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Etiqueta: Garantías Sociales

Requerimiento ante Ministerio de la Presidencia en defensa de las garantías sociales

SURCOS comparte el siguiente documento en el cual la señora Magalli de la Trinidad Acosta Garro, presentó un requerimiento en defensa de las garantías sociales. En el documento se realiza un análisis exponiendo las consecuencias que la crisis producida por la pandemia del COVID-19, ha generado al régimen de pensiones, a las garantías sociales de la clase trabajadora, además, se señala el debilitamiento que se ha producido, y cómo el Gobierno no ha tomado las medidas necesarias para responder a dicha problemática que ha afectado a tantas personas.

Se adjunta el documento, y se le invita a revisar el texto completo, con el fin de ampliar más la discusión sobre este tema.

Oficina de acceso a la Información 17 de septiembre de 2021

Ministerio de la Presidencia.

República de Costa Rica

La suscrita señora Magalli de la Trinidad Acosta Garro, identidad 107320686, domicilio en Alajuela, San Ramón, con correo electrónico facultado por el Poder Judicial como medio de notificaciones acostatrinidad@outlook.es con teléfono 88630725.

Quien en días anteriores y bajo el expediente número 21-017425-007-CO, con recurso de amparo en virtud de las garantías sociales de nuestro país, toda vez el principio de solidaridad y de reparto de las riquezas a cargo del Estado costarricense.

Señaló lo siguiente:

1-Pandemia Covid 19, produce en forma directa e indirecta en toda la población económicamente activa una seria crisis económica.

2-La Caja Costarricense de Seguro Social, hace esfuerzos no sólo en materia de todos los recursos humanos técnicos, administrativos, médicos, especialistas, para socorrer a la población de la República de Costa Rica.

3-La población menos afectada financieramente es la vinculada en forma directa, (empleados públicos) o indirecta todos sus proveedores. Ya que el presupuesto del Estado le hace frente a todos esos gastos mediante los presupuestos ordinarios y extraordinarios del país. 

4-Los diferentes regímenes de pensiones tanto privados como públicos, reciben rendimientos que no han sido tan afectados como sí lo son los regímenes de la Caja Costarricense del Seguro Social, toda vez la población más vulnerable, trabajos informales, independientes, empresas, fabricas, comercio, etc., ni hablar de lo sufrido en el régimen No Contributivo de la CCSS, mismo que en un período se determinó en forma inhumana no conceder este beneficio a las personas más necesitadas de nuestro país, ellos ; personas con discapacidad, ancianos (as) en abandono, condición de extrema pobreza que ha alcanzado límites insospechados en la nación, o sea nosotros como pueblo.

5-Las personas que desean y tienen derecho a una pensión por el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte, no han podido acceder a su derecho legítimo porque la economía del estado, misma que está comprometida por la población económicamente activa, y que por la pandemia han visto su derecho violentado. Prueba de ello, la tienen los magistrados de la Sala Constitucional, el mismo Ministerio de Hacienda, la Dirección de pensiones de la CCSS, la Defensoría de los Habitantes, y yo también como afectada por no poder definir mi situación de traslado de cuotas obrero-patronales etc. de la JUPEMA de Contabilidad nacional al régimen de Invalidez Vejez y Muerte de CCSS. Son muchas las personas que han acudido a la Sala Constitucional para validar sus derechos sin embargo tengo pruebas escritas que no hay efectivo para hacerle frente a estos derechos legítimos de tantas personas, que no han podido pensionarse, o peor y más doloroso muchos según puedo probar por mis correos electrónicos 27 de esa lista de espera ya no están con nosotros, sí esos costarricenses murieron sin ver cumplidos sus derechos tan bien ganados.

Sin embargo, la Pandemia Covid 19 es a mi parecer y el del mundo que nos ha afectado en salud, educación, seguridad, aumento de delincuencia por hambre, desempleo, veamos los pescadores de Puntarenas, etc. Costa Rica no escapa a esto y por ser país tercer mundista, bueno es de esperar que las consecuencias se sigan sintiendo y aumentando en los próximos 4 o 5 años. No soy economista, pero soy ciudadana de este país y tengo derecho a manifestar mi simple opinión. Espero equivocarme.

6-La constitución Política de la República de Costa Rica, en forma visionaria tiene plasmado en su capítulo o título de las Garantías Sociales, el deber del Estado con el trabajo, sus empleados, sus pensiones, etc. 

Cito

Garantías Sociales

Se conoce como Garantías Sociales a una serie de reformas políticas progresistas realizadas en Costa Rica en los años 40, a raíz de la alianza entre diversas figuras políticas y religiosas, en beneficio de las clases trabajadoras. Si bien hubo diversos actores detrás de ellas, los tres principales dirigentes de las mismas fueron:

Creación de la Caja Costarricense del Seguro Social,1​ que universalizaba los servicios médicos. Mediante la promulgación de la ley de la Caja todos los empleadores debían obligatoriamente asegurar a sus asalariados y realizar los pagos correspondientes a las cuota obrero-patronales, lo que permitía al asegurado, su cónyuge y su familia inmediata ascendente o descendente, recibir atención médica por medio de los servicios de la Caja. Todos los menores de 18 años residentes en el país indistintamente de la nacionalidad están automáticamente asegurados por el estado. Las personas no aseguradas (desempleados, por ejemplo) igualmente pueden recibir los servicios de la Caja a crédito y generalmente en costos menores que un servicio médico privado.2

Es sabido de todos la emergencia nacional y económica del sector de la población económicamente activa del país, estamos en crisis, una seria crisis, que si no se trata pronto nos va hundir en una depresión económica pocas veces vista. 

TITULO V

DERECHOS Y GARANTÍAS SOCIALES

Capítulo Único

ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.

La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.7412 de 3 de junio de 1994)

Como puede ver corresponde al estado en su figura máxima hacer cumplir estas garantías en plena pandemia Covid 19.

Cito: mi opinión. El régimen de pensiones que nos corresponde a la CCSS, poseen mayor rendimiento y no han tenido que reajustar sus planes debido a que sus economías así se los permiten, ese dinero acumulado y que ha ganado más interés incluso en tiempo de pandemia pues están cobijado en su gran mayoría por grupos de profesionales que han tenido su sustento del Estado costarricense, éste a su vez de la población activa y de leyes que les permiten recoger impuestos y etc. 

ARTÍCULO 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine.

La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.

Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 2737 de 12 de mayo de 1961) 

Cito:

Es tarea de la Junta Directiva de la CCSS, hacer valer el reparto de riquezas de los rendimientos en un porcentaje que acuerden en el tiempo que tarde en consolidarse nuevamente la economía del estado costarricense, mismo que mantiene la economía de estos regímenes de profesionales que sirven en la función pública. (sobre los rendimientos que ya tienen en conocimiento público) no afectados por la pandemia.

ARTÍCULO 74.- Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional.

Cito:

No es política, no es religión, no es economía capitalista, no es un gasto es un deber y derecho IRRENUNCIABLE. 

Es un principio cristiano de justicia social. Aplicables a todos por igual sector privado y público, el Covid nos dañó a todos. Afectando la salud, el empleo, la producción, etc.

Es la Solidaridad nacional la llave para hacer frente a todos los retos de nuestra querida República de Costa Rica.

Espero dejarle debidamente informado en espera de que contemos con una solución pronta y pacífica a nuestra crisis humanitaria.

Como es de esperar la misión legal, no me corresponde, soy una ciudadana, pero ustedes como presidencia de la República de Costa Rica, pueden hacer valer la Constitución Política y por ley la junta directiva de la benemérita Caja Costarricense del Seguro Social.

Sin otro particular se despide de usted; atenta servidora

Magalli de la Trinidad Acosta Garro

Identidad 107320686

Correo: acostatrinidad@outlook.es / 8863 0725

Crisis del IVM y de la CCSS, realidad y perspectivas

El pasado 18 de junio, en el programa Alternativas se estuvo conversando sobre «Crisis del IVM y de la CCSS, realidad y perspectivas«

Se contó con la participación de:

  • Jorge Coronado, Sociólogo de la UCR, Especialidad en Economía Política de la Escuela Libre de Estudios Superiores de Berlín/Alemania Estudios en Ciencias Políticas de la UCR
  • Martha Elena Rodríguez, directora CCSS en representación de los y las trabajadoras sector sindical, Secretaría General Adjunta UNDECA

En este programa los (as) panelistas conversaron acerca del origen e importancia del régimen del IVM, así como del acontecer actual de este; De acuerdo a Jorge Coronado el régimen del IVM ha garantizado seguro de salud y pensiones a la población, además junto a la CCSS ha permitido que este país tenga indicadores de salud reconocidos a nivel mundial, garantizando la protección social; A pesar de esto este sistema se ha venido deteriorando, y con la crisis provocada por la pandemia del COVID 19, esta crisis se ha incrementado, provocando que la sostenibilidad del mismo se vea a amenazada.

Lo anterior ha provocado que la cobertura de este régimen se disminuyera, generando que miles de trabajadores y trabajadoras no tengan la posibilidad de acceder a esta protección social, precarizando las condiciones de vida de muchas personas.

Del mismo modo Martha Elena Rodríguez menciona como el gobierno y algunos partidos políticos han impulsado una serie de reformas que lejos de mejorar deterioran aún más este régimen. Desde hace varios años el Fondo Monetario Internacional ha venido planteando una serie de reformas regresivas para los regímenes de pensión, además, la OGDE plantea que debe haber un solo régimen, a la medida de lo que quieren los organismos financieros internacionales. Estos modelos históricamente han fracasado.

Asimismo, se señala como es necesaria una reforma al régimen del IVM, sin embargo, la que se está proponiendo no solucionar la crisis de este régimen, todo lo contrario, su implementación afectaría a toda la clase trabajadora, por lo que se hace un llamado a una reforma en la cual se convoque al dialogo social, que cuente con la participación de diversos sectores.

Necesaria una reforma, pero no la actual, se debe dar a través del diálogo social, que incluya a todos los sectores

Para ampliar la discusión de este tema en el siguiente enlace pueden acceder a la transmisión completa del programa https://fb.watch/6cXH3CdIU4/

Festín de candidaturas y Estado Social de Derecho

Luis Fernando Astorga Gatjens

Al igual de como brotan de la tierra los abejones en abril (que ya no tan en mayo), en las últimas semanas, muchas ciudadanas y ciudadanos, se han lanzado al ruedo político anunciando sus pretensiones de encabezar la fórmula presidencial de algún partido político.

