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Etiqueta: Garantías Sociales

La ley de Empleo Público en el marco político y social actual. ¿Hacia la estructuración fascista del Estado costarricense?

Vladimir de la Cruz

La discusión que se ha venido dando con la llamada Ley de Empleo Público en realidad es sobre toda la institucionalidad del Estado costarricense, sobre el número de sus instituciones y órganos estatales, sobre sus sistemas de funcionamiento, sobre sus formas de contratación y de pago de salarios, e indirectamente sobre la calidad de vida y de trabajo de los costarricenses.

El meollo de este asunto ha sido llevar la discusión, de manera solapada, para valorar el tamaño del Estado costarricense, con todas sus instituciones, y de manera especial, la parte de ese Estado que se concentra en la Administración Central, y las instituciones descentralizadas, incluso a las que la Constitución Política les confiere “independencia” y “autonomía” en el amplio y estricto sentido de estos términos, tanto en sus valores políticos como jurídicos, para acabar con algunas o muchas de estas, las que sea posible, y para ejercer mayor y mejor control político desde el Gobierno, sobre ellas, los trabajadores y la ciudadanía.

Meten en esa discusión a las Universidades públicas, que a todos los efectos por sus alcances constitucionales, gozan de la condición de “independencia” concepto que las iguala per se en rango a los Poderes Públicos.

Así, el objetivo político es disminuir el tamaño institucional de la estructura estatal e institucional del país, ejercer mayor control político, desde el Gobierno, del manejo general de esas instituciones, y tener la capacidad de nombrar y de ejercer control de todos los nombramientos de funcionarios públicos, desde su selección. El objetivo político derivado es trasladar al sector privado de la economía y la política nacional el manejo amplio de los servicios públicos que se disminuyen, y encarecerlos como parte de la tasa de ganancia a favor del sector privado.

En algunos casos hasta se pretende, muy finamente, actuar al interior de esas instituciones hasta en sus objetivos específicos de funcionamiento, como se ha dicho sobre el trabajo de las universidades, en sus nombramientos y el pago de sus funcionarios.

En mi opinión, es una modalidad finamente elaborada de un Estado fascista, en su estructura y organización, que se está tratando de instaurar en Costa Rica con esta Ley y este modelo de control público. El carácter fascista está en el Super Poder centralizado, con capacidad regulatoria, y absoluta de su propia cobertura, que cubre prácticamente toda la vida estatal e institucional del país, bajo la rectoría de la Dirección General del Servicio Civil, que en la Ley se dice “debe establecer, dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas, programas y lineamientos generales que tiendan a la estandarización, simplificación y coherencia en el empleo público y que gozará de independencia en el ejercicio de su cargo y será dirigida por un Director General.”

Me parece que el papel de las competencias que se le asigna en la Ley a la Dirección General del Servicio Civil es lo más tenebroso, lo “fascista”, lo “autoritario” y lo “dictatorial” de este Proyecto de Ley, dándole la potestad prácticamente de definir qué es empleo público y qué no lo es.

El Capítulo de Garantías Sociales, especialmente, aprobado e incorporado a la Constitución de 1871, en la Administración Calderón Guardia, al amparo del Pacto realizado por esa Administración, la Iglesia Católica y el Partido Comunista, que resultado de ese Pacto cambio de nombre a Vanguardia Popular, fue incorporado, con una ligera ampliación, a la Constitución de 1949, en la gestación y discusión de este Texto Constitucional, que está vigente.

Este Capítulo de Garantías Sociales es el que fundamenta política e institucionalmente el desarrollo del Estado Social de Derecho que tenemos, que se acompañó con el desarrollo institucional que impulsaron los Gobiernos que siguieron a la Junta Fundadora de la Segunda República, especialmente hasta 1978, con algunas leyes que posteriormente se aprobaron, especialmente en las Administraciones Figueres Olsen, Rodríguez Echeverría, Chinchilla Miranda y Solís Rivera.

Este Estado Social de Derecho exigió la formación del personal capacitado, de alto nivel, para atender, en calidad y especialidad las distintas funciones, en todo el país, al pueblo costarricense y a los trabajadores en especial.

En el Proyecto de Ley se definen 8 categorías de puestos en toda la Administración Pública, con lo cual se fortalece ese Estado Fascista que pareciera querer construirse, por lo demás autoritario y altamente tecno burocrático. Uso el concepto de burocracia para señalar a aquellos que en la función pública tienen capacidad de tomar decisiones. Burócrata así no es cualquier empleado del Estado, ni lo son todos, solo aquellos que pueden tomar decisiones administrativas o de gestión.

La crisis fiscal, el déficit fiscal, el gasto público, la reducción del Estado, y los altos salarios que se añaden en la discusión del Proyecto de Ley de Empleo Público son solo las hojas del tamal. El tamal es el conjunto de instituciones, valores y alcances del Estado Social de Derecho que se ha estado atacando en todas dimensiones y direcciones, que se quiere acabar, sobre lo que ya se han venido aprobando leyes disminuyendo, debilitando y limitando Derechos constitucionales, especialmente en el campo laboral y social, establecidos por los Diputados Constituyentes originales, con lo cual violan la Constitución, puesto que no pueden ser modificados negativamente.

Del mismo modo, el ataque a las Universidades públicas, para ver cómo las controlan políticamente, desde el control de sus fondos públicos, que por mandato constitucional, tienen que asignárseles, para que las Universidades, en ejercicio de su autonomía e independencia dispongan de conformidad a sus planes, proyectos y objetivos académicos.

El ataque y el debilitamiento del Estado Social de Derecho es a la vez un ataque, un quebranto al régimen institucional, sus instituciones y entes, y al sistema democrático nacional.

El golpe está dirigido a todas las autonomías existentes constitucionalmente, en los distintos servicios públicos, como el Derecho, que por el principio de Autonomía Universitaria, tienen las Universidades para autogobernarse, para darse las normas por sí mismas, principio que está señalado por los Art. 84, 88 y 188, de la Constitución Política, con lo que se enfatiza en la independencia en materia de gobierno y administración y en la independencia para el desempeño de sus funciones, y de plena capacidad jurídica, para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para “darse su organización y su gobierno propio”.

A diferencia de las otras instituciones autónomas del Estado, la Universidad es una institución sui generis, sin que el Poder Político tenga ningún derecho. La Autonomía Universitaria por su origen, su naturaleza, su historia y su función política e institucional es diferente a las otras autonomías establecidas en la Constitución Política.

La Declaración de Quezaltenango, del CSUCA claramente establece como misión de los centros universitarios la lucha de velar por su inviolabilidad, que consiste en defender que no se produzcan actos de fuerza contra la voluntad de la Universidad.

Socialmente el ataque a la institucionalidad del Estado Social de Derecho, y de todos los problemas del Estado y la institucionalidad, se han hecho caer en los empleados públicos. Empresarios, políticos y algunos medios de comunicación se han alineado en este ataque. La discusión del tamaño del Estado, que necesitamos, no se ha hecho, está pendiente. Debe hacerse.

Los servicios públicos estratégicos, principalmente, como salud, educación, electricidad, seguridad ciudadana, asistencia social, de regulación de actividades, entre otros, deben permanecer en manos de Estado.

No se puede avanzar en el desarrollo nacional liquidando el Estado, disminuyéndolo, fortaleciendo los negocios privados y empobreciendo a los trabajadores. La pobreza no la hacen lo pobres. La pobreza es resultado de la riqueza. Ni se puede avanzar en el desarrollo nacional disminuyendo ingresos, salarios y pensiones de los trabajadores. Ni se puede avanzar en el desarrollo nacional desprestigiando instituciones, trabajadores, sistemas sociales de protección. Ni se puede activar el proceso económico reduciendo salarios y capacidad de consumo.

La democracia política impone un sistema de pesos y contrapesos políticos, pero también sociales. Cámaras empresariales y Sindicatos en general son esenciales en esta discusión, y en este equilibrio de pesos y contrapesos, en igualdad de condiciones, sin estigmatizaciones de ellas, sin parcializar a favor de una de ellas.

El Proyecto de Ley sobre Empleo Público por sí no resuelve el problema del déficit ni de la crisis fiscal, porque el déficit y la crisis no descansa en los salarios ni en las pensiones.

Son las instituciones del Estado, las que desde 1950, han ayudado a resolver el desempleo y el trabajo informal, y con sus políticas de salarios han contribuido a distribuir la riqueza social, son las que han permitido la movilidad social como colchón de la estabilidad social y política que ha tenido el país.

El modelo de Estado fascista, a la tica, es lo que se impulsa con esta Ley de Empleo Público, que intenta igualar a la baja a todos los trabajadores públicos, reducirles sus salarios, pensiones e ingresos, empobrecerlos más, acabar con la clase media, aumentar la pobreza extrema y la pobreza en general como parte de un gran negocio económico. Institucionalmente es privatizar hasta donde se pueda todas las instituciones de servicios públicos, incluso las estratégicas.

En el caso de la Autonomía Universitaria que se quiere debilitar es porque la Autonomía surgió históricamente como un grito de Libertad y Democracia, como un retén contra el golpismo político, que culmina cuando se toman las Universidades, no los cuarteles o las instituciones militares. Para avanzar hacia un Estado de características fascistas hay que limitar y si es posible eliminar la Autonomía Universitaria.

La Autonomía Universitaria es una defensa moral y política contra todo abuso del Poder Político, por ello la campaña negativa y de desprestigio que hay contra las Universidades públicas, sus profesores, su personal, sus salarios e ingresos.

