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Etiqueta: gobierno

Gobierno cede a presiones de la derecha

Carlos J. Cabezas Mora (*)

 

Aunque contrario a lo que piensan los grandes medios de comunicación nacionales y que ha habido pocas protestas sindicales durante la administración Rivera, este Gobierno lleno de temerosos políticos prefirió desdecirse y enviar el proyecto de Empleo Público presionado no solo por la situación fiscal, sino también por las posiciones ideológicas de la derecha.

El gobierno gasta en sus operaciones lo mismo que en pagos a la deuda interna, necesita nuevos ingresos tributarios para operar, pero buscarlos donde están evadidos o simplemente, promover leyes para cobrarlos son un acto de desafío al poder económico que no están dispuestos a materializar, máxime que el Partido Acción Ciudadana no tienen suficientes diputados para una reforma fiscal que disminuya la desigualdad social por la que es famoso nuestro país.

Según datos del IMAS en el 2015 el 16% de las familias más ricas se deja el 54% del ingreso, pero es el sector empresarial goza de condiciones de privilegio producto de una larga estrategia y técnicas de evasión y elusión llegando a ser más del 8% del PIB, el Gobierno pretende impulsar unos modestos cambios en la ley de renta, pero eso puede avanzar y le cede a los poderosos las condiciones salariales y de negociación colectiva de los funcionarios.

Es un gobierno sin una base social para impulsar sus proyectos por lo que optó por la típica negociación, creemos que ingenua, pues nada les asegura que sus modestos proyectos avancen, pues los ricos tienen suficiente poder político representado en diputados y medios de comunicación para que no se materialicen.

Lo irónico es que si este Gobierno tuviera la suficiente valentía para enfrentarse al poder económico por el tema tributario, sería altamente posible que el movimiento sindical lo apoyara, pero dudamos que lleguen a ese nivel de atrevimiento.

Para la confrontación con los Sindicatos los dependeremos de que tan convencidos estén los y las trabajadoras para protestar, de que comprendan del impacto que las condiciones laborales.

Nos corresponde como representantes de nuestros agremiados dar la pelea para que la historia sepa que hubo quienes si se opusieron a proyectos anti trabajadores.

Ojalá los grandes bloques sindicales entiendan está vez lo que urge la unidad en la acción para neutralizar las iniciativas

 

(*)Secretario General, Central General de Trabajadores.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

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Amenazas para la estabilidad de las tasas de interés y del tipo de cambio en Costa Rica

Diego Zárate Montero*

 

La tasa básica pasiva y el tipo de cambio han presentado un comportamiento estable en lo que va del año, sin embargo, esa estabilidad podría verse amenazada en el mediano plazo, principalmente por dos factores: el financiamiento del gobierno central mediante endeudamiento interno y la incertidumbre en la economía internacional.

La tasa básica pasiva (TBP), referente para el resto de tasas de interés en colones, ha seguido la senda trazada por el Banco Central con la implementación de una nueva metodología de cálculo, la cual introdujo un factor de ajuste que la ha dirigido gradualmente hacia la baja, pasando de 6,25% en enero 2016 a 4,35% la segunda semana de diciembre.

Sin embargo, el financiamiento del gobierno central mediante deuda interna constituye una amenaza para la estabilidad de las tasas de interés en colones por el llamado “efecto estrujamiento”, el cual ocurre cuando un gobierno presenta altos niveles de déficit fiscal y se ve obligado a realizar importantes operaciones de deuda en el mercado nacional, con lo cual compite con los agentes privados para conseguir recursos en el mercado financiero, presionando al alza en las tasas de interés.

Mientras que a setiembre 2015 el 54% del déficit fiscal del gobierno central se financió con deuda interna (el restante 46% con deuda externa), en los primeros nueve meses de este año, el financiamiento interno alcanzó el 99%. En este sentido, la limitación que actualmente tiene el Gobierno de endeudarse externamente, podría empezar a ejercer una mayor presión sobre las tasas en colones en los próximos meses.

Con respecto al tipo de cambio, este presentó un comportamiento estable en el primer semestre del año, no obstante, a partir de junio y hasta noviembre, se ha depreciado en cerca de un 3,5%. En otras palabras, en enero se pagaba en promedio 540 por dólar y a inicios de diciembre 558.

