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Etiqueta: Garantías Sociales

¿Qué hacer? Una reflexión sobre la izquierda política hoy

Vladimir de la Cruz

Considerando a la izquierda política como aquellos movimientos sociales, o partidos políticos, que de una u otra manera se autoproclaman representantes de los sectores populares, frente a los sectores oligárquicos o políticamente dominantes, en el contexto de una sociedad política, y económicamente dividida en clases sociales, se puede afirmar que la izquierda costarricense surgió a finales del siglo XIX, al calor también de la influencia que empezó a tener la información sobre los movimientos anarquistas, socialistas y comunistas que estaban surgiendo internacionalmente, de lo que se tenía noticia, así como de las luchas sociales y populares del movimiento obrero y sindical organizado, que también empezó a repercutir en el país.

La clave de la definición de la izquierda fue la lucha por el poder popular, por el poder político en manos de la clase obrera, en su versión más clásica, y la instauración de un sistema político superior al capitalismo, llamado socialismo, como antesala al comunismo o la sociedad comunista. Para lograr este objetivo todo espacio político era aprovechable, especialmente la lucha organizada de la clase trabajadora y los espacios parlamentarios que se pudieran obtener.

La izquierda costarricense históricamente así la podemos representar, en distintas etapas o momentos históricos, y desde distintos ángulos de análisis.

Así, durante el período liberal, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la izquierda se puede representar, en el plano político, en la figura de Félix Arcadio Montero, el último Rector de la Universidad de Santo Tomás, que hacia 1886, frente al movimiento liberal, que hacía que sus miembros se identificaran con el “partido liberal”, cuando aún no habían surgido los partidos políticos, impulsó un partido de obreros, trabajadores y artesanos, distinguiendo de esa manera los dos grandes grupos sociales, y políticos, de la sociedad costarricense, al tiempo en que ya se habían desarrollado, desde 1874, las Sociedades de Artesanos, Sociedades de Trabajadores y Sociedades de Obreros, que eran claramente clasistas en las cuales solo podían organizarse Artesanos, Trabajadores y Obreros, período en el que empezó a surgir con una intensa prensa social una clara “conciencia social de clase”.

A partir de 1890 cuando surgieron los partidos políticos, tal y como los conocemos hoy, y mediante los cuales solo por medio de ellos se podía aspirar a puestos de elección popular, Félix Arcadio Montero organizó el Partido Independiente Demócrata, con una definición más clasista, convocando a sus filas a los chaquetas, descamisados y descalzos, obligando a que los partidos oligárquicos de esos años crearan, bajo sus banderas, Clubes de Obreros, Clubes de Artesanos y Clubes de Trabajadores, con el propósito de atraer sus filas a los trabajadores, obreros y artesanos.

En ese final de siglo los trabajadores eligieron diputados que se identificaban con ellos en general. Así fueron electos Félix Arcadio Montero, Faustino Montes de Oca, ambos por el Partido Independiente Demócrata y Víctor Gólcher, por uno de los partidos liberales.

Su planteamiento político descansaba en que desde el Congreso se podían hacer leyes que beneficiaran a los trabajadores en general. No había una clara concepción de la toma del poder para la clase trabajadora. Su preocupación fue elegir diputados.

Esta tesis se conoce como la lucha política parlamentarista, donde se concentra toda la atención en el papel de los discursos parlamentarios promoviendo leyes o enfrentando posiciones, sin vincular esa acción legislativa a la lucha por el poder político para la clase o clases trabajadoras.

A principios del siglo XX surgieron las ligas de obreros y los sindicatos, tal y como los conocemos hoy. Huelgas se dieron en el siglo XIX y desde principios del siglo XX.

En la década de 1910 hubo diputados representantes de los trabajadores como Aristides Montero Segura, hijo de Félix Arcadio Montero. En 1905 se fundó la primera Federación de Trabajadores y, en 1913, la primera Confederación General de Trabajadores, impulsando niveles más altos de organización y de lucha. El Centro de Estudios Germinal, impulsado por Omar Dengo, Joaquín García Monge, Carmen Lyra, José María Zeledón Brenes fue clave en este fortalecimiento del movimiento obrero, que ese mismo año, 1913, empezó a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo, a la par de la celebración de la rendición de William Walker, que originaba el día feriado.

La sociedad costarricense se había transformado. Había un desarrollo urbano pujante y un desarrollo industrial que marcaba el inicio del capitalismo en el país, a la par de un capitalismo agrario en marcha con las inversiones extranjeras en banano especialmente. Era el inicio de la época del imperialismo y de la política del Gran Garrote de los Estados Unidos.

Para las elecciones de 1913 participaron tres partidos obreros, el partido Obrero en Limón, el partido Obrero en Grecia y el partido Obrero en San José. Estas tres ciudades concentraban importantes grupos de obreros y trabajadores, agrícolas e industriales.

Las ideas anarquistas, socialistas y comunistas habían llegado a Costa Rica desde finales del siglo XIX. Las socialcristianas también con la Encíclica Rerum Novarum. Hasta aquí no había un planteamiento local de la toma del poder para la clase trabajadora.

Fue el Dr. Aniceto Montero, quien había estudiado en Europa y se había ligado a la Asociación Internacional de Trabajadores, la II Internacional, y al movimiento político de los bolcheviques dirigido por Lenin, quien a partir de 1917 intenta fundar un partido Socialista leninista, impulsor de la lucha de clases sosteniendo que la clase obrera debía gobernar y dirigir el país, y propiciando como modelo de nueva democracia y más amplia la Dictadura del Proletariado. Aniceto fue el antecedente político más importante al Partido Comunista, que se funda en 1931.

En el período legislativo 1920-1924 uno de los fundadores del Centro Germinal, José María Zeledón fue diputado.

Durante esos años hasta la muerte de Lenin en 1924, impulsó las ideas comunistas y la idea de la Dictadura del Proletariado como un concepto de una democracia superior a la existente, en tanto representaba más ampliamente a la sociedad costarricense en todos sus trabajadores, mientras para él los gobiernos hasta entonces existentes era de grupos oligárquicos.

En esos días Farabundo Martí, que había pasado por Costa Rica, en 1919, funda el partido Comunista de Centro América, en 1920. La Revolución Rusa provocaba en Europa levantamientos populares en distintos países y regiones.

Frente al movimiento Socialista del Dr. Aniceto Montero surgió el Partido Reformista de Jorge Volio, que lo eligió diputado, junto a Julio Padilla, en la década de 1920 y con ellos se logró materializar la lucha de la Ley de Accidentes de Trabajo en 1925, que se venía luchando desde 1908. En 1922 Vicente Sáenz fundó un Partido llamado Progresista, y en 1935 el Partido Socialista Costarricense. Otras expresiones partidarias a finales de la década de 1920 fueron la sección costarricense del APRA, “Alianza Popular Revolucionarias Americana”, de Víctor Raúl Haya de la Torre. Igualmente importantes fueron la Confederación Obrera Centroamericana desde 1914, la Confederación Obrera Panamericana, en cuya fundación en 1919 estuvo Joaquín García Monge, representando al movimiento obrero costarricense. Se intentó fundar el Partido de Unión de Centro y Sur América y las Antillas, en 1927. En ese período había fuertes movimiento unionistas centroamericanos.

En el segundo lustro de la década de 1920, en los años de 1925 a 1930, se dieron diversos grupos y movimientos políticos de izquierda que no participaron en elecciones, hasta que en las elecciones de medio período, de 1930, se inscribió el Partido Alianza de Obreros, Campesinos e Intelectuales que impulsó sin éxito electoral la candidatura a diputado de Joaquín García Monge, la de Ricardo Moreno Cañas y la de Alejandro Montero Segura, hijo de Félix Arcadio, entre otras candidaturas.

