gran esfuerzo a partir de las memorias de los niños y niñas nacidos en el marco de la guerra. Interpretaciones y explicaciones desde lo militar, lo diplomático o confrontando relatos, recopilan de manera dialéctica visiones distintas del acontecimiento vivido en dicho momento.

I.- Los niveles de los contextos: Lo internacional y lo nacional

La Crisis Económica de 1929-1933, la inestabilidad económica resultado de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo mapa bipolar surgido a partir de 1945. La nuevas vías y propuestas para el desarrollo de nuestras economías bajo la hegemonía del imperialismo norteamericano. El marco generado a partir de la “Guerra Fría” representan, sin lugar a dudas, el marco coyuntural de la situación internacional en que queda inscrito nuestro país y consecuentemente la Guerra Civil del 48.

En lo interno, es fácil adivinar que la década de los años 40, tienen en sus cimientos el germen que va a potenciar más tarde el caldo de cultivo en donde se precipitan los hechos político-militares del 48.

Nuevas divisiones políticas, consolidación de lecturas ideológicas diferentes, partidos minoritarios que asumen un papel protagónico, tal es el caso de Confraternidad Guanacasteca, el papel mediático de la prensa y las acusaciones mutuas respecto al fraude electoral, van dándole cuerpo al tejido en donde tendrá lugar el conflicto señalado.

Una pequeña burguesía intelectual, conducida por el Centro de Estudios de Problemas Nacionales, un cierto corrimiento del Partido Vanguardia Popular a las tesis gobiernistas, los pequeños empresarios políticos; nuevas políticas de alianza tendrán como resultado una polarización política cada vez mayor.

Todo lo anterior nos lleva a un hecho desencadenante que tendrá sus prolegómenos más marcados con los efectos generados a partir de las elecciones de 1948. Esta campaña polarizó dos visiones político-electorales, claramente diferenciadas. Por una parte, la figura de Otilio Ulate, encabezando el Partido Unión Nacional y por la otra, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, líder indiscutible del Partido Republicano Nacional. Monseñor Sanabria, Manuel Mora Valverde, el Partido Vanguardia Popular, el papel decidido de los sindicatos bajo la ideología marxista, forman ese complejo tejido donde se dan estos acontecimientos.

Es necesario tener presente, como lo reseña Iván Molina, que a pesar del contexto de fraude que sirve de aureola a las elecciones de 1944, se introdujo una de la más importante reforma al Código Electoral en 1946, la cual tuvo como objetivo independizar la organización de los comicios electorales por parte del Poder Ejecutivo, para dejarlo en manos del Tribunal Nacional Electoral (2002:181.

El otro elemento que es importante tener presente en esta aproximación, fue la creciente polarización política dentro de la misma oposición entre Cortés y Ulate, que de alguna manera será el que incida más directamente en el desencadenamiento de los conflictos de 1948 (Contreras,2008:190).

Actores sociales más relevantes en los hechos político-militares de la Guerra Civil de 1948

Debemos reiterar en esta apartado que, un aspecto que influyó decididamente en el espacio político en los años cuarenta, fueron las reformas sociales, orientadas a favorecer a las grandes mayorías y consecuentemente a potenciar su nivel político-ideológico (http://www.museocostarica.go.cr/es_cr/en-detalle/la-guerra-civil-de-1948-una-sintesis.html?Itemid=115)  Pero, con esa misma rigurosidad que vemos los antecedentes de este conflicto, estamos en la obligación de ver objetivamente los hechos ocurridos en el mismo contexto de la guerra. Estos factores y los nuevos actores sociales imprimen un sello de larga data a este acontecimiento (http://historia.fes.ucr.ac.cr/dialogos.htm).

No se trata de darle un lugar de privilegio a los actores que conoce el discurso oficial, a saber: Teodoro Picado M, José Figueres Ferrer, Otilio Ulate Blanco, Santos León Herrera. De igual envergadura es dar lectura al papel del Partido Social Demócrata, el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, el Ejército de Liberación Nacional, la Legión del Caribe (Schifter, 1980:68 y 75) y, la doctrina social de la iglesia, el aporte del Partido Vanguardia Popular y claro está, la fracción oficialista.

Sobre la Legión del Caribe, Guillermo Villegas H, en su narrativa testimonios del 48, sostiene como tesis central que varios militares (Juan Rodríguez, de la República Dominicana, Rosendo Argüello, de Nicaragua, Horacio Julio Ornes, entre otros, se hicieron presentes en Costa Rica y su papel en el conflicto fue muy importante, además del aporte en la proporción de armas para darle un contenido real al proceso de la guerra (Cfr, Villegas, PP.: 199, 208, 210).

Recordemos aquí, tal y como lo señalamos en nuestra introducción en este apartado es necesario referir a la Huelga de Brazos Caídos de 1947. Aunque en esencia, este movimiento fue un paro patronal, lo cierto también es que sus demandas fueron aceptadas como definitivas por el Tribunal Nacional Electoral. Cabe destacar que los actores sociales más importantes de este evento lo constituyeron los trabajadores del sistema bancario nacional y los comerciantes. Aunque una buena masa de la clase trabajadora y otro poco más de contingentes sociales populares también sumaron su fuerza a este paro (Cfr. Manuel Rojas, Pp.: 109-110 y 150).

