Ir al contenido principal

Etiqueta: ICE

UCR: Propuesta para declarar la conectividad a internet como: “Derecho humano, de acceso universal y gratuidad total”

19 de octubre de 2020

Señor Presidente de la República

Como es sabido por usted, la Universidad de Costa Rica (UCR) ha dado una muestra ejemplar de adaptabilidad en la emergencia declarada por el actual contexto de pandemia generado por la enfermedad COVID-19. Desde la primera semana lectiva del I ciclo del presente año, casi la totalidad de actividades académicas y administrativas las desarrollamos de manera virtual.

Esta accidental e inédita exigencia histórica nos hizo madurar como institución a un ritmo nunca pensado, lo que, a su vez, nos obligó a desarrollar nuestras mejores capacidades adaptativas en contexto de crisis, sin perder de vista en ningún momento, la vocación humanística, democratizadora y científica, que guía al Alma Mater.

Las acciones afirmativas fueron múltiples y resguardaron, hacia lo interno, tres prioridades: a) becas y beneficios estudiantiles, b) respeto a los contratos laborales, y c) inversiones en las sedes regionales; todo lo cual permitió, mantener la excelencia que nos es connatural, realizar aportes científicos y materiales fundamentales en el contexto pandémico y en beneficio de nuestra sociedad; lo anterior, observando los márgenes constitucionales y estatutarios.

Pese a todos los esfuerzos realizados, hemos enfrentado, en un bajo pero importante porcentaje, imposibilidad de conexión virtual de varias personas estudiantes e incluso funcionarias. La dificultad de acceso a internet, o un acceso muy deficiente, aumenta en la medida que el uso se hace desde lugares distantes de los centros urbanos. Esto genera una brecha significativa que conlleva una solapada discriminación inaceptable en el Siglo XXI, en el cual el manejo de la información y la conectividad son constituyentes centrales del orden social. No poseer conexión hoy día, puede ser considerado, permítame la metáfora, una suerte de analfabetismo, lo que corresponde evitar en un Estado moderno y democrático. Sabemos además que miles de estudiantes de primaria y secundaria experimentan serios problemas en este mismo sentido.

Es precisamente por lo expuesto en el párrafo anterior que le escribo, pues creemos necesario proponerle, con respeto, pero con vehemencia, que el Ejecutivo a su digno cargo realice las acciones inmediatas que fueran necesarias para atender dos objetivos ineludibles: 1º- reconocer la conectividad a internet como un derecho humano para todo habitante de nuestro país; y, consecuentemente, 2º- promover el acceso universal y gratuito en todo el territorio nacional.

Nuestro país es privilegiado y dispone de condiciones idóneas para lograr tales cometidos, al contar con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), institución ejemplar que cuenta con recursos humanos capacitados para hacerlo. Pero, además, dispone del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), que no solo tiene el propósito central de reducir la brecha digital, sino que, además, dispone de recursos financieros para apoyar un proceso de esta urgencia y trascendencia.

A estas ventajas comparativas súmele señor Presidente, la disposición de la Universidad de Costa Rica para acompañarles en este proceso que nos pondría entre los países más avanzados y visionarios, dignificando a todas las personas que habitan dentro de las fronteras patrias. Por su parte, no me cabe la menor duda que las otras instituciones de educación superior estatal costarricenses, estarían dispuestas a acompañarnos en tan humano cometido.

Dr. Carlos Araya Leandro
Rector

Cuatro Presidentes y cuatro experiencias de luchas históricas, ALCOA, la lucha magisterial de 1995, el Combo del ICE y el TLC

Vladimir de la Cruz

Es usual, en la memoria colectiva de las luchas sociales y populares, revivir algunas luchas, intensas, que marcan todavía el recuerdo de muchas personas, activistas de ella, como grandes episodios de la lucha popular del pueblo costarricense. En las cuatro he participado, he sido testigo y actor.

I.

La lucha de ALCOA, que culminó el 24 de abril de 1970, fue una lucha surgida en el movimiento estudiantil comunista de la Universidad de Costa Rica, por parte del Frente de Acción Universitaria, FAU, del cual era uno de sus dirigentes estudiantiles, y llevada a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, FEUCR, entonces única Universidad en el país.

En aquellos años el Partido Comunista, Vanguardia Popular, en una relativa legalidad, venía publicando artículos del Ing. Fernando Chaves Molina, en su periódico “Libertad”, desde principios de la década del 60, sobre la Aluminiun Company of América, ALCOA, sus actividades extractoras mineras en el Caribe y la amenaza que significaba para Costa Rica, porque ya se venía promoviendo un Contrato Ley con esa empresa. Fernando Chaves había publicado un folleto ilustrativo “La ALCOA, un matapalo”, 1969, cuando estaba iniciando su trámite legislativo.

El FAU había empezado sus actividades en 1967, con gran presencia universitaria, a partir de ese año.

La FEUCR realizaba sus Congresos Estudiantiles anuales, en el mes de marzo, para renovar sus autoridades y dirigentes. No había elecciones directas, que se ganaron por la lucha del FAU para obtenerlas.

En ese Congreso de marzo de 1969 propusimos luchar contra la aprobación del Contrato Ley con la ALCOA, para realizar extracciones de Bauxita en el Valle de El General. El Congreso Estudiantil aprobó integrar una Comisión de Estudio del Contrato que trabajó el resto del año.

En noviembre de 1969, cuando iniciaban las Sesiones Extraordinarias Legislativas que se prolongaban hasta abril de 1970, el Gobierno del Presidente José Joaquín Trejos Fernández, aprovechó para enviar el Proyecto para su aprobación parlamentaria, aprovechando la entrada a vacaciones, y pensando en la desmovilización de los estudiantes. El Proyecto había iniciado su trámite parlamentario el 19 de diciembre de 1968.

Para ese momento los estudiantes comunistas habíamos adquirido una gran experiencia en luchas estudiantiles y en huelgas. A ello se habían sumando, muy significativamente, grupos estudiantiles cristianos, organizados en la UCR, inspirados en las transformaciones que venía sufriendo la Iglesia Católica en América Latina, después del Concilio y de la Conferencia Episcopal de Medellín, 1968.

La lucha contra la ALCOA así se dio en la práctica durante 1969 y culminó el 24 de abril de 1970 cuando fue aprobado en la Asamblea Legislativa. Esta lucha proyectó al movimiento estudiantil en los estudiantes de secundaria, que poco a poco fuimos visitando, agitando y organizando. Durante su discusión parlamentaria hubo muchas movilizaciones y luchas populares que producían estudiantes detenidos con frecuencia.

Un elemento clave en esta lucha fue que había un núcleo de diputados que estaban en contra el Proyecto de la ALCOA, lo que servía de vértice de llegada a la Asamblea Legislativa, para apoyarlos en su oposición parlamentaria. Del mismo modo, especialmente uno de ellos, Rodrigo Carazo Odio, acompañaba a los dirigentes estudiantiles a los colegios. Los otros diputados opositores a la ALCOA eran Fernando Volio Jiménez, Jorge Luis Villanueva Badilla, Uriel Arrieta Salas, José Hine García, José Antonio Bolaños Rojas, Cecilia González, Arnulfo Carmona Benavides, Fernando Gutiérrez Benavides, Fernando Guzmán Mata y Armando Arauz Aguilar. El Contrato de ALCOA tuvo una gran atención y debate público durante ese año. Sin esos diputados la lucha no hubiera tenido el alcance que tuvo.

La presión de los estudiantes se hacía en la Asamblea Legislativa y en la Casa Presidencial, entonces ubicada donde está hoy el Tribunal Supremo de Elecciones. Sus paredes y puertas daban directamente a la acera, con una entrada principal al este frente al Parque Nacional. Allí mismo hacia el norte, antes de llegar a la esquina, había una puertita pequeña.

En la Asamblea Legislativa se presionaba para que no aprobaran el Contrato Ley, y en la Casa Presidencial para que el Presidente retirara el Contrato de la corriente legislativa.

Un día, con la Casa Presidencial rodeada de estudiantes, por esa puertita salió el Presidente Trejos Fernández, con uno de sus hijos, y otros funcionarios. Los estudiantes lo rodeamos, con respeto, exigiéndole el retiro del Proyecto. Su hijo nos manifestó que el Presidente tenía que ir al edificio de Correos porque tenia allí una reunión, e iba ir caminando. Y con el Presidente nos fuimos un grupo de estudiantes, y dirigentes, no solo para mantener nuestra exigencia sino para velar también de su seguridad personal en ese trayecto. Esto que he contado, el 18 de abril del 2016, cuando se cumplió el Centenario del nacimiento del Presidente Trejos Fernández, en un acto que se hizo oficial en el Museo del Niño, en el que intervine recordando su Gobierno, su hijo, justamente hizo un recuerdo de aquella caminata al edificio de Correos.