Se han mirado al espejo de la política nacional (tan venida a menos, a decir verdad) y se han preguntado: “¿Por qué no yo?” Y de inmediato, han dado una respuesta afirmativa que ya es compartida, en sus propósitos y ambiciones, por algunas docenas.

Han hecho sus cálculos de todo tipo: Ya sea de competir y ganar las elecciones internas de su agrupación política, de asegurarse cuotas de poder para negociar o, bien, para dejar su nombre en el imaginario colectivo, para futuras contiendas electorales.

Ante tantas ofertas que brotan, las pre-candidatas y pre-candidatos han tenido y tienen el grave problema de que cada vez les ha de costar más, presentar propuestas realmente originales, que le ganen el pulso al ya frondoso rosario de ofrecimientos y promesas, que se han venido acumulando.

Este fenómeno se muestra más grave aún en virtud de que prácticamente todas las pre-candidaturas, que se han enunciado, están metidas dentro de una pecera marcada por una limitada y estrecha visión neo-liberal, aun cuando el país se esté ahogando en medio de un océano, donde esta doctrina económica y política tan ampliamente dominante, más que solución alguna forma parte de la causa estructural de la multicrisis que enfrenta la sociedad costarricense, en estos días tan duros y difíciles para la mayorías, para nuestro pueblo.

Al compás de esta política neo-liberal impulsada desde el decenio de los años ochenta del siglo pasado, por el Partido Liberación Nacional (PLN) y, muy entusiastamente, por Oscar Arias, se ha venido debilitando el Estado Social de Derecho al mismo tiempo que ha crecido la desigualdad social, que afecta ya a millones de costarricenses.

Fruto del esfuerzo combinado de quienes impulsaron las Garantías Sociales en los años cuarenta (Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Sanabria y Manuel Mora Valverde) y del compromiso asumido por José Figueres Ferrer en el Pacto de Ochomogo, el Estado Social de Derecho costarricense, se desarrolló e hizo que Costa Rica se convirtiera en un país singular, en el contexto latinoamericano e internacional de naciones.

Sin embargo, en los años ochenta anteriores empezó una cuenta regresiva para el valioso Estado de Derecho que tanto nos costó construir como sociedad. Esta deriva destructiva y erosionadora, primero fue lenta y paulatina, pero en este azaroso presente pandémico, es una acción desenfrenada y frenética, en todos los frentes tanto en el Gobierno como en la Asamblea Legislativa.

Una plutocracia voraz y egoísta, que contrala a esos dos poderes, directa o indirectamente, y tiene un control casi monopólico de los medios informativos del país, es la principal responsable de esta “cruzada” que busca destruir lo que tanto nos costó construir.

Y les recuerdo el significado de plutocracia: “Forma de gobierno en que el poder está en manos de los más ricos o muy influido por ellos”. O bien: “Clase social formada por las personas más ricas de un país, que goza de poder o influencia a causa de su riqueza”.

La nociva influencia de este sector ultra-minoritario de la sociedad costarricense ha deteriorado la democracia y la ha vaciado de contenido. Cuando para avanzar en el desarrollo del Estado Social de Derecho deberíamos haber evolucionado de una democracia representativa a una llena de participación social y popular amplia, como lo dicta el artículo 9 de la Constitución Política, los niveles de participación política y ciudadana se han debilitado.

Asimismo, esa plutocracia angurrienta y sus principales medios de “comunicación”, han fijado las reglas y límites a los partidos que controlan a su antojo, a las precandidaturas y al debate político. Debate político que hoy no es otra cosa, que discusión politiquera donde las ocurrencias y frases efectistas, buscan ocultar la falta de compromiso con las mayorías y con el Estado Social de Derecho, de los que forman parte de este festín de candidaturas.

Todas estas candidatas y candidatos, tímidos y temerosos, que no se salen del guion neo-liberal, cuando el país necesita de políticos que oten el horizonte, con mirada de estadistas que le devuelvan la esperanza a las y los desesperados (que crecen en cantidad e indignación), son como “abejones de mayo” que vuelan muy bajo y se arrastran en el suelo hasta que la historia de esta Patria bicentenaria, les repudie y les olvide de una vez y para siempre.

(26 de abril 2021)

La marcha de una Democracia bicentenaria

Vladimir de la Cruz

La democracia costarricense es una forma de vida desarrollada desde los albores de la Independencia, el 29 de octubre de 1821, la fecha costarricense de su Declaración, que se originó con el detonante en Centroamérica con la Declaratoria de Independencia de Guatemala, el 15 de setiembre de 1821, la sede de la Capitanía General y del Reino de Guatemala, que hizo que El Salvador se pronunciara por la Independencia el 21 de setiembre y, Nicaragua y Honduras el 28 de setiembre.

Desde 1821 hasta 1823 el inicio de la Independencia condujo, en Costa Rica, al establecimiento de Gobiernos provisionales, transitorios, Junta de Legados y Juntas Superiores Gubernativas, hasta que de nuevo, en un afán de reconstruir la unidad política que se tenía de la región antes de la Independencia, se encaminaron estas comunidades, en 1823, y luego en 1824, a fundar las Provincias Unidas de Centroamérica, y la República Federal de Centroamérica, que bajo un modelo federal las agrupó, gestando al interior de cada una de ellas el nacimiento de Estados, con sus particulares órganos de Poder y Constituciones Políticas.

En Costa Rica la Junta de Legados, de mediados de noviembre de 1821, estableció una Comisión redactora de una Constitución, que se aprobó el 1 de diciembre de 1821, “Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia”, la primera de la región en época independiente, siguiendo los lineamientos clásicos de los contractualistas y de la propia Constitución de Cádiz de 1812.

Al mismo tiempo se evidenció desde el origen mismo de la Independencia la autonomía y separación real que vivían estos Estados, desde finales de la colonia, por múltiples razones, que hicieron que a partir de 1837 el modelo de la República Federal de Centroamérica se desintegrara, a pesar de los esfuerzos que hiciera en 1842, Francisco Morazán, desde su llegada al Poder en Costa Rica, por pocos meses.

Los mecanismos inmediatos que siguieron a la Independencia para el desarrollo del Estado y la vida independiente, además de declarar abolida la esclavitud en Centroamérica en 1824, pasó, en el caso costarricense, por la llegada al Gobierno, desde 1824 hasta 1833, del Primer Jefe de Estado, educador de formación, que impulsó la educación tempranamente de niños y de niñas, encomendándole esta tarea a las municipalidades en gestación. Desde entonces Costa Rica, a diferencia de los restantes países, o estados centroamericanos, apostó a la educación popular, fortaleciéndola de distintas maneras con el correr de los años, hasta hoy, lo que sigue siendo una distinción en la región.

La ausencia de una lucha militar por la Independencia no impulsó, en Costa Rica, estructuras militares ni caudillos surgidos de estas luchas que se impusieran en el Poder. Tampoco la lucha militar fue necesaria porque no había una fuerza militar colonia que derrotar.

El Ejército como institución se desarrolló especialmente a partir de 1835, y alcanzó su mayor esplendidez en la lucha nacional libertadora contra la presencia de los filibusteros norteamericanos, encabezados por William Walker, que se había establecido en Nicaragua en 1855, donde aprovechando contradicciones políticas en ese país, se impuso y hasta estableció la esclavitud, que quería expandir a toda la región, motivo por el cual el Gobierno de Costa Rica, jefeado por Juan Rafael Mora Porras decidió avanzar sobre Nicaragua para acabar con esa usurpación del poder por Walker y para evitar su llegada a Costa Rica, como para asegurar la Independencia existente, que lo hizo a finales de marzo de 1856, cuando invadió el territorio nacional y fue derrotado el 20 de marzo. A partir de ese momento dos nuevas derrotas, el 10 de abril, en Sardinal, territorio costarricense y el 11 de abril, en la ciudad de Rivas, en Nicaragua, produjeron la derrota de los filibusteros, interrumpida, en toda la línea, en ese momento, por la peste del cólera que se desató, lo que obligó a suspender las acciones militares hasta que de nuevo, en el segundo semestre de 1856, continuaron los combates, con mayor presencia de los ejércitos centroamericanos que se sumaron al costarricense, hasta que en 1857, el 1 de mayo, William Walker se rindió y fue expulsado de Centroamérica. En 1860 intentó de nuevo invadir Centroamérica, y apoyándose en los intereses británicos en la región llegó a Honduras donde fue capturado y fusilado.

Las contradicciones internas por el Poder en Costa Rica produjeron la caída del gobierno del Presidente Mora Porras y, en 1860, ante un intento de recuperarlo fue detenido y ejecutado, con otro de los héroes de la lucha contra los filibusteros, el General José María Cañas, de origen salvadoreño y cuñado suyo.

Los siguientes diez años se impusieron dos militares, Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, detrás de los mandatarios civiles, anulando el recuerdo de la Campaña Nacional contra los filibusteros y la imagen de los conductores de la Guerra, los Mora, Juan Rafael y su hermano, el General Joaquín Mora, y el propio General Cañas.

En 1869 el Presidente Jesús Jiménez limitó el poder de estos militares, impuso la educación primaria obligatoria, gratuita y costeada por el Estado, afirmando una vez más esta vocación democrática apoyada en la educación.

En 1871, bajo el gobierno del General Tomás Guardia Gutiérrez, cuyo gabinete era de civiles, se aprobó el Código Militar estableció controles civiles y políticos sobre el Ejército y el aparato militar. Desde entonces se impulsaron políticas para ir debilitando al Ejército, sus militares y reforzando el aparato educativo, con nuevas reformas de educación pública a partir de 1885.

En 1877 el General Guardia desaplicó la pena de muerte, y en 1882, la abolió proclamando del Derecho a vida con rango constitucional, elemento que también distinguió a Costa Rica en la Región y desde entonces en el mundo, entre los pocos países que entonces la había eliminado como castigo supremo.

Respecto al Ejército a principios del siglo XX se hizo una modificación al Escudo Nacional eliminándole dos cañones que estaban en su base, afirmando de esa manera este “civilismo” en marcha que había de la institucionalidad costarricense.

