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Etiqueta: guerra mediática

Cuba, los drones y la fábrica mediática imperial

José A. Amesty Rivera

La reciente publicación del medio estadounidense Axios en su artículo, Exclusiva: Estados Unidos analiza la amenaza de drones de ataque procedentes de Cuba, sobre una supuesta “amenaza de drones cubanos” contra intereses de EEUU, no puede analizarse como una noticia aislada. No estamos frente a un simple reportaje de seguridad internacional, sino ante una operación comunicacional cuidadosamente diseñada para instalar miedo, fabricar consenso y preparar psicológicamente a la opinión pública ante posibles acciones más agresivas contra Cuba.

La historia es vieja en América Latina, cada vez que Washington necesita justificar sanciones, bloqueos, invasiones o golpes blandos, primero construye un enemigo; y para construirlo, necesita medios de comunicación obedientes, amplificadores de rumores, filtraciones “clasificadas”, expertos alineados y titulares alarmistas. Esta vez le tocó nuevamente a Cuba.

El artículo de Axios intenta presentar a Cuba como una especie de plataforma militar ofensiva apoyada por Irán, Rusia y China. Habla de drones, espionaje, asesores militares iraníes, soldados cubanos en Ucrania y hasta posibles ataques a Florida, todo mezclado en una narrativa de tensión permanente.

Pero el mismo texto termina contradiciéndose; después de encender las alarmas durante varios párrafos, reconoce finalmente que los funcionarios estadounidenses “no creen que Cuba represente una amenaza inminente”, es decir, el gran titular se derrumba por sí mismo.

Entonces surge la pregunta elemental, si no existe amenaza inmediata, ¿por qué fabricar semejante escándalo mediático?

Porque el imperialismo estadounidense necesita mantener viva la imagen de Cuba como enemigo, necesita justificar el bloqueo criminal que asfixia al pueblo cubano desde hace más de seis décadas, necesita convencer a la opinión pública estadounidense de que la isla no es una víctima de agresión económica, sino un “peligro regional”. Y aquí entra la maquinaria mediática.

Durante años, muchos sectores progresistas latinoamericanos denunciaron cómo grandes corporaciones mediáticas actuaban como verdaderos partidos políticos de derecha; hoy el fenómeno es más profundo, los medios no solo manipulan elecciones o destruyen dirigentes populares, también ayudan a construir escenarios de guerra.

Axios no actúa aquí como prensa independiente, funciona como canal de filtración de sectores del aparato de seguridad estadounidense. La propia nota admite que la información proviene de inteligencia clasificada, es decir, alguien dentro del poder estadounidense decidió entregar ese relato al medio para que fuera difundido masivamente.

Y el problema no es solo la filtración, el problema es la ausencia total de contraste periodístico. No hay pruebas verificables sobre esos supuestos planes cubanos de ataque, no aparecen documentos públicos, no se muestran imágenes satelitales, no se presentan fuentes independientes, todo descansa sobre “altos funcionarios estadounidenses”.

En otras palabras, el lector debe creerle ciegamente al Pentágono, a la CIA y al Departamento de Estado. Esto no es periodismo serio, es propaganda imperial con apariencia de noticia.

Lo ocurrido recuerda demasiados episodios históricos. EEUU tiene larga experiencia inventando amenazas para justificar agresiones: ocurrió con el hundimiento del Maine en 1898 para intervenir en Cuba, aconteció con el Golfo de Tonkín para escalar la guerra en Vietnam, pasó con las inexistentes armas de destrucción masiva en Irak, ocurrió con las falsas acusaciones sobre Libia, Siria y Venezuela.

Ahora el esquema se recicla contra Cuba utilizando un elemento moderno, los drones. La narrativa es casi de película, una isla pequeña, empobrecida y bloqueada aparece presentada como una amenaza tecnológica regional vinculada a Irán y Rusia; es el clásico mecanismo de miedo geopolítico, y mientras tanto, se oculta la verdadera realidad.

La realidad es que Cuba vive una crisis económica brutal agravada por el bloqueo estadounidense, es que millones de cubanos sufren apagones, escasez y dificultades cotidianas, es que Washington mantiene medidas de asfixia económica destinadas explícitamente a provocar desesperación social, pero nada de esto ocupa los grandes titulares.

