La Asociación Confraternidad Guanacasteca denuncia públicamente las deficiencias en la ejecución de obras del actual gobierno, especialmente con lo relacionado al caso Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME). De acuerdo con la organización el proyecto tiene un costo estimado de unos 1.000 millones de dólares, lo que equivale a 500.000.000.000 de colones, una cifra que evidencia la magnitud de la inversión.
La obra recibió orden de inicio el 27 de julio de 2023 y, a 22 meses aproximadamente de haberse comenzado, la evolución ha sido mínima. Se evidencia un retraso notorio en la ejecución de la obra, lo que genera preocupación entre quienes exigen mayor eficacia y transparencia en el gobierno, poniendo en tela de juicio el manejo de los fondos del proyecto.
De acuerdo con actividades iniciales se realizó una contratación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sin licitación para aplanar tierras, construir una oficina y gestionar la tramitación de siete permisos forestales para la tala de aproximadamente 7.000 árboles, lo que pone de manifiesto la rapidez con la que se han tomado decisiones, aunque sin la rigurosidad y transparencia que demanda la ciudadanía.
La situación se agrava al constatar que, tras la gestión del primer desembolso del préstamo tramitado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la ejecución de las obras, solo se ha alcanzado el 1,2 % del monto total comprometido, lo que evidencia una desconexión entre la inversión realizada y los avances obtenidos. Además, la asociación resalta la falta de transparencia en la gestión del proyecto al denunciar que se ha recurrido a instancias judiciales con el propósito de acceder a información del SENARA y el MAG con relación al proyecto.
Frente a la lentitud del avance y a las irregularidades presentadas, la asociación espera que la Sala Constitucional, en su proceso de valoración del amparo contra PAACUME y de la acción de inconstitucionalidad por las tarifas de agua para riego, logre una sentencia que permita detener de manera definitiva este proyecto, considerado en el fondo como beneficio exclusivo de un reducido grupo cercano al gobierno.
Además, la organización, alude a otros proyectos como Ciudad Gobierno y Muelle Japdeva han quedado en meras promesas sin materializarse, mientras que el caso PAACUME, la obra más costosa iniciada por este gobierno, ha generado profundas inquietudes sobre el uso de los recursos públicos y el avance real de la ejecución.
Ecologistas de Costa Rica llevan a juicio a Bayer S.A. y al Servicio Fitosanitario del Estado por haber liberado un algodón transgénico en Guanacaste
Los ecologistas señalan que la aprobación de la liberación del algodón transgénico COT102, junto con otros dos eventos apilados, se realizó de forma arbitraria, al no cumplir con los requisitos de bioseguridad, participación pública y transparencia exigidos tanto por el marco jurídico costarricense como por el Protocolo de Cartagena, del cual Costa Rica es firmante.
Asimismo, indican que Costa Rica forma parte del centro de origen del algodón, y que liberar algodones transgénicos representa un riesgo para la biodiversidad del país, ya que la liberación del cultivo transgénico apilado en cuestión se llevó a cabo ignorando la solicitud de información técnica valiosa, necesaria para deliberar y emitir un voto razonado como integrantes de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio).
Acusan al Servicio Fitosanitario del Estado de tener una actitud laxa, complaciente y permisiva con las transnacionales que siembran transgénicos en Costa Rica, y de no resguardar la bioseguridad en un país que alberga el 5 % de la biodiversidad mundial.
Este jueves 5 y viernes 6 de junio da inicio la recta final de un proceso contencioso-administrativo que lleva más de diez años. Los académicos en ciencias agrícolas Fabián Pacheco y Jaime García serán los testigos principales por parte del movimiento ecologista costarricense. Años atrás, ambos fueron representantes ante la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), durante la evaluación de riesgos para autorizar o denegar la siembra de organismos transgénicos en Costa Rica.
La audiencia se celebrará en el Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial, en Calle Blancos, Goicoechea, donde los actores del proceso legal presentarán a sus testigos y los abogados aportarán las pruebas ante los jueces.
