Las narraciones bíblicas y los estudios de los expertos nos confirman, como en Lucas 2; Juan 3:16; Juan 10:10b, que el viaje de 130 kilómetros, por caminos de piedra y tierra, para asnos y otras bestias, y estando muy cercana a dar a luz, fue particularmente peligroso y agotador para la jovencita adolescente Virgen María. Travesía en la que seguramente habría estado a punto de perder el sentido, por el hambre, la sed, la debilidad, pero que no podía detenerse, pues, movidos María y José, por el cumplimiento de una orden imperial, para ellos era, más que todo, una cuestión de fe.
Seguramente, en algunos momentos, tendrían que haberse detenido y caminado, para descansar de la muy incómoda posición que llevaba en la albarda del burrito que, también requería, agua, alimento y descanso. La imagen que imaginamos es la de José, descendiente del rey David, siempre caminando adelante, dirigiendo los pasos y la mirada en busca del pueblito de Belén de Judea, allá lejos, a 775 metros sobre el nivel del mar.
El alimento, como sucede para infinidad de migrantes actuales, era muy escaso. El agua casi ausente. El clima implacable, y los días y noches en que durara el viaje, los pasaban a la intemperie. Fue más de una semana de caminar lento, y especialmente doloroso para la jovencita María, hasta que eventualmente llegaron a Belén, tierra natal de José, donde sus penalidades, con María a punto de dar a luz, más bien se multiplicarían, para ellos, y el Hijo de Dios que estaba por nacer.
Allí, todas las puertas se les cerraron, pues los ocupantes jamás se imaginaban que se trataba del nacimiento del esperado Mesías, que venía a este mundo, designado a sufrir un martirio inimaginable, voluntario, sangriento, pero pleno de amor para abrir las puertas celestiales a la humanidad.
Lo paradójico es que, sin nacer el Hijo de Dios, esa misma humanidad, ya ejecutaba su persecución y sentencia injusta, pues desde entonces, desde hace más de dos mil años, los pueblos ya sufrían una particular ceguera.
Después de nacido el Divino Niño, en un pesebre en que comen los animales domésticos, narra la historia bíblica, que dormía José, cuando fuese despertado por un Ángel, quien le advierte de la persecución que ejecutará el gobernante criminal.
El evangelista describe cómo «Después que ellos partieron, un Ángel del Señor apareció en sueños a José, diciéndole: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise; pues Herodes ha de buscar al niño para matarle. Levantándose José, tomó al niño y a su madre, de noche, y se retiró a Egipto”. (Mt 2, 13-14).
Cabe resaltar que Egipto era el país clásico de refugio político por ser provincia romana. Allí había muchos judíos, colonias florecientes en barrios habitados por ellos, que prestaban socorro a sus conciudadanos.
Y, al igual que sucede con los migrantes de hoy, la Sagrada Familia inició un viaje que no sabían tenían que realizar. Un viaje a Egipto, sin duda, doloroso, al extranjero, sin conocer el sendero, ni las costumbres, ni la cultura, ni el idioma, sin saber lo que les esperaba para sobrevivir y proteger al hijo recién nacido.
Parte así la familia migrante, y al amanecer, se muestra la imagen muy conmovedora, solitaria, de un pequeñito recién nacido, abrigado en los brazos de su madre, una Adolescente Virgen, en el lomo de un burro, siguiendo el rumbo que le marca el padre que camina sin descanso por delante. Sin mirar atrás, y con paso apresurado para que los soldados del sátrapa gobernante, no les alcancen; migrantes con destino incierto… como los de hoy.
En la emigración de la Sagrada Familia hacia Egipto, «Mateo ve detrás de la desgracia de la persecución del Niño y la muerte de los inocentes el cumplimiento del designio de Dios en la formación del nuevo pueblo a través de Jesús«.
Este 24 de diciembre del 2024, con gran dolor en el alma, vemos como, debido al genocidio que padece el pueblo palestino, otra vez no se pudo celebrar la Noche Buena en el pueblito de Belén. Donde debería de predominar la paz, se escuchan, por doquier, los llantos y lamentos de los niños, de los ancianos, de todos los inocentes, masacrados indiscriminadamente, para quienes no hay “Feliz Navidad” que valga.
Sobre una queja de la Cisneros, en cuanto a que es una barbaridad que el Chaves no pueda entrar a las instalaciones del Banco Mundial y el FMI, cabe recordar que, en el fallo en que un Tribunal del BM en Nueva York, lo sanciona, el 7 de junio del 2021, por varios casos de acoso sexual, se toma la siguiente decisión:
«(1) El Banco tomará las medidas razonables para notificar a las Solicitantes, con anticipación, sobre las, siguientes circunstancias: (i) cualquier caso en el que Mr. C busque acceder a las instalaciones del BM o del FMI». Asimismo, como «Mr. C» había renunciado antes del fallo final que le impone varias sanciones, el Banco Mundial tuvo que pagar a dos de las jóvenes, «los honorarios y costos legales de las Solicitantes por un monto de US$ 64,838.00», que no se le podrían cobrar a «Mr. C», por estar ya en Costa Rica.