Los impactos sociales de la Ley de Empleo Público los veo en esto:

-empobrecimiento del nivel y condiciones de vida y de trabajo de los costarricenses,
-desempleo creciente, afectando las mujeres cabeza de familia,
-subempleo y trabajo informal creciente,
-congelación de salarios, ingresos y pensiones de los trabajadores por los próximos dos o tres años, como se ha propuesto,
-disminución de estudiantes en el sector público y privado de la educación,
-aumento de la deserción escolar en todos sus niveles,
-encarecimiento de los servicios públicos básicos, agua, electricidad, transporte,
-encarecimiento de los alimentos básicos,
-disminución importante de la clase media,
-imposibilidad real de ascenso social para los sectores que han estado en condición de pobreza extrema y pobreza,
-fuerte empobrecimiento de la clase media, especialmente la media media y la media baja,
-disminución y desaparición de programas de asistencia social,
-encarecimiento del nivel de vida en alimentos, medicinas, y recreación,
-disminución de la calidad de servicios públicos esenciales, como la educación,
-privatización de servicios públicos básicos, su encarecimiento,
-debilitamiento de las instituciones públicas educativas y de salud,
-debilitamiento de las organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones solidaristas y cooperativas,
-se aumentarán las brechas e inequidades sociales, así como la desigualdad social,
-se concentrará más autoritariamente el Poder Político,
-se ejercerá un mayor control social, institucional y político de los ciudadanos y trabajadores. Probablemente la UPAD estaba en la lógica de la estructuración fascista que se quiere hacer del Estado costarricense,
-se tenderá a mayor penalización de las relaciones laborales,
-aumentarán las protestas sociales en diversas formas, espontáneas y organizadas, al amparo de la legislación o al margen de ella. La lucha social se mantendrá mientras haya condiciones e injusticias sociales que la fomenten y activen.

En este año electoral veo peligrosamente las posibilidades de que surjan tendencias populistas de diverso signo político.

Urge, me parece, cada vez más, un nuevo Acuerdo Nacional Social y Político, quizá una Nueva Asamblea Constituyente, que redefina de mejor forma el futuro de Costa Rica y de los costarricenses.

(Intervención de Vladimir de la Cruz, en el Foro sobre Autonomía Universitaria, organizado por el Consejo Nacional de Rectores, el lunes 1 de marzo del 2021. Participantes: Dra. Sandra León Coto, ex rectora de la UNA, Dra. Yamileth González García, ex rectora de la UCR, Lic. Gastón Baudrit Ruiz, asesor legal de CONARE, Dr. Luis Baudrit Carrillo, catedrático y ex director de la Oficina Jurídica de la UCR, Lic. Vladimir de la Cruz Lemos, historiador. Moderador: Med. Francisco González Alvarado, presidente de CONARE y Rector de la UNA).

Facultad de Derecho UCR: Análisis del proyecto de Ley Marco de Empleo Público

Facultad de Derecho, UCR

Este documento tiene como objetivo principal hacer un análisis de los principales problemas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público tramitado bajo el expediente legislativo número 21.336. Como parte del trabajo aquí presente, se propone identificar dos objetivos centrales del proyecto, en sus distintas versiones: la centralización del poder y el control unilateral de salarios y condiciones laborales.

Algunos puntos importantes que se pueden encontrar en el documento son:

  1. El proyecto viola el régimen de autonomía constitucional establecido para las municipalidades, la Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades públicas.
  2. Violenta los derechos humanos en el empleo público, al prohibir, o bien vaciar de contenido, la negociación colectiva y los medios de solución de conflictos colectivos, y al hacerlo violenta el derecho a la libertad sindical que tiene en aquellos, parte de sus elementos fundamentales.

En este análisis se abordan aspectos que tienen que ver con la inclusión del servicio civil en la Constitución, sobre la importancia que tiene la autonomía en la constitución política y el papel que tuvieron instituciones como: el Servicio Civil, el Tribunal Supremo de Elecciones, las Municipalidades, la CCSS, universidades y la Contraloría General de la Republica para la redistribución del poder del Ejecutivo. Por otro lado, también se toman elementos sobre empleo público desde lo normativo, económico y político.

Un apartado importante que se desarrolla en el análisis es la inconstitucionalidad del proyecto en relación a la invasión al ámbito de la independencia administrativa, organizativa, política y de gobierno de las universidades estatales y su régimen autónomo de empleo, también se abarcan aspectos que están siendo fuertemente discutidos por sectores y agrupaciones de la sociedad costarricense y que tienen que ver con la negociación colectiva y el salario global.

Algunas observaciones que se mencionan en este análisis son de carácter estructural como: las Competencias otorgadas a MIDEPLAN, al Ministerio de Hacienda o al Servicio Civil para la fijación salarial, la gestión o evaluación del desempeño en la política pública del país, la homogeneización del empleo público, las prohibiciones e incompatibilidades.

Por último, en relación a las conclusiones, este análisis plantea:

  1. a) El proyecto tiene como objetivos centralizar el control y establecer unilateralmente las condiciones salariales y de trabajo.
  2. b) Esto violenta los distintos regímenes de autonomía constitucional.
  3. c) El proyecto parte de un enfoque del empleo público construido a partir de tesis autoritarias y unilateralistas propias del constitucionalismo clásico, en violación del constitucionalismo social expresamente incorporado a nuestro bloque de constitucionalidad por medio de las garantías sociales y por los tratados fundamentales de derechos humanos.
  4. d) Las autonomías se justifican, no solo como instrumentos para limitar el poder del gobierno central, sino como instrumentos para potenciar la eficiencia en cada ente público autónomo, así como para garantizar la libertad de expresión y el ejercicio de prácticas democráticas.
  5. e) Además, prohíbe, limita o vacía de contenido de forma inconstitucional la libertad sindical y la negociación colectiva.
  6. f) El salario global tiende a convertir los salarios en instrumentos de política económica, fácilmente congelables o disminuibles con objetivos fiscales, violando la naturaleza de los salarios establecida en la Constitución Política como instrumento de distribución de la riqueza y movilidad social.
  7. g) Además, el salario global impide la negociación colectiva sobre salarios y pluses salariales, en violación de lo señalado expresamente por la Sala Constitucional.
  8. h) Crea competencias en manos de MIDEPLAN, el Ministerio de Hacienda y/o la Dirección General de Servicio Civil que trascienden por mucho los objetivos expresamente establecidos en los artículos 191 y 192 constitucionales (eficiencia, nombramiento con base a idoneidad comprobada y estabilidad en el empleo).
  9. i) Homogeniza entes públicos que son radicalmente diversos en la naturaleza de sus funciones (administrativa y no administrativas).
  10. j) La gestión de evaluación se centraliza, con lo que se violan las autonomías constitucionales.

Adjunto se encuentra la versión completa del documento:

ACODEHU: Alto a la criminalización y judicialización de la protesta social

SURCOS comparte el pronunciamiento de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (Acodehu):

San José, Costa Rica
12 de enero de 2021

Alto a la criminalización y judicialización de la protesta social

Solidaridad con ciudadanía judicializada

Los últimos meses 2020, en medio de la crisis social, económica y sanitaria agudizada por la pandemia COVID19, diferentes sectores de la sociedad civil se suman al llamado del Movimiento Rescate Nacional (MRN), para impulsar protestas sociales contra las intenciones tácitas del gobierno de Carlos Alvarado de condicionar la vida y el futuro de nuestro pueblo a las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Demostrando de manera consciente y creativa que ante la semiparalización por pandemia, los protocolos de distanciamiento social no son sinónimo de indiferencia social, y mucho menos, negación de la política económica nefasta emprendida por el estado costarricense a partir de la imposición del Combo Fiscal.

En este escenario de lucha social, el 12 de octubre 2020, en una manifestación cívica frente a casa presidencial, son víctimas de detenciones arbitrarias ciudadanía que ejerce el derecho legítimo de toda democracia a protestar y defender la soberanía política, cultural y económica del país, ante las intenciones del gobierno de supeditar aún más nuestras vidas a los mandatos fruto del capitalismo voraz representado en el FMI; lejos de impulsar medidas para que la carga tributaria sea asumida por los sectores de mayor poder adquisitivo del país y no por los sectores más vulnerabilizados, que de hecho, la pandemia ha visibilizado a nivel nacional e internacional el creciente índice de pobreza que sufrimos.

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos reitera su profunda preocupación y rechazo al conjunto de violencias emprendidas por el estado costarricense y apoya las diferentes acciones impulsadas por nuestro pueblo en defensa de sus territorios, conquistas y dignidad, como la reciente marcha emprendida el 11 de enero 2021 por representantes de organizaciones base de las comunidades Ngäbes (ATIAPSI, ATIGUSI, COIS) desde Sixaola hacia San José y denunciamos la práctica del gobierno a hacer caso omiso al mandato desde la CIDH de proteger a las comunidades indígenas recuperadoras de sus territorios y aplicar la normativa respectiva en su defensa.

Precisamente, después de la burla de un supuesto proceso de diálogo, este 11 de enero el gobierno confirma que inicia conversaciones formales con el FMI para lograr un acuerdo “para garantizar la estabilidad económica del país a mediano y largo plazo, y para promover un crecimiento más fuerte, inclusivo y sustentable.” Denunciamos que estas acciones constituyen una continuidad para afianzar la imposición de medidas, políticas económicas y proyectos de ley tendientes a despojarnos de las garantías sociales que han sido pilar para el estado de derecho que históricamente ha caracterizado a Costa Rica y hoy cada vez más amenazado, recargando la crisis económica en los hombros de nuestro pueblo.

Así, nos sumamos al llamado solidario de diferentes colectivas, instancias y organizaciones a fin de sumarse a piquete en solidaridad con compañeros y compañeras que mañana han sido citados a audiencia judicial como parte de esta ola de represión institucional emprendida por el estado costarricense.

Primer Circuito Judicial, San José

Miércoles 13 de enero, 2021
9 AM

De igual manera, reiteramos que dicho proceso de judicialización orquestado desde los grupos de poder, donde incluso medios de comunicación asumen un papel mediático intentando convertir en delito el derecho humano a la protesta social, se suma a una gran cantidad de casos de compañeras y compañeros víctimas de abusos policiales, persecución y detenciones arbitrarias, quienes muchas y muchos hoy se encuentran con procesos judiciales que atentan contra su dignidad y proyectos de vida.

