Ir al contenido principal

Etiqueta: Garantías Sociales

La ruta para el segundo año de Chaves

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente sindical, sector salud -Costa Rica

La ruta escogida por Chaves Robles para su segundo año es autoritaria- persecutoria -intimidatoria, los despidos en Zapote, en Ministerio de Cultura o el manejo abiertamente machista con la Presidenta del PANI (estilo distinto al manejo con los hombres), ante la prensa y otras actitudes visibles, reflejan actos y prácticas típicamente fascistas.

Igualmente se está revelando un mecanismo de una alta dosis de concentración de poder en los ministros y ministras para manejar los presupuestos públicos a su antojo, lo cual deviene en una práctica posiblemente dictatorial, que no dudamos es peligrosa para el conjunto de la sociedad costarricense que no se percata del fenómeno riesgoso por el cual atraviesa el país.

Aspira también Don Rodrigo Chaves Robles, a mantener un perfil mediático y de redes populista con una narrativa de barrio que le ayude a sostener su popularidad, aunque en lo estructural no cambie nada, solo la fachada confrontativa para sacar unos y poner otros en los cargos donde se jugará el partido para la disputa, nacimiento o continuación de todas o de algunas nuevas oligarquías y burguesías nacionales o foráneas.

Pero de cara a la gente en su vida cotidiana todo seguirá igual, los hogares continuarán endeudando su futuro, se reduce aún más el tiempo para pensar y reflexionar ante la pretensión de avanzar hacia trabajos esclavos y precarios (jornadas 4×3), se avizora una reducción del acceso a la cultura y en definitiva se conduce a la gente a vivir en una burbuja de consumo que tarde o temprano explotara en razón de políticas regresivas y premeditadas que generarán el colapso de lo que queda de las garantías sociales del Estado Social de Derecho.

Proceso supra mencionado, que pareciera contar con la venia de la gran mayoría de las bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, queda claro entonces que la ola de inseguridad no se detendrá de forma efectiva , pues es está un resultado de la descomposición social en desarrollo, lo cual nos inclina a trabajar en la recomposición de fuerzas para generar un contrapeso social organizado que obligue a un NUEVO PACTO SOCIAL que vaya en la dirección opuesta a la que ha demostrado hasta hoy un rotundo fracaso.

Resolución de solidaridad con Costa Rica

COORDINACIÓN MESOAMERICANA Y EL CARIBE DE LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL

Delegados y delegadas de organizaciones de FSM, reunidos en la ciudad de Managua, convocados por la Coordinación Mesoamérica y El Caribe de la Federación Sindical Mundial, los días 4 al 6 de mayo de 2023, después de un intenso periodo de debate, regido por el principio de la hermandad y solidaridad internacionalista y posterior al balance de la situación subregional y regional, hacemos públicas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

  • El pueblo de Costa Rica conquistó en los años 40 del siglo anterior, una importante reforma social, establecida en un apartado constitucional denominado “Garantías Sociales”, la valentía y visión del pueblo y sus liderazgos históricos permitieron que esta conquista se traduzca en la salud como un Derecho Fundamental, un bien público y no una mercancía al servicio del gran capital.
  • La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es la principal expresión del modelo de Seguridad Social costarricense, ha transformado significativamente la realidad del pueblo, a través de su innegable labor, ha colocado a Costa Rica en los primeros lugares del mundo en cuanto a estándares de salud y es reconocido como un modelo de Salud de los mejores a nivel global.
  • La CCSS no solo ha tutelado de forma efectiva el derecho a la salud, y por ende a la vida del pueblo costarricense, ha atendido y librado eficientemente al pueblo ante la reciente pandemia por COVID 19, sino que también ha generado paz social, bienestar poblacional, permitiendo que se aumente la calidad de vida de las y los habitantes del país, llevando al pueblo por la ruta del desarrollo.
  • La Caja Costarricense de Seguro Social de composición tripartita en su Junta Directiva, ha sido protegida por mandato Constitucional, de la manipulación económica, de la injerencia y coacción política, blindándola con una Autonomía de gobierno y administración del Poder Ejecutivo.
  • Para cumplir su cometido la Caja Costarricense de Seguro Social , se estableció por mandato constitucional, una obligación de contribución forzosa tripartita, que establece el aporte de los patronos, Estado y Trabajadores, para su financiamiento.
  • El Gobierno de la República de Costa Rica, ha desplegado una serie de maniobras contra este patrimonio del pueblo costarricense, violentando la legalidad y los mandatos constitucionales, ha irrespetado la Autonomía Constitucional de la CCSS, ha irrumpido en su órgano de dirección nombrando a sus aliados y tomando control de la misma, paralelamente ha emprendido una campaña de desprestigio contra esta benemérita institución, indicando de forma falaz que la institución está quebrada, siendo el mismo estado el mayor deudor histórico de la CCSS.

Ante ello y ante la exposición que han hecho los compañeros de UNDECA y la Delegación de Costa Rica presentes en este importante evento, siendo consecuentes con el principio irrenunciable de solidaridad con los pueblos del mundo, los delegados y delegadas de la FSM EXPRESAMOS:

  • EXIGIMOS al Gobierno de Costa Rica el respeto irrestricto a los mandatos establecidos en Constitución Política de la república de Costa Rica respecto a las obligaciones económicas con la Caja Costarricense de Seguro Social así como el respeto a su Autonomía y la composición tripartita según los legítimos representantes nombrados por los sectores
  • DENUNCIAMOS la hipocresía del Gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles ente el pueblo de Costa Rica y la comunidad internacional, que siendo el primer responsable de estar al día con sus obligaciones de contribución forzosa tripartita, emprende una campaña de desprestigio contra la Caja Costarricense de Seguro Social y privilegia contra estas obligaciones con la CCSS, el pago de los intereses de la deuda con los organismos económicos de dominación FMI, BM,OCDE, rellenando los bolsillos de los ricos por encima de la salud del pueblo.
  • CONVOCAMOS Y HACEMOS UN LLAMADO a los afiliados, amigos de la FSM, a todos los sindicatos combativos y consecuentes de la subregión de Mesoamérica y el Caribe, para que se sumen y participen activamente en la denuncia, de las acciones del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, en contra de la Caja Costarricense de Seguro Social, su campaña infundada de desprestigio contra la CCSS, sus políticas injerencistas contra la Autonomía de la Institución de Salud de los costarricenses, el irrespeto al bloque de legalidad que tutela la composición e integración de la Junta Directiva de la CCSS, y el incumplimiento injustificado de sus obligaciones constitucionales de aporte y financiamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social.
  • REAFIRMANMO nuestro compromiso militante e internacionalista, con la lucha de los pueblos por su derecho a los sistemas públicos de salud, por sistemas de Seguridad Social robustos, regidos por los principios de solidaridad, universalidad, con especial pronunciamiento de la situación de loS y las hermanas del pueblo costarricense.
  • CONDENAMOS y REPUDIAMOS las políticas neoliberales destructoras de las conquistas sociales de los pueblos que intentan convertir este derecho en mercancías de lucro y dolor y que intentan arrebatar el derecho de los pueblos a tener sistemas de salud públicos robustos y vigorosos.

Dado en la ciudad de Managua, a los 6 días del mes de mayo de dos mil veintitrés.