Hay además una hipocresía monumental en toda esta campaña. EEUU posee cientos de bases militares alrededor del mundo, mantiene flotas navales cerca de múltiples países, financia guerras indirectas, utiliza drones armados en distintos continentes, invade, sanciona y amenaza constantemente. Sin embargo, cuando Cuba habla de defensa nacional, inmediatamente se convierte en “amenaza”.

La Habana respondió correctamente recordando un principio básico del derecho internacional, todo país tiene derecho a defenderse, y eso es cierto. Cuba conoce demasiado bien la historia de agresiones estadounidenses, como: invasiones, sabotajes, terrorismo, bloqueo económico, atentados y operaciones encubiertas forman parte de más de sesenta años de hostilidad permanente.

¿O acaso ya olvidaron Playa Girón? ¿La Operación Mangosta? ¿Los cientos de intentos contra Fidel Castro?

Cuando un país vive bajo amenaza constante, prepararse defensivamente no es agresión; es supervivencia. Hoy las guerras ya no comienzan solamente con bombas, comienzan con narrativas.

Primero se demoniza al adversario, luego se exagera el peligro, después se habla de “seguridad nacional”, “amenaza regional” o “protección de la democracia”, finalmente llegan las sanciones, las operaciones encubiertas o la intervención directa.

La batalla mediática es parte esencial del conflicto contemporáneo; por esto la política comunicacional de muchos grandes medios occidentales resulta tan peligrosa, no informan para comprender la realidad, informan para moldearla según intereses de poder.

Y en el caso cubano, existe además un objetivo psicológico, aislar internacionalmente a la isla y desgastar moralmente a los pueblos latinoamericanos solidarios con la revolución cubana.

Se busca instalar la idea de que Cuba es inviable, peligrosa, fracasada y aislada, que toda resistencia al imperialismo termina derrotada, que no existe alternativa posible al dominio estadounidense. Es una guerra ideológica permanente.

Desde una perspectiva seria de izquierda latinoamericana, defender a Cuba no significa negar sus problemas internos, económicos o dificultades políticas, significa comprender el contexto histórico real.

No se puede analizar la situación cubana ignorando el bloqueo económico más largo de la historia moderna, no se puede hablar honestamente de crisis cubana sin mencionar las sanciones financieras, el cerco comercial y la persecución económica extraterritorial impulsada por Washington.

Muchos medios internacionales presentan la realidad cubana como si el bloqueo no existiera o fuera un detalle secundario, esto también es manipulación. La izquierda latinoamericana tiene el deber de desmontar esas operaciones comunicacionales, no desde el fanatismo, sino desde el análisis crítico y antiimperialista.

Porque cuando atacan a Cuba, no atacan solamente a un gobierno, arremeten contra el símbolo histórico de soberanía latinoamericana que la revolución cubana representa desde 1959. Acometen la idea misma de que un pequeño país pueda resistir al poder imperial más grande del planeta.

Lo más grave del artículo de Axios, es que normaliza la posibilidad de una acción militar estadounidense; el propio texto reconoce que esa información “podría convertirse en un pretexto para una acción militar”, y aun así publica el material sin cuestionarlo.

Esto demuestra hasta qué punto ciertos medios ya ni siquiera esconden su alineamiento con los intereses geopolíticos de Washington. Se intenta crear una atmósfera donde futuras agresiones parezcan “preventivas”, “necesarias” o incluso “defensivas”, exactamente igual que ocurrió antes de Irak en 2003.

La fórmula se repite: fabricar miedo; exagerar amenazas; demonizar al adversario; preparar psicológicamente a la población; justificar medidas agresivas. Nada nuevo bajo el sol imperial.

Pese a todas las dificultades, Cuba sigue siendo un símbolo incómodo para el poder estadounidense, porque demuestra que un país pequeño puede resistir durante décadas sin rendirse completamente, que sigue defendiendo su soberanía, que aún conserva una profunda legitimidad histórica en amplios sectores populares del continente.

Por esto la ofensiva no es solamente económica, también es mediática, cultural e ideológica. Se busca quebrar la moral colectiva, convencer a las nuevas generaciones de que toda experiencia antiimperialista está condenada al fracaso.

