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Etiqueta: Guatemala

Una ficción en clausura

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Centroamérica se debate hoy, una vez más en su historia, en una hora compleja. Los escenarios en Guatemala y Panamá dan cuenta de procesos en los que aparece su población como protagonista.

Al tiempo que se escriben estas notas se conoce del ataque del Ministerio Público guatemalteco a la institucionalidad académica, clara cuestionadora de los arreglos y amaños colmados de corrupción e impunidad, que las élites políticas han impulsado durante décadas en detrimento de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

En Panamá durante días la manifestación pública en contra de la instalación de un proyecto minero (uno más que la racionalidad neoliberal ha intentado imponer a toda costa) ha sido constante, multisectorial y resistente.

A prueba de una agenda mediática repleta de espectáculos, superficialidades y cortinas de humo, las redes de comunicación horizontal que por suerte hoy están en nuestras manos nos hacen conocer los pormenores de la situación panameña. Colegas como los sociólogos Briseida Barrantes y Olmedo Beluche han sido nuestros interlocutores en estos días y por medio de sus constantes mensajes nos enteramos de la persistente dignidad que presenta el pueblo panameño en estos momentos.

Precisamente Olmedo Beluche compartió recientemente una reflexión sobre esta coyuntura a la cual habría que prestarle atención, desde mi perspectiva, en dos aspectos: el primero, reconocer el rasgo estructural que origina las manifestaciones cuyo hecho visible es la oposición tajante al funcionamiento de una empresa minera, pero que en el fondo devela una profunda crisis del modelo social, político y económico en aquel país. Por eso la conformación de un sustrato de actores amplio, como lo menciona Beluche:

“Movilizaciones masivas como no se habían visto nunca en la historia de la república de Panamá, un país donde cada tanto la gente se tira a la calle a protestar. Decenas de miles de jóvenes autoconvocados por las redes sociales que se reúnen y marchan por las principales avenidas de la ciudad capital. Miles de pobladores de comunidades indígenas, rurales y urbanas pauperizadas que espontáneamente salen a bloquear la carretera Panamericana, en tantos lados a la vez, que es imposible para la policía reprimirlos a todos. Miles de activistas sindicales y gremiales que marchan y cierran calles convocados por una alianza de organizaciones populares con carácter asambleario, compuesta por docentes, obreros de la construcción, trabajadores de la industria, estudiantes, etc.”

El segundo rasgo apela a reconocer una especie de “desujección” que la subjetividad política popular panameña ha realizado: el “descreimiento” hacia la institucionalidad, la política, los grupos patronales y los medios de comunicación. Es efectivamente un tajante cuestionamiento al orden social promovido por las élites panameñas y sus referentes políticos y financieros transnacionales.

En Costa Rica no ha detonado así el descontento popular, aunque hay suficientes motivos, porque aún persiste un saldo en el pensamiento colectivo sobre esa institucionalidad que sostuvo la vía costarricense durante buena parte del siglo XX. Aún quedan ciertos mitos fundacionales, aunque débiles, que sostienen una supuesta comunidad de iguales. Aunque nunca lo fuimos.

Uno de estos mitos, me parece, el de la comunidad horizontal e inclusiva, ha empezado a clausurarse. Solo así se entienden las incomprensibles reacciones de buena parte de aficionados durante el último partido de la selección costarricense, casualmente contra su homóloga panameña. Si ya las ficciones que sostenían ese pacto social (lo político vía la representación y lo colectivo vía la apelación a la comunidad por medio de figuras de identidad como la selección) no contienen. entonces estamos observando posiblemente el cierre técnico de esa comunidad que fuimos alguna vez. Si el cierre propiciara “el grito”, como mencionaba John Holloway alguna vez, bienvenido sea para el caso costarricense.

Aguardemos.

Pronunciamiento por Guatemala

Viernes 17 de noviembre, 2023

La Decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales, la Cátedra de Centroamérica y el Campus Centroamérica por la Libertad de Cátedra de la Universidad de Costa Rica manifestamos nuestra preocupación por los recientes acontecimientos protagonizados por el Ministerio Público guatemalteco.

