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Etiqueta: gobierno

Las encuestas y el sentido crítico

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

Hace unos días volvieron a salir encuestas de opinión sobre la labor del gobierno y la imagen del presidente Chaves, y si bien es cierto ha habido un leve descenso, en general las calificaciones altas se mantienen en favor del señor Chaves Robles.

Lo que me llamó la atención sobre las informaciones de dichas encuestas fueron los titulares que se utilizaron en algunos medios de información, -de los pocos que se refirieron a esas encuestas-, y es que el titular de la noticia pretendía dar una justificación sobre esas calificaciones, pero con el propósito de descalificarlas. Por ejemplo: “la mayoría de las opiniones es de gente de baja escolaridad”, “se reducen altas calificaciones al gobierno y a Chaves”, “a quienes les gusta Chaves son los que tienen actitudes dictatoriales o de violencia”; sin embargo, a la hora de leer la noticia y ver las calificaciones, no coinciden con lo que el titular indica.

Hay muchos sectores que no han soportado y no soportan que se den esas calificaciones y abogan, de muchas formas para que las mismas caigan, máxime cuando nos acercamos a un año de gobierno y el fenómeno de esas calificaciones nunca se había dado. Para esos sectores, eso no lo quieren y pareciera que incluso desean que le vaya muy mal al presiente y al gobierno, sin tomar en cuenta que ese ir mal nos sucederá a todos.

No todo ha sido color de rosa, y no todo ha sido lo que esperábamos, pero que ha habido cambios y que el modo de gobernar es diferente, es evidente y quizá eso haya ayudado.

Otro titular muy simpático fue el de: “Rodrigo Chaves el segundo más popular pero muy distante de Nayib Bukele”. Como si con eso se descalifica su popularidad en Costa Rica. La realidad es una y tanto Chaves como el gobierno han tenido el favor de la opinión pública.

Soy del criterio de que entre mejor hagan las cosas mejor para todos incluidos quienes aún no soportan el dolor de una derrota y no desean lo mejor para Chaves y por ende lo mejor para el país.

Dios quiera que en el futuro tanto el presidente como el gobierno hagan un excelente trabajo. Que enfrente con hidalguía y coraje la corrupción y que hagan lo necesario para que mejoren las condiciones de vida de los costarricenses, en general.

“El gobierno debe impulsar el bienestar”

Escrito en . Publicado en Derechos.

En una reciente entrevista realizada a Miguel Sobrado para el Canal 13, el tema sobre las responsabilidades del gobierno sobresalió en la agenda, ya que como bien afirma el entrevistado “el artículo 50 de la Constitución de la República dice que el Estado promoverá el bienestar impulsando la producción y la buena repartición de la riqueza armonía”. 

Aunque bien se apela a la cultura costarricense para la recepción y adaptación al cambio, ya que si bien desde la institucionalidad debe haber una actitud hacia la reducción de la exclusión y márgenes de desigualdad, es necesario considerar la reacción de la ciudadanía para así acertar con las estrategias que se pretenden poner en práctica en los espacios de socialización ciudadana e institucional.

 

Compartido con SURCOS por Miguel Sobrado.

A propósito del tema de las políticas públicas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Eugenio Jiménez H.
eugenionotifica@hotmail.com

Estimamos pertinente, la invitación que hace don Alberto Salom Echeverría al debate, relacionado este, con el tema de las políticas públicas, en razón a una reciente publicación de SURCOS del 20 de enero del 2023, misma en la que nos vincula con su experiencia académica, aprendizaje y arrestos que le fueron procurados, en un evento de estudio denominado: teoría del Gobierno y las políticas Públicas, según nos informa.

Precisamente, – tal y como lo deja ver don Alberto- se trata de un tema tan apasionante como desconocido, y, a nuestro juicio, no solo en el ámbito académico si no, lo que resulta peor, en el ejercicio del gobierno de las distintas administraciones públicas que se han turnado en nuestra vida institucional, esto, a través de muchas décadas. En especial, hacemos referencia, a lo que parece ser una deliberada actitud de asumir la construcción y el diseño de la política pública, como algo ignoto, una “tarea sagrada” reservada para expertos, en la que sólo ellos, son los llamados a elaborarla y proponerla.

Ningún gobierno, como tampoco ningún partido político hasta la fecha, ha intentado forjar una escuela de formación de cuadros especializados en el diseño y construcción de la política pública. Las universidades en general carecen, en sus academias de ciencias sociales, de programas que procuren un mediano dominio de sus educandos relacionado con el tema. Esto tiene que ver, sin lugar a duda con la deficitaria productividad de muchas de las políticas públicas emanadas en distintas administraciones.

Precisamente, queriendo contribuir con el estudio de tan intricado asunto, en mi tesis de graduación de la Maestría de Estudio de la Violencia Social y Familiar, UNED ( 2015 ), denominada: “La Perspectiva de Género en la Política Pública dirigida al Combate de la Violencia Masculina contra las Mujeres, 2008- 2013”; me di a la tarea de hacerlo sobre el estado de situación de la política pública dirigida a la erradicación del flagelo de la violencia ejercida del hombre contra la mujer, en el período:  2008 -2013- en C.R.

En síntesis, un tema que invitó a plantearse y a intentar evaluar, acerca de los esfuerzos sociales invertidos, en la <<de construcción>> del modelo patriarcal, esto, en una de sus más abyectas expresiones: la violencia de género ejercida en contra de la mujer. El abuso y el exterminio de la mujer, por su sola condición de ser mujer. Ya habían transcurrido aproximadamente ocho lustros, desde la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (México, 1975) de donde surgió el compromiso de que los gobiernos debían construir mecanismos internos para mejorar la situación de las mujeres. Costa Rica ha sido un Estado suscriptor de todas las Conferencias y Tratados sobre la condición de la mujer. El Consejo de Europa (1990 elaboró herramientas teórico-metodológicas para implementar la institucionalización de la perspectiva de género y, las presentó en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en Beijing. A partir de entonces, ciento ochenta y un Estados miembros de la ONU se comprometieron a integrarla en sus leyes, planes, programas y políticas. Esto significa, que los servidores públicos, están obligados a incorporar la perspectiva de género en todo lo que hacen en su condición de funcionarios. La cuestión más importante en este sentido es la especificidad del compromiso del Estado costarricense, como contra parte de la Convención -de incluir la perspectiva de género en todas sus políticas a partir de la ratificación de la Convención de Beijing, por ejemplo: Objetivo estratégico H.2. Integrar perspectivas de género en las legislaciones, políticas, programas y proyectos estatales. Objetivo estratégico F.6. Se propone fomentar la armonización de las responsabilidades de las mujeres y los hombres en lo que respecta al trabajo y la familia. Objetivo estratégico D.1. Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer. Destacando en el punto g), en cuanto a “Promover la integración activa y visible de una perspectiva basada en el género en todas las políticas y programas en materia de violencia contra la mujer; En el punto “k) Adoptar todas las medidas necesarias, especialmente en el ámbito de la enseñanza, para modificar los modelos de conducta sociales y culturales de la mujer y el hombre (p. 3)

Como consecuencia, se observa que, la incorporación del enfoque o perspectiva de género en la formulación, y por ende en la ejecución, de las políticas públicas, demandará un amplio y sostenido esfuerzo social que debe articularse de manera estratégica.

Pero, en la primera fase de inmersión de la citada investigación y, sobre todo, viviendo en esos momentos la sociedad costarricense un crecimiento del flagelo, en especial del femicidio, nos encontramos en esa primera fase, con respuestas públicas escasas y de corta visión, en especial, la producción de legislaciones de corte represivo y, respuestas a medias ante a una realidad que exigía – tal como hoy – ir más allá: remover patrones culturales, según las demandas del Orden Internacional como norte de una respuesta necesaria, tal y como se señaló líneas atrás.

