Etiqueta: inclusión social

El Gobierno no ha cumplido con las personas con discapacidad

Escrito en 03/12/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carta abierta al Sr. Presidente, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

San José, 3 de diciembre del 2020

Señor:
Carlos Alvarado Quesada,
Presidente de la República

Estimado Señor presidente:

Como usted ha de saber, el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tal fue la decisión de las Naciones Unidas en el año 1992, “con el fin de prestar especial atención a la población con discapacidad en el mundo y promover su bienestar y participación social.”

Éste es un momento oportuno para hacer un balance sobre la situación que enfrentamos hoy, las personas con discapacidad que habitamos Costa Rica.

Lo primero que tenemos que afirmar es que el presente año 2020 no ha sido bueno para la gran mayoría de las y los costarricenses, pero con seguridad, ha sido peor para las personas con discapacidad. Sin embargo, eso no significa que en años precedentes la situación de la población con discapacidad fuera buena; sólo que con la pandemia ha empeorado significativamente.

Si se analiza con rigor el cumplimiento de la normativa en derechos de las personas con discapacidad–tanto nacional como internacional—por parte del Estado costarricense, la valoración es negativa, por más adornos que se le quieran colocar.

La ley 7600 se ha cumplido en forma muy limitada y tangencial, sin impactar positivamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de las personas con discapacidad. Es oportuno destacar aquí por ello, el contrasentido de impulsar en el presente, reformas legislativas a la ley 7600, sin haber realizado nunca un balance riguroso de su aplicación efectiva, desde que fue promulgada el 29 de mayo de 1996 hasta nuestros días, y sin la adecuada consulta a las personas con discapacidad y sus organizaciones.

En aspectos cruciales como el acceso a una educación inclusiva y de calidad, y en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, esta ley es ampliamente deficitaria. Y usted debe saber que sin cumplimiento efectivo a los derechos a la educación y al trabajo, no puede haber ni movilidad ni inclusión social para la gran mayoría de las personas con discapacidad.

De la misma manera, con respecto al cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por el país mediante la ley 8661, las sombras le ganan con amplitud a las luces de su pobre y superficial cumplimiento. Eso quedó patentizado cuando el Comité de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de este tratado de derechos humanos, le entregó al país en mayo del 2014, el documento con las observaciones y recomendaciones, una vez que examinó el informe inicial que le presentó Costa Rica.

Ese informe retrató a un Estado que, en los últimos años, en materia de derechos humanos, sigue haciendo ruido pero muestra pocas nueces o logros efectivos. Y las personas con discapacidad somos testigos de excepción por lo que se ha vivido antes de la pandemia y por lo que enfrentamos hoy, después de coexistir con la covid-19 y sus efectos devastadores.

Es seguro que, si su Gobierno le presentara hoy a la ONU, un informe del cumplimiento de la Convención y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tendría que reconocer que ha dejado a las personas con discapacidad muy atrás.

Las personas con discapacidad del país han estado siempre entre los sectores más pobres y excluidos. El inexorable círculo vicioso entre pobreza y discapacidad (“la pobreza genera discapacidad y la discapacidad produce pobreza”), se sigue replicando en el país y su Gobierno es responsable directo de ello. Tengo la certeza de que el incremento de la pobreza que alcanzó al 26,2 % de la población en octubre anterior, según la más reciente Encuesta de Hogares del INEC, ha golpeado más fuertemente a las personas con discapacidad y sus familias.

En el contexto de la pandemia, que ha estado presente en el país desde marzo hasta el presente, la mayor parte de las personas con discapacidad han sido sometidas a un extendido aislamiento, ya que el acceso a Internet (y más aún, al de calidad), les está vedado. Con ello el acceso a la educación virtual, al teletrabajo y a los múltiples servicios en línea, es mucho más quimera que realidad.

Ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa han impulsado ni antes ni durante la pandemia, políticas públicas inclusivas acordes con las necesidades, demandas y aspiraciones de las personas con discapacidad y sus familias.

Valga decir que ni las personas con discapacidad ni sus familias, quieren limosnas sino que aspiran a reales oportunidades para avanzar hacia una verdadera inclusión social y su mejoramiento de la calidad de vida. Las personas con discapacidad demandan oportunidades educativas, para mejorar la calidad de su mano de obra y condiciones adecuadas y justas, para acceder al trabajo, tanto el sector público como privado, y mediante el apoyo público a emprendimientos productivos. Asimismo, las personas que por sus severas condiciones de discapacidad, no pueden trabajar y requieren ser cuidadas por un familiar (que tampoco puede trabajar), requieren que el Estado les asegure un ingreso básico. Igualmente, este tipo de apoyo permanente lo requieren las madres que cuidan de hijos e hijas con discapacidad y que por ello, son empujadas a duras condiciones de pobreza.

