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Etiqueta: golpe de Estado

50 años del golpe militar de Chile de 1973: Estados Unidos desclasifica documentos secretos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Foto extraida de esta nota de prensa de El Pais (España) Titulada «La reunión privada entre Kissinger y Pinochet: «Queremos ayudarlo: simpatizamos con lo que están tratando de hacer aquí» (25/05/2023) elaborada con ocasión de los 100 años de Henry Kissinger y la desclasificación de nuevos documentos sobre Chile en Estados Unidos.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

En los días previos a la conmemoración de los 50 años del golpe de estado militar en Chile de 1973, Estados Unidos ha decidido oficialmente desclasificar documentos mantenidos en reserva desde cinco decenios: véase nota de The Progressive Magazine y nota de RFI.

Se trata de nuevos documentos que vienen a añadirse a muchos otros liberados en años pasados por algunas administraciones norteamericanas, y registrados en este sitio de la Universidad George Washington: se trata de un extenso programa de investigación dedicado a Chile – que no se limita únicamente a la desclasificación de documentos norteamericanos – y que cuenta con este enlace con abundante información.

Documentos aún sensibles, 50 años después

Si bien la prensa internacional ha puesto de relieve las razones por las que este golpe de estado de 1973 estremeció a América Latina y a la comunidad internacional en general (véase por ejemplo, esta nota de la BBC cuya lectura recomendamos), el involucramiento de Estados Unidos ampliamente documentado desde entonces es un aspecto que merecería ser añadido (por ejemplo a los cuatro puntos mencionados en el precitado artículo de la BBC).

No está de más referir a este documento manuscrito de 1970 en el que se autoriza a derrocar al futuro Presidente de Chile si llegara a tomar el poder (véase enlace cuando se desclasificó en el 2020, en el que se indica que: «Fifty years after it was written, Helm’s cryptic memorandum of conversation with Nixon remains the only known record of a U.S. president ordering the covert overthrow of a democratically elected leader abroad» ).

En esta otra nota se lee que la más reciente desclasificación de documentos por parte de Estados Unidos en agosto del 2023 obedeció a solicitudes expresas realizadas por las actuales autoridades de Chile:

«After withholding this document in its entirety for decades, the CIA finally released the September 11, 1973, PDB today in response to a formal petition from the Chilean government of Gabriel Boric for still secret records as the 50th anniversary of the coup approaches. The CIA also partially declassified a second PDB, dated September 8, 1973, which erroneously informed President Nixon that there was “no evidence of a coordinated tri-service coup plan” in Chile and said that “should hotheads in the navy act in the belief they will automatically receive support from the other services, they could find themselves isolated.”

The two PDBs are among the most historically iconic of missing records on the September 11, 1973, military coup because they contained information that went to President Nixon as a military takeover that he and his top advisor Henry Kissinger had encouraged for three years came to fruition«.

Para información de nuestros estimables lectores, las dos precitadas citas refieren al texto en inglés que se lee, elaborado por el programa de investigación sobre documentos desclasificados de la Universidad George Washington, que analiza cada uno de los documentos liberados en los últimos años por parte de Estados Unidos.

La entrega de documentos oficiales ante el derecho a la verdad: luces y sombras

Desde la perspectiva del derecho internacional público, cabe precisar que no existe obligación alguna para un Estado de liberar documentos de la reserva en la que los mantiene al considerarlos «sensibles«. Cada Estado dispone de un sistema nacional de archivos con informes internos, datos y registros de diversa índole: sus máximas autoridades son las que deciden, si son documentos confidenciales, mantenerlos fuera del alcance del público o bien revelar su existencia.

Es así como Panamá debió esperar que se cumplieran los 30 años desde la invasión norteamericana de 1989 para que Estados Unidos aceptase finalmente liberar una gran cantidad de documentos clasificados (véase nota de El Pais – España).

En otros casos, documentos e informes policiales son «encontrados«, como los denominados «archivos del terror» descubiertos gracias a informantes en una casa en la localidad de Lambaré en Paraguay en diciembre de 1992 (véase publicación de la Corte Suprema de Justicia paraguaya e interesante video del momento en el que un juez paraguayo ingresa a la vivienda para verificar la presencia de dichos archivos e incautarlos).

Los documentos encontrados en Paraguay permitieron documentar una gran cantidad de causas en distintas partes del Cono Sur. También permitió a la justicia italiana condenar el 8 de julio del 2021 a 14 personas por la muerte de 43 personas, víctimas del Plan Condor (a saber 6 italo-argentinas, 4 italo-chilenas, 13 italo-paraguayas y 20 uruguayas): véase nota en italiano de la ONG italiana CILD. De igual manera en el 2010, la justicia francesa condenó a los responsables de la desaparición de cuatro ciudadanos franceses en Chile (véase nota de Le Monde del 18/12/2010).

Volviendo al caso de Chile, es de saludar la voluntad férrea de sus actuales autoridades de obtener la liberación de documentos clasificados por parte de la actual administración norteamericana.

Cabe precisar que en materia de «soft law«, la resolución E/CN.4/RES/2005/66 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas – hoy denominada «Consejo de Derechos Humanos» – adoptada por consenso en el 2005, a iniciativa de Argentina (su texto está disponible en la red), y titulada «El derecho a la verdad» se limita únicamente a indicar que:

«5. Alienta a los Estados a que presten a los Estados interesados la asistencia necesaria al respecto«.

