Había una vez un gobernante que juraba que su país era el más feliz y próspero del mundo porque cuando viajaba en tren, observaba por la ventana, las casitas bien pintadas y la gente saludándolo con alegría.
Lo que el gobernante no se sabía, es que un grupo de sus seguidores, montaban las fachadas del pueblo por donde iba a pasar y pagaba a la gente para que lo saludara, para hacerle creer que todo andaba bien. Una vez que el gobernante pasaba, se adelantaban y hacían lo mismo en otro y en otro pueblo, de tal manera que el gobernante siempre miraba felicidad y bienestar en toda la nación.
Rodrigo Chaves, al igual que ese gobernante, ignora mucha de la realidad de la Costa Rica que gobierna. Lo engañan los expertos en mercadeo político, lo engañan sus seguidores fanatizados y se engaña solo. Los troles pagados son los que pintan las fachadas de los pueblos prósperos y de gente alegre, en las redes sociales y en los medios comprados.
La Costa Rica, que no conoce, la que no tiene fachadas, es orgullosa de su paz, de su democracia, es de costumbres sencillas y valores profundos como el respeto, la solidaridad, el buen trato… es una Costa Rica desigual, con gente viviendo en pobreza, pero con ganas de luchar.
Rodrigo Chaves y su grupo de expertos, aprovecharon el malestar y la impotencia de la gente ante la corrupción y la impunidad que gozan sectores políticos y económicos tradicionales, recogen esa frustración y utilizan la estrategia de aparecer como el líder fuerte, valiente, confrontativo, justiciero… el que se va a comprar todas las broncas y va a vengar todas las injusticias.
Pero esa imagen se aleja del ser costarricense porque en lugar de paz, genera violencia con su forma de hablar y tratar a los demás. No dialoga, no soluciona, impone. Golpea la democracia burlándose de las instituciones del Estado. Amenaza y humillan a los ganaderos y agricultores, desconoce las carencias y luchas de la gente en los campos, sueña con grupos militares y con un ejército. Le quita el valor y el presupuesto a la cultura, a las artes, a la música. Quiere desmantelar la educación y el seguro social, insiste en vender el Banco de Costa Rica… ese es el tren por el que transita el presidente Chaves y cree que está haciendo las cosas bien, por las fachadas de reverencias y aplausos que observa en cada visita.
El presidente Chaves no acepta que está equivocado, que no es “pura vida” y que la mayoría de la gente rechaza esa manera de gobernar. El problema es que está envuelto en esa estrategia de mercadeo, que no le permite reconocer el error pues sería señal de debilidad y porque cree que está en el camino correcto por los aplausos que recibe de los aduladores y serviles, que lo tienen rodeado y que le colocan fachadas que ocultan la realidad en la que vive la gente.
Este 24 de febrero es el quinto aniversario del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Bröran, Térraba, activista recuperador y defensor de territorios ancestrales de la zona sur de Costa Rica.
Hace cinco años que un asesino confeso, Juan Eduardo Varela Rojas, encontró refugio en la justicia costarricense para gozar de impunidad, alardear de su crimen, ser aplaudido como si fuera una estrella de rock, acosar y amenazar continuamente a las víctimas de sus acciones: doña digna Rivera Navas, su familia y las personas que han atestiguado en contra suyo. Se tratade un alumno destacado de la escuela del horror: fue capaz de asesinar por la espalda de cinco balazos a quien estaba indefenso y decir que fue en defensa propia.
En la sentencia del 1 de febrero del 2023, hay una descripción detallada de la forma en que una turba de no menos de veinte personas atacó al líder indígena, por lo que un tribunal de Pérez Zeledón sentenció a Juan Eduardo Varela a 22 años de prisión por los hechos ocurridos el 24 de febrero de 2020, cuando disparó y mató a Rivera.
Sin embargo, el 17 de julio del 2023, el Tribunal de Apelaciones de Sentencia Penal de Cartago mediante el Voto 2023-263 anuló la sentencia del Tribunal Penal de Pérez Zeledón del 1 de febrero de 2023 y ordenó un nuevo juicio.
El 19 de septiembre de 2024 el Tribunal de Pérez Zeledón absolvió de toda pena y responsabilidad a Juan Eduardo Varela Rojas.
Recientemente, en enero del 2025, se dio a conocer un nuevo pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones de Cartago en que avala la resolución del 19 de septiembre y rechaza la apelación de la sentencia interpuesta por la parte querellante.
La complicidad de estos Tribunales con el asesino confeso y con los ocupantes ilegales es una manera de protegerlos y envalentonarlos para continuar las agresiones, los incendios, las amenazas y el atropello en los territorios indígenas. Desde marzo del 2019 y febrero del 2020, fechas en que fueron asesinados Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera, las mujeres indígenas y la infancia son sus principales víctimas.
El Estado no solo propicia la impunidad, es cómplice indirecto de los asesinatos puesto que no veló por las medidas cautelares que había dictado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, viola constantemente los derechos de las mujeres indígenas al negarles el acceso a la justicia, una vida sin violencia en sus territorios y al propiciar y permitir el racismo en las instituciones que deberían velar por la paz en dichos territorios.
