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Etiqueta: impunidad

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 6

Según el artículo 6 de la Ley Indígena N° 6172 y su reglamento, solamente los indígenas podrán construir casas, talar árboles, explotar los recursos maderables o plantar cultivos para su provecho dentro de los límites de las reservas. Además, los recursos minerales que se encuentren en el subsuelo de estas reservas son patrimonio del Estado y de las comunidades indígenas. Los permisos otorgados para la exploración o explotación minera, caducarán al término fijado originalmente en la concesión y sólo podrán ser renovados o prorrogados mediante autorización dada por CONAI.

Esta es la sexta infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Imagen: UCR.

Información compartida con SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

¡Contra la impunidad y el olvido: Sergio Rojas vive!

Por Mauricio Álvarez Mora y Cristopher Pérez Núñez *

A dos años del violento e impune asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas Ortiz, un grupo de activistas y organizaciones sociales y académicas estamos caminado bajo el lema: Contra la impunidad y el olvido.

El denominador común y el centro de la iniciativa fue el Dr. Marcos Guevara, quien meses antes de su partida física nos fue hilando y tratando de articular frente al grave peligro que representa el monstruo de la impunidad, que ha crecido descontroladamente conforme las comunidades más olvidadas del país se han levantado y alzado su voz para exigir el respeto de sus derechos.

Si no sabíamos cuan racista es el Estado y parte de la sociedad costarricense, fue debido a que estas comunidades se encontraban silenciadas por gruesas capas de injusticias que no las dejaban expresar su legítimo derecho a ser y estar, según sus propias formas, realidades y paradigmas. Era tan evidente que estaban invisibilizadas, que cuando decidieron salir a la luz la respuesta inmediata fue la violencia generalizada y cruel con que han asesinado a sus líderes y atacado sus procesos de autonomía territorial.

Podrán decir que estas comunidades tienen en la ley los derechos y los territorios, pero en la práctica vivían como inquilinos arrimados en las esquinas de los que ya eran rincones del país. Excluidos, en zonas montañosas, que ya de por sí son poco aptas para la agricultura, se les fue despojando y arrinconando cada vez más. Sin embargo, cuando trataron de hacer valer lo que decía en la ley, la respuesta fue brutal, al tiempo que el actuar del Estado se ha caracterizado por la desidia y la impunidad.

Si hay una realidad negada y que convierte en caricatura el mito democrático y el discurso patriotero del bicentenario, es la guerra de “baja intensidad” que han librado los usurpadores con gran parte del aparato estatal a su favor y con más de cinco siglos de colonialismo detrás, y que hoy por hoy se materializa en el asesinato de dos líderes, en la amenaza de muerte de catorce más y en un ciclo de violencia tan evidente y manifiesto que se hace imposible de ignorar. Quienes perpetran estos actos de violencia de la manera más vil y cruel, tienen a su favor los dispositivos estatales y mediáticos para permanecer en el anonimato ante el resto de la población; son el brazo ejecutor y el velo encubridor de ese racismo arraigado en amplios sectores de la sociedad.

Cuando se lee el discurso y se observan las acciones del gobierno, no deja de sorprender la falta de diligencia, la hipocresía y, en suma, el cinismo alrededor de la forma en la que tratan y se refieren al tema. Conocen muy bien su papel, en el sentido de tratar de proyectar un discurso que afirma su accionar, pero que en la realidad de las comunidades no tiene mayor efecto, el cual, consecuentemente, termina por legitimar, por omisión y acción, la violencia y exclusión que estas personas que vienen sufriendo de manera sistemática desde hace ya mucho tiempo.

Ante este contexto hemos decidido dar un paso al frente y sacar tiempo, esfuerzo y compromiso de dónde podamos para luchar contra la impunidad, y por darle un lugar histórico a la gran lucha de re-existencia que están dando los pueblos indígenas de Costa Rica. Muchas personas no lo saben o no lo dimensionan, pero este es quizás el movimiento socio-político más fuerte de las últimas décadas en el país, protagonizado por los pueblos indígenas.