Cuarenta días que sacudieron el suelo patrio: La Guerra Civil de 1948

Distingamos, pues, dos grandes factores que está en la base de este conflicto. En primer lugar, existe, como tesis central por gran parte de la historiografía costarricense que, el “conflicto político-electoral” es sin duda la “chispa que encendió” la apacible pradera del suelo costarricense. Tal vez el punto más álgido del acontecimiento tuvo lugar el 12 de marzo de 1948, cuando los militares y soldados del Ejército de Liberación Nacional toman San Isidro del General, con el grave acontecimiento del asesinato del coronel gubernamental Rigoberto Pacheco; pero de la misma envergadura son los acontecimientos que se suceden en San Ramón de Alajuela, con la muerte de los figueristas Catalino Murillo y Federico Arce (López,2000:292).

A estos eventos político-militares le siguieron el día 13 de marzo con la toma de San Cristóbal Sur y sucesivamente la toma de San Marcos de Tarrazú y Santa María de Dota, por parte del Ejército de Liberación Nacional.

El autor citado, Juan diego López, en su texto: Los cuarenta días de 1948: La guerra civil de Costa Rica, reseña que dos días después los seguidores de Picado toman Buenos Aires, posteriormente el 9 de abril arranca la Marcha Fantasma. Operación bélica conducida por el ELN, que culmina el 12 de abril con la toma de Paraíso y Cartago. Más tarde, con la ayuda de la Legión del Caribe, bombardean Limón y el Ejército de Liberación Nacional se apunta un triunfo más,  tomándose el centro de esa provincia y el puerto de Moin. (http://www.slideshare.net/Socialesdigital/costa-rica-en-la-decada-de-los-40-134602245).

Vale reseñar que el papel jugado en todo este proceso de lucha civil, por los dirigentes comunistas, bajo el alero del Partido Vanguardia Popular, son imprescindibles para entender los alcances del conflicto al que referimos.

El final de la Guerra Civil lleva a un breve espacio de transición en el cual, en el gobierno de los 18 días, le corresponderá a Santos León Herrera, asumir la presidencia de la República. Su gran logro, poner fin, oficialmente, al conflicto político-militar en que se vio envuelto nuestro país. Pero en ese mismo orden, también se dictaron los decretos que pone en manos de los vencedores el aparato militar costarricense, los cuarteles, la Fuerza Armada y la Fuerza Policial.

En esta suerte de impase político, el 10 de mayo se establece formalmente la Junta Revolucionaria, a la cual le corresponderá el ejercicio del poder durante los dieciocho meses siguientes. Este gobierno de facto asume el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República y de inmediato se abocó a convocar la Asamblea Nacional Constituyente.

Paralelo a la Constituyente, los nefastos Decretos Ley de la Junta Fundadora de la Segunda República, proscribiendo los sindicatos clasistas y al mismo partido comunista bajo el nombre de Partido Vanguardia Popular, tienen su epílogo más amargo en el asesinato impune de los mártires del Codo del Diablo. Necesitamos, entonces, reescribir la historia desde las voces de las grandes mayorías.

Sin lugar a dudas, estos acontecimientos siembran las bases del Estado Social de Derecho mediante el Estado Benefactor que tendrá lugar en los próximos quinquenios.

Una página que requerirá de un nuevo examen es la firma del Pacto de Ochomogo. Sin la verdadera y correcta interpretación de estos hechos históricos, no se le está otorgando a nuestra historia el contenido objetivo que como ciencia requiere. Si un atroz crimen como el que se ejecutó contra los mártires del Codo del Diablo, no se aclara, nuestra historia seguirá cargando grandes vacíos.

 

Imagen ilustrativa.

Celebramos amnistía para Eduardo Enrique Urbina Ayala

Escrito en . Publicado en Derechos.

Justicia Avanza con Pasos de Gigante en Honduras

29 de marzo de 2022. En un escenario esperanzador que vive nuestro pueblo hermano de Honduras, a partir de haber elegido a Xiomara Castro Sarmientos como su Presidenta, agradecemos al Congreso Nacional la aplicación de AMNISTÍA POLÍTICA (#004- 2022) a Eduardo Urbina Ayala. Nuestro querido hermano y compañero, joven activista y permanente luchador social y defensor de los Derechos Humanos, quien sufriendo desde años atrás persecución por su lucha estudiantil, en el 2017 fue víctima de un complejo andamiaje jurídico orquestado por el régimen narco-dictatorial de Juan Orlando Hernández (JOH) obligándolo al exilio para salvar su vida (10 de diciembre, 2017).

Ya en Costa Rica, arbitrariamente en Honduras fue acusado por el incendio de un camión el 15 de diciembre de ese mismo año, durante una jornada de protestas contra el fraude electoral que impuso nuevamente en el poder a JOH (hoy expresidente de Honduras, privado de libertad con orden de extradición por narcotraficante y crimen organizado).

Nos unimos a la celebración del pueblo de Honduras y la familia de nuestro querido Eduardo. A su vez, destacamos que, desde el exilio en Costa Rica, donde también ha vivido momentos sumamente complejos e injustos, ha mantenido su determinación a salir adelante, demostrando su crecimiento integral como persona, tanto en el ámbito, académico, intelectual, emocional y articulando de manera permanente a las luchas sociales y en defensa de los Derechos Humanos en Honduras y en todos los pueblos del mundo.

