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Etiqueta: impunidad

Caso de Sergio Rojas Ortiz: Juzgado ignora peticiones de más de 100 personas y organizaciones

Dictan sobreseimiento a favor de las dos personas imputadas por el homicidio y ponen fin a la investigación penal

Hoy trascendió la triste noticia mientras que más de un centenar de personas, proyectos e instancias académicas y sociales solicitaban el no sobreseimiento definitivo presentado por la Fiscalía en el caso del crimen político de Sergio Rojas Ortiz.

Junto a la Coordinadora de Lucha Sur Sur y distintas personas y organizaciones se unieron a través de cartas para solicitar la condena del sobreseimiento definitivo por parte de la Fiscalía en el caso del asesinato por razones políticas del compañero Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre. De estas se destacan la Carta del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos donde organizaciones y personalidades de 17 países ligadas a la defensa de los Derechos Humanos condenan la solicitud de sobreseimiento; así como la Carta de sectores académicos y sociales que ven con preocupación este fallo del juzgado.

Mediante esta última carta abierta para el Juzgado de Buenos Aires (adjunta) quienes firmaron reclamaban que el pasado 7 de diciembre del 2023, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada, solicitó al Juzgado de Buenos Aires de Puntarenas el sobreseimiento definitivo del proceso penal por el homicidio político contra el líder indígena Sergio Rojas del Pueblo Bribrí de Salitre.

Como se mencionó, la carta fue promovida por personas ligadas a múltiples proyectos y acciones de investigación, docencia y acción social, de las universidades públicas que acompañan a los pueblos originarios y reconocen que el Estado ha sido racista al no ser capaz de sancionar los hechos violentos a los que han sido expuestas las personas indígenas.

En la carta aseguran que “Sabemos que Sergio fue clave en los procesos de defensa y recuperación de los territorios indígenas del sur, por lo que su muerte no se debe a un hecho fortuito y aislado. Además, Sergio era sujeto de medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitidas en el 2015, ordenando al Estado Costarricense garantizar la protección, vida e integridad personal de los miembros del Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre. Resolución dada por amenazas y atentado contra su vida en el 2012.

Se preguntaron: ¿cuál es el mensaje que los representantes del Estado nos dan en medio de la escalada de violencia en la que se encuentra el país? Para quienes vivimos en otros sectores geográficos dicha escalada nos es muy preocupante, y es el resultado del detrimento de las políticas sociales; sin embargo, esta agudización de la violencia es la coyuntura que han enfrentado los pueblos originarios de dicha zona desde hace años”.

Recordaron que “el III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, al mencionar que únicamente durante los últimos tres años de registro, estos pueblos han sobrevivido a más de 200 ataques en su contra, con la gravedad que en el último año disminuyeron en frecuencia, pero aumentaron su cualidad: cada vez son más graves y fuertes. Una característica esperada, pues la violencia es un fenómeno de escalonada sino se lo pone un alto”.

Ligado a lo anterior, apuntaron que: “sabemos que nos encontramos en un momento de mayor polarización en nuestra región, donde las voces disonantes son criminalizadas debido su labor de luchar por garantizar sus derechos. Sergio Rojas no fue una excepción, y nos preocupa que la posibilidad de sobreseimiento sobre su caso constituya un indicador para las personas activistas y defensoras que el país opta por la impunidad como un medio legitimador de la violencia. Si este asesinato queda impune, ¿qué detendría a otra persona para que no vea como una solución la agresión y el asesinato?”

Finalmente aseguraron que “dar sobreseimiento definitivo a este caso significa expresarle al mundo que, en Costa Rica, además de violarse los Derechos Humanos, prevalece un estado de impunidad contra los pueblos indígenas”.