Este viernes 17 de noviembre, inició con una nueva persecución penal y captura de una treintena de personas académicas, políticas del Movimiento Semilla e integrantes de la sociedad civil, quienes han tenido roles protagónicos en el enfrentamiento de lo que se denomina “pacto de corruptos” y a favor de la democracia en su país.

En horas de la tarde, el proceso se extendió con solicitudes de antejuicio contra el presidente y la vicepresidenta electos, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, así como contra diputados y diputadas electas.

Como comunidad universitaria denunciamos que el llamado caso “Toma de la USAC: botín político” pretende criminalizar acciones de protesta legítimas que, integrantes de la vida universitaria guatemalteca protagonizaron en defensa de la autonomía universitaria y contra de la corrupción en la elección de la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Entre las personas detenidas se encuentran Marcela Blanco, la excandidata a diputada por el Movimiento Semilla y estudiante de la Universidad Rafael Landívar. También, el Dr. Eduardo Antonio Velázquez, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología y académico de la USAC, así como, el estudiante de la USAC Camilo García.

Nos unimos a las múltiples voces que denuncian este evidente acto de criminalización y amedrentamiento del pensamiento crítico y el ejercicio de las libertades ciudadanas.

Además, alertamos del duro golpe que significan estas capturas para la autonomía universitaria en nuestra región centroamericana.

Por último, no podemos dejar de señalar el abuso de las potestades del Ministerio Público para intervenir en las decisiones tomadas en las urnas y legítimamente, por el pueblo guatemalteco.

Guatemala: Caso “Toma de la USAC” profundiza judicialización del proceso electoral y la criminalización contra personas opositoras

Las Américas, 17 de noviembre de 2023. Organizaciones internacionales expresamos nuestro profundo rechazo a las recientes acciones de criminalización del Ministerio Público de Guatemala contra la oposición política, académicos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en el llamado caso “Toma de la USAC: botín político”.

Este nuevo abuso de poder por parte del Ministerio Público se da en un contexto de persistente judicialización del proceso electoral, cuyo objetivo final es impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera, y diputados electos tomen efectiva posesión de sus cargos el 14 de enero de 2024. La interferencia del Ministerio Público atenta una vez más contra el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, aplicando indebidamente el derecho penal a acciones legítimas de defensa de la autonomía universitaria.

El 16 de noviembre se registraron allanamientos y órdenes de captura contra 27 personas vinculadas a los movimientos sociales, estudiantiles, la sociedad civil y al partido político Movimiento Semilla en un caso relacionado con la resistencia pacífica en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), ante las anomalías que se dieron en el año 2022 en el proceso de elección de las autoridades universitarias. Todas estas personas hoy están siendo criminalizadas por su rol de denuncia de la corrupción en dicho proceso de elección y por ejercer pacíficamente la defensa de sus derechos de expresión, asociación y manifestación.

Entre las personas con órdenes de captura se encuentran el ex procurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade, defensores de derechos humanos como Ramón Cadena y Helmer Velásquez, académicos de la USAC como Hada Alvarado y Eduardo Velásquez, líderes estudiantiles y periodistas. Al momento han sido aprehendidas 5 personas: la excandidata a diputada por Semilla Marcela Blanco, Rodolfo Chang Shuma, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Javier De León y Alfredo Enrique Beber.

El Ministerio Público informó que en las próximas horas presentarán solicitudes de antejuicio contra el binomio electo de Arévalo y Herrera, contra los diputados electos por el partido Movimiento Semilla Samuel Pérez, Román Castellanos, Raúl Barrera y contra los diputados Aldo Dávila, Adán Pérez y Carlos Taracena; lo anterior por haber estado en las instalaciones de la USAC haciendo manifestaciones en conferencia de prensa.