El irrespeto del derecho humano a la verdad marcó la vida de los dos líderes indígenas asesinados y, como si se tratara de una condena para sus madres, esposas, hijas, familias y sus comunidades, se les sigue negando, ya que el sistema judicial costarricense se ha desentendido y atropellado ese derecho al no investigar adecuadamente los delitos y al no condenar como es debido a los asesinos que se pavonean de sus crímenes en los territorios.
¡Justicia para Jerhy Rivera Rivera y para Sergio Rojas Ortiz!
¡No más impunidad!
¡Si los Tribunales no se cansan de proteger asesinos y ocupantes ilegales, no nos cansaremos de denunciarlo a nivel nacional e internacional y exigir que se cumplan las leyes y los Convenios Internacionales!
Firmas responsables: Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera Navas Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos colectivodeapoyodignarivera@gmail.com
Bolivia:
Feminismo Comunitario Antipatriarcal
Costa Rica:
Adela Bermúdez Zúñiga
Adriana Lacle, Médico pensionada
Alejandra Bonilla Leiva, Asociación Tinamaste
Alejandra Martínez Gamboa
Alessandro Rodríguez Chaves, Asistente legal
Alexander Barquero R.
Alicia Eugenia Vargas Porras, jubilada.
Allen Cordero Ulate, docente jubilado
Álvaro Fernández González, docente jubilado
Amílcar Castañeda, Docente Universidad Estatal a Distancia
Ana Carcedo, jubilada.
Ana Chacón Mora, jubilada.
Ana Franzen, Casa del Migrante
Ana Hidalgo, Jubilada
Ana Leonor Ramírez Montes, Psicóloga
Ana Luisa Cerdas, pensionada
Ana María Arenas Romero, enfermera.
Ana Marín, Docente jubilada
Ana Ruth Bonilla Leiva, química
Anacristina Rossi, Escritora y docente en la Universidad de Costa Rica
Aurelia Trejos, Pensionada
Blanca Arce, antropóloga
Cabeto López Herrera
Carmen Brenes, docente jubilada ANDE
Ciska Raventós Vorst, Socióloga
Club del Exocet, biólogo
Dennis Omar Calix, planificador económico social
E. Ramírez Guier, Biólogo
Efraín Retana Fonseca, jubilado
Esteban Boza Obando, Contador
Eyda María Camacho Cantillano, jubilada
F. Mojica, Antropólogo Instituto Tecnológico de Costa Rica
Leila Marcela Sánchez Cortés, promotora política y sindical
Ligia Barrantes Cartín, Agrónoma
Lilliana Zeledón Cambronero, jubilada
Lorena Moreira, jubilada
Lorenzo Ramírez Cardoza, Asesor
Luisa Castillo, bióloga
Luis Mallma Mejorada, docente jubilado ANDE
M. Natalia Chaves Vargas, Estudiante
Macarena Barahona, Investigadora UCR
Manuel Ardón Morera, empresario
Mara. PRT
Marcelo Valverde, Colectivo Iriria Tsóchok
Marco Fournier, Psicólogo
María del Rocío Carro Salas, jubilada
María Elena Guido Chaves, Estudiante
María José Guillén Araya, docente
María Trejos Montero, docente jubilada y DDHH
Marianela Román Solano, psicóloga
Marilyn Morris Zúñiga, MTC
Maritza Salgado Silva, comunicadora
Mechthild Bors de Barquero, pensionada
Metamoforsis, docente
Miguel Barrios Gutiérrez, PRT
Millaray Villalobos Rojas, antropóloga
Minerva Solano Campos
Mirian Chaves Mora
Mirta González Suárez, psicóloga.
Mónica Alemán Araya, Estudiante
Nancy Castro Arce, Hotel Mager
Noah Alejandro Alfaro Arends, Estudiante
Nora Montero Quirós, jubilada
Nubia, docente jubilada
Orlando Barrantes Cartín, MTC
Pamela Reiman, Médico
Rebeca Alvarado Martín, administradora
Rebeca Vaglio Aguilar
Ricardo Arce, diseñador gráfico.
Roberto A Guido Cháves, agricultor
Ronald Solís Alemán
Rosa Corrales, Psicóloga
Seidy Salas, Periodista
Silva Peralta, jubilada
Stella Chinchilla Mora, comunicadora.
Teresa Ramellini, Psicóloga
Valeria Sofía Ramírez Muñoz,estudiante
Verno, Universidad de Costa Rica
Victoria Montero Zeledón
Victoria, Agenda Viva/ANDE
Yamileth Monterrey López, psicóloga
Zulema Jiménez, nutricionista
Organizaciones de Costa Rica:
APRONEP
Asociación Tinamaste
Casa del Migrante
CEFEMINA
Colectiva Coexistir. Igualdad de género y diversidad
Colectivo Iriria Tsóchok
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
Red de Mujeres Rurales. Defensa de derechos de mujeres indígenas y campesinas.
