La Asociación Confraternidad Guanacasteca nos da a conocer los acuerdos alcanzados entre vecinos de Sardinal y personeros del Gobierno, en la reunión que realizada el pasado jueves 11 de enero.
Según la Asociación, estos acuerdos debían ser redactados por un funcionario del gobierno para ser difundidos, sin embargo esto no se hizo.
Es por esta razón que los vecinos de Sardinal dan su versión de los acuerdos, tomada de la grabación de audio que poseen de la reunión.
Ayer 11 de enero- tuvo lugar en SARDINAL la tercera reunión preparatoria entre el Gobierno de Costa Rica, representado por el Ministro Mauricio Herrera y el sector social representado por el Comité de Defensa del Agua de Sardinal y la Asociación Confraternidad Guanacasteca.
CON LOGROS Y COMPROMISOS CONCRETOS
INFORMES Y ESTUDIOS
– Se recibió un paquete de documentos sobre el tema en discusión.
Queda mucha información solicitada por completar.
La traerán a próxima reunión.
PRIORIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
– Retomando el PRINCIPIO aceptado en la segunda reunión- se acordó DAR PRIORIDAD a las obras de abastecimiento de agua a los asentamientos, barrios y comunidades, que hoy no cuentan con ese servicio,
Para agilizar este acuerdo, levantar un censo y recolectar la información en cada uno de los barrios; se creó una COMISION DE TRABAJO formada por Yendri Chacón funcionaria de AyA y Luis Vázquez y Ricardo Acevedo, dos compañeros del Comité de Defensa del Agua de SARDINAL.
PARALIZACIÓN PARCIAL Y TEMPORAL DE OBRAS
– Para crear las condiciones del DIÁLOGO, la comunidad solicitó la paralización parcial y temporal de las obras.
Ante la postura de que se debe cumplir con el contrato firmado para la instalación del acueducto, se acordó NO FIRMAR NINGUN CONTRATO sobre las obras, instalación y equipamiento de los pozos.
PARAR ILEGALIDADES Y DESORDEN EN EL AGUA- DEL DISTRITO SARDINAL
Se acordó crear una Comisión de Trabajo para el cierre de pozos ilegales, la colocación de caudalimetros en pozos legalmente concesionados y otras medidas adicionales, para terminar con la usurpación de aguas de dominio público y otros desordenes. La Comisión está integrada por el señor Leonardo Solano de la Dirección de Aguas de MINAE y Gadi Amit de Confraternidad Guanacasteca.
ESPACIO DE DIALOGO
Se le entregó al GOBIERNO nuestra propuesta.
Se definió que se contará con 3 MODERADORES que deben ser aceptados por ambas partes. Cada una de las dos partes de este Dialogo, conformara su lista de participantes según sus propios criterios.
Para definir el nombre de los Moderadores y otros aspectos del DIALOGO se formó una Comisión formada por el Ministro Mauricio Herrera y el Catedrático de la UCR Marcos Fournier.
PROXIMA REUNION
Se realizara en SARDINAL el próximo jueves 18 enero.
Confraternidad Guanacasteca
Defendiendo los Derechos Humanos, Ambientales y Sociales por un Guanacaste más Justo, Solidario y Equitativo.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota de SURCOS Comunicado agresión de la policía en Sardinal Guanacaste Costa Rica
Tormenta Nate deja al descubierto debilidades estructurales que requieren atención
Costa Rica no es un país sostenible
El rastro de dolor, muerte y daños que dejan eventos como la tormenta Tropical Nate (2017), el huracán Otto (2016), los terremotos de Sámara en Guanacaste (2012) y de Cinchona (2009) en Alajuela, así como el deslizamiento de Calle Lajas en el cantón de Escazú (2010) y en el Bajo el Cacao de Fátima de Atenas (2007), dejan en claro que existen vacíos en materia de gestión del riesgo y el análisis que hacen las voces expertas de la Universiad de Costa Rica permiten afirmar que Costa Rica no es un país sostenible.
Costa Rica está ubicada en un escenario de multiamenaza. Es afectada de forma recurrente por fenómenos sísmicos y volcánicos, como también de manera frecuente por fuertes lluvias. Aunado al impacto social, las expectativas futuras de desarrollo se ven frustradas cada vez que una de estas emergencias azota a nuestra nación.
Solamente la tormenta tropical Nate dejó 117 rutas nacionales afectadas, 423 puentes dañados, 113.000 hectáreas de producción agrícola anegadas, 26 centros de salud, siete escuelas impactadas y la muerte de 14 personas, según los datos de la Comiisón Nacional de Emergencias (CNE), con pérdidas que superan los $380 millones.
Algunas autoridades nacionales catalogaron a la tormenta Nate (2017) como uno de los eventos más intensos y destructivos, sin embargo, diferentes especialistas de la Universidad de Costa Rica no coinciden con esta posición. Nate no fue el más intenso sino sólo uno de los más destructivos por el aumento de la vulnerabilidad. Expertos de la UCR insisten que no se debe responsabilizar a la naturaleza del impacto de los desastres, al momento de delimitar las razones que ocasionan el verdadero impacto se evidencia que las causas son el crecimiento urbano desmedido e informal, el inadecuado ordenamiento del territorio y un tema de gobernanza, entre los factores más recurrentes.
Compartimos la posición de las voces expertas de la Universidad de Costa Rica sobre los principales problemas así como las opciones viables y urgentes para disminuir su impacto.
Efectos de Tormenta Nate no se puede atribuir al cambio climático
Para los investigadores del Centro de Investigaciones Geofísicas (Cigefi) de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Hugo Hidalgo León y el Dr. Eric Alfaro Martínez, los factores físicos que influyeron en el impacto de Nate fueron su posición con respecto al istmo centroamericano y su velocidad.
«El ciclón tropical Nate estaba posicionado de una forma tal que jalaba la humedad desde el océano Pacífico hacia el mar Caribe, con la particularidad de que ese aire húmedo y caliente que venía del Pacífico hacia tierra adentro se encontró con la cadena montañosa y provocó un temporal muy fuerte en la vertiente del Pacífico costarricense», comentó Alfaro. Además, la velocidad de desplazamiento del sistema era lenta y provocó que ese flujo siguiera entrando tierra adentro durante mucho tiempo. «Entre más dure el temporal, hay mayor acumulación de precipitación y mayores son los impactos desde el punto de vista físico», explicó Hidalgo.
La tormenta Nate ocurrió en una época en la que el istmo está expuesto a estos fenómenos hidrometeorológicos. De acuerdo con los estudios del Cigefi, el 71 % de los ciclones tropicales que ocurren cerca de América Central se producen durante los meses de agosto, setiembre y octubre, se trata de eventos esperables.
Otro factor mencionado por los físicos es que los ciclones tropicales responden a la variabilidad natural. «Hay años en los que las condiciones favorecen la aparición de ciclones tropicales y otros en los que no. Este año, el Atlántico tropical circundante a nuestra región estaba comparativamente más cálido que el Pacífico circundante a nuestra región», afirmó Alfaro, quien explicó que en los estudios realizados han encontrado que la calidez del agua es un factor que favorece la aparición de ciclones tropicales principalmente en la cuenca del Caribe, cerca de América Central.
Los científicos consideran que no se puede afirmar qué corresponde a la variación natural y al cambio climático, pues tendría que analizarse un período en el cual se puedan observar cambios o tendencias, y no a partir de un evento particular que ocurrió en cierto momento. Por tanto, no hay evidencia científica de que los ciclones tropicales en el Caribe y cerca de América Central estén aumentando o estén disminuyendo, según los investigadores.
A criterio de Hidalgo y de Alfaro, los impactos de estos fenómenos tienen muchas aristas, las cuales tienen que ver con la vulnerabilidad de la población debido principalmente a que el ordenamiento territorial no es el adecuado.
«Lo único que podemos hacer es ordenamiento territorial, y por supuesto, mejorar los sistemas de alerta para evitar impactos al menos en vidas humanas», expresó Hidalgo. Sin embargo, en la realidad son los mismos cantones y distritos del país los que reportan emergencia tras emergencia más impactos por la recurrencia de ciclones tropicales en el Caribe. Una evidencia más de que se puede y se debe planificar los riesgos.
«Si bien es cierto no hay evidencia estadística de que estén aumentando los ciclonestropicales cerca de América Central, cada año se reportan más impactos por laocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos en la región. Esto quiere decir que laexplicación de esa tendencia positiva no es física, sino socioeconómica y ambiental, ypor eso es fundamental el ordenamiento territorial«, concluyó Alfaro.
Visión desde la sociología: impacto de eventos naturales cuestionan el actual modelo de desarrollo
Aunque la Tormenta Tropical Nate que impactó el país el pasado 5 y 6 de octubre es sin duda un fenómeno natural, sus efectos evidencian también orígenes o causas sociales que plantean la necesidad de replanteat el modelo de desarrollo.
Allen Cordero, director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR), recuerda que los efectos adversos de diversos fenómenos naturales alrededor del mundo son favorecidos por estilos de vida insostenibles con el medio ambiente. “Quienes dominan el mundo no quieren cambiar la política dominante y ven como positivo el desarrollo económico sin cuestionamientos”, afirmó Cordero.
Tales modelos de desarrollo no solo priorizan la dinámicas de producción y consumo de una sociedad claramente desigual, sino que también ocasionan que los sectores en condición de exclusión social sean los más afectados por estos acontecimientos. Cordero explica que, las poblaciones más vulnerables tanto a nivel rural como urbano se colocan en las zonas más riesgosas y donde fenómenos como Nate generan un impacto más constante y contundente sobre las vidas humanas.
“Viven a orillas de ríos, en terrenos con pendientes muy pronunciadas o con muchas fallas, porque son los lugares más accesibles económicamente, o incluso, llegaron ahí vía toma de tierras o invasiones, porque no les queda otro remedio” denuncia el académico.
Tales poblaciones carecen de pólizas que respondan por los daños o de ingresos suficientes para reponer lo perdido, pero además, antes de que terminen de recuperarse se exponen a convertirse nuevamente en víctimas de otros desastres que los condicionan a una sobrevivencia cada vez más precarizada.
Cordero asegura que para tratar de mitigar los efectos de estos fenómenos es necesario iniciar una lucha socio-política que cuestione este sistema económico que no sólo es insostenible, sino que también genera una distribución desigual de sus efectos.