Es importante mencionar que no solo el colón costarricense se ha depreciado, sino también muchas otras monedas importantes y en mayor medida; lo cual podría acentuarse si el descenso en la tasa de desempleo de Estados Unidos observado en noviembre de este año, es interpretado por las autoridades de la Reserva Federal como una señal de que la recuperación económica justifica aumentar la tasa de referencia en este diciembre y realizar ajustes paulatinos durante el próximo año.

Un aumento mayor del tipo de cambio en nuestro país, podría afectar el costo del servicio de deuda (mayor presión sobre el déficit fiscal), así como a los agentes privados que han contraído deudas en dólares. En este sentido, los cambios en el entorno internacional motivados por la aparente recuperación de la economía estadounidense y por el cambio de gobierno, podrían afectar el comportamiento del tipo de cambio.

De esta manera, ante un escenario internacional en que existe cierto nivel de incertidumbre, la mejor precaución es controlar los factores internos, que como el financiamiento del gobierno central, pueden desestabilizar los macroprecios, entre ellos las tasas de interés, que inciden directamente en el bolsillo de los costarricenses.

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de elsoldeoccidente.com

Enviado por Oficina de Comunicación UNA.

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Organizaciones indígenas y campesinas son ignoradas por el Gobierno

Comunicado de Prensa

 

Buenos Aires, Puntarenas. 29 de setiembre, 2016.- El Gobierno de la República ha ignorado las peticiones de integrantes de organizaciones y comunidades campesinas, de pueblos originarios y sociales de la Zona Sur. Estas personas dieron tiempo al Gobierno hasta el 29 de setiembre para que presente un plan con acciones, responsables, plazos y recursos necesarios, que atienda sus demandas y exigencias por una vida digna y justa. Sin embargo, hasta la fecha sólo han recibido silencio.

El pasado 15 de setiembre estas personas presentaron un documento de propuestas, demandas y exigencias al Gobierno, estableciendo un plazo de 15 días para recibir una respuesta por escrito. Hasta la fecha no han recibido respuesta de ninguna institución.

A continuación, las principales demandas:

  • Brazo de Oro: Demandan que el Gobierno haga lo que corresponda para poner en formal posesión a las familias originarias que recuperaron sus tierras en Brazo de Oro, en Territorio de Iriria Bribri Sä Kä (Cabagra). Exigen que el Gobierno haga cumplir los derechos de los pueblos originarios y garantice la seguridad e integridad física y territorial del pueblo bribri. El 22 de febrero de este año se realizó esta recuperación. El 8 de marzo las y los recuperadores se reunieron con funcionarios gubernamentales en Buenos Aires de Puntarenas y se acordó que el gobierno estudiaría la situación de la tierra a recuperar, en un plazo de 6 meses, para resolver el tema de la usurpación por parte del terrateniente Jesús Monge Bermúdez (quien posee ilegalmente 3 fincas en ese territorio). Dicho plazo venció el 8 de setiembre, ante lo cual, las y los recuperadores originarios de la Familia Torres Morales, acordaron que una vez que se venza el plazo indicado, darán 10 días hábiles para que se desaloje al invasor.
  • Protocolos de Salitre y Cabagra: Exigen que el Gobierno de respuesta concreta a las propuestas de Protocolo para el Saneamiento Territorial, la Seguridad e Integridad de los Pueblos Bribris de Salitre y de Irria Bribri Sä Kä (Cabagra), elaboradas por ambos pueblos y entregadas al gobierno el 24 de abril en el caso de Salitre y el 15 de julio en el caso de Iriria Bribri Sä Kä. Demandan que el Ejecutivo realice los desalojos administrativos contra terratenientes usurpadores, priorizados por los pueblos.
  • Finca San Andrés: Piden que se entregue formalmente Finca San Andrés (ubicada en el Territorio Originario Broran Térraba) a las familias originarias Térrabas que lo habitan y trabajan desde hace más de un año y que no se entregue esa finca a la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba (ADIT), cuya personería jurídica no está vigente actualmente.
  • Finca Chánguena y Finca Térraba: Demandan al Gobierno agilizar todos los trámites administrativos y judiciales pendientes para entregar formalmente y de forma definitiva estas tierras a las familias que las habitan y trabajan.
  • Tarifas de autobuses: Rechazan todos los aumentos desproporcionados y abusivos de tarifas, que se han aprobado para diversas líneas de autobuses en la zona y exigen que no se apruebe ningún otro aumento hasta que no se dé una discusión entre las comunidades y las instancias respectivas. Además, exigen servicios de transporte público con calidad y dignidad y que se apruebe lo antes posible el nuevo modelo tarifario propuesto por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP).