¡No al FMI!
¡La protesta social es un derecho humano inalienable!
¡No a la criminalización y judicialización de la protesta social!
¡Respeto a la integridad física y emocional por parte de la fuerza pública!

ACODEHU

Ana Cecilia Jiménez
Presidenta ACODEHU

Manuel Mora Valverde. Facetas de su vida y sus luchas

Intervención de Vladimir de la Cruz en el funeral de Manuel Mora Valverde, quien falleció el 29 de diciembre de 1994. La transcripción del discurso fue publicada en febrero de 1995 en la Revista Reflexiones, de la Facultad de Ciencia Sociales de la Universidad de Cota Rica, Nº 31. SURCOS comparte el texto enviado a nuestra redacción por el autor.

Vladimir de la Cruz

La vida de Manuel Mora está íntimamente ligada a la historia nacional de los últimos setenta años. Su obra, su lucha revolucionaria, fue la Revolución Social, la lucha por transformar este país, por desarrollarlo hacia una sociedad más justa, más próspera, más democrática, más igualitaria.

La actividad política Manuel la inicia siendo un joven estudiante en la década del 20, década en la cual hereda las mejores tradiciones antiimperialistas, obreras y nacionales de lucha del pueblo costarricense.

En cuanto a las luchas antiimperialistas, desarrolladas desde principios de siglo, la segunda mitad de esta década fue rica. La Sección costarricense del APRA, en la cual estaba Carmen Lira, Luisa González y Gonzalo González; La Liga Cívica Juan Rafael Mora, en la que participaban Alejandro Alvarado Quirós y Ricardo Fournier crearon una conciencia sobre la defensa de los recursos y de la soberanía nacionales. Así Manuel impulsa también la Sección costarricense de la Liga Antiimperialista de las Américas, organización que se suma a esas tradiciones haciéndola un instrumento importante de lucha orientada a salvaguardar la identidad nacional de América Latina, cuando el continente era presa de constantes intervenciones norteamericanas, como la que sufría entonces Nicaragua que dio origen a la gesta heroica de Augusto César Sandino, en 1927.

Su activismo estudiantil lo continuó aún ya fundado su Partido Comunista, cuando en 1933, en San José, encabezó la delegación costarricense del II Congreso Iberoamericano de Estudiantes.

En cuanto a las luchas populares y la experiencia organizativa del movimiento obrero, hereda la lucha que se remonta al movimiento popular de Félix Arcadio Montero, a finales del siglo pasado; a las luchas políticas de Dr. Aniceto Montero, organizador y divulgador del pensamiento socialista en el país a principios de los veintes, a las luchas populares del General Volio y su Partido Reformista, a la presencia y luchas de la organizaciones sindicales que desde 1901 llegan constituir la Confederación General de Trabajadores de 1913 y, al disolverse ésta para dar origen al Partido Reformista, a la Confederación Obrera Costarricense o Nacional, desde 1923 hasta 1928. En 1928, se constituye la Unión General de Trabajadores la más importante organización obrera de esos años y de la década del 30, en la cual había dirigentes obreros como Gonzalo Montero Berry, Fabián Soto, Abel Dobles. Igualmente hereda una tradición de luchas huelguísticas impulsadas desde el siglo pasado.

Hereda también una rica tradición de organización política, partidos de la clase trabajadora, el partido de Obreros y Artesanos (1886), el Independiente Demócrata (1893-98), los Partidos Obreros de Limón, San José y Grecia (1913), el Partido Socialista de Costa Rica (1919-20), el Partido Reformista (del período 1923-28), el Partido Alianza de Obreros y Campesinos (1930).

Se ligó a la creación de la Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera y poco tiempo después, en junio de 1931, fundó el Partido Comunista de Costa Rica, destacándose Manuel, desde entonces, no solo como organizador y luchador político. Desde entonces su Partido Comunista es la institución de mayor trayectoria política que tiene el país, apenas seguido en edad por el Partido Liberación Nacional que se acerca a los 45 años.

En su lucha política impulsó la organización de periódicos, entre ellos La Revolución (1929-31), Trabajo (1931-48), Adelante (1953-1961) y Libertad (1961-1993), en los cuales tuvo presencia constante. Fue articulista en otros medios, incluso durante el período de lucha clandestina en el que utilizaba seudónimos para escribir como Eladio Jara. El periódico para Manuel era un vehículo de educación política, de agitación y debate, de organización y movilización de lucha social.

Los acontecimientos internos como la situación internacional de la década del 30 permitieron el desarrollo político de Manuel y su Partido. Fueron años de grandes huelgas como las del 34, la bananera, la de zapateros y la de cogedores de café, de movilizaciones de desocupados de la crisis del 30, de las primeras luchas políticas por la legalidad electoral de su Partido, años de desarrollo de las luchas campesinas, donde fue asesinado Herminio Alfaro en Barba de Heredia y gran cantidad de luchas que permitieron desarrollar más la organización de obreros, trabajadores y campesinos. Fueron los años que realzaron la figura parlamentaria y la oratoria política de Manuel, diputado continuo desde 1934 hasta 1948.

Fueron años también en que se vinculó a tareas se solidaridad internacional en la lucha contra la posibilidad de la segunda guerra mundial, contra el ascenso del fascismo y nazismo en Europa, por la República Española (1930-1936) y en defensa de ella durante la guerra civil española (1936-1939). Fueron años de duras dictaduras centroamericanas lo que lo llevó a las luchas por la democratización de centroamericana apoyando las luchas contra los dictadores Hernández Martínez, Ubico, Carías, también de solidaridad contra la dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela y otras más.

Fortaleció en esta década la organización obrera y campesina en el Valle Central provocando que en 1938 se impulsara bajo la dirección de su partido el Comité Sindical de Enlace (1938-1942) y la Unión Nacional Campesina (1938-1942), instituciones que dieron las principales luchas por la consecución de las garantías sociales y el Código de Trabajo, unidas en 1942-43 bajo el nombre de Comité Nacional Sindical de Enlace, que en 1943 se disolvió para dar paso a la Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR 1943-1948), organización que inicialmente representó a los trabajadores en la Junta Directiva de la CCSS. Más tarde, en 1945, se incorporó a dicha Junta la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum con el padre Benjamín Núñez. A la CTCR le tocó desarrollar las grandes movilizaciones para consolidar las reformas sociales.

En este período, dio importantes luchas por la legalidad electoral de su Partido, que tuvo que participar en los procesos electorales con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos (1934-1942), porque con el nombre de Partido Comunista, no se le permitía. Durante el gobierno de León Cortés (1936-40) su organización fue bastante reprimida y hasta le anularon el nombramiento de diputado del poeta Carlos Luis Sáenz. En estos años fue recibido con honores por el Congreso de la República de México.

Desde 1934 hasta 1948 fue diputado ininterrumpidamente, destacándose como gran parlamentario y orador político. En 1937 se graduó de abogado, profesión que desempeñó junto a su actividad política. Otros parlamentarios de su Partido fueron Efraín Jiménez Guerrero, Alfredo Picado Saénz, Jaime Cerdas Mora, Luis Carballo Corrales, Carlos Luis Fallas, Víctor Cordero. La actividad político-parlamentaria Manuel la convirtió en escuela de educación obrera y de lucha social. Sus proyectos de ley estuvieron siempre asociados a la movilización de sectores sociales en su apoyo y a la organización para lograrlos. El parlamento lo convirtió también en una tribuna de agitación, de movilización y de organización, en una escuela de acción revolucionaria.

Durante la década del 30 la lucha contra el ascenso del fascismo y el nazismo en Europa, por la República Española y durante la Guerra Civil de España, Manuel y su gente estuvieron ligados no solo en actos de solidaridad y creando organizaciones como Socorro Rojo Internacional, especie de Cruz Roja de los comunistas, desde Costa Rica, sino en los propios campos de batalla con la presencia de Adolfo Braña y Rafael Ángel Llubere, militantes de su organización que habían sido expulsados del país y que se integraron al combate por la República Española y contra el fascismo y el nazismo en tierras europeas. En esta lucha también estuvo Vicente Sáenz, extraordinario costarricense, quien fue luego guía espiritual de don Pepe Figueres en su exilio en México del año 42 y 43.

En 1935 su partido se hizo representar en el VII Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú con el dirigente obrero Rodolfo Guzmán, año en que también participaron con Arnoldo Ferreto en la Conferencia de la Habana de partidos comunistas de América Latina.

En el 39, ante la amenaza de derogar las leyes liberales se produce la primera alianza táctico electoral importante del Partido Comunista y de Manuel con otros sectores políticos nacionales encabezados por don Ricardo Jiménez, que dio origen al Partido Alianza Democrática Nacional, del que era su Secretario de Organización. Fue un cambio de táctica de don Manuel, pero no de principios porque Manuel Mora Valverde nunca dejó sus principios ni nunca renunció a sus ideas. La violenta campaña electoral hizo que don Ricardo se retirara y a las elecciones del 39 solo se presentaran tres partidos, entre ellos el de Manuel postulándolo como candidato a la Presidencia, elección que ganó el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, inicialmente combatido por el movimiento obrero y popular y por los comunistas por el apoyo de la oligarquía conservadora que tenía.

La guerra mundial avanzó. Las condiciones internacionales también empezaron a modificarse. La crisis económico social se cernía sobre gran cantidad de países del mundo y de aquellos que como el nuestro dependían del comercio con Europa. Así desarrolló un Plan para salir de la crisis de guerra, que contenía en esencia, los elementos básicos de las garantías sociales y de la legislación social. Pero también empezó a definir con inteligencia las relaciones de nuestro país en el contexto de la guerra mundial y de las relaciones con Estados Unidos en ese período.

La década del 40 inició así con la Guerra Mundial, en el campo internacional; con el ascenso del Dr. Calderón Guardia a la presidencia de la República y de Monseñor Sanabria, a la jefatura de la Iglesia, ambos hombres sensibles y talentosos que en el plano nacional, como Manuel, representaban fuerzas sociales importantes.

