Con el objetivo de hacer valer el derecho humano a saber lo que nos estamos llevando a la boca, solicitando al Poder Ejecutivo el cumplimiento del compromiso adquirido en la campaña electoral 2013-2014 la Red de Coordinación en Biodiversidad está circulando la iniciativa de recolección de firmas para exigir dicho compromiso, y solicitar la elaboración de un reglamento que implemente la obligación del etiquetado de todos aquellos productos alimentarios para consumo humano y animal que sean o contengan ingredientes transgénicos (organismos vivos alterados genéticamente), como ya existe en poco más de 60 países en el mundo , incluidos todos los países miembros de la Unión Europea, Rusia, Japón, China, Australia y Nueva Zelanda (http://goo.gl/zH3cEw,http://goo.gl/AA1tFi, http://goo.gl/XTKru y http://goo.gl/7UuCHh).
Quienes deseen colaborar con la campaña de recolección de firmas pueden imprimir el formulario, recoger firmas, y entregarlo de alguna de las siguientes formas:
1.- Dejando los formularios con firmas en el primer piso de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (sede central en San Pedro de Montes de Oca) en el casillero N.° 16, a nombre de Jaime García.
2.- Enviando los formularios por correo ordinario a la siguiente dirección postal:
Jaime García
Apartado postal 123
2070-Sabanilla de Montes de Oca
*Se adjunta formulario para recolección de firmas:
Mientras los estudiantes de segundo nivel hondureños reactivan sus agendas reivindicativas contra la mala calidad educativa; exigiendo además el esclarecimiento del asesinato de cuatro de sus compañeros la semana antes de la Semana Santa; y, mientras los asesores del Presidente responsabilizan a la oposición política por estas protestas, con acusaciones temerarias de involucramiento de los carteles de droga en estos hechos, sin mostrar evidencia alguna, como tampoco han logrado probar que las bandas de los barrios pobres o maras son las responsables de los asesinatos.
Mientras el Pentágono se aprovecha de la desgracia catracha de tener gobiernos que desmantelan su sistema de salud con corrupción y privatización, instalando un buque Hospital en su costa atlántica para atender a la población enferma, “gracias a la gestión” del Jefe del Comando Sur, John Kelly, quien dijo sentirse hondureño después de tantas visitas a este país. ¡Vaya suerte!
Mientras Honduras sigue pareciéndose cada vez más a México, con la represión y crímenes a estudiantes, a indígenas, mujeres indefensas, periodistas, defensores de derechos humanos, campesinos y a miembros de las mismas élites políticos económicos como el del Padre e hijo Gauggel, asesinados el viernes anterior.
Mientras el gobierno busca sacarle más dinero al pueblo, esta vez enfocándose en las MIPYMES, después de que éstas deben pagar el mal llamado impuesto de guerra y el que les extraen algunos policías inescrupulosos por “protegerlos” de las maras.
Mientras la Municipalidad del Distrito Central sigue con el afán de endeudar más al vecindario capitalino con el vergonzoso proyecto Trans 450, en una gestión que tiene poco o nada de democrática y menos de transparente; mientras eso se daba en Honduras, en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, se desarrolló la VII Cumbre de las Américas, calificada por muchos como un hecho histórico extraordinario. Desde el miércoles se iniciaron los foros paralelos a la Cumbre por Sociedad Civil, Juventud y Empresa Privada, patrocinados por organismo multilaterales (BM-BID) y la misma OEA. Estos foros fueron empañados con la presencia de la ultra derecha internacional, venezolana y cubana.
La contra internacional reaccionaria financió la misión mercenaria de delincuentes encabezada por criminales como Luis Posada Carriles, Félix Rodríguez Mendigutia, Jorge Luis García Pérez (Antunez). A Posada Carriles se le busca y se le requiere por los tribunales de muchos países por sus crímenes de lesa humanidad como la explosión en pleno vuelo del avión de cubana de Aviación y a sus 73 ocupantes, en 1976. Félix Rodríguez Mendigutia, involucrado en el asesinato del Che Guevara, distinguido mercenario internacional, invasor en Playa Girón, terrorista bien conocido. Estos “angelitos” fueron en calidad de representantes de la Sociedad Civil, categoría social tan imprecisa en su definición como para permitir que criminales como éstos se filtren en ella. Solamente faltó que incluyeran a Efraín Ríos Montt (ex dictador y genocida), a Roberto Micheletti, a Hugo Sierra o “Loco Hugo” (violador hondureño), a Mario Zelaya (ex director del IHSS) y a Álvaro Uribe entre los “representantes” de sociedad civil.