Las organizaciones y comunidades que suscribieron el documento de demandas son: Consejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa del Territorio Bribri de Salitre, Recuperador@s Originarios de Finca San Andrés del Territorio Naso Broran Térraba, Consejo de Cultura de Boruca, Consejo Indígena Regional Pacífico Sur, Consejo de Mayores Iriria Jtéchö Wakpa e Instancia Originaria Békg TLra ÑLre del Territorio Bribri de Iriria Bribri Sä Kä, Recuperador@s originarios de Nima Dikol y Brazos de Oro del Territorio Bribri de Iriria Bribri Sä Kä, Grupo de Mujeres Ngäbe de Alto Abrojo, COOTRAOSA R.L, Comité de Lucha por la Tierra de Finca Changuena, Comité de Lucha por la Tierra de Palmar Sur, Organización de Lucha Campesina por Nuestras Tierras del Sur (OLCASUR), Asociación de Usuari@s de Autobuses de la Zona Sur, Asociación Voces Nuestras, Ditsö, y Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Adjunto encontrará el documento de demandas:

zona-sur-propuestas-demandas-y-exigencias-populares-2016

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Fabiola Pomareda.

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ANEP: ¡14 billones es la deuda pública del Gobierno Central!

  • Empleo público e impuestos son una mezcla tóxica
  • Cada tico está “debiendo” 3.111.111 colones en estos momentos y solamente por la deuda del Gobierno Central…y la deuda sigue creciendo.
  • Reiteramos: el déficit fiscal no se debe a los salarios públicos

 

Una y otra vez, y otra vez más, incansablemente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, reitera su tesis fundamental en esto del déficit fiscal y empleo público: los salarios que devenga la clase trabajadora asalariada del Estado no son los responsables del déficit fiscal. ¡Nada que ver! ¡Punto!

ANEP ajusta ya poco más de dos año analizando el tema: investigando, estudiando, leyendo, consultando, analizando para ser tan contundentes. Las razones del déficit fiscal son otras, ¡no los salarios públicos!

Por el contrario, los necesarios cambios que requiere el sistema tributario costarricense son modificaciones en materia de impuestos para que se le dé vuelta a la tortilla: poner a pagar más a quienes más tienen y que son los que más evaden sus responsabilidades tributario-fiscales.

En tal sentido, rechazamos tajantemente que en la Asamblea Legislativa se impongan nexos indecentemente políticos de mezclar cambios, completamente inaceptables, en materia de salarios del empleo público, para facilitar la discusión (y eventual aprobación parlamentaria) sobre los impuestos de ventas (transformándolo a impuesto al valor agregado -IVA-), y renta.

Empleo público e impuestos es una mezcla tóxica que solamente conduce al desastre social. Continuar por esta vía, hace que el tema del empleo público se convierta, radicalmente, en un asunto de corte ideológico, estrictamente; y, por tanto, opaca, obstaculiza, bloquea, discusiones puntuales de empleo público que ameritan abordajes particulares, de corte abusivo, como pueden serlo los “salariazos” que se devengan en algunas partes de la alta cúpula político-tecnocrática y gerencial del Estado.

Además, el espantoso endeudamiento del país exige esa discusión sobre los cambios estructurales que ocupa el sistema tributario costarricense, aparte de que se va imponiendo la necesidad de una especie de auditoría ciudadana de la deuda, planteamiento que recientemente hemos decidido promover, contando ahora con el apoyo del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA al respecto.

La ciudadanía debe exigir explicaciones de cómo es que hemos llegado hasta aquí: al terminar agosto pasado, solamente la deuda del Gobierno Central, ascendió a 14 billones de colones: 14.000.000.000.000.00. Repetimos, solamente la del Gobierno Central sin contar la deuda de instituciones fuera de este ámbito del Estado. Los datos provienen de la unidad de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.