En junio de 1931, en medio de la crisis de la gran depresión se fundó el Partido Comunista de Costa Rica que, a partir de ese año hasta 1948, pasó a representar a la clase trabajadora nacional y a hacerse abanderado de la lucha por el socialismo y comunismo en el país, con gran sentido de la realidad, entendiendo que eso no era posible hasta que en la mayoría de los países del mundo y en las sociedades avanzadas, como la de Estados Unidos, ese proceso no estuviera en marcha, lo que se ha llamado el “comunismo a la tica”, que impulsó el Partido Comunista de Costa Rica, con su principal líder Manuel Mora Valverde.

Su preocupación política fundamental, desde entonces fue, al igual que los partidos políticos que levantaron la representación popular, fue meramente parlamentarista, es decir llegar con diputados al Congreso o a la Asamblea Legislativa, para desde allí impulsar o contribuir a impulsar legislación social, y reformas sociales y políticas avanzadas para el Estado y a sociedad costarricense. Ir avanzando en un fuerte conciencia social y política. No hubo en términos reales una propuesta de toma del poder para la clase trabajadora, ni siquiera como lucha política, más allá de así declararlo en determinados documentos políticos.

El Partido Comunista se hizo heredero directo de las luchas obreras y sus organizaciones sociales, especialmente de la Unión General de Trabajadores, que le sirvió de base de crecimiento en el período de la Gran Depresión, 1931-1934 y hasta 1938.

A partir de 1934 hasta 1948 el Partido Comunista eligió sus diputados. En la elección de 1939 se constituyó en la segunda fuerza política electoral, con un 9% de votación a su favor. El éxito de su crecimiento, entre otros elementos estaba que alrededor de las luchas parlamentarias movilizaban sectores populares en su apoyo. Los años duros de la II Guerra Mundial facilitaron la alianza en el gobierno del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, del gobierno, la Iglesia Católica encabezada por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y el Partido Comunista, dirigido por Manuel Mora Valverde, alianza que condujo al cambio de nombre del Partido Comunista por Partido Vanguardia Popular y a la Coalición política Bloque de la Victoria, para las elecciones de 1944 entre estas fuerzas postulando a Teodoro Picado Michalski a la Presidencia de la República, sin que Vanguardia Popular tuviera un solo ministerio en su gabinete.

La izquierda socialista, así puesto, no ha tenido experiencia de ejercer gobierno. Ha tenido la experiencia de participar en procesos electorales, especialmente desde 1934 hasta 1948 y partir de 1970.

En el período de la Segunda República hasta 1975 el Partido Comunista, o Vanguardia Popular, estuvo formalmente ilegalizado, sin posibilidad de participar directamente en elecciones. En 1962 apoyó al Partido Acción Democrática Popular que eligió a Julio Suñol Leal. A partir de 1970 eligió a Manuel Mora Valverde y a Marcial Aguiluz Orellana, momento a partir del cual se crearon las condiciones para eliminar las restricciones constitucionales y legales que existían sobre su participación electoral. Para este momento, habían surgido en el país otras fuerzas políticas de izquierda, el Partido Revolucionario Auténtico, el Movimiento Revolucionario del Pueblo y el Partido Socialista Costarricense, que empezaron a participar en elecciones. En 1974 el Partido Socialista lanzó su consigna “¡El pueblo al poder! ¡Tiemblen ricos! Ese año bajo el liderazgo de Rodolfo Cerdas Cruz, un excomunista, se fundó el Frente Popular que lo llevó a la Asamblea Legislativa. Y en 1978 estas fuerzas se coaligaron con Vanguardia Popular en Pueblo Unido, llegando a elegir en 1982 a cuatro diputados. Pueblo Unido fue un esfuerzo muy importante de unidad política, que quiso ampliarse a sectores progresistas e independientes de la social democracia y el socialcristianismo.

Las elecciones, como mecanismo de participación popular, solo conducen a la toma del gobierno y a la representación parlamentaria y municipal. No estrictamente a la toma del poder político como palanca del poder estatal.

Ni siquiera en la alianza política de 1943 para impulsar y aprobar la Reforma Social de la Garantías Sociales y del Código de Trabajo, se logró que el Partido Comunista, ya llamado Vanguardia Popular, como resultado de esa alianza, obtuviera un Ministerio, en el final del gobierno de Calderón Guardia, 1943-1944, o en el de Teodoro Picado, 1944-1948, que resultó de la coalición Bloque de la Victoria, en 1944, ni siquiera para dirigir la Secretaría de Trabajo.

Cuando ha habido ministros de izquierda o de tradición comunista en el período posterior de 1948, como fue el Dr. Arnoldo Mora Rodríguez, quien había sido militante del Partido Socialista Costarricense, Ministro de Cultura del Gobierno de José María Figueres, 1994-1998, o de Patricia Mora Castellanos, militante de Vanguardia Popular, de Fuerza Democrática y del Frente Amplio, que fue Ministra de la Mujer, en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022, ninguno de ellos resultó de una alianza política de sus Partidos con los partidos gobernantes, Liberación Nacional o Acción Ciudadana. Fueron escogidos literalmente a dedo, por méritos personales o reconocimientos políticos pero no por pactos o alianzas estratégicas de los partidos políticos. Fueron circunstancias particulares que los llevaron a esas alturas del poder políticos expresado en el Gobierno. Arnoldo Mora fue ministro los cuatro años de gobierno. Patricia Mora ministra casi tres años de gobierno porque renunció al mismo con motivo de las reformas retrógradas que impulsaba el gobierno de Carlos Alvarado, con las cuales no estaba de acuerdo.

Los partidos de izquierda, el Socialista Costarricense había sufrido una crisis divisoria a finales de la década de 1970 que se agudizó a inicios de la década de 1980, provocando su desaparición. El Movimiento Revolucionario del Pueblo igualmente desapareció en esta década. El Partido Vanguardia Popular tuvo su dramática crisis divisoria a mediados de la década de 1980, divisiones que afectaron a todos los movimientos sociales y sindicales del país, provocando en mucho su debilitamiento actual.

Las grandes luchas populares de 1970, contra la ALCOA, contra el Combo del ICE en el año 2000 o contra el TLC, en el 2006 y 2007 tuvieron otros resortes, que contribuyeron a las grandes movilizaciones, que a su alrededor se realizaron. En las tres luchas había diputados activos que se convertían en los elementos aglutinadores de las movilizaciones populares que se hacían a favor de las luchas que ellos daban en la Asamblea Legislativa. Ese fue un factor determinante. Había movimientos estudiantiles activos, que se movilizaban políticamente desde la izquierda. Había sindicatos con importante influencia de la izquierda que también se movilizaron. Hoy, por ejemplo, los sindicatos del ICE, de la CCSS, del INS, del BPDC, del sector bancario y de las instituciones públicas casi no se sienten frente a las amenazas que existen contra esas instituciones y contra sus sectores laborales, por los despidos que se están realizando. Los sindicatos magisteriales han perdido mucho su capacidad de combate, ni siquiera en defensa de su sistema de pensiones. Los sindicatos no se sienten frente al congelamiento de salarios de casi cinco años que existe proyectado para los próximos cuatro años. Ninguna lucha social, después de TLC, se ha realizado apoyando gestión legislativa alguna.

