Magistrada Roxana Chacón Artavia, coordinadora de la Comisión de Género y Jeannette Arias Meza, jefa de la Secretaría Técnica de Género, comparecen ante Comisión Permanente Especial de la Mujer
Dar un paso más a favor de las víctimas de delitos sexuales, así como propiciar un trabajo de prevención en el país, es lo que expuso la magistrada Roxana Chacón Artavia, coordinadora de la Comisión de Género del Poder Judicial, ante la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa.
La magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón Artavia y la Jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, Jeannette Arias Meza atendieron la convocatoria del órgano legislativo, que tiene a cargo la tramitación del expediente 23 633, “Ley para la institucionalización legal del Protocolo de las 72 horas y los Equipos de Respuesta Rápida para la atención integral a víctimas de delitos sexuales (ERRVV)”.
“Este proyecto es una iniciativa propia del Poder Judicial. Lo que buscamos es que el protocolo de atención en las primeras 72 horas de ocurrido un delito de violación, que sufren, niñas, niños, adolescentes y mujeres pueda ser elevado a ley, pues permite suministrar los medicamentos de prevención de enfermedades de trasmisión sexual en las primeras horas del hecho y se impulsa la prevención, información y la capacitación de más personas, que conozcan el servicio que se brinda y que ha futuro se pueda contar con presupuesto para extenderlo a zonas más alejadas donde no hemos podido llegar”, puntualizó la magistrada Roxana Chacón.
Se explicó que el Poder Judicial implementa el protocolo en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desde el 2011, para darle una atención más efectiva a las personas víctimas de violación. Hoy se cuentan con 18 equipos completos de Respuesta Rápida funcionando y que se encuentran distribuidos en 20 zonas específicas del país, así como 5 equipos medianamente integrados.
Esto permite disminuir la revictimización de las personas ofendidas y favorece que se obtenga la prueba de forma oportuna, lo que combate la impunidad en este tipo de delitos. Un total de 1500 violaciones ha acreditado y atendido el protocolo.
En los ERRVV intervienen las siguientes instancias del Poder Judicial: Departamento de Investigaciones Criminales, Ciencias Forenses, Medicina Legal, Trabajo Social y Psicología, Oficina de Atención y Protección a la Víctima, Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, Fiscalía Adjunta Penal Juvenil y Fiscalías Adjuntas territoriales durante la disponibilidad.
De parte de la Caja Costarricense del Seguro Social están: Servicios de Emergencias, Trabajo Social y Psicología, Farmacia y Laboratorio. Además de estas instancias también participan: Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Seguridad Pública, Sistema de Emergencias 911, Instituto Nacional de las Mujeres, el Patronato Nacional de la Infancia, Cruz Roja Costarricense, Ministerio de Salud; y Ministerio de Justicia y Paz, así como la Defensa Pública para dar la alerta, cuando conocen de una violación que se generó en el sistema penitenciario.