Lejos de la implementación de políticas asistencialistas tras las emergencias, se plantea la necesidad de una planificación económica y social inclusiva y participativa, que tome en cuenta las demandas de las poblaciones en riesgo, e incluso, sus recomendaciones para la atención de las zonas más vulnerables.
Tal participación de la ciudadanía no sólo involucraría la transmisión de vivencias personales, sino también, de una memoria social que permita conocer las modificaciones que se han hecho a los territorios o los resultados obtenidos con determinadas prácticas productivas.
“Prevenir a mediano y largo plazo requiere negociación de diversas fuerzas sociales y políticas, atender desastres es muy importante pero no debe limitarse a políticas para la atención de emergencias” concluyó Cordero.
Análisis desde la geografía para estudio de Nate incluye el componente humano
El paso de la tormenta tropical Nate evidenció la vulnerabilidad del país en materia de gestión del riesgo. Sin embargo, los investigadores de la UCR consideran que esta es una buena oportunidad para que a futuro se puedan implementar acciones más efectivas, tomando en cuenta las lecciones aprendidas en esta tormenta y en fenómenos anteriores.
Desde el ámbito de la Geografía, el MSc. Francisco Solano Mata y la Dra. Isabel Avendaño Flores aseguran que los efectos de Nate deben analizarse desde tres escalas: 1) la atmosférica y espacial, 2) la relación entre la movilidad del evento y el efecto orográfico de nuestro sistema montañoso y 3) la de orden territorial.
En la escala atmosférica, los expertos describen que Nate se extendió desde la costa de El Salvador hasta la costa de nuestro país, y que además –por su dinámica de movilidad –fue capaz de potenciar el desplazamiento de una gran cantidad de humedad atmosférica que se distribuyó de manera abundante en torno a nuestra vertiente pacífica (precipitaciones de 500mm).
Ambos expertos coinciden en que la movilidad del evento, sumada al efecto orográfico de nuestro sistema montañoso, hizo que la precipitación intensa sobre el relieve fomentara el aumento significativo del caudal de los ríos y la activación de procesos de remoción en masa y erosión intensa en las laderas. Esta situación aumentó la carga de los materiales acarreados por los ríos y quebradas, lo que provocó el colapso de puentes, carreteras e inundaciones en algunos lugares de la región pacífica.
Aunque el impacto del fenómeno de Nate involucró un gran conjunto de situaciones, entre ellas: el efecto de la localización geográfica del itsmo, la época del año, la ubicación de la zona de convergencia intertropical, las condiciones climatológicas y del efecto del sistema montañoso, los investigadores afirman que el impacto de Nate puede ser explicado por una tercera causa: el componente humano.
“Se debe considerar como una tercera razón, la escala del orden territorial, es decir el efecto que tienen las actividades humanas en el espacio, como por ejemplo la ubicación de viviendas, desarrollos inmobiliarios y aperturas de vías en zonas de dominio de los ríos y costas, situaciones que son muy recurrentes en el país y que ya han sido vividas y documentadas por efectos de fenómenos similares como Juana en 1998 y César en 1996”.
Lecciones que aprender
Desde la perspectiva de los investigadores, el país debe mejorar en materia de gobernanza y lograr la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial al 2040, una política pública que fue creada con el objetivo de fomentar la planificación de los gobiernos locales en materia de gestión del riesgo.
Ante este panorama, los expertos consideran que el estado debe tomar en serio la propuesta y ejercer un efecto vinculante y obligatorio en todas las escalas (nacional, cantonal, local y personal) de las herramientas que provee la Política Nacional de Gestión del Riesgo al 2030.
Otro punto que mencionaron, es la implementación por parte de las autoridades de una política de “cero tolerancia a la corrupción y al tráfico de influencias”, una práctica, que en su opinión, les ha permitido a muchos empresarios y constructoras desarrollar proyectos inmobiliarios y de vivienda en zonas de riesgo o espacios que no cumplen con la normativa.
Por último, los expertos de la UCR afirman que es urgente fortalecer la comprensión educativa de los ciudadanos en materia de geografía, donde se incluyan los diferentes ámbitos de acción (nacional, regional, local e individual).
Emergencia pone en jaque planificación del territorio
Durante los últimos 40 años, la mancha urbana se ha triplicado. Según datos del Estado de la Región y del Estado de la Nación del 2016, en Costa Rica, su capital y zonas periféricas, se pasó de 15.000 ha en 1995 a más de 20.000 ha en 2014, lo que representa un crecimiento del 46,5%, en una década. De 1975 a 2014 el crecimiento fue de un 157,5%, lo que hace visible la acelerada expansión que se ha dado en esta zona.
En términos demográficos también se dio un marcado crecimiento. Entre 1984 y 2011, la población de los cantones que conforman la GAM pasó de 1.288.082 a 2.268.248 personas.
Estos datos, sumados al casi nulo ordenamiento del territorio, generan crecientes niveles de riesgo para la población, la infraestructura pública y privada y las actividades económicas que se desarrollan en esos territorios, lo que se traduce en pérdidas económicas y humanas cuando ocurren desastres.
Para el Ing. Luis Zamora González, coordinador de Produs, una de las principales razones que provocan importantes impactos, como los ocasionados por la tormenta Nate, es la deficiencia que tiene el país para lograr un adecuado ordenamiento del territorio.
El proceso de ordenamiento territorial tiene como una de sus herramientas la planificación y como instrumento el plan regulador. En un país como Costa Rica es importante contar con este tipo de guías que permitan decidir la manera más adecuada para el crecimiento urbano.
Cuando se realizan los diagnósticos se obtiene información indispensable dentro de la cual se incluyen zonas de riesgo y amenazas que puedan afectar a las poblaciones que habitan en estos lugares. Esto es un insumo para que los gobiernos locales tomen decisiones al respecto. Los planes reguladores dan lineamientos y buscan establecer el correcto uso del suelo y así evitar problemas para las poblaciones que habitan en esas zonas.
“Mucho de lo que se ha hecho en el país no tiene una planificación de ese tipo porque no todos los cantones tienen un plan regulador, entonces hay una deficiencia inicialmente en cómo crecemos. Aparte de que, cuando está el instrumento para ejecutarse hay problemas políticos, pues a pesar de que se hace entre una parte técnica y la administración municipal, al final lo aprueba el Concejo Municipal”.
En la actualidad hay 31 cantones con un plan regulador vigente, sin embargo, no es un plan cantonal, si no de carácter parcial: 18 cantones sin plan regulador, 11 con el plan en proceso y 21 cantones sin plan regulador, pero con algún proceso iniciado.
Según explicó Zamora, las condiciones socioeconómicas de la población tienen como consecuencia que las personas ocupen zonas de riesgo para habitarlas y si no se encuentran soluciones tempranas, los asentamientos suelen hacerse más grandes, agravando la problemática y los posibles impactos.
Un ejemplo de esto es la invasión de los cauces de los ríos, que aunque existe legislación que crea zonas de protección, aun así las personas construyen en estos lugares, lo que pone a la población en condición de vulnerabilidad.
El impacto de los desastres en la capital responde a debilidades en el control de los usos de la tierra en los márgenes de los ríos, deficiencias en el manejo de residuos sólidos, impermeabilización de suelos y el mal estado y antigüedad del sistema pluvial
¿Cómo mitigar esos impactos?
Para mitigar el impacto de futuros eventos hidrometeorológicos, el Ing. Zamora fue enfático en decir que el país debe invertir en el análisis y la investigación que ofrezca datos para solucionar los problemas antes de que ocurran otros eventos similares o mayores a la tormenta Nate o al huracán Otto, por mencionar los más recientes.
En este sentido, es recomendable hacer inventarios de las poblaciones que se encuentran en zonas de riesgo, con el objetivo de re asentarlas o buscar las alternativas necesarias.
En los casos en que el re asentamiento no fuera posible, Zamora manifestó que se pueden hacer estudios a partir de modelos y posibles escenarios para así establecer sistemas de alerta temprana, que se activen cuando se alcancen las condiciones límite.
Crecimiento urbano
Crecimiento urbano no valora naturaleza geológica nacionalnaturaleza geológica nacional
La tormenta Nate, así como otros fenómenos naturales como el huracán Otto, han dejado al descubierto que las características geológicas no son incorporadas en los procesos de desarrollo y de gestión del riesgo en Costa Rica, a nivel municipal, institucional, gubernamental y educativo.
A criterio de los expertos en Geología de la Universidad de Costa Rica (UCR), el responsable del impacto de estas lluvias no fue tanto el cambio climático, sino la intervención humana. Un ejemplo claro fue el hecho que no se presentaron deslizamientos masivos, sino casos puntuales de mal manejo de aguas y construcciones informales en la margen de los ríos.
El problema radica en que las características del suelo y geológicas no son criterios tomados en cuenta en el desarrollo urbano. A este factor se une una desordenada ocupación del terreno en pendientes fuertes y áreas de deslizamiento, áreas de depositación aluvial (sedimento), llanuras de inundación en ríos y quebradas.
En Costa Rica existe una formación geológica reciente y, por tanto, muy dinámica. A lo largo del territorio se localizan pendientes muy fuertes, suelos poco resistentes, fuerte humedad y rocas alteradas. El suelo busca su equilibrio por medio de un proceso natural que se denomina denudación del relieve, que consiste en el desprendimiento de la corteza provocada por la acción erosiva.
Por ello, ante eventos extremos como fue la tormenta tropical Nate, los suelos tienden a ceder. Hay suelos más susceptibles que otros. El problema se agrava con la intervención humana mediante la deforestación y un desarrollo urbano desordenado sin tomar en cuenta las características geológicas.
Ocupación informal
Tras la realización de más de 180 inspecciones para valorar el impacto de Nate por parte de especialistas de la Escuela Centroamericana de Geología de la UCR, corroboraron el crecimiento alarmante de la ocupación informal, aunado a la poca o nula supervisión del desarrollo del territorio por parte de las municipalidades. Estas, además, no cuentan con instrumentos suficientes para regular el uso del suelo y la construcción de infraestructura pública y privada bajo condiciones seguras o de riesgo aceptable.
Nate dejó en evidencia la actual condición de vulnerabilidad nacional, no solo en los centros urbanos, sino también en las zonas rurales, donde la construcción informal prolifera y en la mayoría de los casos bajo condición de alto riesgo.