Ese estado de la situación nos llevó a preguntarnos sobre el diseño y la naturaleza de la política pública en C.R. para enfrentar el flagelo de la opresión contra la mujer y nos dotamos de una agenda muy básica, consistente en: 1) Necesidad de un concepto de lo que debe entenderse por P.P. 2) Formulación metodológica. 3) Eficacia 4) Evaluación. ¿Qué clase de política pública disponía el Estado costarricense, hasta ese momento, después de varias décadas transcurridas de los compromisos adquiridos en el orden internacional? El reto, no era letra menor. Sobre todo, porque tal y como lo plantea El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, México, (INAPAM, 2011)  “La institucionalización del género en las políticas, requiere la adopción de una variedad de estrategias, desde la igualdad de oportunidades a las acciones afirmativas, a la transversalidad y a otros instrumentos, todas regidas por una amplia noción de igualdad que combata explícitamente las causas múltiples y entretejidas que producen y reproducen la desigualdad de género (p.1)”

En sus observaciones, dicha institución observa requisitos básicos y favorables para institucionalizar la perspectiva de género, en la medida que se quiera una correcta implementación de esas políticas y, señala al menos:

  • La voluntad política de las autoridades
  • El diagnóstico integral y profundo de las relaciones de género
  • Contar con estadísticas desagregadas por sexo e indicadores de género
  • Conocimiento de los procedimientos de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas
  • Presupuestos públicos sensibles al género

Cuatro de los citados elementos, constituyen categorías de análisis – en la investigación- que en nuestro país se debían abordar con urgencia: perspectiva género, políticas públicas, indicadores y conocimiento de la citada perspectiva por parte de los funcionarios.

La Comunidad Europea (2008), propone por su parte una estrategia de cuatro etapas para la aplicación de la perspectiva de género en las políticas públicas, las cuales son: 1. Organización interna, 2. Aprendizaje de las diferencias, 3. evaluación de impacto del Género y 4. Rediseño de políticas.

La Comunidad Europea es muy enfática en que las acciones aisladas, las políticas aisladas no van a producir los cambios sociales y culturales necesarios para hacer efectivos los derechos de las mujeres.

Como se puede ver, la cuestión de la incorporación de la perspectiva de género es un elemento vital de la política pública moderna de todo país democrático, y se muestra tan compleja y desafiante como vital.

En la citada investigación, determinamos los elementos que pueden aplicarse como criterios específicos para comprender si una producción normativa nacional, llámese política, ley, reglamento, directriz o programa, contiene, está sustentado, y ha integrado a plenitud y de manera concreta y formal, la perspectiva de género. Esta determinación, se basó en mucho de lo expuesto y analizado por las diferentes fuentes de autoras feministas; también de la Comunidad Europea y de los avances del INAPAM en México, entre otros.

En esa primera fase, consistente en el análisis del estado de situación en C.R. pudimos concluir (2015), que, entre la lista propuesta por INAPAM, de sus siete requisitos, en C.R. existían serias fallas en cuanto al menos cinco de ellos: Voluntad política, estadísticas desagregadas por sexo e indicadores de género, conocimiento de los procedimientos de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas,  presupuestos públicos sensibles al género  y  recursos humanos coordinados y formados en género (Fuente: entrevista con jerarcas institucionales y miembros de ONG`S) 

El Concepto de política pública.

En un primer avance de la investigación sobre el tema en cuestión, concluimos acerca de la necesidad de que el Estado costarricense proporcione al conjunto de sus servidores y, en especial a sus jerarcas, conocimiento suficiente sobre un concepto apropiado y comparable de lo que en Costa Rica podríamos entender como PP.  Esto porque, la construcción y diseño de PP no es igual en todos los países. Primero que todo, porque se trata de una categoría propia y acuñada en los países de corte democrático institucional, en especial, con una raigambre social de derecho en su ordenamiento jurídico. Como punto de partida, creímos necesario, recurrir a la historia institucional, a la forma en que se han convenido y procurado las construcciones institucionales, lo que permitiría arribar a un concepto de PP como facilitador para la comprensión y resolución del conflicto social del cargo. De esa manera, con conocimiento de nuestro andamiaje institucional, podemos también con mayor claridad, incorporar y comprender los aportes teórico-sociológicos que, sobre el tema, distintas corrientes del pensamiento vienen contribuyendo. Sin eximirnos por supuesto, del deber de construir nuestra propia teoría.

Y, sobre este último aspecto, se hace – en dicha investigación – una sintética y rica exposición sobre los distintos aportes de figuras prominentes. Así por ejemplo, Mény y Thoenig (1989), Lehera (2004:7) Lindblom (1959), quien  señala, que los objetivos sociales no siempre tienen el mismo valor relativo, pues uno de ellos puede ser altamente valorado en una circunstancia y tener un valor nulo ante otra, y que  no es posible la jerarquización de los objetivos, pues normalmente el administrador debe elegir entre políticas que combinan los valores asociados de distinta manera. Denominando su postura como incrementa lista. Siendo el fundador, de lo que se conoce como el “método de las comparaciones limitadas sucesivas”, Incremental ismo o análisis incremental, mediante el cual la política pública se crea y se modifica paso a paso.

De esa manera, son muchas las concepciones teórico-metodológicas, que las ciencias sociales han aportado acerca del trasunto. Y no se trata en este documento de ser exhaustivos al respecto, interesa más bien explicar nuestra posición de frente al constructo de la PP, que fue lo que de una u otra forma nos invita don Alberto en su artículo, según lo entendimos. Quien tenga el interés en ahondar sobre la temática metodológica, puede consultar mi investigación en la UNED, directamente.

En esa primera aproximación concluimos que, una realidad política pluralista y democrática impone, sin mayor problema intelectivo, una vocación de ajuste y articulación negociadora, mediante la cual se posibilita a los actores sociales involucrados alcanzar – tras el objetivo común – diferenciados niveles de compromiso. Si bien es cierto que, en última instancia tocará al administrador público tomar la decisión final, este debe convenientemente haber agotado el máximo intercambio dialógico con los sectores sociales involucrados. Y, como cuestión metodológica, concluimos también que, el análisis incremental, resulta ser, un procedimiento idóneo en materia de política pública de género, y más en concreto, para el abordaje de la violencia masculina, en tanto los grandes marcos teóricos de esas políticas nacionales ya se encuentran debidamente construidos y vigentes, no solo se habla de la teoría  feminista histórica y acumulada sino, en especial,  de los productos alcanzados por el feminismo internacional sobre todo a partir de las conferencias y tratados suscritos sobre los temas de la mujer.

Se obtiene de allí, un andamiaje muy sólido y dinámico. Constantemente se renueva y reproduce. La comunidad Internacional no cesa en la construcción de nuevas agendas, la revisión de acuerdos y las nuevas propuestas sobre las conferencias de muchos años realizadas en el pasado y evaluadas de manera constante.

De esa manera nos permitimos arribar, a la construcción propia de un concepto de PP, el cual se fue mejorando, en el transcurso de la investigación, y que en un primer momento definimos como:

“Una decisión del Poder Ejecutivo en materia de gobierno, que busca la construcción de respuestas a determinados problemas sociales,  que es  su interés resolver en beneficio de sectores sociales demandantes en un lugar y tiempo determinados, y que cumple con un conjunto básico de requisitos formales de carácter jurídicos y políticos.”

Necesidad y aproximación a un Concepto de política pública en Costa Rica 

Para poder desentrañar, el diseño de política pública que se ha seguido en el país, estimamos se debía considerar, sobre todo, la evolución histórica del régimen político costarricense.  El Estado nacional y las formas de gobierno que el pueblo se ha dado, a lo largo de 200 años de vida institucional, – salvo en muy escasos y breves lapsos de tiempo -siempre han estado afincadas en un régimen de carácter republicano, es decir, entendido como un régimen político asentado en una distribución democrática de poderes públicos, con competencias bien delimitadas y sancionadas por un ordenamiento jurídico constitucional.

Las corrientes doctrinarias – metodológicas, que se analizaron anteriormente y que, explican desde distintos puntos de vista, las formas en que se pueden diseñar las políticas públicas, estimamos que no están destinados a una aplicación pura y, menos aún, podrían aplicarse de manera directa a la realidad política administrativa de cada país. Ante todo, se estima, que se debe considerar en la construcción de las políticas públicas nacionales, las particularidades históricas, jurídicas y socio políticas de cada nación.

