Los extractivismos están entramados desde muy diversas dimensiones a lo largo de América Latina y el Caribe. Normalmente los reconocemos como la explotación minera, petrolera, la ganadería intensiva o la agroindustria. La tendencia que observamos es que cada vez se expanden hasta alcanzar los rincones más alejados en búsqueda de maximizar sus ganancias.
En primera instancia, estas actividades extractivas se presentan narrativas y justificaciones a través de los beneficios económicos y éxitos tecnológicos que supone se articulan a su implementación.
A pesar de los trayectos históricos que unen nuestros territorios con estas actividades extractivas, entra las dudas sobre sus aportes económicos, y es evidente el cambio del paisaje y el trastorno de las relaciones comunitarias.
Además, siguen siendo presentes las denuncias por sus impactos ambientales, centrados en la degradación y contaminación de la naturaleza, vinculadas directamente a sus prácticas extractivas y productivas.
Este documento pretende, invitar a repensar el momento actual de los extractivismos, problematizando esas promesas de bienestar ante las formas y modos que adquiere en nuestras sociedades.
En una contundente declaración, la comunidad de Moravia, encabezada por María Elena Fournier Solano exige participación ciudadana y respuestas claras respecto a la proliferación de torres de telecomunicaciones en la zona. La preocupación se centra en la cantidad exagerada de instalaciones, algunas a distancias mínimas entre sí, generando inquietudes sobre posibles impactos en la salud y el medio ambiente.
El llamado a la acción surge ante la falta de oportunidades para la participación ciudadana en las decisiones que afectan directamente a la comunidad. La instalación de torres de telecomunicaciones, especialmente aquellas de tecnologías como 5G, ha generado inquietudes sobre la sobreexposición a radiación electromagnética y la falta de alternativas más seguras.
En una nota entregada a las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde y el Concejo Municipal, se destaca la necesidad de una Moravia más participativa e informada. La comunidad reclama la oportunidad de discutir y decidir sobre el tipo de desarrollo que desean para su localidad, en lugar de ser testigos de imposiciones por parte de empresas privadas.
En el folleto informativo de la RASA, se subraya que la velocidad en las telecomunicaciones puede alcanzarse mediante fibra óptica sin exponer a la población a los riesgos asociados con la tecnología 5G. La solicitud incluye una audiencia con el nuevo Concejo Municipal para exponer la situación y los efectos negativos de la radiación electromagnética, los cuales consideran que no están siendo debidamente atendidos por las autoridades competentes.
La comunidad también exige respuestas concretas a las siguientes preguntas:
¿Por qué se eligen sistemáticamente torres de telecomunicaciones G5 y G4 privadas en lugar de explorar alternativas más seguras como la fibra óptica?
¿Qué criterios o intereses económicos y técnicos prevalecen en la decisión de no utilizar fibra óptica?
Además, se solicita el informe que la arquitecta Dylana Vargas Matamoros, encargada del Departamento de Control Vial de la Municipalidad, no pudo presentar en la sesión del 13 de diciembre de 2023 debido a razones de incapacidad.
La comunidad espera respuestas a estas preguntas y la atención debida a sus preocupaciones en el tiempo estipulado por la ley. La carta concluye reafirmando el derecho de la comunidad a una participación ciudadana efectiva y a un desarrollo que respete los derechos humanos y la salud de sus habitantes.
Primero, es un sinsentido pensar siquiera en una refinería, cuando el mercado de combustibles elaborados es más flexible, más económico y el mundo marcha hacia un futuro con cada vez menos combustibles fósiles.
Segundo, sobre el proyecto de la refinería china, se demostró que financieramente habría sido un desastre para nuestro país.
Tercero, el análisis ambiental previo de dicha refinería evidenció amenazas graves para los ecosistemas involucrados, tanto en tierra como en el mar.
Cuarto, la empresa (si es que de verdad existe) que podría interesarse en su construcción y funcionamiento, tendría que ampliar su mercado de combustibles, hacia indeterminados países.
Quinto, la empresa tendría que garantizarse, un abastecimiento seguro y estable de petróleo, que a su vez determinaría el tipo de refinería que se construiría.