Así lo señala Rolando Mora Chinchilla, geólogo de la UCR, quien enfatiza que el impacto de la tormenta se convirtió en un repaso de las zonas afectadas años atrás. “Es un repaso cada vez más doloroso, ya que Nate nos demuestra que no aprendimos la lección de eventos extremos que datan del siglo pasado, como fue el impacto indirecto de los huracanes Juana, César y Mitch. Las mismas zonas son afectadas pero con un claro aumento de la vulnerabilidad social”, advierte.
En la actualidad se cuenta con tecnología avanzada como la información satelital, perforadoras y sistemas de información geográfica, entre otras. Sin embargo, no es aplicada por parte de los sectores encargados de tomar las decisiones. “La emergencia demostró que hay un retroceso que está pasando la factura”, puntualiza Mora.
De acuerdo con datos del Centro de Investigación en Ciencias Geológicas de la UCR, de los 133 cuadrantes en que ha sido dividido el país, solamente 30 cuentan con mapas geológicos a escala 1:50.000, equivalente al 22 % de la cobertura total. Lo anterior evidencia que se carece de más de tres cuartas partes de la información fundamental para realizar los planes reguladores, el manejo y la protección de los recursos naturales, entre otros factores.
Giovanni Peraldo Huertas, profesor e investigador de la Escuela de Geología señala la urgencia de mejorar la base cartográfica de Costa Rica para contar con mapas detallados e incorporarlos en los planes de ordenamiento territorial.
Es necesario, puntualiza Peraldo, “la existencia de herramientas básicas, como los mapas de áreas de inundación, inventario de laderas inestables y mapas geológicos, a una escala adecuada que permita contribuir en la implementación del ordenamiento territorial”. Para ello, se requiere que los gobiernos locales incorporen en su planilla a profesionales especializados en la gestión del riesgo, entre ellos, los geólogos, puntualizó.
Resalta, además, que las instituciones encargadas de la gestión del riesgo deben ser apolíticas. Al respecto, el director de la Escuela Centroamericana de Geología, Mauricio Mora Mora, coincide con este planteamiento.
Sostiene, además, que el Gobierno debe avanzar hacia la creación de un Servicio Geológico que permita concentrar y gestionar todo lo relativo a los recursos geológicos (agua, minería, entre otros), así como liderar los procesos de ordenamiento territorial con base en los procesos geológicos.
Mora subraya que “la geología es un tema transversal en el proceso de desarrollo de un país y desde la Escuela de Centroamericana de Geología tenemos que hacer ver ese papel de la Geología en la sociedad”.
El principal reto es el posicionamiento de la Geología en la cultura costarricense como una disciplina fundamental, a nivel de municipal, institucional, gubernamental y educativo, concluyen los expertos.
Inundaciones brindan beneficios, pero Costa Rica no sabe cómo aprovecharlos
Por lo general se suelen ver las consecuencias negativas que provocan las inundaciones en el ámbito humano. Sin embargo, este fenómeno natural, que a primera entrada podría considerarse perjudicial, permite la renovación natural del suelo, su fertilización con numerosos nutrientes y nuevas capacidades productivas. Este hecho hace que Costa Rica posea un proceso agrícola y ganadero sostenible en el tiempo, que se logra mediante uno de sus aliados más importantes: los ríos.
De acuerdo con el Ing. Rafael Oreamuno Vega, director del Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible (Ciedes) de la Universidad de Costa Rica (UCR), los ríos son claves para desarrollar importantes funciones ecológicas, ambientales, biológicas y socioeconómicas. Al haber una inundación esas contribuciones se potencian, pues los altos niveles de agua movilizan elementos esenciales para el desarrollo vegetal.
El problema es que Costa Rica no sabe beneficiarse del uso de las planicies de inundación, una situación que se acompaña de un mal manejo de residuos sólidos y un inadecuado desarrollo habitacional.
“La tormenta tropical Nate no fue un evento extraordinario. Ya hemos tenido situaciones de esta magnitud. Hay que tener claro que las inundaciones son un proceso natural y gracias a ellas las planicies son productivas. Ahora bien, lo que sí ha pasado es que la cantidad de habitantes ha aumentado y no se ha alcanzado un desarrollo en armonía con la naturaleza. Las personas construyen en puntos vulnerables de los cauces, en zonas con un claro peligro de deslizamiento e inundación” manifestó.
Costa Rica posee 34 cuencas principales. En esos territorios se ubican casi 1.400 comunidades en lugares de alto riesgo de derrumbe según información de la Comisión Nacional de Emergencias. Este dato revela un deficiente proceso de planificación territorial que va de la mano con la construcción de precarias infraestructuras.
“La cuenca es una unidad de gestión y de división, pero en Costa Rica usamos los ríos para dividir zonas y no para agruparlas como unidad. Esto ha provocado que no se planifique de forma adecuada el uso del territorio. Lo que debemos hacer primero es entender su dinámica natural e identificar fortalezas y peligros de tal manera que usted sepa las implicaciones de vivir ahí”, indicó la Ing. Paola Vidal Rivera, investigadora del Ciedes.
Manejo de cuencas es clave
Oreamuno señala que es clave “identificar las zonas, los tipos de suelos y la vegetación presente, entre otros aspectos, a fin de saber cuáles áreas pueden ser utilizadas para el desarrollo de actividades económicas y sociales, así como distribuir el recurso hídrico de manera que se alcance una mejor calidad de vida y un desarrollo social en armonía con la naturaleza”
Ya sea a nivel urbano o rural, las ventajas de una buena gestión de las cuencas permite establecer acciones orientadas a optimizar el recurso hídrico, disminuir la pérdida de suelo, la erosión, la contaminación de las fuentes de agua y las inundaciones cerca de los poblados.
Algunas de estas ventajas son la combinación de cultivos y árboles, los cuales fortalecen los terrenos de alta pendiente. También otras prácticas como la protección a la orilla de los ríos para retener el sedimento, la planificación de fincas para mejorar los rendimientos de producción y el desarrollo de alternativas como la pesca y el ecoturismo.
“Es necesario que se entienda que tenemos un país muy privilegiado pero también con riesgos asociados. Necesitamos que la gente entienda que construir en sitios no aptos conlleva riesgos y costos altos en medidas de protección y adaptación de las estructuras a las condiciones del sitio”, concluyó la Ing. Vidal.
Sector Agro requerirá hasta dos años para recuperarse después de la tormenta.
Las pérdidas de miles de hectáreas de cultivos y animales de producción ocasionadas por la Tormenta Tropical Nate dejaron al descubierto la vulnerabilidad de las zonas agrícolas en prácticamente todas las regiones del país, desde la Región Chorotega y Pacífico Central hasta la Región Brunca.
Sembradíos completos de arroz que estaban para cosechar se inundaron y se perdieron, decenas de agricultores no pudieron sacar los productos de las fincas, miles de aves fueron arrasadas y los estanques de acuicultura quedaron inservibles. La Región Chorotega, Pacífico Central y Región Brunca llevan contabilizadas pérdidas en producción agropecuaria superiores a los ¢3 mil millones de colones.
Pero los efectos de Nate sobre la agricultura continuarán manifestándose en los próximos seis meses, e incluso los pequeños y grandes productores de cultivos como la papaya o el banano sufrirán las consecuencias hasta dos años después. La capacidad de recuperación dependerá de los ciclos de producción de cada cultivo, según explicó Fernando Vásquez, agrónomo del Instituto de Investigaciones Agronómicas (IIA).
Álvaro Brenes, meteorólogo del IIA, quien se dedica a la vigilancia del clima con el propósito de informar a los agricultores sobre condiciones meteorológicas adversas, asegura que aunque han existido fenómenos de mayor intensidad, lo que hizo más peligroso a Nate fue la condición previa de saturación de suelos, caudales aumentados en los ríos y una respuesta tardía de los organismos nacionales.
¿Cómo mitigar el impacto de eventos hidrometeorológicos en la agricultura?
De acuerdo con los especialistas, la inversión en infraestructura y prácticas de conservación de suelos en zonas agrícolas, la implementación de un sistema de información climática para los agricultores y sistemas de alerta temprana son fundamentales para mitigar el impacto de futuros eventos hidrometeorológicos en el sector primario.
Señalaron, además, la necesidad del planeamiento de escenarios potenciales de afectación a nivel regional, la identificación de zonas de fragilidad de las cuencas, el reconocimiento de los niveles críticos de los ríos y la activación de un sistema de alerta temprana como algunas de las medidas a tomar.
Una de las prioridades debe ser invertir en infraestructura e implementar prácticas que conlleven a la conservación del suelo, particularmente en laderas, como coberturas, barreras vivas y muertas o siembra en contorno. En zonas bajas es necesario invertir en la construcción o rehabilitación de sistemas de drenaje como los construidos por la Compañía Bananera en las fincas de Palmar, que permitían canalizar adecuadamente el exceso de lluvias.
Cada productor además, debe tener una estrategia planificada de lo que ocurre con el agua que caerá en su finca y cuál es el rumbo que tomará según la disposición de los cultivos; esto puede ayudar a prever los caudales potenciales y esperables que se unirán al agua de una región y cuánto se logrará infiltrar, explicó Henríquez.
Otro aspecto fundamental que debe fortalecerse en nuestro país es la generación y disponibilidad de información relevante para los agricultores como información climática, análisis de suelos y plantas, caracterización de fincas y rutas de acceso e información de mercados. Esta estrategia debe acompañarse con la capacitación de los agricultores y agricultoras para garantizar que tengan acceso a las diferentes tecnologías de la información disponibles en forma rápida y sencilla, por ejemplo a través del teléfono móvil.
Puentes y carreteras no están hechos para resistir
Tres días duró el paso de la tormenta tropical Nate por territorio costarricense, siendo el jueves 5 de octubre el día que más fuerte se sintió este fenómeno; solo bastó esa corta embestida para que gran parte de la infraestructura vial del país colapsara y presentara daños considerables.
Pero, ¿cuáles son las razones por las que la infraestructura vial cedió ante un lapso torrencial de lluvia como el que presentó la tormenta Nate?, el Ing. Luis Guillermo Loría Salazar, coordinador del Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA) del LanammeUCR, indicó que esto obedece a que “en Costa Rica no se han incluido adecuadamente las variables climáticas en el diseño de obras de infraestructura».
Cuando hay daños importantes, en vez de mitigar la vulnerabilidad mediante trabajos que disminuyan sus efectos, solo se replica prácticamente la obra anterior, por eso ocurren los mismos daños”, puntualizó el experto.
