Skip to main content

Etiqueta: Gobierno de Costa Rica

COP 16: Biodiversidad en disputa

Pronunciamiento de organizaciones sociales de Costa Rica de cara a la COP 16 en Cali, Colombia. Oct 21 – nov 01 de 2024

La diversidad biológica, es crucial para el mantenimiento de la vida, los genes, los microorganismos, las especies, las poblaciones, los ecosistemas y la biósfera.

Lamentablemente, la biodiversidad global está en declive, aproximadamente un millón de especies están en riesgo de extinción, muchas en las próximas décadas, debido a un modelo de producción dominante que se basa en la explotación de la Naturaleza y de las personas, por medio de actividades extractivistas como el agronegocio, minería, monocultivos, uso excesivo de plaguicidas, mega represas, extracción petróleo, y otras que han venido causando una severa crisis climática, bajo un sistema económico globalizado que no respeta los límites planetarios.

La pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos tiene consecuencias catastróficas porque un mundo sin diversidad es un lugar peligroso para todas las poblaciones, incluida la humana.

Estamos perdiendo biodiversidad ¿por qué? Las actividades económicas extractivistas son la principal causa: minería, monocultivo, Ya en 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el Desarrollo (CNUMAD), también conocida como la «Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro, adoptó el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica (CDB).

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) se propuso tres objetivos principales: conservación de la diversidad biológica, uso sostenible de la biodiversidad y participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. La Conferencia de las partes (COP), compuesta por todos los Estados «Partes», constituye el órgano supremo de la Convención, en el cual los países firmantes se comprometieron a promover economías sostenibles para vivir dentro de los límites ecológicos de nuestro planeta.

Lamentablemente, desde su origen en 1993 la destrucción de la biodiversidad no solo no se ha detenido, sino que en estas tres décadas el planeta ha dejado zonas desérticas, destrucción de territorios y de sus formas sostenibles de producción, destrucción de los bienes comunes, contaminación y una gran pobreza, denominadas zonas de sacrificio. Se ha acelerado la destrucción ambiental planetaria.

En junio de 1994 el Gobierno de Costa Rica ratifica el Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (CDB), a partir de ahí se ha construido una institucionalidad relativamente funcional en el tema, hay mayor conciencia de algunos sectores de la población y conocimiento sobre la importancia de las áreas de protección.

Sin embargo, la imagen verde que los gobiernos de Costa Rica han promocionado en las últimas décadas, con fines comerciales, tanto dentro del país como hacia el exterior con el mensaje de que todo está bien en materia ambiental, lo que construye es un discurso engañoso que invisibilizan las diversas y profundas problemáticas ambientales que sufren día a día muchas comunidades en el país y acrecienta el favorecimiento del modelo de producción destructivo, por ejemplo:

  • Contaminación de grandes extensiones de territorios por agroquímicos que han venido envenenando el campo costarricense. Hay fuentes de agua contaminadascon bromacil, clorotalonil, mancozeb, entre otros y contaminación de suelos y aire en las zonas rurales. Hay reportes de muerte masiva de abejas, muerte y desaparición de poblaciones de peces.
  • Pérdida de ríos y biodiversidad por proyectos hidroeléctricos, sumado al no acceso al agua para la producción y la vida campesina.
  • Políticas agrarias que favorecen un modelo agroexportador extractivista que se centra en los monocultivos; este a su vez ha causado profundos desequilibrios económicos, sociales y ecológicos como acaparamiento de tierras, deforestación, pérdida de soberanía alimentaria, contaminación y graves consecuencias en la salud de las poblaciones rurales.
  • Favorecimiento político de mega proyectos de desarrollo turístico con construcciones ilegales en zona marítimo terrestre, como en humedales de playa Hermosa, Puntarenas, humedales Caribe Sur y se quiere revivir el aeropuerto en Zona de Osa, amenazando el Humedal Térraba-Sierpe.
  • Distorsión y mutilación de Planes reguladores regionales, para favorecer al gran capital.
  • Deterioro de las Áreas Protegidas. Aunque se da un incremento en la superficie bajo protección que hizo que se pasara de 5.330 ha a 32.700 ha; ha traído consigo desvinculación de las comunidades con las áreas protegidas, con implicaciones políticas, económicas y sociales. Sumado a que se imposibilita el resguardo con la disminución de presupuesto que perjudica las labores de monitoreo y protección de la biodiversidad (el área a resguardar por persona funcionaria creció seis veces en un año).
  • Promoción desde el gobierno actual de la explotación minera, violentando los avances logrados por el sector social ambientalista en décadas pasadas.
  • Aumento e impunidad de agresiones y amenazas contra los Pueblos Indígenas costarricenses por defender su autonomía, tierra, territorio y derechos colectivos.
  • Políticas desde el Ejecutivo que cercena la participación social en espacios de toma de decisiones sobre aspectos ambientales y sobre la biodiversidad específicamente.
  • Corrupción dentro de la institucionalidad pública, por ejemplo se dan permisos de deforestación en áreas protegidas-Caso Gandoca Manzanillo.