Fue en la segunda parte de la Administración Calderón Guardia, luego del ataque japonés a Pearl Harbor y la incorporación de los Estados Unidos a la guerra mundial, que se crearon las condiciones internacionales favorables para se produjera una nueva alianza política y social a partir de 1942 y 43 que culmina con la promulgación de la Garantías Sociales y el Código de Trabajo, sumándose a las reformas de seguridad social y educativas del país, ya planteadas e iniciadas en la administración Calderón Guardia.

Como resultado de esta alianza el Partido Comunista cambió de nombre a Vanguardia Popular, Manuel reconoció que la reforma social que se impulsaba bajo esta alianza tenía fundamentos socialcristianos y la Iglesia Católica en boca de su Arzobispo manifestó que los católicos podían ingresar a la organización Vanguardia Popular “sin cargo de conciencia alguna”.

La guerra permitió también a Manuel fortalecer su lucha contra el fascismo mundial. Junto con costarricenses como Fernando Valverde Vega, Francisco Orlich Bolmarcich, Manuel Picado Chacón impulsó el Comité Antinazi de Costa Rica, que importante papel desempeñó en esos años complejos, de profunda agudización de las contradicciones sociales.

A nivel latinoamericano, durante este período, su partido participó en la gestación de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), por medio de Arnoldo Ferreto, quien junto a Jaime Cerdas desarrollaban importantes luchas con el campesinado y los trabajadores nacionales y de colonización agrícola en la periferia del Valle Central.

Los años de la alianza con Calderón y Sanabria, con el gobierno y la Iglesia, permitieron la promulgación de la legislación social y la materialización de las principales instituciones sociales del país. Fueron años de lucha también por la ley de inquilinato, por la llamada ley de parásitos o precaristas, por las casas baratas, por protección a los campesinos, por la seguridad social, por comida barata etc.

El país ya ha rendido homenaje a dos de esos costarricenses, al llevar sus nombres dos instituciones hospitalarias, el Hospital Calderón Guardia y el Hospital Monseñor Sanabria. El nombre de Manuel Mora debe ligarse igualmente a una de las dos instituciones hospitalarias que están por crearse, el Hospital de trasplantes o el Hospital oncológico. En la administración Calderón Fournier (1990-94) importante monumento se hizo para conmemorar el 50 aniversario de la aprobación de las Garantías Sociales. El gobierno de don Jose María Figueres (1994-98) ha elaborado el proyecto para que a ese conjunto escultórico, de la rotonda del Zapote, se le agreguen las figuras de Manuel Mora y de Monseñor Sanabria.

Los años que siguieron a la reforma social, fueron tensos, agitados, violentos. A favor de la legislación social y en contra de ella, a favor de la defensa del sufragio y de la pureza electoral se enmarcaron las luchas políticas de la población costarricense, de los años siguientes, polarizándose cada vez más hasta culminar en los acontecimientos que todos, de distinta forma conocemos, en la guerra civil o el movimiento armado de marzo y abril de 1948, el enfrentamiento entre costarricenses que abanderados de reforma social, de defensa del Código de Trabajo, de la seguridad social y las garantías sociales o de pureza electoral se enfrentaron.

Fueron años de intensa actividad opositora al gobierno de Calderón Guardia, que en su segunda mitad tuvo el apoyo de los comunistas. Fueron los años contra los intentos del gobierno de impulsar una ley electoral orientada a favorecer el fraude, ley contra la que el propio Manuel Mora estuvo en contra. Y fueron los años en que la alianza política con el calderonismo culminó en la creación del bloque electoral denominado Bloque de la Victoria, que llevó a Teodoro Picado a la Presidencia y a Manuel a ser jefe ocasional de la bancada de diputados no solo de su partido sino también del gobierno.

Durante estos años, de la segunda guerra mundial, el Partido Comunista con Manuel al frente estuvieron de acuerdo en dejar de lado, tácticamente, la lucha por la dictadura del proletariado y la lucha de clases, convocando a la colaboración de clases y de los distintos sectores sociales del país para enfrentar patriótica y unitariamente los principales problemas nacionales. Pasada la guerra mundial se desarrolló internacionalmente la guerra fría cuyos elementos esenciales los introdujo en Costa Rica Otilio Ulate en ese mismo tiempo, desde las páginas de su periódico El Diario de Costa Rica.

Bajo el gobierno de Picado la tensión aumentó y la violencia contra los comunistas y el propio Manuel se exacerbó. Atentados contra él, contra su partido, contra la Confederación de trabajadores, contra el periódico del gobierno. Violencia ejercitada también por la propia policía encabezada por el tenebroso Tavío contra la oposición y los propios comunistas hicieron que el partido de Manuel desarrollara las llamadas Brigadas de Choque, para su autodefensa, que constituyeron un elemento más en esta escalada de violencia que sufría la sociedad costarricense.

Murió León Cortés en 1946. La jefatura de la oposición disputada por Figueres y Ulate la asumió don Otilio, quien propiciaba una salida política en las elecciones del 48, bajo la condición de que si hubiera fraude se pasaría a la insurrección, que era la tesis de Figueres. En 1947, con los ánimos exaltados, después de la huelga de los brazos caídos de finales de julio, el gobierno entregó a la oposición el control del aparato electoral. Calderón insistía en ser postulado nuevamente a la presidencia. No contaba inicialmente con el apoyo de los comunistas, quienes inscribieron sus propios candidatos. Las circunstancias de la violencia que vivía el país y la supuesta amenaza contra las reformas logradas hicieron que los comunistas votaran por Calderón, sin haber materializado pacto alguno con él. El resultado favorable de esas votaciones a Ulate, el voto salvado de Max Koberg Bolandi en el Consejo Electoral por el supuesto de fraude e irregularidades electorales hicieron que el Congreso, que debía ratificar el proceso lo anulara y Figueres consecuentemente con ello se levantó en armas para garantizar dicho resultado.

Importante es señalar que Manuel Mora, Jaime Lobo, Jaime Cerdas, entre otros dentro del Partido Comunista, se opusieron a la nulidad de las elecciones y por respetar su resultado. Ello explica, entre otras razones porqué el discurso en el Congreso, por la bancada comunista, la hizo el diputado Luis Carballo Corrales, por lo demás redactor del Código Electoral de 1946.

Un mes de guerra, con saldo de 3000 muertos, con amenaza de intervención extranjera de Nicaragua por el norte, y de los Estados Unidos por el sur, hicieron que Manuel Mora, sin renunciar a los principios renunciara a las armas en interés de la patria y buscara un pacto con Figueres para evitar y el dolor y la humillación de la intervención militar extranjera en Costa Rica. Esta ha sido la única renuncia en interés de la patria que ha hecho Manuel, la renuncia de las armas, pero no de los principios. Así se firmó el Pacto de Ochomogo por Figueres y Núñez, del Ejército de Liberación Nacional, por Carlos Luis Fallas (Calufa) y Manuel Mora por el Partido Vanguardia Popular, sin presencia de elementos del gobierno y con el apoyo de Monseñor Sanabria.

En este Pacto se comprometieron los comunistas a entregar las armas, lo que hizo Manuel Mora en discurso en el Parque España, frente al local de la CTCR, y Figueres a respetar la legalidad de los partidos y organizaciones y las reformas sociales. En lo esencial del pacto se cumplió todo excepto la legalidad de los comunistas que fueron proscritos. En la Junta de Gobierno Benjamín Núñez, Francisco Orlich y José Figueres estuvieron de acuerdo en respetar esa legalidad.

Siguieron los años difíciles del 48 y del 49; los años de la represión y del exilio de Manuel y de Carmen Lira, quien murió en el extranjero, pero también años de exilio de muchos costarricenses. Regresó nuevamente Manuel a principios de la década del 50. El ambiente nacional era difícil para sus partidarios y para los calderonistas. Su Partido se reconstruyó con apenas 50 militantes en 1951, que actuaban en la clandestinidad, en años de represión, de aislamiento social, de persecución. Los sucesos del 48 culminaron trágica y dolorosamente cuando Calderón intentó en diciembre de ese año invadir Costa Rica y elementos de la Junta de gobierno dispusieron asesinar a algunos dirigentes comunistas presos llevando a cabo el asesinato del Codo del Diablo. Esa aventura de Calderón no contaba con el apoyo de los comunistas ni de Manuel Mora.

Fueron años de persecución, de clandestinaje para muchos costarricenses, de difícil situación social en el país, pero años en que Manuel y su gente, reducida a menos de 100 personas, lograron nuevamente impulsar la organización no solo de su Partido sino también de trabajadores y de sindicatos, de trabajadores urbanos y campesinos, y nuevamente iniciar el camino de la lucha por el fortalecimiento democrático de Costa Rica, porque el camino del socialismo costarricense de Manuel es el camino de la democracia; para Manuel al socialismo solo se podría llegar con mayor democracia, no solo política, sino también social y económica.

Los sucesos de 1955, la intentona de otra guerra civil por la intervención armada desde Nicaragua por parte de calderonistas y llamados los coyotepes, tampoco contó con el apoyo de Manuel ni de su Partido, que procuraban dentro del espacio político nacional abrir cauces democráticos de participación y de recuperar las libertades políticas restringidas.

Fueron años de intensa lucha por la organización de los trabajadores urbanos y rurales. Cantidad enorme de huelgas se empezaron a desarrollar con la participación de los comunistas desde la clandestinidad.

Nuevamente fue reconstruida su organización sindical, la Confederación General de Trabajadores Costarricenses. Fueron años de lucha por la paz mundial a propósito de la Guerra de Korea, de la guerra en Indochina contra los franceses, de gran solidaridad internacional con la lucha nacional libertadora de gran cantidad de pueblos que durante estos años derrotaron el colonialismo en distintas regiones del mundo.

