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Etiqueta: inclusión social

Resistencia al Cambio, Homenaje A Carlos Lanz

Lic. José A. Amesty R.

En Homenaje y Reconocimiento al Camarada y Profesor Carlos Lanz Rodríguez, artífice de la Formación Sociopolítica, conjuntamente con un equipo interdisciplinario, quienes nos dimos a la tarea de Facilitar los Talleres de Formación Sociopolítica, por todo el territorio venezolano, compuesta por varios Ejes Temáticos, y continuamos este recorrido por ellos con el de Resistencia al Cambio.

Presentación

El material que presentamos a continuación, pretende servir de aporte al eje temático de Resistencia al Cambio. No es un material acabado, estamos trabajando la temática como nudo crítico y desde nuestro enfoque crítico-emancipador, llegando a los siguientes planteamientos:

Detrás de la Resistencia al Cambio que evidenciamos, se esconde toda una carga ideológica impuesta por un sistema de dominación, el cual hay que develar para poder avanzar en la concreción del Proyecto Bolivariano, porque de lo contrario, tal resistencia nos hace atrincherarnos de manera opositora a una propuesta que apunta hacia la inclusión e igualdad social, hacia una sociedad justa, equitativa, democrática y participativa, donde el pueblo sea autor y actor de su propio proceso. Estos aportes surgen de un proceso de investigación, registro, análisis, debates, evaluación y sistematización que este colectivo de Formación Sociopolítica viene desarrollando desde hace algún tiempo, lo cual nos permite señalar que la Resistencia al Cambio es una reacción que se produce en individuos o colectivos de manera consciente o inconsciente y que reproduce valores de dominación, en este caso capitalista.

Es posible que nuestros planteamientos estén orientados desde una sola óptica, pero consideramos estratégico dar a conocer que muchas de nuestras posturas son reflejo de una conciencia formada con unos valores de la dominación y que en este momento histórico se hace necesario desmontarlas desde otro enfoque. Es necesario alertar que las Resistencias pudieran parecer algo insignificante o sin importancia en el colectivo, pero si no las abordamos, pueden acumular tanta fuerza que se pueden convertir en un obstáculo permanente e irreconciliable con el Proyecto Bolivariano Revolucionario. En esa perspectiva hacemos una invitación abierta a todos y todas los compañeros y las compañeras, camaradas, compatriotas, amigos y amigas, a que reflexionemos y nos coloquemos en el lugar del otro y de la otra, desde el punto de vista formativo para comprender que las posturas, las negaciones y las predisposiciones de nuestros hermanos y hermanas es posible superarlas si se problematizan y se orientan, de ese modo podemos vincular nuestro discurso con nuestra práctica. Es decir, no solo es hablar de inclusión social, sino trabajar porque ese planteamiento constitucional se concrete. En el Proyecto Bolivariano Revolucionario liderizado por el comandante Chávez, cabemos todos(as). Este es una construcción colectiva donde cada uno de sus habitantes tiene mucho que aportar, incorpórate y permite que nos acompañemos en una continua formación colectiva. Como dice nuestro presidente:

Si queremos acabar con la pobreza démosle poder al pueblo, y no hay mayor poder que el conocimiento, el cual nos conduce al alcance de nuestra soberanía”.

Contenidos

En el desarrollo del eje temático Resistencia al Cambio trabajaremos el siguiente contenido: Génesis de la Resistencia, Caracterización del Capitalismo, Cómo se Reproduce El Capitalismo. ¿Qué entendemos como Resistencia al Cambio? Tipos de Resistencia: Resistencias Pasivas y Resistencias Activas. Poder Popular: ¿Qué entendemos como Poder Popular? Enfoque o Interés Crítico Emancipador. Poder Popular y Resistencia al Cambio.

Génesis de la Resistencia en el Marco Capitalista

Caracterización del Capitalismo:

Los seres humanos desde el punto de vista biológico nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Desde el punto de vista social nos formamos y nos convertimos en sujetos políticos, regidos por una lógica que impera en la sociedad de la cual formamos parte. Específicamente, Venezuela se caracteriza por un modelo de desarrollo económico capitalista, dependiente y monoproductor, cuya génesis está en la acumulación de riquezas, valiéndose de la división social del trabajo y de la explotación del hombre y la mujer, expresada en la siguiente relación social de producción:

En un polo se ubican a los dueños del dinero y de los medios de producción, y en el otro a los trabajadores que son dueños solo de sus cuerpos, de su capacidad de trabajo y de su fuerza de trabajo” (tomado de la línea de estudio “Introducción al pensamiento Marxista de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo”).

En la sociedad capitalista el ser humano pasa a ser un objeto, donde sus pensamientos, sueños, sentimientos y necesidades dejan de ser importantes, pasan a ser una mercancía, la cual se compra con un salario. En este sistema las relaciones sociales se expresan de la siguiente manera: El sujeto es una cosa (cosificación) y la mercancía se personaliza, aquí se invierten los valores, se le da más importancia a los objetos materiales (Fetichismo).

Cómo se Reproduce el Capitalismo

Desde hace mucho tiempo venimos escuchando afirmaciones de algunos autores que señalan:

El capitalismo está en una profunda crisis, es posible que pronto se termine de hundir”.

Podemos esperar durante siglos que eso suceda y jamás lo veremos, si nos quedamos sentados de brazos cruzados a esperarlo por fuerza natural. El capitalismo es un modelo económico, que mientras produce mercancía y plusvalía (cantidad de trabajo, concretado en una mercancía, que representa el valor que el obrero produce, pero que el patrón no le paga, convirtiéndose en ganancia para este, que le permite el incremento de su capital), reproduce al mismo tiempo la relación social de capital y la subjetividad que la sostiene.

¿Qué queremos decir con lo anterior?: El capitalismo se sostiene porque existen permanentemente trabajadores y trabajadoras como fuerza de trabajo que se vende y se compra en el mercado, como otra mercancía más; crea nuevos empresarios que invierten, obtienen ganancias y la acumulan, y por otro lado, hay un orden establecido desde el punto de vista ideológico que lo sostiene. En la sociedad están presentes un conjunto de instituciones encargadas de garantizar la reproducción del sistema, tales como: La familia, La escuela, La iglesia, Los medios de comunicación, Los sindicatos, Las fuerzas armadas, etc., donde se reproducen un conjunto de valores que se expresan en el individualismo, la competencia, el revanchismo, la violencia, de allí también se derivan la corrupción, la burocracia, la expertocracia, el pragmatismo, la exclusión social, la alienación, la falsa conciencia, la cosificación del ser humano y el fetichismo.

Esta lógica capitalista nos impone una forma de pensar, actuar, analizar, sentir y reflexionar nuestra cotidianidad. Desde este enfoque, somos un producto del capital. Nuestro Estado es un estado burgués, donde una minoría acumula riqueza y una mayoría vive en estado de miseria y pobreza extrema, ¡es una sociedad de clases! Como podemos ver, las instituciones juegan un papel principal en la reproducción del capitalismo, tal como lo plantea la cátedra de Formación política Ernesto Ché Guevara al referirse a la escuela y a los medios.

