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Etiqueta: FSLN

Nicaragua y el Frente Sandinista

Por Marlin Ávila

Inició su lucha mediante la guerra de guerrillas en las zonas rurales de Nicaragua, luchando contra 40 años de dictadura de los Somoza en la década de los setenta. Luego de su triunfo político, en julio de 1979, el frente implementó una serie de reformas sociales y económicas que fueron apoyadas por la comunidad internacional. No obstante, en la década siguiente enfrentó una contra revolución liderada por los Estados Unidos de Norte América, utilizando como territorio base a Honduras, donde funcionaron con amplia libertad con el seudónimo de “Contras”, financiando sus operaciones con fondos generados en una red de narcotráfico denominada “Irán-contra”, como iniciativa de Washington.

El FSLN tuvo varias corrientes ideológicas que iban desde la extrema izquierda hasta el centro, predominando esta última con los denominados terceristas, liderados por José Daniel Ortega Saavedra (11 de noviembre de 1945), quien había estado varios años viviendo en Costa Rica. Daniel Ortega ha presidido el país en diferentes períodos a partir de 1985, con el acuerdo inicial de las demás corrientes políticas de izquierda, ya en 1981 al ‘84 fue coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.

En 1977, Daniel y su hermano Humberto Ortega fueron expulsados del FSLN, acusados de ausente militancia y pasar más tiempo en el exterior que adentro de Nicaragua, de haberse dedicado a provocar divisiones internas y no seguir los lineamientos del Frente (La Prensa 19/07/05).

Sin embargo, en el presente año, la pareja que gobierna al país inició una persecución política sin precedentes contra la oposición, iniciando con los miembros de la jerarquía católica. Prohíbe los actos religiosos en público y expulsa a 150 curas (25% de la curia) con destierro, incluso envió a 40 hasta el Vaticano. Estas expulsiones y persecución a la iglesia católica, se le achacan a la vicepresidenta y esposa de Daniel, Rosario Murillo (poeta y política de 73 años). Pero el momento de quiebre fue cuando la pareja gobernante llenó un avión con 222 sandinistas, con liderazgo en diferentes sectores sociales y que tenían opiniones contrarias al régimen, desterrándolos y “quitándoles sus nacionalidades”. Aún quedaron presos 39 opositores sandinistas, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por negarse al destierro. En contraste, se habla de 300 mil nicaragüenses que desde entonces han abandonado el país. Ahora se dice en el periódico digital Confidencial, que además de un salario de 65 mil dólares mensuales, manejan 22 empresas. Los medios informan del cierre de al menos 14 centros de educación superior.

En resumen, en Nicaragua la única oposición existente, si no está guardando prisión, esta desterrada. Todo empleado público que se manifieste crítico al régimen de los Ortega, por lo menos pierde su empleo. Así, en un recorrido por el país, difícilmente se escucha una voz disonante.

Internacionalmente, la opinión de muchos grupos e instituciones de izquierda se muestran simpatizantes con el gobierno nicaragüense, más por pragmatismo que por coincidencias ideológicas. En la geopolítica, las potencias que no sean de la OTAN son pragmáticas al saber que Nicaragua se declara a favor de ellas, aun a sabiendas que allí hay una dictadura revestida de democracia (dictadura al no tener oposición real). Nicaragua es útil para los aspectos macro políticos y macro militares de los opositores al sistema dominado por los EUA (La OTAN y el grupo de los 7), más sí se integra al grupo de los BRICS.

Cada gobierno del área centroamericana debe estar analizando constantemente lo que acontece en su entorno, porque la geopolítica no es estática y menos rígida, ahora que el imperio estadounidense está de caída al precipicio indefinido.

27 de agosto de 2024

“Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua”

SURCOS comparte la siguiente publicación:

Amnistía Internacional presenta una nueva publicación a cerca de la situación de represión que se está viviendo en Nicaragua.

Adjuntamos la introducción del texto y extendemos la invitación a leer el artículo completo que se encontrará disponible para descarga al final de la nota.

  1. Introducción:

Cuando las imágenes de la violenta represión contra las protestas masivas que iniciaron en abril de 2018, por una serie de reformas al sistema de seguridad social en Nicaragua, colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo, parecía que la crisis de derechos humanos en el país había llegado a su punto más álgido.

Para finales de abril de 2018 era difícil pensar que las cosas podían empeorar. El gobierno del presidente Daniel Ortega hacía uso de todo el aparato de seguridad para castigar a quienes se atrevían a manifestarse en las calles exigiendo rendición de cuentas. Dos años después, la realidad continúa superando las peores predicciones.

La evidencia y testimonios contenidos en este informe muestran la forma en la que el gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino que ha perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas sofisticadas para silenciar cualquier forma de crítica y demanda social, a cualquier precio.

Las violaciones de derechos humanos, incluida a la libertad de expresión, no son nuevas en Nicaragua. Sin embargo, el uso de nuevas herramientas, como algunas de las que serán presentadas y descritas en este documento, indican el comienzo de un capítulo más sombrío en la historia reciente del país.