O sea, el presidente de Costa Rica sí puede poner pie en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero, para protección de las muchachas acosadas que allí laboran, a ellas se les debe notificar, que «Mr C» estaría llegando a esas instalaciones… ¿Feo verdad?
Vivimos momentos álgidos alrededor de la institucionalidad de Costa Rica, de tan profundas raíces históricas. Al revisar acciones reiteradas del cogobierno Chaves-Cisneros, vemos que intencionalmente, con perversas intenciones, han arriado los símbolos patrios, y, con ellos, caros valores característicos del ser costarricense. Ante ello, y cuando todavía estamos a tiempo de rescatar la nación que ellos desprecian, sentimos la necesidad de nutrirnos del pensamiento y la acción, de grandes compatriotas.
Por ello, rescatamos un mensaje brotado de su corazón, de gran sentido, que el expresidente don Rodrigo Carazo, enviara por correo-e, dos años antes de fallecer, dirigido a los cientos de miles de compatriotas, que se habían “atrevido” a enfrentar la ola neoliberal que, desde entonces, permeaba la dirigencia política nacional, y que, se expresaba como parte de un TLC negociado a espaldas del pueblo.
Hoy, aunque la emergencia tiene matices diferentes, demanda de voces como la del querido gran patriota, que desde cualquier posición en que se encontrara, siempre fue ejemplo de entereza. Su amor por Costa Rica, siempre estuvo por encima de cualquier calculillo partidista, y por ello, se ganó, aunque todavía a algunos les duela, el cariño y agradecimiento de su pueblo. No está con nosotros, pero sí su mensaje oportuno, que, esperamos, sea una invitación a reflexionar, acerca del presente y el mañana de Costa Rica.
Nos dice don Rodrigo, lo siguiente:
“Queridas mujeres y hombres dignos de la Costa Rica de siempre.
Amigas y amigos que saben respetar los valores cívicos que engalanan a esta Patria madre de todos aquellos que realmente la honran.
¡Ustedes han escrito historia!
Ya sabemos bien quiénes la aman y respetan y cuáles son los que realmente desean aprovechar en su exclusivo beneficio lo que es Costa Rica.
¡Cómo han llorado nuestros cielos después del 7 de octubre, el dolor de esta tierra desgarrada por el trago amargo producido por el miedo y la avaricia! Llorado tanto o más, que como nos duelen a todos, los males causados por un clima inclemente que golpeó a nuestros suelos.
Pero bien lo sabemos: Costa Rica es eterna y jamás será doblegada. Esclavos, de nadie.
Nadie en particular ganó el referendo. El triunfo ha sido del pueblo de Costa Rica, puesto que, en esta consulta popular, vimos claramente que estamos a punto de perder la Patria.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), es un poder en Costa Rica, por lo tanto, tiene deberes y responsabilidades que afrontar; hay reglas claras y precisas que no puede ignorar. El TSE ha confundido su misión: no fue creado sólo para contar votos. Su misión es enmarcar las elecciones populares dentro de la legalidad y la paz, debe ser objetivo y neutral y no permitir el más mínimo desacato a la Constitución y las leyes.
Mi posición como Expresidente me permite no pertenecer a ningún partido político, sino más bien, apoyar libremente todo lo bueno que cualquiera de ellos pueda aportar para el bien de los costarricenses y el progreso del país. Con esa libertad, es que hoy vengo a recordar que es la segunda vez – y en un lapso muy corto, 20 meses apenas – que el TSE ha sido indolente y descuidado, haciendo a un lado las leyes y las normas que deben regir un proceso electoral.
Conocedor del tristemente conocido “memorando del miedo”, el TSE permitió que se violara la tregua electoral, dejando que un embajador extranjero se metiera en el proceso y permitiendo que altas autoridades del gobierno, usaran todos los medios de comunicación (radio, periódicos y televisión) para asustar y propalar las amenazas que un gobierno extranjero le hacía a Costa Rica.
De esto que les digo, somos testigos todos en Costa Rica, por las declaraciones dadas por el propio Embajador desde el TSE, felicitándose por haber sido él mismo, el que había traído el comunicado de la secretaria de Comercio Exterior de su país, oficiosamente, ya que no fue un comunicado oficial de gobierno a gobierno. Esto es inadmisible y no podemos dejarlo pasar sin una firme protesta, no contra el país extranjero, sino contra un Embajador inescrupuloso.
La gesta valiente de los costarricenses que se expresaron de una manera contundente contra el TLC “vende patria”, a pesar de los enormes obstáculos que se les pusieron enfrente – El Poder del Dinero, el Poder del Gobierno y el Poder de la Prensa – debe ser recordada en nuestra historia. A pesar de todo eso sacamos el 48% – lo que indica que el resultado de ese referendo está parejo; que las autoridades del Gobierno y de la Asamblea Legislativa, deben medir muy bien esta circunstancia, especialmente porque en este referendo, no se votó por un candidato ni por un partido, lo que se “votó” fue la suerte de Costa Rica y de su pueblo y con eso no se puede jugar tan fácilmente.