De ahí que, bien se podría afirmar que en Costa Rica como en cualquier otro país, un modelo conceptual de política pública involucra una evolución histórica e institucional, evolución en la cual, la doctrina sobre los modelos conceptuales de política pública, expresados por los distintos autores ya citados, podrían aportar de manera distinta y variada y muy probablemente, de forma combinada en mayor o menor medida, con las formas de los diseños nacionales.

Esto, porque se considera que los componentes de cada modelo teórico no resultan ajenos a las realidades socio políticas, en la medida en que estas son realidades cambiantes y, en esos cambios los aportes doctrinarios bien pueden convertirse en insumos oportunos. No obstante, el norte lo debe dar el ordenamiento jurídico nacional a la luz de una determinada evolución política histórica e institucional en la forma de gobierno de cada nación. Sin que esto comporte una teoría jurídica acerca de la concepción de PP.

En Costa Rica quizá, no se encuentra sistematizada, de manera unificada una conceptualización acerca del diseño y naturaleza de las políticas públicas, pero sí se pueden encontrar voces autorizadas que han venido construyendo pensamiento en esa materia de suyo compleja. Así, entre otros, el Dr. Johnny Meoño Segura, (2014), quien ha dedicado gran tiempo de su actividad intelectual a aportar al esclarecimiento institucional nacional en múltiples aspectos, y,  en cuanto a la política pública expresa lo siguiente:

“En Costa Rica no ha habido un modelo o un patrón o parámetro incidente – por así decirlo – que concilie el modelo país estatuido en la Constitución Política, tanto en lo económico como en lo social y en su control político superior, con las claras y determinativas enunciaciones jurídicas. Más bien en punto a derechos de los habitantes y competencias de conducción, el sistema se orientará a un abordaje integralista o comprensivo, no incrementalista, de las políticas públicas o gubernativas para el desarrollo global del país.”

Agrega además Meoño (2014) que, “las competencias bien delimitadas, en la práctica, no han sido ni percibidas ni aplicadas por ningún gobernante ni por los cuadros tecnocráticos de MIDEPLAN -órgano movilizador de todo un ambicioso sistema de planificación nacional- ni de ministerios ni de entes autónomos para «bajar a tierra» – de manera unitaria e integrada –   los derechos constitucionales de los habitante que han sido plasmados visionariamente, en leyes muy buenas que los instrumentarían de manera eficaz.”

Y concluye Meoño (2014) en que, “ni políticos ni los funcionarios han actuado en esa dirección de abordaje global, estratégico e integral del desarrollo nacional dejando de lado el modelo claramente establecido en nuestra Constitución Política y las leyes; por el contrario, la improvisación en su manejo ha sido lo común sin que nadie más parezca darse cuenta de ello y del impacto negativo que ello ha tenido para el desarrollo nacional. (M. Segura, comunicación personal, 10 de junio de 2014).

Ahora bien, se considera importante acotar al análisis de Meoño (2014), la particularidad histórica en Costa Rica, consistente en una marcada cultura jurídica que igualmente, debe ser considerada como acerbo distintivo y particular en la elaboración de las políticas públicas. Esto es así desde que el ordenamiento jurídico nacional deviene de un largo proceso institucional y democrático, que ha obligado al Estado nacional a dotarse de un sistema jurídico y político sólidamente equipado, con instrumentos claramente dirigidos al control de legalidad y de eficiencia de la administración pública.

De esa manera y, considerando lo expresado por el Dr. Meoño Segura, (2014), se hace necesario señalar entonces que, la formulación de las políticas públicas en el país, tienen una competencia de origen bien delimitada, en tanto, corresponde por excelencia al Poder Ejecutivo su producción. El Poder ejecutivo en el país es el que de conformidad con la Constitución Política (en adelante CP) y la Ley General de Administración Pública (en adelante LGAP) lo compone el presidente de la República y el ministro del ramo (Art. 140, constitucional y arts. 21, 26.b, 27.1, 98, 99 y 100 de la LGAP).

Por eso, resulta lógico derivar que, la política pública concierne a la política gubernativa derivada de la potestad de imperio, es decir, tiene una raigambre muy específica en cuanto se propone hacer posible la gestión de gobierno; legitimando a la autoridad formalmente constituida, para la regulación y dirección de las instituciones públicas en determinado rumbo de gobierno.

Es precisamente esa capacidad de dirección gubernamental, la que se encuentra respaldada por el andamiaje normativo que se ha citado, el que permite esa dirección llamada a ordenar la actividad de los entes – no los actos – en el ejercicio de sus competencias para desarrollar y prestar servicios y disponer de bienes en abono a los derechos constitucionales del habitante. Se busca centralizar y articular un plan de gobierno, en aras de la gobernanza, entendida en el mejor sentido como un Estado nacional eficiente y democrático.

Esto, tiene que hacerlo el Poder Ejecutivo ordenando la actividad de tales entes, – no sus actos – imponiéndoles metas, programa, planes, medios y recursos (LGAP, art. 98). Es por lo tanto materia de gobierno. La especificidad, es un principio que debe regir y ser cumplido en el diseño de toda política pública en Costa Rica, para Meoño (2014), esa especificidad se da en dos niveles:

“i.- De mayor nivel o macro generales, que comprende aquellas políticas que emanan del presidente de la república. (Vía directrices al conjunto de la institucionalidad pública bajo su mando político, según LGAP art. 26.b).

ii.- Sectoriales o de menor especificidad, son las que emanan del presidente, juntamente con el ministro pertinente, encaminadas a instrumentalizar esos derechos constitucionales y las leyes que los perfeccionan o reglamentan, y que deben recaer sobre las respectivas carteras ministeriales como tales además de   las Instituciones autónomas que conforman la administración pública organizada por sectores o «ramos» de actividad (M. Segura, comunicación personal, 10 de junio de 2014)”.

De esta manera, los entes que componen la administración del Estado y los ciudadanos estarán sujetos a las políticas gubernativas emitidas, según el rango de su especificidad: por vía presidencial, preferentemente en un plan nacional de desarrollo formalmente promulgado, o bien, mediante, decreto ejecutivo (presidencia y ministro) que instrumenta específicamente las leyes orgánicas de cada Cartera ministerial y los entes y personas o habitantes que estas delimitan en su texto.

O también, a través de directrices que son las ordenanzas que el Poder Ejecutivo puede emitir a las Instituciones públicas para ordenar sus actividades, no sus actos, mediante metas y tipos de medios, o sea políticas del mayor nivel de detalle y ordenamiento, en todos aquellos campos del quehacer institucional en cuanto a emisión de regulaciones institucionales y prestación de bienes y servicios, que no puedan ser directamente ordenados o regulados vía decreto ejecutivo.

El ordenamiento de la actividad gubernamental requiere de una “rectoría o dirección” emanada desde los más altos niveles de la administración del Estado, que debe estar debidamente normada y arreglada a derecho. Sin una disposición así, el ejercicio democrático del gobierno y sus decisiones legítimas no serían posibles, en nuestro país.

El numeral 140 inc. 3 y 8) constitucional, así como los artículos 26,27, 98,99 y 100, de la LGAP son los que en el país le dan contenido legítimo a la dirección gubernativa o rectoría general, de la que se habla. No se busca sino, maximizar y asegurar las mayores capacidades regulatorias a las que está sujeta la actividad de las instituciones públicas, con el propósito de optimizar la satisfacción de derechos y necesidades de la ciudadanía, para lo cual fueron creadas, así en relación con sus:  fines, metas, instrumentos y recursos.

Para Meoño (2014) a manera concluyente, esto no se ha entendido aún, y por ello, los gobiernos han incurrido en constantes improvisaciones, señalando que, más bien han generado ineficacia, corrupción y clientelismo político-electoral además de amiguismo, sin llegar a alcanzar la Administración Pública como tal esos niveles de eficacia sociopolítica y administrativa prevista por los Constituyentes de 1949 y, más aún, por quienes reformaron ese artículo 188 en 1968. En su lugar, se dieron las disfuncionales leyes 4-3 de juntas directivas de entes autónomos (en 1970) y el régimen de presidencias ejecutivas en (1974), sin que los gobernantes se hayan preocupado -y menos la opinión pública, académicos, analistas y partidos políticos- de contrapesar esos regímenes clientelares e invidentes de esa necesaria autonomía administrativa de los entes descentralizados, despreciando las competencias ordenadoras en apoyo a la labor del Presidente de turno, que las leyes 5525 de planificación nacional de 1974 y la LGAP de 1978, vinieron a aportar (M. Segura, comunicación personal, 10 de junio de 2014).