Es por esta razón que se van a estar publicando desde diversos enfoques, voces y realidades, artículos de opinión, se realizarán foros, conferencias de prensa y otras actividades para romper el cerco de impunidad que se teje ante la autodeterminación de los pueblos originarios.

Esta iniciativa es conformada y apoyada por personas ligadas al Proyecto Educación Popular y Geografía del Programa Kioscos Socioambientales y la Escuela de Geografía UCR, Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, Espacio Universitario de Estudios Avanzados y el Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica,  el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia y , Cátedra Agenda Nacional de la Escuela de Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, DITSO, Voces Nuestras, y Coordinadora de Lucha Sur-Sur.

Invitamos a todas las personas a sumarse a difundir, elaborar y proponer más acciones e iniciativas en esta línea, con el fin de combatir la impunidad y reivindicar la lucha de Sergio Rojas y Jehry Rivera, quienes pagaron con su vida la resistencia frente a este ciclo de violencia e impunidad. Además de visibilizar a las personas amenazadas de muerte en los territorios, de manera que esto sirva como un seguro de vida ante la violencia sistémica y sistemática que se ha desatado en contra de estas comunidades, y que necesariamente debemos denunciar.

 

* Del Proyecto de Educación Popular y Geografía del Programa Kioscos Socioambientales y la Escuela de Geografía.
Kioscos Ambientales, UCR

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 5

El artículo 3 de la Ley Indígena establece que personas no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de sus reservas.

Esta es la quinta infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida a SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Denuncian acoso a familia indígena en Salitre

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

COMUNICADO PÚBLICO: USURPADORES CONTINUAN HOSTIGANDO Y AGREDIENDO AL PUEBLO BRIBRI DE SALITRE

Usurpadores se apersonaron a una diligencia judicial en la finca que usurpan a la Bribri del clan Sulariwak, Silvia Rojas Delgado. Alrededor de las 9 a.m. se escucharon tres detonaciones de un arma de fuego durante la diligencia.

Martes 11 de mayo del 2021. La comunidad de Di Sié (Río Azul) del Territorio Bribri de Salitre asistió a una diligencia judicial de reconocimiento del terreno que es usurpado a la Bribri del clan Sulariwak, Silvia Rojas Delgado. Este reconocimiento judicial es realizado para que 2 hectáreas de la propiedad sean destinadas a la construcción de un colegio para la comunidad de Di Sié. El terreno se encuentra al oeste de la Escuela de la comunidad de Di Sié (Río Azul).

A este reconocimiento también se hicieron presentes los usurpadores. Alrededor de las 9 a.m. detonaron en tres ocasiones un arma de fuego y hostigaron a la comunidad durante todo el reconocimiento judicial; esto sin presencia de la Fuerza Pública a pesar de que el usurpador cuenta con orden de alejamiento a Minor Delgado Ortiz y su familia.

Ambos sujetos, son ampliamente reconocidos por las agresiones contra los y las recuperadoras de Di Sié. El 9 de febrero del 2020, uno de ellos disparó a Minor Delgado Ortiz, del clan Tubolwak, en una de sus piernas. Fue puesto en libertad a días del siniestro y el 14 de marzo del 2020 Minor recibió información de fuentes confiables sobre amenazas de muerte en su contra y su familia por parte de los usurpadores.

A lo largo del 2020, desde el Consejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre y la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) hemos denunciado constantemente el hostigamiento y la participación en reiterados actos de violencia por parte de estas persomas. Estos sujetos son una amenaza para la vida e integridad física de Minor, su familia y la comunidad de Di Sié en general.

Una vez más presenciamos la negligencia, complicidad e imparcialidad por parte del Poder Judicial en contra de los Pueblos Originarios.

Exigimos a la inspección judicial, a la Corte plena y a la Comisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial una explicación del porqué a pesar de las múltiples denuncias contra estos sujetos no se les aplican medidas preventivas y restrictivas que garanticen la tranquilidad, la integridad, la vida y la paz para Minor, su familia y la comunidad de Di Sié.