Treinta y cuatro de los treinta y cinco mandatarios del continente americano se hicieron presentes. La Presidenta de Chile, Michele Bachelet, se excusó debido a la situación catastrófica en que se encuentra el norte de ese país. Las expresiones de solidaridad con Chile no se dejaron de escuchar en cada uno de los discursos que ayer pronunciaron todos y cada uno de los asistentes.
El tema de la Cumbre fue “Prosperidad con Equidad”, lo que centraba la temática sobre los que se debería debatir. Pese a ello, las expectativas mayores fueron el encuentro entre el Presidente Raúl Castro de Cuba y Barack Obama de Estados Unidos, además de los fuertes reclamos de Venezuela a Estados Unidos por el Decreto Ejecutivo de amenaza a la paz. Pero las expectativas del primer encuentro entre los máximos líderes de esos dos países se rompieron al escuchar al Presidente Cubano decirle a Obama que él no era responsable de lo que diez expresidentes habían hecho contra el pueblo y gobierno cubano. Estos dos líderes se encontraron durante esta Cumbre, primeramente de manera informal y muy cordialmente se estrecharon las manos, y luego, se encontraron en privado y público para discutir sobre sus agendas para el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. El Presidente Maduro y el Presidente Obama también tuvieron un encuentro informal de diez minutos, donde iniciaron un diálogo cortés y franco, que esperaríamos continúe.
Los discursos de los presidentes y mandatarios de Estado al Sur de los Estados Unidos de Norte América, en su gran mayoría se refirieron a los actos nocivos del imperio norteamericano en toda la historia moderna, responsabilizándole en gran medida por los atrasos, sacrificios y pobreza en que se desenvolvió la región por muchas décadas. Los que pintamos canas soñamos con un momento como estos, en que nuestros líderes políticos llegaran a decirle a los gobernantes gringos de lo que estaban hechos. Así que la juventud actual debe sentirse satisfecha por esas expresiones respetuosas, francas y objetivas que los gobernantes allí presentes, con las excepciones del caso, como lo fueron el de Honduras, Guatemala y México, le dirigieron al máximo representante del imperio estadounidense.
Los medios como CNN continuaron con su negocio de hacer propaganda contra Venezuela, Argentina y Brasil, mientras que buscaban interlocutores que pudieran hacer eco de sus mentiras.
Terminamos esta semanas satisfechos de saber que América ha cambiado y sigue cambiando para bien de sus pueblos. Sabemos que debemos mantenernos alertas ante las amenazas de guerra y golpes de estado que penden como una espada de Damocles. Los pueblos deben seguir adelante en sus luchas por mantener sus buenos gobiernos y, en otros países, colocar a gobernantes idóneos para reducir las brechas sociales, económicas y de injusticia existentes, gracias al neoliberalismo y a las grandes corporaciones que manejan el mundo del mercado y las guerras, para su beneficio.
En un comunicado enviado a SURCOS Digital por SINTRAJAP, se manifestó que el movimiento social de nuestro país ha venido sufriendo abusos de poder por parte de las autoridades oficiales para intimidar a la población y evitar así que participen en acciones de protesta en contra de las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo.
Este abuso de poder es reprobado en todo el mundo, porque limitan la participación ciudadana y minan el fortalecimiento de las democracias.
Ante el hecho de que en este momento se está realizando un juicio mediatizado e injustificado en contra de 24 trabajadores y trabajadoras, limonenses, que sin fundamento alguno pretenden que sean condenados, SINTRAJAP inicio la denuncia internacional de estos hechos y envió un pronunciamiento de varias organizaciones del movimiento social latinoamericano condenando estas acciones.