Los ingenieros Rolando Castillo Barahona, Esteban Villalobos Vega (ambos del LanammeUCR) y Alberto Serrano Pacheco (profesor de la Escuela de Ingeniería Civil, EIC) señalan que los puentes y alcantarillas que cruzan los ríos se convierten en obstáculos que limitan el flujo del agua, que arrastran árboles, rocas y sedimentos.
“Entre los daños que pueden presentar las estructuras viales están la erosión de los márgenes de los ríos, el movimiento lateral de los cauces, la socavación en diferentes estructuras como los bastiones, pilas y rellenos de aproximación, así como la inundación de planicies, entre otros”, añadieron los especialistas.
Algunas de las propuestas dadas por estos expertos del LanammeUCR y de la EIC para lograr mitigar los daños que provocan las tormentas son: contar con un inventario de todos los puentes del país que se actualice cada dos años, que incluya información sobre la condición estructural, sísmica, hidráulica y de seguridad vial; elaborar un manual o lineamiento oficial en el que se indiquen los requerimientos mínimos que necesita el diseño hidráulico de puentes (actualmente no se cuenta con esta normativa); y crear una guía que permita evaluar aspectos hidráulicos de puentes para identificar elementos indicativos de vulnerabilidad del puente y del cauce.
El Ing. Loría Salazar agregó que, “hay que invertir, a pesar del costo, en obras de infraestructura vial que estén diseñadas para resistir el embate de fenómenos de cierta magnitud y, eventualmente, estudiar la relocalización de pueblos y edificaciones que se encuentren en zonas vulnerables”, subrayó.
De acuerdo con el informe preliminar del impacto en infraestructura vial tras el paso de la Tormenta Tropical Nate de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, los daños ascienden a $127 millones, de los cuales se contabilizan 117 carreteras de las rutas nacionales y 423 puentes reportados con daños.
¿Cómo financiar el riesgo? Enormes gastos tras cada emergencia nacional aprietan las finanzas públicas
El tema climático no se debe reducir a lo “ambiental”, debe incluirse en el presupuesto nacional y contabilizarse en las cuentas nacionales
Los efectos de la tormenta tropical Nate y de otros desastres tocan las bases de las finanzas públicas, sus costos crecientes obligan a planificar los que podrían significar pérdidas por riesgos naturales, que se calcula podrán superar al 2030 los $7.000 millones.
Se trata de una cifra que, según los pronósticos de pérdidas económicas y sociales citados por la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030, superará la capacidad nacional, de no tomarse las medidas para poder financiar y planificar el riesgo.
Aunque estudios del Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica (Cigefi), citados por el Semanario Universidad, advierten que al menos el número de ciclones no ha aumentado en el tiempo, sí lo hacen los impactos de cada nueva emergencia y por ende también suben las pérdidas que genera.
El financiamiento de la reconstrucción tras los desastres es un tema pendiente, solo en el caso de la pasada tormenta tropical Nate, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) estimó que las pérdidas superan los $380 millones. El dinero se financió en una primera etapa con recursos propios de las instituciones, pero el Ministerio de Hacienda deberá asumir el costo mayoritario con deuda.
Lo anterior implica que la mayor parte de los efectos de Nate se sumarán al alto déficit fiscal del país, agravándose su situación con cada nueva emergencia. Para el cierre del 2017 la diferencia entre los ingresos y los gastos de Costa Rica será un faltante del 6,1% del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra es la más alta de las últimas tres décadas y supone una estrechez financiera agobiante.
La situación no es sostenible y lo será mucho menos si las proyecciones por riesgo no se incluyen en los presupuestos.
“Un país no puede decir que es sostenible si la inversión y la infraestructura que sustenta el desarrollo no está protegida ante las amenazas” asegura Raúl Salazar, jefe regional para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Para el economista experto en clima, Marcos Adamson Badilla, de la escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, la planificación del riesgo debe obligar necesariamente a estandarizar las formas que tenemos para contabilizar y valorar las pérdidas.
Hoy, es la CNE, ente rector en materia de gestión del riesgo, la única que hace ejercicios que son calificados por Adamson como exhaustivos, pero que deben ser llevados a estándares que permitan dar seguimiento de las pérdidas por emergencias en relación con el PIB y que estas estén disponibles y presentes cada vez que se analicen las cuentas nacionales. Hoy por ejemplo, es difícil reconocer el impacto de las emergencias en la formación bruta de capital.
Lo anterior supone también flexibilidad por parte de la Contraloría General de la República, para generar nuevos rubros presupuestarios, que permitan contabilizar partidas relacionadas con el manejo del riesgo.
Inexistente inversión
La baja inversión pública en Costa Rica evidencia que el paso hacia una inversión planificada es una meta lejana.
Carlos Picado, funcionario de la CNE, señala que del presupuesto nacional solamente se destina un 1 % a la gestión del riesgo. Lo cual demuestra que la inversión es poca de acuerdo con el impacto de los desastres sobre Costa Rica.
El profesor Juan Andrés Robalino Herrera, de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, advierte que para enfrentar los retos se debe al menos invertir en generar información de forma permanente sobre lugares de riesgo y estudiar los cambios en los patrones de lluvia; monitorear zonas de riesgo de forma permanente, ya que factores socioeconómicos pueden empujar a la población vulnerable a mantenerse e inclusive llegar a estos lugares donde el precio de la tierra es más bajo.
Son acciones que parecieran lógicas, pero la realidad, advierte Adamson, permite afirmar que incluso construcciones de residenciales financiadas con bonos de vivienda se han levantado sobre zonas de riesgo, hay sistemas de agua que datan de la colonia y en general las formas de edificación (puentes, carreteras y ciudades) no están adaptadas al cambio climático.
La conclusión es una: no somos un país sostenible.
Conozca una propuesta de trabajo que quiere revolucionar la gestión pública
La Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR) estrenará los servicios de su Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública llamado Idea Pública, el próximo 27 de octubre en un proceso que se realizará entre los funcionarios de la Municipalidad de Montes de Oca y la sociedad civil del cantón.
Idea Pública ofrece a las organizaciones de gobierno nacional y local una opción de utilizar metodologías creativas con componentes de participación ciudadana, que permitan encontrar soluciones innovadoras y a los diversos problemas.
En el caso de la Municipalidad de Montes de Oca, se trabajarán retos como el diseño de la ciudad futura, atención de la población más vulnerable, participación joven en el gobierno local, tema ambiental y empleo. Para encontrar “soluciones fuera de caja” se invitó a estudiantes de colegios del cantón, que en conjunto con los funcionarios municipales, facilitadores de la UCR y estudiantes de Administración Pública estarán a cargo de implementar procesos de desing thinking –una metodología que se ha popularizado por generar beneficios en el diseño de soluciones con innovación centradas en las personas–.
La docente de la Escuela de Administración Pública y promotora de Idea Pública, la profesora Adriana Núñez Picado, explicó que esta nueva forma de entender y solucionar la gestión pública responde a la linea del concepto de gobierno abierto, que busca generar procesos más transparentes, colaborativos y participativos.
“Es un nuevo modelo de trabajo, más creativo no un proceso jerárquico donde el ciudadano es solo un receptor del servicio y no un agente creativo que propone soluciones”.
Más información del servicio
A través del proyecto Idea Pública y desde este 2017 la Escuela de Administración Pública de la UCR está abierta a recibir solicitudes de servicios. Cualquier entidad de gobierno que esté interesada en probar las metodologías y encontrar soluciones creativas a los retos futuros, pueden ponerse en contacto.
La oferta de Idea Pública incluye el trabajo previo para la definición de los problemas a trabajar y la implementación de la metodología en talleres de trabajo, en estos procesos participan docentes pero sobretodo estudiantes de la carrera. Por su parte, la contraparte debe costear los gastos en materiales y alimentación.
Los interesados pueden llamar a la Escuela de Administración Pública 2511-5660 y contactar con Adriana Núñez, escribir al correo ideapublica.eap ucr.ac.cr o contar vía el facebook /IdeaPublica
La búsqueda de un Acuerdo para dar por terminado el conflicto armado interno entre el Estado colombiano y las fuerzas insurgentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), explorada en Quito a marzo de 2016, confluyeron en la apertura de una mesa pública de conversaciones, cuando el gobierno del presidente Santos nombró una comisión especial encabezada por el ex ministro Juan Camilo Restrepo. Gesto repetido por la contraparte insurgente, consecuentes con una voluntad política en la exploración de diálogos y conversaciones comunes. Esas conversaciones-que no negociaciones- se fijaron en 6 puntos en la Agenda: 1. Participación de la sociedad en la construcción de la paz. 2. Democracia para la paz. 3. Transformaciones para la paz. 4. Víctimas. 5. Fin del conflicto armado. 6. Implementación.
Durante el transcurso del año 2017, se cumplieron tres fases de conversaciones entre los Plenipotenciarios del gobierno colombiano y los del grupo insurgente; con la cualidad de “plenus”, llenos de poder a lo Acordado, sobre el presupuesto del derecho internacional que conversen un Estado soberano y una fuerza insurgente con status de beligerancia reconocida. Las fases se han cumplido al calor del conflicto armado y concluido en una Acuerdo Bilateral de cese al fuego por 112 días, a partir del 1º de octubre de 2017 al 9 de enero de 2018.
Como resolver un proceso en que prima la falta de fe
Durante las conversaciones se agudizó la muerte de luchadores populares por fuerzas paramilitares y de extrema derecha. Ha sido implacable la acción contrainsurgente de las fuerzas estatales y expresado sin ambages la contraparte armada que la lucha armada tiene plena vigencia en Colombia; que las condiciones que la originaron en nada han cambiado y que no asimilan lo de una dejación de armas… Con muestras de experimentado malabarismo político, las partes en conflicto no se han levantado de la mesa. La insistencia de la participación de la sociedad en las conversaciones no ha logrado una fórmula de aplicación; pero si obtenido ciento de encuentros territoriales con la instalación de un Comité de Impulso Mesa Social para la Paz. El temario en la base popular continúa siendo los inamovibles: las necesarias políticas de redistribución de la riqueza, como de cambios estructurales en el modelo económico vigente. La defensa de los recursos naturales, lo ecológico y ambiental. La aplicación de fórmulas económicas alternativas ante la crisis hegemónica del neoliberalismo, con búsquedas a un fortalecimiento de la diversificación de la producción nacional y descartar la imposición de la locomotora minera, bajo la falsa premisa que si no se continua con una economía extractiva, desigual y desbastadora de nuestros recursos naturales sobrevendrá la pobreza; cuando está infinitamente demostrado que lo de “crecimiento económico” no implica bienestar a las bases populares , sino al especulador capital financiero multinacional.