Querido Eduardo Urbina: en Costa Rica siempre contarás con los brazos abiertos y llenos de gratitud por enseñarnos que la condición de exiliado no es obstáculo para continuar luchando y creyendo en un mundo de verdadera justicia social. Nuestro cariño, admiración y apoyo siempre.

Tenemos la certeza de que en el marco del actual gobierno encabezado por Xiomara Castro Sarmientos se harán los máximos esfuerzos en lograr JUSTICIA para todas las personas victimas de tortura, feminicidios, desapariciones, asesinato y persecución, así como, AMNISTÍA a todas las presos políticos, presos políticos y personas obligadas al exilio para salvar sus vidas ante el uso excesivo de poder bajo el entonces régimen de JOH.

El chorreo de votos y la perversa lógica de Pilar Cisneros

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Vladimir de la Cruz

Tiene razón la diputada electa Pilar Cisneros en no haberse equivocado al decir que EXPRESAMENTE no se refirió al Tribunal Supremo de Elecciones, cuando en el mitin que tuvo su Partido Progreso Social Democrático, siendo ella la principal oradora, como lo ha sido en todo el país, afirmó, entre otras cosas, que la segunda vuelta no estaba ganada, y enfatizó que “Tenemos al frente un enemigo poderoso, con una estructura sólida y capaz de hacer chorreo de votos para quitarnos esta elección”. También afirmó que “Lo que nos preocupa es no tener fiscales de mesa en todas las mesas y que se pueda producir un chorreo por parte del partido rival”. También afirmó que esa práctica del chorreo es usual en todos los partidos políticos que realizan convenciones políticas para escoger sus candidatos.

Se refería al Partido Liberación Nacional, a su candidato, y a “la estructura sólida y capaz de hacer el chorreo”, donde IMPLICITAMENTE sí comprometió al Tribunal Supremo de Elecciones, porque esa es la estructura “sólida y poderosa” que es la única que puede facilitar “el chorreo de votos”. Salvo que Pilar Cisneros Gallo hable, o cante más que un gallo, sin conocimiento preciso de lo que afirmó, o lo que es peor, en una diputada, que no ligue el cerebro con la lengua.

Sí COMPREMETIÓ al Tribunal Supremo de Elecciones porque es éste el que prepara la papelería electoral, la imprime y la custodia hasta que, con actas en mano, la distribuye, en las tulas oficiales, a los miembros de mesa autorizados de todos los partidos para su custodia final, hasta el día de las elecciones, donde en ese proceso, de nuevo mediante dos revisiones, de esos miembros, de todo lo que contienen las tulas, se comprueba que toda la papelería electoral enviada es correcta, y que no falta nada.

COMPROMETIO LA INDEPENDENCIA del Tribunal Supremo de Elecciones y la transparencia de cómo trabaja. Lo IMPLICO con su afirmación en una POSIBLE componenda con un partido político en este fraude del “chorreo de votos”.

SI ACUSÓ IMPLICITAMENTE al Tribunal Supremo de Elecciones DE FAVORECER EL FRAUDE, en lo que dijo para la segunda vuelta electoral. Quizá lo pensó, pero no se atrevió a decirlo en la primera ronda porque su partido no estaba destacando como finalmente lo hizo.

Si el Tribunal estaba implícitamente comprometido, como ella aseveró, con su afirmación, tenía que estarlo, en ese compromiso de fraude, en primer lugar con el Partido de Gobierno, el Partido Acción Ciudadana, que de acuerdo a su insinuación, sin casi sacar un voto, en la práctica lo dejaron sin papeletas y sin chorreo, en el supuesto también de que los magistrados electorales le respondieran a ese Partido, así como todo el personal del Registro Electoral y del mismo Tribunal, igualmente, le respondieran a ese Partido en el Gobierno, con lo cual el Tribunal, o desde su entraña, se prestó entonces a facilitar papeletas para los partidos que llegaron a la segunda vuelta, en este caso tanto a Liberación como el Progreso Social Democrático, porque habría que pensar que también salió favorecido de ese supuesto chorreo de votos, porque las encuestas no lo colocaban de finalista.

De otra manera costaría pensar, de acuerdo con la perversa lógica de la diputada peruano costarricense, que los dos partidos finalistas llegaran a la final, y en esta segunda vuelta, con esa misma lógica, le preocupa que “el chorreo de votos” posible que pueda hacerse, ¿de nuevo?, se haga a favor de Liberación Nacional como partido y de su candidato, y ya no de su partido.

No sé cuánto sabrá la diputada peruana costarricense de la Historia Nacional, pero la década que culminó en 1948 se terminó con una guerra civil, que tenía como una de las banderas la lucha por la pureza del sufragio. En el otro bando, el del gobierno aliado a los comunistas y a la Iglesia Católica, los comunistas impulsaron la constitución del Tribunal Nacional Electoral y del Código Electoral, ambos de 1946, con al ánimo de frenar la corrupción electoral que entonces se acusaba contra los gobiernos de turno. Ambas instituciones permanecen, sobrevivieron a la Guerra Civil, a la Junta de Gobierno y a la Asamblea Nacional Constituyente, y hoy son sólidas columnas de la Democracia Electoral Nacional.

El actual Tribunal Supremo de Elecciones lo estableció la Asamblea Constituyente, respetando la propuesta que hizo la Junta de Gobierno encabezada por José Figueres, y el código electoral de 1946, con sus reformas llegó hasta el 2009 cuando se aprobó el actual Código Electoral.