Texto de la declaración
Pronunciamiento Oaxaca-México
Marzo de 2015
Nosotros, los participantes del Encuentro Mesoamericano de Contrapartes de la Fundación Rosa Luxemburg – MEXICO, en conocimiento de las denuncias realizadas por SINTRAJAP (Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios), sobre prácticas condenadas internacionalmente de criminalización de la protesta que se han venido realizando en Costa Rica en contra de sus afiliados y de las Organizaciones Sociales que luchan por la defensa de sus derechos y territorios, condenamos y denunciamos ante la opinión pública, en nuestros países, las acciones injustificadas de criminalización que se están realizando por el Gobierno Costarricense en contra de Trabajadores y ciudadanos Limonenses, en razón de sus legítimos derechos de protestar ocurridos en abril del 2010.
Rechazamos cualquier tipo de condenatoria que se pudiera pretender y lo entendemos como un medio para intentar intimidar e impedir la legítima participación de los pueblos en el desarrollo y enriquecimiento de sus democracias.
Firmamos en la Ciudad de Oaxaca – México el 28 de marzo de 2015
*Para ver las firmas del pronunciamiento siga el enlace:
En Costa Rica el movimiento social ha venido sufriendo abusos de poder por parte de las autoridades oficiales para intimidar a la población y evitar así que participen en acciones de protesta en contra de las pésimas decisiones que se toman desde el poder ejecutivo. Esta práctica era muy común en los últimos dos gobiernos, y se puede ver que se continua practicando en el actual gobierno, pese a la promesa de un cambio.
Estas prácticas oficiales son condenadas en todo el mundo, porque limitan la participación ciudadana y minan el fortalecimiento de las democracias.
Ante el hecho de que en este momento se está realizando un juicio mediatizado e injustificado en contra de 24 trabajadores y trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas limonenses, que sin fundamento alguno pretenden que sean condenados, SINTRAJAP inicio la denuncia internacional de estos hechos y presentamos aquí un pronunciamiento de organizaciones del Movimiento Social Latinoamericano condenando estas acciones.
SINTRAJAP espera que el Poder Judicial actúe en consecuencia con nuestra legislación y el debido proceso e invita a todas y todos los costarricenses a defender sus derechos y a manifestarse en contra de estas atrocidades contrarias a los principios democráticos.
Para acceder al pronunciamiento de organizaciones del Movimiento Social Latinoamericano condenando la criminalización de la protesta social, ingrese en el siguiente enlace:
En Honduras las cosas están iguales o peor de cómo estaban antes de la Semana Santa. Los vacacionistas regresaron a sus casas relajadas pero con más deudas. El gobierno les debe 3 meses de salario a sus empleados por contrato, después de haber pagado los meses atrasados de salario a empleados permanentes. Siguen los despidos en sus instituciones de manera discriminativa por color político, particularmente en instituciones donde el proceso de privatización avanza. Aun cuando los precios internacionales del petróleo se mantienen bajos, particularmente con el último acuerdo con Irán, los precios de combustible nacional se mantienen elevados. El precio del crudo ligero y dulce para ser entregado en mayo perdió $0.95 para llegar a $49.14 el barril en la bolsa de NY. El Brent perdió $2.15 para cerrar en 54.95 dls el barril. Seguramente el gobierno nacional y empresarios de carburantes están aumentando fuertemente sus ingresos. No existe información verdadera a la ciudadanía sobre las utilidades y sus usos.
Además de existir un desempleo formal arriba del 5%, hay un subempleo mayor al 30%, sin contar que son pocos los centros de trabajo donde se paga el salario mínimo.
Pese al déficit presupuestario nacional, los gastos y los créditos nacionales e internacionales, no se reducen. La distribución del presupuesto favorece varios gastos suntuosos y políticos en seguimiento a las ambiciones de la clase política en el poder.
Las inversiones sociales se centran en la caridad, altruismo y bonificaciones que no llevan ningún activo a los sectores pobres y muy pobres que les permita vivir con calidad sostenible.
Los planes de dinamización y organización de fuerzas vivas en Mancomunidades para distribución de la inversión social del gobierno central son minados por las acciones de Co-Alianza, quien está creando comisiones paralelas a las mesas que organiza la Secretaria de Desarrollo en las mancomunidades y municipios.
