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Etiqueta: impunidad

Fuerza Pública y Asociación Multiétnica y Pluricultural responsables de agresiones a pueblos originarios de la Zona Sur

COMUNICADO PÚBLICO:

II Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la Zona Sur (2021) arroja a Fuerza Pública y Asociación Multiétnica y Pluricultural como principales agresores

  • Hecho se confirma tras ser vinculado a 26 incidentes de seguridad en el 2021. Incluso, el teniente Ángel Porras es identificado directamente.

  • Se identifica un nuevo actor en las agresiones: la Asociación Multiétnica y Pluricultural. La cual es conformada por personas ocupantes ilegales, no indígenas y personas afines.

Jueves 25 de agosto 2022. El día de ayer, miércoles 24 de agosto, la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) presentó el “Segundo Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre, 2021)” en la Universidad de Costa Rica. El Primer Informe responde a los hechos acontecidos en el 2020 y ambos documentos surgen a partir de complejos procesos de comunicación y monitoreo de agresiones cotidiano entre las organizaciones que participan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). Así, los hechos relatados en el documento refieren a vivencias y denuncias que realizaron personas que pertenecen a Pueblos Originarios y que se encuentran recuperando tierras-territorios en la Zona Sur del país.

A saber, el informe recoge hechos de los Territorios: Bribris de Salitre, Yabamï Dí, Cabécar de China Kichá y Brörán de Térraba (Crun Shurin). En éstos, se registraron 63 incidentes de seguridad, que se desprenden en 24 diferentes tipos de agresiones.

Sobre los hechos, la Fuerza Pública fue relacionada con al menos 26 incidentes de seguridad y que se desprenden en 5 diferentes tipos de agresiones. Entre ellos, generan alarma los ataques del 24 y 25 de marzo con gases lacrimógenos contra personas recuperadoras cabécares de China Kichá. Operativo injustificado y que, finalmente, ocasionó el re ingreso del ocupante ilegal y no indígena Miguel Vargas Mata a la casa de habitación en Yuwi Senaglö donde se encontraba antrincherado. Ello, pese a que la Fuerza Pública conoce de primera mano que Vargas Mata implica un riesgo y amenaza para las personas recuperadoras cabécares.

Como si ello fuera poco, el 25 de marzo fue detenido arbitrariamente Carlos Zúñiga Fernández. Detención que se dio a través de engaños y una serie de violaciones a los Derechos Humanos del recuperador cabécar cometidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía.

Además, el informe identifica a un Teniente particular: Ángel Porras; vinculado a 4 incidentes de seguridad en el Territorio Cabécar de China Kichá. “El Teniente Porras era el encargado del operativo de los días 24 y 25 de marzo. Es decir, es el responsable de dar visto bueno al ataque con gases lacrimógenos contra las personas recuperadoras que se encontraban defendiendo el Territorio frente a una turba de personas no indígenas que querían volver a introducir a Vargas Mata a Yuwi Senaglö y además de agredir a las y los recuperadores”, comentó Nery Chaves, encargada de la investigación y sistematización del Informe.

“En 2020, la acción de los ocupantes ilegales superaban a las agresiones cometidas por la Fuerza Pública. En 2021, la Fuerza Pública, por sí sola, supera las agresiones por parte de terratenientes con un 57% y se le ve -en diferentes hechos- sumamente vinculada con agresores que, posteriormente, amenazarían y golpearían a personas recuperadoras hasta que éstas decidan escapar de las recuperaciones. Tales son los casos de los Territorios de Yamabï Dí, China Kichá como ya mencioné y el de Salitre; dónde en una comunidad deben convivir con el sujeto que cometió intento de homicidio contra el compañero Minor, del clan Tubölwak y recuperador”, insistió Nery Chaves.

“En Salitre la complicidad de la Fuerza Pública con los ocupantes ilegales y los no indígenas es clara desde que iniciamos a recuperar hace 12 años. La Policía no detiene los ataques en nuestra contra e incluso, ha formado parte de diferentes agresiones. Además, nunca está presente en el Territorio y si aparece es mucho tiempo después. Por eso, la Fuerza Pública no significa una garantía de nuestro bienestar y por eso, no hay confianza en ellos”, declaró Lesner Figueroa del Concejo Iríria Ditsö Ajkönúk Wakpa del Territorio Bribri de Salitre.

“Si bien, el Informe detalla menos incidentes que el año pasado, el conflicto en los Territorios Indígenas sigue mutando y haciéndose cada vez más complejo. La Fuerza Pública sigue siendo un actor imparcial, que lejos de imponer la paz se alía con personas que abiertamente quieren agredir a las personas indígenas. A ésto se suma la salida a la luz pública de la Asociación Multiétnica y Pluricultural, conformada por personas que ocupan ilegalmente terrenos en los Territorios Indígenas y que convocó a manifestaciones en contra las recuperaciones con información falsa y mentiras. También, en noviembre, se le vio muy activa a la Asociación cuando en el Territorio Bribri de Yamabï Dí, las personas recuperadoras se encontraban resistiendo y sobreviviendo a una de las escaladas de violencia más fuertes del 2021. Por eso, no se debe interpretar que porque hay menos hechos de violencia en el 2021 significa que el conflicto está mermando, sino que está transformándose constantemente”, indicó Gustavo Oreamuno, defensor y participante de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

Pese al contexto desalentador, los Pueblos Originarios se niegan a dar marcha atrás. “Confiamos en Sibö, en nuestras ancestras, ancestros y mayores de que nuestra lucha es digna, legítima y fundamental para nuestros Pueblos. Yo no creo que ningún o ninguna Bribri, Cabécar o Brörán den marcha atrás a lo que ya tanto nos ha costado, al contrario… estamos recuperando nuestras fuerzas para seguir, de la mano con Sibö, defendiendo nuestras tierras, nuestros cultivos y nuestros Pueblos, que, sin el Territorio no somos nada”.