Un candidato puede ganar por un voto de diferencia, pero la suerte de un pueblo entero no es posible definirla por un tan escaso margen, como el que se dio a pesar de la inequidad de la lucha, de la presión ejercida y de la debilidad del TSE. Y menciono de nuevo el dinero, porque bien sabemos que a Costa Rica no la puede comprar nadie. El dinero compra a los corruptos y a los necesitados. La gente con miedo desnaturaliza la razón de ser de la democracia.
Aprendimos que el interés de un pequeño grupo, logra la ausencia de una agenda social que podría ser instrumento histórico para enfrentar los efectos nocivos de este TLC. Debemos estar alerta y trabajar muy duro para mantenernos independientes.
Lo más importante: vimos a un pueblo valiente, decidido, poderoso, enfrentarse con un civismo digno de lo mejor de nuestra historia al Poder del Dinero, de la avaricia y de la sumisión al dominio político de las transnacionales, al que vimos hacer gala de posesión por medio de la corrupción que transforma la amistad y el respeto entre los pueblos en obediencia y servilismo.
Los grupos cívicos, los sindicatos, las organizaciones agrícolas y tantas gentes organizadas, dieron un ejemplo histórico.
Los comités patrióticos nos hicieron y hacen ver que la vitalidad de este pueblo es inagotable. ¡Benditos sean!
Aprendimos una lección que debe seguir dando frutos, en beneficio del bienestar popular y la democracia. Aprendimos que la Patria vale más que los partidos y los grupos. Aprendimos que el Poder del Pueblo nos hará recuperar los valores nacionales y que nada se agota mientras haya civismo. Aprendimos que podemos recordar los triunfos de nuestra historia y nos convencimos de que juntos seremos capaces de que todos los ciudadanos, recuperen la vergüenza como arma cívica y que de nuevo, por amor a las generaciones futuras, levantemos lo mejor de los valores nacionales como estandarte.
Sí, reafirmemos una realidad: la de que sabemos respetar y seguir la hora de Juanito Mora.
Conforme se fue comprendiendo la decisiva defensa de la soberanía nacional que ejerciera don Rodrigo Carazo frente al Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Reagan y los inescrupulosos banqueros internacionales, fue creciendo la admiración por el expresidente.
Su patriotismo fue ejemplar y su dignidad jamás fue cuestionada. Se le reconoció el mérito de ser el mejor expresidente, el más respetado, el más admirado, el más consecuente.
La ovación de muchos minutos que recibiera en un Teatro Nacional que se hiciera pequeño, para acompañarlo a recibir el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional, fue cual desagravio del pueblo que le admiró y le sigue extrañando.
En ese momento, no se trató de partidarios de algún partido político de la »gradería de sol», sino el del pueblo informado y consecuente que sabe diferenciar, lo que es un presidente populista y demagogo, de un estadista con alma patriótica.
Hoy, al vivir el cogobierno Chaves-Cisneros, irrespetuoso de la institucionalidad democrática, y del digno pueblo que trabaja por Costa Rica, más que nunca estamos urgidos de su ejemplo.
Por más de 200 años, las sociedades civilizadas han avanzado, no sin obstáculos, por el camino del respeto a la dignidad de los privados de libertad. La abolición de la pena de muerte, en 1882, gran legado de don Tomás Guardia a los costarricenses y al mundo, es la mejor expresión, de esa tarea de supremo respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así, también, la inhumana tortura, para infringir sufrimiento, o cualquier otro tipo de maltrato inconcebible, incluido el encarcelamiento injusto, conque se degrada a la persona, han dejado de tener cabida en sociedades que se dicen civilizadas.
No en vano, a los costarricenses todavía nos avergüenza, las situaciones descritas por José León Sánchez, en su novela «LA ISLA DE LOS HOMBRES SOLOS», que tanto impactara entre los costarricenses, cuando se publicara hace más de medio siglo, en la cual José León describe, como testigo, la situación que se vivía en la antigua prisión existente isla San Lucas.
Pero, por dicha, han pasado los años, y con ellos se han venido estableciendo principios convencionales en el marco de la ONU, que, junto a decisiones internas de Estados, como Costa Rica, han permitido avanzar por el sendero correcto, hacia el respeto de los derechos de los que cumplen sanciones penales. «Donde las leyes permiten que un hombre, en determinados casos, deje de ser una persona para convertirse en una cosa, no existe libertad», describió Beccaria, jurista italiano del siglo XVIII, de gran influencia en la modernización del derecho penal europeo.
En los «Principios básicos para el tratamiento de los reclusos», (ONU 1990), explícitamente se establece, el deber de crear «condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales remuneradas y útiles, que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país, y les permita contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio«.
