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Etiqueta: Gerardo Castillo Hernández

Manifiesto de las Mujeres por el Derecho de Acceso a la Justicia

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Gerardo Castillo Hernández

«La voz de las maestras no podía ser silenciada por decretos ni bayonetas» (Lyra, 1919).

El 7 de julio de 2026, diversas organizaciones sociales y de mujeres levantaron su voz en defensa del Poder Judicial y de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las mujeres. Lo hicieron con la urgencia de quien sabe que la justicia no es un lujo, sino un derecho que se desvanece cuando los presupuestos se recortan y las instituciones se debilitan.

La mujer, que históricamente ha cuidado la vida en medio de la violencia y ha sostenido la democracia en medio del silencio, aparece aquí como la pastora que defiende el rebaño de derechos frente al lobo del poder. Su voz es memoria y resistencia, como lo fue la de Carmen Lyra en la huelga de 1919, cuando afirmó que la protesta era un acto de dignidad y que la educación no podía ser neutral frente a la injusticia (Lyra, 1919).

El manifiesto denuncia que los recortes al Poder Judicial amenazan directamente el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres víctimas de violencia. Señala que la reorganización del Instituto Nacional de las Mujeres y la reducción de recursos públicos forman parte de un proceso más amplio de debilitamiento institucional. En un país donde los femicidios y otras formas de violencia aumentan, la respuesta no puede ser menos Estado, menos protección, menos justicia. La respuesta debe ser fortalecer las capacidades institucionales, no desmantelarlas.

Las firmantes formulan cinco demandas claras al Poder Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público y a otras instituciones: garantizar recursos, fortalecer servicios especializados y proteger a las defensoras de derechos humanos. Pero más allá de las demandas concretas, el manifiesto convoca a sindicatos, universidades, organizaciones sociales y ciudadanía a defender el acceso a la justicia y la independencia judicial como patrimonio común.

El documento trasciende la agenda específica de las mujeres y entra en el corazón del debate democrático: la división de poderes, la independencia judicial frente a presiones políticas, la defensa del presupuesto público destinado a la justicia y la crítica al discurso político que busca desacreditar instituciones. Butler (2009) recuerda que la precarización de la vida comienza cuando se socavan las estructuras que garantizan derechos; Sen (1999) advierte que sin libertad de expresión y sin instituciones fuertes no hay desarrollo humano ni democracia sustantiva; Harari (2018) alerta que las democracias pueden morir no por golpes de Estado, sino por erosión lenta de sus instituciones.

El sindicalismo encuentra aquí un espejo. El acceso a la justicia laboral, constitucional y administrativa depende de un Poder Judicial con recursos suficientes. Los sindicatos han defendido históricamente la institucionalidad democrática y la independencia de los poderes públicos como garantías para los derechos sociales y laborales. Además, muchas mujeres trabajadoras enfrentan simultáneamente violencia de género, discriminación laboral y dificultades para acceder a mecanismos de protección judicial. La lucha por la justicia de género es también lucha por la justicia laboral y sindical.

La pregunta de fondo es clara: ¿puede una democracia garantizar derechos cuando las instituciones encargadas de protegerlos pierden capacidad de actuación? La respuesta sindical es contundente: los derechos laborales, la negociación colectiva, la libertad sindical, la igualdad de género y la protección frente a la violencia dependen de instituciones fuertes, independientes y accesibles. Defenderlas no significa renunciar a exigir eficiencia o transparencia; significa reconocer que las reformas deben fortalecer el Estado de Derecho y ampliar el acceso a la justicia, no reducirlo.

El manifiesto de las mujeres nos recuerda que la justicia no es un privilegio ni una dádiva: es el suelo común sobre el que se construye la democracia. Y cuando ese suelo se agrieta, toda la ciudadanía —trabajadores, estudiantes, mujeres, sindicatos— debe levantar la voz. Porque como escribió Orwell (1949), “la libertad consiste en decir lo que otros no quieren escuchar”. Y hoy, lo que no quieren escuchar es que sin justicia independiente no hay democracia, y sin democracia no hay derechos.

Referencias

• Butler, J. (2009). Frames of War: When Is Life Grievable? Verso.

• Harari, Y. N. (2018). 21 lecciones para el siglo XXI. Debate.

• Lyra, C. (1919). Discurso en la huelga contra la dictadura de los Tinoco.

• Nussbaum, M. (2010). Liberty of Conscience: In Defense of America’s Tradition of Religious Equality. Basic Books.

• Orwell, G. (1949). 1984. Secker & Warburg.

La hora de la República

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Gerardo Castillo Hernández

Manifiesto de adhesión al Bloque Patriótico Costarricense

“Hay momentos en la historia de los pueblos en que permanecer indiferente equivale a renunciar al deber ciudadano. Este es uno de esos momentos.”