Por la coordinación certificamos

Ernesto Freire Cazañas, Coordinador FSM América Latina y el Caribe

Miguel Ruiz Estrada, Consejo Presidencial FSM, Secretario General de la CST-RBE

 

Información compartida con SURCOS por Luis Chavarría.

Ante los filibusteros de Zapote y de Cuesta de Moras, contra el neo esclavismo laboral

Vladimir de la Cruz

En la Constitución Política se dice claramente que la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana; que la jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana, y que el trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Cuando la jornada diurna y nocturna se mezclan, en las llamadas jornadas mixtas, no deben ser mayores a las 7 horas de trabajo.

El logro de la jornada de 8 horas fue el resultado de una lucha tenaz, continua, sostenida durante el siglo XIX y parte del siglo XX, para superar las condiciones infamantes de seguridad e higiene ocupacional, y las particulares condiciones de trabajo cuyas jornadas eran de 12, 14, 16 y hasta 20 horas diarias en distintos empleos y trabajos, situación que afectaba hombres, mujeres, menores de edad y a los niños, quienes eran usados para limpiar chimeneas en las fábricas industriales.

Las luchas por esta jornada culminaron, en un primer momento, en las grandes movilizaciones y huelgas que se dieron en Estados Unidos en 1886, cuyo centro de atención fue la ciudad de Chicago, cuando resultado de esas luchas se estableció la jornada de 8 horas para los trabajadores de Estados Unidos. En un segundo momento, cuando a partir de estas luchas, se estableció el 1 de mayo de 1890, como un día de lucha internacional, a realizarse cada año, para hacer valer esta jornada y demandar otras reivindicaciones obreras y laborales en todas partes del mundo.

En Costa Rica la movilización obrera, cada 1 de mayo, se empezó a realizar, desde entonces, en 1913 y, la jornada de 8 horas diarias se aprobó, como resultado de luchas y huelgas que se dieron en 1920, cuando a finales de enero se inició esta lucha en trabajadores del sector público, que se generalizó a otras actividades laborales, y en diciembre de 1920, el Presidente Julio Acosta García, mediante un Decreto reconoció el derecho de organización sindical, el derecho de huelga y el establecimiento de la jornada de trabajo en 8 horas diarias, junto con un aumento de salarios.

En los años siguientes hubo necesidad de continuar esta lucha porque no en todas las actividades laborales se reconocía.

En 1943, cuando se aprobó el Capítulo de las Garantías Sociales, en la Constitución Política de 1871, se estableció con rango constitucional la jornada de 8 horas. Ese mismo año se aprobó el Código de Trabajo donde se materializó esta jornada, con otras combinaciones específicas según ramas de producción, género y edad de los trabajadores. Este Capítulo constitucional se incorporó y aprobó en la Constitución Política aprobada en 1949, al amparo de la Segunda República, que dirigía José Figueres Ferrer, jornada que hasta hoy no había sido cuestionada en su extensión diaria.

Internacionalmente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, organismo hoy vinculado a las Naciones Unidas, al cual
Costa Rica está adherido, y al cual se subordina en los Convenios Internacionales que de la OIT se han ratificado, ha establecido la jornada de 8 horas de trabajo diario, como uno de sus iniciales y más importantes Convenios. Al amparo de la OIT países europeos, miembros de la OCDE, organismo al que también Costa Rica se ha incorporado, tienen hoy jornadas de trabajo de 36 y 35 horas semanales, y no de 48 horas semanales como están establecidas para el sector privado en Costa Rica.

En la vida productiva del país hay empresas que tienen distintos regímenes de trabajo. Las hay que trabajan las 24 horas seguidas, porque el giro de sus actividades productivas obliga a que tengan un proceso laboral continuo. Las hay con sistemas productivos que no obligan las 24 horas continuas.

En estas empresas la contratación laboral se realiza tomando en cuenta el tipo de jornadas de trabajo legal y constitucionalmente establecidas, contratando trabajadores en jornadas de 8 horas, y pagando horas extras hasta 4 más, para una jornada extendida de 12 horas.

Las empresas que laboran 24 horas continuas, sin interrumpir sus labores, tienen que organizar turnos de trabajo de 8 horas, para los tres grupos de trabajadores que se distribuyen en ese tiempo de trabajo. Si dividen sus trabajadores en dos turnos laborales de 12 horas, tienen que reconocerles el pago de horas extras. Todo esto apegado a la Constitución y la ley, sin que haya que modificar el Código de Trabajo ni la Constitución Política.

Tres turnos de trabajadores distribuidos en 24 horas de trabajo de una empresa, en turnos de 8 horas cada uno, sin duda genera más trabajo, para más personas, que dos turnos de trabajo de 12 horas, que elimina un grupo de trabajadores. De hecho, la jornada de 8 horas estimula la mayor contratación de trabajadores, mientras la jornada de 12 horas reduce la contratación de trabajadores.

Empresarios y políticos esclavistas, nacionales y extranjeros, quieren alargar las jornadas de trabajo a 12 horas diarias, sin pago de horas extras, reduciendo en esa posibilidad la contratación de trabajadores, abaratando sus costos de producción que se pagan con salarios. Falsamente dicen que la jornada de 12 horas va a dar a contratar más trabajadores, que los que tuvieran que contratar en tres turnos de 8 horas. En ello tienen comprometido al Presidente de la República, a su Consejo de Gobierno, y a la mayoría de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. El Presidente se presenta como el adalid, cosa que le gusta, de estos empresarios y políticos.

Quieren modificar legalmente artículos del Código de Trabajo para que la jornada laboral del sector privado sea extendida hasta las 12 horas diarias, al estilo que existían en el siglo XIX, cuando el régimen de trabajo y de las relaciones laborales se igualaba a los sistemas esclavistas de trabajo y de producción. No casualmente a los trabajadores y obreros del siglo XIX se les llamó esclavos modernos. Los empresarios extranjeros que así presionen en el país se comportan como filibusteros modernos. Los filibusteros encabezados por William Walker querían establecer la esclavitud en Centroamérica. La establecieron momentáneamente en Nicaragua y querían convertir a los pueblos centroamericanos en pueblos esclavos y anexados a los estados esclavistas sureños de los Estados Unidos.

El Presidente de Costa Rica el pasado 11 de abril, en Alajuela, paradójicamente habló contra los filibusteros que él considera existen en el país. Ocultó en su falso discurso el carácter y su esencia filibustera, de ser el Jefe de los Filibusteros laborales, que quieren hacer de los dos millones de trabajadores del sector privado, una masa de trabajadores esclavizados, sometidos a 12 horas de trabajo diario, sin reconocimiento de pago de horas extras, reduciéndoles así sus salarios, y empeorando sus condiciones materiales de trabajo, de vida y de familia.

El Presidente se presenta como el émulo de estos esclavistas modernos, como el verdadero Jefe Filibustero, junto con los diputados que le acompañan, que quieren imponer la jornada de 12 horas, como integrantes de esa falange impía de nuevos filibusteros esclavistas, instalados en sus cuarteles de Zapote y Cuesta de Moras, donde se libra la batalla como la del 11 abril, por derrotar a los filibusteros…anti trabajadores, neo esclavistas, anti costarricenses de su tradición jurídica laboralista.