Electoralmente ha habido un ciclo de subibajas parlamentarias, especialmente con la participación del Frente Amplio desde el 2006, sin que alrededor de sus diputados igualmente se haya hecho alguna movilización popular trascendente. El Partido Acción Ciudadana tampoco sirvió para fortalecer parlamentariamente luchas o movilizaciones. Su segundo gobierno fue un retroceso institucional en el país. Los diputados de estos partidos en estos años poca memoria afirmaron en el colectivo social. Los actuales diputados del Frente Amplio se distinguen como parlamentarios, pero sin arraigo fuera del recinto parlamentario. Con simpatías políticas sobre su ejercicio parlamentario, pero sin luchas alrededor de las cuales se les aglutinen sectores movilizados. Los grupos de orientación trotskista se mantienen activos, pero alejados de la organización y las luchas populares, con un visión de poder político sin ningún planteamiento real y posible de alianzas con otros grupos.

Frente a la elecciones próximas, las de febrero del próximo año, la militancia histórica de lo que fue la izquierda carece de una alternativa política real y posible. Hay discusiones de exmilitantes de aquellos partidos en que se plantean la posibilidad, que ya no existe, de formar un partido político. El escenario electoral ya está marcado. No hay posibilidad alguna de impulsar la inscripción de otro partido. Todavía no se ha señalado por el Tribunal Supremo de Elecciones cuáles son en definitiva los partidos inscritos. Parte de esta izquierda, sin militancia partidaria, discute si votar por el Frente Amplio o por el esfuerzo que está haciendo Acción Ciudadana de lanzar candidata presidencial. Con grandes dudas se realiza este debate y sin precisión de candidatos.

¿Frente a las elecciones próximas qué es lo que se está jugando? Esta es la pregunta principal. ¿La posibilidad de que el gobierno de Rodrigo Chaves Robles continúe con otro candidato y otro partido político? Este es el principal reto político nacional que existe. Esta es la realidad que no se está apreciando bien por esta izquierda política.

Frente a este peligro real el escenario que se está levantado es con los candidatos Álvaro Ramos de Liberación Nacional, de Claudio Alpízar de Esperanza Nacional, de Juan Carlos Hidalgo de la Unidad Social Cristiana, de Eli Feinzaig del Liberal Progresista, de Fabricio Alvarado de Nueva República. Por ahora no hay otros candidatos ni otras alternativas políticas, que permitan ir viendo hacia dónde van las procesiones de febrero.

Frente a las elecciones de febrero se juega la democracia política, la democracia institucional, el Estado de Derecho y la división de poderes, el Estado Social de Derecho, las Garantías Sociales a las que les quieren aplicar la guillotina, la jornada de trabajo 4-3, los sistemas de pensiones, el aumento de la edad de retiro para pensionarse, el traslado del pago del ROP hasta la edad de 115 años lo cual es un absurdo y un sin sentido, el debilitamiento mayor de la educación y salud pública, el aumento del desempleo, del trabajo informal, de los bajos salarios, el mayor incremento de la criminalidad, del narco estado y del narco gobierno de continuar el actual. Se juega la Soberanía Nacional, la Independencia Nacional y el régimen de libertades y derechos de los costarricenses. Esta es la realidad.

Frente a las elecciones de febrero próximo ya no hay posibilidad de realizar coaliciones políticas electorales. Todos los partidos van por la libre. Todos los ciudadanos “al garete”, a la deriva, sin control ni orientación política, lo que conduce a fortalecer el caos y desorden de la proyección posible del actual gobierno.

Recordemos que en Costa Rica no se puede reelegir un presidente. El presidente Chaves no se puede reelegir. Pero sí se puede reelegir un partido político. Se han reelecto los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana. En el ambiente político actual bien puede elegirse el candidato al que el presidente Rodrigo Chaves le dé el visto bueno y lo apoye para su elección. Esta es una realidad. No hay que engañarse, ni hacer la del avestruz.

Rodrigo Chaves, que había quedado de segundo en las elecciones de febrero del 2022, ganó porque electorado no votó por Liberación Nacional y especialmente por José María Figueres. Apostaron a una nueva cara y a un discurso que se ha afirmado más en la gestión de gobierno de Rodrigo Chaves, que es el discurso antisistema, anti todos los partidos políticos, anti todos los políticos, anti todos los que ha gobernado, anti todos los diputados actuales exceptuando a los que apoyan el presidente Chaves, el discurso de hacerse ver como el presidente de todos los costarricenses, de todos los trabajadores, de todos los excluidos y marginados socialmente, que todas esas fuerzas no lo dejan gobernar. Este discurso en Chaves sigue siendo válido. Lo recoge en cierta forma la simpatía y reconocimiento que tiene en las encuestas, que sus opositores, líderes y partidos no quieren ver bien ni analizar correctamente.

¿Y si como puede suceder Rodrigo Chaves se lanza a diputado en agosto? El escenario político va a cambiar. La lucha por las diputaciones va a ser lo más importante. Rodrigo Chaves candidato a diputado va a tener su propia fuerza. El partido que lo postule va a sacar sus diputados, no los 40 que Chaves dice que deben nombrarse nuevos, pero sí una importante mayoría. El partido que postule a Chaves tendrá igualmente mayor posibilidad de ir a finales en caso de una segunda ronda.

La izquierda debe recordar que en determinados escenarios hay que tomar decisiones importantes. Sin alternativa electoral, el partido Vanguardia Popular, en 1958 llamó a votar por Mario Echandi, bajo el concepto de “la oposición triunfará”, y en 1966 llamó a votar por Daniel Oduber de Liberación Nacional, que los había puesto fuera de la Ley y que en el gobierno de Francisco Orlich ilegalizó el Semanario Adelante.

El gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, apoyado por Liberación Nacional y José Figueres, nombraron a Manuel Mora Agente Comercial de Costa Rica para vender café y azúcar en los países socialistas, ante la crisis que tenía el país, lo que facilitó a pesar de la ilegalidad electoral al Bloque de Obreros en 1969, de la participación electoral del Partido Acción Socialista en 1970 que eligió a Manuel Mora y a Marcial Aguiluz, y la apertura de relaciones diplomáticas en el gobierno de Figueres, 1970-1974, con los países socialistas. Esta es la realidad política.

El partido Liberación Nacional especialmente tenía en su seno “sectores” de izquierda, progresistas y democráticos. También los había en otros partidos, así como había “independientes” de izquierda. Hoy estos “sectores” de izquierda no se tienen con claridad en esos partidos. ¿Pero los hay todavía democráticos? Esa es una lucha que no se da abiertamente en esos partidos. Pareciera que predominan los sectores conservadores y de la derecha política, alineados con la situación internacional dominante. La “izquierda” hoy es más variada y poco definida.

Para mí, la lucha electoral del 2026, de los próximos diez meses, estará centrada en la necesidad de preservar el desarrollo democrático nacional e institucional y los derechos sociales y laborales. Esta es la clave para definir el rumbo para ir a votar.

¿Un buen partido o un buen candidato?

Foto: Gerardo Iglesias

Justicia social: una necesidad urgente y tangible

Frank Ulloa Royo*

Por una sociedad justa, primero los olvidados”. Este es el principio que nos recuerda que una sociedad no puede prosperar mientras existan sectores marginados, excluidos de los derechos y oportunidades que deberían ser universales. Por ello requerimos partidos que luchen por la justicia social.

En Costa Rica, pionero en la construcción de un Estado social en la región, la lucha por la justicia social debe renovarse con fuerza, especialmente en un contexto donde las desigualdades persisten y nuevas amenazas emergen.