Sexto, como los precios son altamente volátiles, sea por concesión o por inversión privada, el Estado costarricense no tendría garantizado un ingreso por impuestos u otras regalías, ni siquiera a largo plazo.
Sétimo, lo que sí sería un factor casi inevitable para tomar en cuenta, es el impacto ambiental y sus amenazas conexas, donde los desastres por derrames de petróleo, siempre se incluyen en la factura. Desastres que podrían traer para Costa Rica, y Limón en particular, altamente significativas pérdidas económicas, y mayor desempleo.
Es, como octavo punto, un proyecto desfasado en el tiempo, quizá atractivo para la Costa Rica de los años 60.
Si se trata de una noticia lanzada para desviar la atención, lejos de la crisis gubernamental que cada día se profundiza, esa sería la principal razón, y lo entendemos. Pero con visiones de tan corto plazo, no se puede impulsar el desarrollo. No requerimos espejismos.
La Procuraduría argumenta que los cambios realizados al Reglamento de SETENA, violan varios principios y artículos de la Constitución Política y de la Convención sobre Diversidad Biológica. La Procuraduría menciona que “Del texto del Reglamento cuestionado, aunque en sus considerandos se hacen algunas justificaciones, no es posible inferir cuál es el criterio técnico que las justifica”.
A esto, Álvaro Sagot asegura que, “si no hay ningún argumento dentro de la ciencia y la técnica, entonces nuestros argumentos tienen que prevalecer porque van de acuerdo con lo que señala la reiterada jurisprudencia de la sala y también lo que señala la Convención de la Diversidad Biológica sobre las Evaluaciones de Impacto Ambiental”.
Conforme a este argumento, que también fue explicitado en la acción de inconstitucionalidad, la Procuraduría estima que los accionantes se encuentran legitimados para presentar la acción, y menciona que la realización de evaluaciones de impacto ambiental previas integra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y, “por tanto, el incumplimiento de esa obligación lesiona ese derecho fundamental”.
Según la respuesta de SETENA a la acción legal, esta institución había recibido una orden de la Contraloría General de la República, que señalaba que debían economizar recursos humanos y económicos y que no debían desperdiciar en proyectos menores, aún así se debe encontrar una justificación técnica para realizar los cambios al reglamento. A esto, Álvaro Sagot dice: “Pueda ser que en Setena no tengan personal, pero el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado no puede ceder ante criterios como: “que no hay nombramientos suficientes”.
Mauricio Álvarez otro de los accionantes del recurso aseguró “ya no recuerdo el número de veces que hemos accionado y ganado este tipo de acciones por cambios en reglamentos, leyes o decretos sin ningún respaldo técnico, parece que desde la función pública se olvidan que la legislación y los principios constitucionales garantizan que las decisiones y cambios normativos ambientales tienen que tener razonamiento y ciencia”.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
A partir de las acciones legales implementadas por ANEP y Grupo Ecologista Kañík , queremos aprovechar para reflexionar sobre las tensiones que están cercando nuestros bienes comunes en el actual Gobierno de Costa Rica, caracterizado por la promoción de actividades «económicas» extractivas con mayor desregulación ambiental.
Esta desregulación, no pasa sólo por la erosión del «marco legal», sino también el debilitamiento institucional y reduciendo los espacios de la participación ciudadana. La nueva normativa de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) la 43898 es una muestra más de este camino en beneficio al empresariado, y tal vez el mejor ejemplo corresponde lo que señalan desde ANEP y Kañik:
Presiona al personal de SETENA al imponerle plazos más cortos en los procesos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental
Beneficia al empresariado no sólo al disminuir el papeleo para los permisos y los controles, sino que les baja las penas (sanciones en caso de incumplimiento).
Ante esto, queremos compartirles la siguiente infografía que nos señala algunas de las implicaciones socioambientales que representa el nuevo reglamento, tales como la explotación forestal en áreas silvestre protegidas, el consentimiento para el pavimento de áreas frágiles ambientalmente, entre otros.