No escribo estas palabras movido por el resentimiento, ni por ambiciones personales, ni por intereses partidarios. Las escribo porque amo profundamente a Costa Rica y porque estoy convencido de que nuestra democracia enfrenta uno de los mayores desafíos desde la fundación de la Segunda República.

Mi adhesión al Bloque Patriótico Costarricense nace de una convicción ética antes que política. No responde a una identidad ideológica exclusiva, sino al deber de defender la República cuando sus principios fundamentales muestran señales de deterioro. Hay circunstancias excepcionales en las que las diferencias partidarias deben ceder espacio a una causa superior: la preservación de la democracia, del Estado Social de Derecho y de la convivencia civilizada.

Costa Rica no es una casualidad histórica. Es el resultado del esfuerzo de generaciones que comprendieron que la libertad debía estar acompañada por la justicia; que el desarrollo económico debía caminar junto a la solidaridad; y que el poder político debía estar limitado por la Constitución, las leyes y el respeto a la dignidad humana.

Nuestra identidad nacional se forjó en la Campaña Nacional de 1856, cuando el pueblo defendió la soberanía; se fortaleció con las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, que reconocieron la dignidad de las personas trabajadoras; se consolidó con la Constitución Política de 1949, que fortaleció el Estado de Derecho y la independencia de los poderes públicos; y alcanzó un reconocimiento mundial cuando Costa Rica abolió el ejército para invertir en educación, salud y desarrollo humano.

Ese legado no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Pertenece al pueblo costarricense.

Por eso duele observar cómo se debilita el respeto por valores que durante décadas dieron prestigio a nuestra nación.

Me preocupa la normalización de la mentira como herramienta de confrontación política; el descrédito permanente de quienes piensan distinto; la sustitución del debate por el insulto; la descalificación de periodistas, universidades, organizaciones sociales, sindicatos, sectores productivos y ciudadanos que ejercen su derecho a disentir.

Me preocupa el debilitamiento del respeto entre los Poderes de la República y cualquier conducta que pueda erosionar la independencia judicial, la autonomía de las instituciones y el equilibrio constitucional que protege nuestras libertades.

Me preocupa la violencia verbal y política contra las mujeres, incompatible con una sociedad que proclama la igualdad y el respeto a la dignidad humana.

Me preocupa el deterioro del lenguaje público, porque las palabras crean cultura, y una democracia no puede sostenerse cuando el odio desplaza al diálogo y la descalificación sustituye al argumento.

También me preocupa cualquier proceso que conduzca al debilitamiento de instituciones que constituyen patrimonio de toda la ciudadanía: la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, el Banco Popular, las universidades públicas, el sistema educativo, las municipalidades, el Tribunal Supremo de Elecciones y todas aquellas entidades creadas para garantizar derechos, igualdad de oportunidades y cohesión social.

Estas instituciones pueden y deben mejorar. Deben ser transparentes, eficientes y responsables. Pero reformarlas no significa desprestigiarlas ni poner en riesgo la misión histórica para la que fueron creadas.

Como ciudadano comprometido con la ética pública, considero indispensable que toda denuncia sobre presuntas irregularidades en el financiamiento político, posibles vínculos del crimen organizado con estructuras de poder, actos de corrupción, tráfico de influencias o utilización del Estado para favorecer intereses particulares sea investigada por las autoridades competentes con independencia, transparencia y pleno respeto al debido proceso. La democracia exige que nadie esté por encima de la ley y que la justicia actúe sin privilegios ni presiones.

Costa Rica también debe proteger el prestigio internacional que construyó durante décadas. Nuestro país ha sido reconocido por su vocación de paz, por el respeto a los derechos humanos, por su tradición diplomática y por su compromiso con el derecho internacional. Ese capital moral no puede ser sacrificado por la confrontación interna ni por decisiones que debiliten la confianza en nuestras instituciones.

Frente a estos desafíos nace el Bloque Patriótico Costarricense.

No nace para imponer una ideología.

No nace para sustituir a los partidos políticos.

No nace para alimentar el odio ni la división.

Nace porque miles de costarricenses comprendemos que existen momentos históricos en los que la defensa de la democracia debe convertirse en un punto de encuentro para personas de distintas ideas, creencias y trayectorias.

Hoy el verdadero debate nacional no es entre izquierda o derecha; entre liberales o socialdemócratas; entre creyentes o no creyentes.

El verdadero desafío consiste en decidir si queremos una República sustentada en instituciones fuertes, en la separación de poderes, en la libertad de expresión, en la transparencia y en el respeto a la Constitución Política, o si aceptaremos que el poder se concentre progresivamente, que el adversario sea tratado como enemigo y que el deterioro institucional se convierta en una nueva normalidad.

