Etiqueta: impunidad

Un nuevo aniversario del asesinato de Jerhy Rivera Rivera

Escrito en 27/02/2025. Publicado en Derechos.

Este 24 de febrero es el quinto aniversario del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Bröran, Térraba, activista recuperador y defensor de territorios ancestrales de la zona sur de Costa Rica.

Hace cinco años que un asesino confeso, Juan Eduardo Varela Rojas, encontró refugio en la justicia costarricense para gozar de impunidad, alardear de su crimen, ser aplaudido como si fuera una estrella de rock, acosar y amenazar continuamente a las víctimas de sus acciones: doña digna Rivera Navas, su familia y las personas que han atestiguado en contra suyo. Se trata de un alumno destacado de la escuela del horror: fue capaz de asesinar por la espalda de cinco balazos a quien estaba indefenso y decir que fue en defensa propia.

En la sentencia del 1 de febrero del 2023, hay una descripción detallada de la forma en que una turba de no menos de veinte personas atacó al líder indígena, por lo que un tribunal de Pérez Zeledón sentenció a Juan Eduardo Varela a 22 años de prisión por los hechos ocurridos el 24 de febrero de 2020, cuando disparó y mató a Rivera.

Sin embargo, el 17 de julio del 2023, el Tribunal de Apelaciones de Sentencia Penal de Cartago mediante el Voto 2023-263 anuló la sentencia del Tribunal Penal de Pérez Zeledón del 1 de febrero de 2023 y ordenó un nuevo juicio.

El 19 de septiembre de 2024 el Tribunal de Pérez Zeledón absolvió de toda pena y responsabilidad a Juan Eduardo Varela Rojas.

Recientemente, en enero del 2025, se dio a conocer un nuevo pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones de Cartago en que avala la resolución del 19 de septiembre y rechaza la apelación de la sentencia interpuesta por la parte querellante.

La complicidad de estos Tribunales con el asesino confeso y con los ocupantes ilegales es una manera de protegerlos y envalentonarlos para continuar las agresiones, los incendios, las amenazas y el atropello en los territorios indígenas. Desde marzo del 2019 y febrero del 2020, fechas en que fueron asesinados Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera, las mujeres indígenas y la infancia son sus principales víctimas.

El Estado no solo propicia la impunidad, es cómplice indirecto de los asesinatos puesto que no veló por las medidas cautelares que había dictado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, viola constantemente los derechos de las mujeres indígenas al negarles el acceso a la justicia, una vida sin violencia en sus territorios y al propiciar y permitir el racismo en las instituciones que deberían velar por la paz en dichos territorios.

El irrespeto del derecho humano a la verdad marcó la vida de los dos líderes indígenas asesinados y, como si se tratara de una condena para sus madres, esposas, hijas, familias y sus comunidades, se les sigue negando, ya que el sistema judicial costarricense se ha desentendido y atropellado ese derecho al no investigar adecuadamente los delitos y al no condenar como es debido a los asesinos que se pavonean de sus crímenes en los territorios.

¡Justicia para Jerhy Rivera Rivera y para Sergio Rojas Ortiz!

¡No más impunidad!

¡Si los Tribunales no se cansan de proteger asesinos y ocupantes ilegales, no nos cansaremos de denunciarlo a nivel nacional e internacional y exigir que se cumplan las leyes y los Convenios Internacionales!

Firmas responsables:
Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera Navas
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
colectivodeapoyodignarivera@gmail.com

Bolivia:

Feminismo Comunitario Antipatriarcal

Costa Rica:

Adela Bermúdez Zúñiga

Adriana Lacle, Médico pensionada

Alejandra Bonilla Leiva, Asociación Tinamaste

Alejandra Martínez Gamboa

Alessandro Rodríguez Chaves, Asistente legal

Alexander Barquero R.

Alicia Eugenia Vargas Porras, jubilada.

Allen Cordero Ulate, docente jubilado

Álvaro Fernández González, docente jubilado

Amílcar Castañeda, Docente Universidad Estatal a Distancia

Ana Carcedo, jubilada.

Ana Chacón Mora, jubilada.

Ana Franzen, Casa del Migrante

Ana Hidalgo, Jubilada

Ana Leonor Ramírez Montes, Psicóloga

Ana Luisa Cerdas, pensionada

Ana María Arenas Romero, enfermera.

Ana Marín, Docente jubilada

Ana Ruth Bonilla Leiva, química

Anacristina Rossi, Escritora y docente en la Universidad de Costa Rica

Aurelia Trejos, Pensionada

Blanca Arce, antropóloga

Cabeto López Herrera

Carmen Brenes, docente jubilada ANDE

Ciska Raventós Vorst, Socióloga

Club del Exocet, biólogo

Dennis Omar Calix, planificador económico social

E. Ramírez Guier, Biólogo

Efraín Retana Fonseca, jubilado

Esteban Boza Obando, Contador

Eyda María Camacho Cantillano, jubilada

F. Mojica, Antropólogo Instituto Tecnológico de Costa Rica

Fabiola Bernal, educadora

Félix López Zambrana, Jornalero

Fernando Rudín Vega, artista visual

Francesca Galuppo Briceño, Estudiante

Gerson Chaves Murillo, Estudiante Ingeniería Forestal

Guadalupe Urbina Juárez, música

Guiomar Martín Tedman, jubilada

Home Elizondo Vargas, Estudiante

Javier Carvajal Monterrey

Jimena Bermúdez Rodríguez, estudiante

Jimena Cruz Porras, estudiante/agente crediticia

Juan Carlos Cruz B, Comunicador, jubilado

Juan Gómez Torres

Laura Garbanzo Guzmán

Leda. Oficinista.