Kioscos Ambientales UCR

Resistencia indígena en Costa Rica

Comisión Histórica MOVIMIENTO DE TRABAJADORES Y CAMPESINOS (MTC) 2024

Es totalmente falso que a la llegada de los españoles solo existían en Costa Rica tres grupos indígenas: chrotegas, huetares y bruncas. Sabemos de la presencia de múltiples sociedades originarias, en general cada una con su propia lengua y creencias. La gran mayoría fueron exterminadas o enviados a trabajar como esclavos a los cañales en Jamaica o a las minas en Perú o Bolivia. También se nos ha hablado de que la conquista y colonia fueron pacíficas. Eso es un cuento chino. Algunas de las sociedades indígenas que vivían aquí mucho antes de la llegada de los europeos conquistadores fueron:

Coreros

Tises

Hebenas

Votos

Urinamas

Malekus

Chánguenas

Coctus

Tariacas

Quepos

Dorasques

Guymis (Ngobes)

Buricas

Turucacas

Pococis

Xarixabas

Aoyaques

Muyaguas

Ateos

Siguas (aztecas)

Catapas

Cabecares

Guarcos

Suerres

Sucaques

Xicaguas

Coyoches

Usubarus

Terrebes, texabas

Cebacas

Tojares

Quequexques

Bribris (viceitas)

Chorotegas

Bruncas, borucas

Huetares

Muy recientemente las muertes a balazos de dirigentes indígenas en la zona sur como la de el bribri Sergio Rojas y el brörán/térraba Jerhy Rivera son una muestra de que la lucha indígena iniciada en el siglo XVI continúa, contra el mismo grado de brutalidad.

1610

Santiago de Talamanca

Cansados de ultrajes, esclavitud y robos, los Bribris, Ateos, y Térrebes (actuales Brörán) al mando del cacique Guaycorá se sublevan y destruyen la próspera ciudad Santiago, fundada en 1505 en la margen derecha del actual Río Sixaola.

1615

Tariaca

Sublevación dirigida por el cacique Antonio Carebe. Es capturado y fusilado junto a otros líderes-

1616

Payegua

Se produce una gran batalla debido a una sublevación encabezada por Bartolo Xora, quien es capturado por el ejército español, torturado y asesinado junto a un grupo de líderes indígenas-

1618

Cerca de la actual fronteras con Panamá

El cacique Coroneo dirige un nuevo levantamiento en el que participan las naciones Aoyaques, Cureros y Hebenas-

1619

Talamanca

En represalia por e levantamiento de 1618, los españoles desde Cartago organizan una expedición bélica que ingresa a Talamanca a castigar a los responsables de la sublevación. Convocan engañados a varias comunidades indígenas a un acto religioso a orillas de un río, tomando prisioneros a más de 400 niños, mujeres, hombre y ancianos. Los amarran y los conducen por las montañas hasta Cartago, muchos mueren de camino y son repartidos entre los grandes hacendados españoles. El 16 de enero de 1620 son ahorcados 12 líderes rebeldes, entre ellos Juan Ibaczará, Francisco Cagxi, Diego Hebena y Juan Serrabá.

1622

Telire

El cacique Cabsi declara la guerra a los españoles y se pone al frente de una sublevación de unos 1.200 guerreros.

1678

Urinama

La nación urinama nuevamente se subleva contra el imperio español

1705

Cerca de la actual frontera con Panamá

Los Térrebes (Nasos, indios Nortes, Teribes, como también se les conoce) provocan un nuevo alzamiento.

1709

Alto Talamanca y alrededores

Los líderes Pablo Presbere (bribri) y Pablo Comesala (cabécar) se ponen al frente de la mayor sublevación ocurrida hasta entonces contra los españoles, que incluyó a todas las naciones indígenas desde Bahía Almirante hasta lo que hoy es Limón. Hoy se considera que este gran evento de protesta no fue espontáneo, como se lee aún en algunos textos escolares y de secundaria, incluso universitarios, sino que obedeció a un planteamiento meditado por las más altas jerarquías indígenas /kpá/ cabécar y /usekol/ bribrí y ejecutado por Comesala y Presbere, como máximos dirigentes. Finalmente, Presbere es capturado, entregado por los propios Viceitas, torturado y ejecutado en la plaza central de Cartago. Comesala previó a la reacción violenta de los españoles, se puso a buen recaudo y nunca fue capturado.