Por ello doy este paso con serenidad, pero también con firmeza.

Pongo mi experiencia, mi trabajo y mi compromiso al servicio del Bloque Patriótico Costarricense, porque creo que la defensa de la democracia no corresponde únicamente a quienes ocupan cargos públicos. Es una responsabilidad compartida por toda la ciudadanía.

Convoco a las personas trabajadoras, al movimiento sindical, al sector cooperativo, a los agricultores, a los empresarios comprometidos con el país, a las mujeres, a las juventudes, a las personas adultas mayores, a las universidades, a las iglesias, a los pueblos indígenas, a los profesionales, a los artistas, a las organizaciones comunales y sociales, y a cada costarricense de buena voluntad a reencontrarnos en aquello que siempre nos ha unido: el amor por la Patria y el compromiso con la República.

No estamos llamados a pensar igual.

Estamos llamados a defender las reglas que permiten convivir en nuestras diferencias.

La democracia no exige uniformidad; exige respeto.

La libertad no significa imponer una sola voz; significa garantizar que todas puedan expresarse.

El patriotismo no consiste en seguir ciegamente a un gobernante; consiste en ser fiel a los principios que sostienen la Nación.

No nos reúne el odio.

Nos reúne la esperanza.

No nos mueve la ambición de poder.

Nos mueve el deber de proteger el país que heredamos y la responsabilidad de entregar a nuestros hijos y nietos una Costa Rica donde las instituciones sean más fuertes que los caudillos, donde la verdad tenga más fuerza que la propaganda y donde el diálogo prevalezca sobre la confrontación.

La historia demuestra que las democracias rara vez desaparecen de un solo golpe. Se debilitan lentamente cuando los ciudadanos dejan de defenderlas, cuando la indiferencia reemplaza el compromiso y cuando el miedo desplaza la participación.

No quiero ser parte de ese silencio.

Por eso hoy doy un paso al frente.

Me adhiero al Bloque Patriótico Costarricense porque creo en la República, en la Constitución Política, en el Estado Social de Derecho y en la dignidad del pueblo costarricense.

Lo hago con humildad, pero también con la firme convicción de que el futuro de Costa Rica dependerá de la capacidad de su pueblo para reencontrarse en los valores que hicieron de nuestra Nación un ejemplo de democracia, paz, solidaridad y justicia social.

Que nadie renuncie a la esperanza.

Que nadie abandone la defensa de nuestras instituciones.

Que nadie permanezca indiferente cuando la República nos llama.

Porque la Patria no pertenece a un gobierno.

La Patria pertenece a su pueblo.

Porque la democracia no se hereda; se construye y se defiende cada día.

Hoy es la hora de la República.

Hoy es la hora de Costa Rica.

¿Dónde están los derechos laborales en la agenda política?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Gerardo Castillo Hernández

En vísperas de las elecciones presidenciales de 2026, la revisión de los planes de gobierno revela una verdad incómoda: de los veinte partidos que aspiran a dirigir Costa Rica, solo el Partido de la Clase Trabajadora (PT) reconoce explícitamente en su programa la tríada fundamental de los derechos laborales: libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga.

El resto de las agrupaciones -ya sea por omisión o por falta de acceso a sus documentos completos- no ofrece garantías claras sobre estos pilares de la democracia laboral. Frente Amplio, Liberación Nacional y Nueva República, partidos con presencia significativa en el debate público, no mencionan de manera textual estos derechos en sus propuestas. ¿Qué significa este silencio? ¿Es acaso un descuido, o una estrategia deliberada para invisibilizar la voz organizada de las y los trabajadores?

La ausencia de referencias explícitas no es un detalle menor. La libertad sindical no es un lujo, sino un derecho humano reconocido internacionalmente. La negociación colectiva es el mecanismo que equilibra las relaciones de poder entre patronos y trabajadores. El derecho de huelga es la herramienta última de resistencia frente a la injusticia. Negar o invisibilizar estos derechos equivale a debilitar la democracia misma.

El sindicalismo costarricense debe preguntarse:

  1. ¿Por qué los partidos que hablan de “empleo digno” callan sobre la organización sindical?
  2. ¿Qué modelo de país se construye cuando se omite la negociación colectiva?
  3. ¿Qué futuro laboral nos espera si el derecho de huelga se borra del discurso político?

La respuesta no puede ser la resignación. Este vacío programático debe convertirse en una alerta sindical y en un llamado a la acción. Es hora de exigir a cada candidato y partido que se pronuncie con claridad: ¿defienden o no los derechos laborales fundamentales? La ambigüedad no es aceptable cuando está en juego la dignidad de miles de trabajadores y trabajadoras.