Leila Marcela Sánchez Cortés, promotora política y sindical

Ligia Barrantes Cartín, Agrónoma

Lilliana Zeledón Cambronero, jubilada

Lorena Moreira, jubilada

Lorenzo Ramírez Cardoza, Asesor

Luisa Castillo, bióloga

Luis Mallma Mejorada, docente jubilado ANDE

M. Natalia Chaves Vargas, Estudiante

Macarena Barahona, Investigadora UCR

Manuel Ardón Morera, empresario

Mara. PRT

Marcelo Valverde, Colectivo Iriria Tsóchok

Marco Fournier, Psicólogo

María del Rocío Carro Salas, jubilada

María Elena Guido Chaves, Estudiante

María José Guillén Araya, docente

María Trejos Montero, docente jubilada y DDHH

Marianela Román Solano, psicóloga

Marilyn Morris Zúñiga, MTC

Maritza Salgado Silva, comunicadora

Mechthild Bors de Barquero, pensionada

Metamoforsis, docente

Miguel Barrios Gutiérrez, PRT

Millaray Villalobos Rojas, antropóloga

Minerva Solano Campos

Mirian Chaves Mora

Mirta González Suárez, psicóloga.

Mónica Alemán Araya, Estudiante

Nancy Castro Arce, Hotel Mager

Noah Alejandro Alfaro Arends, Estudiante

Nora Montero Quirós, jubilada

Nubia, docente jubilada

Orlando Barrantes Cartín, MTC

Pamela Reiman, Médico

Rebeca Alvarado Martín, administradora

Rebeca Vaglio Aguilar

Ricardo Arce, diseñador gráfico.

Roberto A Guido Cháves, agricultor

Ronald Solís Alemán

Rosa Corrales, Psicóloga

Seidy Salas, Periodista

Silva Peralta, jubilada

Stella Chinchilla Mora, comunicadora.

Teresa Ramellini, Psicóloga

Valeria Sofía Ramírez Muñoz,estudiante

Verno, Universidad de Costa Rica

Victoria Montero Zeledón

Victoria, Agenda Viva/ANDE

Yamileth Monterrey López, psicóloga

Zulema Jiménez, nutricionista

Organizaciones de Costa Rica:

APRONEP

Asociación Tinamaste

Casa del Migrante

CEFEMINA

Colectiva Coexistir. Igualdad de género y diversidad

Colectivo Iriria Tsóchok

Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)

Red de Mujeres Rurales. Defensa de derechos de mujeres indígenas y campesinas.

Partido Izquierda Costarricense

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores PRT

Internacional Antifascista capítulo Costa Rica, Red de solidaridad con Palestina.

Confederación Unitaria de Trabajadores, Bruno de Jesús Coto Barboza,

Secretario de Prensa y Propaganda

Marta Eugenia Picado Mesén, Jubilada

Asociación Costarricense de Derechos Humanos

Movimiento Patriótico por Costa Rica Soberana

Organización Regenerativa Matzú Insigne. Ente consultivo Comisión Interinstitucional de DDHH

Codepink CR

Asociación Feminista La Corriente

Mujeres Mano de Tigre

Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera

CR Solidaria

Ecuador:

Sisa Pacari Bacacelo

Organización de Ecuador:

Organización del pueblo Saraguro

El Salvador:

Luis Fernando Sandoval Guzmán, docente

España:

Vicent Maurí Genovés, Mestre

Organizaciones de España:

Cat J. Relaciones Internacionales

Enseyants. Solidaris

Estados Unidos

Jaclyn Rolph

Ivonne Garcia Bueso, Asistente Administrativa

HONDURAS

Hedme Castro

Organizaciones Honduras:

ACI PARTICIPA Defensa y protección de personas defensoras de DDHH

Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras

MEXICO

Cecilia Sánchez Cruz. Oaxaca, Sección 22

Guadalupe Ojeda, Empleada

Daniela González López, Coordinadora Internacional, Observatorio Derechos

Humanos de los Pueblos

Gabriela Ojeda Azamar. Ama de casa

Márgara Millan. Docente

Sara Unda, académica UNAM

Yarixia Fernanda Mil Pucheta, Ama de casa y Emprendedora

Organizaciones México:

Totlahtol Yoltok » Nuestra Palabra Vive»

MLS

Mujeres líderes

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Comisión Multisectorial del Uruguay; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Comité Impulsor de Sucre – Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Capítulo Bolivia, Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Colectivo por la Paz en Colombia desde México (COLPAZ), Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Colectivo Insurrección Visual, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México; Costa Rica Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC; Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América referente internacional de comunicación popular.

Ministro Zamora miente, oculta la verdad y ampara usurpación en Territorios Indígenas

Escrito en 26/02/2025. Publicado en Derechos.

Declaración de FRENAPI

Sobre la reciente Recuperación de Tierras/Territorio en el Territorio Cabécar de Ujarrás, el FRENAPI se dirige a la opinión pública nacional e internacional, DENUNCIA:

El ministro de Seguridad Mario Zamora, en su mensaje falta a la verdad; está mal informado y tuerce la realidad de los hechos, con intereses ocultos: en esa Finca de Ujarrás a la que se refiere, “no hay tal poseedor ‘indígena’ de tercera edad”, con ello miente y encubre a usurpadores no indígenas, antes los Pacheco y ahora Chavarría y sus hijos, matones que han arrebatado nuestras tierras, con la complacencia de la ADI.