Cada costarricense, bebé, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, y con base en una población promedio de 4.5 millones de ticos y de ticas, está debiendo, en estos momentos, es decir per cápita, 3.111.111 colones. Y mañana será más, y pasado mañana será más…

Para peores, cada vez hay más y más costarricenses en condiciones económicamente difíciles y sin ninguna responsabilidad por ese alto nivel de endeudamiento-país.

Nuevamente insistimos en la imperiosa necesidad de que los empleados públicos y las empleadas públicas, incluidos los de las municipalidades, mantengan una vigilia política constante de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, pues se está jugando con su futuro salarial-social y familiar; y, a la vez, estén en total disposición para movilizarse de manera contundente apenas se les convoque.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

Imagen tomada de http://www.anep.or.cr/

Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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Ambientalistas en peligro

  • Cada 48 horas un activista es asesinado en el mundo por defender el ambiente
  • Según un informe de la ONG Global Witness, cada dos días matan a un ambientalista y cuatro de cada diez pertenecen a pueblos indígenas. El 66 por ciento de los crímenes se produce en Latinoamérica. Brasil es el más sufrido, con 50 muertes

Por Darío Aranda

Ambientalistas en peligro

Durante 2015, según la Global Witness, fueron asesinados 185 ambientalistas, 69 más que en 2014.

Cada 48 horas es asesinado un activista que lucha contra el extractivismo minero, petrolero, forestal y el agronegocios. Durante 2015 fueron acribillados 185 militantes socioambientales en el mundo, el 66 por ciento de ellos en América latina. Así lo revela un informe de la ONG europea Global Witness, que precisó que cuatro de cada diez asesinados pertenece a pueblos indígenas. En lo que va de 2016 ya hubo al menos cuatro asesinatos en Honduras y Brasil.

“En terreno peligroso” es el nombre del informe que acaba de publicar la Global Witness (Testigo Global), donde recopila el asesinato de activistas durante 2015. Contabilizaron 185 casos (69 más que en 2014). El 66 por ciento se produce en Latinoamérica. Los países con más víctimas son Brasil (50), Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), Congo (11), Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4), entre otros.

Los pueblos indígenas son unos de los principales defensores de la biodiversidad y los territorios en todo el mundo, con derechos reconocidos por normativas nacionales e internacionales (Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros). A pesar de todas las leyes en su favor, están entre los principales afectados por el extractivismo y la violencia. El informe da cuenta que el 40 por ciento de los asesinatos se produce sobre pueblos originarios.

La ONG también puntualiza los sectores corporativos que más vinculación tienen con los crímenes: megaminería (42 asesinatos), agronegocios (20), tala de bosques (15), represas (15) y caza furtiva (13). Sobre quiénes son los victimarios, advierte que en muchos casos no han sido identificados los autores. En los que sí: los paramilitares asesinaron a 16 activistas, el ejército a 13 y la policía a 11. “El ambiente es un escenario donde se defienden los derechos humanos. Y los activistas son tratados como enemigos por el Estado, cuando deberían ser tratados como héroes”, afirmó Billy Kyte, de la ONG Global Witness. El informe destaca la complicidad entre gobiernos y empresas extractivas, tanto para el extractivismo como para la violencia.

Entre 2010 y 2015 se produjeron 753 asesinatos. Ocho de cada diez casos sucedieron en América Latina. Los países con más víctimas son Brasil (207), Honduras (109) y Colombia (105). Si se calcula en porcentaje a la población, Honduras es el país con más asesinatos.

La ONG remarca que se trata de un piso de asesinatos, ya que su base de información son los medios de información y afirma que existen asesinatos que son invisibilizados y no aparecen en las noticias.

Uno de los casos señalados de 2015 es el de María Chávez Lima y su esposo Raimundo Dos Santos Rodríguez, defensores de la selva en el nordeste de Brasil. Fueron emboscados y acribillados. Rodríguez sufrió doce disparos y falleció. Lima, que fue herida pero sobrevivió, colabora con el Instituto Chico Mendez (emblema mundial del activismo socioambiental, defensor de la Amazonía, asesinado en 1988).

El trabajo de la ONG también señala las responsabilidades de los países donde no ocurren los asesinatos, pero que impulsan las actividades extractivas en otras regiones. Ejemplifica con el caso de Brasil, donde el 80 por ciento de la madera que se extrae es ilegal y sus principales destinos son Estados Unidos, Gran Bretaña y China.