Tanto para esas personas con discapacidad como para esas madres cuidadoras, que hoy enfrentan una pobreza sin horizontes, un Ingreso Básico Universal (IBU), que algunos países han generado en el marco de la pandemia, es una política pública para aplicar en el país de manera impostergable.

La pregunta que surge cuando se reivindican políticas sociales, que forman parte del Estado Social de Derecho, es de dónde tomar los recursos para financiarlas cuando el país enfrenta una crisis económica y fiscal en pleno desarrollo.

Esta es una crisis que hoy tiene una manifestación aguda pero, usted y yo, y las y los costarricenses conscientes, sabemos que se ha fraguado a lo largo de más de 30 años, cuando se empezaron a impulsar políticas que han facilitado la enorme desigualdad social imperante y que han creado las condiciones propicias para la repudiable concentración de riqueza que en el presente enfrenta el país. El que Costa Rica se haya convertido en el octavo país más desigual del mundo, es el resultado combinado del progresivo debilitamiento del Estado Social de Derecho, y del hecho de que las grandes empresas (nacionales y extranjeras) y dueños de grandes fortunas, evadan y eludan sus obligaciones tributarias. Y lo más grave es que ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa han cumplido sus deberes en esta materia, ya que han respondido más a los intereses de una minoría groseramente elitista en menoscabo de las mayorías, de las que formamos parte las personas con discapacidad.

Sirva esta misiva respetuosa pero franca y firme, que le dirijo, Sr. Presidente, para exigirle a su Gobierno y a la Asamblea Legislativa que no conviertan a la pandemia de la covid-19, en una justificación para eliminar o reducir la asignación de recursos presupuestarios destinados a programas sociales, al acceso a los servicios de salud y de rehabilitación, a la educación, a la promoción del empleo y al apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, particularmente las que viven bajo condiciones de pobreza y extrema pobreza.

En el mismo sentido, reivindico como acción urgente que con recursos propios orovenientes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), su Gobierno desarrolle un plan inmediato en coordinación con las 82 municipalidades del país para reducir la brecha digital, que afecta tan severamente a las personas con discapacidad, sometiéndolas a situaciones de aislamiento y desventaja para su desarrollo e inclusión social.

Hoy, en este día, ni su Gobierno, ni la Asamblea Legislativa, tienen nada que celebrar en relación con las personas con discapacidad en su día internacional. Todo lo contrario: Es un momento para esbozar una sincera autocrítica con respecto al amplio incumplimiento en materia de derechos de personas con discapacidad.

En homenaje al Bicentenario que ya otea en el horizonte, Señor Presidente, demandamos una corrección del rumbo imperante, con el impulso de políticas realmente inclusivas, que empiecen a saldar la enorme deuda social que tiene el Estado y su Gobierno, con las personas con discapacidad.

Cordialmente,
Luis Fernando Astorga Gatjens,
Cédula: 302050706
Celular: 8392-7941

Foto: https://www.periodicomensaje.com/guanacaste

Enviado por el autor.

Los 71 años de la abolición del ejército y la seguridad geopolítica

Escrito en 02/12/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Miguel Sobrado

Se requiere una reflexión oportuna y necesaria sobre el 71 aniversario de la abolición del ejército.

¿Cómo es que Costa Rica ha podido sobrevivir, sin ejército, como nación independiente en una región del mundo estratégica? No existe un solo factor que lo explique, algunos son de orden interno producto de la cultura y del ordenamiento político, pero quizás el más importante ha sido que, siguiendo una vieja tradición desde la independencia, hemos apostado más, que, por las armas, por las alianzas regionales y el derecho internacional.

La guerra contra los filibusteros esclavistas de los Estados Unidos, en 1856, que nos permitió detenerlos, primero de Nicaragua y posteriormente, conjuntamente con los otros países centroamericanos, expulsarlos de la región, se dio gracias a las alianzas, respaldo latinoamericano, y venta de los fusiles más modernos de entonces por parte de Inglaterra, entonces potencia dominante, que veía con preocupación la expansión norteamericana en la región.