Sumado a esto, por medio de una serie de medidas autoritarias se ha irrespetado la institucionalidad democrática y las leyes y normas que regulan la protección ambiental, mientras se ha perpetrado una constante violación de la independencia de poderes y de las instituciones autónomas, así como de las obligaciones constitucionales. Este gobierno no solo carece de políticas y acciones concretas de protección al ambiente, en general, y en particular en lo que respecta a la crisis climática, la situación del agua y el uso sistemático de agroquímicos tóxicos, sino que viola la normativa existente. El ministro de Ambiente y Energía sigue en la sombra, con una agenda desconocida, con una administración que vela por profundizar la destrucción ambiental y la desigualdad social.

2024 es una buena oportunidad para reflexionar y actuar por el clima y la biodiversidad, es urgente un “cambio transformador” y urgente para evitar el colapso. Es hora de dejar de hablar en términos de las distintas crisis: biodiversidad, clima, alimentación, desigualdad, y en su lugar hacerles frente como una crisis interconectada, a través de un cambio de sistema total.

Es el momento de dejar de promover falsas soluciones que le ponen un precio a la naturaleza, tal como la compensación de la biodiversidad y la cooperación con el sector privado, que arriesgan un nivel similar de interferencia de las grandes empresas tal como se ve en la cumbre climática de la CMNUCC y otros espacios de gobernanza multilateral.

El Gobierno de Costa Rica debe trabajar a favor de acuerdos sobre la biodiversidad que garanticen que vivamos dentro de los límites planetarios, enfrentando las causas estructurales, frenando las prácticas y formas de producción que promueven la pérdida de biodiversidad, y promoviendo la agroecología, manejo comunitario de bosques, uso de semillas de polinización abierta, criollas y otras soluciones con base en las comunidades.

Es vital la participación de las personas en instancias políticas desde la colectividad, los movimientos sociales, en la legitimación y producción de la política pública desde y para los pueblos, en la disputa de sentidos. La biodiversidad que poseemos actualmente en Costa Rica ha sido cuidada históricamente y principalmente por la movilización y resistencia de las comunidades locales, pueblos indígenas, mujeres y los movimientos sociales y ecologistas, pero está siendo destruida por los intereses del capital.

Desde las organizaciones sociales reconocemos que sin la biodiversidad de semillas, de plantas, animales, sin los bosques, sin ríos limpios y libres no se puede vivir. Por la defensa de una economía que ponga la vida en el centro.

Por lo tanto, hacemos un llamado al gobierno de Costa Rica para que en la COP16 se comprometa con acciones reales y vinculantes, que se basen en la justicia ambiental y que reconozcan y respeten los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales.

Además, es necesario mayor regulación a las empresas transnacionales, ya que son en nuestro país es una amenaza a la conservación de los ecosistemas y las especies.