Imposible que luego de seis décadas en la búsqueda de una salida al conflicto no se encuentre una fórmula para dar pasos más concretos. Se experimentó, la enseñanza del padre Camilo Torres R: “unámonos alrededor de las coincidencias y dejemos a un lado lo que nos separa”. En esa dinámica se exploró lo de desescalar el conflicto, sin logros concretos. Se convergió en la búsqueda de un cese bilateral al fuego. Convencidos, ambas partes, que hay que cambiar sin las ínfulas unilaterales y prepotentes gubernamentales al hablar solo de cambios y gestos exigibles a la insurgencia sin contraprestación de lo gubernamental; factores externos como la visita del Papa Francisco, decantaron fórmulas de acercamiento. En esto corresponde destacar que pese a los ambientes adversos para la implementación de los Acuerdos con las Farc; a la fuerte influencia de extrema derecha militarista en el seno del ejército colombiano y sin seguir un orden mecánico, se asimiló lo de sacar la violencia de la lucha política, calificando que el logro de un cese al fuego bilateral, aunque temporal, armoniza un desarrollo civilizado del debate electoral por el que transita Colombia. Y aunque el ELN no tiene dentro de sus cálculos o descarta un Acuerdo definitivo antes de las elecciones de 2018; tiene claro que en la etapa de conversaciones no se va a obtener una revolución por decreto. “No concebimos la negociación como un asunto bilateral, sino que es indispensable que se comprometa a todos los sectores de la sociedad, pero no a firmar lo que otros acuerden, sino a diseñar el proceso, a participar en él y a implementarlo” explica Nicolás Rodríguez (Gabino).
Que se entiende por participación de la sociedad
Al manifestar el ELN que no conciben las conversaciones con la contraparte gubernamental como un asunto bilateral, vuelcan el escenario del desarrollo de la lucha de clases en Colombia en el entorno de la participación ciudadana. Pero más allá de la fórmula de la representatividad indirecta constitucional; como en la dinámica propia del movimiento popular. Los cambios sustanciales que el ejercicio democrático impone en Colombia ante la puerta del fin del conflicto armado interno perfilan necesariamente la figura de la democracia participativa directa. Lo de “manera activa y protagónica” sobrepasa lo de la contienda ante un sistema electoral corrupto e ilegitimo, sin visos de un cambio de fondo pese a los Acuerdos de una reforma política como fue lo convenido con las Farc. En la fragua de las fuerzas sociales en crecimiento el silencio de los fusiles insurgentes retoma el cauce del decidir avasallador del movimiento popular. De manera que en símil o comparación sencilla: si lo bombazos desastrosos de la insurgencia contra el tubo del oleoducto no pararon la política desfoliadora de los hidrocarburos en Colombia a favor de las multinacionales petroleras; sea la voluntad de miles de manifestantes populares las que cierren las llaves del saqueo de tan valioso recurso natural. Comprendamos que el silencio de los fusiles no significa la pasividad de las masas populares. Todo lo contrario. Asimilemos que el fin del conflicto armado interno no significa la arriada de las banderas por la lucha del poder popular.
Aquí no se trata de instruir, aleccionar o enseñar. Se trata de ubicar el sentido de las conversaciones con el ELN para lograr la búsqueda de un fin del conflicto armado interno, no sobre el supuesto gatopardismo “que todo cambie para que nada cambie”. Están las enseñanzas que dejan lo de la implementación de los Acuerdos con las Farc. La dictadura mediática del régimen imperante supedita a la opinión pública con el ejercicio legal proselitista del partido político Farc de homenajear al guerrillero Mono Jojoy, a la par a que se homenajea- en todo el mundo- al Che como guerrillero heroico cercanos los 50 años de su asesinato en Bolivia. Incitan a que fue un “sanguinario”, sin demostrarlo; sin ocultar los innumerables bustos y monumentos al “monstruo” Laureano Gómez y/o al fascista G. Alzate Avendaño, creador del paramilitarismo Chulavita.! ¡Estos sí con suficiente registro de memoria histórica demostrada! Cabe aquí recordar “la deudita” que los medios monopólicos privados de comunicación tienen durante el conflicto armado en Colombia.
Además, que significa un cese al fuego bilateral
En primer lugar, el gobierno nacional (presidente y ministro del ramo) firmó el decreto de cese al fuego bilateral con el ELN. Los comandantes de ambas fuerzas en beligerancia- el presidente Santos y el comandante Gabino- ordenan detener las acciones ofensivas. Es decir, todo movimiento, acción, concentración e iniciativa de tipo militar. Comprende la limitación de todo ataque, movilización de tropas medios y elementos de combate que conlleve a sorpresas al enemigo. El cese al fuego bilateral interrumpe temporalmente la guerra, los enfrentamientos. No ha de interpretarse como que se reduce la intensidad del conflicto. Se trata de la detención temporal de las acciones ofensivas. Este cese o alto al fuego configura una tregua bilateral y corresponde a una expresión de entendimiento, como demostración de superación de la desconfianza, de la falta de fe, entre las Altas Partes. De invaluable valor para la nación colombiana.
Tratándose del factor insurgente, siendo sus objetivos el boicot económico por acciones militares, como voladuras de oleoductos, etc., estas cesaran. Dado que la retención de personas con fines económicos implica despliegue de unidades armadas, esa modalidad cesará. Obviamente por parte de la insurgencia no cesará su accionar ilegal, puesto que su razón de ser es el desconocimiento del orden legal y constitucional gubernamentales. Su labor de proselitismo, enrolamiento, sostenimiento bajo una economía de guerra, continuarán. Resumiendo: como organización político-militar, que lo es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), todo lo militar queda estancado, suspendido, congelado; pero el nutriente político de su caudal ideológico por lo general lo utilizan las fuerzas insurgentes en tregua para la difusión a ultranza de su pensamiento o ideario político. La contraparte de la fuerza armada gubernamental continuará ajustándose a los preámbulos constitucionales vigentes.
Un enfoque territorial
El cese al fuego bilateral del ELN con el gobierno es de alcance nacional. El panorama insurreccional colombiano con el Acuerdo de terminación del conflicto con las ya hoy inexistentes farc-ep, cambia totalmente. En el panorama nacional existe el ELN; pero también persisten reductos del también desmovilizado Ejército Popular de Liberación (EPL) en zonas del Sur del Cesar, Provincia de Ocaña y el Catatumbo nortesantandereano y vestigios del mismo en el suroccidente en zonas indígenas del Cauca, a juzgar por sus manifestaciones en este año en curso. Huelga mencionar, igualmente las llamadas disidencias de las antiguas Farc-ep, que operan en Guaviare, Putumayo, Caquetá. Los países garantes como las delegaciones de la ONU indiscutiblemente desplegaran consideraciones técnicas al respecto, con miras al absoluto cumplimiento del cese de hostilidades.
Por lo anterior una zona territorial en que el indiscutible flagelo de la guerra persiste es la Provincia de Ocaña y el Alto Catatumbo. Como doliente de esa región, ilustro a la opinión pública nacional y mundial, acerca de la también imperiosa necesidad porque los puentes de acercamiento en torno a un trato calificado para con el Frente Libardo Mora Toro del EPL en esa región del nororiente colombiano enfoque en un acercamiento y reconocimiento a conversar oficialmente con esa facción armada. No obedece a una motivación personal. El EPL dejó de existir como organización insurgente en 1989. Pero quedó y persiste ese frente como reducto del EPL en esos territorios. Cuentan con base campesina. Anidan en núcleos rojos con tradición abstencionista. Manejan presencia territorial y cuentan con jerarquizado mando. Son desoídas sus manifestaciones de entrar a conversar con el gobierno. En el argot o lenguaje especial que usan las personas en la actividad insurgente se conoce del vínculo histórico entre los del ELN y los del EPL como primos. Personeros municipales de esas regiones alientan en la necesidad que se hable con esa facción disidente con presencia operacional, pese a las arremetidas del ejército colombiano contra ellos. Se impone el buscar fórmulas agiles de acercamiento oficial con ellos. Al respecto impera el mandato constitucional. Dada la situación de macartización y señalamiento contra los dirigentes de izquierda y luchadores populares en esos territorios, se requiere los buenos oficios del liberalismo progresista, por ejemplo y de los países observadores y de las propias naciones unidas para que esta coyuntura del cese al fuego bilateral del gobierno nacional con el ELN, también alcance un trato político para con esa facción del EPL proscrito y que con calificativo de insultantes epítetos en nada contribuyen al imparable derrotero del fin del conflicto armado interno en Colombia.
Para que todos podamos entender mejor la situación fiscal por la que atraviesa el país, se podría asimilar las finanzas del Gobierno con las de una familia (aunque existen diferencias de fondo), por cuanto ambas disponen de un cierto nivel ingreso para atender sus diferentes gastos, para lo cual en algún momento, también necesitan acudir al financiamiento.
Situación de las finanzas del hogar. En un principio sus ingresos son suficientes para cubrir todos sus gastos normales (alimentación, educación y salud, servicios públicos, vestido y calzado, entre otros), incluso para pagar una parte de los intereses de sus deudas. De pronto, los miembros de esta familia contraen una enfermedad (a algunos les afecta más que a otros) que requiere la compra de medicamentos, su gasto en salud aumenta permanentemente. A los meses, sus ingresos ya no cubren ni siquiera sus gastos normales y se van endeudando cada vez más. Como solución, piensan trabajar más horas a la semana, para así contar con más dinero, pero pronto se dan cuenta que la enfermedad por la que atravesaron no les permite laborar una mayor cantidad de tiempo.
Los señalamientos no se hacen esperar y cada uno responsabiliza al otro de esta situación: a esta familia le urge llegar a un acuerdo.
Situación de las finanzas públicas. Entre los años 1995 y el 2008 el Gobierno Central había mostrado un superávit primario en sus cuentas (ingresos suficientes para cubrir sus gastos, excepto una parte del pago de intereses), incluso registró un superávit financiero cercano al 1% del PIB en el 2007 (ingresos suficientes para cubrir todos sus gastos, incluido el pago de intereses). Sin embargo, ante los efectos de la crisis económica internacional 2008 – 2009, se implementó el llamado Plan Escudo, que significó un aumento importante en su gasto, mismo que posteriormente no fue posible disminuir.