Si investiga, se dará cuenta de que tampoco el presidente de la ADI, es una «autoridad» del Territorio de Ujarrás, él está «usurpando» el cargo, ya que NO es Cabécar, no tiene Clan ancestral y “aparentemente” es de Térraba, otra Cultura y otro Territorio. La usurpación de cargo de Nelson Zúñiga en Ujarrás hace sus actos nulos y contra la legislación con la complicidad y respaldo de instituciones del Estado/Gobierno; ejemplo DINADECO.

El incendio de que habla el ministro Zamora, lo provocaron posiblemente entre la policía, “indígenas renegados” y usurpador@s ahí presentes; porque los indígenas no quemamos la piel de la Madre Tierra. Es extraño que los bomberos estuvieran ahí casi de inmediato, cuando nunca acuden a sofocar incendios en Territorios Indígenas.

Las recientes Recuperaciones de Tierras, en tres Territorios Indígenas, son la mejor prueba de que el “conflicto” está latente y que es falsa la propaganda del Estado /Gobierno actual, porque no ha cambiado nada, la usurpación y las agresiones, la injusticia y el abandono están más evidentes que siempre; por más discursos y actos públicos bonitos y folclóricos.

A la Contraloría General de la República y la Defensoría de L@s Habitantes, pedimos investigar los pagos realizados a No indígenas mal llamados “poseedores de Buena fe”, de los que ha informado el Gobierno, ya que en el pasado se hicieron pagos con “estudios sobrevalorados de Fincas, a poseedores que no calificaban” en contubernio con ADIs y CONAI. Son dineros de tod@s l@s costarricenses, que no pueden ser desviados en pagos ilegales.

Al cumplirse 5 años del Asesinato de Jerhy Rivera Rivera (24 febrero 2020), Brörán de Térraba y 6 años del asesinato de Uniwak Sergio Rojas (18 de marzo 2019), Bribri de Salitre; ambos asesinatos impunes, las causas y l@s responsables de esos crímenes siguen vigentes: usurpación de tierras por NO indígenas agresor@s, discriminación, injusticia, violencia y abandono e indiferencia del Estado/Gobierno.

Continúan las campañas de odio y racismo por parte de particulares, funcionari@s, autoridades y medios de comunicación, que promueven más la agresión contra nuestros Pueblos, pacíficos, desarmados y No Violentos.

La impunidad, no sólo de los últimos asesinatos citados, mantiene en libertad a los asesinos, incluido Juan Eduardo Varela, asesino confeso de Jerhy; sino también la impunidad de todas las agresiones, físicas y verbales, la usurpación de nuestras Tierras/ Territorios que se denuncian ante los Tribunales, no se investigan y se archivan los expedientes, ó es tan “retardada” la acción judicial que se prescriben los casos; no así las denuncias de l@s No indígenas, que si se tramitan en el Poder Judicial, la mayoría con sentencias en contra de nuestr@s herman@s.

Lo mismo ocurre con los desalojos administrativos ya aprobados, NO se ejecutan por el Ministerio de Seguridad, amparando a usurpador@s violentos que roban nuestros recursos.

Sumando el irrespeto y desprecio por nuestros sitios Sagrados, nuestras tradiciones culturales, nuestras Espiritualidades y Autoridades propias; por parte de no indígenas, empresas y funcionari@s del Estado. No quieren aplicar la Ley ni hacerla valer.

Es un conjunto de actuaciones y acciones, que poco a poco producen el exterminio de los Pueblos Indígenas, se convierten en una política pública del Estado Costarricense, por Acción u Omisión, y eso es etnocidio, calificado como Delito Internacional contra los Derechos Humanos; son violación a las Leyes Indígenas y a los Convenios Internacionales, en especial el 169 OIT.

FRENAPI continuará la lucha por la Recuperación total de las Tierras/Territorios de todos los Pueblos Indígenas de Costa Rica, así como por el respeto de nuestras Espiritualidades y Culturas Propias, que incluyen Autoridades, sitios Sagrados y Autonomía.

Presidente Chaves, Minitr@s, funcionari@s de ADI, CONAI y DINADECO y demás funcionarios del Estado, la peor forma de «violencia» es la amenaza, NO tenemos miedo, no vamos a retroceder, son más de 530 años de esta lucha, vamos a defender la herencia de nuestr@s ancestros y ancestras, tenemos derechos humanos, vamos a recuperar nuestras Tierras/Territorios; somos descendientes de l@s Habitantes originari@s de Costa Rica, raíz sagrada de este País, merecemos justicia, respeto y sobre todo, vivir en paz.

26 de febrero 2025.

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS de Costa Rica
COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
¡SERGIO Y JEHRY VIVEN – LA LUCHA SIGUE Y SIGUE Y SE EXTIENDE!

¡Justicia para Jerhy Rivera Rivera y para Sergio Rojas Ortiz!¡No más impunidad! Campaña de firmas

Escrito en 19/02/2025. Publicado en Derechos.

El Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera Navas y el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos le invita a sumar su firma para exigir justicia a las organizaciones internacionales en falta de justicia, y ante la impunidad de que gozan los asesinos y terratenientes en complicidad con el Estado costarricense.

Para leer el texto y apoyar con su firma siga este enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEhtXY9XMhnjQrDPu17FBNRmieJdcR9PTPunuxaXYfuoVrwA/viewform?usp=dialog

Mesa de Seguimiento de Sentencias: “Tras 30 años sin justicia, decimos: BLANCA JEANNETTE KAWAS, PRESENTE”

Escrito en 10/02/2025. Publicado en Derechos.