La ausencia de obligación jurídica entre dos Estados de entregar información que posee uno a otro, relacionada a violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, en nada impide que tengamos una dinámica totalmente distinta cuando nos interesamos a los tribunales nacionales e internacionales de cara a la implementación del derecho a la verdad. En este caso, son los colectivos de víctimas y de familiares y asociaciones de derechos humanos los que han hecho valer ante sus propias autoridades o bien ante los tribunales nacionales (y si estos fallaron en su contra, en los tribunales internacionales) este derecho que asiste a toda víctima de exacciones cometidas en el pasado por autoridades estatales (sea en su contra o en contra de alguno o varios de sus seres queridos).

Al respecto, un muy completo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Derecho a la Verdad, publicado en el 2014 (véase texto) detalla los alcances del derecho a la verdad en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La larga lista de casos conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que figura al final de este artículo del 2008 titulado «El derecho a la verdad en situaciones de post-conflicto bélico de carácter no internacional» da una idea de las pautas que ha venido fijando al respecto la jurisprudencia del juez interamericano, y ello desde sus primeras sentencias contra Honduras a finales de los años 80.

Es de notar que los significativos avances observados en América Latina en materia de derecho a la verdad siguen sin lograr permear al sistema judicial en España: la primera exhumación del cuerpo de una víctima del franquismo ordenada por la justicia se logró en el 2016 gracias a una solicitud proveniente de … la justicia argentina (Nota 1).

Las actuales autoridades chilenas: más decididas que sus antecesoras

A diferencia de su antecesor al cargo, el Presidente actual de Chile se ha mostrado mucho más exigente en cuanto a la búsqueda de la verdad a partir de lo ocurrido el 11 de setiembre de 1973 en Chile.

El pasado 30 de agosto, se firmó en Chile un Decreto para lanzar un nuevo Plan Nacional de Búsqueda de los aún miles de ciudadanos chilenos que aparecen en listas de personas desaparecidas en Chile (véase comunicado oficial). Desde el 2013, un informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas sobre Chile así lo recomendaba (véase informe). El 22 de diciembre del 2017, de manera bastante tardía y finalizando su segundo mandato, una primera iniciativa había sido lanzada por la entonces Presidenta de Chile (véase nota de France24).

Incluso en su cuarto informe (1989) el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación en materia de derechos humanos en Chile, el costarricense Fernando Volio Jiménez, refería a la importante labor que esperaba a la sociedad chilena con relación a conocer el paradero de las víctimas de desaparición forzada (véase enlace a informe) (Nota 2).

Este reportaje de The Guardian del 2019 titulado «Where are they?: families search for Chile´s disappeared prisoners» (véase enlace) detalla de una manera muy completa el drama de familias chilenas ante la falta de información sobre lo sucedido a sus seres queridos y la falta de voluntad política que significó la llegada en marzo del 2018 del Presidente Piñera en lo que respecta a la búsqueda de personas desaparecidas en Chile.

La Operación Cóndor ante el derecho a la verdad: la respuesta del juez interamericano ante la poca (in?) capacidad de la justicia nacional

Otra trágica iniciativa para América Latina como lo fue el denominado «Plan Condor«, que involucró no solamente a Chile (y a Estados Unidos), constituye un ámbito en el que aún quedan muchos documentos por desclasificarse en Estados Unidos: este informe del CELS (una reconocida ONG de Argentina) explica cómo funcionó a partir de 1975 entre los Estados del Cono Sur este plan coordinado tendiente a borrar el efecto protector que significa para una persona que se siente amenazada cruzar una frontera.

Cabe recordar que fue tan solo en el 2016 que el Plan Cóndor fue objeto de una primera decisión condenatoria por parte de la justicia penal argentina, con respecto a altos mandos militares argentinos, varios de ellos nonagenarios al momento de escuchar la sentencia (Nota 3).

Al 2023, los sistemas judiciales en el Cono Sur siguen tramitando causas de víctimas y de familiares de víctimas: en este enlace se registran algunas de las acciones legales ante tribunales nacionales relacionadas al Plan Condor.

Ante la resistencia de algunos jueces a nivel nacional para investigar y sancionar hechos relacionados al Plan Cóndor, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos ha ofrecido (y sigue ofreciendo) a las víctimas una posibilidad de obtener justicia.

En esta importante sentencia del juez interamericano del 2011 (caso Gelman vs. Uruguay) se lee que:

«51. El plan Cóndor operaba en tres grandes áreas, a saber, primero, en las actividades de vigilancia política de disidentes exiliados o refugiados; segundo, en la operación de acciones encubiertas de contra-insurgencia, en las cuales el papel de los actores era completamente confidencial y, tercero, en acciones conjuntas de exterminio, dirigidas a grupos, o individuos específicos, para lo cual se conformaban equipos especiales de asesinos que operaban dentro y fuera de las fronteras de sus países, incluso en Estados Unidos y Europa.

  1. Esta operación fue muy sofisticada y organizada, contaba con entrenamientos constantes, sistemas de comunicación avanzados, centros de inteligencia y planificación estratégica, así como con un sistema paralelo de prisiones clandestinas y centros de tortura con el propósito de recibir a los prisioneros extranjeros detenidos en el marco de la Operación Cóndor«.