Tenemos los costarricenses, leyes pertinentes y un ejemplar «Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional«, emitido en la administración de don Luis Guillermo Solís, que recoge el espíritu y letra de la legislación pertinente al caso que nos ocupa. Por ejemplo, se estipula que «Las condiciones de vida de la persona privada de libertad, deberán tener como referencia, la vida en libertad«. Para su inserción social, el Estado «tomará las medidas necesarias a efecto de poder ofrecer a las personas, educación, cultura, formación profesional, trabajo, salud, deporte, arte, y cualquier otra cosa que tenga el mismo fin«. Asimismo, se ha de implementar «un modelo de formación integral, garante de los derechos humanos, que les posibiliten la inserción social«, para lo cual se ha de generar, «una oferta educativa, formativa, productiva y laboral, que estimule el desarrollo de habilidades, competencias y destrezas… para su vida en libertad«. Ello con la finalidad de realizar «un proceso de acompañamiento individual y grupal a las personas privadas de libertad, que desarrollen actividades ocupacionales«.
En términos generales, se busca que las actividades de formación, ocupación y capacitación, «sean parte esencial del plan de ejecución de la pena y tendrán como finalidad, adquirir y fortalecer destrezas y hábitos positivos… que favorezcan la inclusión social… y un proyecto de vida sin delinquir«.
Ante lo anotado, no entendemos cómo, el presidente Chaves y la co-gobernante Cisneros, hasta gastaron recursos del Estado, para anunciar como un éxito del gobierno, el haber desautorizado el funcionamiento de un par de pequeñas pulperías, administradas por adultos mayores, en sendas cárceles. Pulperías (ellos les llaman «comisariatos», otros «supermercados») que, debidamente autorizadas por el ministro de Justicia (aunque lo obligaron luego «a quitarse»), funcionaban, con grandes limitaciones, en las prisiones.
Aprovechando que se trata de una población vulnerable, privada del ejercicio de varios derechos en razón de sentencias judiciales, mayormente despreciada por los habitantes, la máxima autoridad del Poder Ejecutivo consideró un «éxito» detener su operación, pues «no pagan impuestos ni la luz», dijo el dúo Chaves-Cisneros. Acción que demuestra ausencia de sensibilidad y solidaridad cristiana, además del usual desconocimiento de la legislación, nacional e internacional.
El hecho de que, en países como El Salvador, no rijan reglas similares, no ha de ser motivo para retroceder tan violentamente, en un campo en el cual los costarricenses hemos avanzado tan significativamente. Por ello, esperamos que, en virtud de recursos de amparo presentados a favor de los privados de libertad, afectados como artesanales empresarios, y como particular clientela, los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, además de acogerlos, emitan un voto razonado tal, que vaya permeado de una motivación educativa, donde se reafirmen los principios básicos, que el Chaves y la Cisneros, están desechando, como parte de su demagógica propaganda, de hombre fuerte y mujer de hierro.
Sobre el presupuesto general de la República, la Constitución Política establece en el artículo 177, que, «la preparación del proyecto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo», el que «será sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa» (Art. 178). Luego, el proceso continúa al interior del Congreso de la República, indicándose que, dentro de las «Atribuciones de la Asamblea Legislativa» (Art. 121, inciso 11), está la de «dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República».
Por lo anotado, pareciese un sinsentido jurídico, inconstitucional, (¡otro!), la pretensión del Chaves, a través de la diputada Cisneros, y una decena de diputados oficialistas y evangélicos, de que la Sala Constitucional, en el «día menos pensado», resuelva ordenar a los señores diputados, NO cubrir sensibles partidas presupuestarias deficitarias, en áreas fundamentales, como educación universitaria, educación básica, cultura, seguridad, infraestructura vial, Becas Avancemos, trasporte de escolares en zonas rurales, colegios científicos, tren a Paraíso, plazas para la Fiscalía y Migración, carretera a San Carlos, Editorial Costa Rica…, con parte de los dineros presupuestados para abonar a la gigantesca y creciente, deuda del Estado.
De prosperar semejante acción ante la Sala IV, matizada como «consulta», la Asamblea Legislativa, ya no podría, ejercer la suprema atribución democrática, de dictar los presupuestos, que le son sometidos para su conocimiento, por el Poder Ejecutivo, dándosele a éste, un poder cercano al que ejercen ciertas dictaduras centroamericanas. ¡Nuestro límpido cielo a veces no es tal!
Cuando se piensa que ya no hay más ocurrencias burocráticas en el horizonte del Estado costarricense, lamentablemente no hay que esperar mucho para percatarse del error de esa percepción. Hoy veremos otro ejemplo.
Resulta que, en su afán de destruir la visionaria, magnífica, ¡y muy modificada Ley de Aguas!, que nos legara el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, hace 82 años, regresa otro mal proyecto de ley, que, como resabio de las anteriores propuestas, avanza, con cierto sigilo, en la Asamblea Legislativa, como si no tuviera importancia. Sin que la mayoría de los señores diputados, se estén percatando de las consecuencias que tendría una posible aprobación, de la iniciativa que está procesándose en comisión, éste avanza, gracias quizá a la buena fe de sus proponentes, y de los que son indiferentes, pues, seguramente, les habrán comentado, que es un buen proyecto, moderno, extraordinario, y muy necesario para sustituir “la vieja ley” de 1942, que ya cumplió su vida terrenal. Que el agua, su agua, nuestra agua, la de nuestros hijos, requiere, una “gestión integrada”, que no se explica cómo funcionaría.