Partido Izquierda Costarricense
Partido Revolucionario de las y los Trabajadores PRT
Internacional Antifascista capítulo Costa Rica, Red de solidaridad con Palestina.
Confederación Unitaria de Trabajadores, Bruno de Jesús Coto Barboza,
Secretario de Prensa y Propaganda
Marta Eugenia Picado Mesén, Jubilada
Asociación Costarricense de Derechos Humanos
Movimiento Patriótico por Costa Rica Soberana
Organización Regenerativa Matzú Insigne. Ente consultivo Comisión Interinstitucional de DDHH
Codepink CR
Asociación Feminista La Corriente
Mujeres Mano de Tigre
Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera
CR Solidaria
Ecuador:
Sisa Pacari Bacacelo
Organización de Ecuador:
Organización del pueblo Saraguro
El Salvador:
Luis Fernando Sandoval Guzmán, docente
España:
Vicent Maurí Genovés, Mestre
Organizaciones de España:
Cat J. Relaciones Internacionales
Enseyants. Solidaris
Estados Unidos
Jaclyn Rolph
Ivonne Garcia Bueso, Asistente Administrativa
HONDURAS
Hedme Castro
Organizaciones Honduras:
ACI PARTICIPA Defensa y protección de personas defensoras de DDHH
Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
MEXICO
Cecilia Sánchez Cruz. Oaxaca, Sección 22
Guadalupe Ojeda, Empleada
Daniela González López, Coordinadora Internacional, Observatorio Derechos
Humanos de los Pueblos
Gabriela Ojeda Azamar. Ama de casa
Márgara Millan. Docente
Sara Unda, académica UNAM
Yarixia Fernanda Mil Pucheta, Ama de casa y Emprendedora
Organizaciones México:
Totlahtol Yoltok » Nuestra Palabra Vive»
MLS
Mujeres líderes
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Integrantes del Consejo Consultivo:
Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández ÁlvarezCoordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile;México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.
Organizaciones integrantes:
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela,Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Comisión Multisectorial del Uruguay; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Comité Impulsor de Sucre – Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Capítulo Bolivia, Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Colectivo por la Paz en Colombia desde México (COLPAZ), Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Colectivo Insurrección Visual, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México; Costa Rica Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC; Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América referente internacional de comunicación popular.
Sobre la reciente Recuperación de Tierras/Territorio en el Territorio Cabécar de Ujarrás, el FRENAPI se dirige a la opinión pública nacional e internacional, DENUNCIA:
El ministro de Seguridad Mario Zamora, en su mensaje falta a la verdad; está mal informado y tuerce la realidad de los hechos, con intereses ocultos: en esa Finca de Ujarrás a la que se refiere, “no hay tal poseedor ‘indígena’ de tercera edad”, con ello miente y encubre a usurpadores no indígenas, antes los Pacheco y ahora Chavarría y sus hijos, matones que han arrebatado nuestras tierras, con la complacencia de la ADI.
Si investiga, se dará cuenta de que tampoco el presidente de la ADI, es una «autoridad» del Territorio de Ujarrás, él está «usurpando» el cargo, ya que NO es Cabécar, no tiene Clan ancestral y “aparentemente” es de Térraba, otra Cultura y otro Territorio. La usurpación de cargo de Nelson Zúñiga en Ujarrás hace sus actos nulos y contra la legislación con la complicidad y respaldo de instituciones del Estado/Gobierno; ejemplo DINADECO.
El incendio de que habla el ministro Zamora, lo provocaron posiblemente entre la policía, “indígenas renegados” y usurpador@s ahí presentes; porque los indígenas no quemamos la piel de la Madre Tierra. Es extraño que los bomberos estuvieran ahí casi de inmediato, cuando nunca acuden a sofocar incendios en Territorios Indígenas.
Las recientes Recuperaciones de Tierras, en tres Territorios Indígenas, son la mejor prueba de que el “conflicto” está latente y que es falsa la propaganda del Estado /Gobierno actual, porque no ha cambiado nada, la usurpación y las agresiones, la injusticia y el abandono están más evidentes que siempre; por más discursos y actos públicos bonitos y folclóricos.
A la Contraloría General de la República y la Defensoría de L@s Habitantes, pedimos investigar los pagos realizados a No indígenas mal llamados “poseedores de Buena fe”, de los que ha informado el Gobierno, ya que en el pasado se hicieron pagos con “estudios sobrevalorados de Fincas, a poseedores que no calificaban” en contubernio con ADIs y CONAI. Son dineros de tod@s l@s costarricenses, que no pueden ser desviados en pagos ilegales.
Al cumplirse 5 años del Asesinato de Jerhy Rivera Rivera (24 febrero 2020), Brörán de Térraba y 6 años del asesinato de Uniwak Sergio Rojas (18 de marzo 2019), Bribri de Salitre; ambos asesinatos impunes, las causas y l@s responsables de esos crímenes siguen vigentes: usurpación de tierras por NO indígenas agresor@s, discriminación, injusticia, violencia y abandono e indiferencia del Estado/Gobierno.
