El tema de la impunidad se vuelve a presentar ante todos nosotros a pesar de que en este caso se da con la imposición de una pena a una persona, cuyos delitos se comprobaron hace más de cuatro años y hasta ahora se le imponen los años de prisión, aunque no los que debían ser.
Muy lamentable las manifestaciones dadas por esa persona en el sentido de que “NO SE ARREPIENTE DE NADA” es decir, que volvería a cometer esos 32 delitos que le fueron comprobados. Y también lamentable que indique que “ella jamás irá a la cárcel” apoyándose en las palabras del Juez al justificar la pena.
Su paso por la función pública no la sensibilizó en nada y lo peor es que hace alarde de ello.
Dios quiera que la justicia logre sus propósitos en el futuro, porque en este caso no lo logró. Que sea pronta y cumplida, es decir, que no suceda que se condena en un momento y tengan que pasar más de cuatro años para que se imponga la sanción, y que, además, sea ejemplarizante para que quienes deseen delinquir sepan lo que les sucederá. Tampoco ha sido ejemplarizante esta pena.
El pasado 7 de diciembre del 2023, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada, solicitó al Juzgado de Buenos Aires de Puntarenas el sobreseimiento definitivo del proceso penal por el homicidio político contra el líder indígena Sergio Rojas del Pueblo Bribrí de Salitre. Sergio fue una persona clave en el levantamiento y defensa de los pueblos originarios del Sur por sus derechos de territorio, así como por la lucha de condiciones dignas para reproducir la vida. Sin embargo, después de 4 años su homicidio sigue impune.
Le invitamos a firmar esta carta dirigida a dicho Juzgado para hacer ver que no queremos más impunidad ni acciones en detrimento de la vida de los pueblos indígenas, así como acuerpar su derecho a existir.
Para leer el texto completo de la carta y firmar puede seguir este enlace.
Este 7 de diciembre de 2023, se cumplieron 29 años de un vil asesinato no esclarecido hasta la fecha. En un día como hoy, pero del año 1994, en Guadalupe, se perpetró un crimen que nunca se esclareció. Tres integrantes de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO), organización príncipe del ecosocialismo en nuestro país, Oscar Fallas Baldi, María del Mar Cordero y Jaime Bustamante Montano, en las circunstancias más sospechosas son víctimas de un atentado que cobró sus vidas.
Seis meses después, de esa tragedia que enlutó a todas las organizaciones ecologistas, de derechos humanos, partidistas, sindicales y barriales, el poeta David Maradiaga corrió esta magra suerte. Es asesinado en condiciones extrañas que tampoco fueron esclarecidas; apareció muerto en el Parque de los Mangos, en Zapote, David Maradiaga. Poeta, ecologista, luchador, compañero incansable de la vida. La impunidad cabalga todavía.
Es importante recordar, para recuperar la memoria de estos cuatro luchadores que, todos compartían intereses comunes, poetas, ecologistas, bohemios y trashumantes de la vida, luchadores barriales incansables, solidarios, ensayistas y de un gran nivel de interpretación de la coyuntura política. En fin, sujetos que resultaban incomodos al statu quo y a las burguesías apátridas y las transnacionales. Por su compromiso social inclaudicable, por eso los asesinaron en condiciones tan extrañas.
Su narrativa siempre los situó a la par de los más pobres, de los excluidos. Ciertamente, es a finales de 1994 que la AECO había ganado una dura batalla contra intereses forestales, madereros y narco-traficantes en la zona sur.
La Stone Forestal, bajo los sucios subterfugios gubernamentales, tenía como interés inmediato la construcción de un muelle astillero en pleno Golfo Dulce. Un ecocidio absoluto, contra una de las regiones más ricas en diversidad en fauna y flora.
La impunidad y la corrupción son ese viejo fantasma que corroe a la centenaria democracia costarricense. Hoy, a tres días de conmemorar la declaración de los Derechos Humanos; el pueblo de Costa Rica se vuelve a quedar sorprendido por la decisión de la fiscalía, que aunando a esta gran descomposición del derecho y la justicia, deja impunes a los asesinos de Sergio Rojas Ortiz. La venda de la justicia ya no puede ser más errática que nunca.