Con el breve golpe de estado, de 1917 a 1919, el Ejército se volvió a fortalecer, pero caída la dictadura, por acción popular, de nuevo el Ejército se debilitó hasta, que, en la década de 1940, resultado de la guerra civil de marzo y abril de 1948, se impuso un gobierno de facto, jefeado por José Figueres, quien gobernó hasta 1949, y tomó la decisión en diciembre de 1948 de abolir el Ejército como una institución permanente del Estado costarricense.

Desde entonces ningún costarricense sabe lo que es el Ejército como institución, ni sus militares, ni son convocados a ejercicios militares o a incorporarse al ejército, por circunscripción, conscripción, alistamiento o servicio militar obligatorio militar, como parte de su formación ciudadana.

Desde la abolición constitucional del Ejército, Costa Rica no puede participar en eventos militares, ni campañas militares, ni guerras ajenas. Esto ha sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala Constitucional estableció que tampoco puede dar apoyos a actos de guerra de otras naciones o Estados.

Las contradicciones generadas del mismo proceso productivo y del desarrollo económico del siglo XIX, hicieron surgir grupos económicos y clases sociales en formación, que de distinta manera se enfrentaron por la lucha del control político nacional, originando 10 Constituciones Políticas hasta 1871.

A partir de esta Constitución que desarrolló un régimen presidencialista fuerte, y por los vínculos con el mercado europeo e internacional, a partir de 1849, con las exportaciones de café, se logró mayor estabilidad política y gobiernos estables de duración cuatrienal.

Los procesos electorales fueron la principal fuente de poder. Con limitaciones en el ejercicio del sufragio se fue formando la democracia electoral costarricense. Desde 1890 con el surgimiento de partidos políticos se impuso la llegada a órganos de elección popular solo a través de partidos políticos. La elección directa se impuso sobre la de segundo grado en 1913, la elección secreta sobre la pública se impuso en 1924 y la elección universal, con el reconocimiento de voto a la mujer, se logró en 1949. En 1974 se bajó la ciudadanía de los 21 años a los 18.

Un elemento distintivo de la sociedad costarricense, respecto a la centroamericana, fue el desarrollo de libertades ciudadanas y políticas, y de derechos ciudadanos y Derechos Humanos, junto con Garantías Sociales, de rango constitucional desde el inicio constitucional en el siglo XIX hasta hoy.

Del mismo modo un aparato electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones, con rango de Poder Estatal, independiente, alejado del control de los gobernantes, desde 1949, afirman la democracia nacional, le generan confianza institucional y popular a los resultados electorales, y al acatamiento popular de esos resultados.

Educación, elecciones por medio de partidos políticos, ejercicio político electoral como práctica de la vida ciudadana marcaron la diferencia también con el resto de los países centroamericanos, donde predominaron dictadores, tiranos y militares autoritarios en ejercicio del Poder.

A finales del siglo XIX el Presidente Barrios de Guatemala intentó sin éxito formar de nuevo la República Federal. Intentos unionistas vinieron después desde la sociedad civil sin éxito también.

El desarrollo de gobiernos autoritarios, despóticos, militaristas en la región alejaron esta posibilidad de reunión política. Costa Rica se alejó más de ese proyecto. Los intentos integracionistas vinieron de fuera, de la presencia económica extranjera en la época del imperialismo. Sin embargo, continuaron y a inicios de la década de 1950 se impulsó la Organización de Estados Centroamericanos, que políticamente no condujo a nada, pero estimuló la creación de la Secretaría de Integración Centroamericana, SICA, que si funciona, y bien, en el ámbito de las actividades económicas y comerciales.

Los sucesos ocurridos en Centroamérica, con motivo de las revoluciones y movimientos insurgentes, especialmente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala condujeron a salidas políticas para restaurar la democracia política y sociedades democráticas que descansaran en la práctica de libertades y Derecho Humanos, que poco se ha logrado en esa dirección, pero que ha sido importante. Los Acuerdos de Esquipulas no fueron un acuerdo político para establecer el unionismo centroamericano. Tan solo fueron, importantes en ese sentido, para alcanzar la paz en la región, y estabilizarla.

Ante el bicentenario de la Independencia en Centroamérica estos 200 años transcurridos solo han afirmado la separación política de los países de la región, a los que se han integrado en el SICA Panamá y República Dominicana. Los organismos Regionales de tipo político que surgieron de los acuerdos de Esquipulas, la Corte de Justicia y el Parlamento, Costa Rica los ha rechazado, y no hay manera de que pueda integrarse a ellos mientras no se produzcan cambios sustantivos en su integración.

Por ahora los festejos del Bicentenario de la Independencia a nivel Centroamericano tan solo serán una fiesta especial en la región, que cada país también celebrará en su especificidad.

La ley de Empleo Público en el marco político y social actual. ¿Hacia la estructuración fascista del Estado costarricense?

Vladimir de la Cruz

La discusión que se ha venido dando con la llamada Ley de Empleo Público en realidad es sobre toda la institucionalidad del Estado costarricense, sobre el número de sus instituciones y órganos estatales, sobre sus sistemas de funcionamiento, sobre sus formas de contratación y de pago de salarios, e indirectamente sobre la calidad de vida y de trabajo de los costarricenses.

El meollo de este asunto ha sido llevar la discusión, de manera solapada, para valorar el tamaño del Estado costarricense, con todas sus instituciones, y de manera especial, la parte de ese Estado que se concentra en la Administración Central, y las instituciones descentralizadas, incluso a las que la Constitución Política les confiere “independencia” y “autonomía” en el amplio y estricto sentido de estos términos, tanto en sus valores políticos como jurídicos, para acabar con algunas o muchas de estas, las que sea posible, y para ejercer mayor y mejor control político desde el Gobierno, sobre ellas, los trabajadores y la ciudadanía.

Meten en esa discusión a las Universidades públicas, que a todos los efectos por sus alcances constitucionales, gozan de la condición de “independencia” concepto que las iguala per se en rango a los Poderes Públicos.

Así, el objetivo político es disminuir el tamaño institucional de la estructura estatal e institucional del país, ejercer mayor control político, desde el Gobierno, del manejo general de esas instituciones, y tener la capacidad de nombrar y de ejercer control de todos los nombramientos de funcionarios públicos, desde su selección. El objetivo político derivado es trasladar al sector privado de la economía y la política nacional el manejo amplio de los servicios públicos que se disminuyen, y encarecerlos como parte de la tasa de ganancia a favor del sector privado.

En algunos casos hasta se pretende, muy finamente, actuar al interior de esas instituciones hasta en sus objetivos específicos de funcionamiento, como se ha dicho sobre el trabajo de las universidades, en sus nombramientos y el pago de sus funcionarios.

En mi opinión, es una modalidad finamente elaborada de un Estado fascista, en su estructura y organización, que se está tratando de instaurar en Costa Rica con esta Ley y este modelo de control público. El carácter fascista está en el Super Poder centralizado, con capacidad regulatoria, y absoluta de su propia cobertura, que cubre prácticamente toda la vida estatal e institucional del país, bajo la rectoría de la Dirección General del Servicio Civil, que en la Ley se dice “debe establecer, dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas, programas y lineamientos generales que tiendan a la estandarización, simplificación y coherencia en el empleo público y que gozará de independencia en el ejercicio de su cargo y será dirigida por un Director General.”

Me parece que el papel de las competencias que se le asigna en la Ley a la Dirección General del Servicio Civil es lo más tenebroso, lo “fascista”, lo “autoritario” y lo “dictatorial” de este Proyecto de Ley, dándole la potestad prácticamente de definir qué es empleo público y qué no lo es.

El Capítulo de Garantías Sociales, especialmente, aprobado e incorporado a la Constitución de 1871, en la Administración Calderón Guardia, al amparo del Pacto realizado por esa Administración, la Iglesia Católica y el Partido Comunista, que resultado de ese Pacto cambio de nombre a Vanguardia Popular, fue incorporado, con una ligera ampliación, a la Constitución de 1949, en la gestación y discusión de este Texto Constitucional, que está vigente.

Este Capítulo de Garantías Sociales es el que fundamenta política e institucionalmente el desarrollo del Estado Social de Derecho que tenemos, que se acompañó con el desarrollo institucional que impulsaron los Gobiernos que siguieron a la Junta Fundadora de la Segunda República, especialmente hasta 1978, con algunas leyes que posteriormente se aprobaron, especialmente en las Administraciones Figueres Olsen, Rodríguez Echeverría, Chinchilla Miranda y Solís Rivera.

Este Estado Social de Derecho exigió la formación del personal capacitado, de alto nivel, para atender, en calidad y especialidad las distintas funciones, en todo el país, al pueblo costarricense y a los trabajadores en especial.

En el Proyecto de Ley se definen 8 categorías de puestos en toda la Administración Pública, con lo cual se fortalece ese Estado Fascista que pareciera querer construirse, por lo demás autoritario y altamente tecno burocrático. Uso el concepto de burocracia para señalar a aquellos que en la función pública tienen capacidad de tomar decisiones. Burócrata así no es cualquier empleado del Estado, ni lo son todos, solo aquellos que pueden tomar decisiones administrativas o de gestión.

La crisis fiscal, el déficit fiscal, el gasto público, la reducción del Estado, y los altos salarios que se añaden en la discusión del Proyecto de Ley de Empleo Público son solo las hojas del tamal. El tamal es el conjunto de instituciones, valores y alcances del Estado Social de Derecho que se ha estado atacando en todas dimensiones y direcciones, que se quiere acabar, sobre lo que ya se han venido aprobando leyes disminuyendo, debilitando y limitando Derechos constitucionales, especialmente en el campo laboral y social, establecidos por los Diputados Constituyentes originales, con lo cual violan la Constitución, puesto que no pueden ser modificados negativamente.

Del mismo modo, el ataque a las Universidades públicas, para ver cómo las controlan políticamente, desde el control de sus fondos públicos, que por mandato constitucional, tienen que asignárseles, para que las Universidades, en ejercicio de su autonomía e independencia dispongan de conformidad a sus planes, proyectos y objetivos académicos.

El ataque y el debilitamiento del Estado Social de Derecho es a la vez un ataque, un quebranto al régimen institucional, sus instituciones y entes, y al sistema democrático nacional.