La Asamblea Nacional Constituyente, con el apoyo de la Junta de Gobierno, le dio carácter de poder independiente, al Tribunal Supremo de elecciones, que así lo denominó la Junta de Gobierno, con exclusividad en su función electoral, único organizador, administrador y con capacidad declarativa, sin apelación alguna, de los resultados electorales, lo que ha sido pieza fundamental del desarrollo de la Democracia Costarricense, situación que seguramente en Perú donde la diputada electa inició su primera formación no se conocía, por su historia militar, de golpes de estado, poco democrática, comparada con la costarricense.

El chorreo de votos, como se conoce esta figura del fraude electoral, que usted trajo a cuento, generalmente se hacía en las elecciones oficiales de Costa Rica, antes de 1948, y se podría decir que en todas las elecciones anteriores a esa fecha había distintas formas de hacer fraudes.

En esa época anterior a 1948 el proceso electoral estaba totalmente controlado por el Poder Ejecutivo, y por el partido gobernante. Hasta 1924 el voto de los electores era público con lo cual se podía presionar de muchas maneras, por parte de empleadores, autoridades de gobierno, patronos en general, hacendados, a los electores votantes sabiendo cómo iban a votar. Hasta por la forma cómo se emitía el voto, que podía durar algunos días, era fácil alterar procesos electorales, o por la falta de cedulación, o por una lista abierta de electores donde estaban los fallecidos, por traslados de sitio electoral, por la forma como se leían los telegramas informativos del resultado, o por compra directa de votos etc.

Al controlar el sistema electoral el Poder Ejecutivo ejercía control en la práctica de todo el proceso, desde su organización hasta la elaboración del material electoral y su distribución, además del conteo de votos que prácticamente se hacía en la Casa de Gobierno. La declaración final de los resultados quedaba en manos del Congreso de conformidad al informe que enviaba el Tribunal Electoral de la época.

De esta manera cuando se empleaba el sistema del chorreo de votos se procedía así:

De las papeletas oficiales se sacaban algunas, que no eran impresas como lo hace actualmente el Tribunal Supremo de Elecciones, tantas como se quisieran emplear en distintos lugares, cantones o provincias, para asegurar el triunfo que se deseaba.

Por sacadas las papeletas, lo que era fácil hacer al partido político que estaba en el Gobierno, porque controlaba al Tribunal Electoral, la emisión de toda la papelería electoral, o al Gobernante de turno que complacía en que esas papeletas se sacaran para ese fin, de chorrear votos, esas papeletas se marcaban en la casilla del candidato que se quería favorecer. Marcada la papeleta entonces se acudía a un votante para proponerle que metiera esa papeleta marcada y trajera la que le daban en el recinto electoral, que era otra papeleta oficial. Así se iniciaba la cadena de votos que se provocaba con ese “chorreo”.

El chorreo se hacía con papeletas oficiales, reales, verdaderas, no con copias o falsas papeletas. Ese proceso podía implicar un acto consciente de quien lo hacía porque lo hacía a favor de un partido y un candidato o bien inducido mediante soborno, pago o compra del voto.

Técnicamente desde la organización de las elecciones nacionales, a partir de las elecciones de diputados de 1949 y las nacionales a partir de 1953 esa forma de fraude desapareció.

Los procesos electorales fueron perfeccionándose en su organización, administración, en la educación popular, en la formación ciudadana, y la cultura cívica que desde entonces se ha desarrollado alrededor del sufragio nacional, como proceso electoral y como ejercicio masivo del derecho político a elegir las autoridades supremas de los Gobiernos del país, el nacional, los diputados y los gobiernos locales. Que recuerde nunca ha habido desde la existencia del actual Tribunal Supremo de Elecciones ningún cuestionamiento a su manejo de las elecciones, hasta ahora que la diputada peruana costarricense lo ha hecho.

El Tribunal Supremo de Elecciones fue el cuestionado por la diputada electa. Con ello, con sus aseveraciones, se afectó la imagen pública, y posiblemente internacional del país, de la democracia nacional y del sistema democrático electoral del país. ¿Cabrá acusación penal contra la diputada electa antes de su juramentación, por el daño causado al país, a la imagen de la democracia costarricense?

Añez en Bolivia, ¿Debe ser Procesada y llevada a Prisión?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

El año pasado redactamos un artículo titulado: “Jeanine Añez: candidata a ser enjuiciada”, en el cual mostramos una serie de actuaciones y acusaciones contra Añez, las cuales deben ser denunciadas, para someterla a juicio y ser privada de libertad. Hoy esto último, se hace realidad, no somos profetas, pero se dio.

Refresquemos la memoria a quienes ahora, salen en apoyo a la “expresidenta” (OEA, evangélicos, figuras políticas de derecha, otros/as), sobre aquellas acusaciones contra ella. Yo soy de la idea que no hay que hacer leña del árbol caído, pero en este caso, no se pueden obviar hechos tan concretos.