Seguimos compartiendo con la comunidad de Quebrada Honda y en esta ocasión conversamos con Arturo Monge presidente de la ASADA para conocer con más detalle sobre las implicaciones que está teniendo el paso de las actividades artesanales relacionadas con la piedra calisa a la industrialización que está representando la extracción arena sílica, especialmente su impacto a las fuentes de agua de la comunidad.
Para escuchar el programa, ingrese en este enlace.
Salimos a la calle y visitamos a la comunidad de Quebrada Honda de Patarrá, donde conversamos con Julio Rojas sobre el impacto de las actividades relacionadas a las carboneras en la vida comunitaria, nos ayuda a comprender las implicaciones ambientales y en la salud de las personas.
Para escuchar el programa, haga clic en este enlace.
Imagen de Gobierno de México. Tomada de Pressenza.com
Recientemente, la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP) hizo una propuesta al presidente de la República para que emita un decreto ejecutivo que suspenda la moratoria petrolera y así, reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos (petróleo y gas natural) en el país.
Se trata de un asunto recurrente que es de interés de todos los costarricenses pues, desafortunadamente, se vende la idea de que con la hipotética extracción de estos recursos el país obtendrá “dinero fácil y abundante” y con ello vencerá la pobreza y se hará casi tan rico como Noruega.
Algo que, como hemos dicho, resulta un irrespeto muy serio a la sociedad costarricense y en particular a la gente más pobre y necesitada, pues les crea falsas expectativas que no se van a cumplir. Algo que no resulta para nada justo ni necesario.
Lo que propone la UCCAEP: se emite un documento titulado “Propuesta de UCCAEP para una política energética equilibrada”. El gestor principal de la propuesta es el Dr. Roberto Dobles, exministro de Ambiente y Energía de la administración Arias y quien es coordinador de la Comisión de Energía de la UCCAEP.
La propuesta encuentra fundamento en el hecho de que los vehículos pueden transformarse para que en vez de consumir derivados del petróleo puedan consumir gas natural. Se indica que, con esto, se mejora la sostenibilidad ambiental del país, pues se reducen las emisiones.
Además, se señala que el quemado del gas natural es más barato que quemar petróleo, por lo que el cambio produciría una menor inversión.
La eventual extracción de los hidrocarburos la tendrían que realizar empresas petroleras trasnacionales. Se indica que estas empresas tendrían que pagar renta y otros impuestos que generarían ganancias para el Estado.
Según la UCCAEP los yacimientos potenciales en Moín, Limón y Río Blanco en el Caribe podrían generar hasta $251 mil millones, monto que mayoritariamente se llevarían las empresas petroleras extranjeras. Detallamos aquí por qué razón.
Elementos a considerar: ante esta posición, se hace necesario, presentar argumentos técnicos de contrapeso que sirvan a las autoridades de gobierno para tomar la decisión más sabia y equilibrada posible.
Estos argumentos se presentan en razón de la experiencia del autor como geólogo de exploración petrolera de RECOPE por cerca de 15 años y, también, por ser uno de los autores responsables de compilar la información técnica petrolera obtenida de casi un siglo de exploraciones petroleras realizadas en el país durante el siglo XX. También, por la experiencia del autor en hidrogeología ambiental y en evaluación de impacto ambiental.
Así las cosas, recomendamos considerar los siguientes argumentos técnicos:
En Costa Rica no existen estudios científicos serios y avalados por las autoridades técnicas de gobierno o pares o de entes académicos que demuestren fehacientemente la existencia de yacimientos probados de hidrocarburos en territorio nacional. Existen datos de valoración potencial que tienen más de 30 años de antigüedad y son solo una posibilidad para atraer empresas petroleras a realizar exploración en el país. Lo que existen son especulaciones sin pruebas revisadas.
Este elemento es muy importante, pues de especular un eventual volumen de yacimientos, es fácil pasar a estimar el valor comercial del mismo. De allí sale esa cifra de $251 mil millones, es decir, de un dato especulativo y de potencial que no está fundamentado de ninguna manera en datos de reservas probadas y comprobadas. Por esta razón, estos números deben manejarse con suma precaución.