La demanda es liderada por las asociaciones Red de Coordinación en Biodiversidad y Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica. En este caso específico, se plantea que la liberación del algodón transgénico apilado se realizó sin poder analizar información faltante, así como información adicional que el doctor en Ciencias Agrícolas, Jaime García, y el máster en Agrobiología Ambiental, Fabián Pacheco, solicitaron en calidad de integrantes de la CTNBio.
“Comparecemos en representación y como testigos de las asociaciones Red de Coordinación en Biodiversidad y Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, para solicitar la anulación de la autorización de liberación al ambiente del algodón transgénico COT102, en calidad de evento apilado, por haber sido emitida en violación flagrante del Principio Precautorio, el marco de bioseguridad vigente y el derecho de la ciudadanía a participar de forma informada en decisiones que afectan profundamente nuestra biodiversidad”, indicó Jaime García.
Por su parte, Fabián Pacheco señaló:
“Este no es un caso técnico o burocrático. Este es un caso que pone a prueba si Costa Rica cumple con su deber constitucional de proteger un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones. Lo que aquí ocurrió fue una aprobación exprés, opaca, carente de estudios realizados en condiciones agroecológicas iguales o similares al área de liberación, así como de otro tipo de información relevante que fue solicitada formalmente. Es claro y evidente que dichas solicitudes de información fueron ignoradas por parte del Servicio Fitosanitario del Estado, en complacencia con los negocios con organismos transgénicos de las transnacionales. Se autorizó la liberación de un algodón modificado genéticamente (transgénico) apilado sin demostrar científicamente que no implica riesgos para la biodiversidad o los ecosistemas locales”.
Asimismo, agregó:
“Y esto es aún más grave si recordamos que Costa Rica ha ratificado el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que exige expresamente que, ante la falta de certeza científica, se aplique el Principio de Precaución. Este tratado internacional es vinculante y debe prevalecer sobre cualquier resolución administrativa”.
En el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente, este 5 de junio, las y los ecologistas afirman que celebran esta fecha en pie de lucha, con la esperanza de que se demuestre que en Costa Rica el Estado Social de Derecho funciona y protege al ambiente y a sus pobladores. Señalan que es un buen día para exigir justicia para con la naturaleza, la cual seguirán defendiendo por esta y las futuras generaciones.
Datos del caso:
Expediente: 18-4060-1027-CA
Actoras: Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad y Asociación Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica.
El Proyecto Bahía Papagayo se plantea como un desarrollo turístico-habitacional, ubicado en Guanacaste específicamente en el cantón de Carrillo, distrito de Sardinal. El proyecto por medio de su extensión de 117.6 hectáreas, busca integrar complejos de hospedaje, residencias, áreas recreativas y un espacio privado con instalaciones deportivas, salones de eventos y zonas de juego infantil.
Así mismo, la propuesta del proyecto abarca desde un complejo hotelero con cocinas, terrazas, piscinas, spa, gimnasio y restaurantes, además de lotes residenciales destinados a futuros desarrollos habitacionales. Pese a la magnitud de la inversión se han identificado diversas deficiencias en el cumplimiento de normativas y en la presentación de estudios ambientales. Además, se destaca la falta de autorizaciones de instituciones como SENARA, MOPT y SINAC, así como la carencia de elementos técnicos, como estudios geotécnicos completos, planos detallados y registros fotográficos que respaldan la viabilidad técnica del terreno.
El desarrollo inmobiliario se encuentra a cargo de la empresa: Enjoy Hotels & Resorts Sociedad Anónima cuyo representante legal es Andrés Pacheco Albónico. Dicha empresa es parte del conglomerado Enjoy Group, donde también se encuentran otros restaurantes y hoteles distribuidos en todo el país tales como la Marina Golfito, Fiesta Resort, Hilton Garden Inn Guanacaste, Mangroove, P.F. Changs, Hotel Villa Lapas, entre otros.
La infraestructura prevista en este desarrollo abarca una región caracterizada por una significativa cobertura de bosques maduros y secundarios, igualmente existe la presencia de humedales y manglares cerca de la zona. Estos terrenos por su alta vulnerabilidad ambiental se encuentran protegidos por la legislación del país, lo que subraya la importancia de conservar estos valiosos ecosistemas en medio de cualquier actividad de desarrollo.