El Contrato de la ALCOA se aprobó pero no llegó a ejecutarse. El actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, entonces dirigente estudiantil de la Escuela de Derecho, hizo su tesis de graduación sobre la figura jurídica del Contrato Ley, para eliminarla de nuestro ordenamiento jurídico, lo que poco tiempo después se logró. Y el Contrato finalmente fue derogado en noviembre de 1976, por iniciativa del diputado José Manuel Salazar Navarrete.

Esa lucha de ALCOA tuvo fuertes enfrentamientos con la policía, particularmente el 24 de abril cuando se aprobó el Contrato por los diputados, lo que provocó que se reaccionara quebrando los vidrios de la Asamblea Legislativa, y desconectando la electricidad, debido a que el panel de breckers estaba afuera. Momentos antes el Padre Benjamín Núñez Vargas y el abogado Oscar Chacón Jinesta habían estado arengando y motivando a los estudiantes en su lucha, de manera muy exaltada. El enfrentamiento con la policía dio por resultado más de 200 jóvenes detenidos “a la pura bulla”. La policía procedió a detener jóvenes que anduvieran con uniforme estudiantil en las paradas de buses aun cuando no habían estado presentes en la Asamblea Legislativa.

II.

A José María Figueres lo conocí en un tope en el Paseo Colón, en 1994, viendo pasar el tope, él venía con su primera esposa Josette Altmann Borbón, a caballo. Josette era alumna mía en la Universidad y yo participaba del Tribunal de Tesis suyo, que la tenía en preparación. Josette al verme cruzó la calle para saludarme. Detrás de ella llegó José María, a quien me lo presentó. Poco tiempo después, 1994, ganó José María la Presidencia y Josette el Despacho de la Primera Dama.

Yo seguía en mis clases. Un día una llamada de la Primera Dama me hizo ir a la Casa Presidencial. Quería que le ayudara en algunos asuntos de su Despacho, revisándole o haciéndole escritos y discursos, y pidiendo consejos. Me puso en una oficinita a la par de la suya, a la que yo podía llegar. Le ayudé varios meses. Al Presidente no lo veía.

Por la confianza y el cariño que le tenía me daba el lujo de criticarle, cuando así lo consideraba, a su esposo, el Presidente, respecto a su gestión. Cuando se vino la huelga del magisterio, que yo apoyaba, había mucha presión interna para que el Presidente apretara a los educadores. Yo metía carbón para que no fuera así, que no ahogara el movimiento magisterial, y sus luchas, que prácticamente lo podía liquidar según lo veía yo en ese momento, que diera algo, que cediera en algo.

En una de las grandes manifestaciones que se hicieron a la Casa Presidencial, estando yo allí, el Presidente me pidió mi opinión sobre el movimiento y la situación. Mi tesis fue de que recibiera a los dirigentes sindicales. Estaba listo el Presidente para recibirlos cuando llegó una Ministra y le dijo, delante de mí, que uno de los dirigentes sindicales desde la tumba cocos estaba insultándolo y ofendiéndolo, y a su familia, y que no los recibiera. Y así sucedió…no fueron recibidos.

Me quedé unos minutos más conversando sobre la situación cuando se presentó un Alto Oficial de Seguridad y le dijo, delante de mí: “Tenemos informes de que los manifestantes van a invadir el recinto presidencial”. El Presidente Figueres se quedó pensando unos segundos, para mí minutos, y serenamente le dijo: “Déjelos que se brinquen la tapia, la valla, déjelos que estén en el jardín, pero, si entran al edificio… son suyos”. Nada de eso llegó a suceder.

III.

Para la elecciones de 1998 yo había participado como candidato a la Presidencia de la República por el Partido Fuerza Democrática. La Presidencia la ganó Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Una campaña electoral intensa que nos permitió elegir tres diputados, José Manuel Núñez González, José Merino del Río y Célimo Guido Cruz.

El Presidente Rodríguez impulsó el Proceso de la Concertación, con más de 200 organizaciones presentes, y con un alto porcentaje de aprobación de proyectos, excepto dos, la liberalización o apertura del ICE y del INS.

Habiendo terminado yo en tercer lugar en el proceso electoral, y habiendo elegido tres diputados, me invitó a formar parte de la Junta Directiva de la Concertación. Resultado positivo de este Proceso y de la Administración Rodríguez Echeverría fue la Ley de Protección del Trabajador, que podría considerarse la más importante reforma social que, después de 1943 y 1948, se había logrado.

La privatización o apertura del ICE, como se conoció popularmente el Proyecto, que se puso en discusión de la Asamblea Legislativa, puso en tensión al país, especialmente por los sindicatos del ICE, que eran tres los más importantes, que habían participado en el Proceso de la Concertación, y que habían hecho propuestas para la apertura en un plazo de cinco años. El Gobierno quería que fuera a seis meses, y había otra propuesta que se orientaba por dos o tres años.

La apertura del ICE implicaba reformar un conjunto de leyes, lo que en paquete se denominó, popularmente, y así se sigue recordando, el Combo del ICE. El “combo” porque en esos días se acaba de introducir en las comidas rápidas el paquete de varios alimentos que llamaban “combo”.

De nuevo, como en ALCOA, el movimiento estudiantil universitario, ya con varias universidades públicas, y más politizado, con mayor presencia de estudiantes de izquierda, con los sindicatos del ICE a la cabeza, y con el resto del movimiento sindical y organizaciones populares apoyando la no apertura, se empezaron a dar movilizaciones populares a la Asamblea Legislativa, que ya no era la misma. En 1970 no tenia los muros que tenía en el 2000, no había acceso directo al edificio, que ya estaba bien resguardado de manifestaciones que llegaran hasta la puerta y ventanas del edificio.

Elemento clave, como en 1970, fue la presencia de los tres diputados de Fuerza Democrática. El más sólido parlamentariamente, José Manuel Núñez, el más emblemático ante las masas, que llegaban a la Asamblea Legislativa, y por sus vínculos sindicales, y gran orador, José Merino, y el arenguero de plaza pública, Célimo Guido. Como en ALCOA los tres se convirtieron en el punto de llegada a la Asamblea legislativa. Sin diputados esa lucha hubiera sido más dura.

La lucha contra el Combo del ICE adquirió una magnitud nacional por la presencia de la misma institución en todo el país, y con ello de las seccionales sindicales que actuaban por todo el territorio, junto a los sindicatos locales o regionales, y junto a los estudiantes que de igual manera se sumaron a esa lucha. Un jueves santo en la noche se aprobó la apertura del ICE.

Igual que en ALCOA, de inmediato el Presidente Rodríguez como lo hizo el Presidente Trejos, retiraron los Proyectos de Ley de las Sesiones Extraordinarias, para paralizar la Asamblea y con ello apagar a los estudiantes y sindicatos. Pero no sucedió así.

En ALCOA no tuvimos la capacidad ni la visión de continuar la lucha después de su aprobación. En el Combo del ICE la lucha inmediatamente se sostuvo, y se mantuvo in crescendo en todo el país, paros, bloqueos, piquetes, movilizaciones. Tres semanas intensas de luchas llegaron a paralizar totalmente el país. La policía no podía cubrir los más de 300 puntos de luchas que se daban casi a diario. La policía incluso fue incomunicada por las acciones de calle, y debilitada en su capacidad represiva. Pérez Zeledón se había convertido en uno de esos baluartes. Allí la policía quedó inmovilizada y sin parque de ningún tipo. No se podía entrar a Pérez Zeledón, ni por tierra ni por aire, todo estaba bloqueado. Tres días de lucha y la policía estaba sin poder actuar. Cañas, en Guanacaste, fue otro baluarte de lucha. Una foto de esos días, en un periódico nacional… una señora, del Partido Fuerza Democrática, sola en la carretera panamericana, paralizando los trailers y otros automotores en la carretera.

El gobierno empezaba cierta inmovilización, que pienso que si se hubiera mantenido, se pudieron haber creado condiciones para que el Gobierno se cayera.

Uno de esos días, en plena lucha, me llamaron, como dirigente y asesor parlamentario que era de Fuerza Democrática, de un Colegio de Monjas de Cartago. Llegué a las 7 a.m. Me esperaba y atendió la Directora. Fue directa y me dijo: “¿qué hago?, ¿qué puedo hacer?, los estudiantes vienen de sus casas, no se quedan en el Colegio, y se van para las manifestaciones. Sus padres creen que están en el Colegio y están en la calle”. Hablamos de la situación y le dije que cerrara el Colegio y le trasladara la responsabilidad de los muchachos a los padres, y así lo hizo de manera inmediata.