Sin embargo, la historia latinoamericana enseña otra cosa, los pueblos resisten incluso en las condiciones más difíciles. Y hoy más que nunca resulta necesario denunciar cómo ciertos medios corporativos, actúan como instrumentos de guerra psicológica al servicio de intereses imperiales.

La campaña contra Cuba no trata realmente sobre drones, trata sobre soberanía, sobre control geopolítico, sobre el miedo de Washington a cualquier experiencia que desafíe su dominio histórico sobre América Latina.

Por esto, frente a las mentiras mediáticas, frente a las operaciones psicológicas y frente a la manipulación imperial, la tarea sigue siendo la misma, defender la verdad de nuestros pueblos, ejercer pensamiento crítico y mantener viva la solidaridad latinoamericana.

Porque cuando el imperialismo fabrica enemigos, normalmente está preparando agresiones, y porque Cuba, con todos sus ataques y dificultades, sigue siendo una trinchera simbólica de dignidad para Nuestra América.

Cuba: Defenderse es Necesario

Lic. José A. Amesty R.
20-agosto-2021

Los EEUU no contentos con el bloqueo económico y la guerra mediática, entre muchos otros, utilizan ahora, contra Cuba, las tecnologías (las plataformas digitales), como armas de guerra no convencional, para continuar agrediendo a la mayor de las Antillas.

Por ejemplo, se han identificado y denunciado desde suelo norteamericano, transmisiones de estaciones de radio, promoviendo contenido desestabilizador, propiciando el desorden público y la violencia, noticias falsas, desinformación y tergiversando la verdad sobre Cuba heroica.

A su vez, monopolios informativos como Facebook, Youtube, Twitter y otros, han violado sus propias normas, permitiendo en sus plataformas, mensajes violentos y llenos de odio contra el país caribeño.

También, varias instituciones gubernamentales, recibieron recientemente ciberataques como, por ejemplo, el sitio de la Presidencia, al cual se le trató de negar el espacio digital, y lo mismo sucedió con medios de comunicación, como Granma y Cubadebate.

Al interior de Cuba, existen 60 sitios webs bloqueados para el país, vinculados con procesos de capacitación, formación profesional, comercio electrónico y hasta de comunicación interpersonal, a lo cual se le agrega la imposibilidad de importar tecnología, con más de un 10 por ciento de componente estadounidense.

En este mismo orden de ideas, los EEUU han auspiciado últimamente el acceso gratis de internet en el país, con la sola intención de manipular y controlar la desinformación, el incitar al odio y a la violencia, así como para buscar proveer a los cubanos de la oposición, un servicio paralelo de internet gratuito, violando la soberanía nacional y propiciando la subversión.

Para defenderse y blindarse, Cuba acaba de actualizar su marco jurídico en materia de telecomunicaciones, y entre los aspectos esenciales potencia el modelo de actuación ante incidentes de ciberseguridad, una cuestión que no es exclusiva hoy de la isla caribeña.

Recalcamos y puntualizamos que esta herramienta jurídica, es para el ciber acoso, las noticias falsas, bloqueos masivos de cuentas en redes sociales, pornografía, ciber terrorismo, ciber guerra y subversión social, entre otros.

El instrumento legal aprobado es el, Decreto-Ley No 35 de “las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico”. Esta resolución pretende garantizar, a través de la gestión de incidentes, la prevención, detección y respuesta oportuna ante posibles actividades enemigas, delictivas y nocivas que puedan ocurrir en el ciberespacio.