Pero, ¿acaso podemos encontrar un partido político verdaderamente comprometido con la justicia social? Si lo hiciéramos, ojalá fuese más que una estructura electoral; ojalá fuera un partido capaz de convertirse en un amplificador para las voces de los excluidos.

Las ruedas de la historia

Los movimientos sociales, que históricamente han sido el motor de las grandes transformaciones, deben ocupar un lugar central en ese proyecto. Desde los sindicatos que en 1942 lucharon por las garantías sociales, hasta las organizaciones comunitarias que hoy defienden el acceso a la salud, la educación y el medio ambiente, estas voces representan hoy la esencia de la justicia social.

Incorporarlas no es solo un acto de inclusión, sino una estrategia para construir políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la población.

En el próximo proceso electoral es imperativo que estas voces olvidadas tengan un espacio propio, esto es, un partido en el cual la justicia social ocupe un lugar central en sus propuestas, que sea el puente entre los movimientos sociales y el poder político, articulando demandas históricas y contemporáneas.

La seguridad social, la educación gratuita y de calidad, el trabajo digno y la convivencia pacífica no son solo derechos, sino ejes fundamentales para construir una sociedad más equitativa.

Además, ese partido debería señalar nuevas demandas como la equidad de género, la sostenibilidad ambiental y la inclusión de comunidades históricamente marginadas, como los pueblos indígenas y las personas migrantes.

La justicia social no es un destino, sino un camino

Es una búsqueda constante que requiere organización, compromiso y valentía. “Por una sociedad justa, primero los olvidados” no es solo un lema, es un llamado a la acción, es una invitación a construir un país donde nadie quede atrás, donde cada persona tenga la oportunidad de vivir con dignidad y donde la solidaridad sea el principio rector de nuestras decisiones colectivas.

La lucha continúa, y es nuestra responsabilidad mantenerla viva. No perdamos la esperanza a pesar de los nubarrones de este verano.

Para enfrentar la nueva demagogia no basta un buen candidato o una persona decente, se requiere de un movimiento social transformador que impulse la justicia social en una nueva alianza nacional por la vida.

*Fuente: Rel UITA.

La postguerra civil del 48 no fue un lecho de rosas

Por Juan Félix Montero Aguilar*

Dice Adriano Corrales Arias en su artículo “Costa Rica al borde del autoritarismo” publicado en la revista SURCOS que Costa Rica, después de la Guerra Civil del 48 “resolvió los conflictos acumulados de la crisis general del capitalismo durante la primera mitad de ese siglo, con una concertación nacional”.

Agrega Corrales Arias que “aquel pacto social inédito –la oligarquía, los sindicatos, la burguesía nacional, el partido comunista, la iglesia católica, sectores medios emergentes, se habían sentado a la mesa– representado por la Asamblea constituyente de 1949 que consiguió redactar una Constitución Política visionaria, amplia y robusta, la cual tuteló las grandes reformas y nacionalizaciones”.

Yo por lo menos tenía o tengo conocimiento de otra Costa Rica no tan idílica después de los hechos bélicos de 1948 del siglo pasado.

No voy a referirme a acontecimientos harto conocidos como los mártires del Codo del Diablo, el encarcelamiento de los principales dirigentes del PVP (Luis Carballo, Carlos Luis Fallas, Arnoldo Ferreto, etc.), la persecución de la labor de excombatientes, el exilio de Carmen Lyra y Manuel Mora.

Me referiré solamente a un episodio que tiene que ver con las afirmaciones de Adriano sobre la Asamblea Nacional Constituyente aprobada en noviembre de 1949.

Agradezco al historiador Gerardo Contreras, mi coterráneo de Alajuela y Turrialba, quien hace años con mucha paciencia me explicó estos acontecimientos.

Lo cierto del caso es que a esa constituyente no les fue permitido participar a los partidos que salieron derrotados en la guerra civil, así como tampoco a los sindicatos de la CTCR que fueron puestos fuera de ley.

Sin embargo, pese a todos los obstáculos, dicha constitución pudo llevar su sello gracias a terceros que fueron constituyentes, uno de ellos Celso Gamboa Rodríguez (Partido Constitucional), a quienes los dirigentes del Partido Comunista en la clandestinidad recurrieron para que en ella quedaran plasmadas las garantías sociales y el Código de Trabajo entre otras.

No fue sin embargo posible evitar que en dicha Constitución se incorporara el párrafo ll del artículo 98, mediante el cual mantuvieron fuera de ley, sin poder participar en elecciones a los militantes y simpatizantes del Partido Vanguardia Popular durante veintisiete años.

Después del 48 se abrió uno de los capítulos más oscuros de la historia patria, donde fueron conculcadas libertades individuales y colectivas y las organizaciones sociales y los partidos de izquierda se enfrentaron a un reto: luchar por recuperar la democracia.

Ni siquiera en procesos tan cruentos como lo fueron las guerras civiles de El Salvador, Guatemala o Nicaragua, la oposición beligerante fue sometida a tanta discriminación y represión como lo fue el partido comunista y los movimientos sociales que participaron en la lucha armada en Costa Rica.

Durante los años setenta del siglo pasado, el Partido Vanguardia Popular desplegó una intensa campaña dirigida a los sectores democráticos del país en la cual se recogieron miles de firmas y gestiones a nivel parlamentario lo que permitió recuperar la democracia en Costa Rica, entendida esta como el derecho de todos los ciudadanos a elegir y ser electos en los poderes del Estado.

*Juan Félix Montero Aguilar es profesor pensionado.

Directorio Nacional de la ATTBPDC celebra la aprobación de construcción del Hospital de Cartago

22 de mayo 2024 es un día histórico para nuestro país, para nuestra seguridad social y nuestra democracia, la construcción del nuevo Hospital de Cartago se aprobó por la mayoría de los miembros de Junta Directiva de la CCSS.

Este gran logro, no es un hecho fortuito o aislado, es el resultado de la articulación de actores y liderazgos de diversos sectores, que han sabido anteponer el bienestar común, por encima de agendas que nos dividen o dispersan.

Hoy más que nunca se demuestra que el diálogo social es la ruta que tenemos para construir y hacer un verdadero contrapeso político, para defender nuestra democracia y la institucionalidad a favor de las personas.

¡Que viva la CCSS y nuestras Garantías Sociales!

Lenin Hernández Navas.

Directorio Nacional ATTBPDC

Día histórico para la seguridad social

Por Lenin Hernández Navas. Secretario general de SINAE Afines y presidente del Directorio de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Hoy es un día histórico para nuestro país, para nuestra Seguridad Social y nuestra Democracia, la construcción del nuevo Hospital de Cartago se aprobó por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva de la CCSS.

Este gran logro, no es un hecho fortuito o aislado, es el resultado de la articulación de actores y liderazgos de diversos sectores, que han sabido anteponer el bienestar común, por encima de agendas que nos dividen o dispersan.

Hoy más que nunca se demuestra que el Diálogo Social es la ruta que tenemos para construir y hacer un verdadero contrapeso político, para defender nuestra Democracia y la Institucionalidad a favor de las personas.

¡Que viva la CCSS y nuestras Garantías Sociales!

1° de mayo 2024

Vivian Rodríguez Araya

Por:
Licda. Vivian Rodríguez Araya
Directorio Nacional
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras
Banco Popular y Desarrollo Comunal

1° de mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras, día en el cual conmemoramos importantes triunfos, gracias a luchas históricas que dieron origen a grandes conquistas laborales y día en que movilizamos una importante masa de personas trabajadoras que alzan su vos por la reivindicación y dignificación de la fuerza trabajadora de todo el mundo.