A mi regreso de Cartago, en el Alto de Ochomogo, en el Plantel de RECOPE, había un molote de gente, a la entrada, discutiendo con un destacamento policial sobre abrir los portones. Me bajé del carro. Me dirigí a la entrada. De inmediato se me presentó un Oficial de la Fuerza Pública, al reconocerme me saludó militarmente, diciéndome: “Usted es un político, yo soy un policía. Tengo la obligación de cumplir una orden, la de abrir el portón para que que puedan salir trabajadores, que estos señores, los sindicalistas, no quieren abrir”. Me dirigí, con el Oficial, a los trabajadores, que algunos me conocían, hablamos de la situación y acordamos que la policía se retiraba y que ellos abrían el portón. Así sucedió. El plantel de RECOPE permaneció en manos de los sindicalistas y la policía se retiró. Pero el Gobierno no se sentía. El que yo hubiera actuado como autoridad superior en ese momento ante los policías, que respetaron lo actuado, me hacía ver que el Gobierno estaba demasiado débil, sin controlar el territorio nacional.

Una noche, estando en la Asamblea Legislativa coordinado con el diputado Franz Acosta Apolonio, de Liberación Nacional, el control de la ruta al Atlántico, que estaba paralizada por bloqueo de trailers, que Franz coordinaba, me solicitaron abrir la ruta para un traslado de emergencia de una paciente a un hospital josefino. Hablé con Franz, él hizo un par de llamadas a los traileros y a quienes coordinaban el cierre de la carretera, en el Atlántico…y el problema se resolvió… se abrió el paso para la ambulancia.

En una de las concentraciones de manifestantes, que se hizo en la Casa Presidencial, se llegó al punto de que se sentía que se iban a meter. El Presidente Miguel Ángel Rodríguez no había abandonado la Casa Presidencial. Prácticamente a la fuerza los sacaron sus escoltas, por su seguridad. Antes de dejar la Casa Presidencial reunió a las fuerzas policiales que estaban allí, les dirigió unas palabras haciéndoles ver su papel y su responsabilidad, hizo una oración con ellos, y les dijo “recuerden que allí, refiriéndose a los manifestantes, hay personas, hay costarricenses”.

Al final, la lucha popular tan intensa se impuso en la práctica. Hubo que crear una Comisión Extraparlamentaria, que incluyó a las dos Vicepresidencias, a los sectores que se habían opuesto y lo que se aprobó en esa Comisión lentamente fue desenredando lo que se había aprobado como Combo del ICE.

La inteligencia del Presidente Miguel Rodríguez le había dado aire a la democracia resultado de esa lucha.

IV.

El Presidente Abel Pacheco de la Espriella había terminado de negociar, aprobar y firmar el TLC en diciembre del 2004, pero no lo envió a la Asamblea Legislativa, para su ratificación hasta diciembre del 2005, ya en elecciones, con receso legislativo hasta pasadas las elecciones, para que se le diera el trámite de ratificación al Tratado.

Obviamente no envió el TLC, en el 2005, a la Asamblea Legislativa porque eso hubiera empañado el proceso electoral, y porque en años electorales estos temas no pueden convertirse en temas de campaña, y se lo dejó al siguiente Presidente y Asamblea Legislativa, que serían electos en febrero, que pudo ser Otón Solís, a quien Oscar Arias le ganó por 18.000 votos.

Así empezó la Administración de Oscar Arias, con el TLC en trámite legislativo. Es claro que Oscar Arias estaba de acuerdo con el TLC, pero él no lo negoció y aprobó, aunque a él le echan la culpa de eso. Lo ratificó la Asamblea Legislativa que entró con el Gobierno de Oscar Arias.

En esa Asamblea jugó de nuevo el diputado José Merino, ahora, por el Frente Amplio, en ese momento un partido provincial. Se convirtió Merino en el principal referente opositor de masas desde la Asamblea Legislativa al TLC, y recibió de nuevo el apoyo de los sindicatos y grupos sociales, que también se habían movilizado contra el Combo del ICE.

La discusión parlamentaria se había enredado, se alargaba y la gestión de gobierno se frenaba. El exdiputado José Miguel Corrales promovió un Referéndum, como consulta ciudadana del TLC, que el Tribunal Supremo de Elecciones aprobó. Eso significaba de 6 a 9 meses más de atraso en la discusión mientras se recogían las firmas del Referéndum. Ya se había perdido el primer año de gobierno. Frente a esa situación, con audacia, el Presidente Oscar Arias, con un número de diputados, como lo permite la Ley, convocó el Referéndum, ahorrándose tiempo para tratar de realizar su Gobierno.

El Ex diputado Corrales reclamaba que no le habían permitido recoger firmas. Parecía no interesarle la discusión del TLC sino atrasar su discusión recogiendo firmas. Al final, al Presidente Arias, que había convocado por su iniciativa el Referéndum, y que ponía por primera vez, en la Historia Nacional, a funcionar la democracia directa, y la participación ciudadana, como elemento constitucional, haciendo de cada ciudadano un diputado, el Tribunal Supremo de Elecciones le prohibió participar y opinar, como Presidente, a favor del mismo. Por ello en la práctica se crearon los dos comités, a favor y en contra del TLC.

En octubre del 2007 se aprobó por votación ciudadana el TLC, con un margen muy pequeño a su favor, lo que obligó a los diputados a probarlo, aún con obstáculos legislativos, pero así es como funciona la democracia, con elecciones, con toma de decisiones electorales que dan Gobierno a un Partido y a un grupo gobernante, que debe realizarlo conjuntamente, con los pesos y contrapesos constitucionales, de la representación popular legislativa.

Para eso están también los diputados, para aprobar leyes, que son los únicos que pueden aprobar leyes o rechazar proyectos de ley.

Si se trata de una lucha contra leyes es en la Asamblea Legislativa donde se debe presionar y donde se deben movilizar los opositores.

El resultado del Gobierno de Oscar Arias se evidenció en la siguiente elección nacional, 2010, cuando fue electa Laura Chinchilla, su Vicepresidenta, con un 48% de votación, 8 puntos más que Oscar Arias en el 2006.

Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

SURCOS, recibió la siguiente propuesta para los diferentes sectores de la ciudadanía costarricense para unirse por la defensa del Estado Social de Derecho de nuestro país, propiciando una articulación y alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y con propuestas de soluciones integrales y conjuntas:

Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

En esta hora difícil de la vida del país, proponemos respetuosamente a las asociaciones culturales, cooperativas, sindicatos y centrales sindicales, asociaciones de mujeres, universidades públicas, grupos comunales, grupos artísticos, asociaciones ambientalistas, grupos de científicos y a todos los sectores de la ciudadanía unirse por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense, sus conquistas e instituciones, entre ellas, CCSS, INS, ICE, bancos del Estado, INA y las universidades públicas, de modo que se propicie una articulación, con una agenda común, en la búsqueda de las respuestas necesarias desde la ciudadanía, concernida por la Constitución Política de la República, artículo 9o. Para lograrlo, se procuren alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y otros, en la tarea de proponer soluciones integrales y conjuntas, ante el momento actual y sus desafíos.

Esa unión de todos los sectores sociales es indispensable para la defensa de la institucionalidad democrática, frente a las acciones de las fuerzas políticas y económicas neoliberales, que impactan fuertemente en la conducción del Estado costarricense, mediante una alianza de partidos políticos, en la Asamblea Legislativa. Esos grupos, desde hace varias décadas, partiendo de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) pretenden cambiar, de manera regresiva, el modelo propio del Estado social costarricense. En la actualidad, ubicados en distintos espacios, están tomando medidas económicas que impactan muy seriamente a la clase media y a los grupos menos favorecidos del país, aprovechando el contexto del COVID-19, que inmoviliza al pueblo costarricense por la cuarentena. Aprobar, en estas circunstancias, leyes y medidas económicas sin fundamentos técnicos, que podrían ser violatorias de los derechos laborales adquiridos, e incluso, algunas de carácter retroactivo, sería un acto lesivo, recordado por generaciones.