Durante abril y mayo de 2018, las autoridades hicieron un uso excesivo, desproporcionado y, con frecuencia, innecesario de la fuerza e implementaron una estrategia en ocasiones deliberadamente letal contra las personas que se manifestaban.1

La negativa del gobierno a cesar la represión, en los meses posteriores, continuó sumando víctimas fatales y heridos a manos de agentes del Estado y grupos parapoliciales armados afines al gobierno, lo que aumentó la indignación social. Numerosas localidades respondieron a la estrategia represiva levantando barricadas y, en ocasiones, utilizando morteros artesanales para defenderse.

En respuesta, en julio de 2018, Ortega anunció la “Operación para la Paz”, que se conoció popularmente como “Operación Limpieza”. Ésta consistió en destruir por la fuerza las barricadas y enviar a grupos combinados de fuerzas parapoliciales armadas y agentes de la Policía Nacional a enfrentar a quienes se manifestaban. 2

En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la puesta en marcha de la Operación Limpieza estaba marcando un punto de inflexión en la crisis de derechos humanos en Nicaragua. 3

Pocos meses después, en diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua, instalado bajo el auspicio de la CIDH con el fin de coadyuvar en las investigaciones de los hechos violentos ocurridos en el contexto de las protestas, concluyó que la respuesta represiva del Estado se dio en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. El GIEI afirmó que las autoridades nicaragüenses realizaron “conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”. 4

A pesar del escrutinio internacional, la respuesta represiva contra quienes se manifestaban y promovían el respeto a los derechos humanos continuó durante 2019.

De acuerdo con datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en el 2019 se continuaron reportando casos de homicidios selectivos de personas identificadas como participantes en las protestas o como opositoras al gobierno, incluyendo al menos 40 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, muchas contra personas campesinas.5

Durante ese año el gobierno se cerró al escrutinio internacional y no permitió la entrada de organismos internacionales de derechos humanos, situación que continuaba hasta finales del 2020.

Organizaciones locales actualmente denuncian que las autoridades siguen utilizando al Poder Judicial como uno de los brazos represivos para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios.6 A finales de noviembre de 2020, fecha de finalización de este informe, más de 100 personas continuaban tras las rejas de manera arbitraria.7

Dentro de las cárceles, las personas detenidas bajo cargos que podrían esconder una motivación política siguen reportando malos tratos y hostigamiento, como elementos adicionales de castigo por sus actividades. Además, fuera de las cárceles, quienes trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos son víctimas de una campaña de hostigamiento sistemática, diseñada para detener su labor.

Fuera de las prisiones, activistas excarceladas y sus familias denuncian que el acoso tras volver a sus hogares es tal que les impide ejercer cualquier tipo de trabajo relacionado con los derechos humanos, u otras actividades. En algunos casos, el hostigamiento se materializa en actos de intimidación y acoso por parte de la policía, fuerzas parapoliciales o redes de control local vinculadas con las autoridades.

En otros casos, la represión es más directa. Desde 2018, el gobierno ha cancelado el registro legal y confiscado los bienes de al menos 10 organizaciones de derechos humanos. Las autoridades también han criminalizado a periodistas y cerrado medios de comunicación considerados críticos.

Durante la segunda mitad del año 2020, la Asamblea Nacional, controlada en su mayoría por miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido del presidente Daniel Ortega, aprobó una serie de leyes que restringen considerablemente el ejercicio de los derechos humanos. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros,8 por ejemplo, cuyo aparente objetivo es fiscalizar el dinero que organizaciones reciben para evitar la “injerencia extranjera”, en la práctica podría forzar a las organizaciones a cerrar sus puertas ante los obstáculos para financiar sus actividades legítimas.

La Ley Especial de Ciberdelitos, por su parte, bajo el pretexto de evitar la propagación de “noticias falsas”, define un marco legal que puede ser utilizado para castigar penalmente a quienes expresen opiniones que, a los ojos de las autoridades, “produzcan alarma, temor o zozobra”.9 En la misma línea, se aprobó, en primera lectura, una reforma constitucional que permitiría la pena a perpetuidad. Debido a la vaguedad del texto que se propone reformar, existe el temor fundado de que sea otra herramienta que pueda ser utilizada para criminalizar a personas percibidas como opositoras.

Personas defensoras de derechos humanos temen que lo peor todavía no ha llegado. Afirman que, en el contexto preelectoral de cara a los comicios presidenciales de noviembre 2021, las violaciones a los derechos humanos, que no se han detenido, se recrudecerán mientras el gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición, a cualquier costo.

Mientras tanto, la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus familiares, quienes han sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, y de otras violaciones de derechos humanos o de crímenes de derecho internacional, continúan siendo una ilusión.

Tras la finalización de este documento, en noviembre de 2020, los reportes sobre el incremento de los actos de hostigamiento contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, defensores de los derechos humanos, periodistas, así como víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias, continuaron sin pausa. Adicionalmente, en diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, cuya aprobación fue rechazada por la CIDH, quien además señaló que su contendido limita el ejercicio de los derechos políticos protegidos por las normas internacionales de derechos humanos. 10

 

Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.