En la sentencia dictaminada contra Argentina 10 años después, en septiembre del 2021 (caso familia Julien Grisonas vs. Argentina), la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que el «plan criminal interestal» amerita un esfuerzo coordinado de sus integrantes, al precisar que:

«288. En congruencia con las solicitudes efectuadas, la Corte dispone que el Estado argentino, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de este fallo y por las vías que considere adecuadas, haga las gestiones pertinentes para convocar a los otros Estados que habrían tenido intervención en la ejecución de los hechos del caso: la República Oriental del Uruguay y la República de Chile, y, en general, en el contexto de la “Operación Cóndor”, es decir, la República Federativa de Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República del Paraguay y la República del Perú, a efecto de conformar un grupo de trabajo que coordine los esfuerzos posibles para llevar adelante las tareas de investigación, extradición, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los graves crímenes cometidos en el marco del referido plan criminal interestatal. Dicha coordinación deberá reflejarse en un plan de trabajo común entre las autoridades competentes, según la materia de que se trate, ejecutado en observancia del marco jurídico nacional e internacional aplicable, y con auxilio de los mecanismos de cooperación internacional y asistencia mutua. Así, el trabajo coordinado entre autoridades de los distintos Estados habrá de emprender esfuerzos conjuntos para el esclarecimiento de lo ocurrido durante la “Operación Cóndor”, como escenario en el que fueron perpetradas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, incluidas las que damnificaron a las víctimas del presente caso«.

A modo de conclusión

Pese a los 50 años que nos separan de aquel fatídico día para Chile y para el mundo que significó el 11 de setiembre de 1973, aún muchas preguntas persisten en el tiempo: desde ya Estados Unidos podría útilmente aclararlas, liberando todos los documentos clasificados que aún posee en sus archivos secretos con respecto a lo ocurrido en Chile.

Para las víctimas chilenas y sus familiares que siguen persiguiendo la verdad a través del tiempo, y buscan conocer el destino de sus seres queridos, desde Chile o desde afuera, su extenuante combate es ejemplar: ha inspirado, inspira y seguirá inspirando, estamos seguros de ello, a muchas familias y a varias generaciones de América Latina y del mundo en su exigencia de verdad y de justicia.

– – Notas – –

Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «JusticiA con A de Ascensión: a propósito de la exhumación de una fosa española a solicitud de una jueza de Argentina«, Revista de Pensamiento Penal, 2016. Texto disponible aquí.

Nota 2: Sobre las estrechas relaciones existentes entre el derecho a la verdad y las víctimas de desaparición forzada, véase la obra FERRER MAC-GREGOR E. & GONGORA MAAS J.J., Desaparición forzada de personas y derecho a la verdad en el sistema interamericano de derechos humanos, UNAM/IIJ/CNDH, México 2019. Texto integral disponible aquí.

Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «Plan Condor: la justicia argentina se pronuncia«, sitio jurídico de DerechoalDia, edición del 6/06/2016, texto disponible aquí.

50 años del golpe de estado en Chile 1973 – 2023

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Joaquín Meléndez González

El triunfo de Salvador Allende en Chile con la Unidad Popular, la alianza en el Congreso de la Democracia Cristiana para la ratificación de Presidente, no obstante la división de ese partido y la esperanza de un pueblo, llega a la Presidencia de la República de Chile, Salvador Allende. Ese triunfo en América despierta nuevas esperanzas en la juventud, aspiraciones de la clase trabajadora y los pueblos con ansias libertarias, se unían nuevamente en un horizonte de sueños, cantos, arte y realidades socialistas. Obviamente, por otra parte, se conocía la reacción reservada de la derecha recalcitrante y conservadora.

Los resultados empiezan a emerger, las reformas sociales evidentes como la nacionalización del cobre que se encontraba en manos de compañías estadounidenses, la cooperativización de empresas privadas, el mejoramiento de las condiciones laborales, salariales y alianzas con los sindicatos; la reforma agraria. Su popularidad alcanza cifras muy significativas expresadas con el triunfo en las elecciones parlamentarias y luego en 1973 las municipales. La euforia generalizada lanza la voz hacia el PODER POPULAR. La juventud cantaría en las calles: ¡El pueblo unido jamás será vencido!, canto que se extendía cruzando fronteras y sobrepasando los ANDES, llegando como el aire a todo América.

Aparecerán luego las reacciones de la ultra derecha, la CIA, el gobierno de los Estados Unido a tejer la desestabilización del gobierno con medidas económicas y financieras, el desabastecimiento de bienes y servicios, la inflación galopante, se había producido el asesinato del General, René Schneider, el ascenso como jefe del Estado mayor del ejército de Carlos Prats y su época del Tanquetazo quien renunciara posteriormente, luego, con el consentimiento de Allende el ascenso al Estado Mayor como Jefe del Ejército, el General Augusto Pinochet. La Cofradía Náutica del Pacífico Astral inicia en secreto la planificación el Golpe de Estado, la marcha de las cacerolas vacías, la huelga de los transportistas, la huelga de los mineros, colegios médicos. El terrorismo ante la destrucción de las torres eléctricas y puentes, la reacción a la reforma educativa, la transformación bancaria. Todo ello fue caldo de cultivo y excusa hacia el Golpe de estado y el asesinato de Salvador Allende en el Palacio de La Moneda.

El golpe de estado perpetrado por Augusto Pinochet se consolida el 11 de setiembre de 1973 y con ello la persecución, muerte, asesinatos, torturas, desaparecido, disolución del congreso, los campos de concentración, las migraciones a todos los confines de la Tierra.

Costa Rica se constituye en un territorio de asilados, de estadía y tránsito.