El costo de las tareas de exploración de hidrocarburos es muy oneroso, del orden de decenas a cientos de millones de dólares por año. El país no podría asumir esos gastos en actividades de exploración para saber si es cierto o no si existen yacimientos potencialmente explotables. Se debe recordar que durante casi todo el siglo XX se realizaron actividades de exploración de hidrocarburos por diferentes empresas petroleras sin ningún éxito. Esto se debe a que geológicamente Costa Rica es un país muy complejo y por eso no es un país atractivo para realizar actividad petrolera.
Costa Rica es un país producto del choque de placas tectónicas, por lo que tiene muchas fallas geológicas por donde el petróleo o el gas natural que se pudo generar podría haberse perdido por su salida a la superficie. Para colmo de males, tiene mala calidad de rocas reservorio, debido a que las arcillas, que sellan los poros de las rocas, son un mineral abundante.
En el planeta Tierra existen reservas de petróleo hasta el 2070 aproximadamente y de gas natural hasta el 2090 o 2100. Hay muchos hidrocarburos disponibles y no se ocupa encontrar más yacimientos. Lo que se ocupa es dejar de usarlos, es decir, descarbonizar la economía y cumplir el Acuerdo de París del 2015, el cual el país suscribió.
Además de esto, la eventual extracción del petróleo o del gas natural dependerá del tipo de yacimiento, su profundidad y naturalezas de los hidrocarburos. Dependiendo de esto, el costo de la extracción puede ser más alto que el promedio y sus impactos ambientales pueden ser muy significativos. Esto no se sabrá hasta identificar un yacimiento, pero en un contexto geológico como el de Costa Rica y por la experiencia de la exploración petrolera realizada en el siglo XX, es una posibilidad real.
En caso de realizarse actividad petrolera en el país, tendría que ser por medio de concesiones a empresas petroleras extranjeras, las cuales tendrían que hacer la inversión en exploración y, dado el caso, de la explotación, por lo que ellas se llevarían la mayor parte del recurso y sus ganancias (hasta el 85% del total). De manera que al país solo le quedaría muy poco del recurso, con el agravante que nos quedarían los impactos ambientales que se produzcan por contaminación, cuya remediación no se pagaría con las ganancias obtenidas.
Las experiencias en países tropicales, es que la remediación de los impactos ambientales producidos por la actividad petrolera, por lo general, es más costosa que el beneficio económico que deja. Así no es negocio, pues las empresas petroleras se llevan las ganancias y a nosotros nos toca lidiar con los problemas ambientales y sociales que se derivan.
Los lugares donde la UCCAEP dice que podría haber hidrocarburos son zonas de bosques biodiversos con acuíferos en el subsuelo o áreas marinas con gran biodiversidad y muy sensibles desde el punto de vista ambiental. Son de gran riqueza ecológica y habría que sacrificar esos recursos para sacar petróleo o gas natural para el beneficio mayoritario de una o varias empresas petroleras extranjeras. Destruir la biodiversidad no es negocio para Costa Rica.
Existen otras alternativas para el alto consumo de hidrocarburos que tiene el país y consiste en el desarrollo de combustibles alternativos como los biocombustibles o el hidrógeno verde. También se podría impulsar la geotermia de baja y media entalpía en todo el país, algo que hemos descuidado por años y que debería ser impulsado para que sea el sector privado el que lo aproveche. Esta energía geotérmica puede aportar la energía eléctrica que necesita un parque automotor eléctrico, por lo que no es necesario el uso de gas natural.
Estas actividades dejarían beneficios económicos directos al país y mayores que los que dejaría el arriesgarse a empezar una incierta actividad petrolera.
Finalmente, el país tiene una importante imagen ambiental ante el mundo y eso es causa de que se tenga mucho turismo que es la primera fuente de ingresos del país y, además, una gran reputación en materia ambiental en todo el mundo. Aventurarse con el tema de hidrocarburos en medio de una enorme Crisis Climática en el planeta dejaría la reputación internacional del país por los suelos.
No debemos olvidar que conforme pasa el tiempo, más se agrava la situación de Cambio Climático y más intensos son los efectos de éste. Costa Rica es un país altamente vulnerable a la Crisis Climática. Desde este punto de vista, el que el país se abra a la exploración y muy, pero muy eventual explotación petrolera, resulta altamente contradictorio, en particular, porque esa actividad no es parte de su modelo de desarrollo económico.