Para mayor información, el “Segundo Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre, 2021)” puede ser descargado en el sitio web de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (http://www.coordinadoradeluchasursur.com). También, el día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa con la participación de varios medios de comunicación y donde se estrenó el audiovisual «CRÓNICA DE LA IMPUNIDAD: El caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder Bribri del clan U̱niwak» . Finalmente como parte de las actividades de presentación del segundo Informe, a las 6pm de hoy será el foro en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional, en Heredia.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

ADJUNTAMOS:

Enlace II Informe versión digital: http://www.coordinadoradeluchasursur.com/2022/08/ii-informe-de-agresiones-y-violaciones.html

Enlace video: CRÓNICA DE LA IMPUNIDAD: El caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder Bribri del clan U̱niwak:

Audiovisual que recoge elementos clave del caso del compañero Sergio Rojas Ortiz, indígena Bribri del clan U̱niwak, asesinado el 18 de marzo de 2019. Sergio fue líder y defensor de los derechos de los Pueblos Originarios en Costa Rica.

A pesar de la violación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios por parte del Estado de Costa Rica, en especial el derecho colectivo a la tierra – territorio, a las múltiples agresiones sufridas y a la impunidad reinante; los Pueblos Originarios continúan resistiendo y desde sus cosmovisiones y culturas fortaleciendo y revitalizando sus organizaciones propias y autoridades tradicionales y ejerciendo su derecho colectivo a la tierra – territorio, por medio de los procesos autónomos de recuperación de sus territorios; la semilla de Sergio ha germinado en las tierras recuperadas

Coordinadora de Lucha Sur Sur

Comunicado ante las declaraciones hechas sobre el homicidio de Jerhy Rivera en reunión con el Viceministerio de Paz – Centro de Amigos para la Paz

El Centro de Amigos para la Paz hacemos un ferviente llamado a las autoridades civiles y sobre todo a las autoridades gubernamentales involucradas en los procesos de negociación y resolución atinentes la problemática de recuperación de tierras que viven las comunidades indígenas de la región del Pacifico Sur de nuestro país a que evalúen y asuman responsablemente su rol protagónico en dicha problemática.

En tal sentido es impostergable que manifestemos ante las autoridades gubernamentales, eclesiásticas, diplomáticas, organizaciones de la sociedad civil, instancias judiciales y medios de comunicación, nuestra posición de no aceptación de los mecanismos y métodos implementados al día de hoy que han llegado al extremo de validar y vitorear a personas que aceptan ser culpables de homicidio y otras con cargas penales ser actores del proceso de búsqueda de soluciones a un conflicto que lejos de proponer soluciones se encamina a la profundización de las contradicciones y al ejercicio de la violencia y el asesinato.

Con suma preocupación ante un conflicto que lleva décadas a pesar del ordenamiento legal de nuestro país y de los compromisos internacionales atinentes suscritos por el Estado Costarricense y que ha cobrado la vida de dirigentes y líderes indígenas y que, lejos de encontrar vías de solución con gran dolor y preocupación tenemos que presenciar el vitoreo y aceptación pública del asesinato de un líder y dirigente indígena en una mesa de negociación regentada por autoridades gubernamentales, hecho que nos interpela a llamar a la sociedad costarricense y a nuestras autoridades judiciales y administrativas a asumir su responsabilidad y compromiso constitucional ante tal situación.

Pedimos por este medio que se actué de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, garante de la justicia y la paz social y que por normativa constitucional las instituciones involucradas y funcionarios involucrados sean garantes de un debido proceso que al día de hoy a la luz de los hechos están ausentes.

Nos pronunciamos como pacifistas y activistas de la no violencia activa ante nuestras autoridades gubernamentales, autoridades judiciales y civiles en aras de la paz y la justicia social a que se tomen las medidas correctivas y se proceda de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, nuestros Pueblos Indígenas merecen el reconocimiento de sus derechos y el Estado de nuestro país tiene la obligación de garantizarlos.

Paz para nuestros Pueblos Indígenas con Respeto a sus Derechos y Autonomía Indígena.

A 12 años del desalojo violento de la Asamblea Legislativa, a 3 años del asesinato de Sergio y 2 años y medio del asesinato de Jerhy

Comunicado de FRENAPI

Desde el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, vemos y sabemos muy bien quienes son los que acusan a los compañeros y compañeras, hermanos y hermanas que están recuperando tierras de diferentes partes de los territorios indígenas. Somos todos y todas los y las que estamos defendiendo el derecho a la tierra, a la autonomía, a la identidad, a nuestra cultura como lo hemos venido haciendo desde el 9 de agosto del 2010 para acá, construyendo nuestra Autonomía desde los Territorios, al ser desalojados con violencia de la Asamblea Legislativa.

Toda una vida ha querido meternos en un sólo saco, y dicen que “todos somos iguales, que la Ley nos protege a todos”, pero no es así. A los usurpadores que nos han arrebatado con violencia la tierra, nadie los toca, pero cuando iniciamos el Proceso de Afirmación Territorial Autónoma (2010), recuperando la tierra que es nuestra, entonces dicen que estamos actuando de manera violenta, cuando la Ley Indígena dice claramente que los territorios son exclusivos de las comunidades indígenas.

También dice la Ley Indígena 6172, que desde 1977, los y las NO indígenas, NO pueden adquirir, alquilar ni usar tierras indígenas, construir casas o sembrar y que está prohibido cualquier contrato o documento que haga esos negocios, entonces, ¿quiénes son los ilegales, los usurpadores, los violentos?

Sabemos que desde hace mucho tiempo CONAI ha estado ahí, no para defender los derechos de los pueblos indígenas, nunca lo hizo y nunca lo va a hacer por cuanto es una institución del gobierno. La Ley indígena tiene más de 45 años y tampoco está funcionando, no la ponen en práctica.