Como se aprecia, para  Meoño  (2014),  la noción de política pública en Costa Rica,  solo es posible entenderla en el ámbito de las competencias del Poder Ejecutivo,  relacionada directamente con  la manifestación específica, concreta y orientadora, además de articuladora, de la competencia de  dirección o gobierno, cuyo norte se dirige al ordenamiento de las actividades de las instituciones vía imposición de metas y tipos de medios que, permitan instrumentar los alcances del artículo 140 inc. 3) Constitucional sobre – «ejecución exacta» – de Las leyes, y el inciso 8) sobre «el buen funcionamiento» de los servicios y dependencias administrativas.

Expuesto lo anterior se puede concluir, conforme el criterio de Meoño (2014) que, para la formulación de una política pública en Costa Rica, al menos deben concurrir los siguientes criterios que son de orden jurídico y político:

1.- Ser una decisión

2.- Provenir del Poder ejecutivo

3.- Ser explícita, formulada por escrito y verificable en su existencia.

4.- Ser emitida en la forma de un decreto, directriz, o un reglamento a una ley. Esto implica que, el Poder Ejecutivo interpreta, conforme a sus propósitos de gobierno, el cómo se debe aplicar esa ley; lo que a su vez explica que, la ley en sí misma no es política pública.

5.- Toda política pública está orientada a la satisfacción de una necesidad o hacer vigente un derecho (Principio de Especificidad).

6.- Incluye objetivos, metas, medios (presupuestos y recursos) e instrumentos.

7.- Dirige el funcionamiento de las instituciones en relación con los fines del gobierno.

8. Debe responder a un programa de Gobierno concreto que les provee de sentido y articulación con el conjunto de la institucionalidad.

Otros autores son del criterio de que, además, en las políticas públicas deben contemplarse otros aspectos, tales como:

9.- Establecer plazos que van más allá de los periodos de gobierno.

10.- Incorporar mecanismos de evaluación.

11.- Establecer obligatoriedad de rendición de cuentas.

12.- Incorporar mecanismos de revisión cíclica con el fin de realizar ajustes periódicamente, en la medida en que, las evaluaciones muestren cambios en la realidad que se desea modificar o bien, en los casos en que se detecten insuficiencias.

13.- Elaborarse de conformidad con un esquema técnico estandarizado, con fases bien delimitadas de: formulación, implementación, ejecución, evaluación y ajustes.

Conforme  lo observado, las políticas públicas  deberían corresponder a expresiones de liderazgo y rectoría muy concretos por parte del poder  ejecutivo tanto en el ámbito global del país, como en el sectorial y, muy importante, en su ejecución regional o territorial, pues las mismas políticas gubernativas deben desagregarse o realimentarse de las distintas realidades territoriales nacionales y, finalmente, en el ámbito propio de instituciones públicas que son las que en primera y última instancia, han sido creadas por vía de ley para llevar a la población los beneficios o impactos precisos de esos derechos constitucionales, sea vía prestación de bienes y servicios o de ejercitación de regulaciones del comportamiento del habitante. Al respecto, Lehera (2004) señala: “Las políticas públicas de excelencia tienen características que favorecen una mejor discusión política; la principal es que son comparables formalmente: Ellas son un marco, una estructura procesal que permite la especificación de las intenciones u objetivos que se desprenden de la agenda pública (p.7).”

Partiendo de los aportes de los autores antes examinados, sumando además el propósito de la investigación, como conceptualización propia acuñada en ese trabajo, se produjo finalmente un concepto de política pública, más acabado que dice:

“Es una decisión del Poder Ejecutivo en materia de gobierno. Busca la construcción de respuestas a determinados problemas sociales que son su interés resolver en beneficio de sectores sociales demandantes o no, en un lugar y tiempo determinados. Debe cumplir además con una serie de requisitos jurídico- políticos y técnicos formales, por lo que ha que ha de formularse de manera explícita y muy concreta, e incorporando la perspectiva de género (Elaboración conceptual propia a partir de los diferentes autores citados, con acopio de los aportes de la intelectualidad feminista y sus logros alcanzados con las demandas internacionales ya examinadas).”

Finalmente, la investigación permitió construir una tabla, en la cual se formulan los requisitos sustanciales que creemos, que en nuestro país deben cumplirse para el diseño y formalización de las políticas públicas. Dicho instrumento – que no pretende ser definitorio – fue avalado, por el experto Meoño Segura, como un instrumento efectivo para la formación académica y, para los funcionarios públicos, en la tarea concerniente, al estudio e implementación de la política pública. Acerca de las deficiencias que al momento de la investigación se detectaron en políticas públicas, en especial de género Y violencia en contra de la mujer, y, respecto al aporte del instrumento creado para el servicio analítico académico e institucional, que podría contribuir a determinar la construcción en nuestro país de una correcta política pública, por lo extenso del tema, remitimos a nuestra investigación radicada en la UNED. Esperamos haber alcanzado la altura que marca don Alberto, en su sugestiva intervención. Gracias.

UNDECA denuncia y rechaza golpe a la autonomía de la CCSS

Escrito en . Publicado en Trabajo.

COMUNICADO 9 de febrero, 2023.


  • Nombramiento del Poder Ejecutivo es ilegal.

El inconstitucional accionar del Gobierno ayer miércoles, de nombrar a un “representante” sindical, al margen de la decisión democrática y legal del movimiento sindical de ratificar el pasado 21 de enero a Martha Rodríguez González, evidenció el autoritarismo con el que el presidente Chaves violenta la autonomía de la CCSS.

Sobre la ratificación de la compañera Martha Rodríguez, seguimos esperando respuesta del presidente y el Consejo de Gobierno, a quienes se les hizo llegar toda la documentación apegados a los lineamientos que para tal efecto se advierten en la Ley Constitutiva de la CCSS.

Requisitos que, por cierto, le estaremos solicitando al Consejo de Gobierno a fin de que se le demuestre a los costarricenses, si fueron tomados en cuenta para el “nombramiento” del señor José Luis Castro Vásquez anunciada ayer, y del cual, desconocemos su procedencia y los detalles de la Asamblea sindical que tuvo que haberse realizado para su nombramiento…

Rechazamos categóricamente estas acciones.

Esta violación constitucional representa para la CCSS, para la institucionalidad y para la seguridad social un grave retroceso y golpe, que UNDECA rechaza y denunciará ante toda instancia.

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Las políticas públicas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Un Marco de Interpretación de la Política en Acción

Una introducción, en verdad necesaria.

Desde que incursioné a hacer estudios de posgrado en la Universidad de Costa Rica, y matriculé en Gobierno y Políticas Públicas, un posgrado regentado por las escuelas de Ciencias Políticas y Administración Pública, me sentí gratamente atraído por una buena parte de la teoría, ya por entonces abundante sobre el Gobierno y Las Políticas Públicas. Mis profes fueron excelentes y exigentes con todo el grupo de estudiantes, todas las personas muy disciplinadas y con buen nivel académico. No estoy hablando de mí, porque no suelo autocalificarme. Por cierto, desde este ensayo le mando un abrazo afectuoso de agradecimiento imperecedero a todas las personas académicas con las que tuve contacto durante los estudios de posgrado, pero hoy especialmente rindo tributo a dos excelentes profesores que lamentablemente fallecieron: uno de ellos el Dr. Luis Garita, fue Rector de la UCR, fue mi tutor de la tesis, quien murió trágicamente en un accidente. Lo sentí en el alma. El otro el Dr. Roger Chunrside, de gran calado teórico también. Los quise mucho.