En lo que va de 2016 ya ocurrieron al menos cuatro asesinatos más en América Latina. Berta Cáceres, líder indígena hondureña y activista contra las represas que avasallan territorios comunitarios, fue asesinada en marzo pasado. El 14 de junio fue asesinado el indígena Cloudione Souza en el oeste de Brasil. La violencia fue ejercida por terratenientes que hirieron a otros diez indígenas. El Consejo Indigenista Misionero denunció que los pueblos originarios de ese país están sufriendo una “matanza”.

El 21 de junio pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de Nilce de Souza, del Movimiento de Afectados por Represas, en Puerto Velho (norte de Brasil). Había desaparecido el 7 de enero, luego de múltiples amenazas por su lucha contra las hidroeléctricas. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos a una gran piedra, en el mismo lago de la Usina Hidroléctrica de Jirau, de la denunciada “Empresa de Energía Sustentable de Brasil”.

En Honduras, el 5 de julio, fue asesinada Lesbia Janeth Urquía, también activista en contra de las represas que se apropian de los ríos.

“El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, señala la investigación y destaca que en la mayoría de los casos “claramente el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”.

En los últimos años en Argentina hubo decenas de represiones sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Los casos más trágicos los sufrieron, entre otros, el diaguita Javier Chocobar (asesinado el 12 de octubre de 2009 en Tucumán), la campesina Sandra “Eli” Juárez (marzo de 2010 en Santiago del Estero), el qom Roberto López (noviembre de 2010 en Formosa), Cristian Ferreyra y Miguel Galván (2011 y 2012, respectivamente, ambos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina).

La ONG señala que una constante en todos los casos es la inacción de las autoridades judiciales y de los gobiernos para que se investiguen exhaustivamente los delitos o se adopten medidas para proteger a los activistas. “Existe una connivencia entre Estados y los intereses corporativos que protege a los responsables de los asesinatos”, asegura la investigación.

 

*Imagen principal con fines ilustrativos tomada de www.prensa.com

Enviado a SURCOS Digital por Confraternidad Guanacasteca.

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Al Gobierno antes del 25 de julio

Gadi Amit

 

Mensaje al gobierno para el 25 de julio:

Para hablar de este gobierno, por ahorro de tiempo, tocaré dos temas importantes.

1.-Las quemas agrícolas:

Hace 14 años la Sala Constitucional nos dio la razón y ordenó tomar medidas para terminar con ese daño a la salud y al ambiente.

La Procuraduría General de la República que es abogado del Estado, hace un análisis legal del asunto y concluye que el MAG viola la Constitución, al dar permisos de quemas.

Y este gobierno, igual que los anteriores, favorece a los grandes empresarios azucareros, Taboga, El Viejo, CATSA y El Palmar, para que sigan quemando, como forma de bajar sus costos y aumentar sus ganancias. Nos pasan esos costos a la CCSS, la salud de los habitantes y al medio ambiente.

Y el GOBIERNO… Nada de nada.

2.-El problema del agua:

El problema más grande de Guanacaste y de Costa Rica. Estamos subvencionando a los grandes derrochadores. A pesar de que el discurso dice que la prioridad es el consumo humano.

Cada uno de nosotros tenemos un medidor en casa y pagamos cientos de colones por metro cúbico de agua.

Los grandes gastadores de agua, tienen concesiones enormes y gastan sin límite, porque no tienen medidores. Además, pagan por el mismo metro cúbico 12 centavos de colon.

No estamos contra la producción, sino porque esta se haga usando la tecnología moderna de riego (goteo o aspersión); cosa que no hacen porque les regalamos el agua.

La propuesta del gobierno, PIAAG, es más agua para riego.

Más agua para regalar a los ricos.

¡¡Qué vergüenza!!

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Comunidad de Golfito impulsa debate sobre futuro de JUDESUR

Recinto de Golfito de la UCR convoca a foro

 

Katzy O`neal Coto,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Comunidad de Golfito exigira cuentas sobre intervencion de JUDESUR
El foro se llevará a cabo en el Club Centro del Recinto de Golfito con capacidad para 300 personas (foto Archivo ODI).

El próximo sábado 7 de mayo la comunidad de Golfito tendrá un espacio para exigir cuentas sobre la situación actual de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), entidad que administra los recursos del Depósito Libre de Golfito y que se encuentra intervenida por el Gobierno de la República desde agosto del 2014.