La pérdida de estos ecosistemas por parte del proyecto podría desencadenar efectos adversos en la calidad del suelo y en la estabilidad de las laderas, agravando los impactos ambientales y comprometiendo la integridad del paisaje. Los tipos de bosques encontrados en el terreno desempeñan un rol en la regulación de los ciclos hidrológicos y la prevención de la erosión. Por otro lado, los humedales estuarios y manglares fungen en los procesos de filtración del agua y suministran refugio a diversas formas de vida silvestre.
A pesar de la relevancia natural y ecológica la empresa desarrolladora ha fallado al presentar la documentación pertinente para demostrar la viabilidad ambiental del proyecto. Entre los incumplimientos, por los cuales se cuestiona dicho desarrollo inmobiliario se encuentran: la falta de permisos emitidos por SENARA, MOPT y SINAC, donde se garantice la legalidad del proyecto turístico, así como el pleno cumplimiento de las normativa en materia ambiental.
Una segunda polémica, se encuentra relacionada con la certificación de uso de suelo, a pesar de que la empresa cuenta con el certificado emitido por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) del 2019. Existen deficiencias en la documentación, donde se asegure el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el Plan Maestro del Polo Turístico Golfo Papagayo. En particular, con lo definido para las plantas de tratamiento de aguas residuales, elemento fundamental para mitigar impactos ambientales y garantizar la sostenibilidad en la protección de los ecosistemas circundantes.
El estudio biológico presentado por la empresa carece de la integridad necesaria para evaluar adecuadamente los impactos sobre la flora y fauna locales. Igualmente, las medidas planteadas de mitigación del riesgo ambiental resultan insuficientes para proteger especies vulnerables, como el mono congo, la tortuga roja y el tamandúa. Esto representa una omisión grave al no considerar de forma detallada la conservación de la biodiversidad en un área tan ecológicamente privilegiada.
En cuanto al estado de la cobertura forestal del área, un informe realizado en 2024 por el Ing. Álvaro Solano Acosta sobre el Polo Turístico de Papagayo resalta que la mayor parte de la propiedad presenta una densa cobertura forestal. Solo una pequeña sección del terreno carece de esta característica. Esto refuerza la idea de que el área se encuentra, en gran medida, preservada y ha mantenido su integridad natural.
El informe destaca la alta densidad de árboles en la zona, tales como el cenízaro, guanacaste y guácimos. Estos árboles constituyen elementos vitales en la conservación de la biodiversidad local, proporcionando hábitats esenciales para una variedad de especies y contribuyendo a la estabilidad ecológica del área.
Según los datos presentados, aproximadamente el 92.5% de la finca está cubierta por bosque. Este porcentaje se complementa con la identificación de áreas de matorral arbolado y zonas de protección absoluta, especialmente en aquellas áreas asociadas a recursos hídricos como ríos y quebradas. Dichas áreas representan un componente crucial en la valoración ambiental de la zona, destacando la relevancia de conservar estos ecosistemas.
Específicamente, los levantamientos muestran que 34.1 hectáreas corresponden a cobertura forestal, mientras que 4.0 hectáreas se destinan a la protección de quebradas y 2.25 hectáreas a matorrales arbolados. Por último, en el informe, se confirma la presencia de un manglar registrado, denominado «Manglar Panamá 1», el cual refuerza la importancia ecológica de la zona. Dicho ecosistema juega un papel crítico en la sostenibilidad de la biodiversidad local.
En un acto de solemnidad y reconocimiento internacional, el Consejo Directivo del Claustro Doctoral de Corporativo Valladolid, en Puebla, México, otorgó el Doctorado Honoris Causa a la costarricense a la Dra. Ana Yury Navarrete Contreras, oriunda de Santa Cruz, Guanacaste, por su invaluable legado educativo, sociocultural, científico y ambiental. La ceremonia se llevó a cabo el 5 de diciembre de 2024, en un escenario cargado de simbolismo y gratitud, donde se honró una vida consagrada al servicio del bien común.
