Alberto Gutiérrez Arguedas (Universidad de Costa Rica/Coalición en Defensa del Modelo Eléctrico Solidario)
Simon Granovsky-Larsen (Universidad de Regina, Canadá)
Recientemente el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) publicó un informe ejecutivo del Plan de Expansión de la Generación Eléctrica para el período 2022-2040, cuya versión completa está próxima a ser publicada, según se indica en dicho informe. Los Planes de Expansión del ICE son documentos institucionales oficiales, en donde se trazan las líneas estratégicas de política pública en relación con la expansión de infraestructura eléctrica a futuro. De manera preocupante, este nuevo plan recicla viejas amenazas a territorios, comunidades y el propio ICE, al mismo tiempo que coloca en el escenario la posibilidad de nuevos riesgos. El propósito de este artículo es advertir sobre algunas de estas amenazas, como un insumo para el debate público.
El nuevo plan de expansión contempla varias medidas para el aumento en la oferta eléctrica, entre estas: la remodelación de plantas eléctricas existentes, la construcción de nuevas plantas, así como la renovación de contratos de compra de electricidad a plantas privadas. Algunas de estas medidas se muestran sensatas y razonables para atender la demanda eléctrica, mientras que otras parecieran responder a intereses particulares sin una justificación adecuada. En el presente artículo haremos referencia a tres aspectos preocupantes en el nuevo plan de expansión: (i) la inclusión del proyecto hidroeléctrico Diquís, (ii) la compra de electricidad a generadores privados y (iii) la expansión intensiva de proyectos eólicos.
Un primer aspecto preocupante es ver en la lista de proyectos candidatos (p.21) al proyecto hidroeléctrico Diquís, un megaproyecto de 646 megavatios -MW- ubicado en la Zona Sur del país, el cual impactaría directamente el Territorio Indígena Térraba, habitado por el pueblo bröran. Hace más de una década este mismo proyecto provocó un enorme conflicto y enfrentó fuerte oposición de este pueblo, acuerpado por un conjunto de organizaciones sociales y ambientales de todo el país. A raíz de tan fuerte oposición, en 2018 el ICE anunció la suspensión indefinida (no definitiva) de este proyecto. Si se concreta este plan de reactivar el Diquís, es de esperarse un clima de crispación y conflicto socioambiental semejante. También aparecen otros cuatro proyectos hidroeléctricos, algunos de ellos de gran tamaño (como el proyecto RG-430, de 156 MW).
En segundo lugar, inquieta la insistencia en la compra de electricidad a generadores privados, la cual ha mostrado ser innecesaria y nociva, para el ICE y para la sociedad costarricense en general. Estos contratos representan una pesada carga sobre las finanzas del ICE, el cual tendría capacidad de generar dicha electricidad en sus propias plantas, a un costo menor. En numerosas ocasiones se ha denunciado sobre esta problemática, la cual ha sido reconocida por autoridades como la Contraloría General de la República. De hecho, con base en recomendaciones técnicas de la Contraloría (Informe DFOE-AE-IF-00009-2019), en 2020 el ICE decidió no renovar cinco de estos contratos, lo cual provocó una reacción virulenta de parte de los generadores privados. Por lo visto, la presión política ejercida por estos surtió efecto, pues el documento es explícito al indicar como una medida prioritaria la “conveniencia en recontratar las plantas de generación privada existentes cuyos contratos vencen en el corto y mediano plazo” (p.24).
El tercer aspecto preocupante es la planificación de “una altísima penetración de energía solar y eólica en todo el período” (p. 29). Se pretende instalar nuevos proyectos con capacidad de generar 1.495 MW de energía solar y eólica entre 2022 y 2035, una capacidad casi cuatro veces mayor a la actual (5.4 MW solar y 390 MW eólica). Hasta la fecha casi no ha habido discusión política y académica en Costa Rica en relación con los impactos de proyectos eólicos, sin embargo, con base en experiencias vividas en otros países, hemos visto cómo la expansión de este tipo de proyectos -sobre todo los que incluyen grandes inversiones de capital extranjero- está asociada con un conjunto de daños sociales y ambientales, sobre los cuales queremos advertir.