Costa Rica tiene otras alternativas para impulsar su desarrollo económico. Por medio de una correcta planificación y gestión de su territorio, puede potenciar el uso sostenible de sus bosques, biodiversidad, suelos para producción regenerativa, potencial geotérmico y riqueza hídrica, a parte del potencial que tienen sus mares.
Así las cosas, ponerse a revivir una actividad que no se necesita y que debemos dejar en el pasado, no es para nada recomendable.
El autor es geólogo ambiental. Fue geólogo de exploración petrolera para la Refinadora Costarricense de Petróleo entre 1984 y 1999. Ex secretario General de la SETENA. Catedrático de Sedimentología y Geología Ambiental de la Universidad de Costa Rica hasta el 2019. Es Doctor en Ciencias Naturales y consultor ambiental en evaluación ambiental, ordenamiento ambiental del territorio, planificación territorial, gestión del riesgo e hidrogeología ambiental.
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (C.U-UNA) emitió un pronunciamiento en el que de forma contundente rechaza la lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas, donde el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) incrementa de 34 a 234 las especies comercialmente explotables e incorpora iguanas, tortugas verdes de orejas rojas y amarillas, y hasta especies en peligro de extinción como el pez sierra, entre otras.
Para los concejales de la UNA, el impacto ambiental que representa esta decisión, al incluir especies silvestres que incluso se deben declarar bajo protección, además de agregar especies que ni siquiera se encuentran en Costa Rica, representa una preocupación inminente ante la posibilidad de un interés por abrir el mercado de comercialización e intercambio de especies.
Según lo expresado en el acuerdo UNA-SCU-ACUE-146-2023, es irresponsable el actuar de una institución como Incopesca, pues deja claro que se está anteponiendo los intereses comerciales por encima del resguardo de los recursos naturales de Costa Rica que se ha caracterizado por ser un país verde y amigable, y sus especies representan un 4% de las del planeta; es un retroceso en materia ambiental y una vileza a la lucha de décadas en conservación que tiene la sociedad costarricense en pro de la protección del ambiente y animales.
Reiterar que la experticia de las universidades públicas está al servicio del país, por tanto invitamos al Poder Ejecutivo y sus instituciones a aprovechar el conocimiento especializado que se desarrolla en estas, en donde la docencia, la investigación, la extensión y la producción científica genera productos de destacado valor, los cuales podrían servir de sustento científico riguroso para las iniciativas y sus acuerdos.
Acuerdo completo:
TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO UNA-SCU-ACUE-146-2023
18 de mayo de 2023 Señores Comunidad Universitaria y Nacional
Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo 2, inciso 2.1 de la sesión ordinaria celebrada el 11 de mayo de 2023, acta no 24-2023, que dice:
PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EN RECHAZO AL ACUERDO N.° AJDIP/507-2023: LISTA DE ESPECIES DE PECES Y CRUSTÁCEOS DE AGUA DULCE Y DE INTERÉS ACUÍCOLA EN LAS AGUAS CONTINENTALES, COSTERAS Y OCEÁNICAS, DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA.
La Constitución Política de Costa Rica establece, en el artículo 50, la obligación del Estado de garantizar, defender y preservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como derecho fundamental de la ciudadanía costarricense.
Reconociendo la vital importancia del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) como institución reguladora de las actividades pesqueras en Costa Rica, tiene la responsabilidad estatal de evitar un impacto negativo en los ecosistemas marítimos costarricenses y sus especies; por consiguiente, resulta fundamental que sus decisiones estén basadas en criterios científicos, técnicos y comprobados que no vulneran su función.
El acuerdo n.° AJDIP/507-2023: Lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas, donde Incopesca incrementa de 34 a 234 las especies comercialmente explotables e incorpora iguanas, tortugas verdes de orejas rojas y amarillas, y hasta especies en peligro de extinción como el pez sierra, entre otras.