Con más de treinta años de trayectoria, la Dra. Navarrete ha dejado una huella profunda en el ámbito nacional e internacional. Su historia profesional entrelaza la docencia, la investigación y el compromiso social. Desde las aulas rurales bajo la sombra de un árbol, hasta los foros científicos más exigentes del mundo, su camino ha sido el de una educadora incansable que ha hecho de la pedagogía un acto de justicia social.
Actualmente labora como académica del Campus Nicoya de la Universidad Nacional de Costa Rica, carrera de Pedagogía, cursa estudios posdoctorales en el Instituto Politécnico de Portugal. Es árbitra evaluadora de la reconocida Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo (RIDE) y autora de investigaciones pioneras sobre neuromitos; coautora de libros y artículos científicos en el campo de la neuroeducación.
Una vida consagrada a educar en condiciones adversas
Antes del acto de investidura, se presentó y analizó ante la comisión evaluadora que otorga el Doctor Honoris Causa, una muestra fotográfica que documentan años de enseñanza en comunidades de extrema pobreza, donde la infraestructura era inexistente y los recursos, escasos. Esta evidencia no solo conmovió al jurado, sino que reafirmó su convicción: la Dra. Navarrete ha llevado la educación a los márgenes del olvido con pasión, entrega, ética, con proyectos de impacto en el tiempo a cambio de nada. Su lucha por la reapertura y sostenibilidad de la carrera de Pedagogía en el Campus Nicoya de la UNA ha dado frutos tangibles: cinco generaciones de educadores que hoy nutren las aulas guanacastecas.
Forjadora de esperanza y liderazgo transformador
Más allá de los títulos, la Dra. Navarrete ha sido reconocida como una lideresa comunitaria, sembradora de conciencia crítica y constructora de oportunidades. Su legado es tan vasto como diverso. Fundó la Escuela INVU Las Cañas (1999); fue impulsora del periódico escolar El Bebedero en Acción (1997) iniciativa pionera de comunicación educativa que influyó en políticas locales de salud ocupacional; en el año 2005 lideró, como supervisora, la siembra de más de 20,000 árboles en especies en peligro de extinción; gestionó la ampliación de comedores escolares para la alimentación de jóvenes y adultos que estudian y trabajan ( MEP-2016-2019); impulsó la creación de las oficinas para el bienestar de las Juntas de Educación y administrativas de escuelas y colegios de Cañas ( MEP-2016-2019). Además, la Dra. Navarrete ha representado a Costa Rica como conferencista internacional en Colombia, España, Perú, Portugal, México, Bolivia, Ecuador, Panamá, África y otros.
Su papel en el ámbito de la investigación científica ha sido verdaderamente innovador y transformador. La Dra. Navarrete es coautora de dos patentes registradas en la zona euro y de alto impacto en el campo de la neuroeducación. La primera, titulada “ANDA” (Escala sobre Análisis de Neuromitos Docentes Actuales), fue publicada en la Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (Contreras, A. Y. N., & Fuentes, A. R., 2024, 27(3), 105-118) y constituye un nuevo estándar metodológico para la identificación y análisis de neuromitos que afectan las prácticas docentes. La segunda, “ALFANED” (Escala de Alfabetización Neuroeducativa Docente) desarrollada junto a un equipo multidisciplinario (Rodríguez Fuentes, A., Navarro Rincón, A., Gallardo, C. P., & Navarrete, A. Y., 2023), ha sido registrada en Safe Creative (ver registro) como un instrumento pionero en la medición de la alfabetización neuroeducativa desde la educación básica hasta el nivel universitario.
Ambas herramientas se han posicionado como referentes internacionales en el campo emergente de la neuroeducación, al ofrecer evidencia empírica robusta sobre las creencias erróneas que persisten en el sistema educativo respecto al funcionamiento del cerebro y su relación con el aprendizaje.
Esta investigación constituye una obra pionera en el abordaje crítico de los neuromitos en el contexto costarricense, específicamente en el nivel de educación primaria, y propone un modelo de intervención pedagógica basado en la evidencia científica para transformar la formación docente en el país. Dentro de los hallazgos más sobresalientes de esta tesis doctoral es el descubrimiento de la Dra. Navarrete de los 15 neuromitos que impactan negativamente el proceso de enseñanza- aprendizaje de la educación primaria de Costa Rica, titulados en la tesis como: EL TOP 15 DE LOS NEUROMITOS EN COSTA RICA.