Como dirigente del Sindicato de Educadores Costarricenses, SEC, me tocó vivir la triste experiencia de tantos y tantos chilenos. Puedo dar testimonio de la ayudar a chilenos en búsqueda de trabajo como diagramadores en centros especializados, imprentas, empresas comerciales, en la Universidad Nacional, UNA y en el Ministerio de Educación. Particularmente hospedé en mi casa a Alberto Vidaurrázaga Henríquez, quien llegó destrozado por las torturas, las uñas levantadas, no hablaba, no quería ni salir a la sala, a su hermano se lo habían matado, su madre impotente magistrada. Alberto, medianamente restablecido, lo integramos como educador en Boca de Parismina, bajo nombramiento de Fernando Volio Jiménez quien sabía de los sucesos en Chile pues había visitado ese país y enfrentado a Pinochet como Miembro de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. También hospedé en mi casa al Senador, César Godoy Urrutia del Partido Comunista, quien había sido diputado, educador, dirigente del gremio de los educadores en Argentina, periodista; le acompañaba su señora esposa María Herrera Ferrado. Al Senador Godoy le hospedé en paso de muerte, como consecuencia de las torturas causando el cierre de la uretra cuya infección trascendía a su cuerpo durante el viaje a Costa Rica, por las torturas le habían trancado la orina, sus dolores y espasmos eran espantosos. Logré la ayuda del Dr. Rodrigo Gutiérrez Sáenz que lo visitara, le internara en el Hospital Calderón Guardia y fuera atendido de inmediato por el Dr. Salas quien lo intervino con una sonda y le aliviara de su intenso dolor. Con medicamentos y el cuidado de su señora se fue recuperando no obstante su avanzada edad. Decide trasladarse a México donde vive por largo tiempo, sin embargo, su sueño fue regresar a Chile donde fallece el 1 de diciembre de 1985, bajo el gobierno de Pinochet.

También vivimos la experiencia con nuestro amigo compañero y fundador del SEC, Rogelio Cedeño Castro, quien por estudios y compartir con el pueblo chileno la experiencia socialista, fuera agredido, confinado al campo de concentración del estadio de Santiago luego expulsado hacia Costa Rica con su señora esposa chilena Luz María de la Cruz Redon bajo condiciones deplorables, así recibido en el Aeropuerto Juan Santamaría.

Los dirigentes nacionales del Continente agrupados en la Organización Regional Interamericana de Trabajadores; ORIT, realizamos un encuentro en Santiago de Chile apoyando el Referéndum del SÍ y del NO respecto si continuaba o no Pinochet en el Poder. Asimismo, el apoyo al Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Manuel Bustos exigiendo su liberación, quien había sido sentenciado a 10 años de cárcel y su destierro. El apoyo lo representamos en la gran manifestación masiva, la cual fue reprimida por las fuerzas militares y carabineros con garrote y dispersada usando la “chompipa” la cual lanzaba agua fétida y gas lacrimógena. El pueblo ganó el referéndum y Pinochet sale derrotado ante el sufragio popular.

Estos 50 años nos han de servir para reflexionar, porque las aspiraciones de libertad, paz, desarrollo, democracia, trabajo y justicia siguen palpitando en nuestros corazones en el continente hasta el triunfo final, pese a las posturas dictatoriales de presidentes y fuerzas militares.

San José, Costa Rica, 9 septiembre 2023

Taller en Valparaíso por la memoria para que no se repita en ninguna parte

Escrito en . Publicado en Derechos.

Oscar Jara Holliday comparte con SURCOS y sus lectoras y lectores:

“Aquí en Valparaíso antes del 11 de setiembre en talleres de recuperación de memoria y actividades conmemorativas del sangriento golpe al gobierno de Allende… ¡para que nunca más se repita en ninguna parte!

Velas por las personas lanzadas al mar por la dictadura

Lecciones para aprender – Los ejércitos, a 50 años del golpe contra Allende

Escrito en . Publicado en Análisis.

El golpe de Estado contra Salvador Allende debe hacernos entender la verdadera función de los ejércitos. El ascenso al poder de un proyecto socialista y revolucionario por vía electoral fue una enorme cantera de experiencias sociales. El brutal golpe militar significó, en un corto plazo, la diáspora del pueblo chileno.

Frank Ulloa*
11 | 09 | 2023

Imagen: Allan McDonald | Rel UITA

El inventario de estas experiencias está lejos de haber sido terminado: lo que caracterizó este ascenso de las ideas socialistas fue precisamente la irrupción en la historia de nuevas ideas y un nuevo mensaje, que multiplicó las formas de acción, las iniciativas, en la lucha por sociedades democráticas y respetuosas de los derechos humanos.

El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile en colaboración con sus similares de Estados Unidos.

A cincuenta años, podemos recordar cómo en la Facultad de Derecho de Costa Rica los estudiantes nos organizamos y nos fuimos a protestar al centro de San José, frente a la emisora de Radio Monumental.

Toda Costa Rica se sentía indignada como si se tratara la muerte de alguien muy cercano, querible y sin excepción no hubo quien manifestara simpatía por los criminales. Esta solidaridad se multiplicaría cuando miles de chilenos migraron a nuestro país y se los recibió como hermanos.

Agazapados

Hoy los ejércitos están en los cuarteles, pero en cualquier momento, si las fuerzas reaccionarias lo requieren, los tienen a su disposición. Sucedió recientemente, en 2009, cuando el golpe de estado en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya.

Los derechos humanos son subsidiarios de la ambición de las corporaciones transnacionales y naciones imperialistas que, a toda costa, llegan para apropiarse de nuestras riquezas y recursos.