  1. Se autoproclamó como presidenta, sin haber sido electa por el pueblo boliviano. Asume la Presidencia, en una sesión parlamentaria sin quorum, que apenas obtuvo un 4% de los votos en la última elección.
  2. La eligió un grupo liderado por la cúpula de la iglesia católica boliviana, partidos políticos minúsculos, la Embajada brasileña, representantes del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, designados para el caso, y la Fundación Jubileo (que confirmó esos hechos), pero fundamentalmente fue apuntalada por la cúpula del Ejército y la Policía y sin duda tuvieron la garantía de EEUU. No se debe olvidar que fue un militar quien le colocó la banda presidencial, hecho inaudito y antidemocrático.
  3. Su gestión presidencial, muestra números rojos, tales como el 6% del Producto Interno Bruto PIB, en la caída de su economía. Lo que equivale a la generación de más de un millón de nuevos pobres (1.059.672); y casi medio millón más si lo medimos por pobreza extrema.
  4. Y si consideramos los efectos de la pandemia, que ha sido mal gestionada por el gobierno de facto, esto ocasionó una pérdida de ingresos de entre 30-50%, entonces tendríamos más de dos millones de nuevos pobres en Bolivia (2.739.826). De estos, 2 millones vivirían en condiciones de extrema pobreza. Mientras tanto, Bolivia ya ha había superado las 8.000 personas fallecidas por el COVID-19 y las exportaciones han disminuido a 4.217 millones de dólares hasta agosto, cifra menor en 1.680 millones de dólares a la registrada en el mismo período de 2019. No se responsabilizó por la crisis humanitaria-sanitaria de Bolivia, ocasionada por la pandemia, generada por su mala gestión de gobierno, ocasionando la muerte, al menos, a 500 bolivianos, tirados en las calles, y el colapso del sistema de salud boliviano.
  5. La corrupción llegó a los niveles más altos, en empresas de hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, ministerios como el de Salud y Obras, el incremento de la pobreza, y la ilegalidad e ilegitimidad en la política. En diez meses, Jeanine Áñez, juramentó a 36 ministros, y algunos juraron dos veces.
  6. Intentó inhabilitar, la personería jurídica del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, alegando fraude electoral en octubre 2019 y por haber participado en un golpe de Estado institucional. Ha declarado vilmente: “Si se prueba el delito electoral tiene que tener su sanción y una de ellas es que el partido de Evo Morales pierda su personería jurídica”. Ha agregado además, la inhabilitación del MAS-IPSP por: sedición, y por la difusión de una encuesta de intención de voto.
  7. Renunció como candidata a aquellas elecciones, para esquivar los cargos en su contra, por las masacres de Sacaba y Senkata. Se conocen como masacres de Senkata y Sacaba a los hechos sucedidos en dichas localidades bolivianas, durante las intervenciones militares ante las protestas sociales emergidas luego de la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, en el marco de la crisis política y social de 2019.
  8. También por la represión de las fuerzas policiales y militares, durante su gestión, así como por hechos de corrupción en los que se ha visto envuelta. Según el medio Bolivia TV del Pueblo, en noticia verificada, la “senadora demócrata Warren de EE.UU denunció con documentos y pruebas que una lujosa mansión cotizada en $u$ 28.3 millones apareció en agosto a nombre de Carolina Ribera Añez, quien es hija de la presidente interina Jeanine Añez”, cuestionando que esa compra pudo ser con dinero desviado de Bolivia.
  9. Y para no hacer la lista más larga: Cometió nepotismo: trató de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos; para su propio beneficio y obtener favores.
  10. Perpetró persecución contra grupos sociales, contra la prensa extranjera, partidos políticos, medios de comunicación, entre otros, contrarios a su gestión.
  11. Se develó una lista con nombres de los militares bolivianos en servicio activo y pasivo adictos al Gobierno golpista de Jeanine Añez, que estarían detrás de la organización de situaciones de extrema violencia para impedir que se realizaran las elecciones en Bolivia. Estos escenarios de violencia se registrarán antes, durante y después de las elecciones. Incluso, violación de DDHH.

El Defensor de Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos desde Abya Yala, Ollantay Itzamná, señala además que los delitos que se le imputan a Añez, y a sus cuatro ex ministros, son: terrorismo, sedición y conspiración. Pero, estos no son todos los delitos, ni están todos los y las que cometieron estos delitos de lesa humanidad.

La pena máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto. Pero, esta máxima pena, por la magnitud de los delitos cometidos por la usurpadora, motivados por el odio a la identidad indígena (confeso) es insignificante.

Añade además, no es venganza, es justicia mínima. Quienes asumen que la justicia por las masacres de Senkata y Huayllani es venganza, externalizan sus profundas convicciones que las y los indígenas en Bolivia y Abya Yala no somos seres humanos. Muchos menos nos consideran sujetos del derecho a la justicia.

¿Qué nos queda? ¡Hacer justicia! Por justicia debemos sacar, expulsar a todos los y las golpistas de Bolivia, devolver a los pueblos los bienes y patrimonios mal habidos que éstos acumularon.

Finalmente, lanza una propuesta fuerte: las y los golpistas, incluyendo sus comunicadores, sus religiosos, sus ONG, quieren conocer lo que es venganza, pues, debemos mostrarles lo que por justicia aritmética les corresponde. No sólo cárcel. Les corresponde el destierro, si no quieren morir en la cárcel.

El sólo hecho de tratar de esconderse en una caja y/o debajo de su cama, evidencia que ella sabe de sus tracalerías y que puede ser encausada por sus delitos y casos de corrupción.

Hoy, la Organización de Estados Americanos OEA, sale en defensa de Añez, tratando de imponer una Comisión Internacional, que investigue su gestión de gobierno, de paso incluyen a Evo Morales, “sin tener velas en ese entierro”.