La educación gratuita y obligatoria 1869 fortaleció la construcción de un proyecto nacional alrededor del café y el ferrocarril al Caribe, estimulando en el último tercio del siglo XIX el crecimiento nacional más allá que el de los mismos Estados Unidos.

Mientras la educación crecía, se disminuía paulatinamente la importancia del ejército y aumentaba el peso de la organización de los educadores. En 1919 la huelga de los maestros desencadena un movimiento que termina tumbando la cruel dictadura de los Tinoco, asentada sobre el poder militar. En 1948 después de la guerra civil, se decreta constitucionalmente su abolición.

Los recursos que antes se gastaban en el ejército pasan a engrosar la educación y un nuevo proyecto nacional de diversificación agrícola, crédito rural, electrificación e industrialización.

En las décadas posteriores las amenazas para el país, de las dictaduras regionales, son sorteadas a través de una diplomacia de alianzas y el derecho internacional. El momento más peligroso lo afrontamos en la década de los 80s del siglo XX, con la posibilidad de una intervención norteamericana para involucrarnos en la guerra que se libraba entonces en Centro América. De nuevo la diplomacia, impulsada por Figueres Ferrer y Manuel Mora ante las potencias y sus aliados, que supo aprovechar el presidente Arias, para impulsar el Plan de Paz regional, lograron lo que el mejor de los ejércitos de un país pequeño podría haber hecho.

Hoy en día la región afronta un nuevo peligro derivado de su posición estratégica ubicada entre Colombia y México, por donde fluye el tráfico terrestre de drogas especialmente en las pobres regiones costeras y fronterizas.

Centro América y nuestro país, se encuentran bajo el embate de una fuerza económica, organizativa y criminal, de grandes proporciones, que está tomando y consolidando paulatinamente pero continuamente, posiciones, que amenazan la estabilidad de la región. No es casualidad que al triángulo del norte de Centroamérica se le llame estados fallidos y que anualmente más de medio millón de su población, escape masivamente del terror y la desesperanza.

Ante este panorama nos encontramos en un momento de crisis acumulada, con amplios sectores excluidos y lo que es peor sin un proyecto nacional que tense el arco creativo y sea capaz de integrar el haz de voluntades nacional y regional, como lo hicimos en el pasado. Aunque disponemos de un gran capital humano y empresarios innovadores en los campos y en la nueva tecnología, nuestra clase política se encuentra capturada por un capitalismo de amiguetes y nuestro estado manejado por administradores sin visión ni proyecto. Ambos grupos que se pueden definir como patrimonialistas ven solo el beneficio propio y conducen nuestro estado hacia un precipicio.

Nuestra diplomacia debe recuperar la visión geopolítica. Dejar de cohonestar en los organismos internacionales golpes de estado como los de Honduras y Paraguay y peor aún haber propiciado el golpe de estado en Bolivia en 2019. Nuestra seguridad depende de la solidez del derecho internacional, su erosión nos debilita.

Es fundamental colocar a Costa Rica primero y aprovechar para nuestro beneficio, el proyecto chino para construir una zona económica especial en Limón, San Carlos y Puntarenas, regiones en deterioro y creciente violencia. Este proyecto que debería haberse iniciado en 2015 se ha dejado en el congelador para satisfacer los temores de Mike Pompeo y Trump.

Debemos aprovechar nuestra posición geopolítica ahora que los chinos tienen interés en construir la ruta de la seda hacia el norte del continente y un liderazgo activo comprometido con la autonomía de los pueblos en escala internacional.

Nuestro país no necesita un ejército, pero sí una policía muy profesional y sobre todo una nueva institucionalidad, orientada por un proyecto país que promueva la inclusión social y frene la erosión del tejido social. En ese deterioro radica el peligro.

Referencia:

Sobrado, (2020) Los 71 años de la abolición del ejército y la seguridad geopolítica. [Página de Facebook]. Facebook. Recuperado el 01 de diciembre de 2020 de https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223866488712897&id=1316074863&sfnsn=mo

Reforma integral a la Ley 7600: Propuesta insuficiente y acelerada

Escrito en 14/11/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

De: Luis Fernando Astorga Gatjens

luferag@gmail.com

La Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, fue promulgada el 29 de mayo del año 1996 y ha sido el principal referente normativo en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad.

En el año 2019, la diputada María José Corrales (PLN-Alajuela), impulsó un proyecto de reforma integral de esta importante ley, que ha avanzado en la corriente legislativa bajo el Expediente N° 21 443. Esta propuesta ya fue dictaminada por la Comisión Especial sobre Discapacidad y Adulto Mayor, y avanza –con una celeridad, a todos luces inconveniente—hacia una quizás cercana votación, en primer debate en el plenario legislativo.