El Ministerio Público profundiza así su estrategia de criminalización enfocada hace años contra operadores de justicia, periodistas, y otras personas defensoras de derechos humanos. La actuación abusiva del Ministerio Público ha sido reconocida a nivel internacional en más de cinco ocasiones por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución el 15 de noviembre de 2023 expresando su grave preocupación respecto a la excesiva judicialización del proceso electoral e intimidación contra miembros del partido Movimiento Semilla y sus familias y resolvió “denunciar los intentos del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder, que atentan contra el proceso democrático y los compromisos de Guatemala en virtud de la Carta Democrática Interamericana”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho llamados al Estado de Guatemala “a respetar el resultado de las elecciones generales y a cesar las acciones del Ministerio Público (MP) que ponen en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”. En este sentido, hacemos un llamado a la CIDH a valorar de forma urgente las medidas cautelares solicitadas en el marco del proceso pacífico de defensa de la autonomía de la USAC (MC-638-23) para evitar daños irreparables a estas personas.

Guatemala vive momentos críticos donde se requiere de mayor veeduría internacional y pronunciamientos expresos hacia las autoridades de que Guatemala no será aceptada dentro del concierto de naciones si continúa en una lógica autoritaria manipulando las leyes para burlar los resultados de las elecciones.

FIRMAN
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
American Jewish World Service (AJWS)
BeJust
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Article 19 Oficina para México y Centroamérica
Abogados sin fronteras Canadá (ASFC)
RFK Human Rights
American Friends Service Committee (AFSC)
Luis von Ahn Foundation
International Service for Human Rights (ISHR)
Comisión Internacional de Juristas
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Latin American Working Group (LAWG)
Protection International (PI)

¿Qué está pasando en Venezuela, Guatemala y Panamá?

En el programa de La Mesa Redonda el historiador y politólogo costarricense Vladimir de la Cruz brindó una clara explicación sobre la compleja situación política en Venezuela, Guatemala y Panamá. Durante su intervención destacó las condiciones políticas desafiantes en relación con los procesos y garantías electorales que afectan en diversos aspectos a la población como en control de territorio, pobreza, marginación, y sobre todo a la democracia. Además de la existencia de casos de corrupción en el gobierno, como en el caso del contrato abusivo para la minería de cobre en Panamá.

La participación de Vladimir de la Cruz en el programa proporcionó una perspectiva sobre los desafíos políticos y sociales que enfrentan estos países.

Compartimos el video del programa:

Guatemala: Corte IDH ordena dejar sin efecto trámite de iniciativas de ley de amnistía para crímenes del conflicto armado

  • La resolución del más alto tribunal de derechos humanos de la región señala que de seguir adelante con la tramitación de las iniciativas que pretenden amnistiar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, constituiría un desacato y tendría un impacto irreparable en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.

Guatemala y Costa Rica. 27 de octubre de 2023. En una resolución dada a conocer el lunes 23 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) amplió las medidas de protección del derecho al acceso a la justicia otorgadas a víctimas de 14 casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y ordenó al Estado de Guatemala que cese el trámite de las iniciativas de ley que pretenden establecer una amnistía, o que las deje sin efecto, en caso de que alguna resulte aprobada.

La Corte IDH se refiere a los proyectos de Ley 5920, que se encuentra en estudio en la Comisión de Gobernación y la Comisión de la Defensa Nacional, y 6099, que fue aprobado con dictamen favorable por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Desde entonces, ha sido remitida en dos oportunidades para su consulta ante la Corte de Constitucionalidad, siendo rechazada por incumplimiento de los requisitos legales.

Ambas iniciativas de Ley son variaciones de la iniciativa 5377 de Ley de Amnistía que se tramitó en 2019 y fue archivada por la CC en 2021, debido a que vulneraba el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de casos de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos los casos Molina Theissen, Bámaca Velásquez y la Masacre de Las Dos Erres.

En su resolución, el Tribunal considera que en tanto las iniciativas de Ley imponen la revisión de oficio de condenas por delitos cometidos durante el conflicto armado, así como de cualquier proceso penal o investigación en curso relacionada con delitos cometidos durante este, se pone en peligro la justicia ya obtenida o en camino para las víctimas y se aseguran beneficios inmediatos para sindicados, imputados y condenados, quienes podrían acceder a una libertad inmediata. Advierte además que, al continuar con la intención de aprobar esta clase de amnistías que procuran la impunidad, Guatemala estaría incurriendo en desacato de la resolución de la Corte Interamericana de 12 de marzo de 2019, que ordenó el archivo de la iniciativa 5377 por estas mismas razones.