Desde 1990, caminamos hasta San José en tres ocasiones, con gran sufrimiento y sacrificio, saliendo de nuestro territorio con muchas dificultades, dejando nuestra casa, nuestra familia y cuántas dificultades pasamos sin saber cuánto llevamos en el bolsillo, para poder sobrevivir, con el apoyo de muchas personas y organizaciones solidarias ,logramos hacer esas “caminatas”, sin embargo, NO escucharon los Gobiernos, desde mucho rato ya.

Desde 1977, incluso con la Ley ya aprobada, hemos perdido más territorios en manos de agresores/as usurpadores/as NO indígenas, que se han metido por la fuerza o han engañado en nuestras comunidades, muchas veces porque no hablamos el idioma, otras porque no entendemos sus leyes y otras porque nos han amenazado y agredido; se han apoyado en otras/os “indígenas” que han renunciado a su identidad, y que son ellos/as los que han traído desgracia, maltrato y asesinatos a nuestras comunidades.

Denunciamos que la defensora de los habitantes Catalina Crespo, realizó una visita a los territorios del sur del país acompañada por los  indígenas renegados/as que están en contra de nuestros derechos como pueblos indígenas. Ya han pasado más de 500 años, y siguen con el discurso que impusieron los conquistadores de otro continente,  así decretaron que nuestras tierras eran de ellos, se apoderaron, encarcelaron, mataron e impusieron esas sus “leyes”; que son las mismas que ahora siguen imponiendo en contra nuestra, dicen que las recuperaciones son ilegales y violentas, pero no reconocen esos siglos de arrebato, agresión y asesinato que llegan hasta nuestros días más recientes con el asesinato (2019) de nuestro compañero Coordinador de FRENAPI Sergio Rojas Ortiz, Uniwak de Salitre y Jerhy Rivera Rivera (2020), recuperante de tierras en Térraba.

Vamos a seguir recuperando lo que nos pertenece, ya les hemos avisado con mucho tiempo a los y las usurpadoras/es, que salgan y se lleven sus ganados y sus mejoras construidas ilegalmente. Estamos protegidos por las Leyes de Costa Rica, los Convenios Internacionales de la OIT en especial el 169 y las Resoluciones Judiciales del país (Sala Cuarta y Tribunales Agrarios) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH de la OEA).

La Defensora Crespo, es una agresora más, miente y está parcializada con quiénes son responsables de las usurpaciones, agresiones y asesinatos; guarda silencio cómplice de todas esas violaciones y cuando hace referencia a los “derechos humanos”, olvida la historia de terror en que hemos vivido, repite que las recuperaciones son “ilegales”, azuzando  e incitando a más violencia en contra nuestra. Señora Crespo, no puede usted hablar en nombre de los Derechos Humanos, mejor renuncie y váyase, pero por favor no haga ese “papel”, que todos y todas le estamos viendo y muy de cerca.

Estamos amenazados, ahora más que nunca, pedimos acompañantes internacionales, de organizaciones de Derechos Humanos y Paz y de Organismos de la ONU.

La tierra es nuestra madre, la tierra es la medicina, la tierra es la salud, sin tierra no hay cultura, por eso luchamos y seguiremos luchando hasta donde nos den las fuerzas.

LOS PUEBLOS INDÍGENAS VIVEN , LA LUCHA SIGUE !!

LA TIERRA ES LA BASE DE NUESTRA AUTONOMÍA

EL PROCESO DE AFIRMACIÓN TERRITORIAL AUTÓNOMA SIGUE Y SE EXTIENDE!!

SERGIO y  JERHY VIVEN , LA LUCHA SIGUE Y SIGUE!!

FRENAPI VIVE – LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE

Acompaña:  Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena

09 de agosto 2022

Compartido con SURCOS por FRENAPI.

Continúan las tensiones y agresiones contra el pueblo cabécar de China Kicha

La casa de habitación de la mayora cabécar María Esther, madre de varias personas recuperadoras de China Kichá, ha sido objeto de ataques por parte de la familia Rivera. 

El pasado viernes 10 de junio, alrededor de las 10:30 a.m. un recuperador cabécar de Kono Jú denunció que las personas que pertenecen a la familia Rivera continúan afectando la casa de habitación de la mayor cabécar María Esther. En esta ocasión arrancaron la cerca, el portón y afectaron las cosechas de doña María Esther con cuchillos y el ganado. La casa de habitación de doña María Esther está ubicada en las inmediaciones de la entrada de Kono Jú y está al lado de una de las casas propiedad de la familia Rivera. 

Ya es la segunda ocasión en la que este tipo de afectaciones son denunciadas, siendo la primera el pasado 18 de mayo del presente año. Ese día se registraron tres ataques de la familia Rivera en contra de los y las recuperadoras cabécares y la tensión escaló hasta un ataque con gases lacrimógenos por parte de la Fuerza Pública. Ese día, la familia Rivera tiró piedras y quebró los vidrios de las ventanas de  la casa de doña María Esther.

Doña María Esther es una mayora del Pueblo Cabécar y es madre de varias personas recuperadoras de Kono Jú, Sa Ka Keglö Kaska y Yuwi Senaglö. Por ello, los ataques a su casa de habitación no pueden ser excluidos del conflicto ampliado sobre las recuperaciones de tierra-territorio y el rol de la familia Rivera como uno de los principales actores que atentan contra el Pueblo Cabécar de China Kichá.

Una vez más, denunciamos a la familia Rivera por su hostigamiento, acoso y violencia sistemática en contra de las personas recuperadoras cabécares y sus familias. La oleada de violencia que enfrenta el Pueblo Cabécar de China Kicha desde el mes de febrero es responsabilidad de la Fuerza Pública y el Estado costarricense en tanto omiten realizar acciones concretas y reales para garantizar la integridad física, territorial y patrimonial de las personas recuperadoras así como tampoco protegen la vida de éstas personas. 