Reconocemos las buenas intenciones de las propulsoras de esta iniciativa, sin embargo, quienes desde hace bastante tiempo hemos venido trabajando en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, nos preocupa cómo ha venido avanzando este proyecto de reforma, por las razones que seguidamente enumero:

1) Sin balance correctivo. Hasta el presente no se ha desarrollado un balance, riguroso y exhaustivo, de cómo se ha aplicado la Ley 7600 en los siete ámbitos que abarca la norma original. ¿Cuánto realmente se ha avanzado en el país y cuál es su impacto efectivo en la vida de las personas con discapacidad, en educación, trabajo, salud, acceso al espacio físico, acceso al transporte público, acceso a la información y a la comunicación, y acceso a la cultura, el deporte y las actividades recreativas? La ley 7600, que ya casi cumple 24 años, se promulgó para reducir sostenidamente la amplia deuda social que tienen el Estado y la sociedad costarricenses, con este sector de población de más de 900 mil costarricenses (ENADIS, 2018). Empero por lo que se muestra en la vida cotidiana de la inmensa mayoría de las personas con discapacidad y los inobjetables datos estadísticos, esa deuda persiste y se refleja en la discriminación y la exclusión social que afecta a este sector poblacional.

2) Otro contexto normativo. Otro elemento que es necesario analizar a la hora pensar en una reforma integral a la Ley 7600, es los diferentes contextos normativos existentes cuándo fue aprobada la ley y en el presente. Cuando fue promulgada no había en el ámbito de la ONU, ni en el de la OEA ningún tratado centrado en las personas con discapacidad. En 1999, la OEA adoptó la Convención interamericana orientada a eliminar la discriminación asociada a la discapacidad y en el año 2006, la ONU aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ambos tratados fueron ratificados por Costa Rica en 1999 y 2008, respectivamente. Claro está que siendo ambas normas supra-legales (Artículo 7, Constitución Política), es necesario contemplar iniciativas de armonización legislativa que aseguren su cumplimiento efectivo.

3) La aplicación, preocupación prioritaria. Una preocupación central en el presente es la necesidad de la aplicación efectiva de lo que establece la Ley 7600 y de otras normas vigentes, en el campo de los derechos de las personas con discapacidad. El país mantiene tanto en el ámbito nacional como en el de los gobiernos locales, un desfase muy amplio entre lo que dictan las normas y su aplicación efectiva, a través de políticas públicas inclusivas, que mejoren las condiciones de vida de las personas con discapacidad. En esta materia sigue habiendo mucho más ruido que nueces; aun considerando los esfuerzos que realiza el CONAPDIS, en su calidad de ente rector.

4) Consulta superficial e insuficiente. Tanto la Ley 7600 como la Convención de la ONU establecen la obligación ineludible del Estado de consultar a las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, en asuntos de su interés. Y no cabe la menor duda de que una reforma integral a la Ley 7600 tiene tal dimensión. Sin embargo, la Asamblea Legislativa procediendo inapropiadamente, se complace con enviar los proyectos a correos electrónicos de algunas personas y organizaciones de personas con discapacidad, sin cumplir cabalmente con el verdadero deber de consulta. Se trata de consultas que no cumplen ni el espíritu ni el objetivo de las normas. Así se ha procedido con este proyecto de reforma, sin valorar el importante esfuerzo que desarrolla el CONAPDIS de conformar el Foro Nacional de Consulta de las Personas con Discapacidad. Este foro que tendrá 72 miembros (36 titulares y 36 suplentes) de las nueve regiones que conforman esta entidad rectora, quedará conformado en este mes de marzo. Sin lugar a dudas, el Foro Nacional Consultivo debe estrenarse con la consulta sobre la reforma a la Ley 7600, por su alcance e importancia.

5) Aplicación: Nada nuevo en el horizonte. Una primera lectura del proyecto de reforma a la ley 7600, nos indica que hay una serie de temas que no fueron abarcados y que son claves para que la ley 7600 incida en mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Veamos algunos ejemplos concretos: No se agrega nada que asegure mejor la implementación de la Ley en todos los estamentos del Estado, incluidos los gobiernos locales. Tampoco se menciona el rol del CONAPDIS, como ente rector para la vigilancia e impulso del cumplimiento de la Ley. Asimismo, no se contempla el tema de los recursos y las asignaciones presupuestarias, que son claves para la implementación deseada.