Nuestra propia investigación en Panamá nos mostró de primera mano la amenaza que puede representar un proyecto eólico. Los vecinos de un proyecto de 66 MW en la región central de ese país (que está aprobado para una expansión a 110 MW en fases futuras) han visto severamente restringidos tanto su acceso al agua como su libre movimiento por el territorio. De acuerdo con una abogada local que realizó una encuesta a los campesinos sobre sus contratos con la empresa eólica: “lo que pudimos concluir es que ellos fueron totalmente engañados.” Los campesinos no sabían que sus contratos, que inicialmente ofrecían US $400 al año en ganancias de alquiler a cambio de albergar un aerogenerador, también incluían cláusulas para ceder la totalidad de su terreno para uso futuro de la empresa, o que los contratos podían extenderse por 40 años sin el consentimiento de la persona que firmó el contrato.
Con la construcción en marcha, los vecinos también se sorprendieron al encontrar un perímetro resguardado por guardias de seguridad privados que impiden el acceso a los terrenos tradicionalmente utilizados por la comunidad; solamente la persona firmante del contrato puede tener acceso sin tener que pedir permiso a la empresa. Además de los cambios en el uso de la tierra, los residentes afirman que el suministro local de agua se ha reducido a la mitad debido a una combinación de cementación de torres, construcción de carreteras sobre nacimientos de agua y deforestación.
Los proyectos de energía eólica no necesariamente tienen que causar tales daños, pero relatos similares en México, Colombia, Brasil y España demuestran que el caso panameño no está aislado. Una gestión ambiental cuidadosa podría evitar impactos negativos en el suministro de agua, mientras que procesos transparentes de negociación de contratos podrían evitar escenarios de comunidades despojadas de derechos y acceso a la tierra.
Hasta el momento, los proyectos eólicos existentes en Costa Rica no han generado procesos de conflicto evidentes (como sí los ha habido, en gran cantidad, con proyectos hidroeléctricos). Sin embargo, si este plan de expansión se impone bajo los mismos mecanismos de expropiación engañosos que hemos visto en otros países, es de esperarse que estos conflictos comiencen a ocurrir. En aras de garantizar una gestión responsable de los proyectos de energía eólica, es vital contar con vigilancia ciudadana, transparencia empresarial y marcos regulatorios sólidos antes de adjudicar las concesiones. El momento de ser cautelosos es ahora, antes de que comience una rápida ola de contrataciones y construcciones de proyectos eólicos en Costa Rica.
Las amenazas del nuevo plan de expansión eléctrica que aquí exponemos están inscritas en un contexto más amplio de amenazas generalizadas al modelo eléctrico público, solidario y universal que ha tenido Costa Rica desde mediados del siglo pasado. En la coyuntura política actual se está impulsando un conjunto de proyectos de ley (expedientes No. 22.561, 22.701 y 23.414) que proponen una reestructuración integral del sector eléctrico, en dirección a una mayor privatización y liberalización del mismo. Ello resulta muy preocupante porque, al privatizar un bien y un servicio estratégico como lo es la energía eléctrica, esta deja de ser un derecho y se convierte en una mercancía, cuya prioridad ya no es la atención de las necesidades sociales sino el lucro privado.
La experiencia de los demás países centroamericanos -los cuales privatizaron sus industrias eléctricas en la década de 1990- debería servir de advertencia para Costa Rica. Luego de casi tres décadas, se puede verificar que las privatizaciones han traído grandes fortunas para las empresas privadas -nacionales y transnacionales- del sector, sin embargo, del punto de vista de la calidad del sistema eléctrico y el servicio a los usuarios, sus resultados han sido muy cuestionables. A ello debemos sumar los graves impactos socioambientales y violaciones a los derechos humanos asociados con la expansión de proyectos eléctricos, promovidos e impulsados bajo una lógica mercantil.
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