MAELA COSTA RICA

RED DE COORDINACIÓN EN BIODIVERSIDAD

COECOCEIBA-AMIGOS DE LA TIERRA

RED DE MUJERES RURALES DE COSTA RICA

ASOCIACIÓN TINAMASTE

FEDERACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE-FECON

RED DE ESTUDIANTES DE SOCIOLOGÍA DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

FRENAPI (FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS)

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo celebra la aprobación del proyecto de Ley que honra la indemnización de personas ex estibadoras de Limón

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo celebra con gran satisfacción la aprobación en segundo debate del proyecto de ley “Adición del Artículo 2 Bis a la Ley No. 7955 (Ley de Subsidio y Finiquito a Trabajadores de Estiba y Desestiba de Muelles) el cual fue aprobado esta tarde con 46 votos a favor en la Asamblea Legislativa.

Este proyecto ordena al Gobierno de Costa Rica honrar las indemnizaciones adeudadas a personas ex estibadoras de Limón, una deuda histórica que ha permanecido sin resolver durante 29 años. La aprobación de esta ley es un hito que reivindica los derechos de las personas trabajadoras que contribuyeron significativamente al desarrollo de la provincia y que, hasta hoy, habían sido olvidadas.

Este logro es fruto del trabajo articulado y coordinado de liderazgos comprometidos de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo junto con el Frente Cívico Social Laboral de Limón, quienes han estado hombro a hombro en las luchas sociales. Su participación ha sido constante, sumándose el pasado 28 de agosto a la Movilización Nacional Pacto por la Educación Pública y Agenda Social de Costa Rica y el 29 de agosto a las acciones regionales a nivel nacional. Ese mismo día estuvieron presentes en las afueras de la UCR en Limón durante la sesión solemne de la Asamblea Legislativa.

Durante casi tres años, hemos impulsado este proceso con firmeza y convicción, luchando incansablemente para garantizar que se haga justicia a quienes, por décadas, sostuvieron la actividad portuaria de Limón. Esta ley no sólo cierra un capítulo de olvido y deuda, sino que también rinde homenaje al trabajo y sacrificio de quienes han sido parte de la historia viva de Limón.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo reafirma su compromiso de seguir trabajando en la defensa de los derechos laborales y sociales de todas las personas trabajadoras del país. Este logro nos motiva a seguir construyendo una Costa Rica más justa y equitativa, donde todas las voces sean escuchadas y respetadas.

¡Seguimos adelante en la construcción de un país más digno para las personas! 

Consultas: mesa.nacionaldedialogo@gmail.com | Teléfono: 84003435

Pronunciamiento oficial de la Junta Directiva Nacional de la ANEP sobre Nancy Hernández como jueza de la Corte IDH

SURCOS comparte la siguiente información

“Las conductas promovidas por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa de Costa Rica nos lleva a afirmar que en este momento el Estado no es apto para asumir un puesto en la Corte IDH

De manera que nuestra oposición a que Costa Rica presente la candidatura de la magistrada Nancy Hernández López no es producto de la mezquindad. El tema es que el gobierno de Costa Rica, por su gestión, no está legitimado para asumir dicha candidatura. Resulta cínico adjudicarle la defensa de la dignidad de América Latina aun gobierno que desconoce los derechos humanos de su propia gente.

Por experiencias recientes sabemos que el gobierno de Costa Rica no está eligiendo a las personas idóneas, es decir, no selecciona a aquellas que tienen el perfil de garantismo que este tipo de cargos requieren. Por el contrario, favorece el nombramiento de quienes exaltan su gestión de gobierno, de quienes exponen una realidad distinta a la que objetivamente atraviesa el país. ANEP considera que este tipo de personas no merecen asumir puestos de representación y, mucho menos, en temas transversales, como son los Derechos Humanos.

El gobierno del Estado de Costa Rica, en este momento, desconoce las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cuanto a “promover un entorno seguro y propicio para que los individuos y los grupos puedan ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación, velando además porque sus leyes y procedimientos nacionales relacionados con estos derechos se ajusten a sus obligaciones y  compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluyan de forma clara y explícita un supuesto favorable al ejercicio de estos derechos, y se apliquen de forma efectiva.”