Todas estas ideas que comparto me llevan a la conclusión de que es imprescindible que el proceso acelerado que lleva, injustificadamente, la Asamblea Legislativa, se detenga para que las cosas se hagan realmente bien. Si hay un verdadero interés en una reforma integral, se debe trabajar en mejorar sustancialmente la Ley 7600 y, más importante aún, asegurar un avance sostenido en su implementación.

De no seguir este razonado y razonable camino, avizoro una nueva frustración para las personas con discapacidad y sus esperanzas de una vida mejor.

(27 de febrero, 2020)

Enviado por el autor.

Las organizaciones de mujeres firmantes solicitamos el veto presidencial a la ley sobre pesca de arrastre

Escrito en 26/10/2020. Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Las organizaciones de mujeres abajo firmantes, unidas en el compromiso de aportar al cuidado de nuestra biodiversidad y la adaptación sostenible frente al cambio climático, enfocado en una economía para la vida y la inclusión social, manifestamos:

La pesca de arrastre es depredadora del ecosistema y la fauna marina.
La pesca de arrastre afecta la pesca artesanal y el ecoturismo.
No existen estudios en el país que demuestren que esta modalidad sea sostenible.
Nuestras comunidades costeras se merecen estrategias de desarrollo local que promuevan una maricultura que aporte a la economía de las familias pescadoras y cuide de manera responsable el mar y su ecosistema.

Sumamos nuestras voces a las de todas las personas y organizaciones que solicitan al presidente de la República vetar el Proyecto de Pesca de Arrastre

Agenda Cantonal de Mujeres de Desamparados
Agenda Regional de Mujeres del Norte
Alianza de Mujeres Costarricenses
Centro de Capacitación de Mujeres de Sarapiquí (ACEMUS)
Centro Feminista de Información y Accion (CEFEMINA)
Colectiva por el Derecho a Decidir
Comité de Mujeres Afrotalamanqueñas
Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas
Concertación Interamericana de Mujeres Activistas por los Derechos Humanos (CIMA)
Cooperativa Autogestionaria de Mujeres de Manzanillo (MUDECOOP R.L)
Damas por el Ambiente, Chomes
Foro Autónomo de Mujeres
Grupo Cocorí de Llano Grande de Cartago
La Yunta Agroecológica
Mipyme de Mujeres COCREACIONES
Mujeres Agricultoras y Agroindustriales Rurales (ANAMAR)
Mujeres de Bioley de Buenos Aires (ASOMOBI)
Mujeres de Coopemoluscos, Chomes
Mujeres de Costa de Pájaros
Mujeres de Isla Venado (Izcande)
Mujeres de la Asociación de Pescadores de Subsistencia y Acuicultura de Cahuita.
Mujeres de la Montaña de Coyolito
Mujeres de Mujeres de Africa de Guácimo (AMUDA)
Mujeres del Chirripó, Pérez Zeledón
Mujeres Emprendedoras de Sámara
Mujeres Emprendedoras de Upala (MECUP)
Mujeres Emprendedoras DORCAS
Mujeres en Acción
Mujeres en Cooperación para el Desarrollo (AMUCOODE)
Mujeres en Transición
Mujeres Indígenas de Talamanca (ACOMUITA)
Mujeres por Costa Rica
Mujeres Soñadoras de Rincón Grande de Pavas
Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE)
Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres
Sector Org. de Mujeres del Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático (5CMujeres)

26 de octubre, 2020

Señales políticas para no perdernos 3

Escrito en 08/10/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gerardo Hernández

En política no podemos asumir que las diferencias son absolutas y que no es posible construir acuerdos. Hay proyectos e intereses diferentes y hasta antagónicos, claro. Pero es aquello en lo que coincidimos lo que nos hace posible vivir junt@s.

BATIRNOS POR SAN JOSÉ O PACTAR EN OCHOMOGO

Aunque no estamos en una situación igual a la guerra civil del 48 y creo que no queremos llegar ahí, nuestra historia política ha dejado claras señales de que en medio de la conflictividad es posible llegar a acuerdos si hay voluntad y visión de un horizonte común.

La más conflictiva y hasta sangrienta década de nuestra historia contemporánea, fue la de los años 40’s del siglo pasado, en la que llegamos incluso a darnos de balazos.

Y al mismo tiempo, fue esa la década más fecunda en reformas sociales, políticas y económicas, que reforzaron políticas públicas de más larga data y al mismo tiempo sentaron las bases institucionales del Estado Social de Derechos.