En el ámbito educativo, los hechos represivos, los asesinatos y las medidas administrativas del reciente pasado se mantienen impunes. Los medios cambian el tema para olvidar estos hechos acaecidos antes de Semana Santa, sin embargo, los estudiantes mantienen en sus agendas reclamos para mejorar la calidad educativa. La impunidad sigue igual. No se investiga ni se sabrá quiénes y el por qué de los asesinatos a jóvenes y menores de edad antes de la Semana Santa. Al igual que en muchos, aproximadamente el 95% de los asesinatos ocurridos hasta ahora, siguen en la impunidad. Ante los dictados oficiales, no sería una sorpresa la militarización de los centros educativos donde hay organizaciones de estudiantes en posición contestataria, algo que ya sucede pero de manera puntual.
El Ombudsman seguirá mostrando su complicidad con el estatus quo y las redes de defensores de los DDHH serán estigmatizadas cada vez más.
Los Partidos Políticos en oposición tienen el reto de saber responder adecuadamente a las exigencias del pueblo. Es posible que sigan queriendo dirigir los nuevos movimientos sociales en surgimiento que exigen cambios estructurales, pero para ello deben adecuarse a esos movimientos, sin esperar lo contrario y sin sus viejos discursos por no actualizarse en sus análisis. De seguir así les haría perder más aun el liderazgo que requieren nuevos grupos sociales. El liderazgo de la oposición de los partidos debe actualizarse o quedar fuera de juego, cuando surjan nuevos líderes de base.
El pueblo, su ciudadanía está enfrentando al menos cuatro sectores de represión y crimen: 1. Las fuerzas formales del gobierno central y, en algunos casos, de fuerzas policiales municipales. 2. Las bandas de narcotraficantes. 3. Los grupos de para militares compuestos por ex militares y ex policías, más otros ciudadanos involucrados en la «limpieza social» y, 4. Las bandas de barrios llamadas maras, algunas cooptadas por el crimen organizado y el cicariato. Estas diferentes expresiones son utilizadas por la inteligencia represiva de algunos oligarcas ultra reaccionarios y se conectan de manera que el sistema de terror, de miedo funcione adecuadamente a sus intereses derechistas y lujuriosos.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, solicita al Gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera que se pronuncie en contra de cualquier tipo de intervención en Venezuela.
Luis Chavarría, Secretario General de UNDECA, manifestó que “la guerra debe ser desterrada de Latinoamérica. El respeto al proceso democrático y el derecho de los pueblos a autodeterminarse debe imperar. El argumento de que Venezuela amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos parece sólo un pretexto para invadir a un país de tradición petrolera.”
Es con argumentos similares que el gobierno de Estados Unidos ha promovido intervenciones militares en otras latitudes, que posteriormente resultaron absolutamente falsos, con el interés exclusivo de defender intereses económicos y geopolíticos. Las experiencias han sido nefastas como la intervención a países hermanos como Panamá y Honduras, cuyas consecuencias todavía se mantienen o el apoyo decido a mercenarios y dictaduras genocidas culpables de grandes crimines de guerra.
Por su parte Martha Rodríguez González, secretaria general adjunta de UNDECA, indicó que “Costa Rica, país con autoridad y respeto mundial por su tradición pacifista y como miembro de la CELAC debe manifestarse públicamente en contra de cualquier medida militar, por lo que significaría una guerra y los perniciosos efectos para miles de hombres, mujeres y niños en nuestro continente.”
Esta arremetida neoliberal y belicista es contra los cambios políticos y los gobiernos progresistas en nuestra América, que luchan por justicia social para los pueblos, y no se justifica.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, interpuso proceso contencioso administrativo contra el Estado, cuyo objetivo es la anulación del Decreto Ejecutivo que prohíbe el derecho de huelga en los servicios esenciales.
Este represivo decreto, promulgado en diciembre de 2014, a consecuencia de la presión del sector empresarial, fue complacientemente fabricado en el astillero común del Gobierno y sus aliados políticos.
Al tenor de sus disposiciones, a los trabajadores y trabajadoras que laboran en los servicios de salud, seguridad, energía, agua, telecomunicaciones, carga y descarga en muelles y atracaderos, entre otros, de un solo zarpazo, se les impuso la prohibición absoluta de la huelga, no obstante que se trata de un Derecho Fundamental, protegido en los Convenios de OIT y en nuestro propio ordenamiento jurídico.