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de febrero de 2025.- Este 6 de febrero de 2025 se cumplen 30 años del asesinato de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández, una mujer que luchó valientemente por la protección de la riqueza ambiental de Tela como Presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texíguat (PROLANSATE). Las acciones de denuncia y defensa que impulsó incomodaron a grupos de poder con fuertes intereses económicos en las zonas protegidas.

Tres décadas después, la impunidad persiste. A pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2009, el Estado de Honduras no ha cumplido su obligación de identificar, procesar y sancionar a todos los responsables de su asesinato. Peor aún, las condiciones que propiciaron su asesinato no solo persisten, sino que se han agravado: Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos para quienes defienden el ambiente y el territorio, en los últimos años ha registrado una de las tasas per cápita más altas de asesinatos de personas defensoras en el mundo, según Global Witness. Ejemplo de esta alarmante realidad es el asesinato de Juan López, reconocido ambientalista y defensor de derechos humanos, asesinado en septiembre de 2024, a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las amenazas que había recibido.

Desde la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) exigimos al Estado hondureño que cumpla con su obligación constitucional e internacional de garantizar el acceso a la justicia en este caso y poner fin a la impunidad para evitar que hechos violentos como este dejen de repetirse en contra de las personas defensoras. Asimismo, reiteramos el llamado a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección para personas defensoras de derechos humanos, asegurando recursos suficientes y una respuesta efectiva ante las crecientes amenazas que enfrentan quienes luchan por la defensa del ambiente y los derechos humanos en Honduras.

Sobre la Mesa de Seguimiento:

La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) se conformó como un esfuerzo conjunto de actores nacionales e internacionales que busca contribuir a que Honduras mejore su sistema normativo, a que se haga justicia y que las violaciones de derechos humanos no se repitan.

Nuestro objetivo es monitorear la implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana, con el fin de señalar sus avances y demoras e informar a la sociedad hondureña y al Tribunal regional sobre la capacidad y voluntad estatal para darle cumplimiento a tales sentencias y así garantizar su efectivo cumplimiento.

Organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento:

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Casa Alianza
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos
Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica
Caritas Arquidiócesis de San Pedro Sula
Red Lésbica Cattrachas

Desde Crun Shurín tierra recuperada, al cambiar de año

Escrito en 01/01/2025. Publicado en Comunidad.

Pablo Sibar

Termina el 2024 e inicia el 2025.

Han pasado ya varios años que no hay recuperación de nuestra madre tierra y que iniciaron el 2011 los dos asesinados por las recuperaciones, asesinatos que han quedado en la impunidad.

También quedan las palabras del presidente Chaves diciendo que si se continúa con las recuperaciones “los meteré a la cárcel”.

Han sembrado el pánico en nuestras familias que no tienen un pedacito de tierra para sembrar sus sagrados alimentos, se llenaron de pánico porque podrían ser asesinados o metidos a la cárcel; eso es lo que nos espera a los territorios indígenas mientras siguen llenos de usurpadores gozando del poder con que cuentan, pues pueden asesinar y los jueces los dejan libres, incluso siendo un asesino confeso. El de Sergio, un juicio archivado.

Se habla de desarrollar políticas públicas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que a fin de cuentas solo serán más papeles, porque no hablan de modificar el Código Penal y el Agrario dónde estén nuestros derechos indígenas, para que de una vez se cumpla con los procesos judiciales como lo dicta la jurisprudencia internacional y como lo dice el Convenio 169 de la OIT. Solo así nuestros territorio serán libres, ¿o será que los tres poderes de la República esperan que nos cansemos y continuemos con las recuperaciones para que los usurpadores nos asesinen? O que terminemos en la cárcel.

Ya queremos vivir en paz, donde podamos practicar nuestra propia espiritualidad, donde realmente podamos vivir una Navidad y un año nuevo como debería ser, sin miedos; donde podamos tener una cena tranquila sin las miradas burlonas de esos usurpadores. Una gobernanza propia, no una ADI vendida a lo que digan los ladrones de nuestras tierras.

Urge hacer cambios en la legislación y adaptarla al derecho indígena. Los pagos de servicios ambientales, otro robo que nos hacen, nos siguen engañando como cuando nos cambiaban oro por espejos. Eso no puede seguir así, yo realmente espero que los pueblos indígenas no sigamos agachando la cabeza, que ojalá este 2025 volvamos a despertar y que levantemos la frente para defender lo que no pertenece, y que no le tengamos miedo ni a la muerte ni a la cárcel. Que estas tierras son nuestras y que las seguiremos defendiendo, haciendo honor a los que siguen padeciendo la impunidad.

Yo tengo que decir que soy un indígena privilegiado, le agradezco a Protección a la Víctima el acompañamiento, y a los demás les digo: no tengan miedo, cuando los poderosos les dicen que están parcializados con nosotros, porque lo diferente es que ustedes respetan nuestros derechos y aplican la ley.

Espero que puedan leer mi inquietud sobre los derechos indígenas y si bien es cierto que en Navidad se hacen otras cosas, no puedo entender tanto entusiasmo de las personas con la situación difícil que tenemos como país y ya a mí edad, y los años de lucha por nuestros derechos, no miro frutos, y más bien, tenemos un país muy deteriorado.

Urge que hagamos cambios, ojalá para el 2025.

Saludos y abrazos fuertes de este Bröran que les escribo de Crun Shurín, tierra recuperada.