El impacto ambiental que representa esta decisión, al incluir especies silvestres que incluso se deben declarar bajo protección, además de agregar especies que ni siquiera se encuentran en Costa Rica, representa una preocupación inminente ante la posibilidad de un interés por abrir el mercado de comercialización e intercambio de especies.
El criterio enviado por la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, las escuelas de Biología de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia y la Carrera de Ingeniería en Acuicultura de la Universidad Técnica Nacional, el 8 de mayo de 2023, donde manifiestan que:
1. No todas las unidades académicas, aquí representadas, recibieron una solicitud oficial del INCOPESCA sobre la información requerida.
Los funcionarios de algunas de nuestras unidades académicas, consultados, suministraron información y recomendaciones técnicas, que no fueron contempladas u omitidas del todo en el acuerdo mencionado.
Aunque el mencionado listado contempla: peces, crustáceos, macroalgas, microalgas, zooplancton y cnidarios, en su nombre solo se consignan peces y crustáceos, con lo cual la nueva norma aprobada por INCOPESCA induce a error y evidencia negligencia sobre este importante tema.
El extenso listado aprobado, que incrementa de 34 a 234 las especies comercialmente explotables, no fue preparado bajo una metodología clara y sustentada en datos confiables y verificables.
Esta nueva lista incluye especies vulnerables, lo cual representa un enorme retroceso en la conservación de la biodiversidad costarricense.
Además del daño irreparable y directo a valiosos ecosistemas, Costa Rica sufre un considerable perjuicio en su imagen de país, dedicado a preservar y utilizar responsablemente su biodiversidad, lo cual repercute a su vez en un grave deterioro económico y social.
Conscientes del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, nuestras unidades académicas están a disposición para aportar conocimiento técnico y científico al INCOPESCA.
Para la actualización de la lista indicada, se convoque oficialmente a expertos mediante nuestras unidades académicas.
Por las anteriores consideraciones, el acuerdo AJDIP/057-2023 debe derogarse de inmediato.
Es evidente el riesgo y la amenaza que afecta de forma directa a las poblaciones de flora y fauna de nuestro país, las cuales representan la mayor densidad de biodiversidad del mundo; es irresponsable el actuar de una institución como Incopesca, pues deja claro que se está anteponiendo los intereses comerciales por encima del resguardo de los recursos naturales de Costa Rica que se ha caracterizado por ser un país verde y amigable, y sus especies representan un 4% de las del planeta; es un retroceso en materia ambiental y una vileza a la lucha de décadas en conservación que tiene la sociedad costarricense en pro de la protección del ambiente y animales. Por consiguiente, es importante recordar que atravesamos una crisis climática que está devastando el planeta y el mercado es el principal culpable, ante esto como país debemos comprender que urgen políticas para proteger el ambiente y combatir la crisis en beneficio de todos los costarricenses y la humanidad.
Con base en los argumentos expuestos, nos unimos al rechazo categórico de haber formulado un acuerdo carente de criterios especializados en el tema. A su vez, hacemos un llamado al Incopesca para que valore la importancia de considerar lo establecido por estas instancias y reflexione sobre la urgencia y la obligación de preservar nuestras especies, ecosistemas y ambiente en medio de las amenazas por la crisis climática y el mercado.
Reiterar que la experticia de las universidades públicas está al servicio del país, por tanto invitamos al Poder Ejecutivo y sus instituciones a aprovechar el conocimiento especializado que se desarrolla en estas, en donde la docencia, la investigación, la extensión y la producción científica genera productos de destacado valor, los cuales podrían servir de sustento científico riguroso para las iniciativas y sus acuerdos.
Atentamente,
Dra. Jeannette Valverde Chaves Presidenta del Consejo Universitario
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Comunidades denuncian incertidumbre y abandono de ayuda estatal ante el posible desalojo o reubicación
La semana pasada, en el programa Voces y Política de Radio Universidad, se llevó a cabo un intenso debate sobre los impactos del aeropuerto internacional propuesto en la zona de Osa. Este megaproyecto, que ha sido objeto de discusión durante varios años, ha recobrado fuerza en la administración de Rodrigo Chaves.