Más recientemente, la Dra. Navarrete participó como coautora del instrumento científico inédito Neuro-Prees, diseñado en el marco de su investigación posdoctoral. Esta escala, desarrollada desde la realidad educativa de Costa Rica, fue validada por 142 jueces expertos y presentada por primera vez en marzo de 2025 durante el III Congreso Iberoamericano del Pensamiento Transformacional. La investigación fue publicada en el libro Resultados de Investigación: Juntos Transformando el Mundo. Escala Neuro-Prees (Navarrete Contreras, A. Y., & Arrifano Tadeu, P. J., 2025). El instrumento tiene como objetivo identificar los neuromitos que afectan negativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación preescolar, con el fin de generar propuestas de mejora sustentadas en evidencia científica que contribuyan a elevar la calidad educativa desde la primera infancia.
Reconocimientos que trascienden fronteras.
La Dra. Navarrete ha sido galardonada en más de veinte ocasiones por entidades nacionales e internacionales. Entre los reconocimientos más destacados figuran su nominación al Premio Mauro Fernández (Diócesis de Tilarán y MEP, 2011; Municipalidad de Cañas, 2011) y los otorgados por ministros y viceministros del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica Sánchez Moya (1999), Vargas Salazar (2000-2001), Doryan Garrón y Arias Ocampo (s.f.), así como por la Rectoría de la Universidad Nacional (Rojas Garbanzo en 2021 y Gonzales Alvarado en 2022). Su impacto ha sido también celebrado por instituciones Iberoamericanas como la Universidad de Granada-España (2022), la Universidad Peruana de Los Andes (2021) y la Asociación Educativa Global de Colombia (2022).
Símbolo de liderazgo y visión estratégica
En el marco de esta distinción, la Dra. Navarrete también recibió el Reconocimiento del Águila Real, símbolo de liderazgo, majestad y visión estratégica, conferido por la Comisión Latinoamericana de los Derechos Humanos para el Bienestar de los Pueblos Originarios. Este galardón honra a quienes transforman su entorno con sabiduría, resiliencia y compromiso inquebrantable.
Asimismo, la Comisión Latinoamericana de los Derechos Humanos para el Bienestar de los Pueblos Originarios otorgó a la Dra. Ana Yury Navarrete el nombramiento como Presidenta de la Sede en Costa Rica (Delgadillo, 2024).
Un legado que ilumina generaciones
El Doctorado Honoris Causa constituye el máximo reconocimiento académico que una universidad puede otorgar a una persona, como expresión de gratitud y admiración por sus contribuciones excepcionales al conocimiento, la sociedad, la cultura o la humanidad. Este acto de respeto profundo no solo reconoce los méritos académicos y científicos de la Dra. Ana Yury Navarrete, sino que legitima una trayectoria marcada por la coherencia entre pensamiento y acción. Su vida es testimonio de que la educación, cuando es guiada por el amor al conocimiento y el respeto por la dignidad humana, puede cambiar destinos individuales y colectivos.
Hoy, su ejemplo inspira a nuevas generaciones de maestros, investigadores y líderes comunitarios, no solo en Guanacaste, sino en toda Iberoamérica.
SURCOS comparte el reporte que nos llega desde Guanacaste:
Municipio de Santa Cruz esta mañana del 4 de abril
Se están reparando carreteras, pero también se están retirando plantas, árboles y tierra dentro de la zona de 50 metros de Playa Frijolar y Playa Blanco de Marbella, Guanacaste.
Además, se retiró un árbol y este búho (foto) tuvo que ser rescatado mientras se tomaban fotos de la destrucción de la Zona Marítimo-Terrestre.
Quizás el búho esté enviando un mensaje a todos los costarricenses hoy: que las municipalidades dejen de trabajar dentro de la ZMT sin estudios de impacto ambiental.