Los objetivos generales del presente Decreto-Ley son los siguientes: a) Coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un instrumento para la defensa de la Revolución; b) impulsar el uso de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación asociadas a estas, en lo adelante telecomunicaciones/TIC, para contribuir al desarrollo político, económico y social del país; además de asegurar progresivamente la fiabilidad, la estabilidad y la seguridad de sus redes y servicios; c) fortalecer la soberanía en la utilización del espectro radioeléctrico en el territorio nacional; d) satisfacer las necesidades generales del Estado y el Gobierno y las relacionadas con la Seguridad y la Defensa Nacional, el Orden Interior y la Defensa Civil en materia de las telecomunicaciones/TIC y del uso del espectro radioeléctrico; e) promover el progreso armónico y ordenado de las redes y los servicios de telecomunicaciones/TIC en función del desarrollo de la informatización del país; f) garantizar el desarrollo y la convergencia tecnológica en el uso de las telecomunicaciones/TIC, así como priorizar la implementación de redes de banda ancha; g) proteger los intereses de los ciudadanos y asegurar el acceso a los servicios de telecomunicaciones/TIC y los derechos constitucionales; en particular el principio de igualdad, privacidad y secreto en las comunicaciones; h) promover y facilitar el uso de las telecomunicaciones/TIC y del espectro radioeléctrico para mejorar las condiciones de vida de la población; i) facilitar el trato adecuado a sus condiciones en el caso de las personas con necesidades especiales, de acuerdo con las características y disponibilidad de capacidad de cada tipo de servicio de telecomunicaciones/TIC; j) elevar la ciberseguridad para salvaguardar que el uso de los servicios de telecomunicaciones/TIC y del espectro radioeléctrico no atenten contra la Seguridad y la Defensa Nacional, el Orden Interior o en acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros; k) resguardar el cumplimiento de las condiciones y obligaciones de servicio público en la explotación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones/TIC, así como de las obligaciones del servicio universal de estas; l) garantizar una utilización eficaz de los recursos limitados o escasos de telecomunicaciones/TIC; m) integrar la investigación, desarrollo e innovación en el sector para la evolución de las redes, los equipos, dispositivos, aparatos y servicios de telecomunicaciones/TIC y la gestión del espectro radioeléctrico; y n) preservar el desarrollo del capital humano asociado a la actividad.

Por supuesto, de inmediato EEUU, ha catalogado la Ley como un atentado contra los Derechos Humanos, pero es un modelo que opera en prácticamente todos los países: la lucha contra la desinformación y la ciberseguridad.

Y es que esas disposiciones no son nuevas en el mundo. Muchos países, organizaciones mundiales y regionales ya se habían referido al combate de la desinformación y la ciberguerra, como un aspecto fundamental en el trabajo de cualquier Estado.

Por ejemplo, la Unión Europea tiene su equivalente, desde 2018, denominada: el Plan de Acción contra la Desinformación.

Es más, en una resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 31 de diciembre de 2020, en cuanto a los avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones en el contexto de seguridad nacional, dicho ente señala que “los Estados tienen el deber y el derecho de combatir la difusión de noticias falsas”.

Igualmente, en el contexto de la pandemia de Covid-19, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicó un artículo en el cual llamaba a los gobiernos a adelantarse y liderar la lucha contra la información falsa, incendiaria y engañosa que amenaza con empeorar los graves efectos de la enfermedad.

En España, también existe un Procedimiento de Actuación contra la Desinformación, publicado desde octubre de 2019, y que identifica los organismos y autoridades que forman el sistema y marca el procedimiento de sus actuaciones para la prevención, detección, alerta temprana, análisis, respuesta y evaluación de la desinformación.

Francia posee una ley para, “proteger la vida democrática de las fake news”, con especial atención a los procesos electorales, y mediante la cual se puede multar con más de 40 mil euros y hasta cárcel a quienes la infrinjan.

En América Latina, también existen varios ejemplos como Nodio, un Observatorio argentino de la desinformación y la violencia simbólica, en medios de prensa y plataformas digitales.

Asimismo, el Parlamento de Nicaragua, aprobó desde octubre de 2020, una ley contra los ciber delitos para hacer frente a crímenes cibernéticos, como el hackeo, robo de identidad o espionaje informático, pero también a aquellas personas que difundan información falsa.

Uruguay y Alemania, también tienen una ley similar, para regular y combatir dichos delitos.

Y aunque parezca increíble, aunque no es extraño, la misma Ley-Decreto 35, mencionada, ha sido atacada, con los mismos protagonistas, el mismo operador y los mismos objetivos desestabilizadores, de la siniestra etiqueta #SOSCuba. La maquinaria de ciberguerra contra Cuba, ha vuelto a lanzar este 17 de agosto, una operación en redes digitales, tratando de utilizar manipuladoramente el nuevo Decreto Ley, para la protección de la soberanía nacional y los derechos ciudadanos en el ciberespacio que acaba de emitir nuestro país.