 “En la escuela se enseñan los valores mínimos de obediencia al orden establecido, aquello que es “normal” y aquello que no lo es, la reverencia a los símbolos del poder, etc. Pero hoy en día, ese lugar que no desapareció, se complementó con uno de alcance mucho mayor; el de los medios de comunicación masiva. En ese espacio se construye diariamente el consenso de los sectores populares a favor del capitalismo. Allí se transforma la concepción del mundo burgués en sentido común popular, gracias a la ideología (falsa conciencia) que transmiten los medios de comunicación. De este modo se interiorizan los valores de la cultura dominante y se construye un sujeto domesticado y reaccionario a los cambios radicales.” Todo lo anteriormente planteado nos ilustra que nuestros pensamientos y actuaciones no son neutras, sino que obedecen a una lógica de dominación capitalista enraizada en nuestro pensamiento. Esto hace que de manera conciente o inconsciente asumamos posturas que la reproducen y se bloquee cualquier intento de cambio en nuestros paradigmas. Dichas posturas serán denominadas:

Resistencias al Cambio

¿Qué entendemos como Resistencia al Cambio?

Identificamos como Resistencia al Cambio, la expresión implícita o explícita de reacción contraria ante la incorporación de una iniciativa de cambio. Es importante entender que todo cambio dentro de un sistema social implica una reacción, que dependiendo de cómo se aborde política y metodológicamente, puede ser provisional o permanente.

Desde lo Político: un(a) facilitador(a) o cualquier sujeto que trabaje dentro de un colectivo, debe identificar, comprender, argumentar y develar el por qué algún integrante de ese colectivo, reacciona de determinada manera ante un nuevo elemento de cambio, haciendo ver que las estructuras de pensamiento y de acción, obedecen a un enfoque filosófico que sustenta la sociedad donde estamos inmersos, asociado al modelo de desarrollo capitalista.

Desde lo Metodológico: se hace necesario abordar el trabajo en colectivo, con métodos coherentes con el enfoque crítico emancipador que estamos impulsando, explicación que daremos más adelante.

Tipos de Resistencia

Las resistencias al cambio pueden ser Pasivas y Activas.

Resistencias Pasivas: Son aquellas que se solapan y no se develan sino que se convierten en elementos de dispersión o en un mecanismo de entropía (generador de desorden), y pueden ser de difícil abordaje ya que se desconocen sus características y orígenes, impidiendo el avance del proceso, demorándolo, saboteándolo y desmontándolo progresivamente. Dentro de las Resistencias Pasivas podemos enunciar las más usuales, tales como:

– la apatía – el silencio – la sumisión – la desmovilización

– la indolencia – la indiferencia – el bloqueo.

Las cuales se reflejan en los gestos, las actitudes o maneras de actuar, todas evidentemente muy relacionadas, teniendo en común que en su esencia tal vez no persiguen en la mayoría de las veces entorpecer la iniciativa de cambio, pero con su actitud tampoco la favorecen, generando pesimismo, desaliento y poca motivación para la participación en las iniciativas de cambios que otros sujetos propongan.

Resistencias Activas: Están referidas a las posturas que se expresan de manera abierta, frontal, donde se confrontan los diferentes enfoques o concepciones, pero no se reconoce la fuerza del argumento del otro. Pueden ser violentas, ofensivas, irrespetuosas, con poco nivel de tolerancia, y tienen como finalidad acumular fuerza para desmontar los nuevos elementos planteados. Dentro de las más usuales tenemos:

  • El convertir la iniciativa de cambio en burla permanente: Este es un elemento que encuentra cabida en nuestra idiosincrasia como venezolanos y venezolanas, ya que una de las frases que más nos caracteriza es que “siempre nos reímos de todo” y que “somos muy echadores y echadoras de broma”, sin embargo esta particularidad sirve como pretexto para hacer burla de alguien que impulsa el cambio o al cambio mismo, con el que evidentemente no se está de acuerdo, su fin es ridiculizarlo ante los demás y procurar así la descalificación.
  • El procurar la desinformación y las distorsiones comunicativas: Como el corrillo, la murmuración, la injuria, la descalificación, la difamación, la manipulación, etc. Esta manifestación de resistencia al cambio suele presentarse con frecuencia cuando hay falta de argumento válido para cuestionar directamente el cambio o a la persona que impulsa el cambio, por lo que se recurre a la maledicencia, tejiendo una red de falsas impresiones, chismes y comentarios desalentadores, que terminan por crear expectativas funestas en los demás.
  • El generar conflictos en torno al proyecto transformador: Se refiere a enfrentar puntos de vistas, opiniones, sujetos y argumentos, para ocasionar tensiones que desgasten paulatinamente o exploten bruscamente el proceso en desarrollo, degenerando en situaciones destructivas que terminen con el mismo.
  • El entorpecimiento del proceso: O el ritmo de trabajo de los y las que impulsan el cambio suele manifestarse de formas muy variadas como por ejemplo, no cumplir con los compromisos adquiridos, demostrando negligencia, irresponsabilidad, burocracia, pereza, sumisión, ocultamiento de datos o secuestro de información, complicidad con quienes adversan el cambio, etc. Todo esto impide la concreción exitosa del proceso de cambio y conlleva a la larga, a su fracaso.
  • Desacreditar la iniciativa del cambio, o a quien lo impulsa: Bien sea menospreciando o sobrepreciando, ya que son consideradas resistencias al cambio tanto exagerar los méritos de la actual situación, como el sacar a relucir todas las dificultades encontradas en el proceso de implantación, lo que produce en los demás falsas expectativas y vagas apreciaciones del cambio. Al igual pasa cuando se exagera las revisiones y evaluaciones de forma punitiva al proyecto de cambio y a sus participantes, cuando este se cuestiona compulsivamente y se critica destructivamente hasta en el más ínfimo detalle, esto contribuye a la desconfianza de los demás en su factibilidad.

De esta manera, seguramente en la medida que nos vayamos fijando detenidamente en nuestro entorno social, veremos muchísimas más expresiones de Resistencia al Cambio. Podemos extraer de lo dicho hasta ahora, que la Resistencia al Cambio surge como un mecanismo de defensa del sistema para preservarse ante la posibilidad de cualquier cambio que amenace su seguridad y mantenimiento, y debe abordarse como un aspecto del desarrollo de la metodología, ya que forma parte de la caracterización de los sujetos y del contexto, que están impregnados por la hegemonía capitalista.

En ese sentido, construir un nuevo modelo de sociedad, implica poner en práctica una Nueva Hegemonía, formar un nuevo sujeto político en Valores Bolivarianos que promueva la solidaridad, el cooperativismo, la autogestión, el respeto, la tolerancia, la transparencia, la corresponsabilidad, la multiculturalidad, la justicia social y requiere de un modelo de desarrollo económico sustentado en la economía social que favorezca la participación democrática y la igualdad e inclusión social consciente. Esto solo es posible a través del trabajo activo y en colectivo, y luchando perseverantemente, en la construcción del poder popular que nos permite a partir de una Nueva Racionalidad Política, desmontar el capitalismo y construir las bases del nuevo modelo de desarrollo, de lo contrario, seguiremos reproduciendo el sistema capitalista imperante y sus aberraciones.