¡Justicia! para Berta

Escrito en 16/12/2024. Publicado en Derechos.

Desde la red de Jubileo Sur/Américas, acompañamos al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en su análisis de la decisión tan demorada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en relación al crimen contra nuestra compañera Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro.

Estas sentencias marcan un precedente importante en la historia de Honduras, como lo señala COPINH, fruto de la lucha incesante de la familia, la organización y todes quienes la han sostenido durante estos casi 10 años. No obstante, la confirmación de siete de las ocho condenas en los juicios de 2018 y 2021, también muestra una vez más, “la existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres, cuyas cabezas, los miembros de la familia Atala, continúan en la impunidad.”

Las modificaciones realizadas para reducir la condena contra David Castillo, y el envío del caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema, reflejan sin duda las presiones del poder económico y político que continúa ejerciendo los responsables intelectuales de estos crímenes en contra de los derechos de las comunidades indígenas y de la naturaleza que tanto luchó Berta para defender, así como los derechos de toda la población hondureña.

Ante esta situación, desde Jubileo Sur/Américas reafirmamos nuestro compromiso solidario en la búsqueda de justicia y nos unimos al llamado de COPINH a redoblar esfuerzos en esta etapa crucial para responsabilizar a los autores intelectuales del crimen.

Reclamamos y seguiremos luchando por Justicia y Reparación para Berta, Gustavo y todas las comunidades indígenas y populares que, en Honduras como en todos nuestros países, sufren la violencia tanto física como socioeconómica, ecológica, patriarcal y racista, del sistema de explotación, endeudamiento y saqueo perpetuo, impuesto desde hace ya cinco siglos.

¡La deuda es con los Pueblos y la Naturaleza, no con los explotadores!

Los derechos de las mujeres son derechos humanos

Escrito en 12/12/2024. Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

La violencia sexual lesiona los derechos humanos de todas las personas que la viven. La dignidad, como principio fundamental para la garantía del respeto por los derechos de todas las personas, requiere la seguridad de una vida libre de cualquier tipo de violencia. Este debe ser el fin primordial de las instancias públicas encargadas de velar por la promoción, protección y garantía de derechos humanos.

En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa es el órgano parlamentario encargado de llevar adelante las tareas de control político y legislación para erradicar los patrones culturales y sociales de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación en contra de cualquier persona, independientemente de su condición social. Asimismo, la perpetración de la violencia no distingue de posiciones políticas ni clase social, siendo especialmente grave y tortuosa para las sobrevivientes cuando la comete una persona en posición de poder y notoriedad pública.

En días recientes se conoció que el Ministerio Público investiga al diputado del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, miembro de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, por el delito de abuso sexual en contra de persona mayor de edad. Si bien se reconoce el derecho de defensa, presunción de inocencia y debido proceso que le asiste a cualquier persona en las instancias judiciales, no se puede omitir que los procedimientos penales por delitos de violencia sexual también acarrean una enorme carga de revictimización, estigmas, prejuicios y costos personales para las personas denunciantes.

Tener una vida libre de violencia es un derecho humano. Por ello, las personas y organizaciones que suscribimos este manifiesto solicitamos públicamente al diputado Alvarado Muñoz abandonar su puesto como miembro permanente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa hasta tanto no se esclarezcan los hechos alrededor del grave delito por el cual se le investiga.

Consideramos que la violencia sexual es sumamente grave, y es deber de la institucionalidad apoyar a las denunciantes y no someterlas a situaciones de revictimización frente a sus presuntos agresores. Aunado a lo anterior, Costa Rica atraviesa una dolorosa espiral de violencia machista que demanda a las personas en puestos de representación popular brindar un ejemplo respetuoso de la dignidad, integridad y seguridad de todas las personas.

La Comisión de Derechos Humanos es un espacio en el cual se debaten asuntos que inciden directamente en el derecho a vivir una vida libre de violencia, razón por la cual no resulta apropiado ni pertinente que una persona cuestionada por aparentes delitos sexuales sea parte de este órgano vital.

Finalmente, se hace un llamado para todas las personas víctimas y sobrevivientes de violencia sexual a alzar su voz y denunciar. Romper el silencio es el primer paso para acabar con el encubrimiento y la impunidad. Asimismo, se insta a la sociedad en general a respaldar a las personas denunciantes de cualquier caso de abuso y violencia, con el fin de que se sientan fortalecidas y acompañadas en sus procesos de denuncia y sanación.