Martha Rodríguez, manifestó: “De acuerdo al Artículo 60 de la Constitución Política, a los sindicatos les compete la realización de fines constitucionalmente definidos, en orden a la defensa y promoción de los intereses económicos, sociales y profesionales, en general, de los trabajadores y trabajadoras. Este tipo de acciones represivas del Gobierno atentan contra la libertad y el derecho sindical”.
Para Luis Chavarría Vega, Secretario General, este decreto se promulgó arbitrariamente, porque se impidió que las organizaciones tuviéramos la oportunidad de analizarlo y pronunciarnos oportunamente.
Chavarría reiteró que este tipo de medidas agresivas contra el movimiento sindical no son nuevas:“desde 1948, cuando se ilegalizaron los sindicatos, todos los gobiernos han venido aplicando medidas para eliminar el sindicalismo en Costa Rica, intimidando a los y las trabajadoras, realizando despidos ilegítimos, reprimiendo las manifestaciones. Esto no es nuevo, lo que a algunos extraña es que el nuevo gobierno que en la campaña electoral se proclamó “diferente” al PLN y el PUSC, actúe con insidia en contra los y las trabajadoras”.
Por lo visto, se trata de la misma receta política, de carácter autoritaria, que cada vez más decepciona a nuestro pueblo, que fue a las urnas creyendo que las cosas iban a ser muy diferentes.
Mediante este proceso contencioso que se presentó en los Tribunales, se pretende que se anule este deplorable decreto, que resulta absolutamente irreconciliable con los postulados de nuestro Estado Social de Derecho.
La huelga es un derecho sagrado de la clase trabajadora, por el que han ofrendado su vida tantos mártires de la clase obrera, no vamos a permitir que los sectores políticos y económicos más reaccionarios nos lo vayan a arrebatar.
La única ruta en el Territorio Indígena de Salitre es la Paz y el respeto absoluto a los Derechos Humanos.
A raíz de la nota enviada por el diputado Gerardo Vargas Rojas del Partido Unidad Social Cristiana al señor Ministerio de la Presidencia, don Melvin Jiménez Marín, se generaron una serie de reacciones en medios de comunicación y en el espacio de control político en la Asamblea Legislativa.
En esta carta se solicita aclarar el contenido de un extracto descontextualizado de un video grabado con motivo de una reunión efectuada en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas. Esta reunión formó parte de una serie de gestiones interinstitucionales coordinadas por el Ministerio de la Presidencia en el marco del proceso de diálogo para atender el conflicto de tierras en el Territorio Indígena de Salitre.
Ante esta situación, y sin detrimento de la respuesta oficial que se realizará conforme a lo estipulado en el marco jurídico, aclaro que:
1. La reunión se realizó el 10 de agosto de 2014, en el Gimnasio de Buenos Aires, con la presencia de más de 800 personas entre ellos: personas no indígenas, indígenas, productores, autoridades municipales y comunales de ese cantón, y los jerarcas Carlos Alvarado –Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del IMAS-, Harys Regidor–Presidente de DINADECO-, José Francisco Pacheco-Viceministro de Hacienda- y Álvaro Chanto Ureña, Director de la Región Brunca del INDER.
2. La frase expuesta en la nota y divulgada por algunos medios de comunicación, corresponde a un extracto de veintiocho segundos de una reunión de más de dos horas, que fuera de contexto, su argumentación es malinterpretada. En este sentido mi intención siempre fue llamar a la calma e indicar que “con medidas radicales no se va a solucionar” y que el “sentimiento de estar dispuesto a dar la vida” no es la vía correcta, la única ruta para Salitre es la paz y el absoluto respeto de los Derechos Humanos.
3. El video que transmiten los medios de comunicación y redes sociales está editado con el objetivo de tergiversar y crear una falsa impresión de lo ocurrido y discutido en esa reunión.
4. El ambiente de la reunión fue de mucha presión y con actitudes irrespetuosas por parte de los presentes. Pese a ello, siempre mantuvimos el diálogo y el respeto como las normas que hemos sostenido en este proceso. Por esto, rechazo categóricamente que se quiera atribuir al Gobierno y a mi persona alguna amenaza u ofensa; nuestra postura fue y seguirá siendo el diálogo, el respeto de los Derechos Humanos y la construcción colectiva.