Poder Popular

¿Qué entendemos como Poder Popular?: Cuando hablamos de poder popular, nos referimos a la lucha por la hegemonía, la cual se construye a través de la gestación de espacios de lucha, de encuentro, de vinculación, de donde emerge una nueva relación social que integra la lucha social, la producción colectiva y la solidaridad, desde lo cual se deriva un nuevo ideal de sociedad y una nueva cultura política. En ese sentido, Poder Popular lo podemos definir como Poder Constituyente, como el momento y el espacio colectivo en que el poder comienza a transformarse, en una relación social donde la facultad de decisión, la detentan efectivamente los individuos que hacen parte de las comunidades locales o de trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, no podemos estar hablando de un modelo único de poder popular, ni de una esfera exclusiva de realización. Cualquier intento de cambio amerita un conocimiento profundo de lo que queremos transformar, es por ello que parte de estos escritos están dedicados a la caracterización del modelo de desarrollo y sus valores de dominación. Sin embargo, creemos que no es suficiente develar la génesis del capitalismo y su comportamiento en nuestra sociedad. Es necesario caracterizar el enfoque con el cual estamos analizando la realidad concreta, porque es desde allí de donde la desmontaremos. Nos referimos al enfoque crítico emancipador.

Enfoque o Interés Crítico Emancipador: Enfoque regido a examinar o comprender una situación desde una visión teórica, desde un punto de vista específico, con una lectura intencional. Es el sustento teórico donde se fundamenta nuestra forma de ver el mundo, el cual tiene sus orígenes en la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, donde se concibe la razón, la teoría, las ciencias sociales, el conocimiento, la historia, la verdad y el sujeto de la siguiente manera.

La Razón: Es concebida como la autoconciencia de la razón, es decir, saber por qué y para qué se actúa de determinada manera, cuya voluntad humana y acción deben estar dirigidas hacia una acción transformadora, sin obviar la facultad de la crítica permanente. La razón no justifica la armonía social, y debe desmontarla a partir de la acción transformadora.

La Teoría: Es una especie de lente que nos permite ver cuál es el propósito, las limitaciones y el alcance de los intereses constitutivos del saber, en este caso, y suscribiendo a Habermas:

El interés técnico: se dirige a controlar y regular objetos (cosas)…. El interés práctico: busca educar el entendimiento humano, para informar la acción humana. El interés emancipador: se trata de un interés por la autonomía y la libertad racionales, que emancipen a las personas de las ideas falsas, de las formas de comunicación distorsionadas”. (Kemmis p. 87).

En este último interés, se concibe que no existe neutralidad axiológica. Es decir los valores tienen una carga ideológica.

Las Ciencias Sociales: Son un medio enmarcado en la libertad y autonomía racional para que los individuos tomen conciencia de sus propósitos y sean capaces de aclarar las condiciones que distorsionan los procesos de autorreflexión y autoentendimiento. Las ciencias sociales nos develan la realidad y nos proporcionan herramientas para transformarlas colectivamente.

El conocimiento: En este enfoque, el conocimiento se construye de manera íntersubjetiva (en colectivo) y a partir de la práctica concreta en interacción con su contexto. Nace de la reflexión crítica de una práctica y tiene como propósito alcanzar la soberanía cognitiva “pensar con cabeza propia”.

La Historia: Se concibe como un proceso de construcción colectiva a partir de la relaciones sociales, es dialéctica, continua y dinámica.

La Verdad: Es relativa, íntersubjetiva, se construye, es consensuada semánticamente.

Sujeto: Es el ser humano concebido en interacción permanente como actor y actriz, autor y autora del proceso de construcción social. Al ser parte de la sociedad y participar activamente en ella lo denominamos Sujeto Político.

Política: Participación protagónica de todos los sujetos sociales que construyen, defienden o transforman el interés colectivo en términos de Poder. Los Sujetos Políticos desde la visión emancipatoria construyen normas consensuadas. La política, es el ejercicio de la ciudadanía de manera soberana o autodeterminada desde los espacios concretos y en la cotidianidad, es permanente y dinámica. Desde este enfoque, todos y todas los ciudadanos y ciudadanas, que viven en el país deben asumir concretamente la participación democrática y protagónica que establece nuestra constitución para desecuestrar la palabra y la acción política de los politiqueros que pervirtieron el término.

Poder Popular y Resistencia al Cambio

Siendo coherentes con el enfoque que reivindica lo colectivo, planteamos la democracia protagónica y la transformación de las relaciones de producción para construir una sociedad justa, equitativa y sin exclusión de ningún tipo. Nos trazamos la construcción del Poder Popular como alternativa revolucionaria, cuyo desarrollo se expresa en los diversos espacios de lucha: la fábrica, la escuela, la calle, el barrio, el campo, las comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otros… lo que nos explica que el poder no es homogéneo, pero debemos dirigir el esfuerzo hacia la unidad en el propósito, el cual no es otro sino transformar la sociedad. Lo colectivo no se decreta, sino que es un proceso de construcción donde afloran diferentes posturas, concepciones, visiones, métodos, actitudes, niveles de formación, entre otros, que complejizan la dinámica y mucho más, cuando no hay apertura al cambio en algunos de los sujetos que conforman los colectivos de lucha.

La no apertura al cambio genera tres casos clásicos en los que se presentan resistencias:

El primero: El cual no permite el debate, la confrontación teórica, no hay niveles de tolerancia, no visualiza aspectos positivos de la propuesta, se establece una especie de diálogo de sordos o bloqueo cognitivo, porque está cargada de un gran resentimiento, algunos por creerse afectados en sus intereses y otros porque realmente lo están, como lo son los dueños de los grandes monopolios económicos, grandes terratenientes, en fin los que integran la oligarquía.

El segundo: Cuyo origen está más inclinado hacia la confusión mediática, formativa o que se encuentran influenciados por la carga ideológica de la cultura de dominación, es decir, los que pueden estar en alguna medida confundidos.

El tercero: Es la resistencia que se encuentra conciente o inconscientemente en muchos de los sujetos que están discursivamente con el proceso de cambios, pero sus prácticas tienden a reproducir la cultura política de la cuarta república.

En la construcción del poder popular es necesario darle tratamiento a cada uno de los casos:

En el primer caso, esta resistencia se convierte en enemiga del proceso, pasando a ser un elemento de confrontación directa, y por lo tanto no debemos permitir que acumule fuerzas.

En el segundo caso, son aquellas resistencias que solo tienen confusión generada por los medios de comunicación u obedecen a la carga ideológica imperante, por lo tanto debemos trabajarlas, ya que potencialmente pudieran sumarse a la anterior.

La acumulación de fuerzas tiene que ser hacia el poder popular, porque hasta los momentos la cultura de dominación sigue imperando: la burocracia, la violencia, la discriminación racial y de género, la desigualdad, el deterioro ecológico, la explotación indiscriminada de nuestras riquezas, la pobreza, la enajenación y los antivalores sociales caracterizados por el individualismo, la competencia, el consumismo y el clientelismo, en el marco de lo viejo que se niega a morir y lo nuevo que no termina de nacer.

Y en el tercer caso, debemos develar tales posturas para profundizar el proceso de construcción del Poder Popular.

Ahora bien, el Poder Popular es un proceso constituyente donde se reivindica el protagonismo del ciudadano y ciudadana común, en esa misma dirección planteamos en este proceso construir una nueva manera de hacer política la cual demanda cambiar la mentalidad, romper paradigmas y los viejos métodos de la política tradicional. Ello implica:

  1. Un nuevo modo de producción de conocimientos que impugna el monopolio y la jerarquía del saber.
  2. Una concepción del aprendizaje como interacción social constructiva.
  3. Una nueva racionalidad comunicativa centrada en el debate y en la relación dialógica.
  4. Una estrategia de intervención y organización no burocrática, con procedimientos de democracia directa.