Según el Organismo Internacional del trabajo (OIT) desde el año 2022, los salarios reales mundiales cayeron en un 0,9%, esa caída de ingresos reales es principalmente difícil para los hogares más necesitados, representando un latente riesgo de caer en pobreza y en inseguridad alimentaria, agregando el aumento de empleo informal que abre pie a condiciones precarias y sin derechos.

Es necesario y urgente accionar y reconquistar las luchas por la protección laboral, en donde se incluya un digno y justo salario para todas las personas trabajadoras, así también dignificar las condiciones y los roles laborales que demandan un esfuerzo, dedicación y esmero ejercida por toda la clase trabajadora de un país, que se refleja en resultados de sostenibilidad económica, política y social de una nación.

Trabajadoras y trabajadores levantemos esa fuerza laboral que nos caracteriza al emprender nuestras ocupaciones laborales para conquistar la Justicia Social que promueva la protección de nuestras familias, de las juventudes, de la niñez y de la población en general, esa justicia social que comprende desde la educación, la salud, empleo digno para todos, seguridad ciudadana, entre otros más.

Ante la actual coyuntura política de nuestro país, es muy significativo e imperativo activar la lucha por la protección de las garantías sociales y buscar el diálogo político y social hacia el fortalecimiento de nuestro sistema social y productivo, que permita encontrar soluciones sostenibles, contribuyendo a que todas las personas seamos más prósperas.

Costarricenses, hombres y mujeres de Costa Rica defendamos y construyamos con coraje y sacrificio el resguardo de nuestros derechos, y hoy el más fundamental y sagrado de ellos, el derecho al trabajo decente, como la más auténtica retribución hacia un impulso del progreso humano.

Enviado a SURCOS por la autora.

Los Tribunales de Probidad y de Sanciones Inmediatas

Lenin Chacón Vargas*

Los Tribunales de Probidad y los Tribunales de Sanciones Inmediatas se crearon por decretos en mayo de 1948 y se disolvieron por decreto en noviembre de 1949.

Se crearon y funcionaron durante la postguerra de odios exacerbados, espíritu de venganza y ambiente de violencia política, a la sombra de un gobierno de facto que gobernó como dictadura.

Entre las obras de la historiadora, profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica, Claudia Quirós Vargas, me interesa destacar su libro “Los Tribunales de Probidad y de Sanciones Inmediatas”, de la Editorial Costa Rica. En esta obra de historia política, jurídica y social Quirós Vargas nos habla de causas y objetivos de la creación de estos Tribunales, los mecanismos y procedimientos legales aplicados, personas sobre las que tuvieron jurisdicción, resultados de los juicios seguidos, las sanciones decretadas y los beneficios aportados a los ciudadanos y al Estado.

Según la autora, “este Tribunal va a tener su proyección en el campo de la estrategia política, porque coadyuvará a la realización de dos objetivos, el primero, asegurar la estabilidad de la Junta de Gobierno; el segundo, decidir la inmediata proscripción del Partido Comunista”. pag.17.

Partiendo de esos dos objetivos que señala la historiadora, me permito hacer la siguiente reflexión.

Con la sublevación sediciosa de Figueristas y Ulatistas José Figueres da el Golpe de Estado al presidente Constitucional Lic. Teodoro Quirós y se instala como presidente de facto. Quien había prometido “libertad electoral y rescate de la democracia” para justificar su levantamiento armado, ahora en el poder incumple los pactos, crea los Tribunales y promulga los decretos para la represión, encarcelamiento y exilio contra quienes habían pactado con él la finalización de la Guerra Civil de 1948. ¡Olvidó sus consignas libertarias!

¿Ironía del destino de José Figueres, acompañada de sarcasmo? Hay que leer su libro “El Espíritu del 48”, para entender los intereses bélicos, políticos, los métodos de terror, campañas de miedo y falacias utilizados desde 1942 a 1949 y en la posguerra las tergiversaciones de acontecimientos históricos y de los beneficios obtenidos para la Patria y los trabajadores con la revolución social entre 1940 y 1948.

El decreto 105 de junio de 1948, ilegaliza al Partido Vanguardia Popular y más de 150 sindicatos. En ese proceso de ilegalización y disolución de sindicatos y la Confederación de Trabajadores de Cosa Rica, participa activamente el Presbítero Benjamín Núñez que era ministro de Trabajo, el mismo que por mandato de su General José Figueres Ferrer, firmó el pliego de Garantías del Ejército de Liberación Nacional al Partido Vanguardia Popular para el desarme y poner fin a la Guerra Civil. Pliego que fue entregado a Manuel Mora Valverde en la Embajada de México el 19 de abril de 1948.

Con esos decretos y esos Tribunales se inaugura un largo periodo de persecución política y mutilación de las libertades públicas republicanas, de las propias garantías sociales constitucionales, negando a miles de costarricenses el derecho al sufragio, la libertad política electoral, la libertad de prensa, de pensamiento, de reunión y de organización sindical y política, el derecho a huelga y la convención colectiva, se promueve el exilio de Manuel Mora Valverde y Carmen Lyra, el encarcelamiento y exilio de militantes del Partido Vanguardia Popular.

La historiadora Claudia Quirós en su libro nos dice: “Mi interés en este tema se fundamenta en que este, como otros tópicos relevantes del periodo no ha sido investigado. Considero que es aquí donde radica la importancia de mi trabajo que, por supuesto no pretende agotar ni decir la última palabra al respecto, mi objetivo primordial es motivar a otros investigadores a que profundicen en este tema, y no dudo contribuirá a dilucidar la Historia contemporánea de nuestro país”.

Creo que mucho se ha avanzado con los nuevos historiadores e investigadores en lo que va de este siglo y aún falta mucho por hacer.

Algunos juristas costarricenses, por ejemplo, el Lic. Vargas Fernández, en el debate sobre estos Tribunales argumentó que eran: “un gran error del Gobierno, que representan un regreso a la Edad Media”.

Para el Lic. Fernando Guier Esquivel … se asemejan a organismos de la “Santa Inquisición”.

El Lic. Celso Gamboa, diputado de la Constituyente, expresó: “Ya en la práctica había llegado al convencimiento de que se procedía tan solo animados por odios y venganzas; que los asuntos se resolvían a base de pasión, de intrigas, de mezquinos recursos”.

No hay duda de que esos Tribunales y los objetivos señalados dieron pie para legalizar la persecución y la violencia política, extender las prácticas arbitrarias y provocar crímenes políticos, como el Crimen del Codo del Diablo, donde fueron asesinados Tobías Vaglio, Lucio Ibarra, Federico Picado, Octavio Sáenz, además de un nicaragüense de apellido Sotomayor, y Don Carlos Aguilar.

El crimen cometido contra Horacio Montiel, Edwin Vaglio, Mónico Hernández, presos en la Penitenciaría Central por decisión de esos Tribunales, sacados y llevados hasta el lugar conocido como La Cangreja, donde fueron cruelmente asesinados los tres militantes comunistas.

Me parece importante transcribir un párrafo que se lee en la contraportada, en el que dice la autora: “Reconocemos con profundo desengaño que la corrupción administrativa no es nueva en nuestro país, y lo que más desalienta es saber que el Tribunal de Probidad más bien fue otro instrumento de corrupción, dado que por su medio se enriquecieron otros sectores de la sociedad. Y que por tal razón este Tribunal no tuvo trascendencia ni proyección histórica. De lo contrario, cómo explicarnos la persistencia del peculado, la malversación de fondos, las estafas, el soborno, la extorsión, el contrabando etc. de las administraciones posteriores a 1948 y tan en boga en el presente”.