La misma cuenta guía (@agusantonetti), que los días 9 y 10 de julio, lideró aquella campaña, la del Sr. Agustín Antonetti, de la Fundación Libertad de Argentina, encabeza la nueva manipulación. Seguida por otras que también participaron en la misma, están recibiendo miles de retuits con una etiqueta contra ese Decreto Ley, que solo pueden ser fruto del uso de bots (aplicaciones automatizadas para generar miles de repeticiones), con el objetivo de aparentar una protesta masiva contra la legislación y colocarla artificialmente como tendencia en las redes.

Como señalara el investigador español Julián Macías Tovar, al analizar los procesos en las redes que antecedieron a los sucesos del 11 de julio, “Antonetti ha sido un activo participante en las campañas de bulos y bots en redes sociales, contra los procesos de izquierda en América Latina, entre ellos contra el del boliviano Evo Morales y el mexicano Andrés Manuel López Obrador”.

En síntesis, Yohanka Rodríguez, coordinadora del Centro de Seguridad del Ciberespacio de Cuba, señaló que en la actualidad hay un aumento de ciberataques en el mundo, de allí la necesidad de compartir experiencias, coordinar acciones y combatir ese tema.

En ese sentido, Cuba ha hecho grandes esfuerzos para aumentar la seguridad, y fortalecer el ciberespacio nacional e integrar las capacidades existentes, para detectar y contrarrestar los eventos cibernéticos nocivos.

Reiteró que como han expresado sus máximos dirigentes, el gobierno cubano se opone enérgicamente al uso del ciberespacio, como polígono de guerra y como plataforma para la subversión política, y fue enfática al afirmar que Cuba jamás ejercerá de manera unilateral acciones de este tipo contra otros Estados.

Rodríguez reclamó la integración de los esfuerzos internacionales, que permitan el logro de un ciberespacio seguro y un marco jurídico que garantice enfrentar las ciberamenazas.

Es necesario presentar iniciativas que permitan contrarrestar estos peligros, puntualizó la especialista, que ve en la capacitación de los recursos humanos y en la elevación de la cultura de ciberseguridad en todos los ciudadanos, elementos fundamentales sobre este aspecto.

“Falta mucho por hacer, como la adopción de posiciones comunes y convertir al ciberespacio en un lugar seguro y fiable y que Internet sea un instrumento para la paz y no para la guerra”, señaló Yoanka Rodríguez.

Así mismo, la ministra cubana de Comunicaciones Mayra Arevich Marín, enfatizó que “apostamos por una sociedad digital justa, no para alimentar odio y subversión, sostenible y que aporte al desarrollo del país”, así como: “defender nuestro ciberespacio y tener una internet ética para nuestra población”.

Finalmente, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, no constituye una opción para las fuerzas de izquierda, sino un imperativo de primer orden, porque la construcción de un discurso es parte de la guerra simbólica, de los contenidos que contribuyen a disminuir la brecha digital que sufren nuestros países.

Hacen trizas del Estado

«El Estado tiene que cuidar de sus súbditos,
no producir en ellos un terror pánico
que retrotraería las cosas al estado de naturaleza, es decir,
al estado previo al acuerdo o pacto y a la guerra de todos contra todos»[1]

Hernán Alvarado

Lo que viene sucediendo en Costa Rica es que los representantes, las autoridades electas, están siguiendo una agenda que hace trizas el Estado social de derecho y el pacto social de 1949, plasmado en la Constitución de la República.

Nacido del terror

El origen del Estado es el terror a la muerte, como lo viera Thomas Hobbes.[2] Muchas cartas constitucionales fueron antecedidas por una guerra civil o una intensa crisis de gobernabilidad, de manera que la mayoría de las Repúblicas han nacido bañadas en sangre. Por eso, a menudo esos textos representan la verdad en armas de los victoriosos, según un pacto firmado con los derrotados. Así, pues, cada Estado emerge de una lucha cruenta, en una coyuntura crítica, y supera una situación excepcional o de violencia extrema; surge entonces como una portentosa ficción jurídica que erige el derecho como medio de pacificación.