 

Imagen: https://www.resumenlatinoamericano.org/

Indígenas del cantón de Buenos Aires tendrán sus olimpiadas especiales

Uriel Rojas

Se trata del Primer Torneo de Olimpiadas Especiales que se realizará este 12 de junio en Buenos Aires de Puntarenas y el cual convoca a 8 territorios indígenas de la zona, de los cuales, 6 están ubicados en el cantón bonaerense más Chinakichá y La Casona de Coto Brus.

Representantes de Olimpiadas Especiales se encuentran esta semana reunidos en estos territorios indígenas para definir su participación en este torneo.

Hasta el momento han confirmado su asistencia las comitivas de Cabagra, Salitre, La Casona de Coto Brus y Rey Curré.

El objetivo de este Primer Torneo es promover la Interacción y la Convivencia Social para las personas Con y Sin Discapacidad, estimulando la inclusión social a través del Deporte.

En este primer torneo regional se competirá en dos deportes: Uno de masas como es el fútbol y otro novedoso llamado bochas.

Esta iniciativa es organizada por la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y Olimpiadas Especiales.

La gravedad de la crisis y el deplorable espectáculo en la Asamblea Legislativa

Luis Fernando Astorga Gatjens

La comparecencia del Presidente Carlos Alvarado Quesada ante la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), no debe ser del agrado de la inmensa mayoría de las y los costarricenses.

No porque se valore negativamente que el Presidente fuera llamado a dar explicaciones, sino por cómo se desarrolló la comparecencia y el espectáculo que muchos legisladores, vienen montando desde que emergió el caso. Es importante que el Parlamento en un sano ejercicio de control político, valore en profundidad si desde la Casa Presidencial, se actuó incorrectamente al crear a la UPAD como una unidad de análisis de datos que fue creada con el propósito “de ayudar a tomar decisiones al Presidente Alvarado”, tal y como se ha indicado oficialmente.

Sin embargo, cómo han venido actuando la mayoría de partidos y diputados, se pone en evidencia la graveded de la crisis política que enfrenta el país en el año de su bicentenario. Lo que debía ser un proceso y un acto de la mayor seriedad (la comparecencia en el recinto legislativo del Presidente de la República), lo convirtieron en espectáculo deplorable que les deja muy mal parados.

En primer lugar, es necesario dimensionar con objetividad el alcance la privacidad de datos en un presente donde las gigantescas empresas tecnológicas, han alcanzado una penetración tan amplia y profunda en los datos de los usuarios, que deja a las y los ciudadanos en estado de indefensión al utilizar las redes sociales.

La anulación de cuentas de usuarios de las redes, a partir de justificadas razones también puede dar paso a abusos y discriminación que anule cuentas por ideas que no sean aceptadas por quienes dirigen esas redes sociales, que aunque sus dueños son empresas privadas su repercusión en el mundo de hoy, alcanzó un amplísimo impacto público. De esta manera, estas redes no sólo pueden acceder –como lo hacen a información privada y datos íntimos de las personas—sino que pueden convertirse en censores que violen el derecho de la libertad de expresión y pensamiento.

De ahí que ya en distintos países, diversas voces estén planteando la necesidad y urgencia de regular a esas mega empresas tecnológicas, para evitar que se pongan por encima de los Estados en acciones que violen los derechos de los ciudadanos.

Empero en ningún momento, los diputados protagonistas de la comparecencia presidencial dedicaron alguna crítica al rol censor que pueden ejercer –y que ya están ejerciendo—esas redes sociales, cuya omnipresencia y amplísimo peso, forman parte de la realidad actual de las sociedades y los países.

Hay sin embargo, otra situación más grave aún en el contexto de esta comparecencia: El país enfrenta –como nunca antes– los efectos de una devastadora pandemia que ha generado una crisis múltiple, en los ámbitos: sanitario, económico, social, cultural y político. Se trata de una crisis que preocupa a millones de costarricenses por el empobrecimiento que ha generado y genera, y porque no ha encontrado ni por parte del Gobierno del Presidente Alvarado, ni casi la totalidad de las diputadas y diputados, respuestas adecuadas y eficaces para enfrentarla.

Cuando el país ha requerido y requiere en forma urgente, visión y políticas de Estado; lo que ha venido ganando la partida son pequeñas políticas, que responden a intereses de grupos económicos y políticos minoritarios. Tristemente –es bueno decirlo con franqueza– muchas de ellas obedecen a ocurrencias e improvisaciones de legisladores, cuya mayor preocupación es alcanzar notoriedad aunque sea efímera y superficial. Cuando el país necesita políticas patrióticas de luz larga, las que están emergiendo no alcanzan ni para la luz de “parking”.

La multi-crisis pandémica demanda madurez, sabiduría y unidad nacional, pero al ser este 2021, un año electoral, lo que emerge con mayor fuerza, es la proliferación de intereses grupales politiqueros y la desunión para encarar las impostergables respuestas de solución, que nos lleven a una reactivación económica, inclusiva y solidaria.

También cabe subrayar que el deplorable espectáculo legislativo montado, tiene un costo económico que se carga al debilitado erario público del país. Pero sobre ese “detalle” tampoco hay consciencia en el recinto legislativo.

La indignación ciudadana ante este deterioro de lo que dicen y hacen los actores políticos que están marcando la distorsionada agenda política del presente, debe ser canalizada no sólo mediante el rechazo comunicacional sino a través de una participación política activa, que contribuya a cambiar el rumbo del país hacia la inclusión social y la solidaridad. El bicentenario nos lo demanda como nación.

(13 de febrero, 2021)

El Gobierno no ha cumplido con las personas con discapacidad

Carta abierta al Sr. Presidente, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

San José, 3 de diciembre del 2020

Señor:
Carlos Alvarado Quesada,
Presidente de la República

Estimado Señor presidente:

Como usted ha de saber, el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tal fue la decisión de las Naciones Unidas en el año 1992, “con el fin de prestar especial atención a la población con discapacidad en el mundo y promover su bienestar y participación social.”

Éste es un momento oportuno para hacer un balance sobre la situación que enfrentamos hoy, las personas con discapacidad que habitamos Costa Rica.

Lo primero que tenemos que afirmar es que el presente año 2020 no ha sido bueno para la gran mayoría de las y los costarricenses, pero con seguridad, ha sido peor para las personas con discapacidad. Sin embargo, eso no significa que en años precedentes la situación de la población con discapacidad fuera buena; sólo que con la pandemia ha empeorado significativamente.

Si se analiza con rigor el cumplimiento de la normativa en derechos de las personas con discapacidad–tanto nacional como internacional—por parte del Estado costarricense, la valoración es negativa, por más adornos que se le quieran colocar.

La ley 7600 se ha cumplido en forma muy limitada y tangencial, sin impactar positivamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de las personas con discapacidad. Es oportuno destacar aquí por ello, el contrasentido de impulsar en el presente, reformas legislativas a la ley 7600, sin haber realizado nunca un balance riguroso de su aplicación efectiva, desde que fue promulgada el 29 de mayo de 1996 hasta nuestros días, y sin la adecuada consulta a las personas con discapacidad y sus organizaciones.