Responsabilizamos al Estado costarricense de cualquier agresión en nuestra contra. La normativa internacional así como la nacional, demandan al Estado la protección integral de los Pueblos Originarios que habitan Costa Rica, cuestión que sigue siendo una deuda histórica. 

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

– Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kelpego.

– Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú.

– Recuperadoras y recuperadoras de Sa Ka Keirö Kaska.

– Recuperadoras cabécares de Sa Ka Duwé Senaglö.

– Recuperadoras y recuperadores cabécares de Yuwi Senaglö. 

– Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

La sociedad negada II: El cercamiento a nuestras esperanzas

El extremismo es resultado de la hipertrofia de la irracionalidad y esta hipertrofia se da cuando se está objetiva y emocionalmente inmerso y dominado por intereses materiales, que podrían ser en sí legítimos, sino trajeran consigo miseria y la injusticia a la mayor parte del país.

Ignacio Ellacuría

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Seguimos dando el prudente tiempo al gobierno que recién empieza, para que pueda amueblar la casa presidencial, preparar la documentación y proyectos de ley. Es así que como comentamos en el artículo anterior, podemos seguir reflexionando sobre nuestro contexto. Por esta razón nos preguntamos ¿Cuáles sociedades se encuentran al margen del proyecto dominante?

Empecemos por desnudar un falso principio, que la concentración de riqueza ordena nuestras sociedades, que premia el “esfuerzo”, es decir genera las legitimidades y relaciones que reconocen el “esfuerzo”. En cambio, lo que dicha concentración si evidencia son las formas y modos que reproducen la dominación y explotación en nuestras sociedades, pero también impiden el surgimiento o reproducción de otras lógicas que atenten ese monopolio del discurso del “esfuerzo”.

Una supuesta “meritocracia” que premia al más vivo, en detrimento de las personas que se quedan “dormidas”, es decir aquel que sabe cómo se mueven las cosas, a quien llamar o a quien citar, dista mucho de ese esfuerzo que representa el trabajo de tantas personas, que a partir de su fuerza mueven un país.

¿Por qué falso principio? Porque la concentración de riqueza, lejos de demostrar la idoneidad de algo, es precisamente la consecuencia de muchas acciones que van desde la privación de algo hasta el despojo violento de comunidades y de nuestros bienes comunes (naturales, sociales, culturales).

Este marco nos permite identificar que proyectos de sociedad se privilegia sobre otros, es decir leyes, políticas, discursos  y prácticas. En esta ocasión, no nos preocuparemos por aquellos que se imponen, sino a pensar sobre esas sociedades que desaparecen.

Siguiendo esto, podemos mirar nuestras comunidades campesinas que han sido devoradas por la expansión de monocultivos para la exportación en beneficio de la agroindustria y los mercados financieros. Esta voluntad de los sectores dominantes por la supuesta “tecnificación”, genera no sólo la destrucción del mundo rural y la migración a la ciudad, sino que la mezcla de ambos vulnera nuestra naturaleza, ya que el abandono de la tierra representa la  desprotección del bosque y de los ciclos de la vida.

Esto nos lleva a repensar el conflicto que viven los pueblos indígenas ante su voluntad de permanecer en sus territorios, lo cual ha reflejado el extremo al que llega el despojo,  ya que por un lado la indiferencia refleja la grave reducción de los pueblos indígenas a meros portadores del “folklore”, es decir sus formas y modos de ser en el mundo, no son reconocidas ni legitimadas.

Por esto la galopante impunidad ante los actos de violencia que procuran aterrorizar y desmovilizar a las personas indígenas en sus territorios.  Sin la intensión de escarbar mucho detalle, podemos remontar la agudización de estos actos desde el 2012 al presente.

La anulación de los derechos colectivos, es una muestra más de este cercamiento de la “ciudadanía”, es decir de esas sociedades que habitan los territorios y espacios públicos, erosión y reducción constante de los “servicios públicos” (salud, educación, cultura entre otros) , muestra el camino de la reconfiguración de la ciudadanía “real”, en donde el poder económico, es decir la propiedad, poder adquisitivo y la concentración de riqueza determina el grado de libertad y capacidad de autorrealización posible de los individuos y los sujetos colectivos.

Sumado a esto, la ofensiva por la revisión de todo lo que se pueda denominar “ideología de género” muestra una vez más el cercamiento que sufre la diversidad sexual y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es decir una sociedad que estratifica los roles de género, privilegiando una supuesta “tradición” moral y un falso determinismo biológico, que esconde las relaciones de desigualdad que es fruto del poder de la dominación-esclavitud que enajena la voluntad de muchos a pocos.

Este es un vistazo hacia esas sociedades negadas, a cómo esas violencias estructurales se configuran para impedir su realización, establecen no sólo relaciones, sino también mecanismos para negar su existencia, desde la institucionalización se garantiza su invisibilidad. Tal vez, la muestra más clara de este proceso, es la ya mencionada oleada contra la “ideología de género”, que nos evidencia este proceso de negación en clave de retroceso.

¿Cómo llegamos a esto? Son muchas las trenzas de dominación que han estructurado nuestras sociedades, en ocasiones identificamos al capitalismo, patriarcado y el colonialismo, que se manifiestan desde la xenofobia, el racismo, machismo y otros más que tal vez han escuchado en otras ocasiones. Sin embargo, también son muchas las experiencias que han apuntalado hacia un compromiso por la liberación, desde la necesidad y la crítica han convertido su pensar-hacer en formas y modos instituyentes de otra cosa. Este será el centro de nuestra última entrega.