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¿Por qué me sentí tan atraído por la teoría del Gobierno y las políticas Públicas? Aquí empieza mi propio marco interpretativo, el cual es de mi única responsabilidad. Eximo a todo el elenco de profesores de lo que yo haya dicho, o de lo que escriba en adelante. Pero eso es lógico, cuando uno se gradúa, como se lo dije siempre a mis estudiantes de la Universidad Nacional, adquiere su propia personalidad académica, por así decirlo. Al menos esa debe ser la pretensión. Si la carrera seguida fue buena, nada puede honrar más al profesorado y a la misma disciplina científica (en este caso interdisciplina; a eso voy), que cada graduando adquiera su propio criterio, no solo frente a quienes fueron sus maestros, sino también ante los teóricos. Respeto irrestricto por todas las personas concernidas en la disciplina, la interdisciplina o en las diversas corrientes de la multidisciplinariedad; justamente por ello, la independencia de criterio que se haya logrado adquirir, es lo que le da más realce y mérito a todo el elenco académico y a la misma teoría. En este sentido, cada cual se hace cargo de su propia formación. Insisto, la independencia de cada graduando es el punto más alto al que se puede aspirar. Así entiendo la academia universitaria y de ese modo la traté de difundir, ya como académico, ya como rector de la UNA.

¿Qué fue lo que más me hechizó del estudio del Gobierno y las Políticas Públicas?

Primero: No se trata de una disciplina, como lo es la Ciencia Política, la Sociología, la Economía, la Administración Pública o el Derecho. Me encontré ante la confluencia de varias disciplinas, cuando menos de las ciencias sociales. Las citadas, insoslayablemente están implicadas. Por eso se trata, sin lugar a duda, de un esfuerzo multidisciplinar o quizás interdisciplinar. Conste, según mi criterio, ninguna de las disciplinas que concurren desaparece. Todo lo contrario, para que haya verdaderamente interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y pueda llegarse inclusive a la transdisciplinariedad, el requisito es que cada disciplina mantenga y cultive su vigor, su propio ámbito de conocimiento. Pero, obviamente debe producirse fruto de la concurrencia de varias disciplinas, hasta que aparezca un área común entre todas ellas con respecto a la realidad social. En este caso, la realidad costarricense. Deseo recalcar por su relevancia que, el área común no puede significar oscurecimiento de las disonancias entre las diversas disciplinas, ni mucho menos, ignorancia de las decantadas diferencias entre ellas; ni siquiera es requisito que se aminoren los enfrentamientos teóricos a lo interno de cada ramal del árbol de la ciencia. Todo lo contrario, el debate más bien ha de reverdecer, porque es lo propio del saber.

No hay ciencia sin preguntas punzantes, no hay verdadero desarrollo científico, si no se resaltan las contradicciones, fruto de las diferentes maneras de apreciar y entender la realidad. La unanimidad de criterios en la búsqueda del conocimiento, como lo entiendo, es el opuesto de la ciencia. Me apresuro a aclarar que, en mi vida he buscado la conciliación (lo digo en serio, aunque algunas personas que me han visto actuar puedan creer que no es así); pero, entiendo la conciliación solamente después de que se han ventilado las divergencias, sobre la materia en cuestión, con amplitud y rigor científico. La verdad, siempre tan escurridiza, es relativa y fluye fruto de una exploración valiente de tesis contrapuestas.

Segundo: Apenas comenzando a incursionar en el tema de las políticas públicas, nos percatamos que hay dos ricas vertientes para abordar el tema, la teórica y la práctica. Joan Subirats, a quien ya citamos en el anterior ensayo, describe la relación biunívoca (de correspondencia) que se ha logrado establecer entre la teoría de las políticas públicas y su intervención en las sociedades pluralistas. Se nos aclara primero que, la política no es sólo preocupación por los mecanismos de poder y legitimidad, ni tampoco exclusivo interés por el mundo de la representación política, como lo había pregonado la disciplina de la ciencia política, cuando se ha visto influida por el racionalismo. Por esa razón, en las Políticas Públicas se trata de analizar ´la política en acción´, conectando con otras disciplinas, como se ha hecho mediante la intervención pública en sociedades pluralistas. Podríamos ahondar diciendo que para aclarar los procesos que acaecen en sociedades plurales, es menester conjuntar la perspectiva de distintas disciplinas, ya no solo, como quedó dicho, respetando las diferencias, sino más bien aprovechándolas. Un solo enfoque epistemológico no daría abasto para desentrañar todos los secretos de la intrincada realidad en estas sociedades. (Cfr. en: Lindblom, Ch. “El Proceso de Elaboración de Políticas Públicas”. Colección estudios serie de administración general, Instituto Nacional de Administración Pública Madrid. Editado y traducido por Eduardo Zapico Goñi, ministerio para las administraciones públicas, 1991).

Como puede verse hay una distancia entre el esquema racional legal, en el que opera la división de poderes, donde “unos deciden y otros ejecutan”, frente al supuesto de las políticas públicas. La diferencia estriba en que, aquí ya no solo se trata de un enfoque pluralista, sino de una realidad en la que, “…los poderes y recursos se distribuyen de manera desigual, [en donde] los procesos decisionales son … el resultado de interacciones múltiples en las que participan muchos actores (políticos electos, funcionarios de todos los niveles, pero también partidos, grupos de interés, expertos, académicos, medios de comunicación…) de manera simultánea.” (Cfr. Ibidem). Además, retengamos aquello de que se “burocratizan los procesos políticos” y se “politizan los procesos burocráticos”, y por añadidura “se socializan unos y otros”. Con frecuencia las fronteras entre la administración y la política, o más precisamente entre políticos y burócratas se tornan borrosas, se disipan y se vuelven más confusas.

Me resulta muy elocuente y, bastante coincidente con mi manera de pensar el siguiente párrafo extraído del mismo Subirats, que dice así: “Cuando hablamos, por tanto, de “Política Pública”, nos estamos refiriendo a “procesos”, “decisiones”, “resultados”; …, pero sin que ello excluya conflictos entre intereses presentes en cada momento, tensiones entre diferentes definiciones del problema a resolver, entre diferentes racionalidades organizativas y de acción, y entre diferentes baremos y perspectivas evaluadoras. -Agrega Subirats- estamos pues ante un panorama lleno de “poderes” en conflicto, enfrentándose y colaborando ante opciones y cursos de acción específicos.” (Cfr. Ibid.) Yo No hubiera podido decirlo mejor.

Como puede verse, tiende a superarse el paradigma racional-legal; se trata de un nuevo enfoque de la ciencia política que pretende abandonar la rigidez en el análisis de la realidad, alejándose del método formal-institucionalista.

Tercero: Se requiere por lo consiguiente, un enfoque mucho más flexible de la realidad social, más empírico; por eso se habla de la “política en acción”. Los líderes políticos y dirigentes de los gobiernos deben ser capaces de tener una lectura muy amplia de la vida y de la realidad de su propio país. La única fuente de donde emana el poder ya no es la de los poderes formales establecidos. Se va acabando aquello tan propio del renacimiento europeo, pero que continuó permeando la política en todas partes, incluso en las democracias occidentales, de “l´etat c´est moi”. Famosa frase atribuida al Monarca Luis XIV, pronunciada paradójicamente en su lecho de muerte, el 13 de abril de 1655, antes del surgimiento del parlamento en París, Francia. La frase pone de relieve el absolutismo monárquico. Se le atribuye también haber expresado -extraigo la frase de un relato en inglés que dice- “I die, but the state will always remain”. En traducción libre, la frase significa: “Yo muero, pero el Estado siempre permanecerá”.

Las políticas públicas también suponen en medio de toda esta realidad tan compleja, que los gobernantes se abran para aceptar y estimular la participación de la ciudadanía. Mi particular opinión es que todavía no se ha desmenuzado bien cómo, en que forma es que los diferentes sectores sociales participan, tanto en el proceso de toma de decisiones, como en la ejecución misma de estas y finalmente en la evaluación. Nada de esto es, ni debería ser del único resorte del jefe del poder ejecutivo y su equipo, suponiendo que tenga un conjunto congruente y con ideas claras y un plan de acción para enfrentar los desafíos, cosa que no siempre ocurre.