El golpe está dirigido a todas las autonomías existentes constitucionalmente, en los distintos servicios públicos, como el Derecho, que por el principio de Autonomía Universitaria, tienen las Universidades para autogobernarse, para darse las normas por sí mismas, principio que está señalado por los Art. 84, 88 y 188, de la Constitución Política, con lo que se enfatiza en la independencia en materia de gobierno y administración y en la independencia para el desempeño de sus funciones, y de plena capacidad jurídica, para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para “darse su organización y su gobierno propio”.

A diferencia de las otras instituciones autónomas del Estado, la Universidad es una institución sui generis, sin que el Poder Político tenga ningún derecho. La Autonomía Universitaria por su origen, su naturaleza, su historia y su función política e institucional es diferente a las otras autonomías establecidas en la Constitución Política.

La Declaración de Quezaltenango, del CSUCA claramente establece como misión de los centros universitarios la lucha de velar por su inviolabilidad, que consiste en defender que no se produzcan actos de fuerza contra la voluntad de la Universidad.

Socialmente el ataque a la institucionalidad del Estado Social de Derecho, y de todos los problemas del Estado y la institucionalidad, se han hecho caer en los empleados públicos. Empresarios, políticos y algunos medios de comunicación se han alineado en este ataque. La discusión del tamaño del Estado, que necesitamos, no se ha hecho, está pendiente. Debe hacerse.

Los servicios públicos estratégicos, principalmente, como salud, educación, electricidad, seguridad ciudadana, asistencia social, de regulación de actividades, entre otros, deben permanecer en manos de Estado.

No se puede avanzar en el desarrollo nacional liquidando el Estado, disminuyéndolo, fortaleciendo los negocios privados y empobreciendo a los trabajadores. La pobreza no la hacen lo pobres. La pobreza es resultado de la riqueza. Ni se puede avanzar en el desarrollo nacional disminuyendo ingresos, salarios y pensiones de los trabajadores. Ni se puede avanzar en el desarrollo nacional desprestigiando instituciones, trabajadores, sistemas sociales de protección. Ni se puede activar el proceso económico reduciendo salarios y capacidad de consumo.

La democracia política impone un sistema de pesos y contrapesos políticos, pero también sociales. Cámaras empresariales y Sindicatos en general son esenciales en esta discusión, y en este equilibrio de pesos y contrapesos, en igualdad de condiciones, sin estigmatizaciones de ellas, sin parcializar a favor de una de ellas.

El Proyecto de Ley sobre Empleo Público por sí no resuelve el problema del déficit ni de la crisis fiscal, porque el déficit y la crisis no descansa en los salarios ni en las pensiones.

Son las instituciones del Estado, las que desde 1950, han ayudado a resolver el desempleo y el trabajo informal, y con sus políticas de salarios han contribuido a distribuir la riqueza social, son las que han permitido la movilidad social como colchón de la estabilidad social y política que ha tenido el país.

El modelo de Estado fascista, a la tica, es lo que se impulsa con esta Ley de Empleo Público, que intenta igualar a la baja a todos los trabajadores públicos, reducirles sus salarios, pensiones e ingresos, empobrecerlos más, acabar con la clase media, aumentar la pobreza extrema y la pobreza en general como parte de un gran negocio económico. Institucionalmente es privatizar hasta donde se pueda todas las instituciones de servicios públicos, incluso las estratégicas.

En el caso de la Autonomía Universitaria que se quiere debilitar es porque la Autonomía surgió históricamente como un grito de Libertad y Democracia, como un retén contra el golpismo político, que culmina cuando se toman las Universidades, no los cuarteles o las instituciones militares. Para avanzar hacia un Estado de características fascistas hay que limitar y si es posible eliminar la Autonomía Universitaria.

La Autonomía Universitaria es una defensa moral y política contra todo abuso del Poder Político, por ello la campaña negativa y de desprestigio que hay contra las Universidades públicas, sus profesores, su personal, sus salarios e ingresos.

Los impactos sociales de la Ley de Empleo Público los veo en esto:

-empobrecimiento del nivel y condiciones de vida y de trabajo de los costarricenses,
-desempleo creciente, afectando las mujeres cabeza de familia,
-subempleo y trabajo informal creciente,
-congelación de salarios, ingresos y pensiones de los trabajadores por los próximos dos o tres años, como se ha propuesto,
-disminución de estudiantes en el sector público y privado de la educación,
-aumento de la deserción escolar en todos sus niveles,
-encarecimiento de los servicios públicos básicos, agua, electricidad, transporte,
-encarecimiento de los alimentos básicos,
-disminución importante de la clase media,
-imposibilidad real de ascenso social para los sectores que han estado en condición de pobreza extrema y pobreza,
-fuerte empobrecimiento de la clase media, especialmente la media media y la media baja,
-disminución y desaparición de programas de asistencia social,
-encarecimiento del nivel de vida en alimentos, medicinas, y recreación,
-disminución de la calidad de servicios públicos esenciales, como la educación,
-privatización de servicios públicos básicos, su encarecimiento,
-debilitamiento de las instituciones públicas educativas y de salud,
-debilitamiento de las organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones solidaristas y cooperativas,
-se aumentarán las brechas e inequidades sociales, así como la desigualdad social,
-se concentrará más autoritariamente el Poder Político,
-se ejercerá un mayor control social, institucional y político de los ciudadanos y trabajadores. Probablemente la UPAD estaba en la lógica de la estructuración fascista que se quiere hacer del Estado costarricense,
-se tenderá a mayor penalización de las relaciones laborales,
-aumentarán las protestas sociales en diversas formas, espontáneas y organizadas, al amparo de la legislación o al margen de ella. La lucha social se mantendrá mientras haya condiciones e injusticias sociales que la fomenten y activen.

En este año electoral veo peligrosamente las posibilidades de que surjan tendencias populistas de diverso signo político.

Urge, me parece, cada vez más, un nuevo Acuerdo Nacional Social y Político, quizá una Nueva Asamblea Constituyente, que redefina de mejor forma el futuro de Costa Rica y de los costarricenses.

(Intervención de Vladimir de la Cruz, en el Foro sobre Autonomía Universitaria, organizado por el Consejo Nacional de Rectores, el lunes 1 de marzo del 2021. Participantes: Dra. Sandra León Coto, ex rectora de la UNA, Dra. Yamileth González García, ex rectora de la UCR, Lic. Gastón Baudrit Ruiz, asesor legal de CONARE, Dr. Luis Baudrit Carrillo, catedrático y ex director de la Oficina Jurídica de la UCR, Lic. Vladimir de la Cruz Lemos, historiador. Moderador: Med. Francisco González Alvarado, presidente de CONARE y Rector de la UNA).

Facultad de Derecho UCR: Análisis del proyecto de Ley Marco de Empleo Público

Facultad de Derecho, UCR

Este documento tiene como objetivo principal hacer un análisis de los principales problemas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público tramitado bajo el expediente legislativo número 21.336. Como parte del trabajo aquí presente, se propone identificar dos objetivos centrales del proyecto, en sus distintas versiones: la centralización del poder y el control unilateral de salarios y condiciones laborales.

Algunos puntos importantes que se pueden encontrar en el documento son:

  1. El proyecto viola el régimen de autonomía constitucional establecido para las municipalidades, la Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades públicas.
  2. Violenta los derechos humanos en el empleo público, al prohibir, o bien vaciar de contenido, la negociación colectiva y los medios de solución de conflictos colectivos, y al hacerlo violenta el derecho a la libertad sindical que tiene en aquellos, parte de sus elementos fundamentales.

En este análisis se abordan aspectos que tienen que ver con la inclusión del servicio civil en la Constitución, sobre la importancia que tiene la autonomía en la constitución política y el papel que tuvieron instituciones como: el Servicio Civil, el Tribunal Supremo de Elecciones, las Municipalidades, la CCSS, universidades y la Contraloría General de la Republica para la redistribución del poder del Ejecutivo. Por otro lado, también se toman elementos sobre empleo público desde lo normativo, económico y político.

Un apartado importante que se desarrolla en el análisis es la inconstitucionalidad del proyecto en relación a la invasión al ámbito de la independencia administrativa, organizativa, política y de gobierno de las universidades estatales y su régimen autónomo de empleo, también se abarcan aspectos que están siendo fuertemente discutidos por sectores y agrupaciones de la sociedad costarricense y que tienen que ver con la negociación colectiva y el salario global.

Algunas observaciones que se mencionan en este análisis son de carácter estructural como: las Competencias otorgadas a MIDEPLAN, al Ministerio de Hacienda o al Servicio Civil para la fijación salarial, la gestión o evaluación del desempeño en la política pública del país, la homogeneización del empleo público, las prohibiciones e incompatibilidades.

Por último, en relación a las conclusiones, este análisis plantea:

  1. a) El proyecto tiene como objetivos centralizar el control y establecer unilateralmente las condiciones salariales y de trabajo.
  2. b) Esto violenta los distintos regímenes de autonomía constitucional.
  3. c) El proyecto parte de un enfoque del empleo público construido a partir de tesis autoritarias y unilateralistas propias del constitucionalismo clásico, en violación del constitucionalismo social expresamente incorporado a nuestro bloque de constitucionalidad por medio de las garantías sociales y por los tratados fundamentales de derechos humanos.
  4. d) Las autonomías se justifican, no solo como instrumentos para limitar el poder del gobierno central, sino como instrumentos para potenciar la eficiencia en cada ente público autónomo, así como para garantizar la libertad de expresión y el ejercicio de prácticas democráticas.
  5. e) Además, prohíbe, limita o vacía de contenido de forma inconstitucional la libertad sindical y la negociación colectiva.
  6. f) El salario global tiende a convertir los salarios en instrumentos de política económica, fácilmente congelables o disminuibles con objetivos fiscales, violando la naturaleza de los salarios establecida en la Constitución Política como instrumento de distribución de la riqueza y movilidad social.
  7. g) Además, el salario global impide la negociación colectiva sobre salarios y pluses salariales, en violación de lo señalado expresamente por la Sala Constitucional.
  8. h) Crea competencias en manos de MIDEPLAN, el Ministerio de Hacienda y/o la Dirección General de Servicio Civil que trascienden por mucho los objetivos expresamente establecidos en los artículos 191 y 192 constitucionales (eficiencia, nombramiento con base a idoneidad comprobada y estabilidad en el empleo).
  9. i) Homogeniza entes públicos que son radicalmente diversos en la naturaleza de sus funciones (administrativa y no administrativas).
  10. j) La gestión de evaluación se centraliza, con lo que se violan las autonomías constitucionales.