Ante la impunidad: la responsabilidad ciudadana

José Luis Pacheco Murillo

Sigue siendo una desgracia para este y para cualquier otro país la impunidad. Los delincuentes, de cualquier tipo que sea, al saber que no hay castigo para quienes llevan a cabo sus fechorías y la comisión de delitos, se sienten en libertad de seguir haciendo lo que les dé la gana, robando, hurtando, malversando, volando cualquier ley y cualquier reglamento, aparte de sentirse con una seguridad de que bajo cualquier circunstancia nada le pasará.

Los peores delincuentes siempre han sido los que menos se castigan. Los que tienen poder, los que han llegado a diferentes puestos públicos para servirse y no para servir. Los más detestables delincuentes son aquellos que han lucrado y la desando. No la fe y la esperanza de los más sencillos y de los que menos tienen, incluso cuando les hacen creer que obtendrán beneficios si confían en ellos y luego simplemente los engañan y además les quitan lo que es suyo.

Hemos tenido muchos ejemplos de eso y desgraciadamente en muchos casos todo lo hacen bajo el amparo y protección de las mismas autoridades.

Inclusive del que se supone que debería de acusar, pero se dedicó a encubrirlos: el Ministerio Público, la fiscalía que en muchos casos se ha demostrado que ha estado al servicio de los delincuentes y nada pasa.

Todos los días tenemos denuncias sobre acciones delictivas de en las que dineros públicos han sido malversados y simplemente no pasa nada, nadie sale castigado: la impunidad se impone. Y la peor de las desgracias es que hasta el poder judicial ha dado muestras de la corrupción que ha tomado control y por ello la desesperanza de que podría sancionarse a los delincuentes con poder.

Nos corresponde a los ciudadanos asumir las actitudes y las acciones para demostrar nuestro descontento. Todos sabemos cuáles y quienes son esos delincuentes, salirnos de cualquier lugar al que lleguen manifestando que no podemos estar donde hay delincuentes porque corremos peligro es una forma de manifestarnos. Es demasiado el daño que han hecho al país en general y miles de personas en particular.

Dios quiera que los que funcionarios de este nuevo gobierno, desde el presidente hasta el oficinista, tengan claro qué hay que acabar con la impunidad y tomen las medidas del caso.

LA ESPADA APARECE CUANDO LA JUSTICIA LLEGA TARDE

Carlos Campos Rojas
30 de mayo de 2022

Así lo leí hace varios días, la frase es contundente por sí misma y por lo que representa en nuestro país en estos momentos.

Lo vengo diciendo y documentando hace ya tiempo: la institucionalidad ha venido cayendo en un profundo descrédito, no importándoles a quienes están al frente de ella, en llevarse en banda institutos fundamentales de la República, como por ejemplo el sufragio, la justicia, la transparencia, la paz, la educación, el trabajo, la honradez, la legitimidad.

La corrupción y la impunidad toman fuerza en nuestro país a raíz del autoritarismo -propio del sistema de representatividad a que nos han sometido los sectores dominantes-: la cultura del sometimiento, de pedir, de la subordinación y la sumisión, ha fortalecido el comportamiento de masa, abandonando aquel pueblo viril del que habla y nos enaltece nuestro Himno Nacional, a mantenerse en la ignorancia. De eso se han encargado quienes manipularon nuestro sistema educativo para llevar nuestras últimas generaciones a crecer sin raíces históricas para ser presa fácil del clientelismo político y el asistencialismo. La línea que ahora nos divide del totalitarismo es muy tenue. Esa corrupción se ha apoyado en el miedo y la ignorancia, que han naturalizado en la población, contando diariamente con la prensa mediática y la academia. Esto les ha permitido legitimar la inmoralidad como forma de administrar el país, sin importarles las consecuencias, solo sus intereses y los de sus amistades, sin que se debatan en problemas de género.

He sido claro que los tres poderes que se mencionan en la Constitución Política no son poderes, son simplemente Órganos Superiores de Administración; y se deben a la persona ciudadana, porque están a su servicio. El único dueño del poder y que debe ejercerlo diariamente, es la persona ciudadana, El Soberano, establecido así constitucionalmente.

“Eso dice la Constitución, pero la ley dice otra cosa”, nos señalan a menudo, especialmente desde la institucionalidad, como si la ley naciera por sí sola, sin considerar siquiera nuestra Carta Magna, así de irresponsable se ha vuelto el sistema.

Entendamos esto: la ley se promueve en la Asamblea Legislativa, pero se legitima en la Corte Suprema de Justicia y lo que se deriva de ella. Son los Magistrados de la República, los que validan las leyes, a través de ficciones jurídicas que varían según el día y los humores que los mueven. Los procedimientos para definir la integración de la Corte, son uno de los eventos más llenos de interés estratégico de los partidos políticos, y eso facilita una connivencia incesante.

Para ejemplos: las pensiones de lujo, los procesos de elección de magistrados y su reelección continua, la ley del referéndum, la imposibilidad de discutir y poner en marcha el referéndum revocatorio para quitar presidentes/diputados/representantes de gobiernos locales cuando no cumplen con su responsabilidad; el voto de la Sala Constitucional para permitirle a Arias su reelección; los procedimientos irregulares para escoger y definir los magistrados suplentes de la Sala Constitucional; Magistrados que hace rato debieron irse, languidecen cuidando feudos; los desvaríos recientes de la vicepresidente de la Corte; la forma de designar a quien ocupa la Fiscalía General… y podemos seguir.

Al final, la ley se legitima, pero es inmoral, porque se imponen formas oscuras para establecer su justicia, dejando de ser hace tiempo, pronta y cumplida.

Así, la Corte Suprema de Justicia, ha venido perdiendo su decoro, debido a eso en julio del 2018 fui partícipe directo en organizar con la ciudadanía y el apoyo de gremios judiciales, una marcha para expulsar al entonces Presidente de la Corte y algunos magistrados por sus niveles de corrupción. El Soberano demostrando su responsabilidad y poder constitucional. La experiencia no les sirvió para poner sus barbas en remojo, sino que lo aprovecharon para mejorar las formas de mantener sus oscuros feudos. Se equivocaron, no somos flor de un día.