En aspectos cruciales como el acceso a una educación inclusiva y de calidad, y en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, esta ley es ampliamente deficitaria. Y usted debe saber que sin cumplimiento efectivo a los derechos a la educación y al trabajo, no puede haber ni movilidad ni inclusión social para la gran mayoría de las personas con discapacidad.

De la misma manera, con respecto al cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por el país mediante la ley 8661, las sombras le ganan con amplitud a las luces de su pobre y superficial cumplimiento. Eso quedó patentizado cuando el Comité de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de este tratado de derechos humanos, le entregó al país en mayo del 2014, el documento con las observaciones y recomendaciones, una vez que examinó el informe inicial que le presentó Costa Rica.

Ese informe retrató a un Estado que, en los últimos años, en materia de derechos humanos, sigue haciendo ruido pero muestra pocas nueces o logros efectivos. Y las personas con discapacidad somos testigos de excepción por lo que se ha vivido antes de la pandemia y por lo que enfrentamos hoy, después de coexistir con la covid-19 y sus efectos devastadores.

Es seguro que, si su Gobierno le presentara hoy a la ONU, un informe del cumplimiento de la Convención y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tendría que reconocer que ha dejado a las personas con discapacidad muy atrás.

Las personas con discapacidad del país han estado siempre entre los sectores más pobres y excluidos. El inexorable círculo vicioso entre pobreza y discapacidad (“la pobreza genera discapacidad y la discapacidad produce pobreza”), se sigue replicando en el país y su Gobierno es responsable directo de ello. Tengo la certeza de que el incremento de la pobreza que alcanzó al 26,2 % de la población en octubre anterior, según la más reciente Encuesta de Hogares del INEC, ha golpeado más fuertemente a las personas con discapacidad y sus familias.

En el contexto de la pandemia, que ha estado presente en el país desde marzo hasta el presente, la mayor parte de las personas con discapacidad han sido sometidas a un extendido aislamiento, ya que el acceso a Internet (y más aún, al de calidad), les está vedado. Con ello el acceso a la educación virtual, al teletrabajo y a los múltiples servicios en línea, es mucho más quimera que realidad.

Ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa han impulsado ni antes ni durante la pandemia, políticas públicas inclusivas acordes con las necesidades, demandas y aspiraciones de las personas con discapacidad y sus familias.

Valga decir que ni las personas con discapacidad ni sus familias, quieren limosnas sino que aspiran a reales oportunidades para avanzar hacia una verdadera inclusión social y su mejoramiento de la calidad de vida. Las personas con discapacidad demandan oportunidades educativas, para mejorar la calidad de su mano de obra y condiciones adecuadas y justas, para acceder al trabajo, tanto el sector público como privado, y mediante el apoyo público a emprendimientos productivos. Asimismo, las personas que por sus severas condiciones de discapacidad, no pueden trabajar y requieren ser cuidadas por un familiar (que tampoco puede trabajar), requieren que el Estado les asegure un ingreso básico. Igualmente, este tipo de apoyo permanente lo requieren las madres que cuidan de hijos e hijas con discapacidad y que por ello, son empujadas a duras condiciones de pobreza.

Tanto para esas personas con discapacidad como para esas madres cuidadoras, que hoy enfrentan una pobreza sin horizontes, un Ingreso Básico Universal (IBU), que algunos países han generado en el marco de la pandemia, es una política pública para aplicar en el país de manera impostergable.

La pregunta que surge cuando se reivindican políticas sociales, que forman parte del Estado Social de Derecho, es de dónde tomar los recursos para financiarlas cuando el país enfrenta una crisis económica y fiscal en pleno desarrollo.

Esta es una crisis que hoy tiene una manifestación aguda pero, usted y yo, y las y los costarricenses conscientes, sabemos que se ha fraguado a lo largo de más de 30 años, cuando se empezaron a impulsar políticas que han facilitado la enorme desigualdad social imperante y que han creado las condiciones propicias para la repudiable concentración de riqueza que en el presente enfrenta el país. El que Costa Rica se haya convertido en el octavo país más desigual del mundo, es el resultado combinado del progresivo debilitamiento del Estado Social de Derecho, y del hecho de que las grandes empresas (nacionales y extranjeras) y dueños de grandes fortunas, evadan y eludan sus obligaciones tributarias. Y lo más grave es que ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa han cumplido sus deberes en esta materia, ya que han respondido más a los intereses de una minoría groseramente elitista en menoscabo de las mayorías, de las que formamos parte las personas con discapacidad.

Sirva esta misiva respetuosa pero franca y firme, que le dirijo, Sr. Presidente, para exigirle a su Gobierno y a la Asamblea Legislativa que no conviertan a la pandemia de la covid-19, en una justificación para eliminar o reducir la asignación de recursos presupuestarios destinados a programas sociales, al acceso a los servicios de salud y de rehabilitación, a la educación, a la promoción del empleo y al apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, particularmente las que viven bajo condiciones de pobreza y extrema pobreza.

En el mismo sentido, reivindico como acción urgente que con recursos propios orovenientes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), su Gobierno desarrolle un plan inmediato en coordinación con las 82 municipalidades del país para reducir la brecha digital, que afecta tan severamente a las personas con discapacidad, sometiéndolas a situaciones de aislamiento y desventaja para su desarrollo e inclusión social.

Hoy, en este día, ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa, tienen nada que celebrar en relación con las personas con discapacidad en su día internacional. Todo lo contrario: Es un momento para esbozar una sincera autocrítica con respecto al amplio incumplimiento en materia de derechos de personas con discapacidad.

En homenaje al Bicentenario que ya otea en el horizonte, Señor Presidente, demandamos una corrección del rumbo imperante, con el impulso de políticas realmente inclusivas, que empiecen a saldar la enorme deuda social que tiene el Estado y su Gobierno, con las personas con discapacidad.

Cordialmente,
Luis Fernando Astorga Gatjens,
Cédula: 302050706
Celular: 8392-7941

 

Foto: https://www.periodicomensaje.com/guanacaste

Enviado por el autor.

Los 71 años de la abolición del ejército y la seguridad geopolítica

Miguel Sobrado

Se requiere una reflexión oportuna y necesaria sobre el 71 aniversario de la abolición del ejército.

¿Cómo es que Costa Rica ha podido sobrevivir, sin ejército, como nación independiente en una región del mundo estratégica? No existe un solo factor que lo explique, algunos son de orden interno producto de la cultura y del ordenamiento político, pero quizás el más importante ha sido que, siguiendo una vieja tradición desde la independencia, hemos apostado más, que, por las armas, por las alianzas regionales y el derecho internacional.

La guerra contra los filibusteros esclavistas de los Estados Unidos, en 1856, que nos permitió detenerlos, primero de Nicaragua y posteriormente, conjuntamente con los otros países centroamericanos, expulsarlos de la región, se dio gracias a las alianzas, respaldo latinoamericano, y venta de los fusiles más modernos de entonces por parte de Inglaterra, entonces potencia dominante, que veía con preocupación la expansión norteamericana en la región.

La educación gratuita y obligatoria 1869 fortaleció la construcción de un proyecto nacional alrededor del café y el ferrocarril al Caribe, estimulando en el último tercio del siglo XIX el crecimiento nacional más allá que el de los mismos Estados Unidos.