Es así, que a partir de julio del 2009 (ya casi son ocho años) y contrario a la situación previa, el Gobierno Central registra un permanente déficit primario (donde los ingresos no son suficientes ni para cubrir los gastos normales), con un nivel de endeudamiento público total en ascenso (de un 38% en 2008 a un 62% del PIB en 2016).
El crecimiento económico como solución. Según estimaciones realizadas por el Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, si se desea reducir el actual déficit fiscal a la mitad, en un plazo de dos años y dada la tasa de crecimiento reciente en los gastos (cercana al 7% anual), los ingresos fiscales deberían aumentar a un ritmo del 18% anual, algo que sólo ha sido posible cuando el crecimiento de la economía de base local (sin incluir Zonas Francas) ha rondado un promedio del 8,4%, resultado que no se aprecia desde mayo del 2009. En este sentido, las complicaciones heredadas de la última crisis económica internacional en términos del dinamismo que han mostrado las principales economías del Orbe en los últimos años, confirman que difícilmente el país pueda lograr tasas de crecimiento de dicho orden, mismas que incluso no han logrado superar la barrera del 6% desde el 2007 (ya hace casi 10 años de eso).
En consecuencia, apostar porque un mayor crecimiento económico impulse los ingresos del Gobierno Central y así reducir su déficit, es simplemente poco probable. A lo anterior, se debe agregar que de manera paulatina tanto las tasas de interés internacionales como nacionales continuarán su ajuste al alza, con lo cual el gasto por pago de intereses irá aumentando.
Diálogo nacional. En este país hace falta llegar a un acuerdo nacional, de manera tal que todos contribuyamos a mejorar las finanzas públicas, de acuerdo a nuestras posibilidades, para que el peso del ajuste fiscal no caiga sólo sobre algunos sectores. Debemos ser conscientes, que entre más tiempo pase, más brusco tendrá que ser el ajuste y por ende mayores sus costos.
En este sentido, si bien la sociedad costarricense se encuentra en pleno proceso electoral, lo que reduce el margen de maniobra de la Administración actual para impulsar en el Congreso medidas orientadas a solventar la situación fiscal, no se debe renunciar a dicha posibilidad. Además, los candidatos que buscan asumir la próxima Presidencia de la República, tienen que estar conscientes que sin un acuerdo nacional de alcance amplio, no será posible contar con los recursos necesarios para poner en marcha el Plan de Gobierno y la oferta electoral que han diseñado.
Una guía rápida sobre este particular, brinda algunos de los elementos que necesariamente deberán ser considerados en una agenda integral que cubra las cuatro áreas de la reforma fiscal, a saber, 1) aumento en ingresos fiscales 2) control del gasto, 3) crecimiento económico y 4) fortalecimiento de la administración tributaria:
Reforma al impuesto sobre la renta de manera que sea el pilar del sistema impositivo y tenga un carácter progresivo.
Reforma al empleo público, orientado hacia la consolidación un verdadero sistema de evaluación de desempeño e incentivos, que aumente la productividad del Estado y la calidad de sus servicios.
Derivado de lo anterior, medidas dirigidas a aumentar la eficiencia y eficacia del gasto público
Fortalecimiento de la Administración Tributaria de manera que pueda ejercer una lucha efectiva contra la evasión y la elusión.
Revisión del gasto tributario, es decir de todas aquellas exoneraciones y concesiones tributarias.
Conveniencia de la práctica de “afectación” en el presupuesto público (asignación de un monto determinado a fines específicos)
Aplicación del impuesto al valor agregado (IVA), bajo principios de gradualidad y equidad que incluya a sectores dinámicos que actualmente se encuentran fuera de su alcance.
Valoración del costo / beneficio de todas las anteriores opciones, en términos de su impacto sobre el crecimiento económico.
Una lista de acciones que promuevan el crecimiento económico acelerado en el corto plazo y de manera sostenida.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
Imagen con fines ilustrativos tomada de elsoldeoccidente.com
En economía la liquidez tiene que ver con la disponibilidad de dinero en efectivo que tiene una persona, familia, empresa, institución o Estado, para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. Como bien es sabido, Costa Rica enfrenta problemas estructurales en sus finanzas públicas, donde lo que ingresa por concepto de impuestos (recaudación fiscal) es insuficiente para hacer frente a los gastos y, por tanto, se debe recurrir al endeudamiento (emisión de títulos de deuda interna o externa) para suplir ese faltante; esto es lo que se llama déficit fiscal. En el 2016 el déficit del Gobierno Central llegó al 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB) y se espera que para el cierre de 2017 alcance el 6,1% (Revisión del Programa Macroeconómico, BCCR). En otras palabras, cada vez el problema se hace más grande y por ende la deuda del Gobierno Central crece: en el 2016 alcanzó el 45,09% del PIB; ocho años antes (en el 2008) fue del 24,12% del PIB.
Ahora bien, no es lo mismo enfrentar problemas de liquidez que una “crisis de liquidez”. Si bien el Gobierno Central, particularmente el Ministerio de Hacienda, ha tenido dificultad para obtener recursos de muy corto plazo, no es correcto señalar que exista una “crisis de liquidez”, tal como lo anunció el Presidente Luis Guillermo Solís en Cadena Nacional el pasado primero de agosto. Por lo general se habla de “crisis” cuando durante varios meses o períodos consecutivos se presenta una situación difícil sin que por sí solo se pueda salir de ella. Es decir, si hubiese una “crisis de liquidez”, sería porque se han agotado los instrumentos que tiene el Gobierno a su disposición para obtener los recursos que le permitan hacer frente a sus obligaciones de corto plazo; no obstante, esto no ha sucedido.
El problema de flujo de caja que enfrenta el Ministerio de Hacienda está más relacionado con el poco atractivo que están teniendo los títulos/bonos, que con una “crisis de liquidez”. Este poco atractivo se explica por varios acontecimientos recientes, entre ellos:
a) Expectativas: los inversionistas están prefiriendo mantener sus recursos en inversiones de muy corto plazo a la espera de mejores rendimientos, y el anuncio de la “crisis de liquidez” podría incentivar aún más a los inversionistas a invertir más a corto plazo, esperando mayores rendimientos a futuro, y además a invertir otros títulos no emitidos por el gobierno.
b) Fuerte incremento de la Tasa de Política Monetaria: en enero estaba en 1,75% y a partir de junio subió a 4,5% (tasa de interés que cobra el BCCR en sus operaciones activas/préstamos a un día plazo en el Mercado Integrado de Liquidez). Esta decisión complicó el financiamiento del Ministerio de Hacienda ya que si este no sube las tasas de interés le costará más colocar los bonos. Esto es lo que podría haber provocado en mayor medida el problema de liquidez.
c) Entorno internacional: el periodo de “dinero fácil” se acabó, en el mercado internacional han empezado a subir las tasas de interés y por ello la disponibildad de recursos en el mercado interno también se ve afectada.
d) Intervenciones del BCCR en el mercado para estabilizar tipo de cambio: cuando el BCCR sale a vender dólares, recoge colones y por tanto se reduce la disponibilidad de dinero en la economía.
Adicionalmente, es preciso diferenciar el problema que enfrenta el país en sus finanzas públicas (problema estructural) del “problema de liquidez”. Si bien ambos hechos se relacionan, deben entenderse y analizarse de manera separada. A continuación se mencionan algunas medidas que podrían resolver el problema de liquidez pero no el de las finanzas del Estado, así como sus posibles efectos “colaterales”.
¿Cómo hacer frente al problema de liquidez? Y ¿Cuáles podrían ser las consecuencias?
a) Aumento en tasas de interés de los títulos ofrecidos por Hacienda: esto haría más atractivos los títulos del Gobierno pero presionaría hacia arriba las tasas de interés en el mercado interno y por ende terminaría afectando a los deudores y posiblemente la inversión, el crecimiento económico y el empleo. ¡Seguir pateando la bola hacia adelante!
b) Endeudamiento externo: requiere aprobación de la Asamblea Legislativa y en caso de lograrse, podría generar presiones para que el tipo de cambio baje (apreciación del colón por aumento de la oferta de dólares en el mercado interno) afectando al sector exportador y el dinamismo económico.
c) Más canje de deuda: continuar intercambiando los títulos actuales por otros de más largo plazo. ¡El problema no se corrige, sólo se traslada en el tiempo!
d) Contención del gasto público. Sus efectos dependerán de las áreas en las cuales se realicen estos recortes y podría tener efectos recesivos en la economía.
e) Letras del Tesoro: según la Ley Orgánica del BCCR, esta entidad podrá, mediante aprobación de al menos cinco de sus miembros de Junta Directiva, comprar letras del tesoro, a una tasa de interés superior a la tasa básica pasiva. Esta medida podría impactar la inflación.
f) Reducción del Encaje Mínimo Legal (EML): una reducción del EML podría aumentar la disponibilidad de recursos en la economía. “Artículo 63… La Junta Directiva del Banco Central fijará los encajes mínimos legales con respecto al saldo de los depósitos y las captaciones, con un límite máximo de un 15%” (Ley Orgánica, BCCR); sin embargo, de igual manera, es una medida con impacto en la inflación.
Finalmente, es preciso señalar que Costa Rica enfrenta una dura realidad, y es que si no se toman decisiones pronto para resolver el problema fiscal de manera estructural, el ajuste que se tenga que hacer cada vez será más doloroso y con mayores impactos sobre la economía y la sociedad en su conjunto. El problema de liquidez que ha enfrentado el Gobierno podría agudizarse si no se llega a acuerdos en materia fiscal pronto.
(*) Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.elescribaenpie.com
Situación no afectará las labores sustantivas ni el sistema de becas de la UCR
Andrea Marín Castro,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Con este acuerdo para el FEES 2018 todavía no se llega a lo establecido en la Constitución Política que dicta un 8% del PIB para la educación pública y un 1,5% del PIB para la educación superior pública (foto archivo ODI).
Los miembros de la Comisión de Enlace firmaron este martes 29 de agosto el acuerdo de financiamiento de la educación superior universitaria estatal (FEES) para el 2018.
Las partes acordaron establecer el monto del FEES para el próximo año en ₡496.266,72 millones y la transferencia de la UTN en ₡33.853,32 millones, lo cual corresponde a un incremento del 3,7% en relación con el monto del 2017.
