Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En lo que enero se acaba, ya el país ha entrado en un punto sin retorno en aquello que le quedaba como Estado observador de las garantías y derechos de sus ciudadanos.

No hay duda. Tenemos ciudadanos de primera, segunda, tercera categoría y nuestros pueblos originarios, hacia los cuales el desprecio de la justicia y la omisión institucional, han acabado por marginarlos aún más de lo que históricamente los hemos mantenido.

En tanto el circo de las actuales autoridades gubernamentales mantiene mareada a la población con su comunicación lesiva y vulgar, sus funcionarios un día sí y otro también dan pena merced a sus actuaciones públicas, al tiempo que problemáticas sustantivas como la inseguridad y la pobreza siguen siendo observadas (y omitidas) de lejos por sus tecnócratas.

A contrapelo de este triste espectáculo, una acción a todas luces perjudicial de las autoridades de justicia del país decidió de buenas a primeras cerrar ad portas el caso del asesinato del líder indígena Sergio Rojas. El portazo, hay que decirlo, le dio en la cara a los pueblos originarios, el reconocimiento de sus derechos a sus tierras y sus tradiciones ancestrales.

Por este caso el estado costarricense ya había sido apercibido. Incluso antes de la muerte de Rojas se le había prevenido con medidas cautelares para su protección.

De nada sirvieron.

Hoy nos balanceamos entre la razón jurídica (menos justa ya) y la razón fáctica que controla territorios, normativas e instituciones. El mismo escenario que hoy tiene a países como Ecuador en una disputa entre actores del poder, donde las poblaciones en su gran mayoría resultan las grandes perdedoras.

La decisión de cerrar el caso por homicidio del líder indígena Sergio Rojas abona un terreno propicio para que la impunidad continúe haciendo su trabajo y se constituya en como política pública en un país en el que la justicia luce desequilibrada.

Un argumento más para cuestionarnos ese mito de la sociedad inclusiva que decimos ser.