La lucha de estos cinco personajes, que son parte consustancial del quehacer popular, que situaron el interés de sus vidas por el buen vivir,
por la autonomía de las comunidades. Tal y como lo expresaron los documentos que circularon en su debido momento, cuando indican que, “su lucha tenía que ver con la libertad, con la armonía entre los seres humanos y con su entorno, pero muy especialmente, su lucha tenía que ver con los más desposeídos y buscaron, siempre, las oportunidades” que los gobiernos de turno y sus burguesías reaccionaria les han arrebatado.
Vale en esta pequeña reseña apuntar las palabras de Ítalo Fera, cuando refiere a Jaime Bustamante a las y los compañeros de AECO. Dice al respecto nuestro amigo y sociólogo lo siguiente: “Jaime llegó de Cochabamba y tomó nuestras instalaciones como Hogar y centro de trabajo. Fue el encargado de nuestro centro de documentación de entonces. Y los ampos, los recuperaba de los basureros callejeros, provenían de expedientes de la Asamblea Legislativa, que se botaban en los alrededores del Parque Nacional y nacía el oeste. Ahí tuvimos nuestro primer local y también fuimos allanados en 1982 por la seguridad nacional y detenidos. El obispo Cornelius Wilson, de la Iglesia Episcopal y ustedes desde Méjico, fueron los que denunciaron de inicio esa represión y detención. Fuimos liberados con ayuda, también del Lic. Otto Castro y la denuncia nacional. Luego Jaime continuaría con nosotros en nuestras nuevas oficinas en Bo. Luna Park y luego con instalaciones más amplias propias, al inicio, en Bo. Sagrada Familia”. Por esa suerte que tiene el destino de los grandes luchadores sociales, a los cuatro camaradas de AECO, los unió la lucha por el buen vivir y el ecosocialismo. Esas ideas también estuvieron presentes en Sergio Rojas, que defendió el Derecho a la tierra, como un derecho humano fundamental.
CAMARADAS, PRESENTE, LA LUCHA SIGUE Y SIGUE Y USTEDES ESTÁN SITUADOS EN NUESTROS CORAZONES, EN LA MEMORIA VIVA DEL PUEBLO
El Bicentenario de Costa Rica, se tiñe de sangre e impunidad, profundizando así la discriminación, violencia y violación sistemática a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
La invisibilización, el desconocimiento y la omisión por parte del Estado, lo hace responsable por no garantizar los derechos que poseen consuetudinariamente nuestros Pueblos Indígenas y legitimar la violencia institucionalizada y el despojo histórico.
La violencia materializada mediante las instituciones, involucra a los 4 poderes de la república, el poder legislativo, por no adecuar las leyes, según las realidades culturales, espirituales de los pueblos indígenas, el poder ejecutivo, por omitir la garantía de la protección de los derechos de los pueblos, en las políticas que se implementa desde sus ministerios, por otra parte tenemos un Tribunal Supremo de Elecciones, que no incide, en la construcción de propuestas más inclusivas, con participación y representación política de los pueblos indígenas.
Se suma, el poder judicial, con impunidad, desatención en la investigación, del asesinato del líder indígena Sergio Rojas, más aún que mediante la fiscalía se ha solicitado el desistimiento definitivo, dando así la posibilidad de liberar a los responsables directos e indirectos del cobarde asesinato. Este proceso se lleva a cabo en los tribunales de Buenos Aires, de manera privado, los días 7 y 8 de diciembre.
Sergio en vida, recibió reiteradas amenazas, intentos de asesinato y la injusta cárcel contra los DDHH, con participación del Estado, que ha sido el principal gestor de la violencia sistemática y estructural.
Exigimos al Estado, asumir su responsabilidad en la garantía y protección de los derechos, la vida e integridad de los pueblos y sus miembros y una justicia, pronto y cumplida.
El Estado debe desalojar a los poseedores de mala fe y presupuestar para indemnizar a los poseedores de buena fe.
Continuamos en la reafirmación y autonomía de los pueblos sobre sus Tierra/Territorio: Espiritualidad propia, Cultura, Gobernanza tradicional o Identidad, Educación propia y Soberanía alimentaria.