Al derecho mismo lo sostiene, a su vez, un imaginario social, tan eficaz como que los seres humanos se dejan gobernar por creencias. En ese sentido, para Edgar Morin las ideas son entes posesivos, no solo herramientas intelectuales. No en vano Hegel creía que la idea era el sujeto absoluto de la Historia. Así que el Estado es, en esencia, social. Por tanto, no se puede destruir el «Estado social de derecho» sin destruir el Estado mismo, junto con la sociedad que le da consistencia y sustancia.

El apaciguador

Por tanto, el Estado supone una población organizada que responde a una norma representativa de un acuerdo de paz. Pero más allá de esa circunstancia implica un «ser juntos» que resulta «coesencial», es decir, una «sociación» y no solo una asociación.[3] En suma, nadie puede sobrevivir sin el otro, porque la vida implica una coexistencia pacífica entre seres humanos naturalmente obligada cuando se habita un planeta hostil.

El Estado es la mejor respuesta a la amenaza de muerte que proviene del vecino, más que a la que proviene de extraños. De ahí que sea su característica central el monopolio de la violencia, única que se considera legítima; de manera que la soberanía del Estado descansa sobre una oferta de seguridad. Por miedo a ser asesinadas, las personas están dispuestas a sufragar una organización social que les garantice paz como bien social supremo. Entonces, la llamada seguridad jurídica no es cualquier principio, sino que está en la raíz del Estado.

Este es, entonces, una manera de lidiar con el poder que unos ejercen contra otros, en la medida en que este tiende al abuso, a convertirse en violencia material, patrimonial y simbólica. Por eso, se dice que Hobbes dio a luz, en 1651, a la «invención moderna de la razón». La razón sobre la fuerza bruta y el interés particular, para servir a la seguridad y la convivencia. Por su parte, el Pueblo, y en particular los trabajadores productivos, sostienen el Estado, por esas buenas razones. Aunque el Estado supone un orden, incluso una jerarquía, porque en última instancia es la forma organizativa que conquistó una clase dominante para imponerla a las clases subordinadas, como un mal necesario que siempre puede llegar a convertirse, sin el debido control, en un terrorífico Leviatán.

El Estado opresor

Puesto que nace como alternativa frente a una historia de luchas sangrientas, nada más terrorífico y desconcertante que los crímenes del Estado opresor. Nada peor que un Estado que viola la ley, que dirige su violencia contra alguna persona, algún grupo o contra la misma población que debería proteger. En sí mismo, es una traición a la razón moderna, una total sinrazón. La racionalidad que acompaña a ese contrasentido parece monstruosa, pues arranca de cuajo el anhelo de una convivencia basada en el respeto entre personas.

El orden arbitrario de un gobierno que en vez de abolir el miedo lo provoca, crea la estampa perversa de una organización aterradora. Como delincuente o asesino, aparece como una estructura enemiga del ciudadano, capaz de brincarse el orden jurídico. Tal es el mayor absurdo imaginable y la mayor amenaza contra la paz social. Pero el Estado se precipita así en el remolino de su propia autodestrucción, contrastando con la razón moderna que necesita la convivencia para que fluya la compra y venta de mercancías.

Según una metáfora de Franz Hinkelammert, el que dispara al prójimo recibe esa bala en la nuca, dada la redondez del mundo. Él ha subrayado que toda vida social se erige sobre un mandamiento: «No matarás»; que existe como tal por lo mucho que se le infringe. Coincidentemente, para George Bataille (1897-1962) el interdicto o mandato general es contra la violencia,[4] porque el respeto a la vida del otro es la base de toda sociedad y el principio fundamental que todo Estado debería proteger cual esencia del valor moral y fundamento económico.

Oscuros nubarrones

En Costa Rica, resulta llamativo que una fracción de la burguesía le haya declarado la guerra a un Estado que es en primer lugar su servidor. Lo viene haciendo mediante una guerra financiera con las armas de la «ingeniería fiscal»: exenciones, moratorias, amnistías, evasiones, elusiones, colisiones, venta de activos a precio de remate y endeudamiento público. Todo un arsenal que depara ganancias billonarias a los más poderosos, pero tiene a la CCSS al borde de la quiebra y al gobierno de rodillas ante poderes fácticos, financieros y mediáticos que aseguran la acumulación, concentración y centralización del capital. Ello consolida la vergonzosa desigualdad social, mientras un coro de demagogos y populistas se rasga las vestiduras en público, como hacían antes los fariseos.