Y no estoy romantizando nuestra historia, para tapar la sangre derramada, los dolores, las heridas, los rencores incubados, ni los posteriores desacuerdos y conflictos que derivaron, a su vez, de los grandes pactos y acuerdos construidos en esa década. No fue que todo el mundo quedó contento y feliz… ¡qué va!

Pero lo cierto es que a partir de ellos y también, no solo por ellos, Costa Rica transitó hacia una ruta de mayor estabilidad política, democracia, crecimiento económico, movilidad social, distribución de riquezas, modernización del Estado, inclusión social, entre otras dimensiones.

Hoy vivimos momentos diferentes y tenemos otros desafíos, pero como en aquellos años, necesitamos construir acuerdos, no perfectos pero suficientes, para garantizar la paz social, la justicia social, el crecimiento y la distribución de riquezas, la democracia y la sostenibilidad, que se nos han debilitado en las últimas décadas y por ello estamos donde estamos.

Evitemos llegar a mayores niveles de violencia, porque la tarea de la reconstrucción sería aún más grande y difícil.

Evitemos llegar al default, porque entonces los más poderosos barrerían con los restos del Estado Social de Derechos.

Distribuyamos más, antes de que la desigualdad, la pobreza y la acumulación, refuercen un remolino de retrocesos del que nadie se salve, ni siquiera los más ricos y poderosos, que también tienen mucho que perder, aunque no lo crean.

Son muchas las áreas en las que debemos reconstruir pactos sociales y multisectoriales, pero hay una particularmente urgente con la que debemos iniciar: un pacto fiscal orientado hacia la justicia tributaria. Equilibrar las cargas entre todos los sectores de la economía, encontrar la relación más adecuada posible entre ingresos y gastos en las finanzas públicas, para reforzar y actualizar nuestro Estado Social de Derechos.

Todos los sectores que podamos dar algo, debemos ceder algo, tanto por el lado de los ingresos y como de los gastos, incluyendo aquellos que tengan beneficios fiscales.

Hay otros que no pueden dar, los más débiles y vulnerables, que necesitan más bien recibir. Por ello el principio debe ser: de arriba hacia abajo la contribución, de abajo hacia arriba la distribución.

Hasta ahora solo hay demandas de unos sectores hacia otros y de todos hacia el Estado.

Si queremos avanzar hacia un gran acuerdo nacional, cada sector debe empezar por poner sobre la mesa en qué puede contribuir a incrementar las debilitadas finanzas públicas. Estoy seguro que hasta las empresas de zonas francas y grandes cooperativas pueden hacerlo.

Al mismo tiempo, cada sector puede plantear una propuesta hacia otros o hacia el Estado, para hacer más eficiente y eficaz el gasto público.

Esto constituiría un primer paso para conformar una agenda de reformas en áreas de coincidencia, donde, para ganar algo, sea necesario también ceder en algo. De lo contrario, la intransigencia nos sumirá en un caos y violencia de consecuencias irreparables, que sufrirán incluso las siguientes generaciones.

Como a don Manuel y a don Pepe, ahora con más participantes, hoy nos toca responder a la pregunta: ¿nos batimos por San José o pactamos en Ochomogo?

San Lucas: Conservación y Patrimonio ¿para beneficio de quiénes?

Escrito en 26/08/2020. Publicado en Madre Tierra.

El Gobierno de Costa Rica ha celebrado recientemente la reapertura de Isla San Lucas a la visitación turística, tras algunas remodelaciones. El Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas es un territorio recuperado por el bosque seco, luego de que se inhabilitara para uso penitenciario en 1991.

Una semana atrás, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate la conversión del Refugio Nacional de Vida Silvestre en un Parque Nacional, incluyendo su perímetro marítimo hasta los 6 metros de profundidad. Se pretende con este proyecto mejorar la obtención de recursos económicos “para la conservación” de la Isla bajo la categoría de Parque Nacional.

Intereses comerciales sobre el RNVS Isla San Lucas

En el año 2008, siendo ministro de Turismo, el actual diputado Carlos Ricardo Benavides presentó una propuesta de Decreto para segregar un área de 25 hectáreas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas para que la Municipalidad de Puntarenas la administrara con fines turísticos.

La fragmentación del área de patrimonio histórico y la playa Cocos, pretendía ser compensada con 210 hectáreas en el mar, un tema que ambientalmente no tenía ningún fundamento, y por lo cual se presentaron tres acciones de inconstitucionalidad que en su momento determinaron la improcedencia de su aplicación.