Este 7 y 8 de diciembre se llevará a cabo una audiencia en el caso de nuestro hermano Sergio Rojas del clan Uniwak y en el cual la Fiscalía pedirá el sobreseimiento definitivo del asesinato político de nuestro hermano.
Rechazamos de plano dichas intenciones y CULPAMOS al ESTADO COSTARRICENSE por este asesinato y por la enorme mancha de IMPUNIDAD existente que impera en el Pueblo Bribri de Salitre a raíz de la nula acción de parte del Poder Judicial por investigar este caso.
Además, recordamos que este panorama solo aumentaría la violencia en la que se encuentra nuestro pueblo y que sería un grave retroceso por parte del Estado en aras de cumplir con el marco jurídico existente en el país en cuanto a derechos indígenas.
Esto es una muestra más de lo discriminatorio y racista que es este sistema judicial, y que ha sido un actor principal en contra de los procesos de recuperación los cuales impulsaba nuestro hermano Sergio y quien en vida sufrió la persecución, el acoso, la violencia del sistema judicial que incluso lo llevo a estar en prisión sin causa justificada.
El CODIAW como parte beneficiaria de las Medidas Cautelares en favor del Pueblo Bribri censura con su más enérgica voz todas las acciones, que a luz del marco jurídico que tutela nuestros derechos, el Estado ha ejecutado en contra nuestra culminando negativamente con la no investigación del asesinato de nuestro hermano.
El bicentenario del Estado costarricense se vio manchado con la sagrada sangre de nuestro hermano Bribri Sergio Rojas Ortiz que después de 4 años la fiscalía no encuentra culpables por el simple hecho que Sergio era un Bribri, caso contrario sería si hubieran asesinado a un político o un millonario, que en el peor panorama y bajo todo pronóstico ya hubieran sentado culpables. Pero esta es la verdadera Costa Rica que todo el mundo proclama como un país de paz.
Desde nuestra organización extendemos nuestra voz a todas las personas y organizaciones aliadas y les invitamos a unirse para continuar exigiendo que los culpables sean llevados ante los tribunales.
Además, hacemos un llamado a todas aquellas personas, organizaciones que defienden los derechos de los Pueblos Originarios a manifestarse de distintas formas en contra de esta nefasta intención de la Fiscalía.
¡SERGIO VIVE!
“EL ESTADO ASESINA A LOS LIDERES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”
URGENTE: Este 7 y 8 de diciembre del 2023 se llevará a cabo una audiencia oral y privada para conocer una solicitud de la Fiscalía para el sobreseimiento definitivo del proceso judicial sobre el asesinato político del Uniwak, Bribri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz.
La alerta es emitida por Oscar Retana, abogado querellante de la familia de Sergio. De ser aprobada la solicitud, los imputados y otros responsables serian absueltos de toda pena y responsabilidad. Es decir, se mantendría la impunidad para Sergio, su familia y el Pueblo Bribri de Salitre.
Solicitar para que no se tramite el sobreseimiento definitivo. Pueden adjuntar este comunicado de la CLSS.
Compartimos el comunicado de Oscar Retana M.
Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
4 de diciembre del 2023.
COMUNICADO.
Los días jueves 7 y viernes 8 diciembre, a partir de las 8:30 am, se llevará a cabo audiencia oral y privada para conocer sobre la solicitud de sobreseimiento definitivo (archivo) por parte de la Fiscalía; y la querella (acusación privada) presentada por los hijos e hijas de Sergio Rojas, quien fuera asesinado cobardemente la noche del 18 de marzo del 2019 en razón de una vida dedicada a la recuperación de las tierras en el territorio indígena bribri de Salitre.
La audiencia se realizará en el edificio Anexo B de los Tribunales de Justicia de Buenos Aires (contiguo al Restaurante Mau’s Pizza), pero al ser privada no se admite la entrada de público.
Este caso no tuvo testigos presenciales del homicidio, sin embargo fue tramitado sin que se tomaran en cuenta las características sociales y culturales, como lo es la discriminación estructural hacia la población indígena; las fundadas y demostradas violaciones al acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas; y el conflicto subyacente por la recuperación de las tierras indígenas que ha tenido a 33 personas indígenas amenazadas de muerte en el periodo 2020 a 2022 en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón, además del homicidio de Jhery Rivera el 23 de febrero del 2020.