Por el contrario, el Estado de Costa Rica, su gobierno y la Asamblea Legislativa, en aras de beneficiar a pequeños grupos de poder, han propiciado una reforma fiscal que afecta negativamente a quienes menos tienen. Se les ha concedido amnistía tributaria a grandes empresarios en plena crisis económica y se han gravado varios productos de la canasta básica, con efectos adversos, para quienes menos tienen. La absurda justificación gira en torno a la crisis fiscal, pero se ignora las recomendaciones de organismos internacionales en cuanto a proteger a las personas trabajadoras y a las poblaciones que presentan mayor condición de vulnerabilidad.

ANEP considera que un gobierno que obliga a sus fuerzas policiales a agredir a los manifestantes (el uso de la fuerza en el contexto de protestas); que está cuestionado por irregularidad en la creación de una unidad de análisis de datos (caso UPAD); que se escuda en la incorrecta interpretación de orden público y paz social para justificar decisiones restrictivas de los derechos a la protesta; y, que, tiene denunciado penalmente a activistas sociales, alegando falsamente instigación pública, no es la mejor opción para disputar una candidatura que busca defender derechos humanos.

Finalmente, creemos que por decencia el gobierno de Costa Rica debería dar un paso al lado y permitirle a otro país de la región que proponga una candidatura idónea y capaz”.

Usted puede leer el comunicado completo haciendo click aquí

OIT confirma que negociación colectiva es un derecho que no se puede eliminar

Marco Leandro, Rerum Novarum

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (CEACR), dándole la razón a la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), confirmó en su último informe de resoluciones que las convenciones colectivas son derechos que no se pueden eliminar.

Esta resolución fue tomada tras analizar los informes que la CTRN envió a la OIT, acerca de la violación al convenio 198 y la guerra sin cuartel que desde el Poder Ejecutivo Legislativo y Judicial, se ha hecho contra las convenciones colectivas en Costa Rica.

A esa conclusión llegaron los expertos en la reunión N °109 de la CEACR celebrada a finales del año pasado, y convocada para examinar las memorias de los países miembros.

Este órgano de control de OIT revisó el cumplimiento del Convenio N° 98 en Costa Rica, acerca del derecho de sindicación y la negociación colectiva que data 1949, determinando, una vez más, que en el Estado Costarricense persiste el incumplimiento de este Convenio.

Los expertos constataron las reiteradas denuncias de la CTRN acerca de las restricciones y violaciones al derecho de negociación colectiva y le piden cuentas al Gobierno de Costa Rica acerca de la evolución de esta problemática y confía que en el marco del mismo se tomarán plenamente en cuenta las garantías del Convenio.

También la CEACR reitera que las y los servidores del sector público, incluyendo instituciones descentralizadas y municipalidades deben gozar del derecho de negociación colectiva, inclusive con respecto a las remuneraciones.

Esta resolución cae como un vaso de agua fría a los intentos del Gobierno de aprobar el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, Expediente #21.336, con el cual pretenden prácticamente eliminan las convenciones colectivas, lo que está desacatando lo ordenado por la OIT y la CEACR sobre el Convenio.

COSTA RICA:VIOLADOR DE LOS DERECHOS

En su resolución los expertos señalan literalmente: “La Comisión subraya que desde hace numerosos años viene examinando una serie de obstáculos a la plena aplicación del artículo 4 del Convenio en el sector público del país. A este respecto, la Comisión recuerda que todos los trabajadores del sector público que no trabajan en la administración del Estado (por ejemplo, los empleados de empresas públicas, los empleados municipales y los de entidades descentralizadas, los docentes del sector público y el personal del sector de los transportes) deben poder gozar del derecho de negociación colectiva, inclusive con respecto a las remuneraciones y que, si bien las singularidades de la administración pública hacen necesario cierto grado de flexibilidad, existen mecanismos que permiten compaginar el respeto de las disponibilidades presupuestarias, por una parte, y el reconocimiento del derecho de negociación colectiva, por otra.

Recordando sus observaciones anteriores, la Comisión confía en que, en consulta con las organizaciones sindicales representativas del sector, el Gobierno tomará todas las medidas a su alcance para reforzar el derecho de negociación colectiva de los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado. La Comisión pide al Gobierno que informe de toda acción al respecto”. (El subrayado es nuestro).