¿Cómo funciona el proceso en Costa Rica hoy? Sería bueno un rico intercambio y evaluación de lo que está ocurriendo, porque si el gobernante, las personas que fueron nombradas para comandar los ministerios, los presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas, sus diputados, embajadores, etc., carecen de cohesión y por añadidura no comprenden esta dinámica social, me temo que la van a pasar muy mal; muchos dirigentes políticos, no solo en esta administración, siguen creyendo que el ejecutivo es la única fuente de donde emanan las líneas de acción gubernamentales. El conflicto del presidente Chaves con el poder legislativo, con el judicial y con la prensa, en lugar de resolverse, parece agigantarse y prolongarse, de acuerdo con la mayoría de las fuentes de información. El presidente no ha tomado conciencia de lo grave que le puede resultar al país, sus poses demasiado verticalistas, como si le asistiera el derecho a dictar “ordenanzas” hacia los demás poderes del estado y con la prensa, en lugar de promover el diálogo constructivo.

Por otra parte, es muy grave confundir la participación ciudadana con las visitas del presidente a las localidades, donde en la mayoría de los casos, si no en la totalidad, Rodrigo Chaves se presenta como un protagonista que imparte instrucciones, pero escucha y recoge muy poco de las preocupaciones de la gente. No se ha tenido el cuidado de abrir y facilitar otros canales de acceso de la ciudadanía al ejecutivo y a sus diputados. El tema de la participación ciudadana es vital en el análisis de las políticas públicas.

Otra observación bastante delicada estriba en que, a estas alturas del gobierno, la agenda del ejecutivo no está para nada clara. Quizás a eso se deba que las distintas fuerzas organizadas de la sociedad no han encontrado cómo participar en la agenda pública; algo que desde la óptica de las políticas públicas también resulta de vital importancia. Desconcierta más bien que, el arsenal de promesas hechas por el presidente Chaves cuando era candidato a la presidencia, no solo no se han cumplido, sino que no encuentran lugar en la agenda del ejecutivo. ¿Qué pasa con la promesa de bajar el precio de las medicinas, para poner un ejemplo? ¿En qué quedó la grandilocuente promesa, formulada en el último debate con José María Figueres transmitido por Radio Monumental, de acabar con los monopolios privados? ¿Y qué hubo de su insistencia en ese mismo debate de eliminar las trabas al emprendedurismo, o a mejorar la red de transporte público, mejorar la recolección de materiales reciclables y los alcantarillados para lo cual dijo que intervendría el A y A. En el discurso de toma de posesión reiteró su oferta de emitir decretos ejecutivos para atacar el aumento del costo de la vida. ¿En qué estado se encuentra esta oferta, uno de los “leit motiv” de su campaña? (Cfr. Semanario Universidad, 29 de marzo del 2022).

Todo este conjunto de promesas incumplidas es algo grave, desde la perspectiva de las políticas públicas, puesto que no hay nada que vulnere más la institucionalidad democrática de un país, que engañar a la ciudadanía con promesas cuyo trámite en muchos casos el postulante desconocía, o el país carece de contenido económico para llevarlas a cabo.

Epílogo:

En mi concepto, no queda suficientemente esclarecido, si el arsenal de herramientas proporcionadas al análisis por las políticas públicas es aplicable solamente a lo que se llaman sociedades democráticas que, en una buena parte de los profesionales, las asemejan a las sociedades de mercado. El análisis de sociedades con gobiernos de partido único, o de regímenes políticos con un ejecutivo ampliamente preponderante, o bien bajo el mandato de un dictador, no me queda claro si en la teoría de las políticas públicas, pueden ser objeto de análisis. En el caso del eminente Charles Lindblom, solo en muy pocas ocasiones, menciona ese tipo de sociedades en el libro aquí citado. Ciertamente como lo advierte Joan Subirats, “No es quizás el libro más importante o relevante de la densa bibliografía de Lindblom, pero sí es un libro fundamental para adentrarse en una aproximación al mundo de la política que se ha revelado como muy fecunda en estos últimos treinta años” Aún más, el mismo Subirats, en la parte final de su prólogo al libro de Lindblom, afirma: “…Para mí representa un verdadero honor firmar este pequeño prólogo a este libro de Charles E. Lindblom, con el que esperamos -y esto es lo más relevante de mi argumentación- que el lector español en general, y aquellos interesados en conocer mejor el funcionamiento del sistema político pluralista y de la forma de proceder de sus administraciones públicas, encuentre elementos de reflexión y de análisis que nos permitan mejorar la capacidad de respuesta de esas administraciones en relación a las demandas sociales.” (Cfr. Id.).

En su enjundioso trabajo, Lindblom deja claro que el libro incursiona en el análisis de sociedades en las que el “juego del poder” se da en sociedades democráticas, donde hay una gran cantidad de poderes en conflicto, hay burocracia, empresa privada (y por tanto mercado) y un sinfín de otros grupos de interés. Ciertamente Lindblom aclara que, normalmente la empresa privada ostenta una posición privilegiada, concretamente en la sociedad estadounidense que es la que analiza. Personalmente añado que, en una gran parte de sociedades de este tipo, el predominio de la empresa privada en el juego del poder es mucho más preponderante de lo que generalmente se reconoce. Hasta el extremo de que los procesos electorales se ven empañados en gran cantidad de ocasiones por esta circunstancia, aun cuando los votos en las elecciones se contabilicen con competencia y probidad. De manera que la desigualdad económica y social, tan común hoy, mina la consistencia de una sociedad democrática e interfiere en el supuesto pluralismo y en su funcionamiento en general.

¿Por qué razón, me pregunto, así como lo hace cualquier otra disciplina, las políticas públicas tendrían que privarse de analizar cualquier sociedad, aún aquellas donde el mercado sea casi inexistente e impere un ejecutivo de un poder avasallador? En todas las sociedades existen poderes ocultos, que como lo adelanté, son tanto más invisibles, cuanto mayor sea su intromisión tras bambalinas en el juego democrático. Sin embargo, ahí están las políticas públicas en sociedades supuestamente plurales, desde los Estados Unidos de Trump, pasando por el Brasil de Bolsonaro, hasta la Nicaragua de Ortega que formalmente tiene mercado, empresa privada; aunque ciertamente un juego electoral bastante amañado y corrupto. Si no reconocemos los poderes ocultos que se mueven tras bambalinas, no entenderíamos cómo de la noche a la mañana a finales de la década de los ochenta del siglo XX, saltaron en pedazos las sociedades del llamado “socialismo real”, empezando por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde se suponía el poder omnímodo del ejecutivo, el ejército y del régimen de partido único. El debate apenas comienza.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Conocer los derechos para exigir transparencia y honestidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

Es sumamente lamentable cuando las personas en particular y los pueblos en general, guardan la esperanza de que sus problemas de solucionen, problemas que tienen que ver con la activación del servicio público por parte de municipalidades o del gobierno central y resulta que pasa una semana, un mes, un año y quizá hasta varios años sin que se dé tal solución.

Y lo peor es que tanto municipalidades como gobierno tienen la posibilidad de cumplir con el sueño y la ilusión de toda esa gente y simplemente no lo hace por desidia, por falta de voluntad, por impericia, por ineficiencia y en el peor de los casos porque no da réditos electorales.

También es sumamente reprochable cuando se cobran impuestos o tasas por servicios que no se brindan y a quienes más les afecta esto es a los que menos tienen y cuando se acercan a averiguar algo sobre si es factible solicitar un servicio les aparece una cuenta de muchos miles de colones que no pueden cancelar de buenas a primeras y eso sin que el servicio haya sido prestado o se ha dado en forma deficiente.

Los ciudadanos deben saber de sus derechos y toda institución dede buscar la forma de estar cercana a la ciudadanía y ayudarles a educarse sobre sus derechos. No se trata solo de ver cómo se les saca el dinero sino y especialmente cómo se brindan los servicios en forma oportuna y eficiente.