Exhortamos al Estado de Costa Rica que cese la impunidad y se encuentren a los culpables de tan atroz crimen, que se tomen las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de las personas indígenas amenazadas de muerte y que se cumpla, mediante mecanismos céleres y eficientes, la recuperación de tierras indígenas en manos de usurpadores terratenientes.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Centroamérica se debate hoy, una vez más en su historia, en una hora compleja. Los escenarios en Guatemala y Panamá dan cuenta de procesos en los que aparece su población como protagonista.
Al tiempo que se escriben estas notas se conoce del ataque del Ministerio Público guatemalteco a la institucionalidad académica, clara cuestionadora de los arreglos y amaños colmados de corrupción e impunidad, que las élites políticas han impulsado durante décadas en detrimento de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
En Panamá durante días la manifestación pública en contra de la instalación de un proyecto minero (uno más que la racionalidad neoliberal ha intentado imponer a toda costa) ha sido constante, multisectorial y resistente.
A prueba de una agenda mediática repleta de espectáculos, superficialidades y cortinas de humo, las redes de comunicación horizontal que por suerte hoy están en nuestras manos nos hacen conocer los pormenores de la situación panameña. Colegas como los sociólogos Briseida Barrantes y Olmedo Beluche han sido nuestros interlocutores en estos días y por medio de sus constantes mensajes nos enteramos de la persistente dignidad que presenta el pueblo panameño en estos momentos.
Precisamente Olmedo Beluche compartió recientemente una reflexión sobre esta coyuntura a la cual habría que prestarle atención, desde mi perspectiva, en dos aspectos: el primero, reconocer el rasgo estructural que origina las manifestaciones cuyo hecho visible es la oposición tajante al funcionamiento de una empresa minera, pero que en el fondo devela una profunda crisis del modelo social, político y económico en aquel país. Por eso la conformación de un sustrato de actores amplio, como lo menciona Beluche:
“Movilizaciones masivas como no se habían visto nunca en la historia de la república de Panamá, un país donde cada tanto la gente se tira a la calle a protestar. Decenas de miles de jóvenes autoconvocados por las redes sociales que se reúnen y marchan por las principales avenidas de la ciudad capital. Miles de pobladores de comunidades indígenas, rurales y urbanas pauperizadas que espontáneamente salen a bloquear la carretera Panamericana, en tantos lados a la vez, que es imposible para la policía reprimirlos a todos. Miles de activistas sindicales y gremiales que marchan y cierran calles convocados por una alianza de organizaciones populares con carácter asambleario, compuesta por docentes, obreros de la construcción, trabajadores de la industria, estudiantes, etc.”
El segundo rasgo apela a reconocer una especie de “desujección” que la subjetividad política popular panameña ha realizado: el “descreimiento” hacia la institucionalidad, la política, los grupos patronales y los medios de comunicación. Es efectivamente un tajante cuestionamiento al orden social promovido por las élites panameñas y sus referentes políticos y financieros transnacionales.
En Costa Rica no ha detonado así el descontento popular, aunque hay suficientes motivos, porque aún persiste un saldo en el pensamiento colectivo sobre esa institucionalidad que sostuvo la vía costarricense durante buena parte del siglo XX. Aún quedan ciertos mitos fundacionales, aunque débiles, que sostienen una supuesta comunidad de iguales. Aunque nunca lo fuimos.
Uno de estos mitos, me parece, el de la comunidad horizontal e inclusiva, ha empezado a clausurarse. Solo así se entienden las incomprensibles reacciones de buena parte de aficionados durante el último partido de la selección costarricense, casualmente contra su homóloga panameña. Si ya las ficciones que sostenían ese pacto social (lo político vía la representación y lo colectivo vía la apelación a la comunidad por medio de figuras de identidad como la selección) no contienen. entonces estamos observando posiblemente el cierre técnico de esa comunidad que fuimos alguna vez. Si el cierre propiciara “el grito”, como mencionaba John Holloway alguna vez, bienvenido sea para el caso costarricense.