El sindicalismo costarricense tiene frente a sí un desafío político y educativo de su afiliación: visibilizar esta omisión, interpelar a los partidos y movilizar a la ciudadanía para que los derechos laborales no sean relegados a notas al pie, sino que ocupen el lugar central que merecen en la construcción de un país justo y democrático.

Narcotráfico y política: una alianza que erosiona la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gerardo Castillo Hernández

El narcotráfico dejó de ser solo un negocio criminal para convertirse en un actor que penetra las estructuras políticas, económicas y sociales de América. Su poder financiero, sustentado en miles de millones de dólares en circulación, se ha transformado en un factor necesario para economías debilitadas y en un combustible oscuro de campañas políticas.

En Argentina, los informes judiciales y periodísticos han señalado cómo las bandas del narco se infiltran en los barrios populares, no solo controlando territorios sino tejiendo complicidades con autoridades locales y fuerzas policiales. El financiamiento ilícito encuentra rendijas en campañas políticas, lo que convierte al voto en un botín disputado por intereses ilegales.

En Estados Unidos, país que concentra el mayor consumo mundial de drogas, el narcotráfico ha generado una doble paradoja: mientras se promueve la “guerra contra las drogas”, al mismo tiempo la economía bancaria y financiera se ha beneficiado del lavado de capitales. La propia DEA y congresistas han advertido sobre la infiltración del narco en niveles estatales y municipales, especialmente en la frontera con México.

En Ecuador, la situación se volvió explosiva. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio en 2023 evidenció que el narcotráfico dejó de ser un problema de seguridad para convertirse en una amenaza directa contra la democracia. El país se ha convertido en un enclave estratégico del crimen organizado, con cárteles que imponen su ley en puertos, cárceles y hasta en las calles de las principales ciudades.

Más allá de fronteras, lo común es el poder económico del narcotráfico: flujos de dinero que se insertan en sistemas financieros, campañas electorales y proyectos de infraestructura, debilitando las bases de los Estados. El narco no solo compra armas o voluntades: compra legitimidad y espacio político.

En Costa Rica, a las puertas de nuevas elecciones, la advertencia se repite en la prensa y en los informes policiales: el narcotráfico no es un fantasma lejano, sino un peligro inminente. Los asesinatos ligados a ajustes de cuentas, el aumento del lavado de dinero y la corrupción en instituciones locales son síntomas de un mal que puede capturar la democracia desde dentro.

El desafío es claro: o se frena esta simbiosis entre política y crimen organizado, o el narcotráfico terminará escribiendo las reglas del juego democrático en la región.

Los de abajo todavía viven

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Gerardo Castillo Hernández

Vivimos en un mundo donde el ruido del espectáculo tapa el grito de los que sufren. Mientras las pantallas brillan con guerras retransmitidas en alta definición, mientras se lanzan bienes de lujo que cuestan lo mismo que alimentar a una familia durante un año, millones de seres humanos -los de abajo-siguen siendo invisibles. No por falta de existencia, sino por exceso de indiferencia.

Los de abajo no son sólo los pobres en dinero. Son también los despojados de educación, de tiempo, de tierra, de seguridad social, de derechos. Son quienes trabajan sin descanso y aun así no llegan a fin de mes. Quienes apenas pueden leer porque nunca tuvieron un libro. Quienes votan por odio, venganza o resentimiento o del todo no votan porque nadie los representa. Son los empujados al margen por un sistema que sólo mira hacia arriba, donde el brillo del poder enceguece y embrutece.

En este terreno de la política, la pobreza también reina. Pero no es la escasez de partidos o discursos eso no es el problema lo que empobrece la democracia es la banalidad de su contenido. La política se ha transformado en un circo de frases vacías, de insultos convertidos en estrategia de comunicación, de líderes que repiten eslóganes en vez de pensar proyectos. Se castiga la razonabilidad y se premia la vulgaridad. El debate de ideas ha sido sustituido por el espectáculo de confrontación de cantina. La política ya no educa sino polariza: alimenta al confeso para que odie.

Esta miseria política no es casual. Se cultiva a propósito para mantener entretenidas a las mayorías. Cuanto más superficial es la política, más se aleja de los problemas del pueblo. Cuanto más populista es el mensaje, más se oculta la estructura de dominación: “el cambio para no cambiar”. Los de abajo asisten entonces al simulacro democrático donde siempre ganan los de arriba, donde el poder cambia de rostro, pero no de lógica, y donde la esperanza verdadera se vuelve una rareza o una amenaza.

En esta época que idolatra lo superficial, la vida ha perdido profundidad. El éxito se mide por “likes”, la belleza se vende en píxeles, y la verdad es abaratada como una mercancía más. Se ofrece una libertad envasada que solo sirve para elegir entre marcas, no entre proyectos de país con visión de futuro. Se nos invita a consumir para olvidar, a reír para no pensar, a competir en lugar de compartir.