1762

Térraba

Levantamiento de Indios Norte (Nasos, Teribes, Texabas, etc). Atraviesan la cordillera de Talamanca y van en busca de los térrabas que ya estaban asentados en el Pacífico. Atacan los poblados de Nuestra Señora de la Luz de Cabagra y San Francisco de Térraba.

1762

Nicoya

Rebelión de los pueblos indígenas del área de Nicoya. Entre los líderes estaban Martín Gavilán y Lorenzo Cabrera; muchas mujeres son parte de la lucha de forma muy valiente.

1984

Térraba

Las mujeres y hombres térrabas/brörán organizan el bloqueo de calles para evitar que los madereros continúe extrayendo madera de los bosques.

2019

2002

Asesinatos

En Salitre y Térraba, zona sur, son asesinados los dirigentes bribris Sergio Rojas y brörán térraba Yeri Rivera, destacados por la defensa de sus territorios ancestrales. A la fecha, 2024, los asesinatos de Sergio y Yari se encuentran impunes. Recientemente la Fiscalía de Buenos Aires, Puntarenas, solicitó la prescripción en el caso del compañero Sergio. Y el caso de Yeri el tribunal anuló la sentencia que condenó al asesino.

Conferencia de presa UCR luego de agresión a Jerhy Rrivera, 2013 Fotografía: Ricardo Araya Rojas.

Su paso por la función pública no la sensibilizó en nada, y lo peor, es que hace alarde de ello

José Luis Pacheco Murillo

El tema de la impunidad se vuelve a presentar ante todos nosotros a pesar de que en este caso se da con la imposición de una pena a una persona, cuyos delitos se comprobaron hace más de cuatro años y hasta ahora se le imponen los años de prisión, aunque no los que debían ser.

Muy lamentable las manifestaciones dadas por esa persona en el sentido de que “NO SE ARREPIENTE DE NADA” es decir, que volvería a cometer esos 32 delitos que le fueron comprobados. Y también lamentable que indique que “ella jamás irá a la cárcel” apoyándose en las palabras del Juez al justificar la pena.

Su paso por la función pública no la sensibilizó en nada y lo peor es que hace alarde de ello.

Dios quiera que la justicia logre sus propósitos en el futuro, porque en este caso no lo logró. Que sea pronta y cumplida, es decir, que no suceda que se condena en un momento y tengan que pasar más de cuatro años para que se imponga la sanción, y que, además, sea ejemplarizante para que quienes deseen delinquir sepan lo que les sucederá. Tampoco ha sido ejemplarizante esta pena.

Carta Abierta para Juzgado de Buenos Aires contra la impunidad del asesinato de Sergio Rojas – impulsan campaña en universidades y otras instituciones

SURCOS comparte este llamamiento:

El pasado 7 de diciembre del 2023, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada, solicitó al Juzgado de Buenos Aires de Puntarenas el sobreseimiento definitivo del proceso penal por el homicidio político contra el líder indígena Sergio Rojas del Pueblo Bribrí de Salitre. Sergio fue una persona clave en el levantamiento y defensa de los pueblos originarios del Sur por sus derechos de territorio, así como por la lucha de condiciones dignas para reproducir la vida. Sin embargo, después de 4 años su homicidio sigue impune.

Le invitamos a firmar esta carta dirigida a dicho Juzgado para hacer ver que no queremos más impunidad ni acciones en detrimento de la vida de los pueblos indígenas, así como acuerpar su derecho a existir.

Para leer el texto completo de la carta y firmar puede seguir este enlace.

De ser posible, por favor comparta.