La resolución del más alto tribunal de derechos humanos de la región señala que de seguir adelante con la tramitación de las iniciativas que pretenden amnistiar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, constituiría un desacato y tendría un impacto irreparable en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
Guatemala y Costa Rica. 27 de octubre de 2023. En una resolución dada a conocer el lunes 23 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) amplió las medidas de protección del derecho al acceso a la justicia otorgadas a víctimas de 14 casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y ordenó al Estado de Guatemala que cese el trámite de las iniciativas de ley que pretenden establecer una amnistía, o que las deje sin efecto, en caso de que alguna resulte aprobada.
La Corte IDH se refiere a los proyectos de Ley 5920, que se encuentra en estudio en la Comisión de Gobernación y la Comisión de la Defensa Nacional, y 6099, que fue aprobado con dictamen favorable por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Desde entonces, ha sido remitida en dos oportunidades para su consulta ante la Corte de Constitucionalidad, siendo rechazada por incumplimiento de los requisitos legales.
Ambas iniciativas de Ley son variaciones de la iniciativa 5377 de Ley de Amnistía que se tramitó en 2019 y fue archivada por la CC en 2021, debido a que vulneraba el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de casos de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos los casos Molina Theissen, Bámaca Velásquez y la Masacre de Las Dos Erres.
En su resolución, el Tribunal considera que en tanto las iniciativas de Ley imponen la revisión de oficio de condenas por delitos cometidos durante el conflicto armado, así como de cualquier proceso penal o investigación en curso relacionada con delitos cometidos durante este, se pone en peligro la justicia ya obtenida o en camino para las víctimas y se aseguran beneficios inmediatos para sindicados, imputados y condenados, quienes podrían acceder a una libertad inmediata. Advierte además que, al continuar con la intención de aprobar esta clase de amnistías que procuran la impunidad, Guatemala estaría incurriendo en desacato de la resolución de la Corte Interamericana de 12 de marzo de 2019, que ordenó el archivo de la iniciativa 5377 por estas mismas razones.
Otro aspecto por destacar es que la Corte IDH se refiere a los obstáculos que han enfrentado los operadores de justicia a cargo de este tipo de casos cuando han logrado avances en el procesamiento y sanción de los responsables. Abogados, fiscales y jueces se han visto sujetos a actos de intimidación, acciones judiciales, así como campañas de desprestigio y estigmatización, como en el caso del juez Miguel Ángel Gálvez, ahora en el exilio; y en el del juez Pablo Xitumul, quien llevaba el proceso por desaparición forzada en contra de Marco Antonio Molina Theissen. En consecuencia, la Corte considera que estas circunstancias excepcionales generan un alto riesgo de que a nivel interno no se pueda ejercer un adecuado control judicial en caso de aprobarse dichas iniciativas de ley.
Para las organizaciones integrantes de la Mesa de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Corte IDH contra Guatemala, que agrupa a representantes, víctimas y familiares, la resolución de la Corte IDH llega en el momento oportuno pues no se debe permitir el avance de leyes pro-impunidad. “A la luz de sus obligaciones internacionales, el Estado guatemalteco debe llevar a cabo los procesos penales con todas las garantías, especialmente la debida diligencia, para sancionar a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Argumentos a favor de la extinción de la responsabilidad penal de los autores de estos crímenes para mantener “la paz” son inadmisibles.
“Confiamos en que la Corte de Constitucionalidad actúe en consecuencia de sus fallos anteriores y favorezca el acceso a la justicia, es lo que la sociedad guatemalteca merece y demanda”, señaló Gisela De León del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Integrantes de la Mesa de Supervisión de Cumplimiento:
Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)
Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en la Verapaces Maya Achi (ADIVIMA)
Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BJDH)
Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Familia Molina Theissen
Fundación Myrna Mack
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Pedro Chitay (Caso Chitay Nech)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA)
Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI)
Representantes en el caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar)
La Mesa de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de DerechosHumanos contra el Estado de Guatemala está conformada por personas y organizaciones de la sociedad civil que representan a víctimas de violaciones a derechos humanos ante la Corte IDH, con el objeto de impulsar conjuntamente el cumplimiento de las medidas ordenadas por el tribunal interamericano al Estado de Guatemala.