Hoy el Ministerio Público (la Fiscalía General de la República), ausente y desentendido de ser garante de su labor persecutoria, busca justificar su inacción en todo el país con argumentos falaces. De este modo y amparados en el autoritarismo, rehúyen su responsabilidad constitucional de rendir cuentas a la ciudadanía, alegando como si fuese cierto, que su jefe es la Corte Suprema: es la Fiscalía General quien debe perseguir a los corruptos, no importa el rango jerárquico que tenga quien sea, pero la reelección está a las puertas y es mejor no hacer olas.

El remate en este chiste de mal gusto, es que de todo esto, el gran ganador es el narcotráfico. He sostenido que para que exista, se requieren tres actores: un político que le abra las puertas de par en par, un juez que no lo meta a la cárcel y un banquero que le guarde el dinero. Para vencer el narcotráfico solo se necesita actuar sobre alguno de ellos, hasta el momento el instrumento de que dispone la República, es la Fiscalía, la cual justifica sus desaciertos de manera lamentable.

Nuestra Patria todavía puede salvarse, no podemos repetir la situación de otros países, donde el narcotráfico tiene que hacerse presente a imponer orden y justicia, porque el Estado no fue capaz de cumplir su cometido.

Cuando vemos estos desaciertos en el establecimiento de los procesos de cumplimiento de la justicia, sabiendo que a lo interno hay funcionarios decentes y honorables, pareciera que hay una mano que mece la cuna, que pretende hacernos creer que está imbuida de poder, que maneja los hilos, pero lo más seguro es que solo sea un muñeco como “Chuky” aquel personaje de la saga icónica de terror.

Debemos ser conscientes que los impuestos de cada persona, especialmente los de las mujeres y jóvenes vulnerables, que dejan de lado sus necesidades básicas, son para pagar los salarios de quienes tienen en sus manos fortalecer la credibilidad en la institución de la justicia, por eso tienen una responsabilidad que cumplir.

Debemos convocarlos a que nos rindan cuentas, haciendo prevalecer la transparencia, el respeto a la ciudadanía, retomando la paz, demostrando que su espada no tiene espacio en esta República Participativa que nuestra Constitución Política nos manda a construir responsablemente.

La dignidad nacional, la fortaleza de la ciudadanía debe dar el paso al frente, sin miedo, con la responsabilidad constitucional de El Soberano. Nos acompañarán las personas funcionarias públicas decentes, las mujeres y jóvenes que no se someten, pues seremos suficientes para extirpar a quienes usurparon el poder que no les pertenece.

Debemos tomar en cuenta que no se rendirán fácilmente, pero les demostraremos que, si no hay justicia, no será su espada la que prevalecerá.

 

Imagen tomada de la publicación del autor en Facebook.

Programa Voces y Política. Recuperaciones territoriales de los pueblos originarios

Este miércoles 25 de mayo de 2022 el programa Voces y Política Radio Universidad 96.7 FM abordó el tema “Recuperaciones territoriales de los pueblos originarios”, con la participación de Elí Ortiz Torres del Consejo Iriria  Sat Kök deYamabï Dí (Cabagra); Heylin Figueroa Calderón del Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa de Salitre; Felipe Vargas y Jeison Ríos Ríos, personas recuperadoras de China Kichá.

Las comunidades indígenas han resistido desde hace siglos en luchas por sus territorios ancestrales. Los pueblos originarios pasaron de tener un 100% del territorio, a tener reconocidos por ley un 6.4% del territorio nacional actual. En los 90s iniciaron las luchas por la autonomía de los pueblos indígenas, que años después desembocaron en procesos de recuperación territorial al norte y sur de Costa Rica. Sin embargo, la usurpación continua; siguen robando tierras a indígenas propietarios legalmente.

Por décadas, la inacción, la omisión y la impunidad han marcado la relación del Estado con los pueblos indígenas. La mayor evidencia es el incumplimiento de la ley indígena en temas de tierra, sobre todo en saneamiento territorial. Dos asesinatos, 17 líderes y lideresas amenazados de muerte, más de 86 incidentes de violencia solamente en 2020 evidencian la amenaza que enfrentan estos pueblos.

Esto causó que en 2015 (con reiteración en 2016) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenara al gobierno tomar medidas especiales para proteger de la violencia y las amenazas de ocupantes ilegales a los indígenas. Lamentablemente, este proceso se caracteriza por una impunidad histórica.

Los invitados de los pueblos originarios relatan cómo eran sus territorios antes de la recuperación y platican sobre su identidad y vínculo con sus tierras pese a los diferentes conflictos. Además, señalan la dificultad de todas las recuperaciones de territorio, la escasa información y el poco apoyo con el que cuentan los pueblos indígenas.

La recuperación de los territorios también conlleva un desarrollo en otras áreas relevantes del buen vivir, como temas sociales, de educación, y de salud. Cabe destacar que contar con sus tierras les ha permitido retomar tradiciones propias, preparación en labores únicas dentro de la cultura (por ejemplo, cantores), y enseñanza de su herencia indígena a los niños de la comunidad. No hay que olvidar que no solamente se trata de recuperación de tierra, sino recuperación de su identidad y cultura indígena.

El relato del recorrido de estas poblaciones a través de la voz de sus propios protagonistas caracterizó el programa de radio.