Sonia Marta Mora, Ministra de Educación Pública, declaró que, a pesar de la compleja situación fiscal y económica del país, se evidencia un gran compromiso con la educación.
“Las universidades públicas son un instrumento fundamental para promover el desarrollo económico y social, la generación de conocimiento, la movilidad y cohesión social y el enriquecimiento de la identidad cultural del país. Este acuerdo reafirma los logros alcanzados para la educación universitaria, lo cual reviste una enorme importancia para Costa Rica”, manifestó Mora.
Ya el Dr. Henning Jensen, rector de la UCR se había referido al tema y había enfatizado que nunca será aspiración de la institución avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen. Dijo que no se trata de resignación, ni de ceder ante el cinismo de algunos políticos, si no de compromiso social y solidaridad.
“No perdemos de vista la obligación de cumplir con el mandato constitucional del 8% del PIB para la educación, pero sabemos de la difícil situación que enfrenta el país, la cual no está en nuestras manos resolver, y de la cual tampoco somos causantes, pero no podemos eludir la responsabilidad de actuar solidariamente con quienes saldrán perjudicados”, acotó Jensen.
Así mismo aseguró que esta situación no afectará las labores sustantivas ni el sistema de becas de la UCR, ya que desde hace varios años la institución ha implementado distintas medidas de contención del gasto que le permitirán afrontar este acontecimiento.
Para Luis Guillermo Carpio, presidente de CONARE “al negociar tuvimos en cuenta la situación de la educación en general y de la educación superior en particular. En este acuerdo privó el reconocimiento de la compleja situación fiscal del país, como se evidencia en el hecho de que se mantiene en el mínimo que establece el artículo 85 de la Constitución de la República. Los rectores somos conscientes de la coyuntura presupuestaria y de los esfuerzos gubernamentales que se han realizado por enfrentar esta realidad. El convenio suscrito garantiza la operación normal de las universidades sin afectar aspectos sustantivos, becas y otros beneficios estudiantiles”.
En el acuerdo, las instituciones de educación superior estatal reiteran su compromiso de continuar las acciones de revisión y análisis, que ya se llevan a cabo, tendientes a la optimización de sus gastos operativos, la identificación de las oportunidades de mejora y la racionalización en el uso de los recursos.
También, se reafirma como principio asegurar un crecimiento equilibrado de los componentes del sector educación, para alcanzar el 1,5% del PIB nominal para el FEES en el tanto se alcance el 8% del PIB nominal para el sector educación en su conjunto.
Hay bastantes acusaciones sobre el involucramiento de los últimos cuatro gobiernos estadounidenses en la gestación, crecimiento y amamantamiento de la mayor bestia creada por la humanidad en la era actual, llamada en árabe DAESH, o en español Estado Islámico. Pese al crecimiento y al rechazo internacional de ese monstruo, los EUA, ahora encabezado por un peculiar presidente, le sigue apoyando, disque clandestinamente. No obstante, es públicamente sabido que la Coalición liderada por este gobierno, le sigue fortaleciendo en Siria, en Afganistán y en Irak. Se sabe que Israel, Arabia Saudita y Turquía le han brindado protección y armas a las bandas de Daesh.Pese al amplio conocimiento que hay sobre el involucramiento de la Coalición contra «el terrorismo», que integran algunas naciones europeas, éstas siguen adentro. Y crease o no, el gobierno de España está allí, activa también. Vergonzosamente, el gobierno de Panamá, único de América Latina tiene a sus jóvenes soldados en esa labor.
Después de lo acontecido en Barcelona, España, esta semana, y aprovechándose de algunas afinidades con esa cultura, el gobierno de Trump está solicitando a los gobiernos de latinoamérica involucrarse en la guerra «contra Daesh», haciéndonos creer que ignoramos sus verdaderas intenciones en la guerra que ellos provocaron en Medio Oriente. Sabemos bien que ha estado perdiendo su batalla contra el gobierno Sirio, por el apoyo obtenido por éste de parte del ejército y gobierno Ruso. Sabemos que las acciones militares de esa Coalición han ido contra poblados sirios y contra la población de Yemen, en solidaridad con Arabia Saudita, una dinastía que dista mucho de ser democrática.
Ahora EE.UU. urge a los países latinoamericanos que se sumen a la coalición internacional contra Daesh, ‘uno de los grandes peligros’ que enfrenta Washington. Pero los medios corporativos nos tratan de persuadir, pues dicen que el Monstruo está por actuar en nuestros territorios. No deja de ser cierto que ha habido amenazas anteriores de Daesh para actuar con su terror en México y Brasil, pero nosotros no dejamos de sospechar que es con el interés de lograr nuestro involucramiento en esta guerra estadounidense, con intereses de sus grandes corporaciones.
Al fracasar su vicepresidente Mike Pence en involucrarnos en una guerra contra Venezuela, como es su estilo, sacó su segunda carta, invitándonos a involucrarnos en su larga guerra de Medio Oriente. La inteligencia de las transnacionales petroleras no pierde oportunidad, ahora nos dicen que debemos solidarizarnos con Washington, porque entre las víctimas de Barcelona hay latinos. Y tienen algún grado de razón, puesto que muchos latinos somos muy emotivos, pero si nos tranquilizamos y vemos lo que hay detrás de todo esto, de ninguna manera queremos participar en una guerra suicida ajena que libran otros intereses y actores.
Por larga experiencia sabemos que algunos gobiernos aceptarán la «invitación», puesto que ese Tío Sam extorsiona a quien se le opone y busca doblegar con violencia a quienes se le cruzan en su camino. Mientras no se tiene dignidad y se defienden nuestros principios y soberanía, esto ocurrirá. Sería una pena ver a nuestra juventud, a nuestros vecinos y familiares entregando su sangre por causas extrañas.
Tampoco creemos que la administración de Trump ha desistido de encontrar como involucrarnos en la caída del actual gobierno venezolano. Pronto vendrá con otra propuesta.
¿Entramos ya a transitar el doloroso sendero de países como Grecia y como Portugal?… ¿Cuál es la esencia fundamental de la dura situación fiscal en perspectiva de que se podría llegar a un punto de “no retorno”? ¿Cuál debe ser la posición de una concepción sindical de carácter sociopolítico y con perspectiva ciudadana?
Llamamos a la unidad sindical en la acción y a la movilización social
Comunicado Oficial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Emitimos por esta vía las primeras impresiones oficiales emanadas desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con relación al preocupante anuncio presidencial de que el Gobierno de la República está enfrentando serios problemas de liquidez para honrar la enorme cantidad de compromisos financieros que implica su operación diaria; tratando el mandatario Luis Guillermo Solís Rivera de “tranquilizarnos” en cuanto a que, ante la falta de plata contante y sonante que está enfrentando la Administración Central del Estado, las prioridades fundamentales para pagar “puntualmente”, mes a mes, serán:
Honrar la deuda pública y los intereses de la misma….
Salarios (ministerios, entes adscritos a los mismos, transferencias a universidades públicas y otros; ¿incluirá el aguinaldo?… ¿incluirá el salario escolar?).
Pensiones con cargo al presupuesto nacional (incluyen las de carácter lujoso-abusivo).
Transferencias pero según “urgencia” social (no todas en el ámbito de lo social).
El resto… si queda plata
EL RESTO: ¿El pago de los servicios de luz, de agua, de teléfonos que se ocupan en las oficinas públicas del Estado central? ¿El pago de la cuota patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en los seguros de enfermedad-maternidad y de IVM? ¿El pago del aporte estatal a los seguros sociales de la Caja? ¿Los recursos mínimos para funcionar en una serie de servicios públicos ya, de por sí, totalmente precarizados pero profundamente esenciales, como los policiales? ¿Se generará la paralización total de su prestación? ¿El pago puntual a proveedores que, a su vez, deben pagar salarios a sus propios trabajadores?… Etc., etc.
¡No podemos “tranquilizarnos”! ¡Nadie puede “tranquilizarse”! ¿Cómo es que llegamos a esto?
La esencia del problema radica en la naturaleza perversa del sistema tributario costarricense, caracterizada por una radicalmente injusta regresividad, según lo catalogan así cualquier cantidad de especialistas en la materia, tanto nacionales como internacionales, quienes vienen señalando este problema hace ya mucho tiempo.
En palabras sencillas, esa injusta regresividad hace que estén pagando-tributando más, proporcionalmente hablando, los que menos tienen; mientras los que más tienen, pagan menos o no pagan del todo (eluden, evaden, roban impuestos).
En tal sentido, “hay que darle vuelta a la tortilla”: que paguen más los que, proporcionalmente hablando, ganan más, concentran más, acumulan más…; sancionando severísimamente, como se hace en los Estados Unidos, el robo de impuestos en todas sus manifestaciones. Esto es transformar el carácter del sistema tributario costarricense para que se vuelva progresivo. A esto le hemos llamado en ANEP, una Transformación Tributaria Estructural, así en mayúsculas.
En palabras ticas, nadie ha resumido mejor esto, en toda nuestra historia republicana como nación independiente, que el ex Presidente de la República don Alfredo González Flores (1877-1962), el vigésimo presidente de la historia de nuestro país, declarado Benemérito de la Patria, con su famosa frase célebre: “Que el rico pague como rico y el pobre como pobre”.
La profunda e injusta regresividad del sistema tributario costarricense tiene cualquier cantidad de ejemplos. Fijémonos en estos dos:
En el 2012 se reportó que ochenta megaempresas costarricenses con ingresos equivalentes a la mitad del presupuesto nacional, no pagaron ni un cinco de impuesto a las utilidades. Hacienda dijo que iba a investigar lo sucedido. En el 2015 fue la Contraloría la que alertó sobre 93 grandes contribuyentes que declararon cero impuesto de utilidades, a pesar de declarar en conjunto ingresos brutos por ¢3,0 billones y de activos totales por ¢6,7 billones, en promedio, por año.
Acometer esta tarea, la de la Transformación Tributaria Estructural, implica la construcción de un poderoso polo de sectores políticos, político-partidistas, sindicales y sociales, dispuestos a evitar, por todas las formas posibles, que suframos el inmenso dolor de pueblos como el de Grecia o como el de Portugal; acometiendo tareas de adopción de legislación tributaria urgente y justa, con la movilización social que, también, resulta urgente.