Adjunto se encuentra la versión completa del documento:

ACODEHU: Alto a la criminalización y judicialización de la protesta social

SURCOS comparte el pronunciamiento de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (Acodehu):

San José, Costa Rica
12 de enero de 2021

Alto a la criminalización y judicialización de la protesta social

Solidaridad con ciudadanía judicializada

Los últimos meses 2020, en medio de la crisis social, económica y sanitaria agudizada por la pandemia COVID19, diferentes sectores de la sociedad civil se suman al llamado del Movimiento Rescate Nacional (MRN), para impulsar protestas sociales contra las intenciones tácitas del gobierno de Carlos Alvarado de condicionar la vida y el futuro de nuestro pueblo a las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Demostrando de manera consciente y creativa que ante la semiparalización por pandemia, los protocolos de distanciamiento social no son sinónimo de indiferencia social, y mucho menos, negación de la política económica nefasta emprendida por el estado costarricense a partir de la imposición del Combo Fiscal.

En este escenario de lucha social, el 12 de octubre 2020, en una manifestación cívica frente a casa presidencial, son víctimas de detenciones arbitrarias ciudadanía que ejerce el derecho legítimo de toda democracia a protestar y defender la soberanía política, cultural y económica del país, ante las intenciones del gobierno de supeditar aún más nuestras vidas a los mandatos fruto del capitalismo voraz representado en el FMI; lejos de impulsar medidas para que la carga tributaria sea asumida por los sectores de mayor poder adquisitivo del país y no por los sectores más vulnerabilizados, que de hecho, la pandemia ha visibilizado a nivel nacional e internacional el creciente índice de pobreza que sufrimos.

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos reitera su profunda preocupación y rechazo al conjunto de violencias emprendidas por el estado costarricense y apoya las diferentes acciones impulsadas por nuestro pueblo en defensa de sus territorios, conquistas y dignidad, como la reciente marcha emprendida el 11 de enero 2021 por representantes de organizaciones base de las comunidades Ngäbes (ATIAPSI, ATIGUSI, COIS) desde Sixaola hacia San José y denunciamos la práctica del gobierno a hacer caso omiso al mandato desde la CIDH de proteger a las comunidades indígenas recuperadoras de sus territorios y aplicar la normativa respectiva en su defensa.

Precisamente, después de la burla de un supuesto proceso de diálogo, este 11 de enero el gobierno confirma que inicia conversaciones formales con el FMI para lograr un acuerdo “para garantizar la estabilidad económica del país a mediano y largo plazo, y para promover un crecimiento más fuerte, inclusivo y sustentable.” Denunciamos que estas acciones constituyen una continuidad para afianzar la imposición de medidas, políticas económicas y proyectos de ley tendientes a despojarnos de las garantías sociales que han sido pilar para el estado de derecho que históricamente ha caracterizado a Costa Rica y hoy cada vez más amenazado, recargando la crisis económica en los hombros de nuestro pueblo.

Así, nos sumamos al llamado solidario de diferentes colectivas, instancias y organizaciones a fin de sumarse a piquete en solidaridad con compañeros y compañeras que mañana han sido citados a audiencia judicial como parte de esta ola de represión institucional emprendida por el estado costarricense.

Primer Circuito Judicial, San José

Miércoles 13 de enero, 2021
9 AM

De igual manera, reiteramos que dicho proceso de judicialización orquestado desde los grupos de poder, donde incluso medios de comunicación asumen un papel mediático intentando convertir en delito el derecho humano a la protesta social, se suma a una gran cantidad de casos de compañeras y compañeros víctimas de abusos policiales, persecución y detenciones arbitrarias, quienes muchas y muchos hoy se encuentran con procesos judiciales que atentan contra su dignidad y proyectos de vida.

¡No al FMI!
¡La protesta social es un derecho humano inalienable!
¡No a la criminalización y judicialización de la protesta social!
¡Respeto a la integridad física y emocional por parte de la fuerza pública!

ACODEHU

Ana Cecilia Jiménez
Presidenta ACODEHU

Manuel Mora Valverde. Facetas de su vida y sus luchas

Intervención de Vladimir de la Cruz en el funeral de Manuel Mora Valverde, quien falleció el 29 de diciembre de 1994. La transcripción del discurso fue publicada en febrero de 1995 en la Revista Reflexiones, de la Facultad de Ciencia Sociales de la Universidad de Cota Rica, Nº 31. SURCOS comparte el texto enviado a nuestra redacción por el autor.

Vladimir de la Cruz

La vida de Manuel Mora está íntimamente ligada a la historia nacional de los últimos setenta años. Su obra, su lucha revolucionaria, fue la Revolución Social, la lucha por transformar este país, por desarrollarlo hacia una sociedad más justa, más próspera, más democrática, más igualitaria.

La actividad política Manuel la inicia siendo un joven estudiante en la década del 20, década en la cual hereda las mejores tradiciones antiimperialistas, obreras y nacionales de lucha del pueblo costarricense.

En cuanto a las luchas antiimperialistas, desarrolladas desde principios de siglo, la segunda mitad de esta década fue rica. La Sección costarricense del APRA, en la cual estaba Carmen Lira, Luisa González y Gonzalo González; La Liga Cívica Juan Rafael Mora, en la que participaban Alejandro Alvarado Quirós y Ricardo Fournier crearon una conciencia sobre la defensa de los recursos y de la soberanía nacionales. Así Manuel impulsa también la Sección costarricense de la Liga Antiimperialista de las Américas, organización que se suma a esas tradiciones haciéndola un instrumento importante de lucha orientada a salvaguardar la identidad nacional de América Latina, cuando el continente era presa de constantes intervenciones norteamericanas, como la que sufría entonces Nicaragua que dio origen a la gesta heroica de Augusto César Sandino, en 1927.

Su activismo estudiantil lo continuó aún ya fundado su Partido Comunista, cuando en 1933, en San José, encabezó la delegación costarricense del II Congreso Iberoamericano de Estudiantes.

En cuanto a las luchas populares y la experiencia organizativa del movimiento obrero, hereda la lucha que se remonta al movimiento popular de Félix Arcadio Montero, a finales del siglo pasado; a las luchas políticas de Dr. Aniceto Montero, organizador y divulgador del pensamiento socialista en el país a principios de los veintes, a las luchas populares del General Volio y su Partido Reformista, a la presencia y luchas de la organizaciones sindicales que desde 1901 llegan constituir la Confederación General de Trabajadores de 1913 y, al disolverse ésta para dar origen al Partido Reformista, a la Confederación Obrera Costarricense o Nacional, desde 1923 hasta 1928. En 1928, se constituye la Unión General de Trabajadores la más importante organización obrera de esos años y de la década del 30, en la cual había dirigentes obreros como Gonzalo Montero Berry, Fabián Soto, Abel Dobles. Igualmente hereda una tradición de luchas huelguísticas impulsadas desde el siglo pasado.

Hereda también una rica tradición de organización política, partidos de la clase trabajadora, el partido de Obreros y Artesanos (1886), el Independiente Demócrata (1893-98), los Partidos Obreros de Limón, San José y Grecia (1913), el Partido Socialista de Costa Rica (1919-20), el Partido Reformista (del período 1923-28), el Partido Alianza de Obreros y Campesinos (1930).

Se ligó a la creación de la Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera y poco tiempo después, en junio de 1931, fundó el Partido Comunista de Costa Rica, destacándose Manuel, desde entonces, no solo como organizador y luchador político. Desde entonces su Partido Comunista es la institución de mayor trayectoria política que tiene el país, apenas seguido en edad por el Partido Liberación Nacional que se acerca a los 45 años.

En su lucha política impulsó la organización de periódicos, entre ellos La Revolución (1929-31), Trabajo (1931-48), Adelante (1953-1961) y Libertad (1961-1993), en los cuales tuvo presencia constante. Fue articulista en otros medios, incluso durante el período de lucha clandestina en el que utilizaba seudónimos para escribir como Eladio Jara. El periódico para Manuel era un vehículo de educación política, de agitación y debate, de organización y movilización de lucha social.

Los acontecimientos internos como la situación internacional de la década del 30 permitieron el desarrollo político de Manuel y su Partido. Fueron años de grandes huelgas como las del 34, la bananera, la de zapateros y la de cogedores de café, de movilizaciones de desocupados de la crisis del 30, de las primeras luchas políticas por la legalidad electoral de su Partido, años de desarrollo de las luchas campesinas, donde fue asesinado Herminio Alfaro en Barba de Heredia y gran cantidad de luchas que permitieron desarrollar más la organización de obreros, trabajadores y campesinos. Fueron los años que realzaron la figura parlamentaria y la oratoria política de Manuel, diputado continuo desde 1934 hasta 1948.

Fueron años también en que se vinculó a tareas se solidaridad internacional en la lucha contra la posibilidad de la segunda guerra mundial, contra el ascenso del fascismo y nazismo en Europa, por la República Española (1930-1936) y en defensa de ella durante la guerra civil española (1936-1939). Fueron años de duras dictaduras centroamericanas lo que lo llevó a las luchas por la democratización de centroamericana apoyando las luchas contra los dictadores Hernández Martínez, Ubico, Carías, también de solidaridad contra la dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela y otras más.

Fortaleció en esta década la organización obrera y campesina en el Valle Central provocando que en 1938 se impulsara bajo la dirección de su partido el Comité Sindical de Enlace (1938-1942) y la Unión Nacional Campesina (1938-1942), instituciones que dieron las principales luchas por la consecución de las garantías sociales y el Código de Trabajo, unidas en 1942-43 bajo el nombre de Comité Nacional Sindical de Enlace, que en 1943 se disolvió para dar paso a la Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR 1943-1948), organización que inicialmente representó a los trabajadores en la Junta Directiva de la CCSS. Más tarde, en 1945, se incorporó a dicha Junta la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum con el padre Benjamín Núñez. A la CTCR le tocó desarrollar las grandes movilizaciones para consolidar las reformas sociales.