Para ello, el Recinto de Golfito de la UCR ha organizado el Foro Intervención de JUDESUR: ¿qué se ha logrado y qué sigue?, el cual se realizará en el Club Centro del Recinto de Golfito, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Los pobladores buscan respuestas sobre ¿Qué va a pasar con JUDESUR al finalizar la intervención? ¿Qué quiere el Gobierno de esta institución para la Zona Sur?, pues ya han pasado casi dos años en intervención.

Dicha actividad responde a la iniciativa de las organizaciones comunales, que solicitaron formalmente a las universidades públicas presentes en la Zona Sur, realizar las coordinaciones para que se abriera un espacio para el rendimiento de cuentas por parte de autoridades relacionadas con este proceso.

El foro contará con la presencia de las fuerzas vivas de los cantones del Pacífico Sur y los representantes de los gobiernos locales de Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa. En la mesa principal estarán tres diputados de la provincia, así como el presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, Manuel Herrera Mutis y el director ejecutivo Carlos Murillo Barrios y el abogado Roberto Matamoros Ramírez. Sin embargo, las autoridades del Gobierno y la Fiscalía de Golfito no asistirán.

La directora del Recinto de Golfito, Licda. Georgina Morera, detalló que esta actividad no solo pretende rendir cuentas, sino además definir una estrategia de seguimiento para que desde las organizaciones se pueda seguir ejerciendo un papel fiscalizador del manejo de los recursos públicos, pero sobre todo, para que la gestión de JUDESUR se realice desde un principio de transparencia.

Esta actividad se realiza con el apoyo de la Dirección de Extensión Universitaria y el Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Las personas interesadas en asistir al foro deben reservar su espacio al correo maria.rodriguez_garc@ucr.ac.cr o al teléfono: 2511-7723.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Convicciones democráticas y enconos políticos

José Luis Callaci

 

Debido a que algunas personas, incluyendo gente que aprecio y respeto, han cuestionado lo que califican como una irreverencia de mi parte hacia la figura de un Presidente que fue escogido democráticamente en las urnas electorales, quiero aclarar más y enfatizar al mismo tiempo lo que he afirmado y seguiré afirmando sobre el actual Presidente argentino.

No merece mi respeto quien en debate público y a pocos días de las elecciones negó, de manera categórica y explícita, tomar medidas drásticas al asumir su gobierno, para luego de manera descarnada y descarada las aplicó en los primeros meses de su mandato. Es esto una gran burla al electorado y una grave estafa a la propia democracia. Suficiente para cuestionar la legitimidad de un gobierno.

Surgen muchas preguntas que tendrán que encontrar respuestas. Entre ellas sobresale la siguiente: ¿Cuántos votos generó entre los indecisos ese engaño que pudieron definir los resultados? Si no es posible cuantificar algo así es válido presumir que tuvo un efecto beneficioso para el entonces candidato. Y eso es también una forma de fraude electoral. Así que para este ciudadano le sobran las razones para no respetar a quien hoy ostenta esa investidura y para considerar valederos los argumentos que exigen la renuncia o destitución de las actuales autoridades de gobierno. Y agrego lo siguiente: Ignoro las verdaderas razones de ese reclamo a mi persona, las expuestas no las considero ni válidas ni suficientes y desearía descartar que las calificaciones que me endosan de ser muy severo, áspero y riguroso se asientan en consideraciones de benevolencia, blandura, tolerancia o clemencia para con alguien que carece de esos atributos o cualidades que natura otorga o no otorga. En todo caso aprovecho para recalcar que cuando nos referimos a personas que ostentan responsabilidades políticas importantes como la de presidente de un país esos posibles atenuantes no son de recibo.

En caso de ponerse en duda las convicciones democráticas de quien suscribe estas líneas, deseo agregar que no ahora sino siempre he defendido el diálogo, el debate y la confrontación como reglas que deben ser aceptadas en una democracia. Reglas que por cierto nunca han sido asumidas y menos respetadas por representantes de esa oposición recalcitrante que hizo gala de un asombroso y violento encono político contra el gobierno de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner. Un sector que si bien es minoritario en la sociedad argentina posee un gran poder económico que le sirvió ´para manipular a una parte del electorado, auxiliada por baterías mediáticas a su servicio, en un país que carece de ese pluralismo informativo tan imprescindible para la pervivencia de la propia democracia. No fueron suficientes las advertencias de que si esta clase de gente llegara al poder político, esta vez por la vía constitucional (antes lo hicieron valiéndose de Golpes de Estado) las consecuencias para la sociedad argentina serían catastróficas. Se volvería a un pasado al que muy pocos desean regresar. Lo estamos viviendo, pero ¿hasta cuándo? La respuesta a esta última pregunta la tendrán que dar los propios ciudadanos

 

*Imagen del autor tomada de Informa-tico.