Estos años permitieron que ese extraordinario costarricense Joaquín García Monge facilitara con su compromiso por la justicia su nombre y su prestigio, para organizar primero un periódico llamado Adelante, para darle voz a los que después de la guerra no la tenían, y luego una organización política, el partido Progresista Independiente, para intentar la participación ciudadana de los que habían perdido en la guerra. El periódico Adelante lo cerraron en 1961 pero inmediatamente Manuel impulsó otro llamado Libertad, al que se vinculó hasta su muerte.

Durante el gobierno de don Mario Echandi, bajo las circunstancias del proceso integracionista centroamericano y de industrialización, amenazante para ciertos sectores tradicionales, se crearon condiciones para un acercamiento de Manuel y su Partido con el Gobierno, que se tradujo en tolerancia para su organización y oportunidad para abrir locales, los Centros Obreros de Estudios Sociales, y volver a ocupar espacios radiales para referirse a problemas del país. Pero también fueron de enfrentamiento con ese gobierno por la ruptura de las relaciones diplomáticas con la recién triunfante Revolución Cubana, para lo cual se creó la Sociedad de Amigos de la Revolución Cubana. Oportunidad hubo también de inscribir el Partido Acción Democrática Popular, con participación de los comunistas que llevó a la Asamblea Legislativa a Julio Suñol Leal.

A pesar de la tensa, represión y persecución, de estos años, se abrieron importantes compuertas para la lucha democrática en el país. A finales de los sesentas la crisis que atravesaban importantes sectores de cafetaleros y económicos nacionales hicieron que el propio gobierno del Presidente Trejos Fernández le otorgara pasaporte diplomático para gestionar ventas de café en los entonces países socialistas. Así Manuel sirvió también a la Patria, al país y a sus grupos económicos más poderosos, haciendo de agente comercial internacional, cuando el país le demandó esta colaboración, aun cuando en el plano político interno le tenían limitaciones de participación electoral.

En estos años Manuel no solo era una personalidad política nacional sino también lo era en el plano internacional, a nivel del llamado movimiento comunista internacional y en los movimientos revolucionarios centroamericanos. Manuel está ligado a la fundación y desarrollo de organizaciones revolucionarias en Centroamérica, desde la década del 30 y en los 50s a la fundación del llamado Segundo Partido Comunista de Honduras. Las conferencias de Partidos Comunistas centroamericanos tenían mucha influencia del Partido de Manuel y de su talento e inteligencia. Cuando en 1961 se realizó la llamada Conferencia de los 81 Partidos comunistas del mundo, que valoró la situación internacional y enfrentó las posiciones que entonces enarbolaba el Partido Comunista de China, Manuel fue escogido, en una comisión de 5 miembros, para hablar a nombre de todos los Partidos de dicha conferencia con el Partido Comunista de China y con Mao Tse Tung. De los dirigentes comunistas de América Latina era de los de mayor trayectoria de lucha y de mayor prestigio reconocido.

Vino la década del 70, intensa de luchas nacionales, obreras y populares, y centroamericanas. Volvió Manuel al Congreso en el gobierno de Figueres a luchar por la derogación del segundo párrafo del Art. 98 de la Constitución Política que se aplicaba únicamente a los ciudadanos que eran o aparentaban ser comunistas para proscribirlos de su actuación electoral. En esta lucha, como en otras importantes, coincidió con Figueres, quien como Presidente se empeñó en superar los odios y las pasiones del 48. A Figueres se le deben los monumentos unitarios a los caídos de los dos bandos, sus mensajes a volver a reunir la familia costarricense superando las pasiones del 48. Figueres como parte de esta nueva situación también se empeñó, con el apoyo de Manuel, contra viento y marea, contra las presiones internacionales de los Estados Unidos, por restablecer relaciones con la entonces Unión Soviética y algunos países socialistas y crear condiciones para la superación de la guerra fría en nuestro país.

Fueron también años de grandes huelgas de trabajadores y de universitarios en el país y de la insurgencia centroamericana, especialmente de la lucha en Nicaragua y el Salvador. El aporte de Manuel a la caída de Somoza es innegable si consideramos la presencia en esa lucha de la Brigada Fallas y de la Brigada Mora y Cañas, que con costarricenses de su partido y de otras fuerzas de izquierda, se sumaron a aportar su grano de combate en la caída del dictador, en el triunfo de la revolución sandinista y del ascenso revolucionario en Centroamérica. En esta lucha murieron costarricenses y miembros del Partido de Manuel.

En el plano político partidario desde la década del sesenta empezaron a desarrollarse otros grupos y fuerzas de izquierda en Costa Rica, que tuvieron siempre abiertas las puertas de Manuel, para su consejo, la discusión de las divergencias y sobre todo para encontrar los puntos de convergencia. Esta década culminó en este aspecto con el desarrollo de la organización electoral más grande de la izquierda desde 1948, que fue Pueblo Unido.

En el campo sindical enormes e importantes luchas se llevaron a cabo pero especialmente culminó ello en el Comité Unitario Sindical, que buscaba con la presencia del Partido de Manuel, la unidad de todos los trabajadores del país.

La lucha por la defensa del proceso de la revolución sandinista llevó a Manuel, hace diez años, con setenta y cinco años de edad, al propio frente de combate, al río Coco, en Honduras, a enfrentar la llamada Contra nicaragüense. Allí llegó Manuel Mora enarbolando la bandera de su lucha y de su obra la revolución social en Centroamérica. Estos méritos, entre otros, le valieron por parte del Gobierno cubano el reconocimiento de la Medalla Playa Girón, por su aporte a la causa de la revolución.

El tiempo que siguió es poco conocido aún en detalles. En este período Manuel ha jugado un papel extraordinario en la lucha por la pacificación y la búsqueda de una solución política al conflicto centroamericano. Múltiples reuniones nacionales e internacionales con don Pepe, Fidel Castro y otras personalidades del país y del área llevó a cabo con este propósito. En este sentido, el Dr. Luis Burstin también sirvió de intermediario de Fidel, don Pepe y Manuel ante el Departamento de Estado, en búsqueda de esta solución política y pacífica para el problema militar en Centroamérica. Por ello no se ha dicho todo sobre la paz en Centroamérica.

Manuel Mora siempre tuvo presente el desarrollo institucional de Costa Rica. El socialismo en Manuel era la búsqueda constante de la democracia más plena, de manera que la lucha por la democracia era para Manuel la lucha por el socialismo, la lucha por el desarrollo institucional y democrático de Costa Rica era un camino para lograr esa sociedad mejor a la que aspiraba Manuel Mora. En este sentido su patria no se reducía a Costa Rica, alcanzaba Centroamérica, América Latina y el Mundo, porque su Patria no tenía las fronteras administrativas de Costa Rica, como bien dijo el Señor Presidente en la Iglesia de La Soledad el día de sus honras fúnebres, sino que su Patria alcanzaba las tierras donde hubiera una gota de injusticia social. Allí plantaba Manuel sus banderas de la redención social lo que lo hacía un hombre profundamente humanista e internacionalista.

Manuel Mora puede estar tranquilo de que sus ideas no cayeron al vacío. Mientras haya una gota de injusticia social, de pobreza, de miseria o de opresión; mientras haya el deseo de tener una Costa Rica más justa, más próspera, más democrática allí estaremos todos los que como Manuel creemos en una Costa Rica más democrática.

La Revolución, en Manuel, se reducía una palabra: SUMAR, no restar, no dividir. SUMAR, esa era la consigna y motivación política de Manuel, sumar conciencias, sumar voluntades para transformar democráticamente a Costa Rica. Y sumar democracia, como un camino necesario al socialismo.

Sin ninguna duda Manuel Mora estará permanente y cotidianamente incrustado en la historia nacional y en la vida de todos los costarricense aun cuando ellos mismos lo ignoren. En cada huelga, en cada organización sindical que se forme, en cada lucha campesina, en la lucha por el derecho a la Tierra, al Trabajo y al Techo, las tres T que preocupaban permanentemente a Manuel, en la lucha por desarrollar las libertades públicas y electorales, en las cuestiones inquilinarias, en la lucha por defensa de la soberanía e independencia nacional siempre estará presente la firma MANUEL MORA VALVERDE.

Los derechos sociales y laborales están protegidos, amparados y consolidados en la legislación internacional ratificada por Costa Rica

Vladimir de la Cruz

En estos últimos dos años por una combinación de factores, de luchas sindicales, de equivocadas y mal dirigidas huelgas, de movilizaciones de trabajadores y de ciudadanos, de discusión de derechos sociales, laborales y beneficios económico-sociales logrados históricamente por estas luchas, de una arremetida patronal, e institucional, contra estos derechos consolidados históricamente, aprovechando la debilidad organizativa sindical, la ausencia de partidos políticos que hoy no tienen como banderas los derechos sociales y laborales, que en el pasado agitaban, se han impulsado cambios severos a la legislación laboral y social nacional. A ello se ha sumado, como contexto que contribuye a estos recientes ataques, la situación generada por el impacto de la Pandemia del Coronavirus COVID 19.

Los salarios han sido y siguen siendo atacados con una visión de establecerlos con techo a la baja, cuando los salarios como ha dicho Kamala Harris, la próxima vicepresidenta de los Estados Unidos, no deben tener techo, tienen piso. Por ello también sus primeros anuncios de elevar salarios mínimos, y de aumentar el empleo en cuanto asuman el Gobierno, en enero, para estimular también la economía y la producción.

Igual sucede con las pensiones. No es el problema de las altas pensiones. Es el ataque a todas las pensiones, como a todas las escalas de salarios. Cuando se ha puesto techo a éstas se ha puesto una traba a los salarios que son los que originan la expectativa de pensiones, según los sistemas jubilatorios al que pertenezcan los trabajadores. Esto contribuye a fomentar el mayor desempleo profesional de los próximos años.