Un nuevo aniversario del golpe de Estado en Chile debe convertirse en una oportunidad para comprender que “los militares actuaron (actúan) como un ejercito de ocupación en sus propios países, sirviendo de brazo armado” al gran capital, como bien lo supo definir Eduardo Galeano.

Desde la Segunda Internacional (14 de julio de 1889) el rol de los ejércitos en el capitalismo había quedado claro desde la óptica de la teoría política del movimiento obrero.

Pero esta lección nunca fue aprendida. Los trabajadores europeos no fueron capaces de parar las guerras mundiales, y sus pares de otras partes del mundo abandonamos esta importante lucha por acabar con los ejércitos y luchar por el desarme. Muchos sindicatos se forman inclusive en las fábricas de armas de los países desarrollados.

La amenaza continúa

Hoy, más que nunca, desde Rel UITA debemos impulsar un debate profundo en torno a la definición de una nueva estrategia contra la carrera armamentista, la lucha por la paz y el desarme.

En Brasil o el nuevo Chile, el ejército sigue siendo una fuerza política más o menos silenciada pero igualmente peligrosa. Las tropas siguen amenazando al pueblo y sus intereses.

Depende de los dirigentes jóvenes no olvidar y aprender de la historia. Este recordatorio obliga al movimiento sindical, que se había sustraído al debate, a participar en él ante una nueva conmemoración de esta tragedia histórica.

Publicado en https://www.rel-uita.org/chile/lecciones-para-aprender/ y compartido con SURCOS.

A 50 años del magnicidio chileno. Testimonio

Escrito en . Publicado en Análisis.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Residíamos en calle Mac Iver, por la cual, a gran velocidad e igual estruendo, corrían, tanques, tanquetas, camiones con soldados del ejército y carabineros del «general rastrero» Mendoza. Llamado así por el presidente Salvador Allende, por sumarse al magnicidio ejecutado por el general Augusto Pinochet, cuanto superiores a él, en el cuerpo policial, se habían negado a sumar las imprescindibles fuerzas policiales al golpe de Estado.

Volaban a muy baja altura los cazabombarderos británicos Hawcker Hunter, cargados con armas para atacar, por orden del general Gustavo Leigh, el Palacio de La Moneda, la residencia del presidente Allende en la localidad de Tomás Moro, las antenas de transmisión de las radios Corporación y Portales, y otros sitios presuntamente “peligrosos” para la “seguridad del Estado”.

Pasaron los meses, y eventualmente, el almirante de la fuerza naval, Toribio Merino, quien en meteórica «carrera académica» del más alto nivel, fuere designado para nombrar a los «rectores militares» de las universidades, escogió al general Ruiz Danyau como jerarca de la avasallada Universidad de Chile. ¡Un militar entrenado para matar, y además imbécil, pasó a ser rector de la más importante casa de educación superior de Chile!, para evitar que desde allí se divulgaran pensamientos antidemocráticos, decían. General que un año después del golpe, fuese condecorado por el dictador español Francisco Franco, con quien tenía muchas cosas en común, principalmente en cuanto a habilidades intelectuales.

Ese martes 11 de setiembre, día lleno de brutalidad, por orden de la espuria junta militar presidida por Augusto Pinochet (recordado como ladrón y «asesino vitalicio»), las Fuerzas Armadas y Carabineros se movilizaban en busca del supremo objetivo: asesinar al Presidente de la República, doctor Salvador Allende. ¡Ese era su trofeo! Presidente constitucional quien había sido electo y asumido el cargo presidencial, tres años antes, y quien contaba con un apoyo popular creciente, que, paradójicamente lo hacía más peligroso para la aristocracia civil y militar, acostumbrada al disfrute de injustos privilegios, que no estaban dispuestos a perder con un gobierno de Unidad Popular. Conspiradores que iniciaron sus acciones aún antes de que el Dr. Allende asumiera su cargo ejecutivo, en cuyo camino asesinaron en una de las calles de Santiago al general René Schneider, quien entonces, como comandante en jefe del Ejército, se había manifestado dispuesto a defender la voluntad popular expresada en las urnas electorales, y a hacer respetar el orden constitucional, aún antes de que se realizara la elección de Allende, frente al representante de la ultraderecha, el expresidente Jorge Alessandri, quien luego fuese nombrado por los golpistas militares, miembro del llamado Consejo de Estado, como premio a su complicidad.

Mientras caían las bombas desde los aviones de guerra, paradójicamente adquiridos para defender supuestamente las fronteras chilenas, el estridente y criminal ruido de las descargas de ametralladoras y cañones, era multiplicado por el el eco del pavimento de las calles y edificios del centro de Santiago, ocupadas por los milicos y algunos trabajadores que corrían hacia sus hogares, bajo las balas de soldados que jugaban al tiro al blanco. El salvajismo bestial estaba desatado.

La noche antes, del lunes 10 de setiembre, mientras la vida parecía transcurrir con normalidad, compartíamos una cena en la comuna de Las Condes, con los participantes de un curso internacional que ese mismo día había concluido en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina, adscrita al Hospital José Joaquín Aguirre, en Santiago. Lo que no sabíamos, era que cobardemente, bajo las sombras, a todo lo largo de la geografía chilena, los militares golpistas habían empezado a ejecutar un criminal Golpe de Estado, forjado por «expertos» de Chile, la CIA, la Casa Blanca y El Pentágono, pues era un pésimo ejemplo continental, que un presidente socialista hubiese sido electo en elecciones libres. ¡Eso había que acabarlo de raíz! ¡No se podía permitir! Y por ello, conceptos como derechos humanos y democracia, pasaron a constituirse en obstáculos para los fines de la casta militar que tanto disfrutaba de las regalías que sus pares de la aristocracia política, principalmente, usaban como moneda de pago por sus indecentes servicios.

