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Etiqueta: gobierno central

Acciones correctivas y disciplinarias para bien de nuestro país

José Luis Pacheco Murillo

Las acciones que se vienen tomando en el gobierno del señor Chaves por parte de diferentes ministerios evidencian un deseo de cambiar las cosas que se venían dando desde hace muchos años. La decisión del Ministro de Obras Públicas de no negociar con RITEVE hasta que entregaran los bienes y no cambiarla bajo ninguna condición. Además de destituir a los miembros de varios consejos técnicos y comisiones demuestra que el deseo es que se tomen decisiones y no se atrasen los procesos y mucho menos en aquellos casos en que hay inversiones millonarias. No es posible que el atraso institucional se deba a tres o cuatro funcionarios. Esos son lastres que deben desterrarse.

También la decisión de hacer que los funcionarios públicos que se aprovecharon de los llamados “bonos proteger” deban devolver ese dinero y se les haya dado el plazo de un mes para ello, es poner orden y no permitir que hayan cometido la injusticia de quitarle a 1309 personas que de verdad lo requerían. Que no se quede en el aire y que las acciones para ordenar la administración se sigan tomando.

El tema del aumento salarial de ministros y viceministros es algo de lo que se viene hablando desde hace 30 años. Hacerlo en estos momentos quizá se pueda entender como falta de consecuencia, sin embargo, es verdad que muchos excelentes profesionales y que se encuentran en la empresa privada no aceptan cargos públicos debido a los salarios. Son 80 millones por mes, si no hay abusos y robos, el dinero alcanzará para eso y mucho más.

Hay muchas instituciones en las que hay que poner orden. Acueductos y Alcantarillados es una de esas y es urgente.

Dios quiera que se sigan tomando las acciones correctivas y disciplinarias para bien de nuestro país, a pesar de que hayan muchas voces del odio que quisieran que se siga en el desorden y el despilfarro.

Protesta contra mecanismo informático que no aplicó concepto de salario mínimo

SURCOS comparte la siguiente información:

Personal del gobierno central se manifiesta contra actuación administrativa mediante Integra Deducciones, aplicación informática que no aplicó el concepto de salario mínimo establecido en artículo 57 constitucional, 172 y 174 del Código Procesal Laboral, además, conforme a convenios internacionales que lo definen como un Derecho a la Dignidad Humana de las ersonas trabajadoras.

Cabe destacar que Sitrahsan y Anep participaron de la movilización, para manifestar el descontento sobre el irrespeto al salario mínimo y en protesta de la Ley de Empleo Público que se discutirá en Asamblea Legislativa.

Adjuntamos video de la situación descrita anteriormente:

 

Información enviada a SURCOS por Miguel Ureña.

¡Es urgente defender a las abejas!

SURCOS comparte la siguiente información

El 07 de abril la Cámara Nacional de Fomento a la Apicultura presentó al gobierno central la solicitud de prohibición de insecticidas Fipronil.

La solicitud se formuló ante las autoridades competentes: (Presidencia de la República y los Ministerios de Agricultura, Ambiente y Salud).

«No podemos permitir que se sigan dando intoxicaciones masivas de abejas a causa de un producto que ya ha sido prohibido en muchos países. El gobierno debe ser coherente con su discurso de país verde y limpiarse la cara ante el mundo en el tema de la protección ambiental.» Juan Bautista Alvarado, presidente de la CNFA.

Adjuntamos el documento con la presentación de la solicitud:

Para conocer más de la propuesta puede consultar a:

Juan Bautista Alvarado, presidente de la CNFA
Teléfono: 8577 6967

7 mil millones de dólares disponibles en el sector Público, pero Alvarado insiste en imponerle a la sociedad un “convenio” con el FMI

Comunicado de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) compartido por SURCOS:

7 mil millones de dólares disponibles en el sector Público, pero Alvarado insiste en imponerle a la sociedad un “convenio” con el FMI

– ANEP rechaza aumentar el IVA y a las transacciones bancarias de las clases medias y sectores populares
– Existen posibilidades de ingresos frescos gravando a los grupos de mega poder económico
– Condenamos la criminalización del Empleo Público

7 mil millones de dólares; o, en moneda nacional, 4 billones 300 mil millones de colones (4.300.000.000.000), es el monto de dinero acumulado al cierre del mes de octubre del recién concluido año 2020, por concepto de superávits (tanto los de carácter libre como los de orden específico), que atesoran importantes entidades del sector público.

Es la propia Contraloría General de la República (CGR), quien así lo dio a conocer en el informe “Ejecución de los ingresos y gastos del sector descentralizado al mes de octubre de 2020”.

Dicho informe indica, “De acuerdo con el resultado de la ejecución, al 31 de octubre de 2020, un total de 269 instituciones del sector descentralizado reportan un saldo de 4.322.937 millones (12.4 del PIB), por concepto de superávit acumulado no gastado. Esta cifra se compone de un 46.2 % (1.996.513 millones) de superávit libre y 53.8 % de superávit específico”.

7 mil millones de dólares acumulados en las arcas públicas del sector descentralizado del Estado costarricense, hacen innecesario que el país sea sometido al estrés social y a una eventual confrontación delicada con el “convenio” FMI que se quiere imponer, a cambio de un préstamo de 1.450 millones de dólares; cantidad ésta que apenas es un 25 % de esa gigantesca cifra de los superávits informados por el ente contralor.

Categóricamente reafirmamos la oposición de la ANEP a aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el más injusto de todos los tributos; ni siquiera en el incremento de un punto para dejarlo en 14 %.

Las únicas cargas aceptables sobre las transacciones bancarias son para aquellas gigantescas sumas de dinero que mueve el capital financiero, especialmente; según fuera planteado cuando se formuló este tipo de impuesto conocido como la Tasa Tobin.

Es de destacar que este tipo de impuesto debe establecerse ante el incesante incremento de los flujos de dinero sucio del narcotráfico, del lavado y de la actividad del crimen organizado. Jamás puede aceptarse para que se graven las operaciones bancarias rutinarias de las clases medias, de las personas trabajadoras asalariadas, de los sectores populares.

Reiteramos, además, que no se puede aceptar impuesto alguno al Salario Escolar y que, por el contrario, procede buscar ingresos frescos en los 6 puntos PIB de exenciones-exoneraciones empresariales; en el sistema de las zonas francas a las cuales se les debe imponer, al menos, una contribución solidaria y transitoria; o bien, un impuesto especial a las mega-fortunas, como lo han recomendado tanto el Banco Mundial como el mismo FMI.

Es totalmente inmoral que se pretenda vulnerar, aún más, la frágil estabilidad laboral y la precariedad salarial de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, imponiéndoles un régimen de corte autoritario, violentándoseles derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. El proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336, inconstitucional “por los cuatro costados”, ¡no debe pasar!

San José, miércoles 06 de enero de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)