Esa guerra económica se acompaña con una guerra mediática que dispara una mentira tras otra, tendenciosamente, contra instituciones y universidades públicas, contra sus empleados y contra las personas pensionadas, aprovechándose de esa ilusión óptica que es efecto de unas redes sociales infestadas de odio e ignorancia; animadas por personas que son fácil presa de cifras, fotos, audios, noticias, trinos, memes y rumores falsos, además de argumentaciones falaces que solo muestran lo estúpidos que pueden llegar a ser nuestros prejuicios. Por dicha, son flores del mal que duran un día.

Tal como lo expone el juez de la República Andrés Retana,[5] el caso es que se está poniendo en marcha una agenda que suprime sistemáticamente derechos laborales y humanos conquistados a lo largo de muchos años, mediante una usurpación política autoritaria que, aprovechando la pandemia, no escatima esfuerzos en quebrantar la Constitución. Asimismo, se viene perdiendo la soberanía del Estado en cada coqueteo con el FMI y la OCDE, extraviada en la ilógica de una deuda impagable y montados como vamos en el tren sin frenos de la catástrofe ecológica. Ya se sabe que quien paga la música pone al endeudado a bailar descalzo al ritmo de los martillazos de la insolidaridad. Lamentable, porque sin soberanía estamos ante una caricatura de Estado.

Por eso, el Ejecutivo y el Legislativo seguirán siendo demandados, dadas sus múltiples tentativas de quebrantar la norma superior. Les seguirá lloviendo recursos constitucionales y de amparo, así como demandas penales. Además, ya el movimiento sindical y social ha cerrado filas y ha comenzado a tomar las calles. También han comenzado las manifestaciones como las de la Coordinadora Patriótica Alajuelense Juan Santamaría. El domador del Leviatán comienza a reunir su voz como si fuera los vientos de un huracán que sopla las velas de la resistencia popular.

La ley 9796 es el mejor ejemplo de todo esto. Ella recorta de manera regresiva y violenta las pensiones medias entre 2,200 y 5,000 millones (nominales). Al mismo tiempo, no toca a las más altas, las cuales mejoran. El Presidente ha celebrado en su Facebook la entrada en vigencia de ese adefesio jurídico, para ahorrar unos 10,000 millones al año, según corrige ahora (quién sabe qué se hicieron ya 2,000 que habían anunciado), pero no podrá usarlo como pretendía la ley 9836 sin contravenir el artículo 73.[6] Se socava así un pilar de la seguridad jurídica del Estado, lo cual representa una amenaza para todos: «A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas».[7]

Por encima de la carta magna, el Presidente se muestra orgulloso de meter la mano en el bolsillo de cientos de personas adultas mayores a las que se ha sumido en la mayor zozobra, angustia e indignación de toda su vida, haciéndolas sentir insultadas, humilladas y perseguidas, porque han hecho añicos sus proyectos de vida. Este ataque artero del Presidente contra los adultos mayores merece quedar impreso indeleblemente en la memoria de nuestro pueblo como una acción arbitraria y regresiva contra el Estado social de derecho. En sí mismo, revela lo poco que valora don Carlos la dignidad de su puesto y la poca conciencia que tiene de lo que son derechos laborales y humanos.

[1] Citado en la introducción de Carlos Moya a: Hobbes, T (1980) El Leviatán. Madrid: Editorial Nacional.

[2] Ver un ineludible trabajo sobre Hobbes en: Esposito, R (2003) Communitas. Origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: Amorrortu.

[3] Esposito, Ibid, p. 13.

[4] Bataille, G (1985) El erotismo. Barcelona: Tusquets editores, p. 69.

[5] Andrés Alberto Retana Vargas (Juez de la República): «La supresión sistémica de derechos de las personas para el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos» (OCDE). Semanario Universidad. Opinión. Julio 20, 2020.

[6] Constitución de la República de Costa Rica.

[7] Ibid, capítulo 34.