Cuatro planteamentos desde la visión de sindicalismo sociopolítico
Hemos insistido a lo largo de muchos meses en una serie de planteamientos en torno al problema fiscal-tributario del país. Conviene reiterar algunos, ahora con más vehemencia y potencia en estos momentos:
UNO: Las personas trabajadoras asalariadas empleadas públicas no son responsables del déficit fiscal. Quienes laboran para el Estado y quienes lo hacen para el sector Privado, son pagadoras puntuales de sus impuestos, especialmente los dos más importantes. El de ventas, al momento mismo de la compra; el de renta, cuando corresponde, es deducido, “implacablemente”, de planilla. La clase trabajadora no roba impuestos. Los excesos y abusos en materia de Empleo Público y en pensiones, aunque los hay, son los menos, pueden ser corregidos; pero, aunque fuera así (y es necesario que sean corregidos), no impactarán nada en materia de déficit fiscal. Los ataques al empleo público han sido, fundamentalmente, de carácter ideológico.
DOS. Si la deuda pública nacional está superando ya el 50 % con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), y si su pago y el de los intereses es prioridad fundamentalísima ante los problemas de liquidez que afronta el Gobierno según el anuncio presidencial, corresponde ejercer una especie de auditoría ciudadana de la deuda: ¿Quiénes son los acreedores del país?, ¿quiénes son nacionales y quiénes son extranjeros?, ¿cuál es la deuda de corto, de mediano, de largo plazo?, ¿en qué períodos gubernamentales se fue generando esa deuda?, ¿es posible renegociar plazos, pago de intereses, condonaciones…?, ¿cuáles son los sectores financieros que viven de los intereses de la deuda y que no tendrían interés alguno en que se resuelva el problema del déficit? Etc. Etc.
TRES: Si el déficit fiscal está cerca de llegar o superar la “barrera psicológica” impuesta por los mercados financieros neoliberales, del 6 % con relación al Producto Interno Bruto (PIB), deberíamos considerar estos dos aspectos centrales.
A: ¿Cuál es el porcentaje de déficit fiscal con el cual podríamos vivir como sociedad y cuál es la cifra con la cual no podríamos vivir como sociedad, considerando que el país siempre ha vivido con déficit y seguirá viviendo con déficit y que el déficit cero no es posible? ¿Podríamos construir un acuerdo sociopolítico entre sectores y fuerzas sanas para que, por ejemplo, aceptemos vivir con un 3 % y arreglar el otro 3 %?
B: ¿Pueden los economistas que piensan primero en el ser humano antes que el mercado, diseñar una nueva metodología para reconceptualizar eso del déficit fiscal, de modo tal que se comprenda y se contabilice la estructura financiera total del Estado y no solamente el 40 % de la misma, que es la que revisa anualmente la Asamblea Legislativa al tramitarse eso que erróneamente se denomina presupuesto “nacional”?
CUATRO: Uno de los cambios tributarios más urgente es la modificación al impuesto sobre la renta, de forma tal que, por ejemplo, se instaure la renta global o universal. El más “cómodo” cambio tributario es que el transforma en impuesto al valor agregado (IVA), el actual impuesto sobre las ventas, el más injusto de todos los impuestos pues se cobra sin discriminar capacidad de ingreso de las personas y de las familias, por eso, treparlo del 13 al 15 % genera oposición rotunda de nuestra parte.
La clase trabajadora, tanto la del sector público como la del privado, ¡no da más!
Una clase trabajadora con salarios prácticamente congelados, así impuesto por la política macroeconómica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y su enfermiza obsesividad por una quimérica e imposible “inflación cero”, mientras seguimos viviendo en uno de los países más caros de la América Latina;
Una clase trabajadora altamente endeudada por las tarjetas de crédito y por los créditos personales, financieros, hipotecarios: miles y miles de sus integrantes son víctimas de escasa o nula liquidez.
Una clase trabajadora con salarios mínimos realmente bajos, en contraste con los que devenga la alta cúpula político-tecnocrática del Estado, con salarios realmente lujosos y abusivos.
Una clase trabajadora a la que ahora castigaron injustamente con una reducción del 1 % en sus salarios para dizque darle sostenibilidad al sistema de pensiones de la Caja, el IVM-CCSS; mientras el festín de las pensiones de lujo con cargo al presupuesto “nacional”, muestra una de las más duras caras de la desigualdad.
Una clase trabajadora que está llegando a tener al 50 % de sus integrantes en la informalidad y en el desempleo, al margen de la Seguridad Social…
Finalmente, reiteramos que este panorama impone la construcción de una articulación de conciencias cívicas inspiradas en una visión de mundo nutrida con los mejores valores de la socialdemocracia real, de los mejores valores del humanismo cristiano (especialmente, los contenidos del mensaje social del papa Francisco), de los mejores valores de la izquierda progresista costarricense, para enfrentar tal gigantesco reto de la Transformación Tributaria Estructural; así como el accionar unitario de organizaciones sindicales que puedan combinar sus tareas corporativo-gremiales con su responsabilidad para con el bienestar general de la clase trabajadora, impulsando la movilización obrera, social y ciudadana que será necesario para enfrentar los poderosos sectores político-económicos que han venido frenando esa Transformación Tributaria Estructural en perjuicio de las grandes mayorías.
En lo inmediatísimo estamos trasladando estas primeras impresiones de la ANEP a cada una de las organizaciones hermanas en el seno del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA para que sus respectivas juntas directivas las consideren a fin de que, con la urgencia del caso, definan sus propias posiciones para la mayor conjunción de esfuerzos al respecto de la situación planteada.
San José, miércoles 2 de agosto de 2017.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador PATRIA JUSTA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Mediante talleres de gestión del riesgo, las familias y sus comunidades fortalecen sus capacidades organizativas para identificar sus riesgos y lograr una estructura sólida para futuras emergencias.
Decenas de familias afectadas por el Huracán Otto fueron acompañadas de forma sistemática durante todo el primer semestre del presente año por parte de docentes y estudiantes de diferentes disciplinas de la Universidad de Costa Rica.
Bajo la coordinación de la Vicerrectoría de Acción Social, grupos interdisciplinarios realizaron giras mensuales para asesorar a las familias y personal de instituciones que sufren aún, las consecuencias de la emergencia.
Jessenia Solís, de la comunidad de Pueblo Nuevo de Upala, señala que la UCR los apoyó a nivel psicológico para sobrellevar el devastador impacto de la emergencia y enseñarles a elaborar planes de emergencia a nivel comunal y familiar para estar preparados ante una nueva emergencia.
La UCR puso en marcha un Plan Maestro de intervención para apoyar los procesos de recuperación de Upala mediante varios ejes estratégicos de acción, entre ellos, el fortalecimiento de capacidades para la gestión integral del riesgo, la facilitación de procesos de divulgación y comunicación, la gestión de las microcuencas, la recuperación de la Salud Integral y la dinamización de la economía Social solidaria, agricultura Familiar, seguridad alimentaria y nutricional.
Un grupo de estudiantes del Módulo de Psicología en los procesos comunitarios de las sedes Rodrigo Facio y Occidente (San Ramón) concluyó un proceso de capacitación con familias de 8 comunidades.
Los ejes de acción son el resultado de un proceso de diagnóstico participativo, donde se identificaron necesidades concretas como fue el fortalecer sus capacidades organizativas para que aprendieran a identificar sus riesgos y se lograra una estructura organizativa sólida para futuras emergencias.
El tema fue abordado mediante talleres mensuales y se brindó adicionalmente apoyo psicológico con la colaboración de estudiantes del Módulo de Psicología en los procesos comunitarios de la sede Rodrigo Facio y la Sede Regional de Occidente de San Ramón.
Además, se generó una metodología de trabajo de intervención en crisis a las familias más afectadas, realizando visita casa por casa para el manejo adecuado del duelo, la pérdida, la ansiedad, entre otros aspectos.
Otro de los ejes de trabajo fue la intervención con 41 familias concretas que, aunque sufrieron pérdidas importantes, no califican para la ayuda gubernamental. Mediante varios instrumentos, se ha generado información que orientará a las instituciones de gobierno a visibilizar las características de dichas familias y encontrar soluciones a sus necesidades concretas.
Con una amplia participación de hombres, mujeres, niños y niñas de 8 comunidades, la UCR generó talleres de capacitación y sensibilización. Los talleres se llevaron a cabo en Bijagua y San José de Upala.
Apoyar a quien apoya
De acuerdo con la psicóloga de la UCR, Lorena Sáenz Segreda, coordinadora de la Brigada de Atención Psicosocial, otra de las tareas fue el proceso de acompañamiento a los funcionarios públicos que fueron impactados por la emergencia. Ante esta situación, se realizó un trabajo para su pronta recuperación y elevar así, la capacidad de respuesta institucional.
El objetivo de este proceso fue empoderar a las instituciones brindando atención psicosocial para que se insertaran rápidamente en le proceso de recuperación con una visión más social y humana del problema y al fortalecimiento de las redes de apoyo grupal.
Este proceso de intervención aunado a la estrategia de la primera intervención en crisis de las familias duró un mes y medio y culminó con un pasacalles que se denominó “Upala con las botas puestas, construye esperanza”.
La tarea continúa
El fortalecimiento de la estrategia de salud mental comunitaria continuará en el segundo semestre del año por parte de la Brigada ya que hay muchas personas afectadas y en el cantón no se cuenta con servicios de salud especializados que garanticen a la población un tratamiento diferenciado para niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, adultos mayores, entre otros.
Sáenz puntualiza que la vulnerabilidad es diferente para cada sector. Además, es importante destacar que aunado al drama que trae consigo una emergencia hay elementos que agudizan las situación como son las condiciones transfronterizas, interculturales, entre otros aspectos, que particularizan el manejo de recuperación.
Orientar a las familias para enfrentar los nuevos desafíos que surgen post emergencia es una tarea que la UCR asumió para apoyar a a las autoridades de gobierno y elevar las capacidades tanto instituciones como familiares y comunitarias.
Las personas reportan, por ejemplo, un desconocimiento del riesgo actual ya que la emergencia impactó el espacio temporal. Algunos agricultores indican que ahora desconocen donde y qué sembrar porque el ambiente cambió.
Por ello, se continuará el proceso de intervención en cuanto a la asesoramiento técnico en agricultura solidaria y generación de empleo. Asimismo, la evaluación geológica e estructural de las condiciones de riesgo de sus viviendas y sus parcelas con el apoyo de profesionales de las Escuelas de Geografía, Ingeniería y Geología.