Continúan las campañas de odio y racismo por parte de particulares, funcionari@s, autoridades y medios de comunicación, que promueven más la agresión contra nuestros Pueblos, pacíficos, desarmados y No Violentos.
La impunidad, no sólo de los últimos asesinatos citados, mantiene en libertad a los asesinos, incluido Juan Eduardo Varela, asesino confeso de Jerhy; sino también la impunidad de todas las agresiones, físicas y verbales, la usurpación de nuestras Tierras/ Territorios que se denuncian ante los Tribunales, no se investigan y se archivan los expedientes, ó es tan “retardada” la acción judicial que se prescriben los casos; no así las denuncias de l@s No indígenas, que si se tramitan en el Poder Judicial, la mayoría con sentencias en contra de nuestr@s herman@s.
Lo mismo ocurre con los desalojos administrativos ya aprobados, NO se ejecutan por el Ministerio de Seguridad, amparando a usurpador@s violentos que roban nuestros recursos.
Sumando el irrespeto y desprecio por nuestros sitios Sagrados, nuestras tradiciones culturales, nuestras Espiritualidades y Autoridades propias; por parte de no indígenas, empresas y funcionari@s del Estado. No quieren aplicar la Ley ni hacerla valer.
Es un conjunto de actuaciones y acciones, que poco a poco producen el exterminio de los Pueblos Indígenas, se convierten en una política pública del Estado Costarricense, por Acción u Omisión, y eso es etnocidio, calificado como Delito Internacional contra los Derechos Humanos; son violación a las Leyes Indígenas y a los Convenios Internacionales, en especial el 169 OIT.
FRENAPI continuará la lucha por la Recuperación total de las Tierras/Territorios de todos los Pueblos Indígenas de Costa Rica, así como por el respeto de nuestras Espiritualidades y Culturas Propias, que incluyen Autoridades, sitios Sagrados y Autonomía.
Presidente Chaves, Minitr@s, funcionari@s de ADI, CONAI y DINADECO y demás funcionarios del Estado, la peor forma de «violencia» es la amenaza, NO tenemos miedo, no vamos a retroceder, son más de 530 años de esta lucha, vamos a defender la herencia de nuestr@s ancestros y ancestras, tenemos derechos humanos, vamos a recuperar nuestras Tierras/Territorios; somos descendientes de l@s Habitantes originari@s de Costa Rica, raíz sagrada de este País, merecemos justicia, respeto y sobre todo, vivir en paz.
26 de febrero 2025.
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS de Costa Rica COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA ¡SERGIO Y JEHRY VIVEN – LA LUCHA SIGUE Y SIGUE Y SE EXTIENDE!
Este 24 de febrero es el quinto aniversario del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Bröran, Térraba, activista recuperador y defensor de territorios ancestrales de la zona sur de Costa Rica.
El Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera Navas y el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos le invita a sumar su firma para exigir justicia a las organizaciones internacionales en falta de justicia, y ante la impunidad de que gozan los asesinos y terratenientes en complicidad con el Estado costarricense.
Para leer el texto y apoyar con su firma siga este enlace:
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de febrero de 2025.- Este 6 de febrero de 2025 se cumplen 30 años del asesinato de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández, una mujer que luchó valientemente por la protección de la riqueza ambiental de Tela como Presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texíguat (PROLANSATE). Las acciones de denuncia y defensa que impulsó incomodaron a grupos de poder con fuertes intereses económicos en las zonas protegidas.
Tres décadas después, la impunidad persiste. A pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2009, el Estado de Honduras no ha cumplido su obligación de identificar, procesar y sancionar a todos los responsables de su asesinato. Peor aún, las condiciones que propiciaron su asesinato no solo persisten, sino que se han agravado: Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos para quienes defienden el ambiente y el territorio, en los últimos años ha registrado una de las tasas per cápita más altas de asesinatos de personas defensoras en el mundo, según Global Witness. Ejemplo de esta alarmante realidad es el asesinato de Juan López, reconocido ambientalista y defensor de derechos humanos, asesinado en septiembre de 2024, a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las amenazas que había recibido.
Desde la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) exigimos al Estado hondureño que cumpla con su obligación constitucional e internacional de garantizar el acceso a la justicia en este caso y poner fin a la impunidad para evitar que hechos violentos como este dejen de repetirse en contra de las personas defensoras. Asimismo, reiteramos el llamado a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección para personas defensoras de derechos humanos, asegurando recursos suficientes y una respuesta efectiva ante las crecientes amenazas que enfrentan quienes luchan por la defensa del ambiente y los derechos humanos en Honduras.
Sobre la Mesa de Seguimiento:
La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) se conformó como un esfuerzo conjunto de actores nacionales e internacionales que busca contribuir a que Honduras mejore su sistema normativo, a que se haga justicia y que las violaciones de derechos humanos no se repitan.