En la página 9 la autora dice “A la memoria de Carlos Luis Fallas, (Calufa) el líder popular que en los momentos más adversos mantuvo su honestidad y supo ser fiel a sus ideales”. Un emotivo reconocimiento al líder que los Tribunales llevaron a la cárcel por haber robado unas gallinas para alimentar a su tropa.

Vale recordar que ningún comunista fue encontrado culpable de corrupción ni actos criminales. La Historia más bien reconoce a Carlos Luis Fallas por evitar el fusilamiento de algunos alzados detenidos en la guerra y destaca haber salvado la vida del señor Fernando Ortuño Sobrado soldado en las filas figueristas durante la guerra civil

Creo que hoy se puede afirmar que el juicio de la Historia reivindica a los políticos y militantes ilegalizados, perseguidos, a los clandestinos y clandestinas, entre 1948 y 1970 y terminaron absueltos.

Por el contrario, la Historia nos enseña que lo que se llama “Junta Fundadora de la II República” o “Gobierno de facto que gobernó como dictadura”, y sus integrantes y subordinados, actúo con violencia política contra sus adversarios y les negó las libertades que prometían defender.

No hablo de sentencias o declaraciones de culpabilidad, hablo del reconocimiento histórico justo a la probidad de los comunistas, entiéndase: honradez, integridad y rectitud en el actuar.

Debe reconocerse la reivindicación de daños morales y perjuicios a quienes fueron perseguidos y encarcelados sin existir delito, lo que enaltece aún más la limpia trayectoria histórica de los comunistas.

Una vez estando preso por razones políticas en Parrita, en marzo de 1964 recibí de mi Padre un telegrama, que dice, «prisión, cuando no hay delito enaltece al hombre, junto con ustedes me siento orgulloso, abogados en acción» días después los cinco detenidos fuimos absueltos. Los carceleros eran excombatientes Figueristas.

Para terminar, quiero conmemorar a todas y todos los que alguna o muchas veces estuvieron en prisión en el periodo de los Tribunales de Sanciones Inmediatas y en los tiempos de la posguerra sin causa penal, que los días o meses de cárcel los enaltezca, debemos sentir orgullo de la vida militante.

A seguir caminando, viendo en el horizonte la utopía.

¡Por memoria, por verdad y por justicia, nunca olvidar!

*Militante comunista 1961 1991, en el presente militante sin Partido.

12 de abril de 2024.

Si no profundizamos y mejoramos el Código de Trabajo, en todo su significado, perderá el sentido histórico de su promulgación – Exposición de Vladimir de la Cruz

Intervención de Vladimir de la Cruz, en el acto conmemorativo al Significado Histórico de la Promulgación del Código de Trabajo en su 80 aniversario, realizado en el Auditorio Miguel Blanco Quirós, del OIJ, organizado por Asociación Costarricense de Derecho del Trabajo, el Poder Judicial, la Escuela de Derecho de la Universidad de Costa Rica y la Organización Internacional del Trabajo, el lunes 30 de octubre del 2023, con la participación del Dr. Fernando Bolaños Céspedes y el moderador Dr. Adrián Calderón.

Este año recordamos el 95 aniversario de creación de la Secretaría de Trabajo y el 80 aniversario de la aprobación del Capítulo de las Garantías Sociales en la Constitución Política de 1871, heredado a la Constitución Política actual, de 1949. Igualmente, el 80 aniversario de la promulgación del Código de Trabajo, y con éste el 80 aniversario de la Jurisdicción Laboral especial. Las Garantías Sociales y el Código de Trabajo ambos aprobados en 1943.

La promulgación del Código de Trabajo fue el resultado de un largo proceso de aprobación de leyes, que atendían aspectos laborales, que se venía haciendo en el país, por la lucha organizada de los trabajadores, y por iniciativa de hombres visionarios, dentro del Congreso de la República, y por presidentes de la República, que compartieron con su ratificación constitucional esas normas y leyes.

Desde la década de 1920 empezó a pensarse en una legislación más integral, más unitaria, y no la legislación particular que se venía aprobando. Ya habían empezado a aparecer en el continente Códigos Laborales.

El elemento clave de la aprobación de las Garantías Sociales y del Código de Trabajo fue la voluntad política, que se manifestó, en el contexto de la crisis internacional de la II Guerra Mundial, que afectaba violentamente al país, en el acuerdo logrado por el Gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, la Iglesia Católica con su Arzobispo Víctor Manuel Sanabria Martínez y el Partido Comunista de Costa Rida, dirigido por su Secretario General, Manuel Mora Valverde, partido que resultado de ese acuerdo cambia de nombre a Vanguardia Popular.

No era suficiente el pacto político de estas tres fuerzas. En ello presionó la lucha social y el movimiento de lucha de los trabajadores campesinos y urbanos, que ese año de 1943 llevaron a cabo una gran cantidad de huelgas.

Las luchas y huelgas anteriores a 1931 fueron dirigidas principalmente por las organizaciones sindicales existentes de esos años, por los sindicatos independientes o sus organizaciones unitarias, federaciones y confederaciones, a pesar de la existencia de partidos políticos obreros que ya existían. Las primeras federaciones empezaron en 1905. En 1913 surgió la Confederación General de Trabajadores, también organizadora del primer Primero de mayo como día internacional de los trabajadores, que desde entonces se organiza. En 1923 esta confederación dio su apoyo al Partido Reformista, disolviéndose y dando paso a la Confederación Obrera Nacional, que llegó hasta 1928, cuando al inicio de la crisis mundial se disolvió dando origen a la Unión General de Trabajadores, que en esos días se constituyó en la base social del naciente Partido Comunista de Costa Rica.

Así, desde 1931 hasta 1943 fueron dirigidas principalmente por el Partido Comunista de Costa Rica por medio de la Unión General de Trabajadores, hasta 1938. Este año, por el trabajo organizativo campesino que hacía el Partido Comunista, esta central de trabajadores fue dividida en dos, la Unión Nacional Campesina y el Comité Sindical de Enlace, que existieron entre 1938 y 1942, cuando, de nuevo, estas organizaciones se fusionaron en el Comité Nacional Sindical de Enlace, que en 1943 cambió de nombre por Confederación de Trabajadores de Costa Rica, al mismo tiempo que la Iglesia Católica, resultado de la alianza, y por iniciativa propia, impulsó una nueva central sindical nacional, la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum. Monseñor Víctor Manuel Sanabria había enviado a especializarse a los sacerdotes hermanos Benjamín y Santiago Núñez Vargas, en el campo sindical y cooperativo, para impulsar una nueva central sindical y para actuar en el seno de los campesinos y productores agrícolas que lo influía y tenía organizados el Partido Comunista.

En cuanto a las luchas sociales y de trabajadores, desde 1900 hasta 1943 se produjeron 242 huelgas. De todas estas huelgas en los períodos de 1920 hasta 1929 se dieron 59 huelgas; entre 1930 y 1939 se produjeron 65 huelgas, y solo en los 3 años comprendidos desde 1940 hasta 1943, años inmediatos a la promulgación de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, se realizaron 50 huelgas.

De todas las huelgas habidas entre 1910 y 1943, el año de 1943 fue el segundo con más cantidad de huelgas, con 25, ganándole el de 1920, año que se aprobó la jornada de trabajo de ocho horas diarias, que fue resultado de un intenso movimiento huelguístico, con 32 huelgas, durante todo ese año.

De importancia histórica similar, a las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, fueron la creación de la Universidad de Costa Rica, en 1940 y el establecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, en 1941.