Parque Nacional ¿Oportunidad para las comunidades del golfo?

En el planteamiento actual, lo que se observa es un cambio de categoría de conservación, elevándose en importancia al nivel de Parque Nacional, pero con un fuerte componente de inversión en las infraestructuras como atractivo turístico, justificándose en la necesidad de aumentar la recaudación de recursos para conservar, ante el progresivo abandono y deterioro de la isla.

Para el ecologista Juan Figuerola, quien trabajó varios años junto con las poblaciones de las islas Venado, Caballo y Chira, es obligatorio evaluar la oportunidad que esto puede significar para los habitantes del golfo, que históricamente han sido excluidos de las decisiones políticas centrales y amenazados de desplazamiento.

Figuerola propuso en el 2010 la posibilidad de crear condiciones de participación prioritaria de personas locales como guías turísticos hacia la isla y en las estrategias de conservación del patrimonio natural e histórico, permitiendo que haya participación económica para estas poblaciones, que subsisten casi exclusivamente de la pesca tradicional con sus limitaciones. “La conservación no puede existir sin la gente”, concluye al consultársele sobre la creación del Parque.

Mientras tanto, el abogado Álvaro Sagot manifestó su preocupación por el componente del desarrollo en infraestructuras turísticas, al desconocer los criterios técnicos para justificar la capacidad de carga que garantice a futuro el cumplimiento del objetivo de conservación, recalcando los intereses inconstitucionales que han existido para abrir la isla al turismo y crear condiciones para beneficios particulares.

Necesidad de un enfoque de ecología social

Para la FECON es prioritario que se garantice la inclusión social de las comunidades del golfo de Nicoya en las actividades de conservación y aprovechamiento sostenible del Patrimonio Natural e Histórico de Isla San Lucas, bajo la categoría de conservación que sea.

Si el proyecto en San Lucas no logra articular las economías locales, estaría gestándose un nuevo espacio de exclusión para las comunidades de base pesquera, que necesitan integrarse en la protección del golfo, en lugar de ser invisibilizadas y tener que enfrentar la negación sistemática de su espacio de vida histórico.

*Imagen: Entrada a zona patrimonial de San Lucas. Foto: Francis Cordero.

En momentos de crisis global urge un diálogo inclusivo

Escrito en 11/04/2020. Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

En estos momentos de crisis global sanitaria urge un diálogo inclusivo para construir las respuestas en colaboración con la Administración Pública

Carlos Hernández Porras*

La primera preocupación de las organizaciones sociales a las que representamos está siendo atender de la mejor manera posible a las personas que más lo necesitan. Encontramos en ellas ejemplos de responsabilidad y solidaridad, pero también mucha incertidumbre, necesidad y urgencia de respuestas de las autoridades. Nos preocupa el presente y el futuro, y es por ello por lo que instamos a la Administración Pública a lo siguiente:

Emplazamos a que se reconozca nuestra existencia y a que se incluya en el dialogo a otras representaciones. Hemos recibido documentos acabados de parte de las autoridades e instituciones, pero no como producto del consenso con nuestras representaciones.
Redes de la Economía Social Solidaria llama a la democratización de ese diálogo con base en los valores mismos de la Economía Social Solidaria como es la inclusión social.
El propósito debe ser encontrar las mejores soluciones tanto para las situaciones concretas de emergencia, como para las consecuencias sociales y económicas que vendrán y que generan una enorme preocupación e incertidumbre añadida.

Reiteramos nuestra voluntad de cooperación, poniéndonos a disposición para todo aquello en lo que consideren las instituciones que podemos ser de utilidad en este momento crítico para toda la población, y especialmente para la población más vulnerable.

Por lo que llamamos a actuar con sensatez, responsabilidad y voluntad de diálogo inclusivo de parte de las autoridades del sector. Esto debe ser de manera inmediata pues la gravedad de esta crisis representa un alto costo social. Este clamor no es único de nuestro país, sino que en otras latitudes se hace igual reclamo, para ello puede verse este enlace.

El confinamiento, si bien evita la propagación del Covid-19, peligrosamente complica la frágil y delicada situación económica de las organizaciones de la economía solidaria, de las micro y pequeñas empresas. Urge encontrar solución armónica entre ambos propósitos: evitar el contagio y no dejar morir la economía social solidaria.