AECO: 29 años de un crimen contra los defensores del ecosocialismo, María del Mar, Óscar, Jaime y David

Partido Vanguardia Popular

Este 7 de diciembre de 2023, se cumplieron 29 años de un vil asesinato no esclarecido hasta la fecha. En un día como hoy, pero del año 1994, en Guadalupe, se perpetró un crimen que nunca se esclareció. Tres integrantes de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO), organización príncipe del ecosocialismo en nuestro país, Oscar Fallas Baldi, María del Mar Cordero y Jaime Bustamante Montano, en las circunstancias más sospechosas son víctimas de un atentado que cobró sus vidas.

Seis meses después, de esa tragedia que enlutó a todas las organizaciones ecologistas, de derechos humanos, partidistas, sindicales y barriales, el poeta David Maradiaga corrió esta magra suerte. Es asesinado en condiciones extrañas que tampoco fueron esclarecidas; apareció muerto en el Parque de los Mangos, en Zapote, David Maradiaga. Poeta, ecologista, luchador, compañero incansable de la vida. La impunidad cabalga todavía.

Es importante recordar, para recuperar la memoria de estos cuatro luchadores que, todos compartían intereses comunes, poetas, ecologistas, bohemios y trashumantes de la vida, luchadores barriales incansables, solidarios, ensayistas y de un gran nivel de interpretación de la coyuntura política. En fin, sujetos que resultaban incomodos al statu quo y a las burguesías apátridas y las transnacionales. Por su compromiso social inclaudicable, por eso los asesinaron en condiciones tan extrañas.

Su narrativa siempre los situó a la par de los más pobres, de los excluidos. Ciertamente, es a finales de 1994 que la AECO había ganado una dura batalla contra intereses forestales, madereros y narco-traficantes en la zona sur.

La Stone Forestal, bajo los sucios subterfugios gubernamentales, tenía como interés inmediato la construcción de un muelle astillero en pleno Golfo Dulce. Un ecocidio absoluto, contra una de las regiones más ricas en diversidad en fauna y flora.

La impunidad y la corrupción son ese viejo fantasma que corroe a la centenaria democracia costarricense. Hoy, a tres días de conmemorar la declaración de los Derechos Humanos; el pueblo de Costa Rica se vuelve a quedar sorprendido por la decisión de la fiscalía, que aunando a esta gran descomposición del derecho y la justicia, deja impunes a los asesinos de Sergio Rojas Ortiz. La venda de la justicia ya no puede ser más errática que nunca.

La lucha de estos cinco personajes, que son parte consustancial del quehacer popular, que situaron el interés de sus vidas por el buen vivir,

por la autonomía de las comunidades. Tal y como lo expresaron los documentos que circularon en su debido momento, cuando indican que, “su lucha tenía que ver con la libertad, con la armonía entre los seres humanos y con su entorno, pero muy especialmente, su lucha tenía que ver con los más desposeídos y buscaron, siempre, las oportunidades” que los gobiernos de turno y sus burguesías reaccionaria les han arrebatado.

Vale en esta pequeña reseña apuntar las palabras de Ítalo Fera, cuando refiere a Jaime Bustamante a las y los compañeros de AECO. Dice al respecto nuestro amigo y sociólogo lo siguiente: “Jaime llegó de Cochabamba y tomó nuestras instalaciones como Hogar y centro de trabajo. Fue el encargado de nuestro centro de documentación de entonces. Y los ampos, los recuperaba de los basureros callejeros, provenían de expedientes de la Asamblea Legislativa, que se botaban en los alrededores del Parque Nacional y nacía el oeste. Ahí tuvimos nuestro primer local y también fuimos allanados en 1982 por la seguridad nacional y detenidos. El obispo Cornelius Wilson, de la Iglesia Episcopal y ustedes desde Méjico, fueron los que denunciaron de inicio esa represión y detención. Fuimos liberados con ayuda, también del Lic. Otto Castro y la denuncia nacional. Luego Jaime continuaría con nosotros en nuestras nuevas oficinas en Bo. Luna Park y luego con instalaciones más amplias propias, al inicio, en Bo. Sagrada Familia”. Por esa suerte que tiene el destino de los grandes luchadores sociales, a los cuatro camaradas de AECO, los unió la lucha por el buen vivir y el ecosocialismo. Esas ideas también estuvieron presentes en Sergio Rojas, que defendió el Derecho a la tierra, como un derecho humano fundamental.