5. Reitero de manera absoluta nuestra claridad de atender el conflicto del Territorio Indígena de Salitre de manera integral, buscando la solución socialmente más responsable, reivindicando los derechos de los Pueblos Indígenas y atendiendo la situación socioeconómica de las personas no indígenas. La única ruta para Salitre y Buenos Aires, es la Paz.
6. Rechazo enérgica y categóricamente cualquier intento de deslegitimar el trabajo que desde el Gobierno hemos realizado con la agenda indígena, en la cual el diálogo es el pilar fundamental. Ante esto es una exigencia que asumamos con responsabilidad, la deuda histórica que los distintos Poderes del Estado tienen con los Pueblos Indígenas de Costa Rica.
Ana Gabriel Zúñiga Aponte
Viceministra
Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano
Ministerio de la Presidencia
República de Costa Rica
Enviado a SURCOS Digital por Comunicación Presidencia.
Los acontecimientos recientes, donde se involucró directamente a un funcionario del Poder Ejecutivo, en este caso al viceministro de la Presidencia Daniel Soley, con el ofrecimiento de una embajada a la Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes, está tomando un rumbo que consideramos en extremo peligroso y pone de manifiesto que efectivamente, se está aprovechando esa acción para elevar de tono un incidente menor y aprovecharlo para escalar una desestabilización del país.
Cuando decimos que ese es un incidente menor es porque políticamente lo es. Sin embargo, los apologistas del eticismo caen en una trampa cazabobos montada por la derecha neoliberal y se lanzan contra el Poder Ejecutivo, haciendo que partidos corruptos como el Partido Liquidación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se vuelvan protagónicos, se rasguen las vestiduras y se lancen contra el gobierno.
El escalamiento de este conflicto, a nuestro entender, tiene varios propósitos, entre otros:
Aislar al Presidente Luis Guillermo Solís de sus más cercanos colaboradores y personal de confianza. La persecución y presión sobre el Ministro de la Presidencia Melvin Jiménez es un buen ejemplo de ello. Ha sido atacado desde varios flancos, ataques que ha resistido. El tema del ofrecimiento de la embajada a la Procuradora Ana Lorena Brenes lo pone de nuevo en la mira de sus detractores y enemigos políticos.
Aislado el Presidente, otro de los propósitos es hacer fracasar por todos los medios posibles la gestión de gobierno del PAC. Una gestión relativamente exitosa del PAC no le sirve a los partidos tradicionales como el PLN, el PUSC y la tureca libertaria que por un lado verían profundizarse su desligitimidad política/social; y por otro lado, dicha gestión puede dar espacio para el surgimiento y/o fortalecimiento de más actores políticos antibipartidistas.
Consideramos que otra de las intenciones, a raíz de este “escándalo”, fabricado en ocho días, es agrietar la fracción legislativa del PAC y de paso quebrar sus alianzas políticas. El PAC ya ha pasado por esas experiencias. En febrero de 2003, una facción disidente encabezada por el entonces diputado Humberto Arce, se alejó del PAC. En junio de 2008, la diputada Andrea Morales igual abandonó el PAC. En ese sentido consideramos que parte del trabajo enemigo es profundizar el agrietamiento de la fracción legislativa del PAC y para eso cuentan con el “tonto útil” de Ottón Solís y el coro de cacatúas eticistas del PAC que se lanzan con fusil en ristre convirtiendo un problema menor en un problema ético sin sentido, prestándose al juego del PLN, el PUSC y la tureca libertaria. En el caso de las alianzas, quebrar la alianza con Frente Amplio se convierte en fundamental.
Otro de los propósitos es debilitar al PAC en todo lo relacionado con el proceso electoral del 2016, elección de alcaldes, que ya está en marcha y en el cual están interesados el PLN, el PUSC y la marioneta libertaria. El debilitamiento del PAC en todos sus frentes se hace impostergable para hacer frente a ese proceso electoral que está encima.