El Benemérito de la Patria, el Gran Capitán de la lucha contra los filibusteros, Juan Rafael Mora Porras, cuando marchó hacia Nicaragua, llamó a luchar contra los filibusteros que habían reducido a Nicaragua “en la más oprobiosa esclavitud”, y amenazaban de imponer la esclavitud en Centroamérica y en Costa Rica.

Hay que detener, por la presión y protesta organizada popular, con criterios científicos sicológicos, médicos, por el sentido común, por la por el razonamiento histórico y jurídico, por la jurisprudencia internacional que tiende a bajar las jornadas de trabajo y no a aumentarlas, a esos filibusteros instalados en la toma de decisiones legislativas para evitar que establezcan el sistema de trabajo esclavista de las 12 horas diarias.

¡No, al neo esclavismo laboral! ¡No, a los esclavistas modernos!

ACOJUPEMA solicita auditoría de la deuda pública

La Contralora General de la República Marta Acosta Zúñiga recibió una solicitud de la Asamblea de Cotizantes de JUPEMA (ACOJUPEMA) para que se realice una auditoría externa sobre la deuda pública.

La licenciada Marjorie Hernández Delgado, presidente de ACOJUPEMA indicó a SURCOS que “esto está muy entrelazado con la debacle en los fondos de pensiones. De lograr que se realice esa auditoría se estarán dando pasos importantes en muchos campos”.

En la carta la organización magisterial señala: “El motivo de la presente es expresar nuestra preocupación por el comportamiento que a partir del año 2016 tiene el Sistema de la Deuda Pública, en su componente de deuda interna y verificada la alarmante subida de las tasas de interés en relación con el PIB”.

Por ello ACOJUPEMA solicita que “se inicie un programa consolidado y permanente de auditoría a la deuda pública de manos de esa Contraloría General. Al mismo tiempo recordamos que ante la omisión de dicha auditoría, el Estado costarricense podría estar violentando su obligación de progresividad y no regresión de las garantías sociales y derechos humanos, siendo que la función del Estado va mucho más allá del pago de altas tasas de interés a los inversionistas en bonos de deuda pública”.

SURCOS comparte la carta enviada por ACOJUPEMA a Marta Acosta Zúñiga.

«IGUALITO QUE EL AÑO PASADO», dice el borrachito del chiste

Freddy Pacheco León

ANTE LA AGRESIÓN del diputado Feintzaig (seguido por otros a su cola) contra el SALARIO ESCOLAR y a favor de que ese dinero subvencione a los dueños de vehículos que pagamos el impuesto único a los combustibles, una breve nota:

HACE 28 años se aprobó ese ajuste salarial que se paga diferido, y que para el trabajador significa una retención obligatoria que cae muy bien a inicios del Año Nuevo.

Despreciado por el sector privado, que no lo acepta porque quizá muchos patronos, reportan salarios menores haciendo pagos como »servicios profesionales», para escamotear cargas sociales y pagos de renta al reportar menores ganancias (¡la evasión de impuestos supera el déficit fiscal!); se les «jodería el negocio», dicen en el barrio.

Ahora bien, para conocer el origen histórico del «salario escolar» veamos lo que nos dice su gestor en el gobierno de Figueres Olsen, el exministro de Trabajo Farid Ayales:

»El salario escolar es parte integral del salario del trabajador con la particularidad que el 8.25% se paga en forma diferida a final de la primera quincena de cada enero. Se constituyó de acuerdo a mi propuesta que el aumento salarial del primer semestre de 1995, se pagara así. Mi propuesta fue acogida por el Consejo Nacional de Salarios que es independiente. Por tanto, NO se puede eliminar o incautar porque sería una rebaja ilegal del salario». Palabras reafirmadas por fallos judiciales terminantes.

¡Lástima que los críticos no son dados a estudiar! porque se hubiesen evitado el ridículo que están haciendo y hacen todos los años por esta época.

Que tal práctica debería extenderse al sector privado para beneficio de sus trabajadores, es cierto, pero depende de las posibilidades que se analicen entre empleadores y empleados, si se lo proponen.

Justa conmemoración

Jiddu Rojas Jiménez

El 27 de Agosto de 1943 es aprobado en la Asamblea Legislativa (Congreso) el Código de Trabajo, –que tras acaloradas discusiones desde su presentación en Junio–, entrará en vigencia a partir del 15 de Setiembre de 1943.

Hoy como ayer los argumentos «apocalípticos» de la derecha y del gran capital vaticinaban desastres económicos, por estas medidas sociales progresistas. El resultado, obviamente, fue el opuesto.

Curiosamente la fecha coincidía con el Natalicio de Manuel Mora Valverde (27 de agosto). Extraño homenaje, al parecer, de parte del Presidente de turno, Dr. Rafael Ángel Calderón y del Oficialismo (y de su concepción política caudillista), para con el líder y fundador del Partido Comunista de Costa Rica (luego Vanguardia Popular), y entonces Diputado: Lic. Manuel Mora Valverde.

¡Qué mejor forma que celebrar el cumpleaños de Manuel Mora Valverde, que rescatando su memoria histórica y su legado político democrático, auténticamente patriótico, socialista, y verdaderamente humanista!

Para nadie es un secreto, las repercusiones y la trascendencia, de esta maravillosa gesta democrática, que consolida el Capítulo de las Garantías Sociales y el comienzo del Estado Social de Derecho. Y por lo tanto, la calidad de vida del pueblo costarricense.

Justo también es reconocer que el apoyo público al proyecto del Arzobispo Católico, Monseñor Víctor Manuel Sanabria, fue estratégico. Y por eso encabeza también el desfile popular.

Monseñor Sanabria (1898-1952) fue un sacerdote culto, gran historiador, y además un clérigo sinceramente comprometido con las causas justas y la justicia social.

Una verdadera excepción en un clero conservador, reaccionario y anticomunista, –propio de un Vaticano cercado por Mussolini y el Fascismo italiano–; un personaje singular y adelantado para la Jerarquía de su Iglesia.

Hay sin más, que reconocer que su labor política, fue indispensable para legitimar la aprobación del Código de Trabajo y de las Garantías Sociales, sobre todo frente al Oficialismo y al pueblo costarricense mayoritariamente prejuiciado y muy religioso.

La histórica amistad y empatía de Monseñor Sanabria, –así como su solidaridad efectiva para con Manuel Mora Valverde y Carmen Lyra (Isabel Carvajal) y para con otros compañeros del PVP histórico–, se mantuvo aún después de la persecución e injusta ilegalización, del Partido Comunista después de la Guerra Civil de 1948.

Lo mismo ocurrió con el discreto, pero patriótico y valiente, contacto personal, entre Manuel Mora Valverde y el líder opositor José Figueres Ferrer. Fortalecido después por el Pacto de Ochomogo (1948), que permitió profundizar las conquistas sociales y el desarrollo posterior del Estado Social de Derecho con la Segunda República (1949).

La foto corresponde a la vez, a una foto de celular (o sea mal tomada) de una de las fotografías originales, propiedad de Manuel Mora Valverde (1909-1943) y luego de su hijo, el Compañero, Manuel Mora Salas. La foto original corresponde al histórico desfile nacional de Celebración, por la entrada en vigencia del Código de Trabajo, el 15 de Setiembre del mismo 1943.