Mientras la educación crecía, se disminuía paulatinamente la importancia del ejército y aumentaba el peso de la organización de los educadores. En 1919 la huelga de los maestros desencadena un movimiento que termina tumbando la cruel dictadura de los Tinoco, asentada sobre el poder militar. En 1948 después de la guerra civil, se decreta constitucionalmente su abolición.

Los recursos que antes se gastaban en el ejército pasan a engrosar la educación y un nuevo proyecto nacional de diversificación agrícola, crédito rural, electrificación e industrialización.

En las décadas posteriores las amenazas para el país, de las dictaduras regionales, son sorteadas a través de una diplomacia de alianzas y el derecho internacional. El momento más peligroso lo afrontamos en la década de los 80s del siglo XX, con la posibilidad de una intervención norteamericana para involucrarnos en la guerra que se libraba entonces en Centro América. De nuevo la diplomacia, impulsada por Figueres Ferrer y Manuel Mora ante las potencias y sus aliados, que supo aprovechar el presidente Arias, para impulsar el Plan de Paz regional, lograron lo que el mejor de los ejércitos de un país pequeño podría haber hecho.

Hoy en día la región afronta un nuevo peligro derivado de su posición estratégica ubicada entre Colombia y México, por donde fluye el tráfico terrestre de drogas especialmente en las pobres regiones costeras y fronterizas.

Centro América y nuestro país, se encuentran bajo el embate de una fuerza económica, organizativa y criminal, de grandes proporciones, que está tomando y consolidando paulatinamente pero continuamente, posiciones, que amenazan la estabilidad de la región. No es casualidad que al triángulo del norte de Centroamérica se le llame estados fallidos y que anualmente más de medio millón de su población, escape masivamente del terror y la desesperanza.

Ante este panorama nos encontramos en un momento de crisis acumulada, con amplios sectores excluidos y lo que es peor sin un proyecto nacional que tense el arco creativo y sea capaz de integrar el haz de voluntades nacional y regional, como lo hicimos en el pasado. Aunque disponemos de un gran capital humano y empresarios innovadores en los campos y en la nueva tecnología, nuestra clase política se encuentra capturada por un capitalismo de amiguetes y nuestro estado manejado por administradores sin visión ni proyecto. Ambos grupos que se pueden definir como patrimonialistas ven solo el beneficio propio y conducen nuestro estado hacia un precipicio.

Nuestra diplomacia debe recuperar la visión geopolítica. Dejar de cohonestar en los organismos internacionales golpes de estado como los de Honduras y Paraguay y peor aún haber propiciado el golpe de estado en Bolivia en 2019. Nuestra seguridad depende de la solidez del derecho internacional, su erosión nos debilita.

Es fundamental colocar a Costa Rica primero y aprovechar para nuestro beneficio, el proyecto chino para construir una zona económica especial en Limón, San Carlos y Puntarenas, regiones en deterioro y creciente violencia. Este proyecto que debería haberse iniciado en 2015 se ha dejado en el congelador para satisfacer los temores de Mike Pompeo y Trump.

Debemos aprovechar nuestra posición geopolítica ahora que los chinos tienen interés en construir la ruta de la seda hacia el norte del continente y un liderazgo activo comprometido con la autonomía de los pueblos en escala internacional.

Nuestro país no necesita un ejército, pero sí una policía muy profesional y sobre todo una nueva institucionalidad, orientada por un proyecto país que promueva la inclusión social y frene la erosión del tejido social. En ese deterioro radica el peligro.

Referencia:

Sobrado, (2020) Los 71 años de la abolición del ejército y la seguridad geopolítica. [Página de Facebook]. Facebook. Recuperado el 01 de diciembre de 2020 de https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223866488712897&id=1316074863&sfnsn=mo

Reforma integral a la Ley 7600: Propuesta insuficiente y acelerada

De: Luis Fernando Astorga Gatjens

luferag@gmail.com

La Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, fue promulgada el 29 de mayo del año 1996 y ha sido el principal referente normativo en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad.

En el año 2019, la diputada María José Corrales (PLN-Alajuela), impulsó un proyecto de reforma integral de esta importante ley, que ha avanzado en la corriente legislativa bajo el Expediente N° 21 443. Esta propuesta ya fue dictaminada por la Comisión Especial sobre Discapacidad y Adulto Mayor, y avanza –con una celeridad, a todos luces inconveniente—hacia una quizás cercana votación, en primer debate en el plenario legislativo.

Reconocemos las buenas intenciones de las propulsoras de esta iniciativa, sin embargo, quienes desde hace bastante tiempo hemos venido trabajando en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, nos preocupa cómo ha venido avanzando este proyecto de reforma, por las razones que seguidamente enumero:

1) Sin balance correctivo. Hasta el presente no se ha desarrollado un balance, riguroso y exhaustivo, de cómo se ha aplicado la Ley 7600 en los siete ámbitos que abarca la norma original. ¿Cuánto realmente se ha avanzado en el país y cuál es su impacto efectivo en la vida de las personas con discapacidad, en educación, trabajo, salud, acceso al espacio físico, acceso al transporte público, acceso a la información y a la comunicación, y acceso a la cultura, el deporte y las actividades recreativas? La ley 7600, que ya casi cumple 24 años, se promulgó para reducir sostenidamente la amplia deuda social que tienen el Estado y la sociedad costarricenses, con este sector de población de más de 900 mil costarricenses (ENADIS, 2018). Empero por lo que se muestra en la vida cotidiana de la inmensa mayoría de las personas con discapacidad y los inobjetables datos estadísticos, esa deuda persiste y se refleja en la discriminación y la exclusión social que afecta a este sector poblacional.

2) Otro contexto normativo. Otro elemento que es necesario analizar a la hora pensar en una reforma integral a la Ley 7600, es los diferentes contextos normativos existentes cuándo fue aprobada la ley y en el presente. Cuando fue promulgada no había en el ámbito de la ONU, ni en el de la OEA ningún tratado centrado en las personas con discapacidad. En 1999, la OEA adoptó la Convención interamericana orientada a eliminar la discriminación asociada a la discapacidad y en el año 2006, la ONU aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ambos tratados fueron ratificados por Costa Rica en 1999 y 2008, respectivamente. Claro está que siendo ambas normas supra-legales (Artículo 7, Constitución Política), es necesario contemplar iniciativas de armonización legislativa que aseguren su cumplimiento efectivo.

3) La aplicación, preocupación prioritaria. Una preocupación central en el presente es la necesidad de la aplicación efectiva de lo que establece la Ley 7600 y de otras normas vigentes, en el campo de los derechos de las personas con discapacidad. El país mantiene tanto en el ámbito nacional como en el de los gobiernos locales, un desfase muy amplio entre lo que dictan las normas y su aplicación efectiva, a través de políticas públicas inclusivas, que mejoren las condiciones de vida de las personas con discapacidad. En esta materia sigue habiendo mucho más ruido que nueces; aun considerando los esfuerzos que realiza el CONAPDIS, en su calidad de ente rector.