Sobre lo sucedido después, se ha escrito y seguirá documentándose mucho. El “golpe militar”, repudiado por los demócratas del mundo, fue cínicamente negado como tal, por Pinochet y sus secuaces. «Se trató de un pronunciamiento militar ejecutado para defender la democracia y los derechos del pueblo chileno», reclamaron, mientras prohibían incluso, la mención de la palabra «golpe», porque a un “héroe” no se le puede calificar de golpista…

Igualmente se indignaban cuando se preguntaba por los miles de asesinados que se fueron sumando a las cifras que se levantaban en algunas morgues de Arica a Magallanes, pues para el asesino vitalicio (así lo escuchamos), “esos cadáveres que ustedes ven en el cauce del río Mapocho, con las caras destrozadas por tiros de gracia, son de delincuentes comunes que se están matando entre ellos”, se burlaba con sarcasmo en las conferencias de prensa, donde pseudoperiodistas eran usados, para hacer las preguntas que les dictaban minutos antes, los encargados de la propaganda de la dictadura.

Guatemala. ¿Golpe tras golpe, hacia dónde va?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mg. José A. Amesty Rivera

Recordemos que el pasado 20 de agosto 2023, se celebraron elecciones presidenciales, en segunda vuelta, en Guatemala. La contienda electoral dio como vencedor a Bernardo Arévalo, sociólogo y diputado de 64 años, del partido Semilla.

Antes, ya había amenazas hacia el partido Semilla de Arévalo, de ser suspendido; y antes que el presidente electo fuera investido como presidente, ya hay amenazas de golpe de estado.

Según Fátima Najarro, en su artículo «Qué es un golpe de Estado en Guatemala y cuántos ha habido en el país«, definamos golpe de estado: «En un sistema político, un golpe de Estado se refiere a la inconformidad de un grupo con poder al respecto de la persona quien está en el ejercicio del poder. Este grupo actúa para lograr un cambio de régimen por la fuerza».

Najarro, citando al abogado constituyente Aquiles Faillace, este señala: «esa fuerza por la que se concreta el golpe de Estado puede ser de dos tipos. Si es un levantamiento de la ciudadanía, en este caso se le llama revolución, o bien por el uso de fuerza de los grupos militares». «El objetivo del uso del golpe de Estado puede ser un cambio de modelo político, cambio de forma de gobierno o bien desconocer a los contrapesos que existen en un gobierno democrático, como las cortes y el Congreso».

Y es que, en los últimos cien años de historia guatemalteca, en este país se han sucedido los siguientes golpes de estado: «La revolución de 1944: con esta se dio fin al régimen militar de Jorge Ubico que fue sustituido por Federico Ponce Vaides dando paso a que Juan José Arévalo Bermejo fuera electo. En 1954 fue removido de la presidencia Jacobo Árbenz a la fuerza quedando al frente el militar Carlos Castillo Armas. En 1963 Enrique Peralta Azurdia fue el jefe de estado de facto luego de derrocar a José Miguel Ydígoras Fuentes. En 1982 fue removido del poder Romeo Lucas García por parte de Efraín Ríos Montt. En 1983 Ríos Montt fue sustituido por Óscar Mejía Víctores, solo fue relevado del cargo porque el régimen se mantuvo. En 1993 ocurrió el conocido autogolpe de Estado fallido de Jorge Serrano Elías. En esta ocasión, Serrano disolvió el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y las dos Procuradurías, es decir, los contrapesos», señala Najarro.

Volviendo a las denuncias contra el partido Semilla, según la periodista Daniela Camacho, en artículo «Pobre Guatemala«, «Antes de las elecciones de segunda vuelta, el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Guatemala, (quien ordenó suspender la personería jurídica del partido Semilla), advirtió que podría suspender al partido y emitir órdenes de arresto para algunos de sus miembros por supuestas irregularidades en la recolección de las firmas ¡de 2017! para la creación del Movimiento».

Así mismo, la periodista Victoria Korn, en el artículo «Guatemala: Arévalo se enfrenta a una nueva asonada del Pacto de Corruptos«, indica que, «el Ministerio Público guatemalteco investiga actualmente al Movimiento Semilla por presuntas irregularidades en el proceso para ser autorizado como partido político al haber supuestamente falsificado la firma a por lo menos 5.000 ciudadanos e incluir personas que ya habían fallecido, además de pagar a otras para que dieran su firma».

«El golpe más reciente que recibió el Partido Semilla fue en el Congreso donde a su bancada la despojaron del título de ‘bloque legislativo’, y en su lugar le fue impuesto el de ‘independiente’. En la práctica, los diputados de Semilla quedaron excluidos de participar de todas las comisiones de trabajo del Congreso, de las juntas de jefes de bancada Pacto de Corruptos: Rondan dudas sobre el futuro de los decretos y de las comisiones de Derechos Humanos. «Así, los diputados de Semilla se perderán de las discusiones legislativas, como el plan de presupuesto para el año 2024 que le atañe a la nueva Administración y que está por presentarse, y solo les será permitido votar cuando haya plenaria parlamentaria. Los analistas coinciden en que los directivos del Congreso no tenían atribuciones para tomar dicha decisión. La directiva es presidida por Shirley Rivera, del partido Vamos, que comanda el presidente Giammatei».