Suscriben,

Elizabeth Odio Benito, cédula 4-0078-0585
María Amalia Matamoros Landázuri, cédula 4-0145-0213
Marco Zúñiga Badilla, cédula 1-1740-00858
Roxana Víquez Salazar, cédula 1-0418-1237
Karla Salguero Moya, cédula 1-0748-0133
Julia María Ardón Morera, cédula 2-0386-0415
Mari Paz Matamoros Matamoros, cédula 4-0189-0362
Amanda Arroyo Cabezas, cédula 1-1656-0001
Yamileth Astorga Espeleta, cédula 1-0540-0192
Mauro Fernández Acuña
Yalile Chan Jiménez, cédula 1-0567-0078
Gabriela Saborío de la Espriella, cédula 1-0572-0355
Guillermo Arroyo Muñoz, cédula 1-0444-0252
Nerina Carmona Castro, cédula 1-0616-0754
Ana Cecilia Castro Calzada, cédula 1-0561-0190
Yara Mourelo González, cédula 2-0382-0947
César Castro Azofefia, cédula 1-1542-0195
Irene Salazar Carvajal, cédula 1-0733-0462
Sergio Iván Alfaro Salas, cédula 2-0464-0844
Nidia Molina Sibaja, cédula 2-0393-0669
Gerardo Hernández Naranjo, cédula 1-0677-0083
Vivian Solís Espinoza, cédula 1-1032-0333
Xinia Herrera Durán, cédula 2-0344-0672
Laura Astorga Carrera, cédula 1-0914-0100
Ana Beatriz Fernández González, cédula 1-0625-0678
Ana Zulema Jiménez Soto, cédula 1-0488-0193
Marta Solano Arias, cédula 1-0453-0311
Ana Helena Chacón Echeverría, cédula 1-0567-0359
Leda Zamora Chaves, cédula 2-0433-0362
Ricardo León Gómez, cédula 3-0445-0638
Ana Leonor Ramírez Montes, cédula 1-0483-0426
María Cecilia Aguilar Lara, cédula 2-0252-0321
Wendy Vásquez Pessoa, cédula 3-0364-0290
Carla Ramírez Brunetti, cédula 1-0648-0825
Cristina Salas, cédula 2-0388-0960
Eugenia Solís Umaña, cédula 1-0442-0132
Marlene Mora Camacho, cédula 1-0402-1336
Ana Lorena Hidalgo Solís, cédula 1-0468-0075
Rocío Abarca Sánchez, cédula 7-0160-0677
Luz María Chacón León, 2-0336-0097
Margarita Bolaños Arquín, cédula 1-0407-0764
Yolanda Bertozzi Barrantes, cédula 1-0399-0589
Yolanda Rojas Rodríguez, cédula 9-0012-0762
María José De la Mata Mora, cédula 1-1131-0257
Norman José Solórzano Alfaro, cédula 2-0405-0106
Nelsy Saborío Rodríguez, cédula 1-0630-0624
Jenny Castro Acuña, cédula 1-0649-0965
Haydée Hernández Pérez, cédula 1-0559-0946
Claudia Vargas Medal, cédula 155827353415
Georgina Hidalgo Rojas, cédula 2-0325-0498
Sylvia Mesa Puluffo, cédula 8-0090-0464
Ariane Garnier, cédula 1-0624-0634
Syndell Bedoya Rivera, cédula 1-0584-0088
Gabriela Delgado Hidalgo, cédula 1-0963-0626
Eugenia Solís Umaña, cédula 1-0442-0132
Cristina Santamaría Navarro, cédula 6-0161-0193
Nuria Gamboa Mora, cédula 1-0533-0375
Thais Aguilar Zúñiga, cédula 1-0587-0972
Grettel Andrade Cambronero, cédula 1-0953-0838
Rubieth Jaén Angulo, cédula 5-0148-0959
Ericka María Álvarez Ramírez, cédula 2-0532-0025
Damaris Solano Murillo, cédula 5-0193-0665
Sandra Cartín Herrera, cédula 2-0343-0634
María Flor Abarca Alpízar, cédula 2-0285-0063
Nidia García Zamora, cédula 4-0171-0744
Rosa Alvarado, cédula 1-0403-1030
Ana María Botey Sobrado, cédula 1-0473-0692
Yamileth González García, cédula 2-0246-0555
Sonia Marta Mora Escalante, cédula 1-0412-1470
Elizabeth Briceño Jiménez, cédula 1-0721-0134
Jane Seglau Earle, cédula 8-0061-0877
Ana Leonor Saravia Vivas, cédula 1-0838-0916
Alma Aisemberg Saravia, cédula 1-1852-0879
Rebeca Eugenia Quesada Guell, cédula 1-0555-0138
Adriana Sequeira Gómez, cédula 1-1093-0980
Gloriela Brenes Murillo, cédula 1-0741-0195
Sary Montero Cabezas, cédula 2-0259-0860
Lorna Chacón Martínez, cédula 2-0481-0863
Silvia Monge Retana, cédula 1-0737-0490
Daniela Cordero Ardon, cédula 4-0183-0087
América Ardón Apuy, cédula 2-0632-0903
Catalina Obregón, cédula 1-0753-0231
Sara Schifter Sharatt, cédula 1-0313-0051
Dunia Espinoza Esquivel, cédula 1-0847-0569
Seidy Salas Víquez, cédula 1-0864-0094

Carta al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago para firmar – caso de Jerhy Rivera

Escrito en 11/12/2024. Publicado en Derechos.

Carta apelación al Tribunal de Cartago

Cese a la impunidad del asesinato del indígena Bröran Jerhy Rivera Rivera, del territorio térraba de Costa Rica.

El Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera Navas invita a todas las personas, organizaciones o colectivos que deseen solidarizarse y suscribir esta carta que será entregada el martes 17 de diciembre a dicho tribunal de apelación.

Enlace para firmar

Colectivo de apoyo a doña Digna Rivera Navas

Gran marcha nacional ¡Emergencia ya, Ni una menos!

Escrito en 25/11/2024. Publicado en Derechos.

Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres – 25 de noviembre. En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, diversas organizaciones, colectivos, grupos, partidos y activistas independientes convocamos a una Gran Marcha Nacional para exigir respuestas concretas ante la crisis de violencia que enfrentan las mujeres en Costa Rica. En un contexto donde la violencia de género ha alcanzado niveles alarmantes, exigimos la Declaratoria de Emergencia Nacional por violencia hacia las mujeres por parte del Gobierno, a sabiendas de las características machistas y autoritarias de Rodrigo Chaves. Ante la falta de acciones contundentes, las mujeres declaramos esta emergencia desde las calles, reafirmando nuestra lucha y exigencia de justicia para todas.