También es muy triste el ver cómo se administran los dineros públicos por parte de algunas autoridades que en muchos casos llevan a cabo contrataciones en las que no buscan el bienestar del pueblo sino su propio provecho y es cuando aparecen las famosas comisiones y pagos indebidos. Contrataciones cuyos montos se elevan considerablemente tan solo para que haya repartición. Ya hemos conocido de estos trueques y trucos y es por ello que debemos exigir transparencia y honestidad en el servicio público.

Que se dé un servicio justo y eficiente y además al costo debido.

Dios quiera que en este año electoral la ciudadanía sepa entender el poder que posee a la hora de definir a quienes les dará la confianza para administrar sus recursos y realizar las obras que se requieren. Es urgente que abran ojos y mentes y sepan elegir para su bien, de las comunidades y del país.

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Movilización masiva hacia Lima «MARCHA DE LOS 4 SUYOS» (REGIONES)

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por | 18/01/2023 | América Latina y Caribe

Fuentes: Apak TV, Perú

Desde el 11 de enero aproximadamente comenzaron las marchas desde las diferentes regiones del Perú; muchos deben hacer largas caminatas desde los pueblos más recónditos del país.

Miles personas de todo el territorio peruano realizan un viaje masivo hacia Lima, la ciudad capital del Perú, respondiendo a la convocatoria popular de la denominada “Marcha de los 4 suyos” (*), en rechazo al actual Gobierno del país, cuya política represiva contra las demandas sociales (renuncia de Dina Boluarte, renuncia del Congreso golpista, nuevas elecciones y nueva constituyente) ya apaga casi 50 vidas.

La primera «Marcha de los 4 suyos» que dio fin a la dictadura de Alberto Fujimori fue en el año 2000. Hoy esta forma de movilización adquiere vigencia ya que las fuerzas armadas, policía nacional, Tribunal Constitucional, Poder Judicial y Congreso de la República se encuentran bajo el control del fujimorismo que, según las organizaciones sociales, gobierna el Perú desde la cárcel, a través de la presidencia de Dina Boluarte, tras el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Desde el 11 de enero aproximadamente comenzaron las marchas desde las regiones provincianas del Perú, que involucran largas caminatas desde los pueblos más recónditos del país, así como movilización autogestionada en camiones, camionetas o busetas. “Desde el sábado ya empezaron a llegar en marchas de sacrificio a Lima, pasando por Miraflores, sede de entretenimiento de la clase media alta limeña, apoyados por las masas que salen a su encuentro desde los barrios populares que rodean la metrópolis limeña», nos dice José Manuel Mejía, joven investigador del Instituto de Estudios Políticos Andinos.

José Manuel nos explica que las “marchas de sacrificio” son formas de lucha que inicialmente realizaron los trabajadores mineros del centro del Perú (en su mayoría campesinos semiproletarizados), quienes tras la militarización de las minas a partir de 1989 tuvieron que movilizarse caminando hasta Lima para dar su última lucha, exigiendo el pago de sus salarios atrasados, así como el cese a la represión militarizada y criminalización de sus sindicatos.

Hoy, la masividad de la “Marcha de los 4 suyos”, ha generado alerta en el Gobierno de Dina Boluarte, quien declaró “Estado de Emergencia” en todo el país, lo que otorga autorización extraordinaria a las fuerzas armadas y policiales para usar la violencia, suspendiendo las garantías constitucionales más elementales de una democracia. Con esto, la policía y el ejército han tratado de impedir las marchas hacia Lima. Sin embargo, esta respuesta represiva no ha detenido al pueblo peruano, que continúa su avance hacia Lima, ciudad que progresivamente se convierte en el epicentro de las protestas, que se retomaron desde el 4 de enero de 2023.

José Manuel opina que, si bien la respuesta a la “Marcha de los 4 suyos” recibe apoyo espontáneo desde todos los caseríos y pueblos del Perú profundo, también es gracias al trabajo organizativo que valientemente asume la organización campesina más importante del Perú en la actualidad: la CUNARC (Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú), que agrega a las organizaciones ronderas de todo el país. Las rondas campesinas son organizaciones campesinas de base, inicialmente creadas en los años 70 para defender a los pueblos del crimen organizado, así como de la violencia política que generó la guerra interna entre 1980 y 1993, pero en la actualidad asumen también la defensa del territorio, el agua y la vida frente a la expansión de la frontera extractiva minera en los Andes peruanos.

A esto se suma la convocatoria que han realizado diversos gremios civiles de trabajadores, organizaciones políticas de izquierda como Vamos Pueblo, Unidad Patriótica, los frentes de defensa regionales y provinciales a nivel nacional, así como apoyo de artistas folclóricos como Larita Lizeth Yanarico, que se han organizado para sumar y plegarse a esta gran marcha hacia Lima. Asimismo, la participación de organizaciones estudiantiles como la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y la Federación Universitaria del Cusco, ha sido vital para sostener las movilizaciones con colectas populares, ollas comunes y puntos de acopio de donaciones de alimentos, cobijas y medicinas, para los pueblos que llegan de todo el Perú.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo remarcó que las prácticas policiales que tengan por objetivo obstaculizar o limitar el desplazamiento de personas hacia Lima se encuentran fuera del marco legal. Los asesinatos civiles provocados por estas prácticas policiales ya son cerca de 50.

La presidenta Dina Boluarte niega su responsabilidad en estas muertes y acusa a “infiltrados internacionales”. Su discurso acusa oscuramente al pueblo peruano de estarse matando: “Hoy sabemos que un tipo de armas de fuego y municiones habrían ingresado por el sur del país, esas son las que podrían haber causado la muerte de nuestros compatriotas”, dice Boluarte. Cuando los disparos desde helicópteros, el uso de armas de fuego, pistolas, metralletas, han sido la principal causa de muerte como bien ha quedado documentado y expuesto a la opinión pública nacional e internacional, no solo por redes sociales sino también desde medios de prensa alternativos y oficiales a nivel internacional.

La gran “Marcha de los 4 suyos”, cuyos ríos de gente posiblemente desemboquen en un poderoso mar limeño el 19 de enero, según la convocatoria de la CUNARC, es una demostración de la fuerza del Perú profundo, rural, campesino, trabajador, indígena, cholo, pobre, que emprende esta lucha “no para devolver la presidencia a Pedro Castillo, sino para refundar el Perú”, como lo explica nuestro compañero José Manuel Mejía, en la lectura que recomendamos en el siguiente enlace: https://www.iepa.org.pe/la-fundacion-de-la-patria-por-el-…/…

Tomado de Apak TV, página de FaceBook.

(*) Nota de Rebelión: La palabra quechua suyo significa «región». Tahua significa «cuatro». Tahuantisuyo es el nombre del territorio inca compuesto por las siguientes regiones: al noroeste, el Chinchaysuyo; al noreste, el Antisuyo; al suroeste, el Contisuyo y al sudeste, el Collasuyo.

Compartido con SURCOS por Marino Marozzi.

Imagen: https://www.clacso.org/

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Debilidad de la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

La democracia como sistema político es el más débil de todos los existentes, y esto se debe a que el mantenimiento del mismo queda a expensas de quienes ejercen el poder político y su deseo o no de mantenerlo, ya sea directa o indirectamente.

Los costarricenses nos hemos ufanado, desde hace años, de contar con la democracia más antigua de América Latina, sin embargo, hay que entender que igualmente, desde hace muchos años dejamos atrás el concepto real de la democracia representativa para tornarnos en un país electorero, y en el que el ejercicio del voto ha recorrido caminos de interés real inicialmente, con una participación ciudadana representativa, para luego, dar paso a una indiferencia que llevó al abstencionismo a ser el protagonista real, y con ello, tener como mejor representación popular a la indiferencia.

El sistema comenzó debilitando la educación para hacer crecer la pobreza y con ella tener la carnada necesaria para pescar los votos para mantenerse en el poder. Luego vinieron los Pactos para entre dos repartirse todo el pastel e irse dando campo uno al otro para ejercer ese poder sin afectar los intereses de uno y de otro, lógicamente manteniendo al máximo la ignorancia del pueblo.

Por ello, los programas educativos sufrieron poco a poco una debacle en cuanto a su contenido y capacidad para dar no solo conocimiento, sino y especialmente, actitud crítica y concierne ante el Mundo.