Sobresale en dicho proyecto, como principal objetivo, la creación de un nuevo organismo gubernamental, que absorbería, como un papel secante, fundamentales funciones del AyA, como la gobernabilidaddel recurso hídrico, y, las que, ejecuta, gracias a su realidad natural e institucional, como órgano ejecutor y rector del sector agua, que, además, tiene la capacidad constitucional de delegar, en las ejemplares ASADAS, dicha gobernabilidad, para el abastecimiento de agua potable en comunidades rurales. Asociaciones que, en la versión original del proyecto, se habrían convertido en concesionarias, con las consecuencias inconstitucionales que se vislumbraban.
Las responsabilidades del AyA, han sido puestas en práctica, desde que, en 1961, el presidente Mario Echandi Jiménez, promoviera su creación como Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SNAA), en un momento histórico en que el país, experimentaba una severa crisis de abastecimiento de agua potable, en los crecientes centros urbanos, y que hoy hemos de seguir aplaudiendo.
En la más reciente propuesta, de las varias que han pasado por el Congreso, aunque se debilita, no se propone desaparecer el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con sus más de 4.000 funcionarios, profesionales especialistas, técnicos calificados, operarios de diversos oficios, administrativos que atienden, entre otros, las responsabilidades, relacionadas con “Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en el ejercicio que el Estado tiene sobre ellas”, tal y como lo concibieran los legisladores en 1961. Para don Mario Echandi, la creación del SNAA, sustentada en la Ley de Aguas del doctor Calderón Guardia, era «la medida de mayor trascendencia nacionalen favor de la salud pública durante los últimos cincuenta años”. Y por ello, consecuentemente, se gestionaron los préstamos internacionales que permitieran su urgente estructuración, pues el compromiso nacional y el interés por dotar al país de agua de buena calidad para consumo humano, servida a domicilio, demandaba una buena dosis de entrega, en momentos en que los gobiernos locales, y otros ciudadanos, estaban lejos de tener la capacidad de garantizar tan fundamental servicio público.
La trascendencia de ese acto gubernamental, hoy se ha de valorar, a partir de lo avanzado, y los logros alcanzados, pues, a diferencia de otros países, la gran mayoría de los costarricenses, ¡todavía!, podemos tomar agua del grifo, con la seguridad de que su calidad y cantidad adecuadas, son una meta irrenunciable.
Pues, resulta, que, hay quienes piensan, que esa compleja tarea encomendada al AyA, sin que medie, ningún informe técnico, riguroso, participativo y coordinado con sus departamentos de planificación, jurídicos y de ejecución, se le debe trasladar a un nuevo aparato burocrático que se estaría creando en el marco del MINAE, para que, desde él, se ejerza, nada menos, que la gobernabilidad del agua de todos los costarricenses, que hoy cumple el AyA, como misión suprema.
¡No se preocupen!, dicen los que así piensan, pues ya el MINAE tiene una Dirección de Agua, que se encarga de otorgar permisos de uso y concesiones, para personas físicas y jurídicas, de carácter privado, y que, con “unos ajustes presupuestarios”, podría asumir funciones trascendentales que definen al AyA.
Ante ello, soslayan que el Ministerio de Ambiente, con escaso presupuesto e inmensas obligaciones sin atender, como, por ejemplo, el pago de gran parte de las tierras, sobre las cuales se ha sustentado el conjunto de áreas de conservación que tanto prestigia a Costa Rica, tiene posibilidad cero, de aumentar significativamente su presupuesto general, que, más bien, vemos disminuir, año con año, pese a las responsabilidades crecientes que conllevan sus funciones, en pro del desarrollo sostenible.
Pese a que la planilla de la Dirección de Agua ronda los 40 funcionarios, incluyendo choferes, conserjes, mensajeros, recepcionistas, solo seis cumplen funciones de «gestión de proyectos de desarrollo hídrico«. Y, aún, así, se propone que sobre esa tambaleante “estructura”, se edifique la pomposa Dirección Nacional de Aguas (DINA), que cumpliría funciones que hoy se ejecutan en el AyA. Ello, sin tener un estudio cuidadoso, acerca de la requerida inversión financiera, que, como es usual en este tipo de proyectos, no se ha estimado formalmente. Así las cosas, la gobernabilidad del agua, quedaría en manos de un organismo, que, al día de hoy, no ha sido objeto de un proceso riguroso de planificación, tal y como se puede corroborar fácilmente.