Puede ver la transmisión completa del programa en https://www.facebook.com/vocesypoliticaucr/videos/1418998398514173

Comunicado ante los acontecimientos recientes en el territorio indígena China Kichá

El pueblo indígena de China Kichá vive una constante agresión. Es lamentable e indignante ver los maltratos y agresiones físicas y psicológicas que sufren los y las hermanas cabécares. En el verano sus tierras fueron incendiadas, tierras cultivadas que habían iniciado un proceso de recuperación, no solo en la posesión de la tierra, sino también recuperando diversidad biológica, con variedad de plantas para alimentos y otros usos, árboles, habían iniciado un proceso de rehabilitación del suelo, reconstitución de equilibrio con los diversos seres de la Naturaleza. Estos incendios son una brutal manifestación de violencia racista contra el pueblo de China Kichá y contra todo el sagrado trabajo realizado por las mujeres y sus familias.

El Estado costarricense, sus instituciones racistas y los distintos gobiernos de turno, siguen órdenes de grupos de poder económico, cuando deberían cumplir las leyes y convenios internacionales firmados y ratificados, que parecen ser solo fachada internacional. 

En una Costa Rica que se dice pacífica y respetuosa de los Derechos Humanos, de los Derechos Ambientales y Declarada Pluricultural, no se debe permitir tanta violencia. Aquí siguen impunes los agresores, los asesinos de Sergio Rojas y Yhery Rivera, incitando a más violencia de los finqueros y de sus peones serviles, contra la población indígena que reivindica su tierra ancestral. 

Sabemos que el derecho internacional (Convenio 169 de la OIT) y la ley nacional (Ley Indígena de Costa Rica” (Nº 6172), respaldan la lucha de los pueblos indígenas por sus territorios. Sin embargo, el pueblo de China Kichá vive una gran injusticia, por defender su derecho a la tierra. Son violentados los derechos humanos de estos pueblos indígenas porque están defendiéndose del genocidio del Estado. Se supone que estamos en un «estado de derechos», pero a la población indígena se le han negado esos derechos, a tal punto de casi desaparecer al pueblo y su territorio. Es triste ver que nuestros niños y niñas crezcan viendo tanta violencia y no puedan vivir feliz y seguros en el territorio que les pertenece. 

La violencia se expresa de muchas formas hacia los pueblos que defienden su derecho a la tierra. Aunque existe un puesto policial en China Kichá, la familia usurpadora Rivera Hernández hostiga y agrede a diferentes compañeros y compañeras indígenas, han causado heridas y ha habido intentos de asesinato. Se supone que los policías están para dar protección, pero solamente protegen a los violentos usurpadores y dejan que mujeres, ancianos y niños sean expuestos a las agresiones y los mismos policías llegan a agredir, como sucedió cuando les rociaron gases lacrimógenos a población pacífica e indefensa. 

Como mujeres del campo organizadas, exigimos que los policías cumplan su trabajo, y que sean sancionados por actuar como espectadores y cómplices de las agresiones. Exigimos que el Ministerio de Seguridad garantice y cumpla la ley deteniendo y abriendo procesos para castigar a los agresores. Ya no más impunidad. 

Los finqueros matones agreden en lugares públicos como calles y plazas. Con piedras han herido a nuestros hermanos y hermanas de China Kichá. En las comunidades nos preguntamos: ¿Por qué la policía no actúa contra los agresores y no son detenidos? La semana pasada arremetieron con piedras contra la casa de una adulta mayor; causaron daños a la casa, además de romper el mobiliario del salón comunal en un acto de matonismo, que se alimenta con la impunidad. Cuando la población indígena pide ayuda al puesto policial, la policía llega, agrede y detiene a las personas que habían sido agredidas por los finqueros. Esto ya ha sucedido en dos ocasiones. 

Los y las compañeras indígenas han ido a denunciar a la Fiscalía las agresiones y amenazas de muerte, pero eso no sirve de nada, los procesos de investigación no se abren. 

Nos preguntamos y preguntamos a la población en general: ¿Por qué la justicia no llega para proteger a los pueblos indígenas? 

Como Red de Mujeres Rurales queremos que se detenga esta violencia y se castigue a estos violentos. Esta historia de racismo e impunidad se repite en los territorios Salitre, Térraba, Cabagra y China Kichá. 

También queremos comunicar que sentimos orgullo por las familias y los pueblos que defienden su derecho a la tierra, a su cultura e identidad. Nos solidarizamos con sus luchas.

¡BASTA YA DE IMPUNIDAD!

¡JUSTICIA ANTE LAS AGRESIONES Y ASESINATOS DE DIRIGENTES INDÍGENAS!

¡PROTECCIÓN REAL DE LAS MUJERES Y LAS FAMILIAS INDÍGENAS!

¡PROHIBICION DE ENTRADA DE LOS FINQUEROS A LOS TERRITORIOS INDÍGENAS!

23 DE MAYO 2022

Red de Mujeres Rurales de Costa Rica

Asociación Tinamaste

Familia Rivera vuelve a atacar y amenazar de muerte a personas recuperadoras cabécares de China Kichá

SURCOS comparte la siguiente información:

El día 18 de mayo del presente año 2022 en el territorio de China Kichá se reportaron tres ataques en contra de las personas recuperadoras por parte de la familia Rivera, entre las afectadas se encuentra una recuperadora y su bebé de 5 meses.

Los grupos, Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kelpego, Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú, Recuperadoras y recuperadores de Sa Ka Keirö Kaska, Recuperadoras cabécares de Sa Ka Duwé Senaglö,  Recuperadoras y recuperadores cabécares de Yuwi Senaglö, Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) y el señor José Francisco Calí Tzay, Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las ONU; denuncian los hechos ocurridos.

Se emitió una  alerta temprana debido a que los sujetos Antony Rivera, Noel López y Cristóbal Rivera se encontraban en el Territorio armados con un machete y amenazando de muerte a los y las recuperadoras cabécares de China Kichá. 