En efecto, desde los poderes del Estado, luego de haber hecho recaer el peso de la crisis fiscal sobre el pueblo trabajador y los grupos de jubilados, cargándolos de impuestos, se eximen y perdonan las deudas a los grupos poderosos del capital financiero y empresarial, incluidos a los evasores de impuestos. Paralelamente, se han reducido las libertades de protesta y manifestación públicas, mediante, leyes insólitas, como la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. Otras amenazas penden sobre nuestras cabezas, a saber, un pretendido rebajo del 15% de la jornada laboral y la sugerencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de crear un impuesto sobre el salario escolar y el aguinaldo. La meta final de esos sectores parece ser borrar lo que sobrevive del Estado de bienestar costarricense, construido históricamente con el esfuerzo democrático y solidario de las generaciones que nos preceden.

Con ese nuevo estilo de gobierno, se diría que buscan imponer la forma del Estado propio de las sociedades neoliberales, sobre la base del fundamentalismo de mercado y la privatización. Al priorizar los objetivos económicos y una tecnología excluyente, sobre la dignidad de la vida humana, concentran la riqueza y exacerban la brecha social entre pobres y ricos. Se destruyen así las condiciones estructurales sobre las que se edifica la paz social, la dignidad humana, la justicia social, la equidad y la búsqueda del consenso, pilares del estilo de vida democrático costarricense. Con todo ello, se obedece también a los dictados de los organismos internacionales, cuyo propósito es enfatizar una globalización neoliberal en el país, cuando ya está cuestionada y en retroceso en varias partes del mundo. A pesar de haber encontrado resistencia social, estas políticas han logrado colocar a Costa Rica entre los diez países más desiguales del mundo, lo que significa que han producido una enfática polarización social en los últimos cuarenta años.Finalmente, por lo que se ha anunciado, se avecina una escalada mayor, pues la búsqueda de préstamos multimillonarios dejaría a Costa Rica más endeudada y a merced de los organismos internacionales y sus dictados. Es así que sectores del gran empresariado, como el grupo Horizonte Positivo, con el respaldo de la Unión Costarricense de Cámaras empresariales (UCCAEP), han pedido la venta de los activos más lucrativos del Estado, entre ellos, la FANAL y KÖLBI, mientras que, por otra parte, existe la negativa a financiar debidamente instituciones de bien común, tales como la CCSS y las universidades públicas, todo ello, sin que se ofrezca la fundamentación fidedigna.

Ante este escenario, consideramos indispensable la unión del pueblo costarricense y, en consecuencia, hacemos una vehemente excitativa para que se cree un Movimiento Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y sus instituciones, como alianza duradera de todos los sectores sociales frente a los objetivos económicos y las acciones políticas que profundizan las brechas económicas, tecnológicas, legales, culturales y sociales. Se debilita de ese modo a la clase media y se lanza a muchos sectores a una pobreza cada vez mayor.

Se trataría de un movimiento pacífico, en el marco del ordenamiento jurídico costarricense.

Sugerimos los siguientes objetivos, entre otros muchos:

  1. Defender, a partir de una agenda nacional compartida, las garantías constitucionales y sociales que le confieren identidad al Estado costarricense y a sus instituciones, a saber, CCSS, ICE, INS, RECOPE, bancos del Estado, las universidades y demás instituciones públicas, frente a la amenaza de eliminación o privatización, explícita o implícita, muy evidente en el momento actual de crisis sanitaria y social.
  2. Analizar e informar sobre los distintos proyectos de ley, decretos, programas y otros que pretendan direccionar el Estado costarricense hacia los objetivos neoliberales y otros que buscan la polarización económica y social, desoyendo las necesidades de las mayorías o actuando contra ellas.
  3. Informar y alertar a la población costarricense sobre proyectos y programas económicos y otras medidas, como préstamos y firma de tratados internacionales, así como sobre personas físicas y jurídicas que los promueven, atentando contra el Estado Social de Derecho, la democracia y sus instituciones.
  4. Llamar a la población costarricense a analizar y pronunciarse colectivamente sobre actos de corrupción, favorecimiento de las empresas privadas frente a las públicas, traslado o conversión indebida de bienes públicos en privados, deterioro de los servicios públicos, deudas acumuladas y no pagadas a las instituciones públicas y creación de impuestos no equitativos, entre otros.
  5. Denunciar y repudiar las acciones económicas y políticas lesivas contra las mayorías en tiempo de pandemia, o el aprovechamiento de las condiciones de aislamiento social, para impulsar leyes por la vía rápida y sin la discusión política debida, de cara al pueblo costarricense.
  6. Propiciar el diálogo, el análisis y la discusión de todos los temas de interés colectivo mayoritario, tales como proyectos, programas, leyes y decretos de primera importancia para la vida nacional; igualmente, el resguardo de la privacidad de los miembros de la ciudadanía, las estrategias sanitarias y alimentarias ante emergencias y otros similares, procurando el más amplio acceso, mediante plataformas de alcance masivo.

San José, 18 de agosto de 2020

CONVOCATORIA-PROPUESTA PARA UN MOVIMIENTO NACIONAL POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO COSTARRICENSE Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

LISTADO DE FIRMANTES

Un total de cincuenta y cinco personas son firmantes de este documento:

  1. Alice Ramírez Ramírez. Educadora jubilada. Consultora independiente en temas relacionados con la educación superior y área curricular.
  2. Ana Lorena Ulate Rodríguez. Educadora comprometida con las luchas patrióticas costarricenses. Defensora de los derechos de las mujeres y promotora cultural.
  3. Anacristina Rossi. Escritora, traductora, especialista en estudios de la mujer, ambientalista y profesora universitaria, Universidad de Costa Rica.
  4. Aquiles Jiménez Arias. Escultor, dos veces Premio Nacional Aquileo Echeverría en escultura.
  5. Arnoldo Mora Rodríguez. Filósofo costarricense, académico distinguido de varias universidades, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría y Premio Joaquín García Monge, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
  6. Carmen Camacho Rodríguez. Socióloga, docente universitaria, investigadora y consultora internacional.
  7. Carmen María Méndez Navas. Catedrática jubilada, UNA-UCR; doctora en Cultura Artística Centroamericana. Directora de la Fundación Academia ACUA. Exdirectora General de la Orquesta Sinfónica Nacional.
  8. Daniel Camacho Monge. Abogado, académico, Profesor Emérito de la UCR, sociólogo de muy destacada trayectoria nacional e internacional.
  9. Eduardo Madrigal Muñoz. Doctor en Historia, profesor catedrático de UCR e investigador (CIICLA-UCR)
  10. Federico Molina Campos. Pianista y educador de la Escuela de Artes Musicales, UCR. Pianista titular de la Compañía Lírica en dos oportunidades, cofundador de la Orquesta Sinfónica Municipal de Cartago.
  11. Flora Fernández Amón. Administradora de Empresas, empresaria. Fue parte de la Comisión Económica para América Latina.
  12. Gabriel Mejía Ramírez. Catedrático jubilado, Doctor en Educación, consultor internacional, autor de varios libros sobre educación para la salud y la tercera edad.
  13. Gerardo Meza Sandoval. Pianista con un doctorado interdisciplinario en Letras y Artes de la Universidad Nacional.
  14. Giselle Virginia Chang Vargas. Antropóloga, doctorado en Sociedad y Cultura. Premio UNESCO, Premio Tenerife, España, autora, editora, experta en patrimonio cultural.
  15. Grettel Balmaceda García. Maestría en Salud Pública. Exfuncionaria del Ministerio Salud. Docente de UCIMED y UNED.
  16. Guillermo Miranda Camacho. Sociólogo, especialista en Sociología de la Educación, Doctor en Educación. Catedrático jubilado, UNA-UCR.
  17. Hannia Franceschi Barraza. Especialista en trabajo social y desarrollo sostenible.
  18. Harry Castillo Valle. Ingeniero Químico. Investigador jubilado de la Escuela de Ingeniería Química de la UCR.
  19. Hazel Vargas Zeledón. Catedrática jubilada UNA y UCR. Ex decana Centro de Estudios Generales UNA, Ex Secretaria Adjunta del CSUCA.
  20. Henry G. Arce Arce. Fundador del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT) de la UNA.
  21. Henry Orlando Vargas Benavides. Catedrático, Fundación InterArtes.
  22. Isabel Zúñiga Narváez. Educadora.
  23. Javier Solís Herrera. Periodista y teólogo. Diputado en el período 1986-1990.
  24. Jorge Eduardo Carmona Ruiz. Pianista, doctor en Cultura Musical Centroamericana, miembro Comisión CR-UNESCO, miembro FLADEM, Premio Nacional de Música. Catedrático jubilado, UCR.
  25. Jorge Hernández Cascante. Sociólogo. Estudios sobre campesinado.
  26. José Luis Vega Carballo. Sociólogo. Académico jubilado. Dedicado a investigar, escribir y promocionar causas de la lucha social.
  27. José Solano Alpízar. Historiador y pedagogo, doctor en Ciencias Humanas, con Mención en Análisis del Discurso y la Cultura.
  28. Julieta Dobles Yzaguirre. Poeta, Premio Magón, catedrática jubilada UCR, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
  29. Leiner Vargas Alfaro. Economista. Profesor e Investigador del CINPE-UNA. Profesor invitado en varias universidades de Europa.
  30. Lorena Flores Solano. Profesora jubilada, ex coordinadora de la Oficina de Pensiones de APSE.
  31. Luis Jorge Poveda Álvarez. Biólogo, taxónomo. Cofundador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA. Profesor Emérito. Investigador de antioxidantes para beneficio de la salud, identificación de plantas medicinales contra el cáncer.
  32. Luis Paulino Vargas Solís. Economista, catedrático universitario, académico del CICDE-UNED. Ha publicado doce libros y diversos artículos científicos. Premio Nacional Aquileo Echeverría.
  33. Luis Sánchez Chaves. Catedrático, especialista en apicultura tropical. Coordinador de la Maestría en Apicultura del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT)-UNA.
  34. Macarena Barahona Riera. Catedrática UCR. Investigadora en temas culturales, políticos y de las humanidades; poeta.
  35. Magda Zavala. Escritora, catedrática UNA, investigadora y gestora cultural. Fundadora, entre otros, de Asociación Costarricense de Escritoras y Revista ÍSTMICA.
  36. María Elena Salazar. Profesora. Dirigente magisterial y sindical, activista social, miembro del Consejo Consultivo de CONAPAM.
  37. María del Rosario Alfaro González. Catedrática Jubilada. Especialista en Ciencias Ambientales. Consultora Ambiental internacional. Impulsora del programa Calidad del aire (ProEco) para Centroamérica y Panamá.
  38. Mariano Rodríguez Pacheco. Profesor en la enseñanza del Francés, jubilado; Exsecretario General de APSE (2011-2013).
  39. Marino Protti Quesada. Geólogo. Catedrático del Ovsicori, UNA, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología “Clodomiro Picado Twight”, Miembro de la Academia Nacional de Ciencias.
  40. Mario Alfagüell. Catedrático jubilado UCR, pianista y compositor. Premio Ones (España), Premio Nacional Aquileo J. Echeverría (3 veces), Premio Áncora (2 veces), Premio Jorge Volio y obra seleccionada en TRIMALCA.
  41. Mario Devandas Brenes. Doctor en Educación, Exdiputado (1978-1982), fundador de FENATRAP, cofundador del Frente Nacional por la Seguridad Social, Representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS.
  42. Maynor Carranza Varela. Investigador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA, colaborador en la recolección, identificación plantas como potenciales antioxidantes.
  43. Melvin Durán Carballo. Empresario.
  44. Leda Méndez. Abogada, activista social.
  45. Michael McCoy. Biólogo, cofundador del Programa de Maestría de Vida Silvestre, UNA. Diversas publicaciones sobre conservación y manejo de la Fauna Silvestre.
  46. Miguel Picado Gatjens. Teólogo, presbítero católico, investigador, catedrático, UNA; historiador.
  47. Osvaldo Durán Castro. Sociólogo y ecologista. Catedrático Instituto Tecnológico de Costa Rica.
  48. Pablo Sánchez Vindas. Botánico, cofundador del Herbario Juvenal Valerio, taxónomo e investigador de antioxidantes para beneficio de la salud. Autor de varios libros sobre plantas.
  49. Raziel Acevedo Álvarez. Musicólogo, investigador. Catedrático de la Sede de Guanacaste, amplia producción investigativa, UCR.
  50. Roberto Villalobos Ardón. Arquitecto, Rector ITCR 1983-1987, miembro de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, presidió el Colegio de Arquitectos de Costa Rica entre 1982-1984.
  51. Ronald Bonilla Carvajal. Escritor. Maestro de talleres literarios. Premio Nacional de Cultura Magón.
  52. Roxana Salazar Bonilla. Artista plástica. Profesora jubilada. Fungió como directora del Museo de San Ramón y directora de la Sede de Occidente, UCR, en San Ramón.
  53. Vera Ramírez Marín. Abogada.
  54. Virginia Vargas. Economista, empresaria, activista en derechos de las mujeres
  55. Walter Antillón Montealegre. Jurista y académico, Profesor Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Nota final

Las organizaciones y personas interesadas en mayor información sobre esta iniciativa pueden comunicarse con el grupo proponente en el siguiente correo electrónico: redcientificocultural@gmail.com

ABRA-PALABRA – La magia de las palabras y las historias de vida

Presentan libro sobre el uso de la historia de vida como método de investigación.

Acompáñenos este jueves 23 de julio, a las 7 pm en la página de Facebook de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica.

Día: jueves 23 de julio

Hora: 7:00 p.m. (Costa Rica)

FACEBOOK LIVE https://www.facebook.com/HistoriaUCR/

¡Contar la vida!… Sumergirse en la historia de otros. Recorrer el camino de las palabras interpretando hechos y sentimientos, para comprender una comunidad o un proceso histórico. El autor entrevista a Vicente Guerra Miranda, chiricano de Jabillo de Potrero Grande. (Q.d.e.p).

Este libro del antropólogo social José Luis Amador sintetiza 30 años de experiencia del autor en el uso de esta metodología. El libro es un viaje que nos lleva por diferentes temáticas sociales, desde los tuneleros del ICE, hasta los indígenas, chiricanos, campesinos y antiguos bananeros del Sur de Costa Rica.

Sobre este libro, la historiadora Carmen Murillo ha dicho: “A lo largo de su práctica profesional, José Luis ha enfatizado en una de las herramientas más poderosas y significativas dentro del arsenal clásico de la Antropología: la historia de vida. Con ella se lanza al encuentro de múltiples personas que, como testigos vivenciales de su tiempo y espacio, articulan el relato de sus vidas”.

¡Abra-Palabra! La magia de las palabras y las historias de vida, hace aportes metodológicos y discute cuándo y cómo utilizar la historia de vida. Expone razones para su uso, según diferentes contextos sociales y ocasiones.

En esta presentación nos acompañan además del autor; las antropólogas Paula León y Margarita Bolaños, las historiadoras Sofía Vindas y Patricia Badilla y el Ing. Eric Madrigal.

Invitan TCU Herencias Inmateriales: Historia, Sociedad y Memoria de la Escuela de Historia UCR y la Asociación la Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricenses (Aswingbol)

No todo es por el COVID-19

CRISIS SISTÉMICA DEL CAPITALISMO

La situación en Costa Rica es producto de un orden económico caníbal que puede derivar en un régimen totalitario

Ricardo Segura Ballar*

El capitalismo caníbal no es consecuencia del Covid-19, es producto de cuarenta años de imposición de un modelo neoliberal que ha colocado a Costa Rica entre los países más desiguales del mundo, con porcentajes de pobreza, antes del Covid-19, del 21% y desempleo del 13%, que no han podido ser resueltos y que por el contrario venían aumentando, golpeando con mayor fuerza las regiones Brunca (sur) y Pacífico Central en cuanto a la pobreza.

Todo esto es producto de la sumisión de los gobiernos en ese lapso, desde la administración Monge Álvarez cuando se aprobó el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), pasando por la administración Arias Sánchez, en la cual se aprobó el segundo Programa de Ajuste Estructural (PAE II), siguiendo con la administración Figueres Olsen, cuando se aprobó el tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE III). En la segunda administración Arias Sánchez se aprobó el cuarto Programa de Ajuste Estructural (PAE IV): el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Todas esas políticas económicas, presionadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron aprobadas en administraciones liberacionistas (PLN) y por supuesto apoyadas por otras fuerzas políticas como el socialcristianismo (PUSC) y las turecas de siempre. Estas políticas neoliberales han implicado lo que ya sabemos: reducción del papel del Estado y entregar las instituciones estatales rentables al mercado, abrir la economía a la globalización y el libre comercio, dejando a las élites financieras actuando por la libre. Todas esas políticas condujeron a la destrucción de los agricultores y de otros sectores económicos y productivos, generando otro frente, el trabajo informal que representaba, hacía unos meses, un 46% de la población económicamente activa. Eso fue lo que se sembró a lo largo de cuarenta años. No escapa a esta situación la administración Alvarado Quesada, que, con un falso discurso de “unidad nacional”, terminó entregando la conducción económica del país a personas que, fueron por mucho, responsables del desastre y a los empresarios que orbitan alrededor de la UCCAEP, lo que se puede interpretar como una completa claudicación. Y como dice el refrán popular, el que siembra vientos cosecha tempestades.