Con la reforma de las Garantías Sociales de 1943 se elevó a rango constitucional la existencia del régimen de seguros sociales, cuyo antecedente constitucional estaba en el Art- 10 de la Constitución Política de 1917.

Con la legislación laboral aprobada estaba naciendo en el país el Derecho del Trabajo, como un campo especializado del Derecho en general, como un conjunto de normas y principios que empezaban a ser de carácter obligatorio con el objetivo principal de la defensa y protección de las clases asalariadas de la sociedad costarricense.

Como manifestación del Derecho era realista, considerado un derecho de clase, de clase social, de la clase trabajadora, de su protección; surgía como un Derecho que reconocía la desigualdad real y existente, que sigue siéndolo, hoy de manera más aguda, de los trabajadores frente a sus empleadores; surgió como un Derecho imperativo e irrenunciable, de orden público. Por su naturaleza es un Derecho profundamente democrático.

En esta legislación se recogía, de diversas formas, toda la tradición hasta ese momento de luchas sociales, por el mejoramiento social y económico de los trabajadores, y toda la tradición de lucha política orientada para obtener leyes protectoras del trabajador.

El Código de Trabajo en cierta forma reglamentó las Garantías Sociales, sin lo cual aquellas no serían más que simple literatura.

Las limitaciones que esta legislación laboral y social tuvo al nacer fueron naturales de ese momento. Lo importante era aprobar esa legislación sabiendo que hacia el futuro se mejoraría y profundizaría, resultado de las luchas sociales de los movimientos obreros organizados o de las luchas políticas que se llevaran a cabo, con la intención de perfeccionarla.

La aprobación del Código de Trabajo llenó el vacío de su ausencia en la legislación ordinaria costarricense. El Código de Trabajo independizó la materia laboral. El surgimiento del Código inició la regulación de las relaciones entre trabajadores y empresarios, y de ambos con el Estado en cuanto a la protección y tutela del trabajo.

Fue en 1943 un Derecho nuevo. El Código Civil de 1888 que regulaba en algunos aspectos la materia laboral estaba superado por la vida laboral empresarial, y por el desarrollo de los mismos trabajadores como masa organizada, por los nuevos procesos de producción de aquellos años, por los niveles de organización social y política de los trabajadores, y por sus luchas que habían ido provocando diversos beneficios, reconocimientos laborales, sociales y económicos.

De los tres principios básicos de la legislación laboral, el principio pro operario, o protección reconocida en favor del trabajador, considerada la parte más débil de la relación trabajo; el principio de condición más beneficiosa y el principio de irrenunciabilidad, siguen existiendo, pero debilitados desde la misma administración de justicia, especialmente cuando se le dio, después de la Guerra Civil de 1948, una inversa interpretación al fondo del artículo 17 del Código de Trabajo, y por la extensión resolutoria los procesos laborales con el perjuicio directo a los trabajadores.

En este acto conmemorativo recordemos la Comisión Redactora del Código de Trabajo que fue creada por el Decreto Nº 5 del 12 de mayo de 1942. Se integró por el secretario en los despachos de Trabajo y Previsión Social y por los siguientes miembros: Lic. Alberto Durán Roche, Dr. Guillermo Padilla Castro, Lic. Héctor Beeche Luján, Lic. Oscar Barahona Streber, Lic. Eugenio Jiménez Sancho y Máximo Quesada Picado.

La Comisión Redactora del Código de Trabajo tenía la obligación de sistematizar las leyes existentes y dispersas y regular los diversos aspectos de la relación trabajo. la Comisión Redactora del Código de Trabajo

El resultado de la Comisión Redactora del Código de Trabajo, el Proyecto de Ley del Código de Trabajo, el Dr. Calderón Guardia lo envió al Congreso el 12 de abril de 1943. En el Congreso el Proyecto lo conoció una Comisión Especial que rindió dictamen favorable por unanimidad. Esta Comisión estaba integrada por los diputados José Albertazzi Avendaño, Francisco Fonseca Chamier, C. L. Jiménez P., Rodrigo Sancho R. y Manuel Monge A.

El Código tuvo su primer debate el 17 de agosto para lo cual el presidente de la República se dirigió al Congreso solicitando hacer patria viva para todos y no para unos cuantos. Se aprobó el 23 de agosto de ese mismo año poniéndosele el ejecútese del Poder Ejecutivo el 27 de agosto y entrando en vigencia el 15 de setiembre, en conmemoración de la Independencia nacional, por lo que a dicho día de 1943, se le llamó para celebrar la promulgación del Código, Día de la Segunda Independencia. La fecha del 27 de agosto no fue casual. Fue un acto generoso del Dr. Calderón Guardia con Manuel Mora por cuanto ese día era su cumpleaños, y lo hizo, así como reconocimiento a las luchas obreras y populares que el Partido Comunista y Manuel Mora habían realizado con este propósito. El Dr. Calderón Guardia y Manuel Mora habían sido electos diputados desde 1934, período que les permitió desarrollar una fuerte amistad y respeto mutuo. Con Manuel Mora fue electo Efraín Jiménez guerrero, que en el gobierno de Calderón Guardia se integró a dirigir las políticas nacionales de calzado. Él era zapatero.

El Código fue el punto culminante que unificaba, bajo el control y el poder central del Estado, las relaciones laborales.

En 1943 Oscar Barahona Streber y Harry Zurcher Acuña realizaron un minucioso estudio, uno por iniciativa del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, y el otro por encargo del Banco Nacional de Seguros, del Proyecto de Reformas a la Ley de Accidentes de Trabajo, de 1925, a solicitud del Banco de Seguros, en el cual plantearon el concepto de Riesgos Profesionales, cuestión que también se incorporó en el Código de Trabajo en su Capítulo Segundo, del Título IV. La Ley de Accidentes de Trabajo había sido el resultado de una lucha campesina y agraria de más de 18 años. Fue impulsada en el Congreso por el Partido Reformista. En este sentido se utilizó la experiencia legislativa de México, Chile, Cuba, España, Colombia, Argentina, Bolivia, Guatemala, Panamá y El Salvador, así como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo en los mismos aspectos.

En materia laboral también se aprovechó la experiencia de las Constituciones Políticas de otros países que anteriores a 1943, habían adoptado medidas laborales como la de México de 1917; la de Alemania de 1919, en la cual aparece la idea de los deberes sociales, entre los que destaca que el Estado debe velar por la prosperidad colectiva como medio de alcanzar la de los particulares; que el trabajo se coloca bajo la protección particular del Estado quien debe crear un derecho unitario, de trabajo, que garantiza la libertad de coalición. Además, se organizan seguros de maternidad, invalidez, vejez; se reconoce el derecho de huelga.

Otros documentos fueron, la Constitución Política de la URSS de 1923, la de Honduras de 1924, la de la República Española de 1931, que llegó a considerarse como la “pieza jurídica más acabada y completa que tuvo el Estado Social de Derecho”; la de Cuba de 1941; la de Brasil de 1937, que estuvo precedida de una amplia legislación social y laboral entre 1930 y 1934.

En Chile en 1924 y en mayo de 1931 se aprobaron Códigos de Trabajo. En Venezuela la Ley del Trabajo fue promulgada el 23 de julio de 1928 para calmar inquietudes político-laborales en el campo del trabajo. En 1936 luego de la muerte del General Juan Vicente Gómez se dictó una nueva Ley del Trabajo, que incluyó varios acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo.