Los ataques comenzaron a las 10 de la mañana hora en que varios recuperadores cabécares se dirigieron a San Antonio a realizar diligencias como comprar leche para sus hijos e hijas. En el camino, a 500 metros de la entrada del Territorio Cabécar de China Kichá, fueron interceptados por la familia Rivera. Evelin, Jeilin, Karol y Darling Rivera, desde su casa ubicada en ese lugar, empezaron a tirar piedras y palos a las motocicletas en las que viajaban las personas recuperadoras. 

Como si eso fuera poco, alrededor de las 3 p.m. en las cercanías del salón comunal del Territorio, Yamileth Fernández (recuperadora de Kono Jú y Yuwi Senaglö) y su bebé de 5 meses fueron interceptados por Jeilin y Karol Rivera quiénes golpearon a Yamileth. Adriana Fernández (recuperadora de Sa Ka Keirö Kaska) intentó defender a Yamileth en lo que llegaron Mariela y Evelyn Rivera a tirar piedras a la casa de Doris Ríos (recuperadora de Sa Ka Keirö Kaska). Ambas recuperadoras respondieron al ataque para detenerlo y defender al bebé de Yamileth. 

La Fuerza Pública al llegar al lugar se mostró a favor de la familia Rivera y amenazó a los y las recuperadoras con tirar gases lacrimógenos si la situación de violencia no bajaba. En reiteradas ocasiones, las personas recuperadoras cabécares de China Kichá han identificado como la Fuerza Pública se encuentra a favor de la familia Rivera: las trasladan a distintos sitios del Territorio, en las agresiones amenazan a las personas recuperadoras pese a que son las víctimas y constantemente se les ve compartiendo amigablemente con la Familia Rivera.

Sin disminuir la tensión, alrededor de las 5:15 p.m. fueron divisados Cristóbal y Antony Rivera y Noel López con machetes y amenazando de muerte a las personas recuperadoras. Entre las amenazas, ambos sujetos enfatizan en el recuperador de Kono Jú y Yuwi Senaglö, Greivin Fernández. Greivin fue brutalmente atacado el 25 de febrero del presente año cuando Leandro Rivera lo agredió con un machete en su cabeza y en una de sus manos.

Alrededor de las 6 p.m. fueron informadas las personas recuperadoras que aún se encuentran en el centro del Territorio, de que la casa de habitación de María Esther (madre de varias personas recuperadoras) fue atacada por Darling y Harold Rivera. Doña María Esther es adulta mayor y se encontraba sola en casa cuando Darlin y Harold quebraron los vidrios de la misma.

Alrededor de las 6:30 p.m. La Fuerza Pública ataca con gases lacrimógenos a las personas recuperadoras cabécares que se encontraban en las inmediaciones del salón comunal. El ataque policial es realizado luego de que las personas recuperadoras cabécares se encontraran atendiendo la situación de agresión contra Yamilet y Adriana Fernández por parte de Yeilin, Mariela, Evelyn y Karol Rivera así como otros siniestros ocurridos en la mañana y en contra de la casa de la mayora María Esther. 

Las personas recuperadoras identificaron alrededor de veinte antimotines en el Territorio, así como la presencia del Grupo de Apoyo Operacional (GAO). 

Al ser las 7:10 p.m. las personas recuperadoras no tienen claridad de cuántos gases fueron arrojados por la Fuerza Pública y lo único que pudieron hacer fue correr hacia unos cafetales para resguardar su seguridad. En medio de los gases y de los gritos de niños, niñas y personas adultas mayores, el recuperador de Kono Jú, Berny Obando se dirigió a la Fuerza Pública para cuestionar el accionar policial en vista de que hay población vulnerable en medio del ataque de gases lacrimógenos. A ello, la Fuerza Pública respondió arrestando a Berny y sacándolo del Territorio.

Berny es el tercer recuperador cabécar detenido por la Fuerza Pública. Los dos compañeros anteriores también fueron detenidos de forma arbitraria. 

Ninguna de las personas de la familia Rivera que arremetieron contra las y los recuperadores cabécares de China Kichá ha sido detenida por la Fuerza Pública. Así, las autoridades continúan operando a favor de las personas agresoras.

Alertamos a la opinión pública nacional e internacional, así como a las organizaciones solidarias con nuestra lucha que la tensión en el Territorio Cabécar de China Kichá no disminuye.

Denunciamos al Estado costarricense y a la Fuerza Pública por no cumplir con lo que las leyes del país les demanda. El Estado lejos de cumplir con lo establecido en la Ley Indígena de 1977 y sacar a las personas no indígenas que ocupan ilegalmente nuestro Territorio, nos agrede con la Fuerza Pública; institución que no teme en demostrar su afinidad por la familia Rivera y cometer agresiones en contra de las personas recuperadoras cabécares de China Kichá. 

Cualquier agresión en nuestra contra es responsabilidad del Estado y de la familia Rivera, a quienes tenemos años denunciando por sus agresiones en nuestra contra. Denuncias que lejos de alcanzar la justicia, se quedan archivadas mientras que las instancias de justicia arremeten en nuestra contra cometiendo dos arrestos irregulares y múltiples agresiones. 

Si una tercera vez corre la sangre de una persona recuperadora y luchadora por los Pueblos Originarios que habitan Costa Rica es responsabilidad única y total del Estado en sus múltiples instancias. Las personas recuperadoras cabécares tememos por nuestra integridad física y vida por lo que alertamos a la comunidad internacional y nacional sobre el alto riesgo en el que vivimos cada día de nuestras vidas. 

Si un tercer líder de un Pueblo Originario es asesinado, es el Estado y la Fuerza Pública quiénes tendrán sus manos llenas de sangre e impunidad.

Nota elaborada por:

– Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kelpego.

– Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú.

– Recuperadoras y recuperadoras de Sa Ka Keirö Kaska.

– Recuperadoras cabécares de Sa Ka Duwé Senaglö.

– Recuperadoras y recuperadores cabécares de Yuwi Senaglö. 

– Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

 

Fuente de imagen: Radioemisoras UCR.