Como se mira, no tenemos que responsabilizar de todo lo que ocurre al fenómeno Covid-19. Ya venían ocurriendo situaciones muy complejas, delicadas, en el plano político-económico, todas orientadas a reducir el papel del Estado en materia social así como un ataque permanente a los trabajadores públicos. La aprobación del “combo fiscal” fue uno de esos ataques arteros, aprobado en la Asamblea Legislativa por los diputados del PLN, PAC, PUSC y PRSC.

Algunos, ingenuamente creyeron que la crisis provocada por el fenómeno Covid-2019 abriría espacios para llevar adelante políticas de “unidad nacional” para establecer una tregua y un nuevo pacto social basado en una negoción honesta entre sectores para enfrentar la crisis (Igual lo creyeron cuando la lucha contra el combo fiscal). Resulta que no fue así; se ha seguido con lo mismo, peor aún, se ha intensificado el ataque a toda la clase trabajadora, especialmente a los trabajadores estatales. Un ejemplo es la intención de eliminar la jornada laboral de ocho horas, bajo el eufemismo de “flexibilidad laboral”, lo que significa un retroceso de cien años en materia laboral, todo por complacer al empresariado nacional mucho del cual, como se dijo, orbita en torno a la UCCAEP.

Lo innegable de la crisis intensificada por el fenómeno Covid-19 es que ha dejado en cueros al “país más feliz del mundo”. Desigualdad rampante, pobreza, trabajo esclavo (zona norte), miseria y humillación (cuarterías), explotación, hambre, políticas antilaborales, xenofobia.

Es por lo anterior, que las declaraciones dadas por el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez en el espacio El Faro (Héctor Solano) se vuelven políticamente importantes. En esa entrevista el exministro afirmó lo siguiente: 1) que Costa Rica es un país muy desigual; 2) que la evasión-elusión fiscal, en el estimado más bajo llega al 4.5, 5% del PIB y el más alto al 8% del PIB y que aplicando el promedio (6%) eso significa $3800 millones de dólares y que el lavado de dinero alcanza los $4000 mil millones de dólares; 3) que hubo fuertes presiones del empresariado para oponerse a la apertura del secreto bancario; 4) que si no existe un plan consecuente con las necesidades del país (líneas rojas) en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el mismo FMI tomaría el timón de los destinos del país; 5) que Costa Rica, en las actuales circunstancias necesita una cirugía de campo de batalla lo cual es ruidoso y sangriento; 6) que la deuda hay que pagarla como sea; 7) que hay que hacer lo que sea posible para que el Estado de Derecho y el tejido social no se destruya, que hay una alta probabilidad de que eso ocurra.

Sobre lo dicho por el exministro podemos concluir lo siguiente: que Costa Rica es un país asaltado con fusil en ristre por el gran empresariado y que, por el alcance del lavado de dinero, el país en la práctica es un narcoestado y quizá sea esto lo que haya generado la presión para que se mantenga el secreto bancario. En el caso de la negociación con el FMI, ya tenemos el resultado de 40 años de entreguismo y sumisión (PAEs y TLC). No dudamos que a la administración Alvarado Quesada le quebrarán las costillas y que, si se le permite, terminará sacrificando aún más a la clase trabajadora y que terminará, si se le permite, entregando el ICE, la CCSS y lo que haya que entregar. A eso se refiere el exministro cuando habla de cirugía de campo de batalla, hay que pagar la deuda como sea.

Pero lo que resulta políticamente muy revelador es su apreciación sobre la muy probable ocurrencia de la destrucción del tejido social y del Estado de Derecho. Por supuesto que estas declaraciones del exministro no pueden pasar inadvertidas, máxime por quien las afirma. Tampoco eso se dice por decirlo, con mucha probabilidad este ha sido un tema de análisis y discusión en los círculos cerrados de la administración Alvarado Quesada. Y es que efectivamente, tal cual se manifestó, el fenómeno Covid-19 puso al descubierto “las venas abiertas” de Costa Rica y que por lo descrito anteriormente, la presión sobre la clase trabajadora será mayor e inaguantable. Vastos sectores pasaron y pasarán a engrosar el desempleo, la pobreza y la informalidad, allí se acumulan la desesperanza, el hambre y la rabia. Eso se convertirá ineluctablemente en una situación socialmente explosiva que sin duda derivará en acciones y movilizaciones sociales que como dice el exministro, con mucha probabilidad rompan el tejido social y fracturen el Estado de Derecho.

Es claro que el escenario descrito por el exministro es muy real. Los sectores dominantes, los sectores empresariales que han estado viviendo en una fiesta de evasión y elusión no van a soltar nada de buena gana, allí todo es para adentro. Los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa en su mayoría no tienen expresión propia, el PLN, el PUSC, el mismo PAC son en la práctica marionetas de los sectores dominantes y de las agencias económicas internacionales. Es decir, están contribuyendo en mucha medida a que ese escenario de ruptura avance de manera inexorable.

Es por todo esto que los movimientos sociales así como todas las fuerzas de la resistencia con carácter de clase interioricen que, efectivamente, las cosas se pueden salir de control. Salirse de control no significa que esa ruptura social favorezca los intereses de la clase trabajadora. Todo lo contrario, un escenario como ese puede ser perfectamente explotado por los sectores dominantes para imponer un régimen totalitario. Es por eso que el movimiento social clasista, en esta ocasión me refiero al Bloque Unitario, tiene que analizar con seriedad dos hojas de ruta, una de ellas ya discutida y aprobada en el seno del Bloque Unitario, la conformación del Frente Nacional de Lucha y Resistencia que pueda de manera consecuente y con firmeza conducir las masas en un escenario de ruptura del tejido social y del Estado de Derecho, pero con la claridad, en cuanto a que, de producirse ese escenario, la ruptura tiene que ir dirigida a desmontar ese modelo económico caníbal. La otra muy necesaria por cierto, es la conformación o el fortalecimiento de un partido político centralizado en la lucha de clases con opciones electorales que sirva a los intereses de la clase trabajadora, de los agricultores y del pequeño y mediano empresariado consecuentes con los intereses de la Patria. Un partido político clasista que permita acercar diferentes sectores para que se sumen a la lucha con miras a la toma del poder.

Entramos en una faceta crítica de la historia costarricense. Porque si los sectores dominantes, en colusión con los sectores políticos del PLN, PUSC y PAC y demás turecas deciden escoger la hoja de ruta que ha planteado el exministro Rodrigo Chávez, es decir, “cirugía de campo de batalla”, entonces que se preparen porque esos sectores igual tendrán que entrar a ese “campo de batalla” y como manifestó el exministro, será “ruidoso y sangriento”, para ellos también.

* Comisión Nacional de Enlace
San José, Costa Rica
16 de julio 2020

Se vino abajo el proyecto de incineración, el ICE no quiere energía sucia

FEMETROM GENERA FALSAS EXPECTATIVAS CON SU LICITACIÓN PARA FACILITAR LA INCINERACIÓN

ICE DESMIENTE A FEMETROM Y NO VA A APORTAR TERRENOS NI COMPRARLE ELECTRICIDAD A LA INCINERADORA CONTAMINANTE

GOBIERNO NO APOYA EL PROYECTO Y SE DESMARCA

Comunicado.

Mediante el oficio 0060-300-2020 de fecha 17-07-2020 la presidencia del ICE se sacude e indica que no van a facilitar ningún terreno para hacer la incineradora (o cualquier tipo de combustión química) de residuos que busque generar electricidad producto de la actividad. Además, el ICE le pide una explicación a FEMETROM.

En el oficio el ICE aclara que tiene cubierta la demanda de Costa Rica en materia de electricidad y que no es del interés del Instituto Costarricense de Electricidad este tipo de actividad ya que buscan una matriz de energía renovable.