En la motivación del proyecto del Código de Trabajo se indica que se había inspirado en los principios de doctrina social de la Iglesia Católica, particularmente de las Encíclicas Rerum Novarum, la Quadragesimo Anno y el llamado Código de Malinas, las convenciones y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y, en leyes y experiencias de este tipo de Chile, México, Cuba, Estados Unidos, Venezuela, España, Argentina.

La Iglesia Católica pareciera hoy haber abandonado esos compromisos. En cuanto a los Convenidos y Recomendaciones de la OIT hay un saldo pendiente de aprobación de Convenios para modernizar nuestra legislación laboral.

Con la aprobación del Capítulo de las Garantías Sociales y la aprobación de Código de Trabajo se contempló por primera vez la libertad de sindicalización y la libertad de negociación colectiva, situación originalmente no prohibida para las instituciones del Estado. Es, en esos años, donde se va a sistematizar el desarrollo de ramas jurídicas como la laboral. El Código de Trabajo es en esencia el símbolo de la nueva época política, económica y social en la que entraba el gobierno y el país.

La legislación social y laboral debe verse como el producto por un lado de concesiones de clase dominante, o de los sectores gobernantes y, por otra, como resultado de las luchas de organizaciones populares. En ello los trabajadores han sido receptores pasivos o actores. En general habría que considerar que toda la legislación social tiene un carácter progresista, aunque se haya ido dando de manera parcial y limitadamente.

En este sentido hay que señalar que la legislación social y laboral en 1943 se aprobó con grandes limitaciones. Esa aprobación resultó así porque era lo posible aprobar; y, porque era mejor tener una legislación limitada, a no tenerla. Su mejoramiento correspondería a la lucha posterior que pudiera realizarse a favor de ella.

El Código de Trabajo era necesario para la regulación obrero patronal, de la relación capital trabajo.

Con el Código también se pretendía encauzar al movimiento obrero dentro de la legalidad lo cual era una manera de controlarlo. El movimiento obrero se convirtió así en una cuestión legal, en un asunto jurídico. Así ha seguido funcionando.

La huelga es también un equilibrio entre los factores de producción. El derecho a la organización sindical es también el derecho a la coalición sindical, creación de federaciones y confederaciones; se clasifican, en el Código, los tipos de sindicatos y se regula el derecho de sindicalización de los empleados del Estado.

La legislación servía, en 1943, para orientar en la solución de los conflictos laborales, porque había debilidad y confusión en las leyes estatales.

El Código se delineó con consideraciones de derecho individual y derecho colectivo de Trabajo.

Respecto a las categorías e instituciones del derecho individual están el contrato individual del trabajo, la suspensión de la relación laboral con sus respectivas causales, el salario que se le debe pagar al trabajador, el salario por unidad de tiempo, por pieza o destajo, por tarea, en dinero o en especie, o por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono; inembargabilidad del salario.

Los principios esenciales como el de irrenunciabilidad de derechos, de inalterabilidad de las condiciones esenciales del contrato, el principio pro-operario, hoy están totalmente cuestionados con los proyectos de leyes laborales y las leyes que están en trámite legislativo, que se han probado en los últimos gobiernos, desde el 2010 hasta esta fecha.

En materia de instituciones del derecho colectivo de Trabajo se estableció la convención y el contrato colectivo, la titularidad del sindicato de llevarla a cabo, la obligatoriedad de hacerla cuando está el número de empleados suficientes sindicalizados; la huelga se estableció como derecho y con un procedimiento para declararla legal; el auxilio de cesantía. Estos derechos también se han debilitado, y se han hecho prácticamente inexistentes. En el sector privado prácticamente los sindicatos y las huelgas son inexistentes o muy débiles.

Toda esta legislación social y laboral se constituyó en uno de los pilares fundamentales del llamado Estado Social del Derecho que surgió y se desarrolló a partir de 1943. Sin embargo, no se puede negar, que al conmemorar el 80 aniversario de su promulgación esta legislación se encuentra gravemente enferma, casi agónica, sin que haya en la perspectiva inmediata ninguna posibilidad de recuperación de las heridas que se le han hecho.

Falta hoy claridad de pensamiento para llevar a cabo esta tarea; faltan las fuerzas sociales y políticas capaces de impulsarla. Falta, en este sentido, la fuerza política, del gobierno, y con él de un sector de la clase gobernante; no se hace sentir la fuerza moral de la Iglesia Católica, que fue capaz de concertar alianzas inimaginables para la época y, la fuerza social, del pueblo, expresada en un partido político vigoroso, hoy está muy debilitada, también casi inexistente.

Con el debilitamiento del Estado Social de Derecho se debilita la sociedad democrática costarricense, surgida en 1943. Políticamente el liberalismo político, el socialismo democrático y el revolucionario, el socialcristianismo, el nacionalismo patriótico están amenazados por autoritarismos y populismos que pueden dar al traste con toda esta legislación y con el propio régimen democrático que hemos construido en estos 202 años de Independencia nacional.

Con estas últimas tendencias se amenaza hoy a los Poderes Públicos, a la independencia y autonomía institucional de estos poderes. Se procura por la intimidación, el descrédito, el sometimiento de ellos más que al Poder Ejecutivo, a su actual principal representante.

Al rememorar la aprobación de esta legislación debemos fortalecer el espíritu y la voluntad política que la hizo nacer, en beneficio del sistema democrático nacional y del pueblo costarricense.

Hay que detener el daño que se le está haciendo al edificio social nacional, socavándole sus bases sociales.

De continuar por este camino, y profundizarlo, el Código de Trabajo perderá el significado histórico de su promulgación.

In memoriam del Código de Trabajo

Manuel Hernández

El Código de Trabajo no nos vino del cielo.

Fue una gloriosa conquista de nuestros abuelos y abuelas, que se organizaron en sindicatos para luchar y lograr que se promulgara esta legislación.

La oligarquía criolla hizo todos los intentos que estuvieron a su alcance para impedir su aprobación.

El país pasaba por un momento de mucha tensión social y política, con la lucha de clases en carne viva.

No creo q nos podamos imaginar, 80 años después, ese espíritu de combate y la vocación de lucha de aquellos humildes labriegos y sencillos obreros que se jugaron todo por el todo.

El 20 agosto de 1943, imagínense ustedes, en aquella época, desfilaron en las calles de San José, unos 10.000 obreros, para defender la reforma constitucional, las Garantías Sociales, que se había aprobado unos cuantos días antes, y para presionar al Congreso Constitucional, como se denominaba, para que aprobaran el Código de Trabajo.

En definitiva, pocos días después, el 27 de agosto de 1943, el Congreso aprobó el Código de Trabajo, que entró a regir el 15 de setiembre del mismo año.

El Código regulo los derechos de los trabajadores, el salario, la jornada ordinaria de trabajo de 8 horas, los descansos, las vacaciones remuneradas.

Además, reconoció la libertad sindical, el derecho de negociación y la huelga, la más poderosa herramienta de la clase trabajadora.

Este 27 de agosto, estaremos celebrando o conmemorando el 80 aniversario del Código.

Lamentablemente, en tan solo 5 años destruyeron este Código, porque la nueva plutocracia política y económica, se trajo al suelo el derecho de negociación colectiva, el derecho de huelga y están a punto de sepultar la jornada humanitaria de trabajo, como la llamó el Doctor Calderón Guardia.

Despedazaron, tan solo en un quinquenio, el Código y no supimos defender esa conquista, que con sangre, sudor y lágrimas nos legaron nuestros queridos antepasados.

Quedamos en deuda con aquellos obreros bananeros, obreros urbanos, zapateros, panaderos, a quienes les corría sangre por las venas.

Saludos insumisos.