Nuestro objetivo es monitorear la implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana, con el fin de señalar sus avances y demoras e informar a la sociedad hondureña y al Tribunal regional sobre la capacidad y voluntad estatal para darle cumplimiento a tales sentencias y así garantizar su efectivo cumplimiento.
Organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) Casa Alianza Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) Equipo Jurídico por los Derechos Humanos Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica Caritas Arquidiócesis de San Pedro Sula Red Lésbica Cattrachas
Han pasado ya varios años que no hay recuperación de nuestra madre tierra y que iniciaron el 2011 los dos asesinados por las recuperaciones, asesinatos que han quedado en la impunidad.
También quedan las palabras del presidente Chaves diciendo que si se continúa con las recuperaciones “los meteré a la cárcel”.
Han sembrado el pánico en nuestras familias que no tienen un pedacito de tierra para sembrar sus sagrados alimentos, se llenaron de pánico porque podrían ser asesinados o metidos a la cárcel; eso es lo que nos espera a los territorios indígenas mientras siguen llenos de usurpadores gozando del poder con que cuentan, pues pueden asesinar y los jueces los dejan libres, incluso siendo un asesino confeso. El de Sergio, un juicio archivado.
Se habla de desarrollar políticas públicas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que a fin de cuentas solo serán más papeles, porque no hablan de modificar el Código Penal y el Agrario dónde estén nuestros derechos indígenas, para que de una vez se cumpla con los procesos judiciales como lo dicta la jurisprudencia internacional y como lo dice el Convenio 169 de la OIT. Solo así nuestros territorio serán libres, ¿o será que los tres poderes de la República esperan que nos cansemos y continuemos con las recuperaciones para que los usurpadores nos asesinen? O que terminemos en la cárcel.
Ya queremos vivir en paz, donde podamos practicar nuestra propia espiritualidad, donde realmente podamos vivir una Navidad y un año nuevo como debería ser, sin miedos; donde podamos tener una cena tranquila sin las miradas burlonas de esos usurpadores. Una gobernanza propia, no una ADI vendida a lo que digan los ladrones de nuestras tierras.
Urge hacer cambios en la legislación y adaptarla al derecho indígena. Los pagos de servicios ambientales, otro robo que nos hacen, nos siguen engañando como cuando nos cambiaban oro por espejos. Eso no puede seguir así, yo realmente espero que los pueblos indígenas no sigamos agachando la cabeza, que ojalá este 2025 volvamos a despertar y que levantemos la frente para defender lo que no pertenece, y que no le tengamos miedo ni a la muerte ni a la cárcel. Que estas tierras son nuestras y que las seguiremos defendiendo, haciendo honor a los que siguen padeciendo la impunidad.
Yo tengo que decir que soy un indígena privilegiado, le agradezco a Protección a la Víctima el acompañamiento, y a los demás les digo: no tengan miedo, cuando los poderosos les dicen que están parcializados con nosotros, porque lo diferente es que ustedes respetan nuestros derechos y aplican la ley.
Espero que puedan leer mi inquietud sobre los derechos indígenas y si bien es cierto que en Navidad se hacen otras cosas, no puedo entender tanto entusiasmo de las personas con la situación difícil que tenemos como país y ya a mí edad, y los años de lucha por nuestros derechos, no miro frutos, y más bien, tenemos un país muy deteriorado.
Urge que hagamos cambios, ojalá para el 2025.
Saludos y abrazos fuertes de este Bröran que les escribo de Crun Shurín, tierra recuperada.
Desde la red de Jubileo Sur/Américas, acompañamos al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en su análisis de la decisión tan demorada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en relación al crimen contra nuestra compañera Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro.
Estas sentencias marcan un precedente importante en la historia de Honduras, como lo señala COPINH, fruto de la lucha incesante de la familia, la organización y todes quienes la han sostenido durante estos casi 10 años. No obstante, la confirmación de siete de las ocho condenas en los juicios de 2018 y 2021, también muestra una vez más, “la existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres, cuyas cabezas, los miembros de la familia Atala, continúan en la impunidad.”
Las modificaciones realizadas para reducir la condena contra David Castillo, y el envío del caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema, reflejan sin duda las presiones del poder económico y político que continúa ejerciendo los responsables intelectuales de estos crímenes en contra de los derechos de las comunidades indígenas y de la naturaleza que tanto luchó Berta para defender, así como los derechos de toda la población hondureña.
Ante esta situación, desde Jubileo Sur/Américas reafirmamos nuestro compromiso solidario en la búsqueda de justicia y nos unimos al llamado de COPINH a redoblar esfuerzos en esta etapa crucial para responsabilizar a los autores intelectuales del crimen.
Reclamamos y seguiremos luchando por Justicia y Reparación para Berta, Gustavo y todas las comunidades indígenas y populares que, en Honduras como en todos nuestros países, sufren la violencia tanto física como socioeconómica, ecológica, patriarcal y racista, del sistema de explotación, endeudamiento y saqueo perpetuo, impuesto desde hace ya cinco siglos.