La popularización del término gentrificación nos convoca a discutir la situación que enfrenta el litoral guanacasteco en la actualidad, con un explosivo desarrollo inmobiliario a lo largo de sus costas, principalmente de residencias y condominios de lujo. Parte de la cobertura que se le ha dado a este fenómeno tiene que ver, precisamente, con el uso del vocablo en cuestión para describirlo, incluso en contextos académicos.
Ahora bien, ¿qué tan adecuado resulta denominar el fenómeno inmobiliario de Guanacaste, y otras zonas costeras del país como gentrificación o causante de esta? ¿Es el uso de este término suficiente para entender las dinámicas que suceden en torno al acelerado desarrollo inmobiliario en la región? ¿Deberíamos pensar en otros enfoques para así entender mejor las particularidades del litoral guanacasteco?
El término gentrificación, acuñado por la socióloga británica Ruth Glass en los años sesenta del siglo pasado, se refiere al reacondicionamiento de espacios urbanos para ser ocupados por personas de clases sociales más privilegiadas que sus habitantes tradicionales, quienes son expulsados.
A lo largo de las décadas, el término se utilizó para describir este fenómeno, causado no solamente por las movilidades de las clases más pudientes, sino también de estudiantes, inversionistas especuladores y turistas. Estos últimos son los que han popularizado el vocablo, sobre todo en ciudades como Venecia, Barcelona, Londres o Nueva York, en donde inmobiliarias han adquirido y remodelado casas y apartamentos en las zonas más turísticas para alquilarlas, por medio de plataformas como Airbnb o Booking, a visitantes que solo están de paso, pero que les producen mayores ingresos que los residentes permanentes.
Esta combinación de turistificación, es decir, la conversión de un lugar en un enclave dedicado y dependiente del turismo, y del cambio de uso de viviendas existentes o la demolición de viviendas y la construcción de nuevos apartamentos de alquileres temporales, es lo que genera la gentrificación en ciudades de alta visitación.
Ahora bien, ¿sucede esto en el litoral de Guanacaste, muy dependiente del turismo? En Guanacaste hay lugares muy turistificados, como Tamarindo o El Coco, pero no exactamente ha ocasionado la compra, por parte de nuevos residentes y especuladores, de viviendas ocupadas por locales y su reacondicionamiento, como sucedió en Venecia o Barcelona. Lo que se da más bien es el uso de territorios abiertos y sin construcciones existentes, cerca de la costa, dedicados a actividades agrícolas, o que permanecían ociosos, para construir viviendas y condominios de lujo.
Esto acontece a través de un cambio de uso del territorio, que no necesariamente provoca la salida de los habitantes locales, sino que genera la formación de lo que hemos llamado “territorios disonantes”, caracterizados por los contrastes escandalosos entre la opulencia y la carencia, el lujo y la precariedad, la desigualdad y la exclusión en contextos muy próximos entre sí, en donde conviven, en condiciones muy desiguales, barrios populares y empobrecidos con condominios cerrados y residencias de lujo.
En la gentrificación en contextos urbanos es claro que esta exclusión y desigualdad también se dan, pero existen más posibilidades de movilidad por parte de las personas que ya no pueden permitirse vivir en un barrio gentrificado. En contextos rurales—y en el guanacasteco en particular—estas posibilidades son mucho más limitadas. La falta de opciones laborales y la alta dependencia del turismo, así como las distancias mayores, limita que las personas puedan desplazarse a vivir a otras comunidades más accesibles y menos encarecidas.
Al anunciarse Costa Rica como un paraíso verde, con selvas y playas a entera disposición del turista y del inversionista—así nos hemos promocionado desde los ochenta—, la inversión y el desarrollo inmobiliario van a procurar los territorios que reúnan esas características.
Entonces, el auge de la construcción relacionada con el sistema turístico en Guanacaste hace que se construyan espacios en territorios que calzaban con ese imaginario: abiertos y naturales, de gran belleza escénica y próximos o con vista al mar. Esto no necesariamente va a provocar la salida de las poblaciones locales—los espacios donde viven los habitantes locales no son del interés de estos desarrolladores—pero sí los van a dejar en una situación de exclusión y desigualdad persistentes, y eso puede ser aún peor que la gentrificación.