4) Consulta superficial e insuficiente. Tanto la Ley 7600 como la Convención de la ONU establecen la obligación ineludible del Estado de consultar a las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, en asuntos de su interés. Y no cabe la menor duda de que una reforma integral a la Ley 7600 tiene tal dimensión. Sin embargo, la Asamblea Legislativa procediendo inapropiadamente, se complace con enviar los proyectos a correos electrónicos de algunas personas y organizaciones de personas con discapacidad, sin cumplir cabalmente con el verdadero deber de consulta. Se trata de consultas que no cumplen ni el espíritu ni el objetivo de las normas. Así se ha procedido con este proyecto de reforma, sin valorar el importante esfuerzo que desarrolla el CONAPDIS de conformar el Foro Nacional de Consulta de las Personas con Discapacidad. Este foro que tendrá 72 miembros (36 titulares y 36 suplentes) de las nueve regiones que conforman esta entidad rectora, quedará conformado en este mes de marzo. Sin lugar a dudas, el Foro Nacional Consultivo debe estrenarse con la consulta sobre la reforma a la Ley 7600, por su alcance e importancia.

5) Aplicación: Nada nuevo en el horizonte. Una primera lectura del proyecto de reforma a la ley 7600, nos indica que hay una serie de temas que no fueron abarcados y que son claves para que la ley 7600 incida en mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Veamos algunos ejemplos concretos: No se agrega nada que asegure mejor la implementación de la Ley en todos los estamentos del Estado, incluidos los gobiernos locales. Tampoco se menciona el rol del CONAPDIS, como ente rector para la vigilancia e impulso del cumplimiento de la Ley. Asimismo, no se contempla el tema de los recursos y las asignaciones presupuestarias, que son claves para la implementación deseada.

Todas estas ideas que comparto me llevan a la conclusión de que es imprescindible que el proceso acelerado que lleva, injustificadamente, la Asamblea Legislativa, se detenga para que las cosas se hagan realmente bien. Si hay un verdadero interés en una reforma integral, se debe trabajar en mejorar sustancialmente la Ley 7600 y, más importante aún, asegurar un avance sostenido en su implementación.

De no seguir este razonado y razonable camino, avizoro una nueva frustración para las personas con discapacidad y sus esperanzas de una vida mejor.

(27 de febrero, 2020)

 

Enviado por el autor.

Las organizaciones de mujeres firmantes solicitamos el veto presidencial a la ley sobre pesca de arrastre

Las organizaciones de mujeres abajo firmantes, unidas en el compromiso de aportar al cuidado de nuestra biodiversidad y la adaptación sostenible frente al cambio climático, enfocado en una economía para la vida y la inclusión social, manifestamos:

  1. La pesca de arrastre es depredadora del ecosistema y la fauna marina.
  2. La pesca de arrastre afecta la pesca artesanal y el ecoturismo.
  3. No existen estudios en el país que demuestren que esta modalidad sea sostenible.
  4. Nuestras comunidades costeras se merecen estrategias de desarrollo local que promuevan una maricultura que aporte a la economía de las familias pescadoras y cuide de manera responsable el mar y su ecosistema.

Sumamos nuestras voces a las de todas las personas y organizaciones que solicitan al presidente de la República vetar el Proyecto de Pesca de Arrastre

Agenda Cantonal de Mujeres de Desamparados
Agenda Regional de Mujeres del Norte
Alianza de Mujeres Costarricenses
Centro de Capacitación de Mujeres de Sarapiquí (ACEMUS)
Centro Feminista de Información y Accion (CEFEMINA)
Colectiva por el Derecho a Decidir
Comité de Mujeres Afrotalamanqueñas
Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas
Concertación Interamericana de Mujeres Activistas por los Derechos Humanos (CIMA)
Cooperativa Autogestionaria de Mujeres de Manzanillo (MUDECOOP R.L)
Damas por el Ambiente, Chomes
Foro Autónomo de Mujeres
Grupo Cocorí de Llano Grande de Cartago
La Yunta Agroecológica
Mipyme de Mujeres COCREACIONES
Mujeres Agricultoras y Agroindustriales Rurales (ANAMAR)
Mujeres de Bioley de Buenos Aires (ASOMOBI)
Mujeres de Coopemoluscos, Chomes
Mujeres de Costa de Pájaros
Mujeres de Isla Venado (Izcande)
Mujeres de la Asociación de Pescadores de Subsistencia y Acuicultura de Cahuita.
Mujeres de la Montaña de Coyolito
Mujeres de Mujeres de Africa de Guácimo (AMUDA)
Mujeres del Chirripó, Pérez Zeledón
Mujeres Emprendedoras de Sámara
Mujeres Emprendedoras de Upala (MECUP)
Mujeres Emprendedoras DORCAS
Mujeres en Acción
Mujeres en Cooperación para el Desarrollo (AMUCOODE)
Mujeres en Transición
Mujeres Indígenas de Talamanca (ACOMUITA)
Mujeres por Costa Rica
Mujeres Soñadoras de Rincón Grande de Pavas
Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE)
Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres
Sector Org. de Mujeres del Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático (5CMujeres)

26 de octubre, 2020

Señales políticas para no perdernos 3

Gerardo Hernández

En política no podemos asumir que las diferencias son absolutas y que no es posible construir acuerdos. Hay proyectos e intereses diferentes y hasta antagónicos, claro. Pero es aquello en lo que coincidimos lo que nos hace posible vivir junt@s.

BATIRNOS POR SAN JOSÉ O PACTAR EN OCHOMOGO

Aunque no estamos en una situación igual a la guerra civil del 48 y creo que no queremos llegar ahí, nuestra historia política ha dejado claras señales de que en medio de la conflictividad es posible llegar a acuerdos si hay voluntad y visión de un horizonte común.

La más conflictiva y hasta sangrienta década de nuestra historia contemporánea, fue la de los años 40’s del siglo pasado, en la que llegamos incluso a darnos de balazos.

Y al mismo tiempo, fue esa la década más fecunda en reformas sociales, políticas y económicas, que reforzaron políticas públicas de más larga data y al mismo tiempo sentaron las bases institucionales del Estado Social de Derechos.

Y no estoy romantizando nuestra historia, para tapar la sangre derramada, los dolores, las heridas, los rencores incubados, ni los posteriores desacuerdos y conflictos que derivaron, a su vez, de los grandes pactos y acuerdos construidos en esa década. No fue que todo el mundo quedó contento y feliz… ¡qué va!

Pero lo cierto es que a partir de ellos y también, no solo por ellos, Costa Rica transitó hacia una ruta de mayor estabilidad política, democracia, crecimiento económico, movilidad social, distribución de riquezas, modernización del Estado, inclusión social, entre otras dimensiones.

Hoy vivimos momentos diferentes y tenemos otros desafíos, pero como en aquellos años, necesitamos construir acuerdos, no perfectos pero suficientes, para garantizar la paz social, la justicia social, el crecimiento y la distribución de riquezas, la democracia y la sostenibilidad, que se nos han debilitado en las últimas décadas y por ello estamos donde estamos.

Evitemos llegar a mayores niveles de violencia, porque la tarea de la reconstrucción sería aún más grande y difícil.

Evitemos llegar al default, porque entonces los más poderosos barrerían con los restos del Estado Social de Derechos.

Distribuyamos más, antes de que la desigualdad, la pobreza y la acumulación, refuercen un remolino de retrocesos del que nadie se salve, ni siquiera los más ricos y poderosos, que también tienen mucho que perder, aunque no lo crean.