La ley de empleo público, que puede ser una necesidad, si los sindicatos no la asumen como una tarea propia, con su propia propuesta, contribuyendo en esa dirección a la discusión pública y legislativa, se la van a imponer al país, con el sello de quienes la impulsan hoy, los enemigos de la organización sindical, de los derechos de los trabajadores y de las convenciones colectivas, que son derechos constitucionales.

En el caso de las Convenciones Colectivas el límite que tienen en su ejercicio de negociación es el que pacten los sindicatos y los representantes patronales. Son los patronos los que aceptan los términos y alcances de esas Convenciones. Y, en esa discusión pueden abrirse los libros contables de las empresas para ver su posibilidad de cumplimiento de lo que llegue a pactarse o de lo que se nieguen a pactar.

Históricamente las convenciones colectivas que se critican, por lo que se estableció en ellas, como derechos y beneficios de los trabajadores, fue el resultado de la lucha, que en esos años había para evitar que sindicatos dirigidos por comunistas estuvieran dominando o llegaran a tenar presencia en instituciones públicas y del Estado. De esa manera, principalmente, el Partido Liberación Nacional, pactaba con sus organizaciones y dirigentes sindicales, esas Convenciones, dando derechos, beneficios y privilegios a trabajadores, beneficiándose también los mismos dirigentes empresariales de la institución que las negociaban, lo que era una irregularidad. No son así las pocas Convenciones existentes el sector privado.

Hoy no existe, como en el período de la Guerra Fría, el comunismo, ni partidos comunistas, ni de izquierda, que “amenacen” la estabilidad democrática nacional, ni hay sindicatos dirigidos por partidos políticos de izquierda o comunistas que tengan algún peso nacional. Militantes comunistas, socialistas y de izquierda, anti partidos tradicionales, formados y nacidos en el período de la Guerra Fría han sido miembros de Consejos de Gobierno, sin que eso haya afectado en nada el ejercicio de los gobiernos de los que han sido parte, ni los han “sonrojado” de ninguna forma. En mucho esos ministros pasaron o pasan inadvertidos públicamente.

Las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, de 1943, ratificadas por la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, son una conquista social que enriqueció la Democracia Nacional, que le dio estabilidad y solidez. A quienes lo lograron se les ha distinguido con el Benemeritazgo de la Patria. La pérdida de esas Garantías y Derechos, acompañada de la caída del nivel de vida, del deterioro y empobrecimiento de la clase media, sí puede constituirse en un factor de inestabilidad social y política muy serio en el futuro inmediato.

Por eso es bueno recordar que la legislación nacional, social y laboral, en todos sus extremos, hoy está amparada también en Legislación Internacional aprobada y ratificada por Costa Rica. Recojo unos datos de esta legislación internacional.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, fue aprobada por la Organización de Estados Americanos, la que fue ratificada por Costa Rica.

La Convención reafirmó un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; justificados como protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el Derecho interno de los Estados americanos, como el de Costa Rica, principios que son consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, que también han sido ratificados por Costa Rica.

Todo esto para realizar el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, con condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.

La tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, realizada en Buenos Aires, en 1967, aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales. Los Estados firmantes, entre ellos Costa Rica, convinieron y se obligaron en respetar estos Derechos, con medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

En el Capítulo II sobre Derechos Civiles y Políticos quedó establecido el Derecho a la Vida, y de manera contundente se señaló que “no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”, justo señalarlo para quienes en Costa Rica, de vez en cuando, claman por establecer esta máxima pena.

Del mismo modo, se señala que “en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos, y que no se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez”, allí donde todavía exista este castigo.

También se estableció que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Con la Convención se ratificó, una vez más, la prohibición de la Esclavitud y Servidumbre, de modo que “nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas”, lo mismo “que nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio, declarando que no constituyen trabajo forzoso u obligatorio, los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente”.

Sobre el Derecho a la Libertad Personal se estableció que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, y que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. En materia de Derecho de Reunión “se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”.

En el Capítulo III sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención señala que “los Estados Partes, como Costa Rica, se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.

En 1988, en El Salvador, se aprobó lo que se conoce como el “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”, también ratificado por Costa Rica, que es el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Este Protocolo bien podemos considerarlo una ampliación, consolidación y fortalecimiento del Capítulo de las Garantías Sociales de la Constitución Política, así como del propio Código de Trabajo, en lo que corresponda.

Entre las disposiciones que se establecen en este Protocolo, ratificado por Costa Rica, están el Derecho al Trabajo, el que “toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa”, el que “los Estados se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo…”, donde “toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias”, con “una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción”; la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional”.

Se establece la necesidad de “la seguridad e higiene en el trabajo”. Este aspecto es frágil en el país, que tiene alrededor de 100.000 accidentes de trabajo por año.

El Protocolo establece “La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida”; “la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales.

Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos”; “el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales”. En materia de Derechos sindicales el Protocolo garantiza “el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados Partes, como Costa Rica, permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección.

Los Estados Partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente”. Del mismo modo garantiza “el derecho a la huelga”, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, Derecho a un medio ambiente sano, Derecho a la alimentación, Derecho a la educación, derecho a los beneficios de la cultura, derecho a la constitución y protección de la familia, derecho a la niñez, Protección a los ancianos, a los minusválidos. A esto suman los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Costa Rica.

08 de noviembre de 2012: ¡nunca olvidar!

Carlos Vega

UNA «democracia» con PELAJE de DICTADURA!

El 08 de noviembre de 2012 desde los diferentes confines de esta Patria SAQUEADA por los desgobiernos, nos movilizamos desde muy temprano hacia San José nuestra Capital.

Íbamos acompañados de adultos mayores y familiares de diferentes edades incluidos niños que también defendían el Derecho Humano a tener una Seguridad Social como la que pensaron en las luchas de la década de 1940 que costaron FUSILADOS, REPRIMIDOS, TORTURADOS Y DESTERRADOS de nuestra Patria.

Centenas acudimos a San José el 08 de noviembre de 2012, marchamos en Paz hacia la Caja Costarricense de Seguro Social en DEFENSA de uno de los mejores Sistemas de Seguridad Social en el mundo, en peligro de ser PRIVATIZADO ya que para las cúpulas políticas empresariales: ¡el negocio de la SALUD es lo más lucrativo que existe!

Grandes costarricenses como Monseñor Víctor Manuel Sanabria por la Iglesia Católica, Licenciado Manuel Mora Valverde del Partido Comunista y el Doctor Calderón Guardia entonces Presidente de la República, unieron pensamiento en la DIVERSIDAD de las ideas, y parieron en las luchas de la década de 1940, las GARANTÍAS SOCIALES, aún hoy AMENAZADAS por los DESGOBIERNOS en estas últimas décadas.

¡ESE 08 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN UNA MARCHA PACÍFICA FUIMOS BRUTALMENTE REPRIMIDOS POR LAS FUERZAS DE CHOQUE POLICIALES DEL DESGOBIERNO DE LAURA CHINCHILLA, POR EL DELITO DE DEFENDER EL DERECHO A LA SALUD COMO SINÓNIMO DEL DERECHO A LA VIDA PARA TODOS!
¡Estamos OBLIGADOS por DIGNIDAD y PATRIOTISMO A QUE LA MEMORIA HISTÓRICA NUNCA SEA BORRADA!
Celebremos esta fecha, ¡la Caja Costarricense del Seguro Social aún está en peligro!
¡Costa Rica se DEFIENDE!
¡Los únicos derrotados son los que dejan de luchar!

Saludos fraternos Ing. Carlos Vega
Luchador Social Grecia

SEC: La verdad sobre la Convención Colectiva del MEP

LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DEL MEP

La firma de la III Convención Colectiva de Trabajo en el Ministerio de Educación Pública (MEP), el pasado viernes 16 de octubre, ha desatado críticas infundadas y la ira de quienes por motivos ideológicos e intereses económicos, pretenden negar el valor histórico que han tenido los sindicatos a la hora de conseguir por medio de la negociación colectiva, no solo condiciones de trabajo más dignas para las personas trabajadoras, sino también importantes contribuciones de mejora en los derechos sociales y el fortalecimiento de la democracia.

De manera interesada desconocen que la Constitución Política, en el Título V, Derechos y Garantías Sociales, en su artículo 62, otorga fuerza de ley profesional a las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados; lo anterior, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste (artículo 54, del Código de Trabajo). Pretenden negar a la negociación colectiva, la naturaleza de derecho humano fundamental, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 98). Los críticos de la Convención ocultan que el artículo N° 112, inciso 5 de la Ley General de la Administración Pública, dice: “5) Tienen derecho a negociar convenciones colectivas de trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política, tanto en las empresas públicas y servicios económicos del Estado como en el resto de la Administración Pública, todos los empleados públicos que no participen de la gestión pública administrativa, conforme a la determinación que de estos hacen los artículos 683 y 689 de la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943”.

La Sala Constitucional, ha revisado con anterioridad la primera (2013) y segunda versión (2016) de la Convención Colectiva del MEP y en tres ocasiones (Votos 7.221-2015; 8.396-2020 y 21.808-2020) determinó que la misma se encuentra sometida al Derecho de la Constitución y que las cláusulas convencionales guardan conformidad con las normas y principios de igualdad, prohibición de discriminación, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. La III Convención Colectiva del MEP (2020), reproduce las normas ya revisadas por la Sala Constitucional; las nuevas disposiciones que se introducen, son conformes con el principio de legalidad presupuestaria, pues no hacen incurrir a la Administración en nuevas erogaciones, ya que se financian con los recursos que la Administración ya dispone para garantizar servicios públicos existentes, generando más bien importantes economías, como ocurre por ejemplo con la formalización de los contratos de trabajo de las cocineras de comedores escolares, donde en los primeros 4 años (2021-2024) el gobierno ahorrará cerca de 5.400 millones de colones y para el periodo 2025 al 2030, producirá un ahorro total de 1.300 millones de colones.