Pero, hay algo más, y quizá más ocurrente. Resulta que, hacia esa misma Dirección Nacional de Aguas (DINA), sin pensarlo mucho y sin mayor estudio, también se incorporarían funciones que hoy, con un calificado recurso humano profesional y técnico, se ha venido ejecutando en el Senara (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), creado durante la administración de don Luis Alberto Monge en 1983.
Los proponentes del proyecto de creación de la DINA, desdeñan que el conocimiento que se tiene en Costa Rica, acerca de esas formaciones hidrogeológicas que conocemos como acuíferos subterráneos, se ha desarrollado, en o alrededor, del Senara. Labor silenciosa, pero constante, de mucha rigurosidad científica, que ha permitido localizar los acuíferos en todo el país, estimar sus caudales, conocer su compleja geología, determinar su vulnerabilidad, dictar medidas de protección, con la fundamental misión, de garantizar a los habitantes de todo el país, el uso sostenible de esas fuentes de agua, que garantizan el abastecimiento de agua potable de la mejor calidad.
Para el debido cumplimiento de esas insustituibles obligaciones, el Senara cuenta con más de 136 funcionarios, entre los cuales se cuenta, cerca de un centenar de profesionales y técnicos, que ya han vivido, con cierta desazón, los tortuosos caminos, por donde caminan los recurrentes proyectos, que buscan derogar la visionaria Ley de Aguas del Dr. Calderón Guardia, quitarle al AyA la suprema función de gobernar el agua potable, y, realizar las funciones que, sobre la aguas subterráneas, cumple a cabalidad el Senara. Algo así, como un terremoto institucional en el sector agua.
Años atrás, enfrentados a la realidad de no contar con los especialistas, que hoy laboran para el Senara, hasta propusieron que los mismos, se trasladaren a la DINA, que estaría por crearse. Ante el rechazo manifiesto que se recibió como respuesta, se optó por desistir de esa ocurrencia, pero, contrario a la lógica más elemental, se ha seguido adelante con la necedad de que, en la DINA, se abran las plazas para la contratación de los recursos humanos imprescindibles, y se financie la adquisición de materiales y equipos, como del Senara, para poder cumplir con las tareas que… hoy cumplen los experimentados funcionarios del Senara. ¿Verdad que no tiene sentido?
Bajo esa premisa, se establece en dicho proyecto de ley (Nº 23.511, Ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico) que la DINA, cual espejo del Senara, se encargaría de “realizar las investigaciones hidrológicas e hidrogeológicas a nivel nacional, así como las prácticas de mejoramiento, conservación y protección para el uso sostenible del agua, tanto superficial como subterráneo”. Además, tendría que “Desarrollar el monitoreo y la clasificación en cantidad y calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, y realizar los estudios de vulnerabilidad de los acuíferos, así como la delimitación de las áreas de recarga y descarga de aguas subterráneas”. Y, cual si se tratara de aspectos no cubiertos actualmente, por el organismo del Estado especializado en la materia, se anota que la DINA tendría que “Elaborar los estudios respectivos y proponer al ministro de Ambiente y Energía ladeclaratoria de áreas de recarga acuífera de protección absoluta”, así como, “Realizar investigaciones y estudios técnicos-científicos en aguas subterráneas, pluviales y superficiales con fines de exploración, explotación, inyección artificial e investigación científica y técnica de acuíferos, protección y aprovechamiento sostenible”.
Así, cual, si el Estado estuviere enfrentando un vacío, en la administración, investigación, dictado de directrices, regulaciones, etc., sobre el manejo de las aguas superficiales y subterráneas, el proyecto de ley propone duplicar en el organismo que estaría por crearse, las responsabilidades que, por ley, corresponde cumplir, tanto al AyA, como al Senara. Propuesta que se hace, en momentos en que, como sabemos, es imprudente, asumir extraordinarios compromisos presupuestarios, relacionados con una nueva instancia estatal, que ejecutaría, funciones que ya realiza eficientemente, el Estado.
Sí hay algo que no se puede, ni se debe, ocultar. Aparte de los problemas de gestión en el AyA, que se han venido profundizando, con el correr de los últimos 12 o 15 años, vemos, que sus «aguas se han contaminado», con elementos salidos del privatizador Banco Mundial. Ejemplo relevante, aquél que considera al «agua como un bien económico«, y no como «un bien social», traído a Costa Rica, por funcionarios ubicados estratégicamente, en el MINAE y el AyA, indebidamente vinculados a la GWP-BM (Global Water Partnership). Personas que han hecho creer, principalmente, a algunos legisladores, que la Ley de Aguas, la ley de Creación del AyA y la ley de Creación del Senara, son los tres pecados capitales, que han hecho imposible el trabajo eficiente de los jerarcas del AyA.
Que el hecho de perder, por fugas desde sus cañerías, agua para más de dos millones de personas, o que no se hubiera construido el proyecto Orosi 2, o aprovechado parte de las aguas que se pierden en el balneario Ojo de Agua, o ejecutado un eficiente proyecto de hidrómetros, que permita el cobro justo del agua en condominios, es causado por esas leyes citadas, que, cabe reseñar, han obstaculizado, hasta ahora, procesos de privatización, que los costarricenses no queremos.