Otro aspecto por destacar es que la Corte IDH se refiere a los obstáculos que han enfrentado los operadores de justicia a cargo de este tipo de casos cuando han logrado avances en el procesamiento y sanción de los responsables. Abogados, fiscales y jueces se han visto sujetos a actos de intimidación, acciones judiciales, así como campañas de desprestigio y estigmatización, como en el caso del juez Miguel Ángel Gálvez, ahora en el exilio; y en el del juez Pablo Xitumul, quien llevaba el proceso por desaparición forzada en contra de Marco Antonio Molina Theissen. En consecuencia, la Corte considera que estas circunstancias excepcionales generan un alto riesgo de que a nivel interno no se pueda ejercer un adecuado control judicial en caso de aprobarse dichas iniciativas de ley.

Para las organizaciones integrantes de la Mesa de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Corte IDH contra Guatemala, que agrupa a representantes, víctimas y familiares, la resolución de la Corte IDH llega en el momento oportuno pues no se debe permitir el avance de leyes pro-impunidad. “A la luz de sus obligaciones internacionales, el Estado guatemalteco debe llevar a cabo los procesos penales con todas las garantías, especialmente la debida diligencia, para sancionar a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Argumentos a favor de la extinción de la responsabilidad penal de los autores de estos crímenes para mantener “la paz” son inadmisibles.

“Confiamos en que la Corte de Constitucionalidad actúe en consecuencia de sus fallos anteriores y favorezca el acceso a la justicia, es lo que la sociedad guatemalteca merece y demanda”, señaló Gisela De León del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Lea la resolución completa aquí

Integrantes de la Mesa de Supervisión de Cumplimiento:

Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en la Verapaces Maya Achi (ADIVIMA)

Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BJDH)

Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Familia Molina Theissen

Fundación Myrna Mack

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Pedro Chitay (Caso Chitay Nech)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA)

Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI)

Representantes en el caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar)

La Mesa de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala está conformada por personas y organizaciones de la sociedad civil que representan a víctimas de violaciones a derechos humanos ante la Corte IDH, con el objeto de impulsar conjuntamente el cumplimiento de las medidas ordenadas por el tribunal interamericano al Estado de Guatemala.

Red SEPA expresa solidaridad con la lucha del pueblo guatemalteco

Resolutivo Núm 2.

En el marco del 5º Encuentro Continental de la Red de Educadores y Educadoras Indígenas [REI], realizado en Santander de Quilichao, Colombia, del 12 al 14 de octubre de 2023. Delegadas de más de 20 organizaciones sociales, docentes, sindicales y representes de las diversas naciones de los pueblos originarios desde Argentina hasta Canadá, queremos expresar nuestra solidaridad con la lucha del pueblo guatemalteco para defender el proceso democrático en su país.

A dos semanas de protestas, respaldamos su lucha de los pueblos mayas, xinca, garífuna y mestizo por el respeto a la decisión de los pueblos en la elección de las autoridades, acontecido recientemente. Desde la REI reconocemos la fuerza que el pueblo ha mostrado, y su reivindicación del derecho a la manifestación. A nivel internacional, resulta alarmante, la represión contra manifestantes, pero más aún que no exista respeto a la decisión popular.

Hacemos un llamado para que se respete los resultados electorales, que frene la represión, y se abra un camino que permita resolver la crisis social y política que hoy se vive en Guatemala.

A nuestras hermanas y hermanos les abrazamos, y hacemos de su conocimiento que quedaremos atentos al llamado de acción internacional al que nos convoquen. Fuerza y que vivan los pueblos de Guatemala.

Delegados y delegadas al 5º Encuentro de la Red Continental de Educadores
Indígenas “La Palabra Viva.”

Descargue y comparta el pronunciamiento

 

Fuente: http://idea-network.ca/es/?p=749

Pronunciamiento continental de organizaciones de mujeres y lideresas por Guatemala

Nosotras, representantes de organizaciones y lideresas de Abya Yala, en esta fecha reivindicamos la Resistencia de los Pueblos Originarios, alzamos nuestras voces y expresamos nuestra preocupación por la situación crítica en Guatemala. Observamos con profunda preocupación el cierre de espacios democráticos y represalias sistemáticas contra las mujeres defensoras de derechos y sociedad civil provocadas por el gobierno del presidente Giamattei.