El proyecto, cuyo origen se remonta al año 2010 durante la administración de Óscar Arias, contempla la construcción de un aeropuerto en las comunidades de Finca 8, Finca 9, Finca 10 y Finca 11 de Palmar Sur de Osa, en las cercanías del Humedal Nacional Térraba Sierpe y del sitio arqueológico de Finca 6, donde se encuentran las esferas precolombinas y otras evidencias arqueológicas de gran valor histórico. Aunque inicialmente se mencionaron todas las Fincas, posteriormente se redujo la afectación únicamente a las Fincas 9 y 10, sin tomar en cuenta que estas áreas son hogar de comunidades campesinas, lo que implicaría el desalojo de una enorme cantidad de familias.
Las personas de la comunidad de Osa afectadas por la construcción están preocupadas por la economía y la falta de apoyo institucional, debido al megaproyecto que se estaría llevando a cabo en la zona. A pesar de que se anunció la reactivación del proyecto en una gira del Gobierno en febrero, actualmente las tierras están siendo arrendadas desde el INDER y los habitantes de Osa no están recibiendo ayuda económica. Además, cualquier tipo de papeleo solicitado en la zona está siendo olvidado por el Gobierno y hay preocupaciones sobre el daño al suelo, que es una fuente importante de ingresos para las personas de la zona.
Durante la sesión, se destacó que la promoción del proyecto no hizo mención de la cercanía del aeropuerto propuesto con el Humedal Nacional Térraba Sierpe, reconocido como un sitio Ramsar, ni tampoco se hizo referencia a la proximidad de las esferas de piedra, declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
El proyecto ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores sociales, incluida la Universidad de Costa Rica, que emitió un informe con numerosas observaciones al estudio de impacto ambiental y socioeconómico realizado por la empresa consultora.
Aunque parecía que el proyecto se había archivado, este año ha vuelto a cobrar relevancia, especialmente después de la visita del presidente a la zona sur el pasado mes de febrero, donde resaltó la necesidad de construir este megaproyecto.
En el debate participaron destacadas personalidades, entre ellas la Dra. Patricia Fumero, ex directora del Museo Nacional y ex presidenta del ICOMOS Costa Rica, quien actualmente forma parte del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y es docente de la Escuela de Estudios Generales. También participó el profesor Dr. Jorge Lobo de la Escuela de Biología, quien ha investigado y trabajado en las áreas cercanas a Palmar Sur y Sierpe. Además se contó con un testimonio de una vecina de las Fincas de interés para la construcción del aeropuerto
Desde la perspectiva arqueológica, se enfatizó que el proyecto afectaría directamente sitios de gran importancia, como Batambal, Grijalba y El Silencio, además de la transformación completa de la Finca 6. Se hizo hincapié en que la evaluación arqueológica se concentraría en la Finca 6, sin especificar si se extendería a los demás sitios mencionados. Se cuestionó la minimización de estos terrenos como simples baldíos, obviando su valor arqueológico e histórico.
Desde el punto de vista ecológico, la preocupación principal es replicar el modelo de megaturismo que se dio en Guanacaste, ahora en una zona tan frágil ecológicamente cómo lo es Osa. El impacto que sufrirá la fauna, como las aves migratorias, será enorme, pues se trata del humedal más grande de nuestro país. Se denunció que la zona escogida es parte del área de inundación de los ríos Sierpe y Grande de Térraba, y ha sido escenario de grandes eventos hidrometeorológicos, los cuales cada año son más constantes e intensos por el cambio climático.
Finalmente, los especialistas han sugerido que la ampliación de la Costanera y la mejora de las autopistas, sería una solución más eficiente y económica para resolver el problema de la conectividad en la zona, en comparación con la construcción de un nuevo aeropuerto. También se mencionó que la ampliación de los aeródromos existentes, como los de Palmar Sur, Golfito y Puerto Jiménez, sería una opción viable y efectiva para mejorar la conectividad en la región, especialmente considerando el tipo de turismo que ya existe en la zona. En definitiva, es importante considerar alternativas que sean sostenibles y eficientes para mejorar la conectividad, y así beneficiar a la comunidad y el desarrollo de la región.