Ayer, mediante un entramando conformado por hordas fascistas, sectores de la policía y de los militares, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, los medios hegemónicos de comunicación, la Unión Europea (UE), las agencias de inteligencia de Estados Unidos (principalmente la Agencia Central de Inteligencia, CIA) y algunos gobiernos regionales (entre ellos, el argentino de Mauricio Macri y el brasilero de Jair Bolsonaro), en noviembre de 2019, concretaron el golpe de Estado a Evo Morales.

Como teólogo protestante, me da pena y pesar, las declaraciones de César Vidal, evangélico, abogado, periodista y escritor, nacido en España y nacionalizado norteamericano, de gran renombre entre los hispanos de EEUU y en América Latina: la detención de Jeanine Añez es un atentado a la libertad en Bolivia, “La actuación contra Añez y varios exministros, es un ejercicio despótico del poder que afecta a Bolivia y su democracia, y a todo Latinoamérica. La OEA y la Unión Europea deben reaccionar, no espero nada de Biden”.

Finalmente señalamos, Jeanine Áñez fue parte del golpe contra Evo Morales en Bolivia, de la represión que causó decenas de muertes, de las detenciones arbitrarias, de las proscripciones, de la persecución política y de los negociados que se hicieron a costa de la vida de los bolivianos (como la compra de respiradores con sobreprecio en medio de la pandemia. Respiradores que, además, nunca llegaron a Bolivia). Hoy la Justicia le empieza a pedir, que dé cuenta de todos sus crímenes.

Nota Última hora. En febrero pasado 2020, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz señaló a Áñez como responsable de estas masacres y recordó que el 15 de noviembre de 2019, la expresidenta de facto firmó un decreto, el 4.078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a reestablecer el orden público, sin que esto generara responsabilidad penal. Dos semanas después, lo derogó.

El régimen de Añez adoptó políticas que buscaban echar por tierra todos los avances de Evo, algo que logró en solo 6 meses.

 

Imagen: http://latlibre.org/

Enviado por el autor.

El glorioso 7 de noviembre de 1889

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Hasta 1889 los procesos electorales en Costa Rica se realizaban sin partidos políticos, tal y como ahora los conocemos. Los ciudadanos, con capacidad de participar en procesos electorales con aspiraciones a la Presidencia de la República, o a diputados, se postulaban ante los electores, que eran ciudadanos con capacidad de votar, hombres, mayores de edad, que sabían leer y escribir, con cierta capacidad económica, y que ejercían su voto de manera pública, de modo que por esa forma se podía estimar el resultado electoral.

En la elección de 1889, por primera vez participaron dos partidos políticos, el Partido Liberal Progresista que postulaba a Ascensión Esquivel y el Partido Constitucional Democrático con José Joaquín Rodríguez como candidato. A Ascensión Esquivel lo presentaban como un candidato más liberal y del Olimpo, de los que estaban arriba, y a José Joaquín Rodríguez, más popular, que salía de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para ser candidato presidencial.


Las elecciones se hacían por el sistema de primer y segundo grado, las de primer grado se hicieron el 3 de noviembre, que designaba los electores que el 7 de noviembre realizarían su votación final.

El Presidente Bernardo Soto, haciendo una maniobra, se separa del Poder, y llama el 1 de mayo de 1889 a ejercer la Presidencia a Ascensión Esquivel, con un movimiento de la tropa del Ejército, presionando la opinión pública y a los ciudadanos, con lo cual procuró darle ventaja electoral a Ascensión Esquivel, lo que provocó la resistencia ciudadana, que al ir conociendo el desenlace electoral a favor de José Joaquín Rodríguez, se supuso que no se iba a respetar el resultado de las elecciones, y se lanzaron los ciudadanos a la calle, más de 7 mil personas de la época, alrededor de un 3% de la población, cerca de 150 mil personas hoy, campesinos, trabajadores urbanos de distintos oficios y profesiones, mujeres, con sus instrumentos de trabajo, como armas, logrando de esa manera hacer valer la voluntad electoral a favor de José Joaquín Rodríguez y hacer respetar los resultados electorales. Así se evitó un fraude electoral, en un sistema electoral que tenía por costumbre hacerlos, y el pueblo impuso su voluntad electoral.

Los ciudadanos sitiaron la ciudad capital, con enfrentamientos callejeros, el Presidente Bernardo Soto deposita la Presidencia en el Designado Dr. Carlos Durán, para terminar su período, quien gobernó seis meses hasta entregarle la Presidencia a José Joaquín Rodríguez. Así se hizo respetar un resultado electoral, con movilizaciones populares y armas e instrumentos de trabajo en las manos.


La participación de las mujeres hizo que el Presidente José Joaquín Rodríguez exaltara la necesidad de reconocer el derecho de voto de las mujeres, sin que se lograra en esos años.

En los años siguientes se exaltó ese acontecimiento de manera especial y se le fue dando la relevancia de defensa de la Democracia, de las Elecciones y de la Representación Popular.

En el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia se estableció, por Decreto No. 18, en 1942, que cada 7 de noviembre se debía celebrar el Día de la Democracia Costarricense. En la celebración del Centenario de esta fecha el Presidente Óscar Arias inauguró la Plaza de la Democracia

Denuncia contra Luis Almagro y la misión de la OEA por provocar violaciones a los Derechos Humanos en Bolivia en elecciones de 2019

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Asociación de Madres de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante Michelle Bachelet, en su calidad de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La denuncia fue formulada en contra del Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, la Misión de Observadores Electorales de la OEA, encabezada por Manuel González, y los auditores y responsables de la suscripción de los Informes preliminares e Informe final de dicho organismo sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia por haber cometido acciones de intervencionismo contra la soberanía de Bolivia que aluden a un supuesto fraude electoral el cual no han podido probar.