Mientras tanto, los de abajo cargan con el peso del mundo. Y no por destino ni por error: por diseño. Un sistema que produce pobreza como una fábrica produce autos no puede sorprenderse de su resultado. La desigualdad no es una falla: es una estrategia inducida como normalidad de los de arriba y los mismos organismos financieros internacionales encadenan (prestan) para que los países sigan atados a las deudas y hacen recomendaciones para que todo continue igual: sigan pagando los de abajo.

La manipulación de la mayoría es su garantía.

Los de abajo son más, pero compiten, están divididos. Están fragmentados por muros invisibles: miedo, desconfianza, soberbia, personalismo; los que ascienden quitan la escalera para que los demás no suban. Todo es ignorancia sembrada y controlada. Pero el día que se miren a los ojos y se reconozcan como iguales, el mapa del poder temblará.

No es que falten recursos. Es que sobran mezquindades y privilegios. No es que falte comida. Es que sobra especulación y codicia. No es que falte cultura es que se comercializa y se convierte en entretenimiento vacío. No es que falte inteligencia es que los mejores son aislados por la mediocridad, los amigos del narco desprecian la calidad por la lealtad. Se castiga al pensamiento crítico y se premia la sumisión.

Hoy más que nunca, necesitamos recordar lo esencial: que la dignidad no se mide en cifras, que el dolor no debería ser rutina, que el mundo no puede seguir siendo un espectáculo donde la mayoría solo actúa como público, esperando un milagro que no vendrá desde arriba.

La historia no cambia desde el circo ni desde las pantallas. Cambia desde abajo y con los de abajo. Con las manos que siembran, los trabajadores y trabajadoras que levantan con penuria la olla de comida diaria, con las voces que se atreven a rechazar la grosería, arbitrariedad y la prepotencia. Porque lo que está en juego es la democracia, la justicia y el destino de las nuevas generaciones.

Los de abajo no piden caridad. Exigen dignidad, respeto, justicia y oportunidades. No quieren ser espectadores en la democracia. Quieren ser protagonistas. No buscan odio, venganza ni confrontación.

Buscan vivir que quiere decir: seguridad, educación, empleo y no cárceles.

Y ese futuro empieza cuando uno -cualquiera- deja de mirar hacia el cielo esperando respuestas y comienza a mirar a su lado buscando compañeros y compañeras que estrechan manos en convivencia, paz y respeto entre hermanos.

¿Quo vadis, Costa Rica? Un país a la deriva

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gerardo Castillo Hernández*

Después de más de dos siglos de vida independiente y más de setenta años de democracia continua, Costa Rica atraviesa una de sus peores crisis de confianza política y social. El deterioro del Estado social, la degradación institucional y la desorientación ideológica del actual gobierno dibujan un país confuso, fragmentado y carente de liderazgo con visión.

Las señales son múltiples: la inseguridad ciudadana que desborda barrios y comunidades, el crecimiento de la pobreza estructural, el desencanto con los partidos tradicionales y la improvisación tecnocrática del poder actual. A esto se suma una creciente polarización que intoxica la discusión pública. El país, como en el antiguo interrogante romano, parece preguntarse a sí mismo: ¿Quo vadis, Costa Rica?

Balance: ¿Dónde está la verdad?

Ante un clima social tan polarizado, urge acudir a la evidencia y el análisis crítico. A continuación, se abordan algunas de las preguntas más candentes del debate público, con datos y perspectiva.

¿Está quebrada la CCSS?

No. A pesar de sus dificultades financieras y estructurales, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no está quebrada. Tiene problemas de liquidez, rezago tecnológico, presión por envejecimiento poblacional y evasión patronal, pero también posee un sólido patrimonio, infraestructura extendida y una base de cotizantes que aún la sostiene. Decir que está quebrada es una afirmación alarmista que no resiste el análisis técnico. Lo que necesita es reforma, no demolición.

¿La prensa miente y es canalla contra el gobierno?

No. La prensa tiene fallas, como en cualquier democracia, pero en Costa Rica sigue siendo un contrapeso legítimo al poder político. Las acusaciones de “prensa canalla” desde el Poder Ejecutivo forman parte de una estrategia internacional de desprestigio mediático usada por liderazgos populistas de derecha y de izquierda. Los medios, a pesar de sus intereses empresariales, han visibilizado actos de corrupción, contradicciones del gabinete y decisiones poco transparentes. El periodismo crítico no es enemigo de la democracia, sino su garantía.

¿La oposición exagera cuando dice que Chaves no respeta el Estado de derecho?