¡La deuda es con los Pueblos y la Naturaleza, no con los explotadores!
La violencia sexual lesiona los derechos humanos de todas las personas que la viven. La dignidad, como principio fundamental para la garantía del respeto por los derechos de todas las personas, requiere la seguridad de una vida libre de cualquier tipo de violencia. Este debe ser el fin primordial de las instancias públicas encargadas de velar por la promoción, protección y garantía de derechos humanos.
En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa es el órgano parlamentario encargado de llevar adelante las tareas de control político y legislación para erradicar los patrones culturales y sociales de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación en contra de cualquier persona, independientemente de su condición social. Asimismo, la perpetración de la violencia no distingue de posiciones políticas ni clase social, siendo especialmente grave y tortuosa para las sobrevivientes cuando la comete una persona en posición de poder y notoriedad pública.
En días recientes se conoció que el Ministerio Público investiga al diputado del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, miembro de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, por el delito de abuso sexual en contra de persona mayor de edad. Si bien se reconoce el derecho de defensa, presunción de inocencia y debido proceso que le asiste a cualquier persona en las instancias judiciales, no se puede omitir que los procedimientos penales por delitos de violencia sexual también acarrean una enorme carga de revictimización, estigmas, prejuicios y costos personales para las personas denunciantes.
Tener una vida libre de violencia es un derecho humano. Por ello, las personas y organizaciones que suscribimos este manifiesto solicitamos públicamente al diputado Alvarado Muñoz abandonar su puesto como miembro permanente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa hasta tanto no se esclarezcan los hechos alrededor del grave delito por el cual se le investiga.
Consideramos que la violencia sexual es sumamente grave, y es deber de la institucionalidad apoyar a las denunciantes y no someterlas a situaciones de revictimización frente a sus presuntos agresores. Aunado a lo anterior, Costa Rica atraviesa una dolorosa espiral de violencia machista que demanda a las personas en puestos de representación popular brindar un ejemplo respetuoso de la dignidad, integridad y seguridad de todas las personas.
La Comisión de Derechos Humanos es un espacio en el cual se debaten asuntos que inciden directamente en el derecho a vivir una vida libre de violencia, razón por la cual no resulta apropiado ni pertinente que una persona cuestionada por aparentes delitos sexuales sea parte de este órgano vital.
Finalmente, se hace un llamado para todas las personas víctimas y sobrevivientes de violencia sexual a alzar su voz y denunciar. Romper el silencio es el primer paso para acabar con el encubrimiento y la impunidad. Asimismo, se insta a la sociedad en general a respaldar a las personas denunciantes de cualquier caso de abuso y violencia, con el fin de que se sientan fortalecidas y acompañadas en sus procesos de denuncia y sanación.
Suscriben,
Elizabeth Odio Benito, cédula 4-0078-0585 María Amalia Matamoros Landázuri, cédula 4-0145-0213 Marco Zúñiga Badilla, cédula 1-1740-00858 Roxana Víquez Salazar, cédula 1-0418-1237 Karla Salguero Moya, cédula 1-0748-0133 Julia María Ardón Morera, cédula 2-0386-0415 Mari Paz Matamoros Matamoros, cédula 4-0189-0362 Amanda Arroyo Cabezas, cédula 1-1656-0001 Yamileth Astorga Espeleta, cédula 1-0540-0192 Mauro Fernández Acuña Yalile Chan Jiménez, cédula 1-0567-0078 Gabriela Saborío de la Espriella, cédula 1-0572-0355 Guillermo Arroyo Muñoz, cédula 1-0444-0252 Nerina Carmona Castro, cédula 1-0616-0754 Ana Cecilia Castro Calzada, cédula 1-0561-0190 Yara Mourelo González, cédula 2-0382-0947 César Castro Azofefia, cédula 1-1542-0195 Irene Salazar Carvajal, cédula 1-0733-0462 Sergio Iván Alfaro Salas, cédula 2-0464-0844 Nidia Molina Sibaja, cédula 2-0393-0669 Gerardo Hernández Naranjo, cédula 1-0677-0083 Vivian Solís Espinoza, cédula 1-1032-0333 Xinia Herrera Durán, cédula 2-0344-0672 Laura Astorga Carrera, cédula 1-0914-0100 Ana Beatriz Fernández González, cédula 1-0625-0678 Ana Zulema Jiménez Soto, cédula 1-0488-0193 Marta Solano Arias, cédula 