En los últimos días se ha estado viendo escenas muy impactantes, desgarradoras y conmovedoras sobre la población palestina, bajo el ataque israelí en Gaza.
Padres y madres llorando, gritando y gesticulando de dolor con sus niños heridos y lastimados en brazos; corriendo desesperados, en medio de edificios destruidos y del ruido de bombas estallando; ancianos, personas con discapacidad, en medio de gemidos y lamentos.
Todo en el suelo, paramédicos y ambulancias llevando personas heridas. Gente haciendo señas de impotencia y gestos de angustia.
Cuántas veces ha pasado esto y las imágenes no nos han llegado y ha funcionado aquello de que “ojos que no ven, corazón que no siente”.
La humanidad no puede permitir que esta degeneración continúe; que Israel siga cometiendo este genocidio, pensado, planificado, sentido y al parecer, legitimado entre su población.
Sobre mitos y realidades
Es necesario traer a colación cuestiones como la supremacía de Israel sobre los pueblos vecinos y sobre la población mundial. Esto es falso. Ningún pueblo en el mundo es superior a los demás ni puede, con base en esto, cometer estas atrocidades y crímenes.
Sobre la superioridad militar, hay que decir que, en soporte de los recursos propios, las habilidades y capacidades, está el apoyo de la OTAN.
La imagen de víctima: Israel ha venido manipulando la idea de que ha sido víctima de poderes y regímenes (Hollywood, por ejemplo); así como abusando y escondiendo tras esta imagen, crímenes cometidos.
David y Goliat: recuerdo en un reportaje sobre la “guerra de los seis días”, que relataba que Israel fue atacado y se refería a Israel como “el pequeño Israel”. Con esto juega muy bien el gentilicio “israelita”, que da idea de pequeño, pobrecito, siempre concitando apoyos, defendiéndose de los grandes y malvados.
El reportaje, para nada dijo que la OTAN estaba cien por ciento en la maniobra. Nada más se menciona algún apoyo de países.
La impunidad de estar por encima de leyes internacionales: parece no existir derecho internacional ni organismos a los que el Estado de Israel atienda. Por supuesto, con la complicidad y respaldo de países del G7.
El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Huahed, que ya he citado en otro texto, denuncia: “Es una tendencia de la media a nivel mundial… lavarse las manos… es muy triste que los países europeos y Estados Unidos, no están midiendo con la misma vara sino con una doble vara, renunciando a sus principios, al menos declarados… hablan tanto del derecho internacional, de los derechos humanos, de la democracia, de las convenciones, de los protocolos, de los organismos multilaterales.
Estos países no pueden “abanderizarse” por una parte… se necesita equilibrio, sabiduría y cordura… los europeos se quedaron en el sábado (7 de octubre)… y están alentando a Israel, con sus declaraciones del derecho de Israel a la autodefensa y de ofrecerle la cobertura política, la legitimación de su acción… yo tengo que rechazar este racismo, esta discriminación… esto va a conducir a fortalecer los extremos… el señor Smotrich llama a barrer de la faz de la tierra a los palestinos… le han dado a Israel licencia para matar… Israel, con el apoyo de Estados Unidos y Europa se niega a que se forme la comisión de investigación de crímenes de guerra,… cuando quisimos ir a la Corte Penal Internacional, esta corte admitió el caso; qué pasó: la administración Trump castigó a jueces y fiscales por admitir el caso; cuando quisimos ir a la Corte Internacional de Justicia para ver lo de la ocupación; cuál fue la postura de Estados unidos y Europa, un rechazo tajante… si ellos crearon estas instancias jurídicas, para qué las crearon… esto significa una sola cosa: que le están dando a Israel, no solamente protección sino blindaje.”
“Democracia del “medio oriente”: Son justas las palabras que se refieren a Israel como el estado terrorista y genocida de Israel y que ponen en tela de duda aquello de la democracia de medio oriente y más bien se preguntan: ¿estado teocrático? Ni Israel es la democracia de medio oriente, ni Estados Unidos es el ejemplo de democracia para el mundo.