En este período, dio importantes luchas por la legalidad electoral de su Partido, que tuvo que participar en los procesos electorales con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos (1934-1942), porque con el nombre de Partido Comunista, no se le permitía. Durante el gobierno de León Cortés (1936-40) su organización fue bastante reprimida y hasta le anularon el nombramiento de diputado del poeta Carlos Luis Sáenz. En estos años fue recibido con honores por el Congreso de la República de México.

Desde 1934 hasta 1948 fue diputado ininterrumpidamente, destacándose como gran parlamentario y orador político. En 1937 se graduó de abogado, profesión que desempeñó junto a su actividad política. Otros parlamentarios de su Partido fueron Efraín Jiménez Guerrero, Alfredo Picado Saénz, Jaime Cerdas Mora, Luis Carballo Corrales, Carlos Luis Fallas, Víctor Cordero. La actividad político-parlamentaria Manuel la convirtió en escuela de educación obrera y de lucha social. Sus proyectos de ley estuvieron siempre asociados a la movilización de sectores sociales en su apoyo y a la organización para lograrlos. El parlamento lo convirtió también en una tribuna de agitación, de movilización y de organización, en una escuela de acción revolucionaria.

Durante la década del 30 la lucha contra el ascenso del fascismo y el nazismo en Europa, por la República Española y durante la Guerra Civil de España, Manuel y su gente estuvieron ligados no solo en actos de solidaridad y creando organizaciones como Socorro Rojo Internacional, especie de Cruz Roja de los comunistas, desde Costa Rica, sino en los propios campos de batalla con la presencia de Adolfo Braña y Rafael Ángel Llubere, militantes de su organización que habían sido expulsados del país y que se integraron al combate por la República Española y contra el fascismo y el nazismo en tierras europeas. En esta lucha también estuvo Vicente Sáenz, extraordinario costarricense, quien fue luego guía espiritual de don Pepe Figueres en su exilio en México del año 42 y 43.

En 1935 su partido se hizo representar en el VII Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú con el dirigente obrero Rodolfo Guzmán, año en que también participaron con Arnoldo Ferreto en la Conferencia de la Habana de partidos comunistas de América Latina.

En el 39, ante la amenaza de derogar las leyes liberales se produce la primera alianza táctico electoral importante del Partido Comunista y de Manuel con otros sectores políticos nacionales encabezados por don Ricardo Jiménez, que dio origen al Partido Alianza Democrática Nacional, del que era su Secretario de Organización. Fue un cambio de táctica de don Manuel, pero no de principios porque Manuel Mora Valverde nunca dejó sus principios ni nunca renunció a sus ideas. La violenta campaña electoral hizo que don Ricardo se retirara y a las elecciones del 39 solo se presentaran tres partidos, entre ellos el de Manuel postulándolo como candidato a la Presidencia, elección que ganó el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, inicialmente combatido por el movimiento obrero y popular y por los comunistas por el apoyo de la oligarquía conservadora que tenía.

La guerra mundial avanzó. Las condiciones internacionales también empezaron a modificarse. La crisis económico social se cernía sobre gran cantidad de países del mundo y de aquellos que como el nuestro dependían del comercio con Europa. Así desarrolló un Plan para salir de la crisis de guerra, que contenía en esencia, los elementos básicos de las garantías sociales y de la legislación social. Pero también empezó a definir con inteligencia las relaciones de nuestro país en el contexto de la guerra mundial y de las relaciones con Estados Unidos en ese período.

La década del 40 inició así con la Guerra Mundial, en el campo internacional; con el ascenso del Dr. Calderón Guardia a la presidencia de la República y de Monseñor Sanabria, a la jefatura de la Iglesia, ambos hombres sensibles y talentosos que en el plano nacional, como Manuel, representaban fuerzas sociales importantes.

Fue en la segunda parte de la Administración Calderón Guardia, luego del ataque japonés a Pearl Harbor y la incorporación de los Estados Unidos a la guerra mundial, que se crearon las condiciones internacionales favorables para se produjera una nueva alianza política y social a partir de 1942 y 43 que culmina con la promulgación de la Garantías Sociales y el Código de Trabajo, sumándose a las reformas de seguridad social y educativas del país, ya planteadas e iniciadas en la administración Calderón Guardia.

Como resultado de esta alianza el Partido Comunista cambió de nombre a Vanguardia Popular, Manuel reconoció que la reforma social que se impulsaba bajo esta alianza tenía fundamentos socialcristianos y la Iglesia Católica en boca de su Arzobispo manifestó que los católicos podían ingresar a la organización Vanguardia Popular “sin cargo de conciencia alguna”.

La guerra permitió también a Manuel fortalecer su lucha contra el fascismo mundial. Junto con costarricenses como Fernando Valverde Vega, Francisco Orlich Bolmarcich, Manuel Picado Chacón impulsó el Comité Antinazi de Costa Rica, que importante papel desempeñó en esos años complejos, de profunda agudización de las contradicciones sociales.

A nivel latinoamericano, durante este período, su partido participó en la gestación de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), por medio de Arnoldo Ferreto, quien junto a Jaime Cerdas desarrollaban importantes luchas con el campesinado y los trabajadores nacionales y de colonización agrícola en la periferia del Valle Central.

Los años de la alianza con Calderón y Sanabria, con el gobierno y la Iglesia, permitieron la promulgación de la legislación social y la materialización de las principales instituciones sociales del país. Fueron años de lucha también por la ley de inquilinato, por la llamada ley de parásitos o precaristas, por las casas baratas, por protección a los campesinos, por la seguridad social, por comida barata etc.

El país ya ha rendido homenaje a dos de esos costarricenses, al llevar sus nombres dos instituciones hospitalarias, el Hospital Calderón Guardia y el Hospital Monseñor Sanabria. El nombre de Manuel Mora debe ligarse igualmente a una de las dos instituciones hospitalarias que están por crearse, el Hospital de trasplantes o el Hospital oncológico. En la administración Calderón Fournier (1990-94) importante monumento se hizo para conmemorar el 50 aniversario de la aprobación de las Garantías Sociales. El gobierno de don Jose María Figueres (1994-98) ha elaborado el proyecto para que a ese conjunto escultórico, de la rotonda del Zapote, se le agreguen las figuras de Manuel Mora y de Monseñor Sanabria.

Los años que siguieron a la reforma social, fueron tensos, agitados, violentos. A favor de la legislación social y en contra de ella, a favor de la defensa del sufragio y de la pureza electoral se enmarcaron las luchas políticas de la población costarricense, de los años siguientes, polarizándose cada vez más hasta culminar en los acontecimientos que todos, de distinta forma conocemos, en la guerra civil o el movimiento armado de marzo y abril de 1948, el enfrentamiento entre costarricenses que abanderados de reforma social, de defensa del Código de Trabajo, de la seguridad social y las garantías sociales o de pureza electoral se enfrentaron.

Fueron años de intensa actividad opositora al gobierno de Calderón Guardia, que en su segunda mitad tuvo el apoyo de los comunistas. Fueron los años contra los intentos del gobierno de impulsar una ley electoral orientada a favorecer el fraude, ley contra la que el propio Manuel Mora estuvo en contra. Y fueron los años en que la alianza política con el calderonismo culminó en la creación del bloque electoral denominado Bloque de la Victoria, que llevó a Teodoro Picado a la Presidencia y a Manuel a ser jefe ocasional de la bancada de diputados no solo de su partido sino también del gobierno.

Durante estos años, de la segunda guerra mundial, el Partido Comunista con Manuel al frente estuvieron de acuerdo en dejar de lado, tácticamente, la lucha por la dictadura del proletariado y la lucha de clases, convocando a la colaboración de clases y de los distintos sectores sociales del país para enfrentar patriótica y unitariamente los principales problemas nacionales. Pasada la guerra mundial se desarrolló internacionalmente la guerra fría cuyos elementos esenciales los introdujo en Costa Rica Otilio Ulate en ese mismo tiempo, desde las páginas de su periódico El Diario de Costa Rica.

Bajo el gobierno de Picado la tensión aumentó y la violencia contra los comunistas y el propio Manuel se exacerbó. Atentados contra él, contra su partido, contra la Confederación de trabajadores, contra el periódico del gobierno. Violencia ejercitada también por la propia policía encabezada por el tenebroso Tavío contra la oposición y los propios comunistas hicieron que el partido de Manuel desarrollara las llamadas Brigadas de Choque, para su autodefensa, que constituyeron un elemento más en esta escalada de violencia que sufría la sociedad costarricense.

Murió León Cortés en 1946. La jefatura de la oposición disputada por Figueres y Ulate la asumió don Otilio, quien propiciaba una salida política en las elecciones del 48, bajo la condición de que si hubiera fraude se pasaría a la insurrección, que era la tesis de Figueres. En 1947, con los ánimos exaltados, después de la huelga de los brazos caídos de finales de julio, el gobierno entregó a la oposición el control del aparato electoral. Calderón insistía en ser postulado nuevamente a la presidencia. No contaba inicialmente con el apoyo de los comunistas, quienes inscribieron sus propios candidatos. Las circunstancias de la violencia que vivía el país y la supuesta amenaza contra las reformas logradas hicieron que los comunistas votaran por Calderón, sin haber materializado pacto alguno con él. El resultado favorable de esas votaciones a Ulate, el voto salvado de Max Koberg Bolandi en el Consejo Electoral por el supuesto de fraude e irregularidades electorales hicieron que el Congreso, que debía ratificar el proceso lo anulara y Figueres consecuentemente con ello se levantó en armas para garantizar dicho resultado.

Importante es señalar que Manuel Mora, Jaime Lobo, Jaime Cerdas, entre otros dentro del Partido Comunista, se opusieron a la nulidad de las elecciones y por respetar su resultado. Ello explica, entre otras razones porqué el discurso en el Congreso, por la bancada comunista, la hizo el diputado Luis Carballo Corrales, por lo demás redactor del Código Electoral de 1946.