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Se firma directriz “Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas”

A través de la firma de la Directriz N° 042-MP, “Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas”, dirigida al sector público, el Gobierno de Costa Rica asume su responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos indígenas, una acción coordinada y sistemática para proteger sus derechos y a garantizar el respeto a su integridad.

La ruta de dicho proceso es:

  1. El Gobierno emite una directriz que ordena la acción de las instituciones públicas, alrededor del objetivo de construir un mecanismo de consulta a los pueblos indígenas.
  2. El Gobierno y los pueblos indígenas construyen el Mecanismo de Consulta. El Gobierno visita a los 24 territorios.
  3. El Estado costarricense cuenta con un instrumento de consulta a los pueblos indígenas, que guiará los procesos de consulta de las medidas que les afecte.

 

Para leer la Directiz “Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas”, ingrese en el siguiente enlace:

Directriz de consulta 2016 03 14 Directriz No. 042 MP

 

Información suministrada por Geyner Blanco Acosta.

Imagen tomada de la página de Facebook  Consulta a Pueblos Indígenas – Costa Rica.

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FRENAPI rechaza Estrategia REDD+ y respalda manifestación pública indígena

Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)

Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena

 

Mediante un comunicado, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) en la Asamblea del 04, 05, 06 de setiembre de 2015 ratificó su posición de rechazar la Estrategia REDD+ impulsada por el Estado/Gobierno de Costa Rica y respaldar la manifestación pública del pasado 15 de octubre frente a Casa Presidencial, promovida por los compañeros/as Bribrís y Cabécares de Talamanca.

El FRENAPI, consideró que no han existido procesos de información amplia y clara sobre la Estrategia REDD+, por parte de las instancias del Gobierno y promotores de esta Estrategia; no se tiene conocimiento exacto de los alcances de este plan, ni se sabe a qué se comprometen nuestros pueblos indígenas, al ceder sus bosques por el pago de dinero, ni los plazos, ni las condiciones, ni el control o supervisión a que se les obligaría.

Se tiene conocimiento de que se han convocado reuniones en distintos territorios y comunidades, incluso a través de “mediadores culturales” (indígenas) con el fin de convencer e imponer de esta manera la Estrategia REDD+ difundiendo luego que esas reuniones son “consultas” a dichos pueblos,“ lo que rechazamos y desconocemos ya que tal maniobra niega la buena fe del Estado/Gobierno, pero además desconoce las leyes, los protocolos especiales, el Convenio 169 de la OIT y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el Derecho de Consulta de los Pueblos Indígenas” se manifestó en el comunicado.

El FRENAPI, reafirmó su lucha por la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en especial el impulso del Proceso de Afirmación Territorial Autónoma, desarrollado en varios territorios indígenas, como Salitre, Térraba, Maleku, entre otros. Denunció la violencia que se ejerce contra los líderes y comunidades que han emprendido esta lucha, que se profundiza con la creciente impunidad de los agresores y responsables de los actos delictivos, tolerada y permitida por el Estado/Gobierno (Poder Judicial, Poder Ejecutivo y otras instituciones e instancias).

“Nuestra lucha está basada en los derechos que nos garantizan las leyes, los convenios internacionales y las resoluciones de los tribunales de justicia nacionales e internacionales.

El Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena, sigue junto al FRENAPI en la justa lucha de los pueblos indígenas; nos unimos al reclamo de los compañeros/as de Talamanca contra la Estrategia REDD+; respaldamos sus demandas y la posición del FRENAPI” se dio a conocer mediante el comunicado.

 

¡LOS DERECHOS NO SE NEGOCIAN, SE DEFIENDEN!

¡AUTONOMIA SI! … ¡REDD+ NO!

¡LA LUCHA SIGUE!

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por SERPAJ.

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