Aparecen en primer plano del desfile, Manuel Mora Valverde, Calderón Guardia y Monseñor Sanabria.

En la esquina de la foto original, se observa la caligrafía de Don Manuel Mora Valverde, marcando la histórica fecha.

Nota histórica previa: El 2 de Junio de 1943 el Congreso aprobó el histórico Capítulo de Garantías Sociales…

Gracias Manuel Mora Valverde y gracias a sus compañeras y compañeros de lucha. ¿Es acaso momento de un nuevo pacto social y popular?

Foto histórica: Desfile del Pacto social de 1943 por la firma del Código de Trabajo. Manuel Mora Valverde (PVP- histórico) con 34 años, Monseñor Sanabria, y Presidente Calderón Guardia… todos Beneméritos de la Patria.

¿Pero qué hay de diferente?

Nota: Ojo al detalle de esta foto. Véase la fecha en la esquina superior izquierda y su caligrafía del propio prócer Manuel Mora Valverde: 15/setiembre/1943. ¡Sin palabras!

Que los diputados den el ejemplo con la jornada 4-3

Vladimir de la Cruz

La jornada de trabajo de Costa Rica, de 8 horas diarias, fue establecida en diciembre de 1920. Esta jornada fue regulada constitucionalmente desde 1943, en la Constitución de 1871, cuando se agregó, a esa Constitución, el Capítulo de las Garantías Sociales, aprobado ese año, junto con las jornadas nocturna y la jornada mixta, diurna nocturna.

En esa Reforma constitucional de 1943 se dio un Pacto Social y Político histórico, entre el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, la Iglesia Católica jefeada por el Obispo Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, y el jefe del Partido Comunista, Manuel Mora Valverde, todos ellos hoy reconocidos como Beneméritos de la Patria.

La Guerra Civil de marzo y abril de 1948 produjo el ascenso al Gobierno de José Figueres Ferrer, también reconocido como Benemérito de la Patria, quien el 8 de mayo de 1948 al asumir el Gobierno, declaró la Fundación de la Segunda República, período histórico que seguimos viviendo. En ese primer año de su Gobierno convocó a la Asamblea Constituyente que trabajó durante el año 1949, aprobando la Constitución Política actual.

En esta Constitución se recogió, en el Capítulo de Garantías Sociales, las reformas hechas en 1943, ligeramente ampliadas, estableciendo, de esa manera, el régimen laboral del país, en sus jornadas de trabajo, lo ya establecido desde 1920 y 1943. Esto también se llevó al Código de Trabajo, aprobado en 1943, vigente en sus aspectos fundamentales hasta hoy, con las reformas laborales aprobadas en el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, La Ley del Trabajador, y las reformas laborales del 2009, con el perjuicio y limitaciones que se le ocasionaron por las reformas legislativas del 2018-2019 en el Gobierno de Carlos Alvarado Quesada.

La legislación vigente establece la jornada máxima diaria en 8 horas diurnas o en 6 nocturnas, y un sistema mixto diurno nocturno. Cualquier hora adicional se paga con un 50% más de su valor. Así, por ejemplo, si se paga a ¢100 la hora, la extraordinaria se pagará a ¢150. Si bajo este sistema se trabajan 12 horas, las primeras ocho se pagan por ¢800 y las segundas cuatro horas extras por ¢600, para un total de ¢1400 por jornada diaria.

Desde hace muchos años, en este siglo, se viene discutiendo la posibilidad de establecer una jornada laboral de 12 horas diarias. Así se discutió en la Asamblea Legislativa en el 2004. De establecerse esa jornada, en el ejemplo anterior, todas las horas se pagan igual, a ¢100 cada hora, con lo cual se incrementa el tiempo de trabajo, a 12 horas y su pago a ¢1200 diarios, con lo cual se rebaja el pago en ¢200, al no pagarse 4 horas extras, sobre las primeras ocho horas trabajadas.

También se elimina la jornada mixta y se ahorran los patronos los pagos diferenciados.

Esta jornada del 4-3 repercute en los beneficios sociales del aguinaldo, el salario escolar, las prestaciones, y en el largo plazo en la pensión, pues, al no pagarse los incentivos y beneficios de horas extras, no se contabiliza su monto proporcional en estos derechos. Así, la reforma debilita estos beneficios y derechos sociales.

La rebaja en el pago diario por la jornada de 12 horas, diarias por cuatro días a la semana, también produce proyectivamente una rebaja en lo correspondiente al pago de aguinaldo, y en el acumulado histórico para las futuras pensiones de los trabajadores que tenderán a más bajos ingresos jubilatorios.

En la vida diaria es también una rebaja de dinero que incide en la reducción de la capacidad adquisitiva del salario, respecto a los precios de los productos básicos de consumo, la canasta básica, entre ellos, que suben de precios todos los días, bajo muchos pretextos. De hecho, los salarios suben en escalera mientras los precios de los artículos de consumo suben en ascensor.

Así, con la jornada de trabajo de 12 horas, se trabaja más por día o por noche, se recibe menos dinero y se pagan los productos de consumo cada vez más caros, porque en correspondencia con estas posibles modificaciones a la jornada, y los salarios, no se congelan los precios de los artículos de primera necesidad, ni se congelan los alquileres que paga la gente, ni se congelan los pagos de los servicios públicos, como agua, servicios y ciertas tasas municipales, el servicio de recolección de basura, electricidad, y cualquier otro servicio público, como los peajes de vehículos, que en una situación de crisis y de congelamiento real, que hay de salarios y pensiones, también deberían someterse a congelamiento sus alzas. En este campo las Defensorías de los Habitantes y la de los Consumidores son simples papeles pegados en la pared, carecen de los sentidos de vista, el oído y la voz.

¿Cómo podemos ver en su efecto práctico esta jornada 4-3? Veámoslo así: Los trabajadores, en su desplazamiento al trabajo, emplean de una a dos horas más, antes de llegar a sus trabajos, desde que se levantan, bañan, visten, desayunan y toman los buses, a veces uno, dos o tres buses.

Igualmente gastan este tiempo para regresar a sus hogares. En la jornada laboral de 12 horas, si un trabajador entra a las 7 de la mañana, saldrá de su casa alrededor de las 5 a.m. y regresará alrededor de las 8:30 ó 9 de la noche. Así, durante 4 días a la semana este trabajador se alejará de su hogar por un lapso entre 14 y 16 horas cada día.

En el supuesto de que el cónyuge trabaje igual jornada y coincida en los días, ambos estarán juntos durante 3 días a la semana, pero los otros 4 dejan al garete a toda su familia. Con esta jornada, ningún sistema familiar se fortalece ni se integra.

Por otra parte, los niños ya no tendrán el apoyo de los padres en sus estudios, y estarán más solos y abandonados familiarmente. Y, si los cónyuges no coinciden en sus días laborales, uno trabajando de lunes a jueves y el otro de jueves a domingo, nunca se verán. La Familia, pilar de nuestra sociedad, se debilita, se fragmenta, entra en crisis y se pospondrá la creación de familias en tanto se postergarán las posibilidades de matrimonios o de vivir en parejas para la procreación.