CAMARADAS, PRESENTE, LA LUCHA SIGUE Y SIGUE Y USTEDES ESTÁN SITUADOS EN NUESTROS CORAZONES, EN LA MEMORIA VIVA DEL PUEBLO

Repudiamos el desistimiento del caso del asesinato impune del líder indígena bribri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz

El Bicentenario de Costa Rica, se tiñe de sangre e impunidad, profundizando así la discriminación, violencia y violación sistemática a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

La invisibilización, el desconocimiento y la omisión por parte del Estado, lo hace responsable por no garantizar los derechos que poseen consuetudinariamente nuestros Pueblos Indígenas y legitimar la violencia institucionalizada y el despojo histórico.

La violencia materializada mediante las instituciones, involucra a los 4 poderes de la república, el poder legislativo, por no adecuar las leyes, según las realidades culturales, espirituales de los pueblos indígenas, el poder ejecutivo, por omitir la garantía de la protección de los derechos de los pueblos, en las políticas que se implementa desde sus ministerios, por otra parte tenemos un Tribunal Supremo de Elecciones, que no incide, en la construcción de propuestas más inclusivas, con participación y representación política de los pueblos indígenas.

Se suma, el poder judicial, con impunidad, desatención en la investigación, del asesinato del líder indígena Sergio Rojas, más aún que mediante la fiscalía se ha solicitado el desistimiento definitivo, dando así la posibilidad de liberar a los responsables directos e indirectos del cobarde asesinato. Este proceso se lleva a cabo en los tribunales de Buenos Aires, de manera privado, los días 7 y 8 de diciembre.

Sergio en vida, recibió reiteradas amenazas, intentos de asesinato y la injusta cárcel contra los DDHH, con participación del Estado, que ha sido el principal gestor de la violencia sistemática y estructural.

Exigimos al Estado, asumir su responsabilidad en la garantía y protección de los derechos, la vida e integridad de los pueblos y sus miembros y una justicia, pronto y cumplida.

El Estado debe desalojar a los poseedores de mala fe y presupuestar para indemnizar a los poseedores de buena fe.

Continuamos en la reafirmación y autonomía de los pueblos sobre sus Tierra/Territorio: Espiritualidad propia, Cultura, Gobernanza tradicional o Identidad, Educación propia y Soberanía alimentaria.

Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)

Acompaña:

Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena

Repudio total a intenciones del Estado y llamado a pronunciarse

Pronunciamiento público

Este 7 y 8 de diciembre se llevará a cabo una audiencia en el caso de nuestro hermano Sergio Rojas del clan Uniwak y en el cual la Fiscalía pedirá el sobreseimiento definitivo del asesinato político de nuestro hermano.

Rechazamos de plano dichas intenciones y CULPAMOS al ESTADO COSTARRICENSE por este asesinato y por la enorme mancha de IMPUNIDAD existente que impera en el Pueblo Bribri de Salitre a raíz de la nula acción de parte del Poder Judicial por investigar este caso.

Además, recordamos que este panorama solo aumentaría la violencia en la que se encuentra nuestro pueblo y que sería un grave retroceso por parte del Estado en aras de cumplir con el marco jurídico existente en el país en cuanto a derechos indígenas.

Esto es una muestra más de lo discriminatorio y racista que es este sistema judicial, y que ha sido un actor principal en contra de los procesos de recuperación los cuales impulsaba nuestro hermano Sergio y quien en vida sufrió la persecución, el acoso, la violencia del sistema judicial que incluso lo llevo a estar en prisión sin causa justificada.

El CODIAW como parte beneficiaria de las Medidas Cautelares en favor del Pueblo Bribri censura con su más enérgica voz todas las acciones, que a luz del marco jurídico que tutela nuestros derechos, el Estado ha ejecutado en contra nuestra culminando negativamente con la no investigación del asesinato de nuestro hermano.