Cualquier agresión en contra de la comunidad de Di Sié es responsabilidad del Estado, por omisión y acción al no ejecutar acciones reales que garanticen la integridad física y vida de la comunidad. Alertamos, que al ser las 10:30 a.m. no se ha hecho presente la Fuerza Pública, según el Teniente José Ríos no es posible debido a los bloqueos que sostienen distintas organizaciones en la Zona Sur contra las políticas implementadas por el Ejecutivo en la atención de la pandemia del Covid-19.

Insistimos que la paz en los Territorios Indígenas es posible únicamente si los usurpadores son expulsados y la tierra-territorio regrese a manos de sus poseedores legítimos.

Consejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre
Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS)

Publicación en Facebook:

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 3

El artículo 4 de la Ley Nº 6172, Ley Indígena, posibilita que los pueblos indígenas se organicen en sus estructuras comunitarias tradicionales. Es decir, la ley de Costa Rica posibilita desde finales de la década de los setenta del siglo XX, que las comunidades indígenas sigan un sistema de organización propio.

Esta es la tercera infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida con SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 2

El Estado costarricense reconoce 24 territorios indígenas. Es por medio de Decretos administrativos con rango de ley, según la Ley Indígena de 1977, que se define la cabida de cada territorio. Se reconocen 8 culturas indígenas: Huetar, Chorotega, Térraba o Teribe, Brunca o Borucas, Ngäbe o Guaymí, Bribri, Cabécar y Maleku o Guatuso.

Esta es la segunda infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida a SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 1

Según la ley 6172, los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. La última modificación a esta ley se dio el 4 de octubre de 1982.

La ley hace una amplia regulación de temas que abarcan la identidad, la organización y el territorio de los pueblos indígenas.

Esta es la primera infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida con SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Coordinadora Feminista contra Femicidios e Impunidad: “Repudiamos al Diario La Extra por explotar las muertes violentas de las mujeres”

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

La Coordinadora Feminista contra Femicidios e Impunidad se posicionan ante el periódico nacional La Extra que continúa explotando las muertes violentas de mujeres para lucrar exponiéndolas de una manera morbosa y amarillista, mancillando la dignidad de las mujeres que ni siquiera pueden defenderse y profundizando el dolor de las familias sobrevivientes de femicidios como las personas allegadas de la víctima.

La espectacularización de las muertes violentas a mujeres alimenta la cultura machista naturalizándola y fomentándola, por lo que la Coordinadora Feminista contra Femicidios e Impunidad exige al gobierno medidas y una ley para sancionar la espectacularización de la muerte de las mujeres. También, hacen un llamado a La Extra a detener de una vez por todas esta denigrante acción que ha sido una constante a través de los años.

#NiUnaMenos #VivasNosQueremos #BastaDeImpunidad #EmergenciaNacionalPorViolenciaPatriarcal #FueraWalterEspinoza

Adjuntamos la imagen del comunicado oficial:

 

Imagen principal tomada de Semanario Universidad.

ACODEHU: no a la impunidad, no a la represión contra pueblos indígenas defensores y recuperadores de sus territorios

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS

Comunicado 25 de marzo 2021.
San José, Costa Rica

NO A LA IMPUNIDAD, NO A LA REPRESIÓN CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS DEFENSORES Y RECUPERADORES DE SUS TERRITORIOS

Por el fortalecimiento del movimiento social en defensa de las comunidades y pueblos originarios recuperadores de sus tierras y territorios