Finalmente señala Korn, «Al ser inhabilitado, Movimiento Semilla no puede realizar ninguna actividad, como emitir declaraciones, recaudar dinero o sumar afiliados. Además, sus 23 nuevos diputados tendrán facultades reducidas, pues no podrán conformar una bancada, presidir comisiones, participar en la preparación de la agenda del Congreso ni tener asesores pagados».

En fin, es todo un mecanismo golpista supuestamente «legal», que enfrenta el presidente electo, toda una nueva forma de golpe de estado no militar.

Actualmente, según Prensa Latina artículo «Guatemala: Presidente electo denuncia golpe de Estado en curso«, el presidente Arévalo, ha denunciado la existencia de golpe de estado contra el orden constitucional y la democracia, señalando que hay un grupo de políticos y funcionarios corruptos que no aceptan los resultados de la contienda electoral, señalando junto a la vicepresidenta electa Karin Herrera, específicamente a la Fiscal General Consuelo Porras, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad Rafael Curruchiche y al juez séptimo de instancia penal, Fredy Orellana, incluyendo además a “la Junta Directiva del Congreso de la República y otros actores corruptos y antidemocráticos».

A su vez, el presidente señala que, «quien ejerce golpe de Estado va contra la ley del país. La Constitución establece en el artículo 186, Prohibiciones para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República que: “El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno”.

La periodista Daniela Pacheco añade, «La situación que incluye hasta intentos para atentar contra la vida de Arévalo, y la de su vicepresidenta, Karin Herrera, es tensionante y muy preocupante. Hasta la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA), llamó la atención sobre la suspensión del partido Semilla a la que calificó como un abuso».

Concluye Pacheco: «Hay un cáncer terminal en Guatemala y Bernardo Arévalo prometió extirparlo. No se ha posesionado y las élites ya le quieren quitar el quirófano, las enfermeras, la anestesia y las herramientas para operar. Luego, la culpa de que se muera el paciente es sólo del bendito médico».

Por otro lado, el compañero indígena quechua Ollantay Itzamná, activista y defensor de los derechos humanos, abogado, teólogo y antropólogo, ya había indicado antes de las elecciones en Guatemala, en su artículo: ¿Qué cambiará en Guatemala con las elecciones presidenciales de 2023?, que, «Gane quien gane, el sistema neoliberal, engarzado con la industria del narcotráfico, continuará despojando los territorios con más violencia que antes. Ninguno de los dos partidos políticos (Semilla y UNE Unidad Nacional de la Esperanza de Sandra Torres), pone en cuestión la vigencia del sistema neoliberal en Guatemala».

«Si gana Bernardo Arévalo, es probable, por la influencia de la juventud sensible que le rodea, que intente realizar algunas reformas simbólicas o cosméticas en las instituciones estatales o en las políticas públicas. Pero, de ser posible, dichas reformas serán mínimas, puesto que el Congreso de la República y la economía lícita e ilícita están controlados por el denominado “pacto de corruptos”. «En ese hipotético contexto, a Arévalo no le quedará más que arrimarse lo más que pueda a la Embajada norteamericana (de no hacerlo, podría tener el mismo final que Jacobo Árbenz u Otto Pérez). Pero, la Embajada no le permitirá a Arévalo acercarse a los actores sociopolíticos antineoliberales o anti imperiales que con seguridad seguirán en las comunidades y en las calles de Guatemala. El sector indígena-campesino-popular financiado por las migajas de la USAID no podrá defender a Arévalo de los ataques de la oligarquía».

«Si gana Sandra Torres, está igual tendrá el respaldo de la Embajada gringa, además de la oligarquía lícita e ilícita del país. El aparato estatal continuará su acelerado proceso de entropía (autodestrucción) ocupado por el crimen organizado. Pero, las condiciones de vida de la gente seguirán empeorando. Y las resistencias al despojo y al saqueo neoliberal desde los territorios continuarán creciendo. Con el partido Semilla es probable que el Estado criollo racista se oxigene o intente revitalizarse, pero con seguridad será para el beneficio de los de siempre, y sobre las cenizas de los pueblos. Así como ocurrió en los dos siglos de República».

«En resumen, la esperanza transformadora para las grandes mayorías no está en ninguna de las dos opciones. En 2027, la guatemalticidad continuará buscando la promesa de los cambios estructurales, y ojalá con algunas lecciones aprendidas. Porque no creo que estos pueblos hayan nacido condenados al eterno placebo».

A su vez, Itzamná artículo «Guatemala en contexto electoral 2023«, afirmaba: «Si ya el proceso electoral, y los resultados de la primera vuelta, estaban cuestionadas y deslegitimadas por la arbitrariedad y la disputa política entre el sistema judicial (Corte Suprema de Justicia) y los jueces electorales (TSE), además del silencio complaciente del gobierno de Alejandro Giammattei, la emotiva atmósfera electoral construida para la segunda vuelta afianzó la incertidumbre y la desvirtuación de lo que, según estándares internacionales, se entiende por proceso electoral democrático».

Entre las cuestiones más importantes ausentes en la atmósfera electoral de Semilla-Arévalo están la:

Corrupción. El electorado, aparte de la promesa del partido Semilla que indica que traerá de vuelta a jueces y fiscales refugiados en el exterior para reformar el sistema judicial, no conoce cómo y en qué consiste específicamente la prometida “lucha contra la corrupción”. La UNE, partido cuya candidata a la presidencia, Sandra Torres, ya estuvo detenida por “asociación ilícita”, simplemente calla sobre esta cuestión coyunturalmente sensible para el país.