La disonancia se manifiesta en el condominio de lujo, con su propio acueducto, encerrado en su propia burbuja de amenidad, con servicios de ocio hechos a su medida, a una calle de distancia de una población local con todo tipo de problemas y carencias como la de escasez de agua, la falta de alcantarillado, calles sin asfaltar, viviendas deterioradas, amenaza de desastres naturales, violencia y crimen organizado.
Vivir en estas condiciones por supuesto que encarece el costo de la vida, debido a que aumenta la oferta de servicios destinados a los nuevos ocupantes, pero no la dedicada a los locales. Todo esto conduce a la precarización de las condiciones de vida de los habitantes locales y de los migrantes internos o del sur global, dedicados a trabajos de servicio de menor remuneración.
Ahora bien, ¿deberíamos abandonar el término gentrificación al hablar de lo que sucede en Guanacaste? No necesariamente. Usar la palabra facilita que nos entendamos, en términos generales, y también ayuda a la divulgación de este tipo de problemas; tiene una ventaja en la escena política y activista.
Sin embargo, Guanacaste y otras regiones costeras del país tienen particularidades que también deben verse con cuidado, para no caer en las generalizaciones que nos llevan a ver realidades muy distintas como si fueran la misma cosa.
*Coordinador del Observatorio de Turismo y Migraciones (Obtur) de la Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional (UNA).
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Acabo de oír la presentación del ministro de Agricultura Víctor Carvajal y unos subordinados, el 28 de octubre en la comisión de Guanacaste, sobre proyecto de Agua contaminada para guanacaste.
El MAG y SENARA trabajan para hacer un embalse en rio Piedras para tener más agua para riego. Este proyecto es inviable económicamente, así lo indican todos los estudios de factibilidad. La ministra Laura Fernández señaló que todo el capital del préstamo para las obras y los intereses serían asumidos por el Gobierno, es decir el Estado, es decir por cada uno de los habitantes del país.
Tratan de justificar la enorme inversión, diciendo que llevarán agua potable a toda la provincia. Pero el agua que traen está contaminada.
Y en Guanacaste, está el acuífero del rio Tempisque, que puede abastecer miles de m3 de agua de los acuíferos subterráneos, de buena calidad y distribuida en los diversos cantones, Liberia, Carrillo, Santa Cruz, Nicoya.
Hoy esas aguas se usan en riego. Pero son del Estado y se le pueden pasar al AyA sin costo o gastos.
No hace falta agua, no hace falta potabilización, no hace falta transporte, no hace falta PAACUME – SENARA – MAG.
AyA no quiere el agua contaminada para guanacaste.
El presidente Chaves y su equipo, SI quieren venderle eso a los guanacastecos.
Este es el titular que circula tanto en las redes sociales como en los principales medios de comunicación nacionales, retratando a los miembros del concejo municipal y al alcalde como los responsables de tal atrocidad e injusticia.
Ya sea que sean funcionarios públicos corruptos o no, el sistema jurídico vigente ha sido manipulado para permitirles o incluso obligarlos a cometer actos tan crueles en contra de sus propios vecinos.
En realidad, las comunidades costeras de Costa Rica enfrentan un destino sombrío debido a las nuevas leyes y reglamentos de la zona marítimo terrestre que han sido promulgados en la última década.
Estas normativas han sido diseñadas para crear divisiones entre los habitantes de las regiones costeras, lo que ha llevado a la mayoría de los pueblos costeros a caer en una trampa.
Una de las leyes obliga a los gobiernos locales a desarrollar e implementar un plan de manejo de la zona marítimo terrestre conocido como Plan Regulador Costero (Ley 9242 de 2014). A simple vista, esta norma parece ser una repetición de lo establecido en la Ley 6043 sobre ZMT de 1977.
Sin embargo, la nueva normativa exige que el Plan Regulador se elabore y se implemente de acuerdo con las directrices establecidas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Ese es el problema de fondo.