El bicentenario del Estado costarricense se vio manchado con la sagrada sangre de nuestro hermano Bribri Sergio Rojas Ortiz que después de 4 años la fiscalía no encuentra culpables por el simple hecho que Sergio era un Bribri, caso contrario sería si hubieran asesinado a un político o un millonario, que en el peor panorama y bajo todo pronóstico ya hubieran sentado culpables.  Pero esta es la verdadera Costa Rica que todo el mundo proclama como un país de paz. 

Desde nuestra organización extendemos nuestra voz a todas las personas y organizaciones aliadas y les invitamos a unirse para continuar exigiendo que los culpables sean llevados ante los tribunales.

Además, hacemos un llamado a todas aquellas personas, organizaciones que defienden los derechos de los Pueblos Originarios a manifestarse de distintas formas en contra de esta nefasta intención de la Fiscalía.

¡SERGIO VIVE!

“EL ESTADO ASESINA A LOS LIDERES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”

En audiencia privada la Fiscalía solicitaría sobreseimiento definitivo del proceso judicial sobre el asesinato político de Sergio Rojas Ortiz

Comunicado de la Coordinadora de Lucha Sur Sur

URGENTE: Este 7 y 8 de diciembre del 2023 se llevará a cabo una audiencia oral y privada para conocer una solicitud de la Fiscalía para el sobreseimiento definitivo del proceso judicial sobre el asesinato político del Uniwak, Bribri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz.

La alerta es emitida por Oscar Retana, abogado querellante de la familia de Sergio. De ser aprobada la solicitud, los imputados y otros responsables serian absueltos de toda pena y responsabilidad. Es decir, se mantendría la impunidad para Sergio, su familia y el Pueblo Bribri de Salitre.

Se necesita urgentemente que se escriba a:

Fiscalía General fgeneral@poder-judicial.go.cr

Damaris Vargas Vásquez dvargas@poder-judicial.go.cr

Solicitar para que no se tramite el sobreseimiento definitivo. Pueden adjuntar este comunicado de la CLSS.

Compartimos el comunicado de Oscar Retana M.

Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

4 de diciembre del 2023.

COMUNICADO.

Los días jueves 7 y viernes 8 diciembre, a partir de las 8:30 am, se llevará a cabo audiencia oral y privada para conocer sobre la solicitud de sobreseimiento definitivo (archivo) por parte de la Fiscalía; y la querella (acusación privada) presentada por los hijos e hijas de Sergio Rojas, quien fuera asesinado cobardemente la noche del 18 de marzo del 2019 en razón de una vida dedicada a la recuperación de las tierras en el territorio indígena bribri de Salitre.

La audiencia se realizará en el edificio Anexo B de los Tribunales de Justicia de Buenos Aires (contiguo al Restaurante Mau’s Pizza), pero al ser privada no se admite la entrada de público.

Este caso no tuvo testigos presenciales del homicidio, sin embargo fue tramitado sin que se tomaran en cuenta las características sociales y culturales, como lo es la discriminación estructural hacia la población indígena; las fundadas y demostradas violaciones al acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas; y el conflicto subyacente por la recuperación de las tierras indígenas que ha tenido a 33 personas indígenas amenazadas de muerte en el periodo 2020 a 2022 en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón, además del homicidio de Jhery Rivera el 23 de febrero del 2020.

Exhortamos al Estado de Costa Rica que cese la impunidad y se encuentren a los culpables de tan atroz crimen, que se tomen las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de las personas indígenas amenazadas de muerte y que se cumpla, mediante mecanismos céleres y eficientes, la recuperación de tierras indígenas en manos de usurpadores terratenientes.

Oscar Retana M
Abogado querellante

Una ficción en clausura

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Centroamérica se debate hoy, una vez más en su historia, en una hora compleja. Los escenarios en Guatemala y Panamá dan cuenta de procesos en los que aparece su población como protagonista.