Pero lo más importante es que la situación laboral de las cocineras al ser nombradas por el MEP, mejorará en términos de estabilidad y continuidad laboral, garantizando el cumplimiento de sus derechos.

Al pasar de una contratación informal a la formalidad, el 30% de estas trabajadoras que se encuentran en situación de pobreza extrema, tendrán acceso a la seguridad social y al crédito, entre otros beneficios que dignifican su condición de mujeres trabajadoras y mejoran su calidad de vida. Todo un avance en materia de derechos sociales, por la igualdad de género en el trabajo y por el fortalecimiento de la democracia. En los sindicatos SEC-ANDE-APSE- SITRACOME, nos sentimos orgullosos de este logro alcanzado y los defenderemos frente a detractores carentes de sensibilidad y de respeto por el trabajo humano y los derechos fundamentales.

 

Imagen ilustrativa.

Urge reforma al capítulo constitucional de las garantías sociales

Ricardo Araya Montero

 

Ante la práctica anti democrática de los jerarcas que gobiernan de no dialogar con buena fe y buscando eficacia del proceso que cierre puertas a eventuales burlas, urge una reforma al capítulo constitucional de las Garantías Sociales: un articulado que homologue el procedimiento del conflicto económico social y la negociación colectiva laboral y que en caso de movimientos cívicos locales o nacionales, obligue a los jerarcas a negociar un pliego de peticiones firmado por las organizaciones beligerantes, y a partir de esa NEGOCIACIÓN VERDADERA levantar acuerdos e inscribirlos en los tribunales para su seguimiento, y eventual proceso sancionatorio en caso de incumplimientos.

Si logramos esto UNIDO a una profunda reforma electoral, perfeccionamos la poquita democracia que tenemos, nos coloca en la pro-actividad estratégica, le da sentido transformador a nuestras propuestas, en vez de estar haciendo llamados vacíos a la defensa del «maltrechísimo Estado de Derecho» (que no niego que hay que defenderlo, pero críticamente) pues éste que no le llega ni a los talones al Estado democrático popular que siempre hemos propuesto como alternativa a la democracia burguesa.

El Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, traidor, preso y libre

Vladimir de la Cruz

El Dr. Calderón Guardia, como cariñosamente se le recuerda y trata, es una de las figuras políticas y de los líderes políticos nacionales, que tendrá una presencia en el imaginario colectivo de manera imborrable.

A él se asocian la fundación de la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social, la promulgación del Capítulo de las Garantías Sociales y del Código de Trabajo, Casas para los trabajadores mediante el Programa de las Casas Baratas, tierra para los campesinos, en esa década que todavía habían tierras para entregar para procesos de colonización, lo que el Partido Comunista de Costa Rica había impulsado a principios de esa década, hacia el norte del Valle Central, políticas de precios fijos para los productos agrícolas, protección a las industrias cafetalera, azucarera y tabacalera, impulso a las cooperativas agrícolas, restablecimiento de la enseñanza religiosa en los colegios y escuelas, el arreglo de límites con Panamá y el amojonamiento de la frontera con Panamá, la derogatoria de las Leyes Liberales, la creación del Conservatorio Nacional de Música, el Código de Educación, el impulso a la organización de una gran cantidad de Colegios Profesionales, el Código Sanitario, la pavimentación de San José, el Muelle del estero de Puntarenas, la planta eléctrica de Liberia, la construcción del Estadio Nacional en La Sabana, el sistema de cloacas en la ciudad de Heredia, pozos de agua potable en Guanacaste y una cantidad de otras obras de carácter infraestructural que podría citar en kilómetros de carreteras, edificios escolares y públicos, en unidades sanitarias, cañerías.

Del mismo modo participó, valientemente, del lado de los aliados en la II Guerra Mundial, enfrentando al Eje Nazi Fascista con su solidaridad y declaratoria de guerra a Alemania, Japón e Italia.

Como el gran líder que fue participó de una alianza política como nunca la Historia Nacional había conocido, de su Gobierno, la Iglesia Católica y el Partido Comunista para poder impulsar, en su parte final, las grandes reformas sociales y laborales, que han contribuido a darle estabilidad, salud, progreso a la economía y producción nacional, y al pueblo costarricense.

La Obra del Gobierno del Dr. Calderón Guardia está grabada, de manera indeleble, en el corazón y la mente de todos los costarricenses, de manera genética. Cada costarricense que hoy nace y estudia hasta los niveles universitarios, tiene la presencia del Dr. Calderón Guardia acompañándolo en su salud y en sus estudios, y en la protección de sus Derechos Laborales y Sociales. Esto nadie lo puede borrar ni ignorar, aunque algunos hoy, incluso de lo que queda de su propio partido, o quienes se identifican con su figura, porque son calderonistas solo de etiqueta, quieran desdibujar, disminuir y debilitar, con sus actos legislativos y políticos, y con su silencio partidario, del Partido Político que le reivindica.

Los sucesos acaecidos después de 1944, y hasta la guerra civil de 1948, motivados, entre otras justificaciones, en los procesos electorales, y la forma cómo se realizaban en esa época, y por reacción contra las Reformas Sociales aprobadas, en vigencia y empezando a andar, condujo a una crisis política que desembocó en una acción política contra el final del Gobierno de Teodoro Picado Michalski, la nulidad de las elecciones de Otilio Ulate, y el levantamiento militar de José Figueres, que culminó en su triunfo político militar, y en el Golpe de Estado que le impuso a Otilio Ulate, en cuyo nombre se había realizado la Guerra Civil, para quedarse gobernando, a la fuerza, Gobierno de Facto, por casi dos años, hasta que le entregó el Gobierno al Presidente electo en 1948.

La Obra de Figueres en este gobierno también tiene su mérito institucional. Entre otras cosas no tocó la Reforma Social y Laboral aprobada en 1943, y la desarrolló institucionalmente.

La tensión del año 48 condujo a un intento de los calderonistas, de actuar contra el Gobierno de Facto, en diciembre de 1948, desde Nicaragua, para lo que no había condiciones políticas, militares ni de apoyo interno o externo. La Junta de Gobierno aprovechó la situación para realizar el asesinato del Codo del Diablo, matando varios líderes comunistas que tenía presos en Limón, para advertir a los comunistas que si acompañaban en esa aventura militar a los calderonistas, a todos los comunistas que tenían presos les iba a ocurrir igual suerte. El Partido Vanguardia Popular, como ya se llamaba el Partido Comunista, no estaba de acuerdo con este intento militar. Esto motivó que la Junta Fundadora de la Segunda República declarara al Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, en diciembre de 1948, Traidor a la Patria, por Decreto Ejecutivo, por Decreto Ley, que la Junta realizaba.

Los Decretos Ley que la Junta hizo durante su tiempo de Gobierno, 8 mayo 1948 – 7 noviembre de 1949, al terminar su período y entregar el Poder a Otilio Ulate, en sus últimos actos, la Asamblea Nacional Constituyente que cesó sus funciones el 7 de noviembre de 1949, avaló todos los Decretos Ley de la Junta, entre ellos, obviamente el de Traición a la Patria que le habían hecho al Dr. Calderón Guardia.

Luego, en el primer Gobierno Constitucional de Figueres, 1953-1958, de nuevo, en 1955, se intentó, otra vez desde Nicaragua, invadir el país, por parte de calderonistas, para derrocar a Figueres, movimiento que fracasó, y a cuyos detenidos se les indultó, por un arreglo político que se hizo con el mismo Presidente José Figueres.

En 1970 en el segundo Gobierno Constitucional de José Figueres se declaró Benemérito de la Patria al Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, en cuyo gobierno también falleció. Todavía los odios y pasiones de la guerra civil eran encendidos, pero hay que reconocer que Figueres hacía un esfuerzo porque se superaran. Así lo hizo en las placas que puso en los monumentos que levantó para conmemorar el 25 aniversario de la Guerra Civil, reconociendo en ellos a los caídos de los dos bandos.

El Benemeritazgo de hecho borraba y superaba la declaratoria de Traidor que se le había hecho.

El actual Presidente de la Asamblea Legislativa puso su empeño en que por acuerdo legislativo, por Ley de la República, fuera eliminado aquel Decreto Ley de Traidor, lo que se hizo el lunes pasado, en primer debate legislativo, por la totalidad de los diputados presentes.

Se reafirmó así lo que la Declaratoria de Benemeritazgo ya había hecho.

Aun así, con su Benemeritazgo, siempre hubo una mano maléfica, de odios ancestrales o viscerales, contra el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Cuando se terminó de construir en 1969, e inaugurado en 1970, el Hospital México, al frente de la instalación, en una plaza que tiene, se puso un Monumento al Dr. Calderón Guardia, con una figura de una pirámide invertida, en cuyo centro de colocó una efigie, una escultura de buen tamaño, del Dr. Calderón Guardia, pieza monumental que en uno de sus lados tenía una abertura para ver al Dr. Calderón Guardia, pero en esa abertura pusieron una reja. Así daba la sensación de que tenían preso, en una celda en exhibición, al Dr. Calderón Guardia.

¿Quién hizo eso de esa manera? ¿Quién actúo como carcelero del Dr. Calderón Guardia? ¿O quien dio la orden de poner la reja para que aparentara estar preso? La verdad es que no sé. Si lo supiera lo diría en este comentario.

Cuando Rafael Ángel Calderón Fournier, en ejercicio de la Presidencia inauguró la Plaza de las Garantías Sociales, frente al edificio sur de la Caja Costarricense del Seguro Social, trasladó la imagen de su padre a esa Plaza, rindiéndole el honor de exhibirlo de cuerpo entero, sin jaula o celda alguna. De hecho lo liberó de aquella patraña que le habían hecho.

También en su gobierno falleció el Presidente Figueres, y bajo su Gobierno también se le dio el Benemeritazgo de la Patria. Con ello se sellaron los resabios de resentimientos políticos y se restañaron las heridas aún existentes de 1948.