Datos recientes del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y el Acceso a la Justicia del Poder Judicial reflejan una situación crítica. Se contabilizan hasta la fecha 21 femicidios y alrededor de 70 muertes violentas de mujeres. Además, los crímenes de odio hacia las mujeres trans continúan siendo desatendidos y tratados de forma transfobia en medios y espacios públicos. La inacción del Estado costarricense ha dejado en evidencia una falta de cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención y justicia, lo que ha permitido un aumento en la violencia y un ambiente de impunidad. La violencia patriarcal es un problema estructural vinculado a la pobreza, las desigualdades y precarización del trabajo y condiciones de vida en el sistema capitalista.

Las instituciones responsables de la protección de las mujeres han sido debilitadas por recortes presupuestarios y decisiones políticas de este gobierno. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) ha sido instrumentalizado políticamente, alejándose de su labor de colaboración con organizaciones civiles y sectores que han luchado históricamente contra la violencia de género, incumpliendo con las obligaciones jurídicas de protección especial como la CEDAW y Belém Do Pará. Las iniciativas gubernamentales -usadas para lavar la imagen del gobierno-, como los «puntos violetas» han sido estrategias que no han generado cambios significativos en la vida de las mujeres, dejando a muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. Nos solidarizamos con las personas trabajadoras del INAMU a quienes diferenciamos de las jerarquías gubernamentales responsables de estas acciones denunciadas.

El sistema judicial ha sido cómplice de esta violencia, dándonos la espalda al momento de denunciar, mostrando debilidad y falta de compromiso en el acompañamiento a las víctimas. Este sistema, aludiendo a la falta de recursos, evade profundizar en la búsqueda de las tantas mujeres desaparecidas hasta encontrarlas, como ocurre con Nancy Chacón, Daniela Escobar y la niña Keibril García. Por si fuera poco, también se tarda en llevar a juicio a asesinos en los casos de femicidios como los de Fernanda y Raisha, Natali Madriz y Yuli Ureña los cuales irán a juicio prontamente debido a la presión de sus familiares.

El Ministerio de Educación Pública y las universidades estatales han enfrentado una serie de recortes que incluyen ataques a personas trabajadoras de la educación y a la permanencia de estudiantes en el sistema educativo, con menos recursos para comedores, transporte y becas. La ausencia de programas de igualdad y equidad de género afecta a las juventudes y niñez, negándoles una educación sin violencia. Se ha recortado el presupuesto también de Acueductos y Alcantarillados perjudicando el acceso hacia el agua. Los recortes en el Ministerio de la Vivienda hacen que el presupuesto sea el menor en los últimos años por lo cual acceder a un bono de vivienda es cada vez más difícil perjudicando a las mujeres de sectores populares y sus familias.

Por otro lado, la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) también se encuentra bajo amenaza debido a recortes y privatización, limitando el acceso a la salud pública, lo que afecta de manera desigual a las mujeres. La situación es especialmente crítica en regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), donde los recursos para la atención de salud de las mujeres son escasos. Además, se ha negado la inversión en obra pública como la construcción del Hospital de Cartago.

Es fundamental que defendamos las conquistas sociales que han significado las instituciones públicas y exijamos el mejoramiento de los servicios públicos.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar siguen siendo vulnerados en Costa Rica. A pesar de que el Código Penal establece el acceso al aborto terapéutico desde hace más de 50 años y de que existen una norma técnica y un protocolo de la C.C.S.S., aún no se garantiza plenamente este derecho, como fue evidente en los casos de Ana en 2007 y de Aurora en 2012. Esta situación refleja una forma de violencia que enfrentan las mujeres en el país, quienes carecen de la libertad para decidir sobre sus cuerpos, ya que el aborto continúa siendo ilegal. Inclusive, el país sigue incumpliendo con su obligación de recolectar datos actualizados sobre interrupción del embarazo pero según la Asociación Demográfica Costarricense, entre 2007 y el 2008, se realizaron aproximadamente 27,000 abortos inducidos.

De manera solidaria, levantamos la voz contra la ocupación en Palestina y la política de exterminio llevado a cabo por Israel hacia el pueblo palestino, exigimos la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, en solidaridad con el pueblo palestino.

Exigimos el cumplimiento de la ley que se encarga de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política en Costa Rica vigente y demandamos la aprobación de normativa para que la política sea un espacio seguro para las Mujeres.

Hacemos un llamado al feminismo y al movimiento de mujeres a sostener la independencia y autonomía de nuestro pensamiento frente al Estado, instituciones y sectores anti derechos, y a desarrollar un movimiento a nivel nacional por medio de movilizaciones callejeras para luchar contra la violencia machista.

Las organizaciones firmantes, unidas bajo la consigna «Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos», demandamos:

La Declaratoria de Emergencia.
Justicia para Fernanda y Raisha (en el juicio que inicia el 2 de diciembre), para Yuli Ureña (en el juicio que inicia el 4 de diciembre) y para Naty Madriz (en el juicio que inicia el 22 de enero del 2025),
Aprobación de los proyectos de ley que exigen las mujeres sobrevivientes de tentativa de femicidio y de Familias Sobreviviendo el Femicidio.
La despenalización del aborto tal y como fue recomendado por diferentes países en 2 ciclos en el Examen Periódico Universal coincidiendo con el criterio del Comité CEDAW en los casos de violación, incesto, riesgo para la vida o salud de la mujer y malformación grave del feto.
La legalización del aborto seguro, libre y gratuito.