1-0453-0311 Ana Helena Chacón Echeverría, cédula 1-0567-0359 Leda Zamora Chaves, cédula 2-0433-0362 Ricardo León Gómez, cédula 3-0445-0638 Ana Leonor Ramírez Montes, cédula 1-0483-0426 María Cecilia Aguilar Lara, cédula 2-0252-0321 Wendy Vásquez Pessoa, cédula 3-0364-0290 Carla Ramírez Brunetti, cédula 1-0648-0825 Cristina Salas, cédula 2-0388-0960 Eugenia Solís Umaña, cédula 1-0442-0132 Marlene Mora Camacho, cédula 1-0402-1336 Ana Lorena Hidalgo Solís, cédula 1-0468-0075 Rocío Abarca Sánchez, cédula 7-0160-0677 Luz María Chacón León, 2-0336-0097 Margarita Bolaños Arquín, cédula 1-0407-0764 Yolanda Bertozzi Barrantes, cédula 1-0399-0589 Yolanda Rojas Rodríguez, cédula 9-0012-0762 María José De la Mata Mora, cédula 1-1131-0257 Norman José Solórzano Alfaro, cédula 2-0405-0106 Nelsy Saborío Rodríguez, cédula 1-0630-0624 Jenny Castro Acuña, cédula 1-0649-0965 Haydée Hernández Pérez, cédula 1-0559-0946 Claudia Vargas Medal, cédula 155827353415 Georgina Hidalgo Rojas, cédula 2-0325-0498 Sylvia Mesa Puluffo, cédula 8-0090-0464 Ariane Garnier, cédula 1-0624-0634 Syndell Bedoya Rivera, cédula 1-0584-0088 Gabriela Delgado Hidalgo, cédula 1-0963-0626 Eugenia Solís Umaña, cédula 1-0442-0132 Cristina Santamaría Navarro, cédula 6-0161-0193 Nuria Gamboa Mora, cédula 1-0533-0375 Thais Aguilar Zúñiga, cédula 1-0587-0972 Grettel Andrade Cambronero, cédula 1-0953-0838 Rubieth Jaén Angulo, cédula 5-0148-0959 Ericka María Álvarez Ramírez, cédula 2-0532-0025 Damaris Solano Murillo, cédula 5-0193-0665 Sandra Cartín Herrera, cédula 2-0343-0634 María Flor Abarca Alpízar, cédula 2-0285-0063 Nidia García Zamora, cédula 4-0171-0744 Rosa Alvarado, cédula 1-0403-1030 Ana María Botey Sobrado, cédula 1-0473-0692 Yamileth González García, cédula 2-0246-0555 Sonia Marta Mora Escalante, cédula 1-0412-1470 Elizabeth Briceño Jiménez, cédula 1-0721-0134 Jane Seglau Earle, cédula 8-0061-0877 Ana Leonor Saravia Vivas, cédula 1-0838-0916 Alma Aisemberg Saravia, cédula 1-1852-0879 Rebeca Eugenia Quesada Guell, cédula 1-0555-0138 Adriana Sequeira Gómez, cédula 1-1093-0980 Gloriela Brenes Murillo, cédula 1-0741-0195 Sary Montero Cabezas, cédula 2-0259-0860 Lorna Chacón Martínez, cédula 2-0481-0863 Silvia Monge Retana, cédula 1-0737-0490 Daniela Cordero Ardon, cédula 4-0183-0087 América Ardón Apuy, cédula 2-0632-0903 Catalina Obregón, cédula 1-0753-0231 Sara Schifter Sharatt, cédula 1-0313-0051 Dunia Espinoza Esquivel, cédula 1-0847-0569 Seidy Salas Víquez, cédula 1-0864-0094
Cese a la impunidad del asesinato del indígena Bröran Jerhy Rivera Rivera, del territorio térraba de Costa Rica.
El Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera Navas invita a todas las personas, organizaciones o colectivos que deseen solidarizarse y suscribir esta carta que será entregada el martes 17 de diciembre a dicho tribunal de apelación.
Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres – 25 de noviembre. En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, diversas organizaciones, colectivos, grupos, partidos y activistas independientes convocamos a una Gran Marcha Nacional para exigir respuestas concretas ante la crisis de violencia que enfrentan las mujeres en Costa Rica. En un contexto donde la violencia de género ha alcanzado niveles alarmantes, exigimos la Declaratoria de Emergencia Nacional por violencia hacia las mujeres por parte del Gobierno, a sabiendas de las características machistas y autoritarias de Rodrigo Chaves. Ante la falta de acciones contundentes, las mujeres declaramos esta emergencia desde las calles, reafirmando nuestra lucha y exigencia de justicia para todas.
Datos recientes del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y el Acceso a la Justicia del Poder Judicial reflejan una situación crítica. Se contabilizan hasta la fecha 21 femicidios y alrededor de 70 muertes violentas de mujeres. Además, los crímenes de odio hacia las mujeres trans continúan siendo desatendidos y tratados de forma transfobia en medios y espacios públicos. La inacción del Estado costarricense ha dejado en evidencia una falta de cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención y justicia, lo que ha permitido un aumento en la violencia y un ambiente de impunidad. La violencia patriarcal es un problema estructural vinculado a la pobreza, las desigualdades y precarización del trabajo y condiciones de vida en el sistema capitalista.