Un mes de guerra, con saldo de 3000 muertos, con amenaza de intervención extranjera de Nicaragua por el norte, y de los Estados Unidos por el sur, hicieron que Manuel Mora, sin renunciar a los principios renunciara a las armas en interés de la patria y buscara un pacto con Figueres para evitar y el dolor y la humillación de la intervención militar extranjera en Costa Rica. Esta ha sido la única renuncia en interés de la patria que ha hecho Manuel, la renuncia de las armas, pero no de los principios. Así se firmó el Pacto de Ochomogo por Figueres y Núñez, del Ejército de Liberación Nacional, por Carlos Luis Fallas (Calufa) y Manuel Mora por el Partido Vanguardia Popular, sin presencia de elementos del gobierno y con el apoyo de Monseñor Sanabria.

En este Pacto se comprometieron los comunistas a entregar las armas, lo que hizo Manuel Mora en discurso en el Parque España, frente al local de la CTCR, y Figueres a respetar la legalidad de los partidos y organizaciones y las reformas sociales. En lo esencial del pacto se cumplió todo excepto la legalidad de los comunistas que fueron proscritos. En la Junta de Gobierno Benjamín Núñez, Francisco Orlich y José Figueres estuvieron de acuerdo en respetar esa legalidad.

Siguieron los años difíciles del 48 y del 49; los años de la represión y del exilio de Manuel y de Carmen Lira, quien murió en el extranjero, pero también años de exilio de muchos costarricenses. Regresó nuevamente Manuel a principios de la década del 50. El ambiente nacional era difícil para sus partidarios y para los calderonistas. Su Partido se reconstruyó con apenas 50 militantes en 1951, que actuaban en la clandestinidad, en años de represión, de aislamiento social, de persecución. Los sucesos del 48 culminaron trágica y dolorosamente cuando Calderón intentó en diciembre de ese año invadir Costa Rica y elementos de la Junta de gobierno dispusieron asesinar a algunos dirigentes comunistas presos llevando a cabo el asesinato del Codo del Diablo. Esa aventura de Calderón no contaba con el apoyo de los comunistas ni de Manuel Mora.

Fueron años de persecución, de clandestinaje para muchos costarricenses, de difícil situación social en el país, pero años en que Manuel y su gente, reducida a menos de 100 personas, lograron nuevamente impulsar la organización no solo de su Partido sino también de trabajadores y de sindicatos, de trabajadores urbanos y campesinos, y nuevamente iniciar el camino de la lucha por el fortalecimiento democrático de Costa Rica, porque el camino del socialismo costarricense de Manuel es el camino de la democracia; para Manuel al socialismo solo se podría llegar con mayor democracia, no solo política, sino también social y económica.

Los sucesos de 1955, la intentona de otra guerra civil por la intervención armada desde Nicaragua por parte de calderonistas y llamados los coyotepes, tampoco contó con el apoyo de Manuel ni de su Partido, que procuraban dentro del espacio político nacional abrir cauces democráticos de participación y de recuperar las libertades políticas restringidas.

Fueron años de intensa lucha por la organización de los trabajadores urbanos y rurales. Cantidad enorme de huelgas se empezaron a desarrollar con la participación de los comunistas desde la clandestinidad.

Nuevamente fue reconstruida su organización sindical, la Confederación General de Trabajadores Costarricenses. Fueron años de lucha por la paz mundial a propósito de la Guerra de Korea, de la guerra en Indochina contra los franceses, de gran solidaridad internacional con la lucha nacional libertadora de gran cantidad de pueblos que durante estos años derrotaron el colonialismo en distintas regiones del mundo.

Estos años permitieron que ese extraordinario costarricense Joaquín García Monge facilitara con su compromiso por la justicia su nombre y su prestigio, para organizar primero un periódico llamado Adelante, para darle voz a los que después de la guerra no la tenían, y luego una organización política, el partido Progresista Independiente, para intentar la participación ciudadana de los que habían perdido en la guerra. El periódico Adelante lo cerraron en 1961 pero inmediatamente Manuel impulsó otro llamado Libertad, al que se vinculó hasta su muerte.

Durante el gobierno de don Mario Echandi, bajo las circunstancias del proceso integracionista centroamericano y de industrialización, amenazante para ciertos sectores tradicionales, se crearon condiciones para un acercamiento de Manuel y su Partido con el Gobierno, que se tradujo en tolerancia para su organización y oportunidad para abrir locales, los Centros Obreros de Estudios Sociales, y volver a ocupar espacios radiales para referirse a problemas del país. Pero también fueron de enfrentamiento con ese gobierno por la ruptura de las relaciones diplomáticas con la recién triunfante Revolución Cubana, para lo cual se creó la Sociedad de Amigos de la Revolución Cubana. Oportunidad hubo también de inscribir el Partido Acción Democrática Popular, con participación de los comunistas que llevó a la Asamblea Legislativa a Julio Suñol Leal.

A pesar de la tensa, represión y persecución, de estos años, se abrieron importantes compuertas para la lucha democrática en el país. A finales de los sesentas la crisis que atravesaban importantes sectores de cafetaleros y económicos nacionales hicieron que el propio gobierno del Presidente Trejos Fernández le otorgara pasaporte diplomático para gestionar ventas de café en los entonces países socialistas. Así Manuel sirvió también a la Patria, al país y a sus grupos económicos más poderosos, haciendo de agente comercial internacional, cuando el país le demandó esta colaboración, aun cuando en el plano político interno le tenían limitaciones de participación electoral.

En estos años Manuel no solo era una personalidad política nacional sino también lo era en el plano internacional, a nivel del llamado movimiento comunista internacional y en los movimientos revolucionarios centroamericanos. Manuel está ligado a la fundación y desarrollo de organizaciones revolucionarias en Centroamérica, desde la década del 30 y en los 50s a la fundación del llamado Segundo Partido Comunista de Honduras. Las conferencias de Partidos Comunistas centroamericanos tenían mucha influencia del Partido de Manuel y de su talento e inteligencia. Cuando en 1961 se realizó la llamada Conferencia de los 81 Partidos comunistas del mundo, que valoró la situación internacional y enfrentó las posiciones que entonces enarbolaba el Partido Comunista de China, Manuel fue escogido, en una comisión de 5 miembros, para hablar a nombre de todos los Partidos de dicha conferencia con el Partido Comunista de China y con Mao Tse Tung. De los dirigentes comunistas de América Latina era de los de mayor trayectoria de lucha y de mayor prestigio reconocido.

Vino la década del 70, intensa de luchas nacionales, obreras y populares, y centroamericanas. Volvió Manuel al Congreso en el gobierno de Figueres a luchar por la derogación del segundo párrafo del Art. 98 de la Constitución Política que se aplicaba únicamente a los ciudadanos que eran o aparentaban ser comunistas para proscribirlos de su actuación electoral. En esta lucha, como en otras importantes, coincidió con Figueres, quien como Presidente se empeñó en superar los odios y las pasiones del 48. A Figueres se le deben los monumentos unitarios a los caídos de los dos bandos, sus mensajes a volver a reunir la familia costarricense superando las pasiones del 48. Figueres como parte de esta nueva situación también se empeñó, con el apoyo de Manuel, contra viento y marea, contra las presiones internacionales de los Estados Unidos, por restablecer relaciones con la entonces Unión Soviética y algunos países socialistas y crear condiciones para la superación de la guerra fría en nuestro país.

Fueron también años de grandes huelgas de trabajadores y de universitarios en el país y de la insurgencia centroamericana, especialmente de la lucha en Nicaragua y el Salvador. El aporte de Manuel a la caída de Somoza es innegable si consideramos la presencia en esa lucha de la Brigada Fallas y de la Brigada Mora y Cañas, que con costarricenses de su partido y de otras fuerzas de izquierda, se sumaron a aportar su grano de combate en la caída del dictador, en el triunfo de la revolución sandinista y del ascenso revolucionario en Centroamérica. En esta lucha murieron costarricenses y miembros del Partido de Manuel.

En el plano político partidario desde la década del sesenta empezaron a desarrollarse otros grupos y fuerzas de izquierda en Costa Rica, que tuvieron siempre abiertas las puertas de Manuel, para su consejo, la discusión de las divergencias y sobre todo para encontrar los puntos de convergencia. Esta década culminó en este aspecto con el desarrollo de la organización electoral más grande de la izquierda desde 1948, que fue Pueblo Unido.

En el campo sindical enormes e importantes luchas se llevaron a cabo pero especialmente culminó ello en el Comité Unitario Sindical, que buscaba con la presencia del Partido de Manuel, la unidad de todos los trabajadores del país.

La lucha por la defensa del proceso de la revolución sandinista llevó a Manuel, hace diez años, con setenta y cinco años de edad, al propio frente de combate, al río Coco, en Honduras, a enfrentar la llamada Contra nicaragüense. Allí llegó Manuel Mora enarbolando la bandera de su lucha y de su obra la revolución social en Centroamérica. Estos méritos, entre otros, le valieron por parte del Gobierno cubano el reconocimiento de la Medalla Playa Girón, por su aporte a la causa de la revolución.

El tiempo que siguió es poco conocido aún en detalles. En este período Manuel ha jugado un papel extraordinario en la lucha por la pacificación y la búsqueda de una solución política al conflicto centroamericano. Múltiples reuniones nacionales e internacionales con don Pepe, Fidel Castro y otras personalidades del país y del área llevó a cabo con este propósito. En este sentido, el Dr. Luis Burstin también sirvió de intermediario de Fidel, don Pepe y Manuel ante el Departamento de Estado, en búsqueda de esta solución política y pacífica para el problema militar en Centroamérica. Por ello no se ha dicho todo sobre la paz en Centroamérica.

Manuel Mora siempre tuvo presente el desarrollo institucional de Costa Rica. El socialismo en Manuel era la búsqueda constante de la democracia más plena, de manera que la lucha por la democracia era para Manuel la lucha por el socialismo, la lucha por el desarrollo institucional y democrático de Costa Rica era un camino para lograr esa sociedad mejor a la que aspiraba Manuel Mora. En este sentido su patria no se reducía a Costa Rica, alcanzaba Centroamérica, América Latina y el Mundo, porque su Patria no tenía las fronteras administrativas de Costa Rica, como bien dijo el Señor Presidente en la Iglesia de La Soledad el día de sus honras fúnebres, sino que su Patria alcanzaba las tierras donde hubiera una gota de injusticia social. Allí plantaba Manuel sus banderas de la redención social lo que lo hacía un hombre profundamente humanista e internacionalista.