Finalmente, consideramos que otro de los propósitos es, en mucha medida golpear la III Cumbre de la CELAC por celebrarse en Costa Rica el 28 y el 29 de enero. Sabemos que se mueven todos los intereses en cuanto al tema de la CELAC y los sectores políticos más reaccionarios miran como un objetivo que ese foro fracase. Les interesa presentar ante la CELAC un gobierno debilitado, sin arraigo popular y con escasa capacidad de maniobra de cara los acuerdos que se alcancen.
En toda esta ofensiva, sorprende el papel que juega el Frente Amplio, que en mucho se ha prestado a estimular este escándalo prefabricado y se ha dejado arrastrar a la trampa cazabobos de las tesis eticistas. Habiendo problemas mucho más serios, como el tema del empleo, la producción, pobreza, corrupción de gobiernos anteriores, etc.; la fracción de diputados del Frente Amplio (FA) se suma al coro de las cacatúas del PLN, del PUSC y la tureca libertaria y no se da cuenta que, como se explicó, uno de los objetivos es quebrar la alianza FA-PAC. En ese sentido, el FA al defender las tesis de la oposición política de derecha cae en un serio error político. El Frente Amplio debió pasar a la ofensiva y denunciar a los sectores más reaccionarios de la fracción del PAC (Ottón Solís y su coro de cacatúas) de claros y abiertos enemigos del gobierno y fortalecer las alianzas con los sectores más avanzados de ese partido.
No se mal entienda, no estamos justificando la acción del ex viceministro de la Presidencia, él es ex militante del PLN, llevado a ese puesto por el Presidente, así que no debe extrañarse de esas prácticas tan comunes del viejo bipartidismo (PLN/PUSC). Lo que nos extraña es que el Frente Amplio lejos de desmarcarse y hacer un mínimo análisis de las condiciones políticas en las que se da el “escándalo” y abrir un flanco de denuncia contra los que han usurpado y entregado este país, especialmente el Partido Liquidación Nacional, terminan legitimando una maniobra y sumándose a un claro proceso de desestabilización.
Dicho proceso de desestabilización que inició con el tema del ofrecimiento de una embajada a la Procuradora General ya se conoce cuando comenzó y quiénes lo armaron; el mismo tiene su propia dinámica y puede conllevar a consecuencias impredecibles y los que iniciaron este proceso y quienes se prestaron a este peligroso juego, tendrán que asumir las responsabilidades y las consecuencias.
Enviado a SURCOS Digital por Comisión Nacional de Enlace.
En los últimos días de octubre, La Nación publicó algunas notas donde hacía referencia a la presunta ruptura –o cuanto menos alejamiento- entre el gobierno de Luis Guillermo Solís y los sindicatos. Por esas mismas fechas el presidente andaba por Canadá en otro “viaje de negocios”, muy en la usanza que se ha hecho familiar en Costa Rica, cuyos primeros mandatarios –y mandataria- se han convertido en una especie de agentes de venta dedicados 24/7 a mercadear al país ante posibles inversores extranjeros. El periplo canadiense de don Luis Guillermo coincidió con la convocatoria de huelga por parte del sindicato de JAPDEVA y todo el despliegue policial comandado por el señor ministro de Seguridad y la acción rompe-huelgas de la señora presidenta ejecutiva de JAPDEVA que, como es bien sabido, han sido las respuestas oficiales ante el movimiento huelguístico. Tanto el viaje del presidente como estas reacciones ante la huelga han gozado del más entusiasta apoyo por parte de la prensa comercial, las cámaras empresariales y las élites políticas. Igualmente don Luis Guillermo y su gobierno ha recibido los más cálidos parabienes por parte de esos sectores del poder con motivo de su “firme negativa” a renegociar la cláusula 9.1 –que concede un privilegio monopólico- del contrato con la transnacional holandesa APM Terminals en relación con la concesión de los puertos del Caribe. Se comprende, pues, cuán oportuna –y acaso acertada- resultaba la nota de La Nación sobre el aparente alejamiento entre gobierno y sindicatos
Las semanas previas a los acontecimientos que acabo de reseñar fueron de acaloradísimo debate legislativo en relación con el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno. Bajo el enérgico liderazgo de Ottón Solís, esa propuesta presupuestaria ha sido espulgada de la forma más meticulosa e implacable de que se tiene memoria desde la Edad de Piedra. Tijeras, machetes y hachas pasaron a ser las herramientas que brillaban -amenazadoras y sedientas de sangre- sobre las curules diputadiles, en lo que pareciera ser una competencia por ver quién lograba infligir una mutilación más grotesca al presupuesto. Aunque, como es obvio, uno solo ha sido el campeón indisputable en este torneo: el señor Ottón, desde luego.