El Narcotráfico. Desde diferentes comunidades y municipios se hicieron reiteradas denuncias públicas en las redes socio digitales de la compra o pago por voto de hasta Q.1,500 (equivalente a $200.00) por parte de candidatos locales y departamentales. Además, políticos con serias denuncias de narcotráfico fungieron como candidatos para alcaldes y diputados. Pero, estas y otras variables que determinaron las elecciones de la primera vuelta no fueron, ni son materia de debate electoral.

El Neoliberalismo. Sorprendentemente el sistema neoliberal vigente en Guatemala, con consecuencias dolorosas para los pueblos y para el propio país, no fue, ni es materia del debate electoral. La única organización política que cuestionó el sistema neoliberal, mediante su propuesta de revisión de los contratos de privatización, fue el partido de izquierda Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP.

La Desigualdad socioeconómica. En 2015, cuando surgió la “euforia de lucha contra la corrupción”, el 59% de guatemaltecos se encontraba en situación de pobreza. En 2022, el 63% de guatemaltecos se encontraba en situación de pobreza multidimensional. La hambruna, como consecuencia de la disminución de los medios de vida y de los impactos del cambio climático arrecia en el país. Aunque las remesas económicas de migrantes (que representan más del 20% del Producto Interno Bruto) atenúan aparentemente esta realidad.

La Plurinacionalidad silenciada. Otra tara republicana que tiende a renaturalizarse en este contexto electoral es el racismo y el despojo colonial de los territorios de pueblos indígenas. Ni Semilla, ni la UNE, contemplan en sus programas de gobierno el desafío de reconocer e implementar los derechos colectivos de los pueblos indígenas como son: derecho a la consulta previa, derecho al territorio, derecho al autogobierno, entre otros. Y, para sorpresa de propios y extraños, hasta las organizaciones indígenas, que en algún momento se proclamaron como “plurinacionales”, ahora, llaman al voto para Semilla, sin valorar quizás los fines geopolíticos o anti plurinacionales que están detrás de ambas propuestas políticas. De esta manera, el próximo 20 de agosto, Guatemala decidirá por más neoliberalismo, mayor racismo, y continuado despojo de los territorios indígenas.

Todo lo último, a raíz de algunos sectores de izquierda en América Latina, que creen que el partido Semilla de Arévalo es de orientación progresista, cuando en realidad es definido como: de ideología socialdemócrata, ecologista, y con miembros de distintas afiliaciones políticas.

100 Guitarras para Víctor Jara – convocatoria

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Convocatoria abierta para la inscripción de personas que canten o toquen instrumentos de cuerda, viento o percusión menor para participar en la producción del encuentro musical “100 guitarras para Víctor Jara”.

San José, 9 de junio 2023

A 50 años del golpe de estado en Chile y del asesinato del cantautor chileno Víctor Jara, NEWEN Culturarte Producciones y el Colectivo Chileniticxs, organizan el encuentro musical “100 GUITARRAS PARA VÍCTOR JARA”, el cual tendrá lugar en Costa Rica en setiembre y octubre del 2023, teniendo como propósito cultural rendir homenaje al legado creativo, musical y cultural de Víctor Jara.

El objetivo principal de este ambicioso proyecto es rendir homenaje a la vida y el legado de Víctor Jara, uno de los exponentes más influyentes de la música y la poesía en América Latina. A través de la creación de este encuentro “100 GUITARRAS PARA VÍCTOR JARA”, queremos celebrar su espíritu artístico y su incansable lucha por la justicia social.

La convocatoria está abierta a artistas, músicos, músicas y a personas aficionadas de todo el país que toquen la guitarra, canten y estén interesadas en formar parte de este proyecto. Buscamos personas apasionadas y comprometidas con el arte y la música, que compartan los ideales de Víctor Jara y deseen contribuir de manera voluntaria a preservar su memoria a través de su música.

Para participar en la convocatoria, las personas interesadas deben completar el formulario de inscripción en línea, disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/MekH9NZsx6tuGr2s6

Animamos a todas las personas, músicos, músicas y artistas comprometidas a postularse y formar parte de este proyecto único. Con este hermoso encuentro musical, honraremos la memoria de Víctor Jara y promoveremos su legado de justicia, igualdad y amor a través del arte y la música.

Para obtener más información sobre la convocatoria y el proyecto de las 100 guitarras para Víctor Jara, comuníquese con: newenproduccionescr@gmail.com / chileniticxs@gmail.com

Jornada de solidaridad con el pueblo de Perú, frente a su embajada en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado 07 de febrero de 2023, dirigentes de diversas organizaciones sociales, incluído el Bloque de Vivienda y el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) realizaron una manifestación de apoyo y solidaridad para el pueblo de Perú, frente a su embajada en Costa Rica, esto por la situación social y de disturbios que enfrenta el país desde diciembre del año pasado por el golpe de Estado sufrido y que motivó movilizaciones sociales por todo el país. 

Las personas asistentes llegaron con la consigna “Boluarte asesina, fuera de Perú”.

Puede observar parte de cómo fue la actividad en los siguientes enlaces: https://www.facebook.com/absolutoriaparaorlandobarrantes/videos/1373014980131417/?sfnsn=mo https://www.facebook.com/100064767426511/posts/pfbid02AbrB5r3BU1xPQCe6RNVGfTECUKes21BYHEhSMh1fsLNXiQSFnTJM4hUdHU8kBpqQl/?sfnsn=mo

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