Se conoce que han corrido dólares, por manos de «consultores», encargados de la redacción apresurada de las varias propuestas de nueva Ley de Aguas, que, como la actual, pese a sus deficiencias, se propone imponer en nuestra Patria. Trabajos pagados, sin reflexionar, acerca de las onerosas consecuencias financieras, que tendría su aprobación, y, el retroceso que provocaría, una interesada administración de la mayor riqueza natural de Costa Rica. En fin, se trata de un capricho recurrente, que tendría un costo indeterminado para las finanzas públicas, y para el bienestar de los habitantes, que es preciso detener.
Que se están robando el oro de los costarricenses, allá cerca de la frontera norte, es cierto. Que el daño ambiental iniciado hace más de una década, es, no solo una irreversible triste realidad, es igualmente cierto. Que hay muchas personas honestamente interesadas, en detener el saqueo y la destrucción, ambos provocados por los ladrones, que actúan impunemente en esa zona remota, es evidente. Que algunos han visto en los señores diputados, una esperanza de solución, aunque ésta nos luce innecesaria como tarea legislativa, es igualmente verdad. Que existe una prohibición expresa en el Código de Minería, que impide otorgar concesiones a mineras privadas, para aprovechamiento de la riqueza aurífera, con la técnica de cielo abierto, es bien conocido. Que, posiblemente, sin esa barrera legal, hace unos años ya habríamos visto, cómo empresas extranjeras habrían iniciado la extracción de esa riqueza, para su propio beneficio, es innegable.
Ante ello, hace unos ocho años, hemos compartido con diversos grupos y personas, la propuesta de aprovechar en una década, alrededor de US$2.300 millones, del oro nacional, localizado en el yacimiento de Crucitas, para beneficio de la Caja Costarricense del Seguro Social, específicamente, para la atención sanitaria de los Ciudadanos de Oro, que hoy lamentablemente, la Caja, por su situación financiera, no puede atender, como lo merecen. Abuelitos y abuelitas, que por el problema demográfico que estamos viviendo en Costa Rica, ya hoy ocupan más del 65 % de los espacios de atención, en hospitales y clínicas, si es que logran superar las inhumanas listas de espera. Ancianos que van aumentando aceleradamente en números, y que, requieren de una acción efectiva, dirigida a su atención en todo el país, de Osa a Barra del Colorado, de Nicoya a Talamanca, de Puriscal a Pococí, de San Carlos a Cartago, de San José a Liberia. En fin, por todo el territorio nacional, a partir de una visión solidaria, muy costarricense.
Oro que propiciaría, si nos lo proponemos, la estructuración de un sistema hospitalario, integral, que se iría desarrollando gracias a la participación de profesionales médicos, planificadores, sociólogos, demógrafos, ingenieros, arquitectos, ¡que existen en el país!, y que se encargarían del diseño de hospitales geriátricos regionales, vinculados en algunos casos a los existentes, para ir atendiendo la demanda de esa venerable población de compatriotas. Asimismo, en lo posible, los más de un millar de Ebais, que brindan su fundamental atención primaria en tantas comunidades, tendrían áreas nuevas, dedicadas a atención geriátrica. Asimismo, se piensa que quizá sería necesario, un hospital de especialidades médicas, como soporte deseable, según lo determinen los profesionales que se involucrarían en este proyecto país. Propuesta que, como consecuencia, liberaría la presión sobre las listas de espera, que tanto dolor, causan a los pacientes que son incluidas en ellas, ante la falta de recursos humanos y financieros.
Para su identidad, hemos propuesto que ese sistema hospitalario sea conocido como Hospital del Oro.
¡Claro que entendemos algunas reacciones, en contra de la explotación del yacimiento de oro en Crucitas!, principalmente al recordar lo sucedido, con el manejo indebido, que provocara el gran conflicto que nos movilizó a tantos compatriotas, hace más de diez años, y que desembocara en la prohibición legal, a otorgar concesiones para su explotación. Concesiones que el Estado, como tal, no tendría que solicitar, por tratarse de bienes demaniales, a disposición de sí mismo, de interés público.