Estas represalias pretenden criminalizar a defensoras que demandan respeto a la voluntad del sesenta por ciento del electorado guatemalteco, expresada durante la segunda huelga del proceso electoral celebrado el día 20 de agosto del corriente y certificada por el Tribunal Supremo Electoral, TSE. Por mencionar algunas: (1) Violación a la autonomía del Tribunal Supremo Electoral (TSE), poniendo en tela de juicio los resultados emitidos por dicha instancia. (2) Persecución al Partido Semilla e intento de eliminar su personería jurídica para evitar que ejerza el mandato del pueblo en su función presidencial. (3) El secuestro de las actas 4 y 8 y la manipulación de los votos, símbolo de la soberanía popular expresada en las urnas, mediante un quinto allanamiento realizado en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. (4) La constante violación de los derechos de las defensoras, muchas criminalizadas y otras que lograron escapar a través de asilo político en países extranjeros.

Ante estas acciones que han puesto en riesgo el estado de derecho democrático, las organizaciones de mujeres y ciudadanía organizada han recurrido a diferentes recursos legales y amparos ante las Cortes, sin obtener una respuesta apegada a derecho, las autoridades indígenas de los 48 Cantones del pueblo de Totonicapán exigen la renuncia de la fiscal general, del Fiscal a cargo de la FECI, y del juez que ordenó la legalidad a las acciones que violentan el proceso democrático.

Las organizaciones de mujeres, autoridades indígenas, madres y niñas, organizaciones sociales, estudiantes universitarios, entidades religiosas, mercados populares, y miles de habitantes del campo y la ciudad continúan aumentado su presencia en las calles y carreteras, en las plazas, llegando a 180 puntos estratégicos, para demandar la renuncia de estos funcionarios y respeto a la decisión del pueblo durante el comicio electoral y a la democracia.

Hasta el momento, los mensajes emitidos tanto por el presidente de la República, la Fiscal General del Ministerio Público y el Ministro de Gobernación, en lugar de apelar al diálogo social, amenazan con medidas represivas para detener las manifestaciones pacíficas como un derecho garantizado por la Constitución, que incluyen, provocaciones por grupos de choques infiltrados, la presencia de fuerzas especiales antimotines, el ejército y el sobrevuelo de helicópteros con armas en los territorios indígenas.

  • Ante el incremento de la violación de derechos humanos y políticos, las Mujeres del Continente comprometidas con los derechos y bienestar de las mujeres, niñas, sociedad guatemalteca y ciudadanía en general demandamos al presidente Alejandro Giamattei a:
  • Que actúe conforme a los principios democráticos, orden constitucional y verdadero agente conciliador de la República.
  • Solicite la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras, de los fiscales Rafael Curucchiche, Cynthia Monterroso y del Juez Fredy Orellana; quienes, con actos contra la ley, han querido deslegitimar el proceso electoral.
  • Respetar la decisión de la ciudadanía a ejercer su derecho democrático a la protesta y movilización política.
  • Cese inmediato de la violencia contra las mujeres y personas que en su justo derecho disienten de las medidas antidemocráticas y represivas de su gobierno.
  • Suspender las prácticas que violentan los derechos humanos de las mujeres y personas que manifiestan y expresan respaldo a las legítimas protestas.
  • La liberación inmediata de las presas políticas, así como retorno y reparaciones para las guatemaltecas asiladas en el exterior.

Exhortamos a la comunidad internacional y gobernantes del Continente a continuar pronunciándose en favor de los valores y principios democráticos, de la restitución del orden constitucional y la garantía de los derechos cívico-políticos de la ciudadanía, y particularmente de las mujeres y niñas en Guatemala.

Octubre 12, 2023

www.latinasenpoder.org

Las autoridades de Guatemala deben respetar el derecho de manifestación

Las Américas, 11 de octubre de 2023. Las organizaciones internacionales que acompañamos la situación de derechos humanos de Guatemala, expresamos nuestra profunda preocupación por la grave crisis política y social que enfrenta el país debido a las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público que ponen en riesgo el proceso electoral y la estabilidad democrática.