No exagera. El presidente ha demostrado en múltiples ocasiones una actitud autoritaria, desde la confrontación directa con la Sala Constitucional hasta los vetos o amenazas públicas a diputados y órganos autónomos. La desinstitucionalización y el debilitamiento de los controles republicanos son hechos concretos. Su forma de gobierno se basa más en la lógica del “gerente supremo” que en la del estadista dialogante. Respetar el Estado de derecho implica reconocer límites, algo que el actual mandatario ha desafiado constantemente.

¿El tono del presidente es respetuoso o soez?

Es sistemáticamente soez y confrontativo. Sus comparecencias públicas están marcadas por la burla, el doble sentido, el sarcasmo y un tono que raya en la humillación. Este tipo de discurso presidencial no solo empobrece el debate político, sino que instala una cultura de la agresión como método de liderazgo. El lenguaje de un jefe de Estado importa; configura el clima democrático, y en este caso, lo erosiona.

¿Se usan correctamente las redes sociales en política?

No. Las redes sociales han sido utilizadas por el gobierno más como herramienta de propaganda y control narrativo que como canal de diálogo ciudadano. Se promueve el culto a la personalidad del mandatario, se bloquean voces críticas y se fomenta la polarización a través de ataques digitales. Esta forma de usar las plataformas digitales distorsiona la esfera pública y refuerza la desinformación, debilitando la democracia deliberativa.

¿Ha sido productiva la Asamblea Legislativa durante este período?

La Asamblea ha tenido avances en algunas materias, pero ha funcionado bajo tensión permanente con el Ejecutivo. El oficialismo, sin bancada propia sólida, ha recurrido a alianzas coyunturales, vetos y presiones externas para gobernar. El Ejecutivo, por su parte, ha descalificado frecuentemente el trabajo legislativo, debilitando la legitimidad de un poder que representa la pluralidad política nacional. La falta de diálogo institucional ha afectado la gobernabilidad democrática.

¿Hacia dónde vamos?

Costa Rica se encuentra ante una disyuntiva histórica. Seguir profundizando el deterioro del Estado social, debilitando sus instituciones y empobreciendo el debate público, o reconstruir una visión colectiva de futuro basada en el respeto, la equidad y la participación.

El cambio que el país necesita no vendrá de una figura mesiánica, sino de una ciudadanía crítica, movilizada y consciente del valor de sus instituciones. Costa Rica no está perdida, pero necesita urgentemente reencontrar su rumbo.

San José, 6 mayo 2025

*Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE).

Nuevos escenarios: incertidumbre, temor y desafíos en la política y la sociedad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gerardo Castillo Hernández

Al igual que el bitcoin, que desafía los paradigmas tradicionales del dinero e irrumpe como una alternativa financiera disruptiva, la política contemporánea transita por caminos sinuosos que generan inquietud y desconcierto. La acción política se reduce a un espectáculo mediático, el discurso público se degrada, y los partidos tradicionales pierden prestigio ante una ciudadanía cada vez más desencantada. Según Latinobarómetro, el 70% de los latinoamericanos ya no confía en la democracia o se siente excluido de ella. Esta cifra no solo refleja insatisfacción, sino una crisis de legitimidad con graves implicaciones:

1. Declive de la democracia representativa: La pérdida de credibilidad de los partidos y las instituciones abre paso a alternativas peligrosas, desde liderazgos autoritarios hasta soluciones pseudopopulistas.

2. Ascenso del populismo emocional: Líderes de izquierda y derecha —desde predicadores carismáticos hasta aventureros políticos— explotan el malestar social con discursos que desprecian el Estado de derecho, la institucionalidad y la razón.

3. Espectacularización de la política: El debate público se reduce a confrontaciones virales, donde priman la mentira, el insulto y la posverdad sobre el análisis riguroso.

4. Amenazas a las libertades: Movimientos de extrema derecha ganan terreno, atacando la independencia judicial, la libertad de prensa y los derechos humanos bajo retóricas nacionalistas.

5. Tecnología y desinformación: Las redes sociales distorsionan la realidad, manipulan elecciones y normalizan la polarización, mientras la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad —con América Latina como la región más violenta del mundo— alimentan el círculo vicioso de la desesperanza.

¿Qué cabe esperar?

Estos escenarios fracturan los consensos democráticos y plantean interrogantes urgentes: ¿Está agotado el modelo actual? ¿Emergerán nuevas formas de democracia? ¿Cómo adaptarán los Estados la división de poderes o los sistemas electorales? La incertidumbre se agrava por factores globales: recesión económica, guerras comerciales, migraciones masivas, reacomodos geopolíticos y una crisis climática con proyecciones catastróficas. En este contexto, los márgenes de acción para América Latina son estrechos: el endeudamiento externo y los condicionamientos de organismos financieros limitan cualquier reforma estructural, perpetuando un modelo económico excluyente y sin dimensión social.