Desde la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) manifestamos nuestra preocupación ante los hechos recientes de violencia contra el territorio recuperado Yuwi Senaglö, Cabecar, China Kichá.
Durante el día jueves 24 de marzo, 2021, mientras la comunidad Yuwi Senaglö sostenía reuniones con altos funcionarios del gobierno costarricense, tales como los viceministros de Vice-presidencia Eduardo Solano y de Seguridad Randall Otárola, bajo un supuesto diálogo, habitantes de la comunidad sufren de acoso y persecución por parte de la fuerza pública.
Después de retirarse del territorio dichas autoridades de gobierno, la fuerza pública atacó con gases lacrimógenos, uno detrás del salón comunal y el otro directamente en Yuwi Senaglö, durante la medianoche del día 24 de marzo, 2021.
Como organización de Derechos Humanos, la ACODEHU exige a la administración del señor Carlos Alvarado lo siguiente:
1. Garantizar que la fuerza pública y las autoridades pertinentes implementen verdaderos mecanismos para la protección y la seguridad de las comunidades indígenas; en lugar de aterrorizar a la niñez y a las familias con mecanismos de acoso, intimidación, persecución, represión, criminalización y judicialización contra los pueblos indígenas recuperadores de sus territorios.
2. Demostrar con acciones contundentes la voluntad política del gobierno del señor Carlos Andrés Alvarado Quesada de investigar, procesar y castigar a los responsables de las constantes violaciones de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas. Para ello, impedir que estos actos queden impunes, porque la impunidad niega la justicia para las víctimas, incrementando el escenario de tensión y sufrimiento que atenta contra la integridad física y emocional de las víctimas de esta violencia.
3. Cumplir con normativas, Tratados y Convenios establecidos a nivel nacional e internacional frente al compromiso y responsabilidades que tiene el Estado en este tema.
4. Investigar los actos de agresión de la fuerza pública durante la noche del martes 24 de marzo de 2021, contra las personas de la comunidad la comunidad Yuwi Senaglö de China Kichá.
Aclarar el porqué del uso de los gases lacrimógenos y los abusos de autoridad, los cuales han sido recurrentes por parte de los efectivos de la Fuerza Pública contra los pueblos indígenas; y en esta ocasión los ataques de agresión fueron contra dicha comunidad, quienes se han visto en la necesidad de defenderse y proteger sus territorios recuperados como acciones amparadas a los acuerdos internacionales y suscrito por el Estado Costarricense y por los tribunales nacionales.
5. Que los Ministerios de la Presidencia y Seguridad rindan un informe a la población de China Kichá, a la sociedad en general y a los organismos de Derechos Humanos sobre los hechos violentos, las personas responsables y las autoridades involucradas en dichas acciones.
La ACODEHU se suma al conjunto de voces y organizaciones quienes reafirmamos que el Estado costarricense continúa violando de manera sistemática los Derechos Humanos del pueblo Cabecar de China Kichá.
A la vez, responsabilizamos al Estado costarricense y al gobierno actual de los actos violentos que continúan vulnerabilizando los derechos humanos de los pueblos indígenas; en especial quienes recuperan en forma pacífica sus tierras y territorios que históricamente les pertenecen.
Existe una deuda histórica frente a la violencia contra los derechos humanos y la autonomía que los pueblos originarios defienden desde hace más de cinco siglos.

ACODEHU
Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidenta
Tatiana Otto Golobina
Secretaria

25 de marzo, 2021
www.acodehu-ddhh.org
derechos.humanos@acodehu-ddhh.org

Pablo Sibar y Mariana Delgado nos hablan sobre el bicentenario, el colonialismo, y la lucha por la autonomía indígena

Le invitamos a ver las siguientes entrevistas realizadas por SURCOS con el dirigente Brörán Pablo Sibar Sibar, de Térraba y con la mayor Bribri Mariana Delgado Morales de Salitre. En menos de diez minutos Pablo y de cuatro Mariana exponen la realidad histórica y la actualidad de la lucha indígena por su identidad, sus territorios, y su dignidad.

“Queremos decirle al pueblo costarricense que esta lucha nuestra es muy desigual, porque nos topamos con los finqueros que tienen recursos para pagar abogados y como movilizarse y nosotros no tenemos esas posibilidades, sin embargo, la lucha continuará en la memoria de nuestros dos líderes asesinados, y aquí estamos luchando por nuestros derechos según lo que el mismo Estado costarricense estableció pero que en más de 40 años no ha cumplido”.
El Estado lo que está permitiendo es el asesinato de quienes levantamos la voz y defendemos nuestros derechos, nuestra cultura, nuestros recursos; nos quieren callar de esa manera. Quieren demostrar que nuestras vidas no vales nada, que si nos destruyen no va a pasar nada.