Al tiempo que se escriben estas notas se conoce del ataque del Ministerio Público guatemalteco a la institucionalidad académica, clara cuestionadora de los arreglos y amaños colmados de corrupción e impunidad, que las élites políticas han impulsado durante décadas en detrimento de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

En Panamá durante días la manifestación pública en contra de la instalación de un proyecto minero (uno más que la racionalidad neoliberal ha intentado imponer a toda costa) ha sido constante, multisectorial y resistente.

A prueba de una agenda mediática repleta de espectáculos, superficialidades y cortinas de humo, las redes de comunicación horizontal que por suerte hoy están en nuestras manos nos hacen conocer los pormenores de la situación panameña. Colegas como los sociólogos Briseida Barrantes y Olmedo Beluche han sido nuestros interlocutores en estos días y por medio de sus constantes mensajes nos enteramos de la persistente dignidad que presenta el pueblo panameño en estos momentos.

Precisamente Olmedo Beluche compartió recientemente una reflexión sobre esta coyuntura a la cual habría que prestarle atención, desde mi perspectiva, en dos aspectos: el primero, reconocer el rasgo estructural que origina las manifestaciones cuyo hecho visible es la oposición tajante al funcionamiento de una empresa minera, pero que en el fondo devela una profunda crisis del modelo social, político y económico en aquel país. Por eso la conformación de un sustrato de actores amplio, como lo menciona Beluche:

“Movilizaciones masivas como no se habían visto nunca en la historia de la república de Panamá, un país donde cada tanto la gente se tira a la calle a protestar. Decenas de miles de jóvenes autoconvocados por las redes sociales que se reúnen y marchan por las principales avenidas de la ciudad capital. Miles de pobladores de comunidades indígenas, rurales y urbanas pauperizadas que espontáneamente salen a bloquear la carretera Panamericana, en tantos lados a la vez, que es imposible para la policía reprimirlos a todos. Miles de activistas sindicales y gremiales que marchan y cierran calles convocados por una alianza de organizaciones populares con carácter asambleario, compuesta por docentes, obreros de la construcción, trabajadores de la industria, estudiantes, etc.”

El segundo rasgo apela a reconocer una especie de “desujección” que la subjetividad política popular panameña ha realizado: el “descreimiento” hacia la institucionalidad, la política, los grupos patronales y los medios de comunicación. Es efectivamente un tajante cuestionamiento al orden social promovido por las élites panameñas y sus referentes políticos y financieros transnacionales.

En Costa Rica no ha detonado así el descontento popular, aunque hay suficientes motivos, porque aún persiste un saldo en el pensamiento colectivo sobre esa institucionalidad que sostuvo la vía costarricense durante buena parte del siglo XX. Aún quedan ciertos mitos fundacionales, aunque débiles, que sostienen una supuesta comunidad de iguales. Aunque nunca lo fuimos.

Uno de estos mitos, me parece, el de la comunidad horizontal e inclusiva, ha empezado a clausurarse. Solo así se entienden las incomprensibles reacciones de buena parte de aficionados durante el último partido de la selección costarricense, casualmente contra su homóloga panameña. Si ya las ficciones que sostenían ese pacto social (lo político vía la representación y lo colectivo vía la apelación a la comunidad por medio de figuras de identidad como la selección) no contienen. entonces estamos observando posiblemente el cierre técnico de esa comunidad que fuimos alguna vez. Si el cierre propiciara “el grito”, como mencionaba John Holloway alguna vez, bienvenido sea para el caso costarricense.

Aguardemos.

Guatemala: Corte IDH ordena dejar sin efecto trámite de iniciativas de ley de amnistía para crímenes del conflicto armado

  • La resolución del más alto tribunal de derechos humanos de la región señala que de seguir adelante con la tramitación de las iniciativas que pretenden amnistiar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, constituiría un desacato y tendría un impacto irreparable en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.