Lo laboral en la encrucijada

El panorama es desalentador:

– Desempleo e informalidad: Las tasas superan el 40%, con trabajos precarios que profundizan la pobreza y debilitan el movimiento sindical.

– Educación en crisis: La pandemia exacerbó la brecha digital y la deserción escolar, mientras los recortes presupuestarios y la pauperización docente socavan la calidad educativa.

– Reformas regresivas: Las élites empresariales, ahora enquistadas en el Estado, imponen legislaciones laborales que eliminan protecciones sociales, fomentan la explotación —especialmente de mujeres— y criminalizan la organización sindical.

¿Hay espacio para la esperanza?

Pese a todo, destellos de resistencia persisten: las movilizaciones en Estados Unidos por la democracia, el rechazo popular a las agresiones gringas a la soberanía de Panamá, o las luchas sociales en Argentina a favor de los jubilados revelan que la sociedad civil aún defiende banderas irrenunciables: justicia social, libertad de prensa, derechos humanos y democracia participativa. Son tiempos oscuros, pero la historia demuestra que los cambios radicales suelen nacer en los momentos más críticos. La luz de la sensatez y de la acción colectiva es deseable porque tarde o temprano se abrirán paso por un mundo más humano y mejor para las mayorías marginadas.

El papel de los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones en tiempos de caos (2)

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Gerardo Castillo Hernández / Frank Ulloa Royo
Instituto Sindical de Formación Política

Introducción

Hace días venimos hablando de esto, pero nadie parece reaccionar. Vivimos tiempos de caos. Las guerras abiertas y las guerras económicas redefinen el mapa del poder global, mientras las democracias se tambalean, las izquierdas se fragmentan y la derecha se radicaliza (Bauman, 2017). Todo esto ocurre en un mundo donde millones de personas huyen de la miseria y la violencia, encontrando fronteras cerradas y sociedades crispadas (Sassen, 2014). En este contexto turbulento, el papel de los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones adquiere una relevancia especial y se hace necesario un nuevo pensamiento para problemas realmente nuevos, donde las viejas recetas no operan (Hyman, 2001).

Guerras abiertas y guerras económicas

El planeta está en llamas. Ucrania sigue siendo un campo de batalla donde se miden Rusia y la OTAN, con una guerra de desgaste que amenaza con extenderse (Mearsheimer, 2014). Medio Oriente arde con las masacres y la violencia en Gaza, mientras en el Líbano, Siria e Irak persisten conflictos olvidados y sin aparentes soluciones. África sigue siendo un escenario de muerte y desplazamiento de grandes poblaciones originarias por el cambio climático, el hambre y las luchas resultado de los espacios de poder dejados por Francia y otras potencias colonialistas europeas que expoliaron estos países hasta la miseria (Mbembe, 2017).

Pero la guerra no es solo con balas y misiles. Estados Unidos y China libran una batalla económica feroz por el control de la tecnología, las materias primas y los mercados globales. Sanciones, bloqueos, guerra de chips y manipulación de divisas son las armas de esta nueva guerra fría, donde los aliados se reacomodan y la multipolaridad es ya un hecho (Allison, 2017).

Reacomodo de bloques: El fin del mundo unipolar

El dominio absoluto de Occidente se desmorona. China, Rusia, Irán y otras potencias emergentes desafían el orden establecido (Kissinger, 2014). Los BRICS se consolidan como un bloque alternativo, mientras Medio Oriente busca autonomía del control estadounidense. América Latina, siempre oscilante, trata de encontrar un equilibrio en medio de presiones externas y crisis internas (Dussel Peters, 2016).

Europa, mientras tanto, se encuentra atrapada en su dependencia de EE.UU., con economías debilitadas y una crisis política que alimenta el auge de la extrema derecha. La Unión Europea, lejos de consolidarse, se fractura con el auge del euroescepticismo y la desconfianza entre sus propios miembros (Judt, 2011).

Derrumbe de las democracias y el desconcierto de las izquierdas

Las democracias se resquebrajan. El desencanto con los sistemas políticos es evidente: abstencionismo récord, gobiernos débiles, corrupción desenfrenada y una creciente polarización que convierte el debate público en una guerra de trincheras (Levitsky y Ziblatt, 2018). Las instituciones pierden legitimidad y los discursos autoritarios ganan terreno (Mudde, 2019).

Las izquierdas, que en otros tiempos canalizaron el malestar social, hoy parecen perdidas entre discursos identitarios, falta de estrategia y desconexión con las bases populares. Sin un proyecto claro, quedan a la deriva, permitiendo que la derecha radical capitalice el descontento y lo transforme en una reacción violenta contra el statu quo (Mouffe, 2005).