Eso nos ha llevado a tratar de elegir a quienes han prometido el cambio y una nueva ruta, con tan mala puntería que se han elegido a quienes se salieron de los partidos que dominaron la escena política en los últimos 70 años y por ende es seguir en lo mismo.

Además, en todas las instituciones quienes dirigen han sido en su mayoría los que fueron formados con esos criterios bipartidistas y de filiación política a ultranza que han obedecido a principios ideológicos y no a los intereses del país.

Hoy, con la pretensión de un cambio y una nueva ruta, tenemos en el poder a una persona que fue más grande que el partido político que lo proponía y que resultó electo por lo pésimo de su adversario, pero que cuyo estilo podría estar llevando esta a débil democracia por caminos muy peligrosos. Si bien es cierto que se ocupa un cambio, no es a punta de gritos y enfrentamientos con la prensa y la asamblea legislativa. La democracia se fortalece con consensos y diálogo y eso es sumamente necesario en estos momentos en el país.

Se están involucrando muchos actores, algunos cuyos antecedentes no conocemos y que por lo que se dice, poco les importa la marcha del país, si no el mejor postor, en un ambiente poco propicio para el diálogo y la cercanía para sacar a este país adelante.

Dios quiera que la cordura, la calma y el entendimiento lleguen a todos los involucrados y que esta endeble democracia se fortalezca con un diálogo fuerte y transparente, a sabiendas de que lo que más fortalecerá el sistema es tomar conciencia de lo pasajeros que son los actores y que más temprano que tarde ya no estarán y el país debe seguir adelante.

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UCR: Encuesta estudiantil analizó desde la popularidad del presidente hasta la opinión sobre el cannabis

Escrito en . Publicado en Derechos.

La estudiante de Estadística, Isaura Gutiérrez Vargas, fue la encargada de presentar los resultados sobre la aceptación o el rechazo de la legalización del cannabis para diversos usos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR,

El estudio incluyó nueve temas de interés nacional

La investigación permitió conocer el parecer de la población en áreas como política, trabajo, fútbol y derechos humanos.

La Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica presentó este miércoles 14 de diciembre los resultados de la Encuesta de Actualidades, un estudio de opinión pública que tocó una amplia gama de temas, los cuales fueron desarrollados por 47 estudiantes de tercer año de la carrera de Estadística, bajo la coordinación de la docente Fernanda Alvarado Leitón, quien también dirige las Encuestas del Consumidor.

La aplicación del cuestionario se realizó del 6 de octubre al 6 de noviembre de este año en todo el territorio nacional a un total de 1873 personas mediante llamadas a teléfonos celulares de forma aleatoria. Presenta un margen de error de ±2,3 puntos porcentuales.

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Buenos lectores y abiertos a la virtualización

El primer tema presentado fue el de los hábitos de lectura de la población. Ahí destacó que el 39,9 % de la población reportó no haber leído ningún libro en el último año. Entre quienes sí dijeron haber leído al menos uno, el promedio de lectura anual fue de 4,6 libros.

En cuanto a la virtualización del trabajo o el estudio a raíz de la pandemia, el 53,8 % dijo haber desarrollado al menos una de estas dos actividades durante la crisis sanitaria. De ese porcentaje, el 29,8 % de personas que trabajan retornó parcial o totalmente a la presencialidad, mientras que para quienes solo estudian, ese dato aumenta al 71,0 %.

Además, la muestra afirmó de forma mayoritaria que la virtualización empeora la calidad de estudio (56,2 %) mientras que fueron más las opiniones que señalan que el trabajo desde la casa no afecta (40 % versus 28,2 %) o mejora (25,4 % contra 10,3 %) la calidad de las labores.

Sobre el tipo de discriminación que más se practica hacia diversos tipos de poblaciones, la mayoría piensa que la condición económica es el principal motivo de desprecio en la sociedad (15,4 %) y por género (13,6 %).

Con respecto al conocimiento de sobre la biotecnología, únicamente el 36,9 % de la muestra dijo haber escuchado de este tema anteriormente y la gran mayoría (el 88,6 %) la asoció con las vacunas. A la vez, el 76,2 % dijo que consumiría productos modificados con esta técnica siempre que tengan un alto contenido nutricional, aunque también existe una alta aceptación si la biotecnología mejora el sabor (69, 4 %) o la durabilidad (69,3 %).

Legalización del cannabis recreativa desagrada a la mayoría

Pese a que existe una gran aceptación del uso del cannabis para fines medicinales (76,5 %) o industriales (70,4 %), también es evidente la resistencia de la población en su uso recreativo (59,2 %) o para su cultivo limitado en los hogares (62,9 %).

En términos generales, quienes están más opuestas a su uso recreativo son mujeres, mayores de 50 años, con educación primaria y quienes se confiesan religiosas. En cambio, el perfil de las personas más abiertas a esta posibilidad son hombres, con edades entre los 18 y los 29 años, con educación universitaria y sin prácticas religiosas.

Otro tema analizado fue la preocupación por la seguridad digital en el país. De acuerdo con la Encuesta de Actualidades, al 81,6 % les inquieta el robo de su dinero por la vía electrónica. En cuanto a las estrategias para evitar ser víctima de estos delitos, el 76,6 % dice usar diferentes contraseñas en las plataformas que utiliza, el 71,3 % evita usar estos servicios en redes de acceso público y el 58,9 % actualiza sus contraseñas al menos cada tres meses.

Con referencia al proyecto de ley para la modificación de la jornada excepcional de trabajo a la opción de cuatro días laborales por tres de descanso, con 12 horas diarias de trabajo, casi dos terceras partes de las personas entrevistadas dijeron conocer el tema.

Del total, el 49,6 % dijo que, de tener la oportunidad, se cambiaría a este sistema, mientras que el 43,9 % expresó lo contrario. El primer grupo se compone, sobre todo, por personas entre los 30 y los 49 años y aquellas con ingresos suficientes para sufragar su modo de vida. En cambio, el segundo grupo se integra de individuos con 50 años o más e individuos con salarios insuficientes para costear sus necesidades.

Popularidad del Gobierno se mantiene fuerte

Para el 73,5 % de la población entrevistada, el presidente Rodrigo Chaves Robles y su equipo hace un trabajo “bueno o muy bueno”, mientras que solo el 11,7 % dijo que su labor es “mala o muy mala”. Este es un número similar al que publicó el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) a inicios de noviembre, encuesta que le dio un balance positivo del 68 % y negativo del 14 %.

El tema que mejor maneja el Gobierno, según la Encuesta de Actualidades, es el de las emergencias nacionales (aprobación del 67,9 %), seguido del combate a la corrupción (64,1 %); en cambio, la ciudadanía es muy crítica, sobre todo, con las políticas sobre el costo de la vida (52,2 % de opiniones negativas) y el mantenimiento de carreteras (49,7 %).

Finalmente, el estudio también midió las expectativas del pueblo por la partición de la Selección Nacional masculina en el Mundial de Catar. En una escala de 0 a 10, la muestra puntuó en 6 el seguimiento que darían al equipo patrio en sus juegos durante la Copa del Mundo y un 57,9 % de la gente estaba confiada en la clasificación a los octavos de final, algo que, como ya se sabe, no ocurrió.

Otra posibilidad que tampoco pasó fue la campeonización de Brasil o Alemania, los dos países favoritos por la población para obtener la copa (según el 15,8 % y el 14,4 %, respectivamente). Solo el 11, 3% mencionó a Argentina y apenas el 3,9 % pronosticó que Francia se alzaría con la copa, muy por debajo de la misma Costa Rica, a la cual el 6,5 % de las opiniones colocaron como la nueva campeona del mundo.

Estos y otros datos fueron expuestos a la prensa nacional y a representantes del personal docente de la Escuela de Estadística en el Auditorio de Física Matemática. En los próximos meses, la Oficina de Divulgación e Información (ODI) de la UCR publicará notas a profundidad sobre los resultados en los temas expuestos.

 

Pablo Mora Vargas
Periodista, Oficina de Divulgación e Información