La denuncia sintetiza ocho informes técnicos internacionales de varios centros estadísticos de universidades y periódicos de prestigio mundial entre los cuales resaltan los elaborados para el New York Times, el Washington Post, el MIT (Universidad de Massachussets) y el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) a lo que se suma la petición de congresistas estadounidenses para que se investiguen las acciones de la Secretaría General de la OEA. Los estudios desmienten contundentemente las acusaciones de fraude de la OEA en las elecciones del 2019 que llevaron al derrocamiento de un Gobierno Constitucional, la desestabilización de la democracia que concluyó en un Golpe de Estado, la muerte de 37 personas, más de 860 heridos, más de un millar de detenidos ilegalmente, la persecución policial y judicial con fines políticos y el exilio de cientos de dirigentes políticos y sociales.

Los denunciantes señalan: “La Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, ha vulnerado abiertamente la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y resoluciones generales de la OEA, transgrediendo el Derecho Internacional y la Soberanía nacional del Estado Plurinacional de Bolivia.

Los actos de intervencionismo cometidos por la Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, han tenido consecuencias nefastas en Bolivia provocando un quebrantamiento del Estado; la desestabilización de la democracia, el flagelo a la población, uso irracional del poder y el desmantelamiento de la Constitución Política del Estado, llevando a un Golpe de Estado y a la instauración de un gobierno transitorio que comete sistemáticamente delitos contra la población.”

A tiempo de presentar la denuncia, los firmantes del documento solicitan al Alto Comisionado de Naciones Unidas que acoja estas graves denuncias contra la Secretaría General de la OEA por los delitos contra los derechos civiles, políticos y sociales al acusar de un presunto fraude, sin pruebas y con un sesgo marcadamente político. Exigen que la OEA, como un organismo intergubernamental, respete a las organizaciones políticas populares, a las instituciones nacionales, a la democracia y a la soberanía de los pueblos de uno de sus Estados Miembros, y de su gobierno constitucional.

Asimismo, piden al Alto Comisionado de Naciones Unidas que se forme un grupo de expertos para lleve a cabo una investigación independiente y transparente sobre los informes de la Secretaría General de la OEA y los graves hechos que han causado muerte, persecución, cárcel y exilio en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Buenos Aires, 15 de octubre de 2020

 

Imagen tomada de: https://www.voanoticias.com/

Justicia para Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa. Tres jóvenes defensores de la Educación Pública y Derechos Humanos

Escrito en . Publicado en Derechos.

DENUNCIA CONJUNTA A NIVEL NACIONAL

8 de septiembre, 2020 / San José, Costa Rica

Consideramos, de suma urgencia, pronunciarnos ante el mundo sobre nuestro total repudio a la condena judicial que recae sobre tres ex líderes estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por representar una flagrante violación a los Derechos Humanos de la población hondureña y una escalonada en el detrimento de la ya golpeada democracia de este país. Ante esta situación, manifestamos:

  1. Sobre el contexto político de Honduras

El 28 de junio del 2009, la derecha hondureña, orquestada por el Partido Nacional en complicidad con las élites económicas, el Ejército, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso Nacional y el crimen organizado, rompieron el orden constitucional y democrático hondureño al ejecutar un golpe de estado para instaurar, desde ese momento a la actualidad, una narco dictadura que se ha caracterizado por escandalosos actos de corrupción, fraudes electorales, narcotráfico, lavado de dinero, procesos de criminalización, desapariciones y asesinatos contra activistas de derechos humanos y la población en general.

Durante estos once años de dictadura se han incrementado todos los índices referentes a la exclusión social, producto de los actos de corrupción y las políticas implementadas por las oligarquías neoliberales que benefician a los grupos hegemónicos en perjuicio del pueblo hondureño.

  1. Violación sistemática de Derechos Humanos

Ante los delitos cometidos por la dictadura de Juan Orlando Hernández (JOH), es de vital importancia la labor de comunidades, organizaciones y diversos sectores en la defensa de los Derechos Humanos y de la Tierra; sin embargo, la defensa de estos derechos es perseguida sistemáticamente por élites de poder que buscan el exterminio de medios de comunicación, organizaciones y de personas que con valentía alzan su voz contra las injusticias del sistema hegemónico, queriendo atacar la libertad, la autonomía y las luchas populares que defienden la vida. Esto mediante procesos de criminalización y judicialización de la protesta social, secuestros, torturas, exilios forzados y hasta múltiples asesinatos políticos, aún en impunidad.

Organizaciones de derechos humanos como la londinense “Global Witness”, ubica a Honduras desde el 2010, como uno de los países más peligrosos y violentos para las personas defensoras de derechos humanos y sus investigaciones demuestran el nexo entre las muertes de activistas con la corrupción estatal.

A su vez, denunciamos el secuestro de cinco integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Miltón Joel Martínez Alvarez y Junior Rafael Juarez Mejía que se encuentran desaparecidos desde el 18 de julio del 2020, por su labor política en defensa de los derechos humanos.