Radicalización de la derecha y los nuevos fascismos

La extrema derecha avanza en todo el mundo. Su estrategia es clara: explotar el miedo, la crisis económica y el fracaso de las élites políticas. Con discursos nacionalistas, xenófobos y autoritarios, líderes como Trump, Le Pen, Milei y otros prometen orden en medio del caos, aunque ese orden signifique la erosión de derechos y libertades (Stanley, 2018). Las elecciones en Alemania parece que nuevamente será la puerta de entrada del fascismo a uno de los principales países europeos donde se consideraba superado (Kagan, 2017).

Este fenómeno no es casualidad. Es el resultado de años de desigualdad, precarización laboral y crisis de identidad en sociedades que sienten que han perdido el control sobre su destino. Con un enemigo común –migrantes, élites globalistas, feministas, izquierdistas, etc.–, logran aglutinar a sectores descontentos en una ofensiva reaccionaria (Piketty, 2014).

El rol de los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones

En este panorama caótico, los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones enfrentan un desafío formidable: mantener la cohesión social, proteger los derechos laborales y promover la justicia social en un contexto de creciente desigualdad y polarización (Hyman, 2001).

  1. Defensa de los derechos laborales y ciudadanos: Los sindicatos deben redoblar sus esfuerzos para garantizar condiciones laborales dignas, salarios justos y la protección social de todos los trabajadores, independientemente de su origen o situación migratoria y asegurar espacios de poder político en las comunidades y la sociedad (Freeman y Medoff, 1984).

  2. Lucha contra la precarización laboral: La tendencia hacia la precarización del trabajo y la economía de colaboración entre empresas y personas (economía gig), obviando o neutralizando a los sindicatos, requiere una respuesta robusta de los sindicatos para asegurar la estabilidad laboral y la seguridad económica de los trabajadores (Standing, 2011).

  3. Inclusión y diversidad: Es esencial que los sindicatos promuevan la inclusión y la diversidad en el lugar de trabajo, protegiendo a las mujeres, migrantes y otros grupos vulnerables frente a la discriminación y la explotación (Freeman y Medof, 1984).

  4. Educación y formación: Fomentar la formación política para que los trabajadores puedan entender la nueva sociedad y sus estructuras de poder, así como la mejora de la educación y el reciclaje profesional, será clave para que los trabajadores puedan adaptarse a los cambios tecnológicos y económicos, y mantenerse con alguna vigencia en el mercado laboral, antes que la robótica avance más y sustituya a los humanos (Brynjolfsson y McAfee, 2014).

  5. Participación política y social: Los sindicatos deben involucrarse activamente en la vida política y social, defendiendo los valores democráticos y luchando contra el avance de los discursos autoritarios y xenófobos (Hyman, 2001).

  6. Solidaridad internacional: En un mundo globalizado, será necesario que los sindicatos pongan su barba a remojar, mejoren las propuestas solidarias a nivel internacional, construyendo redes de solidaridad global que no respondan con exclusividad a los intereses de los trabajadores de las naciones en donde se concentran los centros del nuevo poder mundial (Castells, 2010).

A manera de inicio de un debate:

En un mundo marcado por el caos y la incertidumbre, el papel de los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones es más importante que nunca. Al defender los derechos laborales, luchar contra la precarización en las calles, promoviendo el nuevo pensamiento político, la inclusión y la diversidad, y participar activamente en la vida política y social, los sindicatos pueden ser un faro de esperanza y justicia en tiempos oscuros. Su capacidad para adaptarse y evolucionar será clave para enfrentar los desafíos del siglo XXI y construir un futuro más justo y equitativo para todos (Hyman, 2001).

Bibliografía

  • Allison, G. (2017). Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap? Houghton Mifflin Harcourt.

  • Bauman, Z. (2017). Retrotopia. Polity Press.

  • Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company.

  • Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society. Wiley-Blackwell.

  • Dussel Peters, E. (2016). América Latina y el Caribe: Lidiando con la Trampa del Ingreso Medio. CEPAL.

  • Freeman, R. B., & Medoff, J. L. (1984). What Do Unions Do? Basic Books.

  • Hyman, R. (2001). Understanding European Trade Unionism: Between Market, Class and Society. SAGE Publications.

  • Judt, T. (2011). Postwar: A History of Europe Since 1945. Penguin Books.

  • Kagan, R. (2017). The Jungle Grows Back: America and Our Imperiled World. Knopf.

  • Kissinger, H. (2014). World Order. Penguin Books.

  • Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. Crown.

  • Mbembe, A. (2017). Critique of Black Reason. Duke University Press.

  • Mearsheimer, J. J. (2014). The Tragedy of Great Power Politics. W. W. Norton & Company.

  • Mouffe, C. (2005). On the Political. Routledge.

  • Mudde, C. (2019). The Far Right Today. Polity Press.

  • Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press.

  • Sassen, S. (2014). Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy. Belknap Press.