Por más de una semana, la población se ha manifestado pacíficamente en diferentes regiones del país en contra de las actuaciones del Ministerio Público para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana, a quienes responsabilizan de la crisis.

Es importante que las autoridades guatemaltecas respeten el derecho de manifestación y garanticen la integridad de las personas que manifiestan. Las autoridades deben propiciar el diálogo y no actuar violentamente contra las personas que manifiestan; tampoco deben criminalizar ni amenazar a los líderes de las manifestaciones. En tal sentido, las autoridades deben cumplir los amparos provisionales que otorgó la Corte de Constitucionalidad a las autoridades indígenas de Palín y la organización Acción Ciudadana, así como a los 48 cantones, para que se garantice el derecho de manifestación de la ciudadanía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “las autoridades deben facilitar el ejercicio del derecho a la manifestación y a la protesta como la regla general, y no deben considerarlas como una amenaza al orden público o la seguridad interna”. Por ello exhortamos a las autoridades guatemaltecas que se abstengan de involucrar al ejército para resolver la situación.

Hacemos un llamado a la Misión de Diálogo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que escuche a todos los sectores sociales involucrados en las manifestaciones y que se garantice su integridad para que puedan hablar con libertad.

Finalmente, consideramos necesario que el Tribunal Supremo Electoral extienda el plazo del proceso electoral hasta el 15 de enero 2024 para garantizar que las autoridades electas puedan tomar posesión conforme lo establece la Constitución Política.

Suscriben

Impunity Watch, CEJIL, Fundación para la Justicia FJEDD, LAWG, Be Just, WOLA, RFK, Article 19 Oficina para México y Centroamérica, DPLF, GHRC.

La crisis de Guatemala requiere mayor acción internacional

Las Américas, 18 de septiembre de 2023. Las organizaciones internacionales firmantes nuevamente rechazamos las actuaciones del Ministerio Público de Guatemala que buscan obstruir el proceso electoral que dio como ganadores a Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta electos.

El 12 de septiembre, por cuarta ocasión, el Ministerio Público realizó allanamientos en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) allanó y registró el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) y abrió cajas donde se encontraban boletas electorales, con lo cual violentó la cadena de custodia de los votos que había garantizado el TSE. Los magistrados y magistradas del TSE plantearon un amaro para tratar de frenar las diligencias del MP porque violan la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Constitución.

A pesar de las reiteradas muestras de preocupación expresadas por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, diversos Estados y las manifestaciones ciudadanas, la fiscal general Consuelo Porras continúa abusando de su poder y extralimitándose en sus funciones, y sigue criminalizando y acosando al TSE y al partido Movimiento Semilla.

Por ello consideramos que, en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, programada para hoy, se debe aplicar la Carta Democrática que, en su artículo 20, faculta a los países del hemisferio a realizar una apreciación de la situación y promover la normalización de la institucionalidad democrática. Es importante recordar que, en la pasada sesión del Consejo Permanente del 1 de septiembre, el propio Estado de Guatemala reconoció que el Ministerio Público ha intimidado al TSE y al partido Movimiento Semilla, y no se han tomado acciones para detener esto.

La fiscal general Consuelo Porras sigue utilizando el Ministerio Público con fines políticos y está generando una crisis innecesaria en el país. De acuerdo con el artículo 251 de la Constitución Política de Guatemala, el Ministerio Público debe “velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”, sin embargo, la fiscal general está violando las normas nacionales e internaciones. Además, ha sido sancionada por el gobierno de Estados Unidos y su reelección en 2022 fue seriamente cuestionada por presionar a miembros de la comisión de postulación para que la incluyeran en el listado del cual la nombró el presidente Alejandro Giammattei.

Las organizaciones internacionales nos unimos a las voces de la población guatemalteca que exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y la destitución inmediata de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso porque están abusando de su poder, violentando la Constitución y poniendo en riesgo la estabilidad democrática del país. Es importante que se garanticen las condiciones jurídicas y políticas adecuadas para que pueda continuar el proceso de transición y las autoridades electas tomen posesión el próximo 14 de enero de 2024.