Guatemala y Costa Rica. 27 de octubre de 2023. En una resolución dada a conocer el lunes 23 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) amplió las medidas de protección del derecho al acceso a la justicia otorgadas a víctimas de 14 casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y ordenó al Estado de Guatemala que cese el trámite de las iniciativas de ley que pretenden establecer una amnistía, o que las deje sin efecto, en caso de que alguna resulte aprobada.

La Corte IDH se refiere a los proyectos de Ley 5920, que se encuentra en estudio en la Comisión de Gobernación y la Comisión de la Defensa Nacional, y 6099, que fue aprobado con dictamen favorable por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Desde entonces, ha sido remitida en dos oportunidades para su consulta ante la Corte de Constitucionalidad, siendo rechazada por incumplimiento de los requisitos legales.

Ambas iniciativas de Ley son variaciones de la iniciativa 5377 de Ley de Amnistía que se tramitó en 2019 y fue archivada por la CC en 2021, debido a que vulneraba el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de casos de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos los casos Molina Theissen, Bámaca Velásquez y la Masacre de Las Dos Erres.

En su resolución, el Tribunal considera que en tanto las iniciativas de Ley imponen la revisión de oficio de condenas por delitos cometidos durante el conflicto armado, así como de cualquier proceso penal o investigación en curso relacionada con delitos cometidos durante este, se pone en peligro la justicia ya obtenida o en camino para las víctimas y se aseguran beneficios inmediatos para sindicados, imputados y condenados, quienes podrían acceder a una libertad inmediata. Advierte además que, al continuar con la intención de aprobar esta clase de amnistías que procuran la impunidad, Guatemala estaría incurriendo en desacato de la resolución de la Corte Interamericana de 12 de marzo de 2019, que ordenó el archivo de la iniciativa 5377 por estas mismas razones.

Otro aspecto por destacar es que la Corte IDH se refiere a los obstáculos que han enfrentado los operadores de justicia a cargo de este tipo de casos cuando han logrado avances en el procesamiento y sanción de los responsables. Abogados, fiscales y jueces se han visto sujetos a actos de intimidación, acciones judiciales, así como campañas de desprestigio y estigmatización, como en el caso del juez Miguel Ángel Gálvez, ahora en el exilio; y en el del juez Pablo Xitumul, quien llevaba el proceso por desaparición forzada en contra de Marco Antonio Molina Theissen. En consecuencia, la Corte considera que estas circunstancias excepcionales generan un alto riesgo de que a nivel interno no se pueda ejercer un adecuado control judicial en caso de aprobarse dichas iniciativas de ley.

Para las organizaciones integrantes de la Mesa de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Corte IDH contra Guatemala, que agrupa a representantes, víctimas y familiares, la resolución de la Corte IDH llega en el momento oportuno pues no se debe permitir el avance de leyes pro-impunidad. “A la luz de sus obligaciones internacionales, el Estado guatemalteco debe llevar a cabo los procesos penales con todas las garantías, especialmente la debida diligencia, para sancionar a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Argumentos a favor de la extinción de la responsabilidad penal de los autores de estos crímenes para mantener “la paz” son inadmisibles.

“Confiamos en que la Corte de Constitucionalidad actúe en consecuencia de sus fallos anteriores y favorezca el acceso a la justicia, es lo que la sociedad guatemalteca merece y demanda”, señaló Gisela De León del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Lea la resolución completa aquí

Integrantes de la Mesa de Supervisión de Cumplimiento:

Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en la Verapaces Maya Achi (ADIVIMA)

Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BJDH)

Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Familia Molina Theissen

Fundación Myrna Mack

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Pedro Chitay (Caso Chitay Nech)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA)

Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI)

Representantes en el caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar)

La Mesa de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala está conformada por personas y organizaciones de la sociedad civil que representan a víctimas de violaciones a derechos humanos ante la Corte IDH, con el objeto de impulsar conjuntamente el cumplimiento de las medidas ordenadas por el tribunal interamericano al Estado de Guatemala.