De esta forma los expertos que son abogados laboristas de los sectores de los empleadores, sindicatos y Gobierno, le dan la razón a la tesis que ha venido manejando la CTRN y que tendrá que ser tomada en cuenta a la hora de que los diputados voten en el plenario el proyecto de Ley de Empleo Público, que está siendo impulsado a golpe de tambor por el Gobierno.

 

Imágenes tomadas de Rerum Novarun y Unión Profesional
Enviado a SURCOS por Rafael López Alfaro.

Grupo de garantes al Señor Presidente de la República

San José, 20 de julio de 2020.

Sr. Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
Casa Presidencial-Zapote

Señor Presidente:

            Con el respeto debido, una vez más nos dirigimos a usted en razón de la confianza que nos fuera depositada como Grupo de Garantes Éticos de su gobierno.

            Es evidente que la situación excepcional por la que atraviesa el mundo, y Costa Rica no es la excepción, ubica el tema de la gestión ética y el valor de la probidad en un plano mucho más allá de las eventuales denuncias por abuso de poder o corrupción por parte de algún funcionario público, para situar estas cuestiones en la base misma de la convivencia democrática y republicana, transformando esas valoraciones de moralidad y transparencia en pre-requisitos indispensables para poder sobrevivir estos difíciles tiempos con paz y justicia.

            Hemos escuchado, señor Presidente, con toda atención el mensaje que usted dirigiera al país el pasado domingo 19. Nos advierte usted de que vendrán tiempos aún peores de los ya vividos y que serán necesarios nuevos y radicales sacrificios. Creemos firmemente que este noble pueblo puede entender su llamado. No nos cabe duda que amplias mayorías comprenderán la necesidad de aportar y lo harán gustosas si se trata de superar la pandemia y reactivar la economía en dirección a reducir la pobreza y las desigualdades imperantes. Pero también es claro que esto supone que todos veamos el sacrificio de cada quien. No es justo ni legítimo que la contribución recaiga sólo en algunos y otros pretendan pasar por la tempestad absolutamente indemnes.

            También menciona usted la urgente necesidad de una actitud responsable y solidaria. Igualmente creemos que esto es posible, pero de nuevo se requiere que pasemos de las palabras a los hechos, de las consignas a los números. Esta sociedad se merece que con cuantificaciones claras y fieles, proporcionales y progresivas, según ingresos reales,  veamos con cuánto está contribuyendo cada uno, de la misma manera en que  se ha puesto números a la reducción del presupuesto nacional y a las disminuciones en salarios y pensiones del sector público. Es urgente que veamos los porcentajes y sumas aportadas por el sector privado que más beneficios económicos percibe. El país requiere, al menos,  de una propuesta para gravar las grandes fortunas y una estrategia que asegure minimizar la evasión y la elusión tributarias.

            Finalmente hace usted un vehemente llamado a la unidad nacional.  Nuestro criterio es que eso sólo será posible si previamente se anteponen los requerimientos nacionales en orden a construir un auténtico diálogo del gobierno con todos los sectores, que no se quede en un mero gesto o ritual, para demostrar que los intereses esenciales de cada quien, han sido considerados. Lo ideal sería un diálogo-debate nacional donde estén representados todos los sectores organizados del país, con mesas de trabajo especializadas y de donde salgan recomendaciones sobre las cuales usted pueda escoger. Hemos sido testigos de múltiples iniciativas, desde voces en la Asamblea Legislativa de diputados de oposición y de gobierno; así como del movimiento de Mujeres en Acción, Mujeres por Costa Rica, el grupo de economistas pluralistas, sindicatos y asociaciones de trabajadores,  y políticos y representantes de la sociedad civil que han dado sus puntos de vista y han concretado propuestas.  Por favor, señor Presidente, sin este ejercicio de diálogo eficaz no podrá hacerse realidad la unidad que todos quisiéramos.

            Con nuestra más alta consideración,

Quince Duncan Moodie, Margarita Bolaños Arquín, José Manuel Arroyo Gutiérrez