Son muchas las áreas en las que debemos reconstruir pactos sociales y multisectoriales, pero hay una particularmente urgente con la que debemos iniciar: un pacto fiscal orientado hacia la justicia tributaria. Equilibrar las cargas entre todos los sectores de la economía, encontrar la relación más adecuada posible entre ingresos y gastos en las finanzas públicas, para reforzar y actualizar nuestro Estado Social de Derechos.

Todos los sectores que podamos dar algo, debemos ceder algo, tanto por el lado de los ingresos y como de los gastos, incluyendo aquellos que tengan beneficios fiscales.

Hay otros que no pueden dar, los más débiles y vulnerables, que necesitan más bien recibir. Por ello el principio debe ser: de arriba hacia abajo la contribución, de abajo hacia arriba la distribución.

Hasta ahora solo hay demandas de unos sectores hacia otros y de todos hacia el Estado.

Si queremos avanzar hacia un gran acuerdo nacional, cada sector debe empezar por poner sobre la mesa en qué puede contribuir a incrementar las debilitadas finanzas públicas. Estoy seguro que hasta las empresas de zonas francas y grandes cooperativas pueden hacerlo.

Al mismo tiempo, cada sector puede plantear una propuesta hacia otros o hacia el Estado, para hacer más eficiente y eficaz el gasto público.

Esto constituiría un primer paso para conformar una agenda de reformas en áreas de coincidencia, donde, para ganar algo, sea necesario también ceder en algo. De lo contrario, la intransigencia nos sumirá en un caos y violencia de consecuencias irreparables, que sufrirán incluso las siguientes generaciones.

Como a don Manuel y a don Pepe, ahora con más participantes, hoy nos toca responder a la pregunta: ¿nos batimos por San José o pactamos en Ochomogo?

San Lucas: Conservación y Patrimonio ¿para beneficio de quiénes?

El Gobierno de Costa Rica ha celebrado recientemente la reapertura de Isla San Lucas a la visitación turística, tras algunas remodelaciones. El Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas es un territorio recuperado por el bosque seco, luego de que se inhabilitara para uso penitenciario en 1991.

Una semana atrás, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate la conversión del Refugio Nacional de Vida Silvestre en un Parque Nacional, incluyendo su perímetro marítimo hasta los 6 metros de profundidad. Se pretende con este proyecto mejorar la obtención de recursos económicos “para la conservación” de la Isla bajo la categoría de Parque Nacional.

Intereses comerciales sobre el RNVS Isla San Lucas

En el año 2008, siendo ministro de Turismo, el actual diputado Carlos Ricardo Benavides presentó una propuesta de Decreto para segregar un área de 25 hectáreas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas para que la Municipalidad de Puntarenas la administrara con fines turísticos.

La fragmentación del área de patrimonio histórico y la playa Cocos, pretendía ser compensada con 210 hectáreas en el mar, un tema que ambientalmente no tenía ningún fundamento, y por lo cual se presentaron tres acciones de inconstitucionalidad que en su momento determinaron la improcedencia de su aplicación.

Parque Nacional ¿Oportunidad para las comunidades del golfo?

En el planteamiento actual, lo que se observa es un cambio de categoría de conservación, elevándose en importancia al nivel de Parque Nacional, pero con un fuerte componente de inversión en las infraestructuras como atractivo turístico, justificándose en la necesidad de aumentar la recaudación de recursos para conservar, ante el progresivo abandono y deterioro de la isla.

Para el ecologista Juan Figuerola, quien trabajó varios años junto con las poblaciones de las islas Venado, Caballo y Chira, es obligatorio evaluar la oportunidad que esto puede significar para los habitantes del golfo, que históricamente han sido excluidos de las decisiones políticas centrales y amenazados de desplazamiento.

Figuerola propuso en el 2010 la posibilidad de crear condiciones de participación prioritaria de personas locales como guías turísticos hacia la isla y en las estrategias de conservación del patrimonio natural e histórico, permitiendo que haya participación económica para estas poblaciones, que subsisten casi exclusivamente de la pesca tradicional con sus limitaciones. “La conservación no puede existir sin la gente”, concluye al consultársele sobre la creación del Parque.

Mientras tanto, el abogado Álvaro Sagot manifestó su preocupación por el componente del desarrollo en infraestructuras turísticas, al desconocer los criterios técnicos para justificar la capacidad de carga que garantice a futuro el cumplimiento del objetivo de conservación, recalcando los intereses inconstitucionales que han existido para abrir la isla al turismo y crear condiciones para beneficios particulares.

Necesidad de un enfoque de ecología social

Para la FECON es prioritario que se garantice la inclusión social de las comunidades del golfo de Nicoya en las actividades de conservación y aprovechamiento sostenible del Patrimonio Natural e Histórico de Isla San Lucas, bajo la categoría de conservación que sea.

Si el proyecto en San Lucas no logra articular las economías locales, estaría gestándose un nuevo espacio de exclusión para las comunidades de base pesquera, que necesitan integrarse en la protección del golfo, en lugar de ser invisibilizadas y tener que enfrentar la negación sistemática de su espacio de vida histórico.

 

*Imagen: Entrada a zona patrimonial de San Lucas. Foto: Francis Cordero.

En momentos de crisis global urge un diálogo inclusivo

En estos momentos de crisis global sanitaria urge un diálogo inclusivo para construir las respuestas en colaboración con la Administración Pública

Carlos Hernández Porras*

La primera preocupación de las organizaciones sociales a las que representamos está siendo atender de la mejor manera posible a las personas que más lo necesitan. Encontramos en ellas ejemplos de responsabilidad y solidaridad, pero también mucha incertidumbre, necesidad y urgencia de respuestas de las autoridades. Nos preocupa el presente y el futuro, y es por ello por lo que instamos a la Administración Pública a lo siguiente:

  • Emplazamos a que se reconozca nuestra existencia y a que se incluya en el dialogo a otras representaciones. Hemos recibido documentos acabados de parte de las autoridades e instituciones, pero no como producto del consenso con nuestras representaciones.
  • Redes de la Economía Social Solidaria llama a la democratización de ese diálogo con base en los valores mismos de la Economía Social Solidaria como es la inclusión social.
  • El propósito debe ser encontrar las mejores soluciones tanto para las situaciones concretas de emergencia, como para las consecuencias sociales y económicas que vendrán y que generan una enorme preocupación e incertidumbre añadida.

Reiteramos nuestra voluntad de cooperación, poniéndonos a disposición para todo aquello en lo que consideren las instituciones que podemos ser de utilidad en este momento crítico para toda la población, y especialmente para la población más vulnerable.

Por lo que llamamos a actuar con sensatez, responsabilidad y voluntad de diálogo inclusivo de parte de las autoridades del sector. Esto debe ser de manera inmediata pues la gravedad de esta crisis representa un alto costo social. Este clamor no es único de nuestro país, sino que en otras latitudes se hace igual reclamo, para ello puede verse este enlace.

El confinamiento, si bien evita la propagación del Covid-19, peligrosamente complica la frágil y delicada situación económica de las organizaciones de la economía solidaria, de las micro y pequeñas empresas. Urge encontrar solución armónica entre ambos propósitos: evitar el contagio y no dejar morir la economía social solidaria.

*COKOMAL S.C / Comisión Dinamizadora – Red Economía Social Solidaria /RedESS
Tel. 8950-9945 Facebook
cokomal.org/