Organizaciones firmantes

WOLA

Protección Internacional Mesoamérica

CEJIL

AJWS

Be Just

LAWG

FJEDD

Rober F. Kennedy Human Rights

Plataforma Internacional contra la Impunidad

GHRC

Impunity Watch

Organizaciones de mujeres envían carta al secretario general de la OEA en relación con comicios en Guatemala

Guatemala, 13 de septiembre del 2023

Señor Luis Almagro Lemes
Secretario General
Organización de Estados Americanos-OEA
Washington, D.C.

Excelentísimo Dr. Almagro:

La Misión Observatorio Transnacional de Mujeres y las organizaciones firmantes, realizamos un ejercicio de Observación electoral, avalada por el Tribunal Supremo Electoral de la República Guatemala (#DCOOP-O-807-08-2023), los comicios realizados el 20 de agosto del 2023. Mismo que se ha extendido debido a las condiciones políticas que están amenazando la garantía de los derechos de la ciudadanía que se expresó en las urnas, dando como resultado un 60 por ciento de votos a favor del partido Movimiento Semilla.

Expresamos nuestra profunda preocupación y consternación por las acciones realizadas por el Ministerio Público, reconocidas como indebidas incluso en la Resolución del cuerpo rector Interamericano que usted dirige, la Organización de Estados Americanos, OEA, emitida el 1 de septiembre 2023, Referencia: E-038/23. Lamentablemente, el pasado 12 de septiembre, las acciones de judicialización han escalado a una violación flagrante de los derechos cívico-políticos de la población guatemalteca. Estas acciones contravienen la Ley Electoral y de Partidos Políticos que tiene rango constitucional. En ningún artículo faculta a otra autoridad a revisar las cajas que contienen el material utilizado en las votaciones —votos emitidos, votos en blanco, padrón con las firmas de las y los ciudadanos que emitieron su sufragio y actas originales firmadas por las Juntas receptoras de votos.

Con base a estas consideraciones, solicitamos de manera urgente convocar al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para emitir una resolución que aborde las acciones que obstaculizan el proceso de transición democrática. Que, además, irrespetan la soberanía popular, vulneran la institucionalidad y colocan en grave riesgo la paz social en Guatemala y la Región.

La consolidación de la democracia es una responsabilidad colectiva. Agradecemos su gestión frente al máximo organismo multilateral Interamericano que usted dirige para tomar acción inmediata.

De tener alguna pregunta, favor comunicarse a las siguientes direcciones electrónicas: nsegui@latinasenpoder.org y/o dmariposas@gmail.com; cdnmoloj@gmail.com

Atentamente,

Nosotras, Representantes de las Organizaciones abajo suscritas:

Latinas en Poder (Red Transnacional). AfroAmérica XX1. Asociación Civil Colectivo para la Participación de la Infancia y Juventud. Asociación de Mujeres Alas de Mariposas. Asociación\Ixoqib’ MIRIAM. Asociación Política de Mujeres Mayas. Asociación Pop Noj´. Escuela de Formación Política para Mujeres Afrodescendientes y Garifuna. Fundación Tierra Nuestra. Livingston Emprende. Red de Mujeres Landivarianas. Voces de Mujeres. Alianza por la Madre Tierra. Asociación de Mujeres de El Salvador, CONAMUS. Asociación de Mujeres Rurales. Católicas por el Derecho a Decidir. RACDES, Red Ambientalista de El Salvador. Semillas de Libertad. Asociación de Mujeres Afrodescendientes. Madre Tierra. Asociación de Apoyo Mutuo entre Mujeres. Asociación de Mujeres Afrodescendientes (EUA). Asociación de Mujeres Garífunas y Mixtas. Panes de Coco. Red de Mujeres MIMNPAW. Cafami. Caminantas. Circulo Feminista Jurídico. Las Vanders. Red de Mujeres Zoques. Red Nacional de la Defensa de la Milpa y Biodiversidad. Red SurAmericana para las Migraciones Ambientales. Con las Amigas y en la Casa Observadoras de la Ley de Aborto. Mujeres Migrantes. Voz Alternativa.

 

Compartido con SURCOS por Nitza Segui.