En la carta del ICE se indica que “El Plan de Expansión de la Generación Eléctrica (2018-2034) concluye que la ruta recomendada muestra que el país tiene garantizada la atención de la demanda eléctrica para los próximos ocho años, a partir de una matriz de generación renovable, confiable y diversa, consolidando un modelo eléctrico nacional basado en fuentes renovables”. Por lo tanto, no se considera la adición de capacidad instalada al Sistema Eléctrico Nacional hasta el año 2026 con la planta Borinquen 1”

“La Incineración NO está considerada por ninguna entidad mundial como energía renovable, más bien es una actividad tremendamente entrópica y contaminante que compite con el manejo integral de residuos y tiene impactos ambientales y sociales terribles.” Indicó el máster en agro biología ambiental y ecologista Fabián Pacheco, así mismo continúa diciendo: “es evidente que FEMETROM anda haciendo enredos en SICOP generando falsas expectativas para ver quién muerde el anzuelo, pareciera ser que en este intento de gestionar los residuos municipales lo más limpio es la mal llamada basura. Nos parece muy lamentable, vergonzoso y esto afecta la imagen del país

Marcela Guerrero presidenta ejecutiva del IFAM indicó: “La posición de IFAM en concordancia con la posición del Gobierno estableció avanzar en materia de gestión integral de residuos en todas aquellas actividades que tengan por naturaleza menores impactos. No solo disminuyendo los gases de efecto invernadero y cuidando la salud de las personas a través de la calidad del aire. Además, se deben generar condiciones para que las actividades que se desarrollen se apeguen al plan de descarbonización y que generen empleos de calidad bajo la lógica de la economía circular. La Incineración evidentemente no es una actividad acorde con las aspiraciones del gobierno de trabajar la gestión integral de residuos. Se deben impulsar iniciativas que vayan a estimular la calidad de vida de las personas. La gestión integral de residuos debe hacerse desde la separación, compostaje, la valorización, la reutilización y el reciclaje. Hay una serie de tecnologías que ciertamente quedan superadas y debemos buscar las que se adaptan al Plan de Descarbonización y hacia una economía verde.

El desesperado intento de FEMETRON de instalar una incineradora de basura en la Gran Área metropolitana de Costa Rica la va a tener cuesta arriba. Ya la municipalidad de Belén de forma unánime y diversas organizaciones ecologistas vienen sonando tambores de guerra contra la instalación de dicha planta Costa Rica.

 

Información enviada a SURCOS por Bloque Verde.

Convenio ICE-UCR ofrece mejoras en conectividad para apoyar el trabajo remoto y la docencia virtual

La unión de esfuerzos como este es vital para que el país pueda salir adelante

Las personas que tienen conectividad en sus casas, ya sea por fibra óptica o por ADSL con servicios de Kölbi Hogar, podrán acceder a una de las opciones disponibles.

La Universidad de Costa Rica (UCR) estableció un convenio con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Kölbi, el cual le permite al personal docente y administrativo de la Institución acceder a una serie de beneficios en los planes de conexión a internet en el hogar. El fin es apoyar las labores de trabajo remoto, en el marco de la emergencia por COVID-19.

Alonso Castro Mattei, director del Centro de Informática (CI) de la UCR, indica que la Universidad es la primera institución pública del país en contar con este convenio. Tal acuerdo se da como una extensión adicional al que ya tenemos con el ICE, que es el proveedor de los servicios de internet para la UCR.

“Extendemos un convenio adicional para que el personal docente y administrativo se vea favorecido, y que las personas que tienen conectividad en sus casas, ya sea por fibra óptica o por ADSL con servicios de Kölbi Hogar, puedan acceder a una de las opciones disponibles, entre ellas una rebaja del costo mensual del enlace, un aumento en su velocidad actual de conectividad, o solicitar un servicio de conectividad nuevo al ICE, en el caso de funcionarios que aún no lo posean”, añade Castro.

El convenio está disponible para las personas funcionarias que posean o adquieran alguno de los siguientes planes de Kölbi Hogar: individual de internet, dúo de internet + telefonía fija, dúo internet + Kölbi TV y planes triples.

Para optar por este convenio, se debe cumplir con dos requisitos: poseer un nombramiento interino o en propiedad activo en la UCR y que el plan Kölbi contratado o a contratar esté a nombre de la persona funcionaria de la Universidad.

Las personas interesadas en aplicar a este convenio deben solicitar una constancia de su nombramiento activo en la Universidad, a la Oficina de Recursos Humanos (ORH), por medio del Portal UCR o al correo orh.vra@ucr.ac.cr . También deben llenar y firmar el formulario que se ha dispuesto para tal efecto, ya sea con firma digital o escaneando el documento impreso con la firma física.

En el caso de funcionarios que cuenten con uno de los planes Kölbi en sus hogares, pero que se encuentre a nombre de un familiar, podrán completar el formulario de cesión de derechos, ubicado en el siguiente enlace: https://ci.ucr.ac.cr/node/107#page-title.

Este convenio es válido para un contrato por persona, aplicará de forma permanente y continuará una vez finalizado el período de emergencia por COVID-19.

“La negociación para alcanzar este convenio se hizo en aras de fortalecer y facilitar el trabajo remoto y la docencia en línea, a través de mejores enlaces de internet, sobre todo ahora que, en los hogares, este servicio es utilizado por las familias completas para efectuar teletrabajo y recibir clases de forma virtual. Queremos que las personas puedan trabajar de forma más cómoda y con un ahorro económico importante”, indica Castro.

Por su parte, Mauricio Rojas Cartín, gerente de telecomunicaciones del ICE, indica que, a lo largo de los años, ambas instituciones han reforzado sus relaciones en pro de fortalecer la educación superior. Añade que, ante los nuevos retos derivados de la emergencia nacional, se ha propiciado un cambio hacia los medios digitales, incluyendo el teletrabajo.

“En esta circunstancia, somos conscientes de esta nueva realidad y de que, solo uniendo esfuerzos, lograremos que el país pueda salir adelante. En el ICE, hemos diseñado una oferta exclusiva a través de nuestra marca kölbi Negocios, con un precio diferenciado y el ancho banda necesario para realizar el trabajo con enlaces de alta velocidad, así como una conexión de internet estable y segura. Nos enorgullece ser socios empresariales de la UCR para fortalecer la educación y el trabajo a distancia”, finaliza Rojas.

Para conocer mayores detalles del convenio, puede descargar el instructivo y el formulario en el siguiente enlace: https://ci.ucr.ac.cr/sites/default/files/informaciondigital/Convenio_Teletrabajo_UCR-ICE.pdf.

Otros esfuerzos que complementan el apoyo al trabajo remoto y clases virtuales

Desde el inicio de la emergencia por la pandemia COVID-19, el Centro de Informática se ha dedicado a dotar a la comunidad universitaria de las facilidades técnicas y las herramientas necesarias para adaptar las labores, una vez que se tomó la determinación de enviar a la comunidad universitaria a clases virtuales y trabajo remoto.

Estos esfuerzos han abarcado diversas etapas. Castro Mattei señala que, en una primera etapa, se duplicaron todos los enlaces de internet de las sedes y recintos, se procedió a habilitar el servicio de VPN y telefonía en las casas de las personas funcionarias, con el fin de que pudieran acceder a sus extensiones de la Universidad, desde su computadora o teléfono móvil. También se crearon los formularios de COVID-19 en el Portal UCR, se habilitaron licencias de diverso software para uso en casa, incluyendo herramientas de videoconferencia como Zoom y de seguridad como el antivirus.

Igualmente, se trabajó en fortalecer herramientas como Mediación Virtual, de forma que pudiera soportar una mayor cantidad de cursos y personas usuarias.

Como segunda etapa, se realizó la compra de tabletas y chips de conexión a internet, que han permitido apoyar a los estudiantes que no cuentan en sus casas con un equipo de cómputo adecuado o que tienen conexiones a internet limitadas e inestables. Además, en conjunto con el ICE, se logró eliminar el consumo de datos en la consulta de sitios con dominio ucr.ac.cr. Adicionalmente, lanzamos una campaña de información sobre ciberseguridad a la hora de realizar trabajo remoto.

“Ahora, estamos trabajando en los preparativos para asumir el segundo semestre y continuar en la mejora de las condiciones de trabajo remoto y docencia virtual para nuestra comunidad universitaria. Pronto, tendremos funcionando la plataforma UCR Global para los cursos en línea de Acción Social y un sistema para incluir y analizar la información de las posibles actividades presenciales que desean retomarse en el II ciclo 2020, entre otras novedades”, finaliza Castro.

 

Melissa Gómez Arce
Comunicación, Centro de Informática, UCR

Esquipulas o la paz regional que nunca se construyó

Rogelio Cedeño Castro (*)

La frase tantas, veces repetida por Óscar Arias Sánchez, de que durante el conflicto armado centroamericano de los años setenta y ochenta del siglo anterior, los centroamericanos ponían los muertos y las superpotencias ponían las armas, no es más que un lugar común o verdad a medias cuyos alcances convendría examinar, con especial cuidado y atención. Aquel no fue simplemente un conflicto más de la no tan fría guerra que libraron la URSS y los EUA, a lo largo de varias décadas; más bien, cabe destacar que las causas de ese conflicto fueron endógenas y será, desde ese ángulo que intentaremos reflexionar sobre lo ocurrido, durante el cuarto de siglo transcurrido desde que empezaron a ponerse en ejecución los acuerdos de Esquipulas.