*COKOMAL S.C / Comisión Dinamizadora – Red Economía Social Solidaria /RedESS
Tel. 8950-9945 Facebook cokomal.org/

Presupuesto 2015: Sin recortes irreflexivos…Sin tijeretazos irresponsables

Escrito en 21/11/2014. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El fundamentalismo neoliberal fracasó

La apuesta por la inclusión social gana

El déficit es un problema serio pero debe enfrentarse de otra forma

Con suma satisfacción expresamos nuestro regocijo ante el fracaso de la intentona neoliberal parlamentaria de pretender resolver el serio problema del déficit fiscal, afectando una importante cantidad de programas ministeriales de corte social, vía recortes presupuestarios irreflexivos y aplicando tijeretazos irresponsables. El fundamentalismo neoliberal fracasó y la apuesta por la inclusión social ganó.

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la alegría es mayúscula, toda vez que en esta circunstancia del debate sobre el presupuesto “de la República” para el 2015 y desde una perspectiva social-sindical, fuimos pioneros en formular un fuerte y sólido planteamiento crítico contrario al de los fundamentalistas del déficit; denunciando la campaña de terror psicológico en contra de la población, y las catastrofistas predicciones acerca de la “llegada del Apocalipsis” y del “fin de los tiempos”, porque el déficit podría llegar al 6 – 7 %, en el 2015, a raíz de dicho presupuesto.

En tal coyuntura, nuestra apelación al concepto sociopolítico de la Democracia de la Calle, se ha validado como opción legítima para interpelar a un sistema político (en este caso, el Poder Legislativo), cuando las decisiones a adoptarse contrarían la promoción del bien común y de la inclusión social en escenarios tan terribles como el que vive nuestra Costa Rica hoy, de un crecimiento, todavía susceptible de ser detenido, de una desigualdad que amenaza la paz social.

Precisamente, la rotunda oposición que manifestamos desde la ANEP y desde el inicio de este ataque neoliberal contra el presupuesto del 2015, se basó en que los recortes irreflexivos y los tijeretazos irresponsables, alimentaban ese crecimiento de la desigualdad que amenaza la paz social.

Esta lucha sindical contra los recortes presupuestarios se ha visto fortalecida con la inserción cualitativamente fuerte de las importantes organizaciones laborales coaligadas en la unidad sindical de corte estratégico PATRIA JUSTA, las cuales puntualizaron, una a una, las graves repercusiones de los ahora fracasados recortes al presupuesto del 2015. (Ver archivo adjunto).

El control del gasto irresponsable, la demanda de cuentas a los incapaces de ejecución presupuestaria especialmente para atender las necesidades sociales crecientes, el combate frontal a toda forma de corrupción con los fondos públicos y/o con las compras que el Estado debe ser a privados, elevar la eficiencia y la eficacia de la prestación de servicios públicos, atacar con dureza la indolencia (entre otros), son factores de una agenda de lucha obrera de nuevo tipo que la coalición sindical PATRIA JUSTA ha decido impulsar como parte de su planteamiento estratégico.

Ha fracasado la “coalición de facto” que formó el fundamentalismo neoliberal y su cruzada contra los recortes presupuestarios. Especialmente, debemos resaltar a varios de los culpables de pretender mayores niveles de desestabilización social y de alteración de la paz social si tales recortes se hubiesen concretado: por ejemplo, los diputados Ottón Solís, Mario Redondo, Otto Guevara y Rosibel Ramos, junto a los del que una vez fuera partido socialdemócrata, hoy neoliberal, Liberación Nacional, destacan entre los perdedores.

Perdedores tanto como el empresariado cupular corporativo de rabioso corte antisindical; así como el latifundio mediático evasor de impuestos y alguna prensa, televisiva y de radiofonía histérica, que sigue su línea “informativa”.

La salida al problema del déficit es por otro lado. La coalición sindical PATRIA JUSTA decidió hacer suya la propuesta social al respecto, denominada “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, originalmente tutelada por la ANEP y otros sectores sociales.

Finalmente, debe quedarle claro al pueblo trabajador, a la ciudadanía patriótica costarricense, a quienes viajan hacia la desigualdad total y a quienes ya, desgraciadamente, han caído en la más dolorosa pobreza, que todo esto apenas empieza; pues de lo que se trata es, precisamente, de una lucha sostenida para que Costa Rica recupere su histórico nivel de inclusión y de movilidad sociales.

Seguiremos luchando por ello, apelando al legítimo camino de la otra Democracia, la Democracia de la Calle.

San José, viernes 21 de noviembre de 2014.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador PATRIA JUSTA

Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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