Hoy la figura del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia está allí, más cerca del pueblo. A él se le han sumado acompañándolo los otros dos Beneméritos de la Patria, que contribuyeron a la aprobación de la Gran Reforma Social y Laboral de Costa Rica, de su Gobierno, con sus bustos, Manuel Mora Valverde, Secretario General del Partido Comunista o Vanguardia Popular, y recientemente Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, Arzobispo y Jefe de la Iglesia Católica.

Los Tres, hoy, luceros inapagables en lo mejor de la conciencia nacional y en la Galería de los Hombres Ilustres que han contribuido a tener el país que disfrutamos de progreso social, de democracia robusta y sólida, de sociedad más justa y próspera.

Aprender del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia

Vladimir de la Cruz

Cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumió la Presidencia de la República, en su discurso del 8 de mayo de 1940, manifestó que seguiría los lineamientos, que habían contribuido en su formación personal, desde el hogar y de sus estudios en Europa, en Bélgica, cuando se formaba como médico, de la doctrina social cristiana, en ese momento, 1940, la Encíclica Rerum Novarum, el Código Social de Malinas y la Encíclica Cuadragésimo Anno. En ese momento no mencionó Garantías Sociales ni Código de Trabajo.

Su formación en la Europa de la post guerra, de la I Guerra Mundial, y de sus estudios y lecturas, le profundizaron su sensibilidad social, junto a la que la formación de médico le daba.

Al regresar a Costa Rica, a finales de la década de 1920, vio con dramatismo, que lo marcó para los años siguientes, los males sociales que se vivían en el país, en esos años, el desamparo social, los “desheredados”, como él los llamó, la injusticia social, las malas viviendas carentes de aire y de luz, las enfermedades que agobiaban a la población nacional, la indigencia, el hambre, la alta mortalidad en partos, los malos salarios, la falta de protección social, el negarle a los trabajadores el derecho que lo que les produce su trabajo les genera.

Observó la caridad y la beneficencia de la época como una práctica “humillante”. Señaló contundentemente que con desnutrición en la niñez y en la población “las medicinas sobran” y, enfatizó que a los niños pobres se le negaba el derecho a la vida.

Claramente sentía que nadie podía sentirse orgulloso al observar ese panorama de la Costa Rica de finales de la década de 1920, que no parece muy alejado al de la Costa Rica actual.

Consideraba el Dr. Calderón Guardia que las causas de estos males eran las condiciones económico-sociales que se vivían, que se están volviendo a repetir, de manera agudizada y evidente, en este momento de la Pandemia, y que por ello él no podía perder la noción de la Justicia.

Para él su paso por la Universidad europea fue la que le abrió los ojos para ver mejor esta realidad, y para no ser indiferente ante ella, especialmente ante los problemas sociales, como él mismo señalaba, y no ser indiferente ante el dominio del poderoso sobre el débil y ante la esclavitud económica de las grandes mayorías sociales.

Su paso por la Municipalidad de San José, 1930-1934 y por el Congreso de la República, 1934-1939, le dieron la visión política, que le permitió, al asumir la Presidencia en 1940, tener claro su propósito de Gobernante.

Apoyado e impulsado a la candidatura presidencial por fuerzas conservadoras, y ganando con un gran apoyo popular, 88% de la votación presidencial, entendió que él tenía una gran responsabilidad personal y política frente a quienes le habían confiado el destino del país, en un momento crucial de la vida internacional, sin dimensionar aún, en 1940, el peso que tendría la II Guerra Mundial iniciada en setiembre de 1939, en la economía nacional y en la vida social del país.

Al asumir la Presidencia esbozó su camino en la dirección de que Costa Rica seguiría una senda de bienestar y progreso.

Hasta el 1 de mayo de 1941 informó que enviaría al Congreso su Proyecto de las Garantías Sociales. Ya había impulsado la apertura de la Universidad de Costa Rica el 26 de agosto de 1940, y en marzo de 1941, la Universidad iniciaba sus primeros pasos. Al señalar los Seguros Sociales manifestó que eran un instrumento de paz social y que respondían al deber del Estado de prevenir que la sociedad se debilitara. Eran los seguros de enfermedad, invalidez, vejez y muerte los que iniciaban.

Un año más tarde, el 1 de mayo de 1942, con contundencia anuncia el inicio de la Caja Costarricense del Seguro Social. De nuevo señala que esta institución es en beneficio de la clase trabajadora, que es una institución imprescindible de Costa Rica, que es un Derecho inalienable del pueblo, que asegura las bases de la paz.

En esta misma dirección se pronunció ese día a favor del salario mínimo, de la jornada máxima de 8 horas de trabajo, del derecho de sindicalización de trabajadores y patronos, de la protección del anciano, la madre y el niño y, anunció el Proyecto de Garantías Sociales y la Reforma al Artículo 29 de la Constitución Política, el equivalente al actual Art. 45 de la Constitución Política, para darle un uso social a la propiedad cuando fuere necesario, al mismo tiempo que inicia la redacción del Código de Trabajo.

En diciembre de 1941 tomó la decisión de declarar la Guerra a Japón, Italia y Alemania, como resultado de los ataques a las bases norteamericanas de Pearl Harbor, en solidaridad con los Estados Unidos. Esto provocó que los sectores políticos que hasta ese momento le habían apoyado le zafaran su apoyo, y hasta intentaran sin éxito un Golpe de Estado, advirtiendo en setiembre de 1942, que había sectores y “amigos” que le decían que estaba “acabando su carrera política” y que “estaba quemando las naves”.

Esto lo llevó, inevitablemente, a separarse y a enfrentarse a esos sectores, y al mismo tiempo a buscar otros aliados sociales y políticos, lo que se materializó en los sucesos políticos de junio de 1943, cuando públicamente se unieron, alrededor de las políticas sociales y de la Reforma Social impulsada, el Partido Comunista de Costa Rica, dirigido por Manuel Mora Valverde, el gobierno del Dr. Calderón Guardia y la Iglesia Católica dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, uno de los pactos de mayor trascendencia política que ha tenido el país, que se materializó, también, en el pacto electoral de la Coalición el Bloque de la Victoria, que impulsó la candidatura de Teodoro Picado, que lo llevó a la Presidencia de la República, en 1944, para asegurar la continuidad de la Reforma Social que había nacido a la vida jurídica y constitucional en 1943.

Cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumió esta responsabilidad manifestó públicamente, en setiembre de 1942, que esa era su responsabilidad como Gobernante, y como Hombre, ante el Problema Social que vivía el país.

Enfatizó que el Gobernante debe actuar en conciencia de sus Deberes, Ideas y Motivaciones, con pensamiento abierto con los Deberes históricos. Decía que respondía a la conciencia colectiva de la opinión pública y se colocaba en juicio ante la posteridad. Su decisión era un acto de rendir cuentas y de responder por la acción social del Gobierno, que estaba impulsando.

Para el Doctor Calderón Guardia el Gobernante no podía darle la espalda al pueblo en su misión social, porque en su sitio presidencial se debatía entre gobernar a favor de los intereses creados o en gobernar para el pueblo. Para él, el problema más difícil que tenía el gobierno era la miseria, situación similar a la que está desarrollándose en el país hoy.

Por eso, él asumió, en sus propias palabras, el esfuerzo a favor del “proletariado nacional”, por elevar la condición económica, social, moral y cultural del pueblo. Por ello impulsó políticas contundentes de Asistencia Pública en salud, el Consejo Nacional de Nutrición, el saneamiento de poblaciones, el suministro de agua potable, el desarrollar y fortalecer la educación, la política de calzar campesinos, trabajadores agrícolas, “peones”, y niños, atacar el costo de la vida golpeando hasta donde pudiera el agiotismo y el acaparamiento de víveres, estableciendo la Ley de Inquilinato para regular y congelar alquileres, impulsó la Junta de Habitación y la Cooperativa de las Casas Baratas o de la “Familia”, revisar salarios, no para bajarlos, sino para asegurarlos como base del futuro bienestar de los trabajadores. Así también desarrolló el Derecho “Obrero”, el Derecho Laboral. Para el Dr. Calderón Guardia Trabajo y Salarios tenían que garantizar una vida digna y un régimen de trabajo “realmente Humano”.

Ante la situación que vive el país hoy, el embate que se produce contra las clases trabajadoras en general, contra las clases medias y el empobrecimiento de los profesionales, el ataque contra los salarios y las pensiones, contra los micro, pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes, de la guillotina que se ha dejado caer contra los beneficios sociales históricamente logrados, con el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, del desempleo de hombres, de mujeres y especialmente de mujeres cabeza de familia, el desempleo de jóvenes, hace falta un Presidente, y líderes políticos, que como el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, con su estatura moral, hable libremente con sinceridad, muestre sus verdaderas intenciones y motivaciones, que se inspire en el amor al pueblo, en el bien de la Patria, sacrificando conveniencias personales, y actuando de acuerdo a la necesidad de Justicia, porque quien niega sus convicciones se niega a sí mismo.

Los herederos del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, su Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Republicano Social Cristiano, principalmente, con sus líderes y diputados más destacados hoy pareciera que no tienen ni idea de quien fue el Dr. Calderón Guardia, desconocen su pensamiento y obra, reniegan cotidianamente desde la Asamblea Legislativa de su herencia político social, y le escupen a la cara constantemente con sus políticas antipopulares y anti clases trabajadoras.

De los otros partidos políticos, representados en la Asamblea Legislativa y en el espectro político electoral nacional, menos le son fieles a esa herencia social, y en su conjunto carecen de una visión histórica de cuáles son las fuentes y raíces que han construido la Costa Rica actual, de cómo se edificaron las bases y las estructuras de edificio político de la democracia social, que ellos mismos están cavando.

Ni qué decir de la ausencia de un Presidente de la República que ante este recuerdo del Dr. Calderón Guardia, parece caminando solo en un desierto, sin orientación política de hacia dónde dirigirse y, lo peor, sin alma ni sensibilidad social.