Y, si por ese abandono laboral de sus hogares los esposos tienen que contratar personas para el cuido de sus hijos, les implica un gasto adicional más, y una reducción en sus ingresos, si pudieran pagar esos servicios, porque las fábricas, empresas e instituciones no tienen guarderías, ni aulas, para que los hijos de sus empleados, durante estas jornadas, sean atendidos en guarderías o puedan recibir clases, con maestros y personal contratado para esos efectos.

Tampoco hay una política social estatal que impulse fortalecer la creación de guarderías y de aulas en las empresas o fábricas, porque los empresarios no tienen tampoco esta visión de la responsabilidad social empresarial de esta manera, ni tienen ningún interés en ello, ni ninguna sensibilidad social en este sentido.

En el año 2004 y siguientes, el gran representante de los empresarios, hoy privado de su libertad, preso en su domicilio, Samuel Yankelewitz, decía que esa jornada era a favor de la familia, porque permitiría mayor integración familiar. Igual decía que iba a favorecer el estudio y la superación profesional de los trabajadores. Pero ¿a qué hora van a poder estudiar los trabajadores con jornadas de 12 horas diarias? Los colegios nocturnos, han venido debilitándose y, con estas jornadas acabarán por cerrarse todos, lo cual disminuye las posibilidades de superación y fortalecerá el incremento de la pobreza y de la pobreza extrema, que ya es muy alta en el país. Familiarmente, con esas jornadas, ¿en qué momento se podrá realizar plenamente una pareja matrimonial, para sus propias relaciones y las relaciones con sus hijos?

La modificación que se quiere hacer el régimen de jornadas laborales es violenta, anticonstitucional, inhumana, anticristiana y anti familiar, es especialmente contra la niñez de la clase trabajadora.

Es violenta porque regresa al régimen laboral del siglo XIX existente en Europa, en Estados Unidos y en los países que experimentaban el desarrollo de sus revoluciones industriales, y en la mayoría de los países, donde las jornadas se excedían de las 10, 12, 14 o más horas diarias, situaciones socioeconómicas que provocaron, a la vez, las diferentes luchas sociales de los trabajadores, que por ello se dieron, la lucha por la legislación laboral y social, y la lucha por la jornada de 8 horas que se logró en 1886, y a partir de 1890, cuando se generalizó a nivel mundial su lucha. La jornada de 12 horas es volver a los sistemas laborales del siglo XIX, sin duda alguna.

Los que se inspiran en la doctrina social de la Iglesia Católica, si realmente son cristianos, y practican el cristianismo, con base en esa doctrina, más allá de la apariencia de asistir a los rituales como las misas, a las que muchos van tan solo por la vista social, para que los vean en la Iglesia, para guardar las apariencias, deben estudiar, por lo menos, las encíclicas papales relacionadas con los temas sociales y laborales, y las que tratan de la justicia social, de la visión cristiana del trabajo, de la justa retribución salarial del trabajador, como jornadas de trabajo, derecho de huelga y organización sindical, derecho a un justo salario.

Estas Encíclicas, las que recomiendo, son: la Rerum Novarum, la Quadragesimo Anno, Mater et Magistra, Pacem in Terris, Populorum Progressio, Octogesima adveniens, Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, Caritas in veritate, Laudato si y Fratelli tutti.

A sacerdotes también les recomiendo su lectura, si no lo han hecho, o su relectura, por si se les han olvidado conceptos claves para entender por qué hay que estar contra la jornada de trabajo de 12 horas diarias, y en contra del proyecto de ley de las jornadas 4-3. También deberían repasar el Código Social de Malinas de 1927.

Los diputados, de tradición cristiana, católica, u otra manifestación cristiana, si no actúan de conformidad con estos valores, son unos verdaderos fariseos parlamentarios, son verdaderos hipócritas, son simples fingidores de principios y valores cristianos, que ni conocen ni practican, simuladores, por ello inmorales o amorales, y falseadores reales del cristianismo y sus valores fundamentales, relacionados con el mundo del trabajo y de los trabajadores. De hecho, carecen de estos valores, aunque finjan creer en ellos, y aunque los invoquen de vez en cuando, al menos para su discurso político.

Dentro de un modelo de desarrollo neoliberal, nada social, como el que se impulsa, lo que se busca es bajar costos de producción disminuyendo el pago de salarios y de los beneficios sociales adicionales de los trabajadores, aumentar la riqueza de los empresarios y aumentar la pobreza de los trabajadores. Los defensores de estas reformas no ocultan que están vinculadas estrechamente a los requerimientos de la globalización, con la apertura comercial que se ha pretendido con los tratados firmados por el país, y con los nuevos procesos de inversión económica que se esperan lograr.

Con esta reforma a la jornada de 8 horas, se pretende regular nuevas modalidades de trabajo que se están tratando de imponer y generalizar en todas las actividades empresariales y productivas del país. El confite del engaño está en decirle a los trabajadores que es optativa. Tal vez sea optativa para una parte de los que ya están trabajando. Para los nuevos trabajadores esa será su jornada, sin opción de la de 8 horas.

Una modalidad de la jornada 4-3 es la llamada jornada laboral anualizada, que está concebida sobre prácticas europeas del trabajo estacional debido al invierno y las nevadas en actividades agrícolas.

Para esta jornada, se toman en cuenta todas las 52 semanas del año, a razón de 48 o 36 horas semanales de trabajo, según sea la jornada diurna o nocturna. En consecuencia, jornada anual de 2400 horas diurnas y 1800 nocturnas, que incluye los 15 días de vacaciones.

Quienes acepten esta jornada la trabajan intensamente, de seguido, en jornadas de 10 horas de manera que se trabajan 240 días diurnos o 180 nocturnos, quedando prácticamente tres o seis meses libres.

Durante estos meses libres, de mantenerse una relación estable, la empresa suspende el contrato de trabajo, con todas las implicaciones legales que eso significa.

Por este camino también se violan y pierden derechos y beneficios sociales. Veamos:

1.- El pago de aguinaldo, salario escolar o prestaciones se haría en proporción al trabajo de 240 días y no de 365 días, con lo cual el trabajador recibe menos dinero. El patrono se gana el equivalente al aguinaldo completo y 2 meses de salario.

2.- Al dejar de pagar las obligaciones sociales del Seguro Social y Banco Popular durante el período de suspensión laboral, el trabajador pierde 3 cuotas de pago por año, que le van a faltar para cuando tenga que hacer el cálculo de su pensión. Así, el trabajador tras laborar 35 años para tener derecho a su pensión tendrá que ampliar su jornada de trabajo en 105 meses, es decir en 9 años más, para poder tener el total de las cuotas anuales a razón de 12 por año que pide el Seguro Social. Por eso también, hay tendencia a ampliar el plazo de años y de cuotas de pago, al Seguro Social, para tener derecho a la pensión. Por otra parte, el patrono se ahorra estos 9 años de pagos de Seguro Social y de Banco Popular.

Uno de los problemas sociales más graves que se va a presentar asociado a este régimen de jornadas es la contratación por el salario a la baja.

Con la masa de desocupados, que ronda los 500.000, la lucha por el empleo no importa cuál sea la jornada, va a ser por la contratación de cualquier jornada y el salario más bajo. Hacia eso están empujando con esta Reforma que pretende imponer la jornada 4-3. A ello se agrega el valor ideológico de estar afirmando que la pobreza y la extrema pobreza no tienen solución, que lo que se trata es de que no crezca, cuando constantemente crece.