La prensa occidental y la propaganda sionista: para el caso son sinónimos.
El pueblo elegido de dios: Cuál dios o el Dios de quién, “dio autorización” a un grupo humano, para que en su nombre se cometan atrocidades, masacres y genocidios, cuando en la Última Cena Jesús les dio un nuevo mandamiento a los discípulos diciendo “que se amen los unos a los otros como yo los he amado”.
Esgrimir esto, es como blandir “el orden basado en reglas” de USA/G7/OTAN, ante lo que siempre plantearé las preguntas: ¿las reglas de quién, que las hizo quién, para beneficio de quién?
Hogar para población judía o ¿empresa, enclave, puerto y base militar de USA/G7/OTAN para sus operaciones en la Región?
En cuanto al pueblo palestino de gaza, con una situación humanitaria colapsada, sin gas, sin electricidad, sin agua. ¿Cómo van a alimentarse; cómo van a trabajar los hospitales? ¿se van a ir a Egipto? Con un Abdul Fatah El-Sisi renuente: ¿se les dará la bienvenida y abrirá el paso de Rafáh por el Sinaí?
Pues todo lo anterior no puede seguir así por los siglos. Es que también el orden mundial USA/G7/OTAN, ya no es omnipotente, práctico ni procedente.
Magistrada Roxana Chacón Artavia, coordinadora de la Comisión de Género y Jeannette Arias Meza, jefa de la Secretaría Técnica de Género, comparecen ante Comisión Permanente Especial de la Mujer
Dar un paso más a favor de las víctimas de delitos sexuales, así como propiciar un trabajo de prevención en el país, es lo que expuso la magistrada Roxana Chacón Artavia, coordinadora de la Comisión de Género del Poder Judicial, ante la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa.
La magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón Artavia y la Jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, Jeannette Arias Meza atendieron la convocatoria del órgano legislativo, que tiene a cargo la tramitación del expediente 23 633, “Ley para la institucionalización legal del Protocolo de las 72 horas y los Equipos de Respuesta Rápida para la atención integral a víctimas de delitos sexuales (ERRVV)”.
“Este proyecto es una iniciativa propia del Poder Judicial. Lo que buscamos es que el protocolo de atención en las primeras 72 horas de ocurrido un delito de violación, que sufren, niñas, niños, adolescentes y mujeres pueda ser elevado a ley, pues permite suministrar los medicamentos de prevención de enfermedades de trasmisión sexual en las primeras horas del hecho y se impulsa la prevención, información y la capacitación de más personas, que conozcan el servicio que se brinda y que ha futuro se pueda contar con presupuesto para extenderlo a zonas más alejadas donde no hemos podido llegar”, puntualizó la magistrada Roxana Chacón.
Se explicó que el Poder Judicial implementa el protocolo en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desde el 2011, para darle una atención más efectiva a las personas víctimas de violación. Hoy se cuentan con 18 equipos completos de Respuesta Rápida funcionando y que se encuentran distribuidos en 20 zonas específicas del país, así como 5 equipos medianamente integrados.
Esto permite disminuir la revictimización de las personas ofendidas y favorece que se obtenga la prueba de forma oportuna, lo que combate la impunidad en este tipo de delitos. Un total de 1500 violaciones ha acreditado y atendido el protocolo.
En los ERRVV intervienen las siguientes instancias del Poder Judicial: Departamento de Investigaciones Criminales, Ciencias Forenses, Medicina Legal, Trabajo Social y Psicología, Oficina de Atención y Protección a la Víctima, Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, Fiscalía Adjunta Penal Juvenil y Fiscalías Adjuntas territoriales durante la disponibilidad.
De parte de la Caja Costarricense del Seguro Social están: Servicios de Emergencias, Trabajo Social y Psicología, Farmacia y Laboratorio. Además de estas instancias también participan: Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Seguridad Pública, Sistema de Emergencias 911, Instituto Nacional de las Mujeres, el Patronato Nacional de la Infancia, Cruz Roja Costarricense, Ministerio de Salud; y Ministerio de Justicia y Paz, así como la Defensa Pública para dar la alerta, cuando conocen de una violación que se generó en el sistema penitenciario.
Magistrada Roxana Chacón.
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