Manuel Mora puede estar tranquilo de que sus ideas no cayeron al vacío. Mientras haya una gota de injusticia social, de pobreza, de miseria o de opresión; mientras haya el deseo de tener una Costa Rica más justa, más próspera, más democrática allí estaremos todos los que como Manuel creemos en una Costa Rica más democrática.

La Revolución, en Manuel, se reducía una palabra: SUMAR, no restar, no dividir. SUMAR, esa era la consigna y motivación política de Manuel, sumar conciencias, sumar voluntades para transformar democráticamente a Costa Rica. Y sumar democracia, como un camino necesario al socialismo.

Sin ninguna duda Manuel Mora estará permanente y cotidianamente incrustado en la historia nacional y en la vida de todos los costarricense aun cuando ellos mismos lo ignoren. En cada huelga, en cada organización sindical que se forme, en cada lucha campesina, en la lucha por el derecho a la Tierra, al Trabajo y al Techo, las tres T que preocupaban permanentemente a Manuel, en la lucha por desarrollar las libertades públicas y electorales, en las cuestiones inquilinarias, en la lucha por defensa de la soberanía e independencia nacional siempre estará presente la firma MANUEL MORA VALVERDE.

Los derechos sociales y laborales están protegidos, amparados y consolidados en la legislación internacional ratificada por Costa Rica

Vladimir de la Cruz

En estos últimos dos años por una combinación de factores, de luchas sindicales, de equivocadas y mal dirigidas huelgas, de movilizaciones de trabajadores y de ciudadanos, de discusión de derechos sociales, laborales y beneficios económico-sociales logrados históricamente por estas luchas, de una arremetida patronal, e institucional, contra estos derechos consolidados históricamente, aprovechando la debilidad organizativa sindical, la ausencia de partidos políticos que hoy no tienen como banderas los derechos sociales y laborales, que en el pasado agitaban, se han impulsado cambios severos a la legislación laboral y social nacional. A ello se ha sumado, como contexto que contribuye a estos recientes ataques, la situación generada por el impacto de la Pandemia del Coronavirus COVID 19.

Los salarios han sido y siguen siendo atacados con una visión de establecerlos con techo a la baja, cuando los salarios como ha dicho Kamala Harris, la próxima vicepresidenta de los Estados Unidos, no deben tener techo, tienen piso. Por ello también sus primeros anuncios de elevar salarios mínimos, y de aumentar el empleo en cuanto asuman el Gobierno, en enero, para estimular también la economía y la producción.

Igual sucede con las pensiones. No es el problema de las altas pensiones. Es el ataque a todas las pensiones, como a todas las escalas de salarios. Cuando se ha puesto techo a éstas se ha puesto una traba a los salarios que son los que originan la expectativa de pensiones, según los sistemas jubilatorios al que pertenezcan los trabajadores. Esto contribuye a fomentar el mayor desempleo profesional de los próximos años.

La ley de empleo público, que puede ser una necesidad, si los sindicatos no la asumen como una tarea propia, con su propia propuesta, contribuyendo en esa dirección a la discusión pública y legislativa, se la van a imponer al país, con el sello de quienes la impulsan hoy, los enemigos de la organización sindical, de los derechos de los trabajadores y de las convenciones colectivas, que son derechos constitucionales.

En el caso de las Convenciones Colectivas el límite que tienen en su ejercicio de negociación es el que pacten los sindicatos y los representantes patronales. Son los patronos los que aceptan los términos y alcances de esas Convenciones. Y, en esa discusión pueden abrirse los libros contables de las empresas para ver su posibilidad de cumplimiento de lo que llegue a pactarse o de lo que se nieguen a pactar.

Históricamente las convenciones colectivas que se critican, por lo que se estableció en ellas, como derechos y beneficios de los trabajadores, fue el resultado de la lucha, que en esos años había para evitar que sindicatos dirigidos por comunistas estuvieran dominando o llegaran a tenar presencia en instituciones públicas y del Estado. De esa manera, principalmente, el Partido Liberación Nacional, pactaba con sus organizaciones y dirigentes sindicales, esas Convenciones, dando derechos, beneficios y privilegios a trabajadores, beneficiándose también los mismos dirigentes empresariales de la institución que las negociaban, lo que era una irregularidad. No son así las pocas Convenciones existentes el sector privado.

Hoy no existe, como en el período de la Guerra Fría, el comunismo, ni partidos comunistas, ni de izquierda, que “amenacen” la estabilidad democrática nacional, ni hay sindicatos dirigidos por partidos políticos de izquierda o comunistas que tengan algún peso nacional. Militantes comunistas, socialistas y de izquierda, anti partidos tradicionales, formados y nacidos en el período de la Guerra Fría han sido miembros de Consejos de Gobierno, sin que eso haya afectado en nada el ejercicio de los gobiernos de los que han sido parte, ni los han “sonrojado” de ninguna forma. En mucho esos ministros pasaron o pasan inadvertidos públicamente.

Las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, de 1943, ratificadas por la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, son una conquista social que enriqueció la Democracia Nacional, que le dio estabilidad y solidez. A quienes lo lograron se les ha distinguido con el Benemeritazgo de la Patria. La pérdida de esas Garantías y Derechos, acompañada de la caída del nivel de vida, del deterioro y empobrecimiento de la clase media, sí puede constituirse en un factor de inestabilidad social y política muy serio en el futuro inmediato.

Por eso es bueno recordar que la legislación nacional, social y laboral, en todos sus extremos, hoy está amparada también en Legislación Internacional aprobada y ratificada por Costa Rica. Recojo unos datos de esta legislación internacional.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, fue aprobada por la Organización de Estados Americanos, la que fue ratificada por Costa Rica.

La Convención reafirmó un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; justificados como protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el Derecho interno de los Estados americanos, como el de Costa Rica, principios que son consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, que también han sido ratificados por Costa Rica.

Todo esto para realizar el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, con condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.

La tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, realizada en Buenos Aires, en 1967, aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales. Los Estados firmantes, entre ellos Costa Rica, convinieron y se obligaron en respetar estos Derechos, con medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

En el Capítulo II sobre Derechos Civiles y Políticos quedó establecido el Derecho a la Vida, y de manera contundente se señaló que “no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”, justo señalarlo para quienes en Costa Rica, de vez en cuando, claman por establecer esta máxima pena.

Del mismo modo, se señala que “en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos, y que no se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez”, allí donde todavía exista este castigo.

También se estableció que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Con la Convención se ratificó, una vez más, la prohibición de la Esclavitud y Servidumbre, de modo que “nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas”, lo mismo “que nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio, declarando que no constituyen trabajo forzoso u obligatorio, los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente”.

Sobre el Derecho a la Libertad Personal se estableció que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, y que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. En materia de Derecho de Reunión “se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”.

En el Capítulo III sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención señala que “los Estados Partes, como Costa Rica, se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.

En 1988, en El Salvador, se aprobó lo que se conoce como el “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”, también ratificado por Costa Rica, que es el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Este Protocolo bien podemos considerarlo una ampliación, consolidación y fortalecimiento del Capítulo de las Garantías Sociales de la Constitución Política, así como del propio Código de Trabajo, en lo que corresponda.

Entre las disposiciones que se establecen en este Protocolo, ratificado por Costa Rica, están el Derecho al Trabajo, el que “toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa”, el que “los Estados se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo…”, donde “toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias”, con “una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción”; la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional”.

Se establece la necesidad de “la seguridad e higiene en el trabajo”. Este aspecto es frágil en el país, que tiene alrededor de 100.000 accidentes de trabajo por año.

El Protocolo establece “La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida”; “la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales.

Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos”; “el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales”. En materia de Derechos sindicales el Protocolo garantiza “el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados Partes, como Costa Rica, permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección.

Los Estados Partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente”. Del mismo modo garantiza “el derecho a la huelga”, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, Derecho a un medio ambiente sano, Derecho a la alimentación, Derecho a la educación, derecho a los beneficios de la cultura, derecho a la constitución y protección de la familia, derecho a la niñez, Protección a los ancianos, a los minusválidos. A esto suman los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Costa Rica.

08 de noviembre de 2012: ¡nunca olvidar!

Carlos Vega

UNA «democracia» con PELAJE de DICTADURA!

El 08 de noviembre de 2012 desde los diferentes confines de esta Patria SAQUEADA por los desgobiernos, nos movilizamos desde muy temprano hacia San José nuestra Capital.

Íbamos acompañados de adultos mayores y familiares de diferentes edades incluidos niños que también defendían el Derecho Humano a tener una Seguridad Social como la que pensaron en las luchas de la década de 1940 que costaron FUSILADOS, REPRIMIDOS, TORTURADOS Y DESTERRADOS de nuestra Patria.

Centenas acudimos a San José el 08 de noviembre de 2012, marchamos en Paz hacia la Caja Costarricense de Seguro Social en DEFENSA de uno de los mejores Sistemas de Seguridad Social en el mundo, en peligro de ser PRIVATIZADO ya que para las cúpulas políticas empresariales: ¡el negocio de la SALUD es lo más lucrativo que existe!

Grandes costarricenses como Monseñor Víctor Manuel Sanabria por la Iglesia Católica, Licenciado Manuel Mora Valverde del Partido Comunista y el Doctor Calderón Guardia entonces Presidente de la República, unieron pensamiento en la DIVERSIDAD de las ideas, y parieron en las luchas de la década de 1940, las GARANTÍAS SOCIALES, aún hoy AMENAZADAS por los DESGOBIERNOS en estas últimas décadas.

¡ESE 08 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN UNA MARCHA PACÍFICA FUIMOS BRUTALMENTE REPRIMIDOS POR LAS FUERZAS DE CHOQUE POLICIALES DEL DESGOBIERNO DE LAURA CHINCHILLA, POR EL DELITO DE DEFENDER EL DERECHO A LA SALUD COMO SINÓNIMO DEL DERECHO A LA VIDA PARA TODOS!
¡Estamos OBLIGADOS por DIGNIDAD y PATRIOTISMO A QUE LA MEMORIA HISTÓRICA NUNCA SEA BORRADA!
Celebremos esta fecha, ¡la Caja Costarricense del Seguro Social aún está en peligro!
¡Costa Rica se DEFIENDE!
¡Los únicos derrotados son los que dejan de luchar!

Saludos fraternos Ing. Carlos Vega
Luchador Social Grecia