También denunciamos la muerte del activista de derechos humanos, el abogado Julio Andrés Pineda Díaz, quien pertenecía a la organización Mundo sin Guerras y sin Violencia. Su cuerpo fue hallado sin vida y con señales de tortura el 4 de septiembre del 2020, en Honduras. Esta violación institucional que se expresa en Honduras es parte de la violencia del sistema neoliberal presente en toda Latinoamérica.

  1. Sobre Julieta Castellanos Ruíz

La narco dictadura se ha encargado de que los puestos de jerarquías, a nivel institucional, sean asumidos por personas corruptas, dispuestas a mantener, a cualquier precio, el control de JOH sobre el estado. Una de estas personas es Julieta Castellanos Ruíz quien ocupó la Rectoría de la UNAH durante los años 2009 – 2017; posicionándose como enemiga de la educación pública y de la comunidad estudiantil; cómplice de la dictadura e impulsora de la apertura de expedientes administrativos y judiciales en contra de estudiantes que ejercían su derecho a la libertad de expresión; entre ellos, los tres jóvenes condenados ilegalmente.

  1. Sobre la criminalización de los tres estudiantes de la UNAH

La sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia conformado por Enilda Geraldina, Indiana Castellanos y José Roberto Mejía que condena a tres años de prisión a los jóvenes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, es totalmente ilegítima e inconstitucional, por vicios a las garantías procesales que tienen carácter de nulidad absoluta.

Dichas trazas de inconstitucional se manifiestan en la violación al principio de legalidad penal, que indica expresamente que únicamente se pueden penalizar las conductas debidamente tipificadas en la legislación. A estos ex líderes estudiantiles se les está penando por los delitos de usurpación y detentación de espacios públicos; los cuales son inexistentes en el nuevo Código Penal hondureño; por lo que, entran a operar principios procesales como la irretroactividad de la norma penal, que estipula que en materia penal no se le debe aplicar una ley penal con efectos hacia el pasado cuando es perjudicial para el acusado; pero, cuando resulta beneficiosa para el acusado, debe aplicarse aunque sea con efectos retroactivos. Es decir, al no existir un delito tipificado al momento del juzgamiento, no se puede aplicar una norma que ya no existe, porque no constituye delito alguno. Esto sigue demostrando que el cuestionado sistema judicial de Honduras ha politizado la justicia.

En el marco jurídico internacional, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, en su artículo 9, se fija el principio de irretroactividad de la norma penal. Honduras ha suscrito y ratificado ambos convenios internacionales; aun así, violentan permanentemente la normativa aplicable en perjuicio de personas defensoras de la educación como derecho humano.

POR TANTO

  1. Repudiamos el accionar inconvencional, inconstitucional e ilegal del Tribunal de Sentencia al condenar a Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa por ejercer sus derechos y garantías democráticas.
  2. Denunciamos la corrupción del sistema judicial de Honduras que resuelve sus sentencias por presiones políticas, politizando la justicia; por lo que ocasiona que esta no exista más que para someter al pueblo y perpetuar el poder de la dictadura hondureña.
  3. Denunciamos internacionalmente la criminalización y judicialización de la protesta social y el impedimento al libre pensamiento y libertad de expresión en la narco-corrupta dictadura de JOH.
  4. Reprochamos la sistemática violación de derechos humanos de la población hondureña y todos los tratos crueles ejecutados por la viciada institucionalidad hondureña.
  5. Exigimos a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con el ordenamiento jurídico y dicte un sobreseimiento definitivo en el expediente en el que figuran como acusados Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa.
  6. Exigimos el cumplimiento de los convenios internacionales de derechos humanos y se respeten las garantías procesales de los acusados.
  7. Hacemos un llamado de solidaridad a la comunidad internacional y a organizaciones de derechos humanos y a todo el pueblo hondureño a fiscalizar este proceso y a pronunciarse en contra de la criminalización de la protesta social.
  8. Exigimos a la rectoría de la UNAH que desistan del proceso judicial contra estos tres ex líderes estudiantiles.

Para apoyar esta petición firme AQUÍ

¡JUSTICIA PARA CESARIO PADILLA, MOISÉS CÁCERES Y SERGIO ULLOA!
A de Libertad * Acción Animal
Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI Costa Rica (ADS)
Asociación de Estudiantes Sede de Occidente / UCR
Casa El Emigrante (Human Rights) * Centro de Amigos para la Paz (CAP)
Círculo Bolivariano Yamileth López / CR * Colectivo Handmaids Costa Rica
Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)
Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) * Familia Franciscana/JPIC Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon)
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
Femiamor Colectiva * Frente de Resistencia Animal y de la Tierra (FRAT)
Frente Ecologista Universitario (FECOU)
Justicia, Paz e Integridad de la Creación. JPIC/CLARET/CR.
Juventud Vanguardista Costarricense (JVC)
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE)
Organización Interseccional Pro Derechos Humanos (OIDH)
Organización Política “Carmen Lyra” * Partido Vanguardia Popular
Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT)
Radio Machete * Red de Solidaridad con Palestina /Costa Rica
Sembrando Libertad * Semilla Ramonense
Sindicato de Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) * Sindicato Patriótico de la Educación 7 de Agosto (SINPAE)
“Yo no apoyo las corridas de Toros” * “Yo no voy al Zoo”

Responsables:
Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras / CR
Asociación Costarricense de Derechos Humanos
(ACODEHU)