Instamos a todo el país a unirse a esta marcha para alzar nuestras voces en contra de la violencia basada en género, los discursos de odio y la impunidad. Exigimos políticas de prevención eficaces y el fortalecimiento de los servicios públicos y de las instituciones comprometidas con la protección de los derechos de las mujeres.

Las raíces de los males de hoy

Escrito en 27/10/2024. Publicado en Análisis.

Luis Fernando Astorga Gatjens

La sociedad costarricense del presente no es la misma que la de ayer. Aclaro eso sí que no soy un nostálgico del pasado. Los significativos avances sociales, producto del Estado Social de Derecho (ESD), que logramos desarrollar entre los años cuarenta y ochenta del siglo anterior, se ha erosionado tanto que cada vez es más irreconocible.

El neoliberalismo económico que emergió, con fuerza en la década de los años ochenta del siglo XX, hizo lo que hace una lluvia tenaz sobre un terreno fértil sin barreras de protección. Lo erosionó de tal manera que hoy es un terreno cada vez más pobre.

Así las cosas, lo que el país construyó en cuarenta años, aún con todas sus limitaciones y defectos, empezó una cuenta regresiva que nos ha llevado a un presente cada vez más sombrío.

Los avances en derechos sociales en salud, en educación y en protección social, que singularizaron a Costa Rica en el contexto latinoamericano, se han convertido en una casa llena de goteras donde no alcanzan los baldes para recoger tan consumado deterioro.

Aun cuando los organismos financieros internacionales hegemonizados por Estados Unidos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no lo quieran reconocer, sus recetas neoliberales han fracasado y siguen fracasando al llevar progreso y desarrollo a los países que las aplican. Son pequeñas minorías y élites rapaces las grandes beneficiarias mientras la pobreza y desigualdad golpea a amplios sectores sociales. No por casualidad, los avances y logros en erradicar la pobreza en nuestro país, muestra magros resultados y el país se encuentra entre los diez más desiguales del mundo.

La cultura individualista ha ganado terreno en nuestra sociedad al compás del avance neoliberal, en detrimento de valores y políticas centradas en la solidaridad y los derechos sociales.

El gobierno de Rodrigo Chaves es la culminación de un proceso erosionador del ESD, que se refleja en el deterioro de la CCSS y su rol en la atención de la salud; en una educación pública sin ruta para la movilidad social y donde la reducción presupuestaria es su guía; y en el progresivo debilitamiento de programas sociales, que afectan a distintos sectores y grupos sociales. Para este gobierno, su presidente y ministro de Hacienda, su desvelo son las cifras macroeconómicas y la atención obsesiva de los golosos acreedores, externos e internos.

Y este momento de deterioro social se da en medio de una crisis de inseguridad como nunca había padecido el país, donde los tentáculos del narcotráfico y el crimen organizado han alcanzado todos los poderes sin que el Estado dé muestras de que está ganando la batalla. Todo lo contrario.

Asimismo, la corrupción se ha convertido en la noticia cotidiana. Ahí donde hay poder político siempre emerge la tentación del acto corrupto, el robo y apropiación de recursos públicos, utilizando mil maneras en función de asegurarse la impunidad. Actos de corrupción siempre han existido en toda nuestra historia republicana. Sin embargo, tales actos se han venido exacerbando en los últimos gobiernos del siglo anterior y en todos los del presente siglo XXI. Ninguno se libra y muchos de esos escándalos no han terminado en alguna condena. La impunidad se ha salido con la suya y la justicia no ha prevalecido.

En este presente sombrío muchos de los políticos responsables de las políticas neoliberales, del deterioro del ESD e, incluso, responsables por acción u omisión de actos corruptos, señalan a Rodrigo Chaves como responsable de lo que sucede, después de dos años y medio de su nefasto gobierno. Tienen razón en algunas caracterizaciones y diagnósticos de quizás una de las peores administraciones, pero pareciera que perdieron la memoria histórica y política. Es como si este gobierno de rasgos autoritarios hubiese surgido por generación espontánea.

Su desmesurada ambición politiquera y su escasez autocrítica los hace señalar todo a partir del 8 de mayo del año 2022. No. Señoras y señoras del PLN, del PUSC, del PAC y de otros partidos neoliberales minoritarios, Rodrigo Chaves (incluidos su legión de troles y fanáticos), es un producto depurado de su abandono de las políticas sociales, de su corrupción y de ver la hacienda pública como un botín de corsarios y piratas.

Tengo la convicción de que no todo está perdido y que hay esperanzas redentoras. Pienso que en lo que queda de esos partidos, con seguridad hay costarricenses honestos que realmente quieran que Costa Rica avance por una senda de profundización de la democracia, de la justicia social y el respeto de los derechos humanos. Ahí no incluyo a quienes siempre llegaron a servirse y lucrar con recursos públicos, aunque tengan un mentiroso discurso pseudo-progresista. Tampoco incluyo entre los que la autocrítica es brisa y no huracán.

Aquí si incluyo a las y los jóvenes que no han sido contaminados por las miasmas de la politiquería centrada en la ambición personalista y la insolidaridad.

Se puede construir una Patria buena y justa en un país que tiene reservas humanas, sociales y recursos naturales suficientes para emprender ese camino.

Ya no serán las mismas sendas del siglo anterior. Serán otras que se deberán combinar con los avances científicos y técnicos del presente, las redes sociales y la Inteligencia Artificial. Pero hay que empezar por identificar, sin subterfugios, las raíces de los males del presente.

(26 de octubre, 2024)