Sobre esta violencia laboral va a aumentar la violencia sobre el sector doméstico y las amas de casa. El trabajo supone una actividad, un empleo y un salario. Las amas de casa realizan su trabajo sin que se les reconozca socialmente su trabajo y por ello carecen de salario, por el trabajo que realizan. Su jornada con el establecimiento de la jornada 4-3, para ellas va a aumentar, a 16 o más horas diarias, porque se tendrán que levantar más temprano y acostar más tarde para atender a sus compañeros de hogar, junto con las tareas propias del hogar, en sus dobles o triples trabajos, esposas, madres y trabajadoras de su hogar.

Hace algunos años se reguló el trabajo del servicio doméstico remunerado, se reguló la jornada de 12 horas de trabajo que tenían las empleadas domésticas y se estableció la jornada de 8 horas para ellas.

Esto se vuelve a alterar con la jornada 4-3 violentamente.

La incorporación de los jóvenes, de los excluidos de la educación, de los trabajadores informales, violentará más sus condiciones de vida y trabajo, con esta nueva jornada que se pretende imponer. Se trata de cambiar también el papel y el valor del trabajo.

El trabajo ha creado una fuerza social poderosa, al movimiento obrero, aunque sea débil orgánicamente en el país. El movimiento obrero hoy no es el del siglo XIX, ni el del siglo XX. Hoy es un concepto más amplio, los trabajadores en sus diversas modalidades de asalariados, que incluye importantes segmentos de las clases medias golpeadas en sus ingresos, salarios o pensiones, aliados estratégicos de los trabajadores con salarios e ingresos más bajos, porque a sectores de la clase media los están empujando hacia los sectores pobres de la sociedad.

La nueva Asamblea Legislativa debería desarrollar un Foro, por lo menos, de una semana de trabajo intenso, con todos los sectores involucrados en esta reforma laboral que se pretende. Un Foro con los empresarios, patronos y sus cámaras empresariales, con todos los sectores sociales, los sindicatos por medio de sus Federaciones, especialmente, con los sectores cooperativos y solidaristas, con representantes de los partidos políticos, que incluya a los que no están en la Asamblea legislativa, y que participaron en las últimas elecciones, si tienen algo que decir en esta materia, los sectores académicos de las universidades del país, públicas y privadas, de las Escuelas de Derecho, a la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene sede en el país, representantes del Patronato Nacional de la Infancia, del Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, de las organizaciones de mujeres que hay inscritas en INAMU.

Los diputados deberían dar el ejemplo de la jornada 4-3. De hecho, trabajan de lunes a jueves, solo cuatro días, en sus comisiones y el Plenario. Los viernes no trabajan parlamentariamente. Sábados y domingos tampoco trabajan legislativamente. Tan solo los jefes de fracciones legislativas atienden la prensa por la mañana del viernes para hacer un balance, ante los periodistas, de lo realizado durante la semana y exaltar el control político que realizan.

Queremos ver a todos los diputados, con los funcionarios de sus oficinas, y el resto del personal legislativo trabajando la jornada 4-3, con efectivos tres días de descanso para todos ellos. Esto sí sería un buen ejemplo para todos los trabajadores a quienes se les quiere recetar la bondadosa jornada 4-3. ¡¡¡Apruébenlo para ustedes, señores diputados!!!. Den el ejemplo. La misma reforma legislativa que se necesita hacer para los trabajadores se puede hacer para todo el personal de la Asamblea Legislativa, incluidos los diputados, que marquen reloj de 12 horas efectivas. Los reto públicamente.

El tiempo de trabajo de las comisiones, y la entrada de los diputados a sus oficinas, no les permite atender todas las Comisiones. Tampoco lo pueden hacer por el tamaño de las fracciones, todas excepto una, menores de 10 diputados.

Si los diputados tuvieran una jornada real, efectiva, de 12 horas diarias, como se pretende que la tengan los trabajadores del país, podrían atender más comisiones de trabajo y podrían ser más efectivos en su labor parlamentaria.

Si los diputados trabajaran 12 horas diarias, supongamos de 7 a.m. a 7 p.m., darían un gran ejemplo al país con lo que pretenden imponer a todos los trabajadores. Hasta podrían aprobar más y mejores Proyectos de Ley.

Pero esa jornada implica que todos los trabajadores de la Asamblea Legislativa, casi 1000 que tiene, tendrían que estar igual que ellos, con jornadas de 12 horas efectivas de trabajo, para acompañarlos desde que lleguen a las 7 a.m. hasta las 7 p.m. ¿Estarán de acuerdo estos trabajadores en dar el ejemplo de la jornada 4-3? Y, ¿por qué no, también en la Casa Presidencial, con todo su personal, con una jornada 4-3?

En todo esto, el Patronato Nacional de la Infancia, que vela por la integración de la familia, del niño particularmente, las organizaciones de mujeres, los sindicatos y la Iglesia Católica, especialmente, guardan silencio. De las otras iglesias representadas políticamente también están en silencio.

Si fuera buena jornada la de 12 horas ya la habrían establecido países industriales como Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra. Sin embargo, la tendencia en ellos es bajar la jornada de trabajo a 7 o 6 horas diarias. En Europa varios países están con jornadas de 35 y 36 horas semanales.

Hay que detener la reforma laboral que impulsan todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. pues empeorará las condiciones de vida y de trabajo de la población costarricense. Diputados, den el ejemplo. Empiecen ustedes con jornada 4-3.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

NO SE DEBEN ENTREGAR DERECHOS

Martín Rodríguez E.

La estrategia del Gobierno del sector empresarial es, sentar a la mesa a «todos» los actores sociales para legitimar un atropello más a los derechos de la clase trabajadora y del pueblo.

NADA HA SIDO GRATIS, ningún derecho alcanzado, ni en la seguridad social, laboral o económica, ha sido un regalo, ni del gobierno, ni de los empresarios.

TODO, absolutamente todo, ha sido ganado en las calles, con un pueblo en lucha para mejorar sus condiciones laborales y económicas y las de su familia. Para poder tener casa, educación, alimento y vestido para sus hijos e hijas.

LA CLASE TRABAJADORA de los años 1920´s, 40s, 50´s, 60´s y 70´s, lucharon en las calles, fueron golpeados, encarcelados y asesinados por la policía para poder obtener el derecho a la jornada de 8 horas, las garantías sociales, la salud, la educación, el agua, la electricidad, la vivienda y el Código de Trabajo.

HOY PERDEMOS TODO, hipotecando lo más preciado, el futuro de jóvenes, niños y niñas, que vivirán lo que a inicios del Siglo 19 se vivía, la esclavitud laboral, el hambre y la miseria.

MIENTRAS en muchos países europeos han reducido la jornada laboral de 48 a 35, 32 y hasta 29 horas semanales, en Costa Rica pretenden esclavizarnos.

SI PERMITIMOS este nuevo ataque contra la jornada laboral de 8 horas, preparemos a los jóvenes a vivir en esclavitud.

EN LA ENCRUCIJADA, solo queda un único camino, y estamos legando a ella. Como en una calle ciega, amenazados por delincuentes, solo queda organizarse y luchar.

LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, y todo el pueblo costarricense, se enfrenta a la decisión más determinante de la historia de este Siglo, ASUMIR CON VALENTÍA y enfrentar a la narcomafia políticoempresarial que pretende robarse TODO y llevarnos a más desempleo, pobreza y miseria.

DOS COSAS PODEMOS HEREDAR a nuestros hijos e hijas, la actitud valiente en lucha por sus derechos o la claudicación y esclavitud ante un régimen mafioso que opera desde el poder político.

1 de junio de 2022

LA GUERRA CIVIL DEL 48: Una lectura historiográfica distinta

Trino Barrantes Araya
CE:
camilosantamaria775@gmail.com
Tel: 00 (506) 8990 30 37
Alfonso Pardo Martínez
CE:
alfonsopar@gmail.com
Tel: 00 (506) 8362 52 06

Introducción

Recorrer historiográficamente los hechos políticos de 1948, obliga a armarse de un cuerpo teórico, para no quedar enredado en los intersticios y el tejido con que se ha escrito la historia oficial. En cualquiera de las corrientes, son los vencedores a los que se le ha otorgado la potestad de esa narrativa.

Algunos historiadores dan por sentado la lectura obligada de la Huelga de Brazos Caídos, como antecedente inmediato que supone las bases de los fenómenos que precipitarán más tarde la Guerra Civil (Calderón Hernández, 2002; Molina, 2002, Contreras, 2008, Lehoucq, 19912). Obviamente para explicar los hechos político-militares de 1948, estamos en la obligación de explicar muchos otros factores que precipitaron este conflicto armado. Pero los hechos del 48, no serían completos si no se tiene como marco de referencia el papel del Partido Vanguardia Popular, la política de alianzas y los capítulos de las Garantías Sociales, el Código de Trabajo, la aparición de la Caja Costarricense del Seguro Social y la fundación de la Universidad de Costa Rica. Obviamente, estos aspectos gustan ser soslayados por una parte de los historiadores y principalmente por la historia oficial.

Otros/as han señalado, a partir de los actores sociales, nuevas propuestas para describir el carácter tan violento que asumen estos hechos históricos. Un gran esfuerzo a partir de las memorias de los niños y niñas nacidos en el marco de la guerra. Interpretaciones y explicaciones desde lo militar, lo diplomático o confrontando relatos, recopilan de manera dialéctica visiones distintas del acontecimiento vivido en dicho momento.

I.- Los niveles de los contextos: Lo internacional y lo nacional

La Crisis Económica de 1929-1933, la inestabilidad económica resultado de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo mapa bipolar surgido a partir de 1945. La nuevas vías y propuestas para el desarrollo de nuestras economías bajo la hegemonía del imperialismo norteamericano. El marco generado a partir de la “Guerra Fría” representan, sin lugar a dudas, el marco coyuntural de la situación internacional en que queda inscrito nuestro país y consecuentemente la Guerra Civil del 48.

En lo interno, es fácil adivinar que la década de los años 40, tienen en sus cimientos el germen que va a potenciar más tarde el caldo de cultivo en donde se precipitan los hechos político-militares del 48.

Nuevas divisiones políticas, consolidación de lecturas ideológicas diferentes, partidos minoritarios que asumen un papel protagónico, tal es el caso de Confraternidad Guanacasteca, el papel mediático de la prensa y las acusaciones mutuas respecto al fraude electoral, van dándole cuerpo al tejido en donde tendrá lugar el conflicto señalado.

Una pequeña burguesía intelectual, conducida por el Centro de Estudios de Problemas Nacionales, un cierto corrimiento del Partido Vanguardia Popular a las tesis gobiernistas, los pequeños empresarios políticos; nuevas políticas de alianza tendrán como resultado una polarización política cada vez mayor.

Todo lo anterior nos lleva a un hecho desencadenante que tendrá sus prolegómenos más marcados con los efectos generados a partir de las elecciones de 1948. Esta campaña polarizó dos visiones político-electorales, claramente diferenciadas. Por una parte, la figura de Otilio Ulate, encabezando el Partido Unión Nacional y por la otra, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, líder indiscutible del Partido Republicano Nacional. Monseñor Sanabria, Manuel Mora Valverde, el Partido Vanguardia Popular, el papel decidido de los sindicatos bajo la ideología marxista, forman ese complejo tejido donde se dan estos acontecimientos.

Es necesario tener presente, como lo reseña Iván Molina, que a pesar del contexto de fraude que sirve de aureola a las elecciones de 1944, se introdujo una de la más importante reforma al Código Electoral en 1946, la cual tuvo como objetivo independizar la organización de los comicios electorales por parte del Poder Ejecutivo, para dejarlo en manos del Tribunal Nacional Electoral (2002:181.

El otro elemento que es importante tener presente en esta aproximación, fue la creciente polarización política dentro de la misma oposición entre Cortés y Ulate, que de alguna manera será el que incida más directamente en el desencadenamiento de los conflictos de 1948 (Contreras,2008:190).

Actores sociales más relevantes en los hechos político-militares de la Guerra Civil de 1948

Debemos reiterar en esta apartado que, un aspecto que influyó decididamente en el espacio político en los años cuarenta, fueron las reformas sociales, orientadas a favorecer a las grandes mayorías y consecuentemente a potenciar su nivel político-ideológico (http://www.museocostarica.go.cr/es_cr/en-detalle/la-guerra-civil-de-1948-una-sintesis.html?Itemid=115)  Pero, con esa misma rigurosidad que vemos los antecedentes de este conflicto, estamos en la obligación de ver objetivamente los hechos ocurridos en el mismo contexto de la guerra. Estos factores y los nuevos actores sociales imprimen un sello de larga data a este acontecimiento (http://historia.fes.ucr.ac.cr/dialogos.htm).

No se trata de darle un lugar de privilegio a los actores que conoce el discurso oficial, a saber: Teodoro Picado M, José Figueres Ferrer, Otilio Ulate Blanco, Santos León Herrera. De igual envergadura es dar lectura al papel del Partido Social Demócrata, el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, el Ejército de Liberación Nacional, la Legión del Caribe (Schifter, 1980:68 y 75) y, la doctrina social de la iglesia, el aporte del Partido Vanguardia Popular y claro está, la fracción oficialista.

Sobre la Legión del Caribe, Guillermo Villegas H, en su narrativa testimonios del 48, sostiene como tesis central que varios militares (Juan Rodríguez, de la República Dominicana, Rosendo Argüello, de Nicaragua, Horacio Julio Ornes, entre otros, se hicieron presentes en Costa Rica y su papel en el conflicto fue muy importante, además del aporte en la proporción de armas para darle un contenido real al proceso de la guerra (Cfr, Villegas, PP.: 199, 208, 210).

Recordemos aquí, tal y como lo señalamos en nuestra introducción en este apartado es necesario referir a la Huelga de Brazos Caídos de 1947. Aunque en esencia, este movimiento fue un paro patronal, lo cierto también es que sus demandas fueron aceptadas como definitivas por el Tribunal Nacional Electoral. Cabe destacar que los actores sociales más importantes de este evento lo constituyeron los trabajadores del sistema bancario nacional y los comerciantes. Aunque una buena masa de la clase trabajadora y otro poco más de contingentes sociales populares también sumaron su fuerza a este paro (Cfr. Manuel Rojas, Pp.: 109-110 y 150).