Superada la página del conflicto, nuestra propuesta, no solo tiene otra motivación, sino que es diametralmente opuesta. La misma, 1. Mantiene la prohibición, existente a otorgar concesiones a empresas privadas. 2. Es el único yacimiento bien explorado, existente en Costa Rica, y que estaba a punto de iniciar los trabajos para explotarlo. 3. Industrias Infinito (canadiense) esperaba extraer de la roca, tres toneladas de oro, al año, como mina comparativamente pequeña, que es. En otros países, como México, Perú, Chile, Brasil, República Dominicana, se extraen más de cien toneladas anualmente. En el caso particular del vecino Nicaragua, los concesionarios, administran áreas, como es el caso de una sola concesión, cercanas al tamaño de Guanacaste, por lo cual dicha nación, ya se acerca a la exportación anual de oro, igual a US$1.000 millones. 4. En Costa Rica estamos hablando, de un área ambientalmente destrozada, donde no hay biodiversidad alguna que proteger, de menos de 1 km², de los 51.100 km² del país. Y, además, situado en una zona fronteriza remota, tan alejada, tan fuera de la vista de habitantes y visitantes, que, resulta, que hay menos distancia de la sede municipal de San Carlos, a la ciudad de San José, que, de allí, al sitio del yacimiento. 5. Como la mina es conocida, explorada al detalle desde hace años, el oro de la delgada capa superior está siendo robado, mientras otros se frotan las manos, esperando pasar a la siguiente etapa, que sería la de hacerse de ese oro, para su propio y egoísta beneficio, si se elimina del Código de Minería, la prohibición que hoy se los impide. 6. Es, muy clara la alternativa, entre dejar que extranjeros, y sus socios locales, nos arrebaten esa riqueza mineral, o aprovecharla para reforzar, significativamente, las finanzas de la Caja, que, por razones conocidas, renquea en la prestación de sus vitales servicios, precisamente, por la creciente deuda, sin aparente solución, del Poder Ejecutivo con ella. 7. Pensar, siquiera, que esa riqueza mineral, debidamente localizada, jamás va a ser extraída industrialmente, y que se va a mantener intocable, en ese pedacito del país, como pieza de museo, o como parte de un “monumento natural”, es un sueño. El potencial como “atractivo turístico”, de cualquier tipo, o de “investigación científica”, que se dice podría tener ese alejado sitio, es insustentable. El dilema, sencillo, en resumen, es que sea en beneficio de Costa Rica, o de empresarios privados, como únicos ganadores. 8. Por otro lado, la imagen ambientalista de la nación, no tendría por qué, verse afectada, pues el país mantendría el prestigioso sendero, donde ni la minería metálica a cielo abierto, ¡ni la explotación petrolera!, serían parte de su modelo de desarrollo. El aprovechamiento del oro del yacimiento de Crucitas, con sus particularidades únicas, y los muy loables objetivos anotados, sería solo una razonable excepción, en vista de las circunstancias especiales, si lo hace el Estado y con los fines como los propuestos. No existe en el mundo, algo similar.
Además de los puntos enumerados, finalmente hemos de anotar, que el costoso asunto de la delincuencia, que en Crucitas goza de un reino, se acabaría desde el instante en que los primeros funcionarios del Estado ingresen, con las debidas medidas de seguridad, a ejecutar las primeras acciones conducentes a la explotación del oro, que allí se realizaría. Es un asunto de lógica elemental.
Cisneros, Chaves y Nogui, en orden de mayor a menor jerarquía, responden a la indignación ciudadana, enterada de la póliza de la vergüenza, «justificando» que es para mejorar la acción gubernamental. Que los jefes de los ministerios, instituciones autónomas, entes «desconcertados», Y el presidente, requieren protección especial, de una póliza del centenario INS, ante demandas, muchas veces injustificadas.
Podría ser; en la de menos. Pero ¡ese no es el punto en discusión! Lo injustificable, ilegal, abusivo, desvergonzado, es que, todos los que pagamos impuestos, incluyendo a la olvidada señora de Purral, tengamos que financiar los ¢248 millones anuales, que cuesta la póliza, para que, especialmente el Chaves, cuente con un seguro con el cual enfrentar procesos judiciales, que no corresponde al Estado pagar.
Si quiere cubrirse de eventuales demandas personales y sus consecuencias, pues que busque a sus conocidos en el INS, y contrate con ellos, ¡con su plata!, las pólizas que más le convengan.
La oferta de la excelente aseguradora del Estado, la misma que los tres citados arriba quieren vender, es amplia y atractiva. Aparte de que, si se faja a gobernar bien, acorde con las leyes que nos rigen, seguramente no tendría necesidad, de buscar cómo protegerse las espaldas.
A piratas, como el inglés Francis Drake, que saqueó ciudades y asaltó buques en altamar, la reina les otorgaba un certificado, conocido como «patente de corso«, que les garantizaba impunidad por los crímenes que cometieran.
Así, cualquier delito, cualquier condena, era cubierto por el reino. Cinco siglos después, en el país «pura vida», un gobernante, con 50 demandas encima, ordenó comprar al Instituto Nacional de Seguros, una «patente de corso», a la tica.
La idea es que, con un carísimo seguro del INS, en caso de seguir incumpliendo las leyes, no tenga que preocuparse, si fuese condenado a pagar sumas millonarias, en ejecución de sentencias.
Dicha «patente», comprada en más de ¢248 millones, ¡pagada con plata del pueblo!, no solo sería una invitación a delinquir, sino que obligaría a la empresa de seguros a que, si Chaves y sus súbditos del gabinete, tuviesen que cancelar, por ejemplo, los mil millones de colones, pagados de más, para arreglar la pista de un aeropuerto, eso tendría que ser pagado por el pueblo, a través del INS.
¡Verdad que ni al pirata Drake se le habría ocurrido algo semejante!