La “operación recorte” aplicada en el ámbito legislativo -con pleno respaldo empresarial y mediático- ha tenido, según interpreto, una finalidad principalmente disciplinante. Como a la vieja usanza: al mocosito pizpireto y tequioso se le da su buena zurra para que “tenga fundamento” y no ande por ahí causando estropicios.
Pues el caso es que don Luis Guillermo y su equipo ministerial se lanzaron a la aventura de transfundirle un poquito de sangre a instituciones o programadas hace largo tiempo desahuciados por los sucesivos gobiernos del bipartidismo PUSC-PLN. Parece que ese fue, entre otros, uno de los factores que han contribuido a elevar el déficit fiscal previsto para el año venidero aunque no, ni de lejos, el principal (innegablemente el efecto mayor proviene de vencimientos de deuda pública que tienen lugar en 2015).
Se me hace que, pensando en su promesa electoral de “cambio”, el presidente intentó honrar el compromiso de ese modo. Acaso bien intencionadamente –y con su dosis de ingenuidad- se pensó que ésa sería la vía de menor resistencia relativa. Porque la otra opción –la opción heavy- de cuestionamiento a la ya rancia y tradicional estrategia económica neoliberal y propuesta de una reorientación más o menos significativa, es algo que el gobierno ni tan siquiera ha insinuado. Todo lo contrario, puesto que el propio presidente se ha esmerado por dar cumplidas muestras de que su propósito es mantener incólumes los pilares centrales que sostienen esa estrategia.
Mi hipótesis, pues, es que se intentó tomar un atajo: tratar de hacerle algunos remiendos a la casa por medio de un pequeño fortalecimiento presupuestario a favor de las viejas –y hoy ya destartaladas- instituciones del Estado social y desarrollista. Que de lograrse tal cosa, don Luis Guillermo creía que podría haber rajado ante el país diciendo que estaba “cumpliendo” con su promesa de cambio.
Pues no. El carajillo estaba que babeaba con su helado a punto del primer chupetazo cuando llega Ottón Solís –y a su lado la UCCAEP, la prensa comercial y el resto de las élites políticas (con la excepción del Frente Amplio)- y de un solo manotazo se lo arrebatan.
(“Pues que se ha creído el mocoso este ¿que nos iba a vacilar con su piñatita presupuestaria? JAMÁS»).
A don Luis Guillermo y su gobierno se les ha aplicado –por interpósita mano de don Ottón- un severo escarmiento. La brutal ofensiva desatada contra el presupuesto ha sido una llamada de atención rotunda y sin contemplaciones.
Y, por ahora, parece que el presidente y su gente han entendido el mensaje y están en proceso de asimilar la lección. No tanto lo del business travelpor tierras canadienses, el cual ya había tenido sus antecedentes, acorde con el interés por darle continuidad a la política económica vigente. La cuestión se observa más bien en relación con la “firmeza” de que se hace gala en procura de preservar la inmaculada y virginal concepción de la seguridad jurídica de los inversores extranjeros (caso APM Terminals), la igualmente indómita perseverancia con que se busca reprimir y satanizar la huelga de los trabajadores y trabajadoras de JAPDEVA y, como coronación de tan singular gesta, en relación con la reciente decisión en materia salarial para el sector privado.
El gobierno parece alejarse de las “malas juntas” para, contrito y lagrimoso, entregarse al cálido regazo de las bien asentadas élites del poder económico, mediático y político cuyos intereses se juegan en la apuesta por el proyecto neoliberal. A ése tema le dediqué algún análisis en artículos previos: este es un gobierno que nació débil, dotado, asimismo, de una muy frágil constitución. Al cabo, sin embargo, ha resultado más débil de lo que ni en la peor hipótesis se lo hubiera uno imaginado. Le han dado una paliza que lo ha exhibido indefenso y acobardado ¿Tiró ya la toalla? Lamentablemente no puedo descartarlo.