Cuarenta días que sacudieron el suelo patrio: La Guerra Civil de 1948

Distingamos, pues, dos grandes factores que está en la base de este conflicto. En primer lugar, existe, como tesis central por gran parte de la historiografía costarricense que, el “conflicto político-electoral” es sin duda la “chispa que encendió” la apacible pradera del suelo costarricense. Tal vez el punto más álgido del acontecimiento tuvo lugar el 12 de marzo de 1948, cuando los militares y soldados del Ejército de Liberación Nacional toman San Isidro del General, con el grave acontecimiento del asesinato del coronel gubernamental Rigoberto Pacheco; pero de la misma envergadura son los acontecimientos que se suceden en San Ramón de Alajuela, con la muerte de los figueristas Catalino Murillo y Federico Arce (López,2000:292).

A estos eventos político-militares le siguieron el día 13 de marzo con la toma de San Cristóbal Sur y sucesivamente la toma de San Marcos de Tarrazú y Santa María de Dota, por parte del Ejército de Liberación Nacional.

El autor citado, Juan diego López, en su texto: Los cuarenta días de 1948: La guerra civil de Costa Rica, reseña que dos días después los seguidores de Picado toman Buenos Aires, posteriormente el 9 de abril arranca la Marcha Fantasma. Operación bélica conducida por el ELN, que culmina el 12 de abril con la toma de Paraíso y Cartago. Más tarde, con la ayuda de la Legión del Caribe, bombardean Limón y el Ejército de Liberación Nacional se apunta un triunfo más,  tomándose el centro de esa provincia y el puerto de Moin. (http://www.slideshare.net/Socialesdigital/costa-rica-en-la-decada-de-los-40-134602245).

Vale reseñar que el papel jugado en todo este proceso de lucha civil, por los dirigentes comunistas, bajo el alero del Partido Vanguardia Popular, son imprescindibles para entender los alcances del conflicto al que referimos.

El final de la Guerra Civil lleva a un breve espacio de transición en el cual, en el gobierno de los 18 días, le corresponderá a Santos León Herrera, asumir la presidencia de la República. Su gran logro, poner fin, oficialmente, al conflicto político-militar en que se vio envuelto nuestro país. Pero en ese mismo orden, también se dictaron los decretos que pone en manos de los vencedores el aparato militar costarricense, los cuarteles, la Fuerza Armada y la Fuerza Policial.

En esta suerte de impase político, el 10 de mayo se establece formalmente la Junta Revolucionaria, a la cual le corresponderá el ejercicio del poder durante los dieciocho meses siguientes. Este gobierno de facto asume el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República y de inmediato se abocó a convocar la Asamblea Nacional Constituyente.

Paralelo a la Constituyente, los nefastos Decretos Ley de la Junta Fundadora de la Segunda República, proscribiendo los sindicatos clasistas y al mismo partido comunista bajo el nombre de Partido Vanguardia Popular, tienen su epílogo más amargo en el asesinato impune de los mártires del Codo del Diablo. Necesitamos, entonces, reescribir la historia desde las voces de las grandes mayorías.

Sin lugar a dudas, estos acontecimientos siembran las bases del Estado Social de Derecho mediante el Estado Benefactor que tendrá lugar en los próximos quinquenios.

Una página que requerirá de un nuevo examen es la firma del Pacto de Ochomogo. Sin la verdadera y correcta interpretación de estos hechos históricos, no se le está otorgando a nuestra historia el contenido objetivo que como ciencia requiere. Si un atroz crimen como el que se ejecutó contra los mártires del Codo del Diablo, no se aclara, nuestra historia seguirá cargando grandes vacíos.

 

Imagen ilustrativa.

MÁS ESTADO SOCIAL, NUNCA MENOS

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Los logros y avances de la Costa Rica de la segunda mitad del Siglo XX, que la llegaron a colocar entre los punteros en desarrollo humano, social y sostenible en América Latina, fueron el resultado de apostar siempre por más Estado Social y nunca por menos.

Cuatro iniciativas fueron claves y determinantes para que el país se catapultara como uno de los más avanzados del continente: la apuesta por las garantías sociales de los años 1940; por la educación, la energía eléctrica, las telecomunicaciones y los acueductos de los años 1950; y por la conservación y la sostenibilidad de los años 1960. De ahí, nuestras grandes fortalezas: salud, educación, seguridad socio-laboral, electricidad, agua potable y sostenibilidad eco-ambiental. Todo ello, como resultado de un Estado Social innovador, regulador y solidario.

Inducidos por la crisis energética de los países del mundo rico, que se trasladó como crisis de la deuda a los países pobres y de ingreso medio, se asumió a partir de los años 1980, por mandato de los organismos financieros internacionales, la consigna neoliberal de menos Estado social y más mercado. Perdimos el rumbo y caímos en picada en el abismo de la desigualdad y la pobreza, en buena medida, hoy convertida en miseria. Involucionamos, así, de la sociedad de perfil de clase media hacia la de perfil medieval de ricos y pordioseros.

En la actualidad, además de ser azotados por la Pandemia del Covid 19, estamos siendo azotados por las propuestas y acciones contra el Estado Social. Se pretende solucionar los graves problemas de la crisis fiscal y la deuda pública con medidas simplistas y sesgadas, como la regla fiscal indiscriminada, la política de salarios decrecientes en el sector público, la reducción y fusión de la institucionalidad social, entre otras. Todo ello, para no tener que volver sobre la impostergable tarea de propiciar acciones y medidas para contener la evasión fiscal e impulsar un adecuado sistema de recaudación y una mayor justicia tributaria.

Quienes hoy plantean la necesidad de un modelo de Estado eficiente y moderno, solo piensan en menos Estado Social. No en cómo construir un país con una economía social y solidaria robusta, y que contribuya a un uso equilibrado y sostenible de los recursos naturales y ambientales del país, es decir, donde su norte no sea el simple crecimiento económico al servicio de los grandes negocios nacionales y extranjeros.

El país tiene el gran desafío de retomar el rumbo por la “vía costarricense”, que siempre ha implicado más Estado Social y nunca menos. Lamentablemente, éste es cada vez más socialmente anémico y con una tendencia que favorece la oligarquización de la sociedad. Es decir, un Estado al servicio de grupos de gran poder económico y político. Transitamos, así, del Estado Social al Estado Oligárquico.

La actual Asamblea Legislativa apresura su agenda, pretendiendo dejar un legado en materia de “reactivación económica”, con una fórmula que se plantea como casi milagrosa: la descentralización de las zonas francas, para llevarlas a las regiones periféricas, económica y socialmente más deprimidas del país. Se sigue apostando al modelo de “zonas de enclave” de limitados impactos sociolaborales, como se ha mostrado también en el caso de la Gran Área Metropolitana. No se vislumbran esfuerzos significativos que potencien las condiciones y capacidades locales y regionales para impulsar y fortalecer iniciativas de pequeños y medianos emprendimientos con impactos sociolaborales sustantivos.

Para heredar a las nuevas generaciones, una Costa Rica donde la salud, la educación, el trabajo “decente” y la vivienda digna, entre otros, sean derechos garantizados para todos sus habitantes, necesitamos apostar por más Estado Social, nunca por menos.

 

Enviado a SURCOS por el autor.