El enfoque principal de este nuevo manual del ICT es el desalojo y demolición de edificaciones en la ZMT que no cumplen con la política y visión de desarrollo turístico costero establecida por esta entidad pública.
Lo anterior pone a las Municipalidades, cuyo deber es proteger los intereses de sus representados, en una posición incómoda al tener que llevar a cabo desalojos y demoliciones que no benefician a los habitantes de sus distritos costeros.
En su mayoría, la situación contradictoria en la que se encuentran atrapados actualmente los municipios de las regiones costeras es en gran medida un legado de administraciones anteriores que se alinearon con las políticas de las administraciones del gobierno nacional en el poder en busca de beneficios políticos personales.
Este fenómeno se rige por una regla no escrita conocida como «la línea del partido», donde aquellos que no siguen la línea son marginados.
Por lo tanto, nuestra tarea inmediata como comunidad es encontrar la manera de desvincular a nuestros representantes en el gobierno local y unirnos en la lucha por el bienestar de los habitantes costeros del distrito de Cahuita, cantón de Talamanca.
Así como la política de desarrollo turístico costero del ICT (que implica desalojar y demoler las construcciones existentes en la ZMT) no hace distinciones basadas en la etnia, afiliación política o credo religioso de los propietarios, de la misma manera la lucha para detenerla debe ser inclusiva. De lo contrario, sería extremadamente difícil superar este desafío.
Mapa de la zona en Guanacaste a la que se refiere la denuncia.
Gadi Amit
El señor presidente Chaves y su vocera Pilar Cisneros, se quejan un día sí y al siguiente también que los otros poderes de la República no funcionan.
Presentamos el caso de una instancia del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Ambiente, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).
Le toca analizar y castigar delitos ambientales, corta de bosques, contaminación de aguas, daño de humedales, construcciones sin permisos, proyectos sin permisos de SETENA, todas las denuncias antes citadas y más.
Hoy tiene más de 4.000 casos, esperando ser tratados y resueltos. Algunos llevan ya 14 o 15 años de trámite.
El procedimiento exige la participación de 3 jueces para las audiencias y para la toma de resoluciones. Y resulta que no hay 3 jueces nombrados. Hay dos titulares y no hay suplentes.
Entonces, eso no funciona. Se gasta dinero. Se pagan salarios, pero no se hace nada. Y es por culpa del Poder Ejecutivo.
Corresponde nombrar jueces del TAA al Consejo Nacional Ambiental encabezado por Laura Fernández, ministra de la Presidencia y cuyo secretario es Franz Tattenbach, ministro de Ambiente. Y no lo hacen.
Falta un juez titular y tres jueces suplentes, para permitir que haya justicia pronta y cumplida en temas del medio ambiente.
Mientras la presidenta del TAA confirma los hechos y enumera todas las gestiones realizadas por ellos ante el MINAE y hasta una carta al señor presidente (ver anexo).
Vencido el plazo legal otorgado, no hay respuesta de la ministra de la Presidencia. La Sala certifica la falta de respuesta (ver anexo)
Por sus actos y sus consecuencias los conoceréis.
Los problemas del país en la protección del medio ambiente no están en la agenda del Poder Ejecutivo. Ni siquiera respetan a la Sala Constitucional.
Nuestro caso – Hotel Riu guanacaste
Los hechos se remontan a 2009. Hace 15 años.
Cobran vigencia hoy, con los permisos de corta de bosque en Gandoca- Manzanillo.
En Hotel Riu se cortaron más de 3.000 árboles diciendo que no era bosque. Hay testimonios ya aceptados que los permisos de corta fueron ilegales y fraudulentos: Expediente 09-003649-0412-PE, en Voto 726-2022 se confirma el delito de falsedad ideológica en los permisos de corta y cambio de uso de suelo donde se construyó Hotel Riu.
Queda comprobado también en oficio DA- UHTPNOL-0204-2024 que Hotel Riu Guanacaste está construido encima de una quebrada, que fue desviada y rellenada.
En anteriores administraciones y en esta también, no quieren tomar las medidas legales, para castigar a los delincuentes ambientales.
15 años esperando nuestro derecho a una justicia pronta y cumplida.