Las instituciones responsables de la protección de las mujeres han sido debilitadas por recortes presupuestarios y decisiones políticas de este gobierno. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) ha sido instrumentalizado políticamente, alejándose de su labor de colaboración con organizaciones civiles y sectores que han luchado históricamente contra la violencia de género, incumpliendo con las obligaciones jurídicas de protección especial como la CEDAW y Belém Do Pará. Las iniciativas gubernamentales -usadas para lavar la imagen del gobierno-, como los «puntos violetas» han sido estrategias que no han generado cambios significativos en la vida de las mujeres, dejando a muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. Nos solidarizamos con las personas trabajadoras del INAMU a quienes diferenciamos de las jerarquías gubernamentales responsables de estas acciones denunciadas.
El sistema judicial ha sido cómplice de esta violencia, dándonos la espalda al momento de denunciar, mostrando debilidad y falta de compromiso en el acompañamiento a las víctimas. Este sistema, aludiendo a la falta de recursos, evade profundizar en la búsqueda de las tantas mujeres desaparecidas hasta encontrarlas, como ocurre con Nancy Chacón, Daniela Escobar y la niña Keibril García. Por si fuera poco, también se tarda en llevar a juicio a asesinos en los casos de femicidios como los de Fernanda y Raisha, Natali Madriz y Yuli Ureña los cuales irán a juicio prontamente debido a la presión de sus familiares.
El Ministerio de Educación Pública y las universidades estatales han enfrentado una serie de recortes que incluyen ataques a personas trabajadoras de la educación y a la permanencia de estudiantes en el sistema educativo, con menos recursos para comedores, transporte y becas. La ausencia de programas de igualdad y equidad de género afecta a las juventudes y niñez, negándoles una educación sin violencia. Se ha recortado el presupuesto también de Acueductos y Alcantarillados perjudicando el acceso hacia el agua. Los recortes en el Ministerio de la Vivienda hacen que el presupuesto sea el menor en los últimos años por lo cual acceder a un bono de vivienda es cada vez más difícil perjudicando a las mujeres de sectores populares y sus familias.
Por otro lado, la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) también se encuentra bajo amenaza debido a recortes y privatización, limitando el acceso a la salud pública, lo que afecta de manera desigual a las mujeres. La situación es especialmente crítica en regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), donde los recursos para la atención de salud de las mujeres son escasos. Además, se ha negado la inversión en obra pública como la construcción del Hospital de Cartago.
Es fundamental que defendamos las conquistas sociales que han significado las instituciones públicas y exijamos el mejoramiento de los servicios públicos.
Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar siguen siendo vulnerados en Costa Rica. A pesar de que el Código Penal establece el acceso al aborto terapéutico desde hace más de 50 años y de que existen una norma técnica y un protocolo de la C.C.S.S., aún no se garantiza plenamente este derecho, como fue evidente en los casos de Ana en 2007 y de Aurora en 2012. Esta situación refleja una forma de violencia que enfrentan las mujeres en el país, quienes carecen de la libertad para decidir sobre sus cuerpos, ya que el aborto continúa siendo ilegal. Inclusive, el país sigue incumpliendo con su obligación de recolectar datos actualizados sobre interrupción del embarazo pero según la Asociación Demográfica Costarricense, entre 2007 y el 2008, se realizaron aproximadamente 27,000 abortos inducidos.
De manera solidaria, levantamos la voz contra la ocupación en Palestina y la política de exterminio llevado a cabo por Israel hacia el pueblo palestino, exigimos la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, en solidaridad con el pueblo palestino.
Exigimos el cumplimiento de la ley que se encarga de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política en Costa Rica vigente y demandamos la aprobación de normativa para que la política sea un espacio seguro para las Mujeres.
Hacemos un llamado al feminismo y al movimiento de mujeres a sostener la independencia y autonomía de nuestro pensamiento frente al Estado, instituciones y sectores anti derechos, y a desarrollar un movimiento a nivel nacional por medio de movilizaciones callejeras para luchar contra la violencia machista.
Las organizaciones firmantes, unidas bajo la consigna «Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos», demandamos:
La Declaratoria de Emergencia.
Justicia para Fernanda y Raisha (en el juicio que inicia el 2 de diciembre), para Yuli Ureña (en el juicio que inicia el 4 de diciembre) y para Naty Madriz (en el juicio que inicia el 22 de enero del 2025),
Aprobación de los proyectos de ley que exigen las mujeres sobrevivientes de tentativa de femicidio y de Familias Sobreviviendo el Femicidio.
La despenalización del aborto tal y como fue recomendado por diferentes países en 2 ciclos en el Examen Periódico Universal coincidiendo con el criterio del Comité CEDAW en los casos de violación, incesto, riesgo para la vida o salud de la mujer y malformación grave del feto.
La legalización del aborto seguro, libre y gratuito.
Instamos a todo el país a unirse a esta marcha para alzar nuestras voces en contra de la violencia basada en género, los discursos de odio y la impunidad. Exigimos políticas de prevención eficaces y el fortalecimiento de los servicios públicos y de las instituciones comprometidas con la protección de los derechos de las mujeres.