El mero hecho del cese del fuego, con el que se pretende muchas veces poner fin a un largo y cruento conflicto bélico, dentro de una determinada área continental, no puede ser confundido con la construcción de una paz positiva y duradera, basada en la superación de las causas profundas que le dieron origen, a partir de acuerdos cuya materialización debe conducir a profundas transformaciones sociales, políticas y económicas dentro de las sociedades y naciones donde han tenido lugar los enfrentamientos armados. Ese y no otro es el caso de la escalada de los enfrentamientos armados que tuvo lugar en el istmo centroamericano, a lo largo de varias décadas, como consecuencia de los graves problemas de legitimidad del poder de las elites regionales, originados en la crisis profunda de las formas tradicionales de la dominación, la que se puso de manifiesto a partir de las crecientes demandas de participación democrática efectiva y de una redistribución de la riqueza, el conocimiento y el poder, las que fueron cobrando presencia e intensidad crecientes, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, en la conciencia y en el actuar de las grandes mayorías centroamericanas.

Debido lo anterior, puede afirmarse que los acuerdos de paz de Esquipulas, Guatemala firmados hace veinticinco años, en el mes de agosto de 1987, no trajeron la paz a la región centroamericana, puesto que de lo que se trató de la ejecución del plan maestro de una contrarrevolución blanda (ver nuestro libro La desmovilización militar en América Central. Dice Libro Editores San José Costa Rica 2008), ejecutado a contrapelo de la fórmula reaganiana de intervención militar directa de la armada estadounidense en todo el istmo, todo un plan político a partir de cuya paulatina materialización quedaron a salvo los intereses de las oligarquías centroamericanas, a pesar de algunos cambios cosméticos en las formas políticas de la dominación. De esta manera, se pasó de la era de las dictaduras militares y las formas más groseras de la dominación tradicional a unas democracias de baja intensidad, a las que calificamos de esa manera, empleando una especie de paráfrasis de las guerras de baja intensidad (Low intensity conflct) promovidas por el Pentágono Estadounidense, durante la década de los ochenta y noventa. Es decir, democracias formales, con periódicas consultas electorales, pero con la condición de que, a partir de sus resultados numéricos, no se vieran afectados los intereses de las viejas élites regionales, las que salieron fortalecidas y parcialmente relegitimadas, al ponerse fin a los enfrentamientos armados en el transcurso de la década de los 1990.

El incumplimiento constante y reiterado de los acuerdos de paz en materia de derechos humanos, en su dimensión política, para no hablar de los de carácter económico y social que tienen sumida a la región en la violencia y la miseria más degradantes y extendidas, fueron una parte esencial de esa gran mentira que buscaba no sólo mantener intacto del statu quo regional, sino que a acentuar las políticas neoliberales en beneficio de ciertos intereses locales y con preferencia, en beneficio de algunas empresas transnacionales, lanzadas al saqueo de los recursos naturales. La impunidad para los criminales de guerra, en su mayoría integrantes de las fuerzas armadas de cada país y de algunos cuerpos paramilitares fue la nota dominante, a lo largo de las más de dos décadas transcurridas desde el inicio de la materialización del llamado plan de paz regional, habiendo sido llevados a juicio sólo unos pocos de los responsables. El reciente golpe empresarial-militar en Honduras, del mes junio de 2009, ejecutado en uno de los países más violentos del mundo, lugar que disputaba con El Salvador, no ha sido otra cosa que una exacerbación de las mismas políticas sociales y económicas, impulsadas por quienes consideran que ellos ganaron -por así decirlo- el conflicto armado, fue el inicio de una grave sucesión de eventos, caracterizados por su secuela de asesinatos sistemáticos de dirigentes populares, periodistas y funcionarios del derrocado gobierno del presidente Manuel Zelaya , todo ello dentro de la misma visión totalitaria de las derechas regionales y de la administración estadounidense de los Obama-Clinton, en su afán de recuperar el control de su patio trasero que se ha visto reducido, en cierta medida, en algunos países situados el sur del continente.

La otra cara de esta contrarrevolución blanda, hábilmente impulsada y ejecutada por la figura más relevante del régimen de la dictadura en democracia, a quien por estos días de conmemoración de los Acuerdos de Esquipulas, Guatemala, del mes de agosto de 1987, se ha pretendido canonizar por parte de algunos de sus más notables corifeos, ha sido la ejecución de los planes del Consenso de Washington con su acelerada destrucción regional del Estado de Bienestar Social o Welfare State. Todo ello con el propósito de hacer retornar a las mayorías centroamericanas, obreras y campesinas, por no decir incluso a muchos sectores empresariales, a las condiciones de vida de por lo menos un siglo hacia atrás, en vísperas de lo conoce ahora como la Primera Guerra Mundial (1914-1918), sin organizaciones sindicales, seguridad social, prestaciones, pago de riesgos del trabajo y otras conquistas sociales no menos importantes por las que hubo que luchar hasta con pérdida de vidas, de manera heroica y tenaz, a lo largo de las primeras décadas del siglo anterior.

El plan de paz de Óscar Arias Sánchez, para el caso de Costa Rica, una nación que tuvo participación indirecta en el conflicto armado fue apenas una fachada para la intensificación de las políticas neoliberales, con estrategias de mediano y largo plazo para acabar con instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Durante ese período se bajó el aporte del estado a la caja del seguro social del 3.25 al 0.25 y se comenzó a pagar esa mermada aportación en bonos, de baja denominación y redimibles hasta por períodos de quince años (Ver el libro de Luis Alberto Jaén Martínez El gran asalto del PLUSC al seguro social San José Costa Rica 2011), de ahí en adelante la estrategia de la contrarrevolución blanda, caracterizada por el saqueo de los fondos públicos y su mala administración, se basó en la negativa a comprar equipos médicos para favorecer la contratación de servicios con las clínicas privadas (católica y bíblica que empezaron a crecer de manera monstruosa, como un buen negocio para los integrantes de las elites del poder en Costa Rica), las compras irregulares y fraudulentas (préstamo español y finlandés, a comienzos de la primera década del nuevo siglo) y un deterioro generalizado de los servicios públicos de salud, dentro de lo que constituye otra forma de la guerra contra el enemigo interno , dicho de otro modo la población o los habitantes del propio país. La destrucción sistemática del ICE, a partir de proyectos como el Combo Energético del ICE del año 2000 o la reciente apertura en el campo de las telecomunicaciones, ejecutada a partir de la mal llamada agenda de implementación del Tratado de Libre comercio con los Estados Unidos (TLC-CAEU-RD), también fueron parte de estas estrategias de la contrarrevolución blanda, dentro de su rostro social y económico, el que convendría analizar y estudiar con detenimiento.

Tal y como habíamos señalado en nuestro libro La desmovilización militar en América Central, al que habíamos hecho mención supra, las presuntas políticas de paz llevadas a cabo en el istmo marcharon a contrapelo de lo que había indicado el economista inglés John Maynard Keynes , integrante de la delegación de Inglaterra en la conferencia de paz de Versalles de 1919-1920, en relación con la reconstrucción del tejido social europeo después del primer conflicto bélico, a escala mundial, cosa que no de no hacerse (tal y como ocurrió) llevaría a otro conflagración armada, al condenar a Alemania y Austria al pago de indemnizaciones de guerra a los vencedores. Las políticas económicas y sociales de shock, en el mejor estilo del neoliberal /neoconservador Consenso de Washington, no fueron otra cosa que la continuación de la guerra por otros medios, sólo que, en contra de los vencidos, en este caso las grandes mayorías empobrecidas que habitan en el istmo centroamericano, lo que ha traído una exacerbación de otras expresiones de la violencia en la región, articuladas en las maras y toda clase de organizaciones del crimen organizado. En síntesis, el engaño de una paz que nunca fue otra cosa que un espectáculo para la platea de incautos, en ciertos casos o de interesados cortesanos, en otros.

(*) Catedrático de la UNA.

Parque de la Paz, Panabaj, Santiago Atitlán, Guatemala.

Escritos sobre el ICE: Homenaje en su 70 aniversario

Hoy 8 de abril se cumplen 71 años de creación del ICE.

Por tal motivo, José Luis Amador, antropólogo social nos comparte sus escritos sobre el ICE.

En su sitio web podrá encontrar los siguientes temas:

  • Historia de Urías el tunelero.
  • Jornaleros construyendo plantas hidroeléctricas
  • El ICE y el cambio cultural en cachi
  • Y otros escritos

Ingrese en el siguiente enlace para acceder a la página de José Luis Amador.

http://joseluisamador.info/icebienvenidos/

 

 

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/